El Senado y los radiodifusores

La Crónica, diciembre 9 de 2004

Las probabilidades de que la próxima semana el Senado apruebe la nueva ley de radio y televisión son altas. En contra de ellas está jugando una creciente, prepotente y ominosa presión que algunos de los concesionarios más poderosos quieren ejercer contra los legisladores.

   Algunos empresarios de la radiodifusión en varios estados del país han viajado en los últimos días a la ciudad de México para influir sobre los senadores de esas entidades. En comidas y desayunos, muy discretos pero a la vez claridosos, los cortejan, les insisten y si nada de eso funciona entonces los amagan para que voten contra la iniciativa que modernizaría las reglas para el funcionamiento de los medios electrónicos.

   Varios de esos empresarios de los estados ni siquiera conocen el proyecto de ley. Pero sus directivos les han dicho que pondría en riesgo sus concesiones, que atenta contra la libertad de expresión y que impondría a un consejo autoritario que normaría las actividades de radiodifusión.

   Nada de eso es cierto. Esa ley actualizaría el obsoleto régimen jurídico que mantiene a los medios electrónicos bajo la interesada autoridad –a menudo caprichosa– del gobierno federal. Lejos de implicar restricción alguna a sus contenidos, la nueva ley daría a la televisión y la radio mayores garantías para ejercer la libertad de expresión. El consejo que se propone para administrar el cumplimiento de tales normas se asemejaría a los que existen en todo el mundo y que los empresarios de la radiodifusión, en otros países, suelen considerar garantía de estabilidad en esa industria.

   Nada de eso han querido discutir los empresarios mexicanos que se oponen a la nueva ley. No están acostumbrados a intercambiar ideas, menos aún a negociar. Sus procedimientos, ahora igual que antes, son el cabildeo en las cúpulas pero no delante de la sociedad, el amago contra funcionarios y representantes legislativos que se les enfrentan y la descalificación de cualquier iniciativa para ese sector que no responda puntualmente a sus intereses.

   Así han actuado siempre. Así quieren hacerlo ahora pero no se dan cuenta de que el país es distinto. Hace exactamente un mes, la noche del 9 de noviembre, varios directivos de los radiodifusores acudieron a las oficinas del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Ricardo García Cervantes, para exigirle que no participara en el foro sobre la nueva ley de radiodifusión que se realizaría al día siguiente. En ese encuentro, organizado por la Fundación Ebert, participaron senadores de los tres partidos principales, todos ellos comprometidos con el proyecto de ley. García Cervantes acudió, escuchó y expresó sus puntos de vista, no todos coincidentes con los legisladores, con una libertad que le querían vetar no sus superiores en el gobierno sino los empresarios de la televisión.

   Ese 10 de noviembre, en otro sitio, el dueño de Televisa le exigió a Santiago Creel la remoción de García Cervantes y de la directora del Instituto Mexicano de la Radio, Dolores Béistegui, que también participó en el foro sobre el proyecto de ley.

   La obsesión de los dueños y operadores de las televisoras en contra de cualquier discusión o decisión que sean distintas a sus planes para los medios se ha expresado en numerosas ocasiones.

   A comienzos de agosto el vicepresidente de TV Azteca, a la sazón dirigente de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión, CIRT, le requirió al secretario de Gobernación la destitución del director de Canal 11, Julio di Bella, por haber participado en la organización del congreso internacional sobre medios públicos que se había celebrado pocas semanas antes.

   El 11 de noviembre Emilio Azcárraga Jean estuvo en Los Pinos para insistirle al presidente Vicente Fox en la destitución del subsecretario de Gobernación y la directora del IMER.

   Toda la información anterior aparece en el espléndido reporte de Marco Levario Turcott en la edición de diciembre de etcétera. La revista circula desde hace una semana y no parece que haya sido desmentida.

   Las maneras como los dueños de las televisoras se han querido apropiar del poder del Estado no son sutiles y, como apreciamos, tampoco veladas. Creen que el gobierno es suyo. No se conforman con acaparar el espacio público. También quieren disponer del poder político.

   Con ese espíritu los directivos de la CIRT le exigieron al Senado que pospusiera el examen del proyecto de ley de radio y televisión. El tema se ha discutido durante años y el documento ahora en revisión se conoce desde hace meses pero los concesionarios no querían plazos para reflexionar sino, simplemente, que se consumiera el tiempo del actual periodo de sesiones.

   Los senadores tienen la palabra. Entre ellos no son pocos los que están hartos de presiones y amenazas de algunos radiodifusores. Pero además hay concesionarios que entienden que la nueva ley no les quitaría derechos sino, al contrario, propiciaría la competencia y acabaría con la discrecionalidad que ha prevalecido en el manejo de la radiodifusión.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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