La Ley de Radiodifusión y sus críticos

La Crónica, 12 de diciembre de 2004

A escondidas, sin aviso previo y sin informar a la sociedad, el gobierno federal renovó en agosto y septiembre pasados 393 concesiones en beneficio de Televisión Azteca y Televisa. Muchas de ellas no tenían por qué ser refrendadas este año. Algunas vencían en 2006 y otras hasta 2008 e incluso 2010. Sin embargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expidió los nuevos títulos de concesión con tanto sigilo como apresuramiento. El pretexto, fue el inicio del proceso para que la televisión mexicana avance hacia el formato de transmisión digital.

   Con ese sistema, además de otras mejoras, aumentará la capacidad de cada banda de radiodifusión para que en el espacio del espectro radioeléctrico en donde ahora se difunde la señal de un canal de televisión quepan por lo menos dos. A fin de organizar esa migración tecnológica el gobierno federal dispuso que al titular de cada concesión actualmente existente se le adjudique una más, para que en ella comience a difundir en el formato digital cuando tenga el equipo necesario.

   Esa manera de distribuir el espacio para la radiodifusión digital es la que se puso en práctica en Estados Unidos: los empresarios de la radiodifusión reciben una cantidad de nuevas concesiones, equivalente a la que han tenido.

   Pero ese no era el único esquema posible para asignar espacios de radiodifusión. En varios países de Europa y América Latina se han puesto en práctica modelos diferentes. Por ejemplo, a los actuales concesionarios se les asignan algunos espacios pero otros, quedan a disposición de empresas y sectores de la sociedad hasta ahora ausentes de esos medios. De esa forma se busca que la radiodifusión digital sea una oportunidad para ampliar la oferta y el sentido social de la televisión y la radio y no solamente motivo para que quienes ya hacen negocio en esos medios dupliquen su presencia en ellos. 

   Eso podría haberse hecho en México. Pero el gobierno, en complicidad con los radiodifusores más influyentes, prefirió simplemente calcar la concentración que ahora existe sin reconocer criterios de diversidad ni equidad para el futuro de la radiodifusión. A Televisión Azteca le refrendaron 169 concesiones y a Televisa 224. Esa decisión habría pasado inadvertida de no ser por la información que publicó el especialista Fernando Mejía Barquera en la edición de noviembre de la revista etcétera.

 

Complicidad y discrecionalidad

   En secreto, reproduciendo relaciones de complicidad y discrecionalmente: así es como ha sido el trato entre el gobierno y los radiodifusores más poderosos. Así ocurría en sexenios anteriores y esas prácticas no han desaparecido. Además de conveniencias y connivencias políticas el motivo de ese comportamiento se encuentra en la vieja legislación, que el mes próximo cumplirá 45 años y que faculta al gobierno para resolver, a su arbitrio y sin rendir cuentas a nadie, quiénes tienen derecho –y quiénes no– al privilegio de transmitir por radio y televisión.

   Las consecuencias de ese marco legal son bien conocidas, y padecidas, por la sociedad mexicana. Por eso a nadie sorprendió la iniciativa para crear una nueva Ley Federal de Radio y Televisión que desde hace un par de años elaboraban senadores del PAN, el PRD y el PRI y que mañana lunes será discutida en tres comisiones de la Cámara Alta.

   La deliberación sobre ese proyecto ha sido accidentada, no tanto por omisiones de quienes lo promueven como por desinformación en muchos casos y, en otros, incluso mala fe de quienes lo cuestionan. La mayoría de las objeciones a ese proyecto que en las semanas recientes se han propalado en diversos medios, son infundadas. A la iniciativa de ley se le acusa de imposiciones y riesgos que no tiene. Algunos articulistas, en vez de leerla han repetido las equivocaciones o distorsiones de un dos o tres documentos que han circulado, en parte promovidos por los radiodifusores más influyentes. A ese proyecto se le ha discutido mucho más por lo que algunos dicen de él que por lo que realmente contiene.

 

Críticas de dos consultores

   Dos consultores, abogados ambos y especializados en asuntos de telecomunicaciones, han encabezado las críticas a la propuesta de nueva ley de radio y televisión. Uno de ellos es Javier Lozano Alarcón, que en el gobierno anterior fue subsecretario de Comunicaciones, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones entre 1988 y 1989, subsecretario de Gobernación y luego secretario de Información del PRI y que ahora tiene una firma asesora de empresas en ese ramo.

