Cónclave (¡huy!) en Los Pinos

La Crónica, 19 de septiembre de 2004

En un sistema democrático, o que pretende serlo, la política no es el arte de subyugar a los demás sino de conciliar con ellos. Para cumplir con ese propósito esencial el quehacer político, además de propositivo, tiene que estar definido por la búsqueda de interlocuciones, acuerdos y conciliaciones. Quien, desde el poder, no actúa de esa manera, simplemente no hace política o pretende que solo sus puntos de vista deben prevalecer. Entonces el ejercicio del poder tiende a ser autoritario.

   Esas coordenadas son elementales y necesarias. Sin embargo en nuestro enrevesado sistema político hoy en día es frecuente considerar, con ingenuidad o perversidad, que el trato directo entre gobernantes es motivo de asombro o, incluso, expresión de ilegítimas complicidades.

   En estos días asistimos a varias expresiones de esas dislocaciones en la apreciación de nuestra vida pública. En varias ocasiones, el presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno del DF coincidieron en las ceremonias por las fiestas patrias. Como personas educadas que son, se saludaron. El rebumbio que los medios armaron con esos encuentros daba la impresión de que habían ocurrido hechos trascendentales para la historia política mexicana.

   El temperamental y casi infantil rechazo del presidente de la República para concederle a Andrés Manuel López Obrador la audiencia que tan insistente y pícaramente ha solicitado, explicaba en parte el interés para ver qué rostro ponía cada uno de ellos al momento en que estuvieran frente a frente. Pero de un asunto más bien anecdótico y que no representa cambio alguno en las posiciones –contrariedades y desacuerdos incluidos– del gobierno federal y la administración del DF, numerosos medios crearon un estruendo bastante artificial.

 

Barullo mediático

   El sobredimensionamiento de los saludos entre esos personajes pudo entenderse como parte de la espectacularización mediática de asuntos públicos más bien baladíes. Pero esta semana hubo otro episodio, matizado por la intencionalidad política del medio que lo dio a conocer y quiso usufructuar políticamente.

   La noticia del encuentro que en abril pasado, a comienzos de la semana santa, tuvieron el presidente Fox y el presidente de la Suprema Corte de Justicia para comentar el proceso de desafuero de López Obrador, fue motivo para que en los circuitos políticos y periodísticos afines al jefe de Gobierno se encontrase la evidencia de una conspiración, o de una acción ilegítima contra ese personaje.

   No era para tanto. Pero entre el barullo mediático y el afán de los simpatizantes de López Obrador para denunciar una maquinación espuria en donde no había mas que el intercambio natural –e indispensable, ante asuntos graves como la posibilidad de desafuero– entre los responsables de dos Poderes de la Unión, aquella reunión fue considerada como un acontecimiento sobresaliente.

 

Reunión de semana santa

   La historia de aquella reunión la relató el periodista Carlos Marín en su columna de Milenio el lunes y martes de esta semana. Allí se informaba que el 5 de abril pasado el presidente Vicente Fox se enteró, gracias a una llamada del secretario de Gobernación, de las complicaciones legales que podrían conducir a la solicitud de desafuero contra López Obrador.

   Relata Marín: “Fox supo entonces que Andrés Manuel López Obrador sería requerido por el juez Cuarto de lo Penal, para que respondiera por el probable delito de desacato”.

   En realidad se trataba del juez noveno de Distrito en materia administrativa, Álvaro Tovilla.

   La reconstrucción de aquel episodio fue posible gracias a la indiscreción de alguno de los empresarios que hace varios días le escucharon ese relato al presidente Fox.

   Dicen los informantes de Marín que Fox “se demudó” cuando supo que López Obrador podría ser llevado a juicio. Sin embargo no enmudeció porque, de acuerdo con el relato del  informante anónimo que dice haberle escuchado esa recapitulación al presidente, el titular del Ejecutivo le habría dicho entonces al secretario de Gobernación: “Santiago espero que Mariano (Azuela) se esté dando cuenta del problema que nos está poniendo en las manos. Hay que tener una reunión con él para ver si hay otra vía legal que no sea eso del desafuero”.

   Entonces, le llamó al ministro Mariano Azuela Guitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al día siguiente desayunaron en Los Pinos junto con el secretario de Gobernación, el Procurador General Rafael Macedo de la Concha y María Teresa Herrera Tello, consejera jurídica de la Presidencia.

   Allí confirmaron que el juez Tovilla había resuelto pedirle a la Procuraduría General de la República que procediera penalmente contra el jefe de Gobierno por incumplir la orden de suspensión de obras en el predio El Encino. Ese requerimiento haría necesario que la PGR, como más tarde ocurrió, solicitase a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador.

