Diez motivos para la reforma de los medios

La Crónica, 5 de diciembre de 2004

Los intentos para desconoce lo mucho que se ha andado en el debate sobre la reforma legal para los medios electrónicos hacen necesario insistir –otra vez, ni modo— en argumentos de interés social, tecnológico, cultural y político que han sido expresados en numerosas ocasiones. Parecería tarea de Sísifo si no fuera porque la actitud de los concesionarios que durante décadas se han opuesto a esa reforma es en cada ocasión más ordinaria e ineficaz. Al mismo tiempo, la certeza en la necesidad de actualizar la ley para la televisión y la radio es compartida por legisladores y dirigentes políticos y sociales de muy diversas adscripciones. A pesar del amago que suelen ejercer las dos empresas que monopolizan las frecuencias de la televisión, el temor a ellas es menor y la discusión para cambiar la ley ha llegado a la elaboración del proyecto que se discute en el Senado.

   En su edición de noviembre la revista etcétera, junto a otros artículos sobre el mismo tema, publicó mi texto titulado “Por qué cambiar la ley”. Allí se enumeran los siguientes motivos para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión que está a punto de cumplir 45 años.

   1. Para acabar con la discrecionalidad en el acceso a la comunicación electrónica. La legislación que hemos tenido circunscribe el privilegio de usufructuar una concesión de televisión o radio a los escasos elegidos que, de manera siempre discrecional, son beneficiados con la decisión del gobierno federal para concederles esa franquicia. En todo el mundo tales decisiones las toman organismos colegiados que, por lo general, son autónomos del gobierno. En México las concesiones son adjudicadas por el secretario de Comunicaciones y Transportes ­es decir, por un empleado directo del Presidente de la República­. Ese resabio del presidencialismo más arcaico es contradictorio con la modernidad que el país ha podido imprimir a otras áreas de la vida pública y suele significar decisiones excluyentes a muchos de los ciudadanos y empresas que, de manera legítima, quisieran tener la oportunidad de acceder a una concesión.

   2. Para acotar la concentración de los medios electrónicos. El privilegio de comunicar en televisión o radio se le otorga a muy pocos, pero algunos de esos pocos lo reciben en injustificada demasía. La mayoría de las estaciones de radio en el país son propiedad de una decena de familias. Y prácticamente todas las frecuencias de televisión comercial ­a excepción de un porcentaje prácticamente marginal­ han sido concesionadas a dos empresas. Se trata de una concentración inusitada en los países que se reclaman como democráticos ­y es la demostración más palmaria de las insuficiencias de la transición democrática mexicana­.

   3. Para acabar con la inseguridad jurídica de las empresas.  Aunque muchos de ellos la han defendido, quizá por temor al cambio en esta materia, los empresarios de la televisión y la radio han padecido, desde hace décadas, una situación de constante incertidumbre. El gobierno, así como otorga las concesiones, de acuerdo con la Ley de Radio y Televisión aún vigente tiene la facultad de cancelarlas. Aunque no la ejerció, el gobierno federal acostumbraba hacer de esa prerrogativa una suerte de atrabiliaria espada de Damocles pendiendo sobre los radiodifusores que rechazaran las indicaciones que les presentaba sobre los contenidos de sus transmisiones. Quizá en el sexenio actual el gobierno ha dejado de presionar con esa amenaza. De hecho la relación entre el poder político y los radiodifusores se ha invertido: ya no es el gobierno el que amaga a los concesionarios, sino las empresas televisivas más influyentes las que dictan o moldean decisiones gubernamentales. En todo caso, puesto que se mantiene, la discrecionalidad para otorgar lo mismo que para quitar concesiones es otra facultad que tendría que pasar a la historia de la radiodifusión y del autoritarismo mexicanos.

   4. Para reconocer el derecho de la sociedad a ser tomada en cuenta por los medios. Para la televisión y la radio, la sociedad es habitualmente destinataria de sus mensajes pero no interlocutora de ellos. Los medios suelen ver, en sus públicos, consumidores y no ciudadanos. Atenuar esa relación no depende sólo de las leyes. Pero una legislación que contemple la existencia de uno o varios consejos encargados de tomar decisiones reglamentarias respecto de los medios electrónicos, y en los cuales participen ciudadanos capaces de representar puntos de vista distintos a los del poder político y el poder mediático, contribuiría para que los medios se acerquen a los intereses de la gente.

   5. Para impulsar medios auténticamente públicos. Las restricciones que la legislación actual impone a los medios “permisionados”, que suelen ser aquellos de propiedad gubernamental, impiden el desarrollo de opciones de radio y televisión auténticamente públicas ­entendiendo, como tales, a las que respaldadas con financiamiento estatal tienen autonomía en sus decisiones, las cuales toman con alguna forma de participación social­. Entre otras taxativas los medios permisionados no pueden vender publicidad, lo cual significa una forma de apartheid comunicacional. Medios realmente públicos y con plenas posibilidades para ganar presencia en el mercado de la televisión y la radio, serían recursos que le permitirían a la sociedad recibir mensajes distintos a los que genera el interés comercial y contribuirían de manera inapreciable a equilibrar el panorama de la comunicación electrónica.