   El otro es Eduardo Ruiz Vega, que en el sexenio pasado fue Director General de Comunicación Gubernamental en la Secretaría de Gobernación y antes, entre 1988 y 1989, secretario técnico de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En julio del año pasado se hizo cargo del Programa de Derecho de la Información de la Universidad Iberoamericana pero además trabaja con una firma de abogados corporativos.

   Lozano Alarcón y Ruiz Vega son abogados serios, pero en esta ocasión sus descalificaciones al proyecto de Ley que se discute en el Senado han sido poco esmeradas. El primero de ellos le envió el 8 de diciembre una carta, con sus observaciones, al senador Héctor Osuna, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado. Antes, el 23 de noviembre, Ruiz Vega le entregó a la senadora Aracely Escalante Jasso un informe que le había sido encomendado sobre el mismo tema.

 

Un Consejo de Radiodifusión

   La creación de un Consejo Nacional de Radio y Televisión que sería el organismo regulador para esos medios, ha inquietado sobremanera a algunos radiodifusores y a consultores como los antes mencionados. En una entrevista el pasado viernes 10 de diciembre con el periodista Oscar Mario Beteta, en Radio Fórmula, Lozano se quejaba de “que haya un puñado de 5 consejeros, que es lo que se está proponiendo en la iniciativa, que ellos mismos definan sus cualidades, sus credenciales, sus calificaciones, que sean ellos los que me digan, vengan a decir que puedo o no ver en la televisión o escuchar en la radio”. Sin embargo la iniciativa de ley establece un procedimiento muy equilibrado para la designación de los integrantes de ese Consejo. Los nombraría el presidente de la República y el Senado tendría facultades para objetar esas designaciones.

   El día anterior en el programa del periodista José Cárdenas, en la misma emisora, Lozano se había inconformado ante la posibilidad de que “un grupo de 5 notables, de peluca blanca, nos vienen a decir exactamente lo que podemos ver y escuchar en la radio y la televisión mexicana”. Y en la carta que envió al Senado –y cuya copia el mismo Lozano tuvo la gentileza de remitirle a este columnista– considera que la propuesta legal impone una “revisión casuística y personalísima que se pretende hacer de cada uno de los contenidos programáticos de los interesados, concesionarios y permisionarios”.

   Sin embargo en el proyecto de ley no puede encontrarse una sola línea que implique la posibilidad de que el Consejo establezca contenido alguno en las estaciones de televisión y radio. El procedimiento que allí se establece para la asignación de nuevas concesiones es, a diferencia de la situación actual, la convocatoria a concursos con reglas claras. Entre ellas se encuentra la entrega de un “pproyecto de producción y programación”. El Consejo Nacional verificaría que se cumplan los principios señalados en la misma propuesta –y que no son muy distintos de los que se establecen en la legislación ahora vigente– para que las radio y televisoras respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas, respeten la libertad de expresión y contribuyan al desarrollo cultural y educativo, entre otros atributos.

   En el proyecto de ley no hay un solo resquicio para que se ejerciera alguna forma de censura. Sin embargo esa especie se ha mencionado tanto que, como en la perversa y conocida fórmula de Joseph Goebbels, a fuerza de que se ha repetido hay quienes consideran que es verdad.

 

No habría más gasto que ahora

   A Lozano, en su carta al Senado, le parece “un auténtico retroceso el hecho de que se pretenda restringir la habilidad del gobierno federal, en su carácter de agente concedente para la explotación de bienes del dominio público de la federación y de servicios públicos, para otorgar licencias que permitan la transmisión de señales de voz, audio y video, independientemente de los contenidos que se pretendan difundir”. En otras palabras, ese abogado quisiera que el gobierno mantuviera la facultad de asignar las concesiones de radio y televisión. Pero ese es, precisamente, uno de los problemas básicos que los senadores quieren resolver. Casi no puede encontrarse un solo país democrático en donde las frecuencias de televisión y radio sean asignadas por el gobierno. El derecho a la comunicación de masas es tan importante que resulta pertinente que sea administrado por órganos colegiados como el que se propone en la iniciativa.