 

Buscaban otras vías

   En la nota de Marín no queda claro si por teléfono, o ya en Los Pinos, el presidente le preguntó al titular de la Suprema Corte si estaba al tanto “del tamaño del problema” y le sugirió buscar otras vías “legales, por supuesto” para eludir el desafuero.

   Azuela habría respondido que a lo mucho podría postergarse por unos días la orden del juez Tovilla en tanto “López Obrador pone orden en este asunto”.

   Según el relato el Presidente de la República insistió en que se buscara otra solución legal. Azuela le recordó que el litigio tenía ya dos años y López Obrador no se había preocupado por atenderlo.

    “¿De veras no hay de otra y Macedo tiene que proceder?”, habría dicho Fox.

   El presidente de la Suprema Corte le recordó entonces “con todo respeto”, según la crónica de Marín, que el Poder Judicial es autónomo y que si la PGR no cumplía con la orden que le entregaría el juez entonces “quien incurrirá también en desacato será el señor procurador”.

   Todos los presentes, indica el reportero, estuvieron de acuerdo con Azuela.

 

La decisión de Milenio

   Esa fue la información publicada por Marín, en el periódico donde es director editorial, el lunes 13 y el martes 14 de esta semana. A partir de ella, especialmente en las páginas de Milenio pero con repercusiones en otros medios, se desató una retahíla de especulaciones sobre las consecuencias de aquella reunión en Los Pinos.

   Quizá fue la escasez de noticias relevantes que podía preverse para estos días patrios –y que sería resuelta por la decisión del Tribunal Federal Electoral sobre la candidatura de la senadora María del Carmen Ramírez en Tlaxcala–. Posiblemente también, los editores de Milenio vieron en ese asunto un motivo propicio para congraciarse con el jefe de Gobierno del DF como lo han venido haciendo desde hace varios meses.

   En todo caso a la información antes reseñada, que tenía el interés que suele despertar la intrusión, aunque sea indirecta, en cónclaves del poder político, Milenio le dio un seguimiento que pretendió sobre magnificarla.

   El miércoles 15 la primera plana de ese diario destacó las declaraciones del jurista Raúl Carrancá y el abogado Javier Quijano que cuestionaban la asistencia del ministro Azuela a la reunión a la que lo había convocado, en abril, el presidente de la República.

   Según Carrancá el presidente de la Corte debió haber enviado a un intermediario a preguntar qué se le ofrecía a Fox. Según Quijano aquel encuentro fue “de extrema gravedad”.

   Otros juristas defendieron a Azuela pero el periódico no les dio tanto relieve a sus declaraciones.

 

Desmesurada exigencia

   El arrebato que aquella información suscitó entre quienes conducen al diario Milenio se expresa en la exigencia que Federico Arreola, director general de ese periódico, expresaba en su columna del miércoles 15 de septiembre:

   “Esto es gravísimo. El presidente de la Suprema Corte, quien no podrá negar los hechos narrados por Marín, debe dimitir. Por dignidad, claro está. Porque es absolutamente inadmisible que la cabeza del Poder Judicial haya establecido contacto con el Poder Ejecutivo para tratar un caso concreto de carácter jurisdiccional”.

   La contradictoria e incluso inconsecuente concepción de Arreola sobre la dignidad de los personajes públicos podría ser motivo de otras consideraciones. En el caso que mencionamos llama la atención que el directivo de una empresa mediática, conocedor de las rutinas y las formas del quehacer político –que suele incluir reuniones e intercambios en todos los niveles del entramado estatal– se estremezca de esa manera al saber que los titulares de dos de los poderes federales se reunieron.

   Y si el asombro de Arreola es, a su vez, sorprendente, resulta todavía más desproporcionado el apremio que le hace al titular de la Suprema Corte de Justicia. La sugerencia para que Azuela renuncie no sólo es descabellada. Además, parte de la insidiosa suposición de que encuentros como el que ocurrió en Los Pinos, el martes de semana santa, son ilegítimos.

   Como no es así y eso lo sabe cualquiera que conozca las necesidades de interlocución que implica el quehacer político –por fortuna, porque si todo fueran desencuentros el deterioro de nuestra vida pública sería peor– la pretensión del director general de Milenio no puede sino entenderse como resultado de la apuesta política que ese diario ha querido hacer a favor de López Obrador.

   Todo medio de comunicación y sus directivos tienen posiciones. Aquí no discutimos el derecho de Milenio a sostenerlas, sino los endebles recursos que aprovecha para respaldar al personaje político con el que esa empresa ha decidido comprometerse.

