Tregua forzosa

La Crónica, 8 de enero de 2003

La amenaza de requisar el canal 40 constituye un error más en la actuación del gobierno ante el litigio que esa estación mantiene con TV Azteca.

   Es discutible que, en este caso, sea legítimo decretar la requisa. Creada a fin de enfrentar situaciones de sabotaje o amenazas a la seguridad nacional en tiempos de guerra, para que la requisa sea posible es preciso que haya alteración grave del orden público, o peligro inminente para la paz o la economía nacional, según la Ley de Vías Generales de Comunicación.

   La Ley Federal de Telecomunicaciones, cuya jurisdicción no necesariamente incluye a la televisión abierta, incorpora el desastre natural a las situaciones en las cuales el gobierno tiene derecho a requisar instalaciones.

   Sólo forzando la interpretación de la ley se podría emplear ese mecanismo de excepción ante el conflicto de las televisoras. Pero esa no es hoy la discusión más importante.

   Las dos empresas tendrían motivos para temer la requisa. Pero esa medida afectaría mucho más al Canal 40. Televisión Azteca tiene dos señales de televisión nacional que siguen en el aire. En cambio CNI ha perdido, por lo pronto, su principal cauce de difusión que es la frecuencia abierta en el Valle de México.

   La que está auspiciando el gobierno, no es una negociación justa. El Canal 40 fue privado de su antena y del usufructo de la frecuencia que tiene legítimamente concesionada. TV Azteca tomó por la fuerza tales instalaciones y usurpó esa frecuencia durante once días.

   El acuerdo provisional que se tomó en la secretaría de Gobernación suspende la utilización ilegal de esa antena y esa señal por parte de Azteca, pero prolonga el despojo del que fue víctima el Canal 40.

   Las obligaciones que se derivan del contrato que hace cuatro años y medio suscribieron los señores Javier Moreno Valle y Ricardo Salinas Pliego siguen siendo un asunto mucho menos grave que el asalto que TV Azteca perpetró en el Cerro del Chiquihuite.

   Posiblemente en los tres días que el gobierno les dio ayer por la madrugada esos empresarios logren el acuerdo que no han encontrado en su ya dilatado litigio en los tribunales. El dinero que Canal 40 le debe a TV Azteca, el acuerdo de comercialización de esa frecuencia e incluso la compra venta de CNI, seguramente son temas de tal negociación.

   Pero aunque se resolvieran las diferencias acerca de tales problemas, seguiría pendiente la sanción que amerita el atraco armado del 27 de diciembre. Resultaría inaceptable que con pretexto de una conciliación política, o mercantil, el gobierno dejase de aplicar la ley.

   La auténtica justicia en este caso, independientemente del arreglo comercial entre esas empresas, será el regreso de la antena y la señal del Canal 40 a su legítimo usufructuario, que es la empresa CNI.

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