   Lozano y Ruiz –y muchos de quienes han reproducido sus argumentos– advierten contra el gasto que podría significar el Consejo. “Estamos creando instituciones burocráticas con un alto impacto presupuestal” dijo el primero de ellos en su conversación con Beteta y en su carta al Senado apuntaba que el Consejo, “parece improcedente puesto que conlleva un importante impacto presupuestal”. Ruiz, en su informe a la senadora que lo contrató, advertía que “la creación del consejo… será costosa e ineficiente”.

   Ninguno de ellos tomó en cuenta el artículo Décimo Transitorio de la iniciativa que establece la transferencia, al Consejo Nacional de Radio y Televisión, de los recursos presupuestales que ahora ejercen la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaria de Gobernación y la Dirección de Radio y Televisión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

   Este año la primera de ellas tuvo un presupuesto de 97 millones de pesos y la otra, de 37 millones de pesos. En comparación con esos 134, puede considerarse que el presupuesto en 1994 del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, cuyas tareas son sustancialmente más amplias de las que desempeñaría el Consejo de Radio y Televisión, fue de 215 millones de pesos. Lejos de significar más burocracia y gastos, el nuevo Consejo implicaría una utilización más racional y eficiente de recursos que ahora de todos modos se gastan.

 

Independencia de consejeros

   El Consejo de Radio y Televisión tendría que estar integrado por ciudadanos sin conflictos de intereses con los asuntos que resolverían. De la misma manera que para ser consejero en el IFE se requiere no haber tenido cargos de dirección en partidos políticos al menos en un lapso de cinco años, la iniciativa que ahora se discute establece que para el mencionado Consejo se requeriría no haber estado en la dirección de un partido, en un cargo de elección, haber tenido una concesión de radio o televisión o haber sido accionista o directivo en una empresa de ese ramo al menos durante dos años antes de la designación. Además se impide desempeñar ninguna de esas responsabilidades durante dos años después de haber sido consejeros.

   Se trata de plazos apenas pertinentes para establecer alguna distancia entre esos compromisos corporativos y profesionales y la participación en el Consejo. Sin embargo esa previsión les disgusta a los consultores cuyas inconformidades hemos inventariado. Para Lozano, esa limitación atenta “contra la libertad de trabajo consagrada en nuestra Constitución”. Ruiz opina también que es “contraria a la libertad de trabajo y discriminatoria de los individuos cuyo pecado es pertenecer hoy en día a la industria que se pretende regular”.

   Pero no hay segregación alguna sino un saludable esfuerzo para atajar tráficos de intereses como los que con frecuencia existen en quienes ocupan cargos públicos relacionados con un área económica y luego pasan a desempeñar tareas de alto nivel en empresas del mismos sector.

   En algunas de esas objeciones se manifiesta una suerte de actitud patrimonialista respecto de la radiodifusión. Así como varios de los concesionarios más influyentes se comportan como si toda la televisión y la radio fueran propiedad suya, el abogado Ruiz advierte que el veto de dos años para ser consejeros “puede dar como resultado que se erijan como sabios de la regulación de la radio y la televisión a personajes advenedizos”.

   Que nadie “de fuera” los fiscalice, que la televisión y la radio sigan siendo coto de un puñado de empresarios: esa es la objeción central a la conformación del consejo. Sin embargo el proyecto de ley establece capacidades profesionales muy claras entre los requisitos para los miembros del Consejo.

 

Función social de los medios

   Esa concepción de los medios electrónicos ceñida al limitado esquema que han tenido en nuestro país se expresa en otra de las objeciones de Ruiz Vega, acerca de la inutilidad de enumerar los propósitos sociales que la televisión y la radio deberían mantener. Como señalamos antes, la propuesta de ley indica los compromisos básicos de esos medios. Para el abogado, “el problema de elevar a nivel de legislación federal postulados tales como el deber de los medios de preservar ‘los derechos humanos y la dignidad de las personas’; fortalecer las ‘convicciones democráticas´; promover un ‘diálogo social amplio’, entre muchos otros, es que son imposibles de cumplir por parte de los medios públicos y privados”.