   6. Para reconocer derechos básicos de los ciudadanos.  Subordinada al infoentretenimiento, la vida privada se ha vuelto mercancía corriente en el paisaje mediático. Y el derecho a replicar ante los medios electrónicos, incluso cuando se les ha involucrado en una información falsa o dolosa, prácticamente no existe para los ciudadanos en México. Reivindicar y hacer respetar el derecho a la privacía es uno de los principios de convivencia entre medios y sociedad que podría recoger una legislación realmente actual. Otra, consiste en garantizar la posibilidad de réplica que según las normas actuales ­a partir del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión que el presidente Vicente Fox expidió en octubre de 2002­ depende de la voluntad de cada empresa.

   7. Para establecer con precisión, y sin ambigüedades, espacios para la comunicación del Estado. Una vez que los hemos distinguido de los medios públicos, podemos reconocer que al lado de ellos puede haber medios del Estado, así como espacios para la divulgación de mensajes estatales en el conjunto de los medios electrónicos. Actualmente el gobierno federal acapara los escasos tiempos de transmisión que subsistieron después del decreto de octubre de 2002, cuando el presidente Fox abolió hasta en un 90% los espacios que hasta entonces los medios concesionados tenían obligación de proporcionarle al Estado. Una nueva legislación podría establecer cuotas de acceso suficientes, de acuerdo con las necesidades de comunicación no sólo del gobierno sino del conjunto de las instituciones estatales. Esos espacios no tendrían por qué ser excesivos, ni significarían una merma fundamental en el tiempo de transmisión que usufructúan las empresas privadas. Antes que nada sería preciso que el ejercicio de tales tiempos estuviera orientado por reglas muy claras.

   8. Para delimitar la influencia mediática en la formación de consensos políticos. Supeditados al poder de los medios, actualmente los partidos políticos, especialmente en temporadas de campañas, son clientes más que interlocutores de la televisión y la radio. Y los ciudadanos, más que destinatarios de la política que hacen y proponen hacer los partidos se han vuelto espectadores, cuando mucho, de la propaganda mediática. La solución óptima, tanto para reducir el gasto que hacen en sus campañas con dinero de todos nosotros, como para aminorar la dependencia de la sociedad respecto de los grandes medios como fuentes de información política, sería cancelar la publicidad pagada en radio y televisión. Eso no significaría que no hubiera mensajes políticos, sino que su transmisión no dependería de la financieramente exorbitante contratación de espacios. Los anuncios y programas de los partidos, especialmente en periodos electorales, podrían difundirse en el tiempo al que tiene derecho el Estado en los medios electrónicos.

   9. Para propiciar contenidos creativos y la producción nacional de audiovisuales. Una nueva legislación tendría que garantizar plenamente la libertad de los medios electrónicos para resolver sus contenidos. Pero sin demérito de ella y a semejanza de las normas que hay en numerosos países, podría establecer cuotas mínimas de producción nacional en la programación de las tele y radiodifusoras. De esa manera los grupos y empresas de producción que hasta ahora han tenido vedado el acceso a los medios de masas, o que únicamente lo han conseguido de manera esporádica, dispondrían de espacios para desplegar toda la creatividad y calidad de la que sean capaces.

   10. Para tener normas capaces de regular ­fomentando su propagación­ las nuevas tecnologías de la radio y la televisión.  En 2005 la ley actual cumplirá 45 años. Fue escrita cuando ni en México, ni en el mundo, existía la digitalización de las comunicaciones. En aquella época no había sistemas de distribución amplia de señales por cable, ni televisión codificada. Mucho menos había satélites de comunicaciones. Tampoco se habían propagado las videocaseteras como instrumentos de consumo masivo. Ninguno de esos recursos técnicos están contemplados en la ley que todavía tenemos. Las nuevas tecnologías en este campo, están reguladas por la Ley de Telecomunicaciones que no establece obligaciones y derechos de los emisores de señales como los que se encuentran en la Ley Federal de Radio y Televisión. Y no hay previsiones específicas para impulsar, orientar y regular, el desarrollo de la televisión y la radio digitales que es en donde se encuentra el futuro de esos medios para las siguientes décadas.

   Además de motivos como los anteriores, me parece que la causa más importante para renovar la Ley Federal de Radio y Televisión radica en la oposición, militantemente intolerante, que las empresas más grandes de ese ramo han mantenido en contra de esa actualización legal. Televisa y Televisión Azteca han presionado, amagado, chantajeado y en ocasiones descalificado e incluso difamado, a algunos de los legisladores más empeñados en promover ese cambio legal. Para impedirlo, esas televisoras han emprendido auténticos boicots contra el Poder Legislativo. En causas como la defensa del privilegio que para ellas significa mantener la estancada y obsoleta legislación actual, Televisa y Azteca han ostentado un poder abusivo y agraviante.

   Hoy en día, cuando la necesidad de renovar esa ley se ha extendido, vale la pena subrayar los efectos didácticos y ejemplarizantes que tendría la aprobación, con todo el consenso social que hiciera falta, de una ley capaz de acotar el poder hasta ahora desbordado de los grandes medios. Por eso no cualquier reforma a la ley de radio y televisión sería aceptable. Una reformita que contemplara sólo asuntos accesorios sería un retroceso porque permitiría que se dijera que la ley ya habría cambiado, aunque sus cambios hubieran sido de carácter menor. Una reformita sin trascendencia sería un autoengaño por parte de los legisladores. Una reforma en serio, capaz de propiciar una auténtica diversidad, equilibrios eficaces, reglas de respeto y estímulos a la calidad en el paisaje mediático mexicano, permitiría delimitar el poder hasta ahora irrefrenable de nuestra voraz y arbitraria mediocracia.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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