 

No hubo conspiración

   Atractiva por la revelación que hacía sobre el estado de ánimo del presidente Fox cuando se enteró del intríngulis en el que se había metido López Obrador, la información de Marín no ameritaba tanto estruendo. De hecho, al parecer esa fue la impresión que tuvo ese periodista porque el relato del desayuno en Los Pinos lo circunscribió a su columna del lunes y el martes y no lo anunció de otra manera en el periódico de cuya confección está a cargo. El tratamiento escandaloso ocurrió hasta el miércoles, el día en que apareció el comentario de Arreola que hemos citado.

   La información sobre el encuentro en Los Pinos, más allá del chisme circunstancial, no implicaba ningún cambio en las definiciones políticas acerca del posible desafuero de López Obrador.

   No fue una reunión a escondidas, aunque sí con la discreción con que todos los días se realizan numerosos acercamientos políticos en este país. Tan no lo era así que el mismo presidente de la República les narró aquel episodio a varios empresarios, entre quienes están el o los informantes del periodista Marín.

   Si Fox hubiera tenido una actitud culposa respecto de aquel encuentro, no lo andaría platicando como lo hizo. Y si hemos de dar crédito a la reconstrucción de Marín y sus informantes en ese relato, lejos de afianzarse la idea de una maquinación orquestada contra López Obrador, lo que se confirma es que el presidente de la República era ajeno a ella.

   La actitud de Fox cuando se enteró del asunto, la urgencia política que le reconoció, el llamado perentorio al titular de la Corte y la insistencia ante Azuela para que se buscaran otras salidas jurídicas que evitasen el proceso de desafuero, contradicen la opinión de quienes han sostenido que el caso de El Encino fue urdido por el gobierno para golpear a López Obrador.

 

Fox no quería desafuero

   Si hemos de dar crédito al mencionado relato periodístico, la inquietud del presidente de la República indica todo lo contrario: quizá porque entendió la gravedad política de la denuncia contra uno de los candidatos más fuertes para sucederlo, por espontánea solidaridad con López Obrador o simplemente con el afán de evitarse un problema adicional a los muchos que ya tenía, Fox trató de evitar la confrontación entre el jefe de Gobierno del DF y el Poder Judicial.

   Esa conducta del presidente, lejos de ser muestra de confabulación alguna, indica que si la querella prosiguió no fue por decisión suya ni de sus colaboradores.

   En el relato de aquel desayuno queda muy clara la exigencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando Fox le pide que encuentre vías que no pasen por la posibilidad del desafuero, el ministro Azuela le recuerda, “con todo respeto”, la autonomía del Poder Judicial.

   Esa expresión del presidente de la Corte tendría que bastar para confirmar que aquella reunión no fue entre los representantes de un poder que se subordina a otro, sino entre funcionarios del Estado que cumplen con la responsabilidad de intercambiar puntos de vista sobre temas de preocupación común.

   De hecho, si algún intento hubo, aunque tenue, para torcer la aplicación de la ley fue cuando, en su inquietud personal y política, el presidente Fox quiso explorar otras opciones antes del desafuero.

   La posición de Azuela fue muy clara. Si, ante el requerimiento del juez de distrito, la PGR no solicitaba a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador, entonces esa dependencia y su titular serían quienes se convertirían en corresponsables de una infracción legal.

 

El Encino ya se conocía

   El relato de Marín confirma la posición del gobierno federal cuando ha explicado que la solicitud de desafuero no obedeció a una decisión discrecional. La PGR actuó así porque, de acuerdo con la ahora confirmada interpretación de la Suprema Corte de Justicia, no le quedaba de otra.

   Muchos defensores oficiosos de López Obrador y la oficina jurídica del gobierno del DF han sostenido que la solicitud de desafuero pudo ser evitada por el gobierno federal. La reseña de aquel encuentro en Los Pinos ratifica que no era así.

   Por lo demás, mucho antes de abril de este año el litigio alrededor del predio El Encino era conocido y se sabía que, si el juez ratificaba la posición que ya había manifestado al considerar que López Obrador había incumplido la orden de suspensión de obras, podía ser acreedor de la petición de desafuero.

   Al menos desde la segunda mitad de 2003 se pueden encontrar informaciones periodísticas que dan cuenta de distintas fases de ese proceso judicial que había comenzado dos años antes.

   Las consecuencias del pleito por el camino abierto en El Encino se sabían antes de la semana santa de este año. Si el presidente Fox no estaba al tanto de ellas no era sino como resultado de la escasa información que recibía acerca de la vida pública y que ha sido parte del ensimismamiento con que ha gobernado al país.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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