   ¡Vaya confesión de inhabilidad para que los medios de comunicación tengan un desempeño distinto al que se deriva de su funcionamiento exclusivamente mercantil! Las que para Ruiz son solamente declaraciones de principio de improbable acatamiento, en un esquema diferente podrían ser aspiraciones constantes de los medios y de la sociedad mexicana.

   El profesor de la Iberoamericana sostiene, más adelante: “la tendencia moderna se enfoca fundamentalmente en definir con claridad lo que no se puede transmitir; no a elaborar listados con todo aquello que debe buscar transmitir la programación a la audiencia”. Pero la tendencia actual, comprobable en cualquier verificación que se haga de los estatutos que norman a los medios en el mundo, es a establecer metas y no solo prohibiciones. Más que conductas y situaciones específicas se necesitan criterios generales. De otra forma los listados que propone Ruiz podrían ser, esos sí, una forma de censura sobre los medios.

 

Límites a la concentración

   La propuesta de los senadores establece un límite del 35% para las concesiones de una sola empresa en una misma plaza. De esa manera se busca atajar la actual concentración, que resulta especialmente onerosa en la televisión pero que también existe en la radio y, así, propiciar la competencia.

   El artículo 44 de la iniciativa dice: “No podrán obtener más concesiones o permisos en el mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura los prestadores del servicio de radio y televisión cuando sean titulares de más del treinta y cinco por ciento de las frecuencias operando en ese mismo servicio, categoría y zona geográfica de cobertura”.

   Ese límite es similar al que establecen las normas para la radiodifusión en muchos otros países y no significaría la cancelación de las concesiones que actualmente tienen los empresarios de tales medios. En su exposición de motivos, la iniciativa explica puntualmente el proceso de apertura que ocurriría, en beneficio de la diversidad de opciones mediáticas:

   “Esta regla no busca modificar de manera violenta el estado actual de la industria, pues no obliga a los prestadores del servicio a reducir su presencia en el mercado en caso de que rebasen el 35% de la oferta; sino que permitirá que en aquellas plazas donde exista una importante concentración, se abra la puerta a nuevos competidores que hagan crecer, de manera paulatina y sin lastimar los derechos de la emisoras ya existentes, la oferta de radiodifusión. La medición de la presencia de un competidor en la oferta de radiodifusión, debe hacerse al interior de cada categoría y no de manera global, pues se considera que se trata de figuras distintas con finalidades diferentes cuya presencia en el mercado tiene un significado que no es equiparable; además debe realizarse en cada zona geográfica de cobertura pues el propósito es garantizar la competencia y la diversidad de la oferta en todas las regiones del país”.

   Pero algunos de los críticos de la iniciativa no quisieron leer tales precisiones. El abogado Ruiz se queja de que ese límite del 35% “es copia de las restricciones que hay en Estados Unidos para la propiedad de medios” lo cual no haría despreciable a esa disposición aunque, en realidad, la norma en aquel país es más compleja –no toma en cuenta solo la propiedad de emisoras sino también su audiencia e inversión publicitaria e incluye la propiedad de medios impresos–.

   Ruiz considera que esa regla provocaría “incertidumbre jurídica” y más adelante ironiza: “¿Podrá el Consejo erigirse en una especie de Secretaría de la Reforma Agraria de los medios para repartir o redistribuir concesiones con facultades virtualmente expropiatorias?”.

   Pero en ninguna de sus 2 mil 834 líneas el proyecto de dictamen establece –ni siquiera sugiere– que a los actuales propietarios de emisoras les quitarían las concesiones que tienen. Esa es una falsedad. Por lo demás, la comparación entre concesiones y parcelas agrarias no deja de ser sintomática, sobre todo por el reconocimiento de la existencia de latifundios electrónicos.

   Hay mucho más ­–motivos para que la nueva ley incorpore a la radio y la televisión de paga, criterios para la adjudicación de concesiones y la duración que tendrían, normas para la transmisión de publicidad, tiempos y emisoras del Estado y estaciones permisionadas a grupos de la sociedad, fórmulas para la contratación de publicidad política– entre los temas en los que pueden identificarse lecturas incompletas o apreciaciones erróneas de quienes han descalificado la iniciativa de nueva ley de radio y televisión. Lo que no hay es más espacio en esta columna.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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