Radios comunitarias: diálogo y palo

La Crónica, 27 de julio de 2003

Como si hiciera falta, el gobierno federal está a punto de provocar un nuevo conflicto político y social en al menos una docena de sitios del país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al parecer con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha propuesto clausurar e incautar los equipos con los que transmiten varias docenas de estaciones de radio que no han obtenido permisos de operación.

Se trata de radiodifusoras comunitarias que funcionan, en algunos casos, desde hace años. La mayoría de ellas ofrece un servicio reconocido por la estimación y la audiencia que le proporcionan las poblaciones para las cuales transmiten. Casi todas han realizado gestiones para obtener el permiso que les permitiera funcionar con plenas garantías legales pero el gobierno federal se ha negado a resolver esas solicitudes.

En vez de ello, la SCT ha comenzado a disponer el cierre de algunas de tales estaciones. Son emisoras que no han cumplido con los requisitos que la ley establece para que puedan transmitir. Pero al mismo tiempo, esas estaciones han hecho lo posible para atender a las exigencias legales. Si se mantienen en una suerte de limbo jurídico en muchos casos no se debe a negligencia de sus operadores sino al rechazo del gobierno federal para regularizarlas.

 

Esquizofrenia gubernamental

Aparentemente en el gobierno se mantienen dos posiciones acerca de esas radiodifusoras. Desde hace varios meses los representantes de tales estaciones –encabezados por la delegación en México de la Asociación Mundial de Radiodifusoras Comunitarias, AMARC– acudieron a la Secretaría de Gobernación cuyo titular, según dicen, les ha dado amplias garantías para iniciar un proceso de regularización, examinando caso por caso.

Sin embargo, al mismo tiempo que en Bucareli se asegura que tales peticiones se resuelven dialogando, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha comenzado a ordenar la clausura de algunas de tales emisoras. En esas acciones ha colaborado personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que sea del todo claro si la intervención en emisoras irregulares, o su supervisión, sea tarea del Ejército Mexicano.

Ese doble discurso del gobierno se ha podido apreciar en otros episodios relacionados con los medios de comunicación. Hace un año se desarrollaban, con resultados notablemente provechosos, las mesas de diálogo para la reforma legal de los medios electrónicos a las que había convocado la Secretaría de Gobernación. Centenares de agrupaciones sociales y políticas e interesados en el tema habían definido los rasgos centrales para modificar la Ley de Radio y Televisión cuando de pronto, en octubre, el gobierno anunció un reglamento y un decreto que contradecían los acuerdos que se habían tomado en aquellas negociaciones.

Una de las agrupaciones que con más interés participó en esas mesas de diálogo fue la representación mexicana de la AMARC. Creada en 1983, la Asociación Mundial de Radiodifusoras Comunitarias tiene su sede en Montreal y reúne a más de 3 mil miembros en 106 países.

La delegación mexicana de la AMARC tiene 48 miembros. La mayoría son estaciones campesinas e indígenas. Seis de los miembros de esa red son centros de producción radiofónica, 20 son estaciones operadas por el Instituto Nacional Indigenista, otras 20 son radiodifusoras de distintas organizaciones ciudadanas, una más transmite por Internet y otra funciona como “radiobocina”.

 

Teocelo, ejemplar pionera

El perfil de esas emisoras es variado pero la gran mayoría se encuentra fundamentalmente involucrada en asuntos de las comunidades en las cuales transmiten. Seguramente varias de ellas tienen contenidos contestatarios que, sin embargo, no deben ser sustancialmente distintos a los que hoy abundan en la radio de carácter comercial.

Muchas de esas estaciones surgieron como resultado del interés de grupos locales para, mediante la radio, consolidar proyectos de desarrollo social o simplemente por la gana de enlazar, comunicando, a la gente de su entorno. La más antigua de ellas es Radio Teocelo, que desde hace 36 años difunde una programación imaginativa y de singular arraigo en ese municipio cafetalero del centro de Veracruz.

La de Radio Teocelo es una de las experiencias más versátiles en la radio comunitaria del país y desde 1966 tiene permiso del gobierno federal para transmitir en la frecuencia 1490 de Amplitud Modulada. Está financiada por grupos sociales y recibe trabajo voluntario de miembros y amigos de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, titular del permiso. Todos los días transmite, durante 14 horas, una programación que incluye noticieros, programas dedicados a mujeres y niños, series acerca de las fiestas locales y encuentros deportivos, entre otros temas. Uno de sus espacios más escuchados es “cabildo abierto”, que difunde las sesiones del presidente municipal con los ciudadanos que acuden a discutir sus problemas y quejas.

 

Mazateca Radio Educativa

Más de una docena de estaciones comunitarias han querido seguir el ejemplo de Radio Teocelo pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha rechazado las solicitudes de permiso para transmitir que le han presentado.

Una de ellas es Radio Educativa de Mazatlán en el municipio Mazatlán de Villa Flores, en Oaxaca. Se trata de una emisora operada por el Bachillerato Mazateco General y que recibe respaldo del municipio. El proyecto que esa estación presentó para operar en la frecuencia 94.1 de FM indica que sus transmisiones se realizan de lunes a sábado y de 8 a 16 horas, en español y en mazateco.

Entre los programas diarios de Radio Educativa se encuentra una emisión en vivo a cargo de los ex alumnos del Bachillerato que se interconectan con radios de banda civil desde las 57 comunidades del municipio. También hay un “taller de radio para el desarrollo de asignaturas como agronomía, producción animal, geografía, taller de lectura y redacción, etcétera”.

No se trata de una propuesta anclada en el pasado ni alejada de las nuevas realidades. Además de la Radio Educativa, que funciona desde marzo pasado, el Bachillerato cuenta con una conexión satelital a la Internet que da a la comunidad acceso gratuito “en articulación con la programación de la radiodifusora”. En vista de la escarpada orografía de ese municipio oaxaqueño, la estación ha servido de enlace a las 51 comunidades que lo conforman y que así reciben “informaciones de carácter urgente como incendios, accidentes, facilitando la organización de acciones”.

Radio Bemba, en Hermosillo

Del otro lado del país, en Sonora, desde hace un par de años transmite Radio Bemba. Creada por el movimiento “Habla palabra” esa estación solicitó a la SCT permiso para trabajar en 2000 (15 días después de las elecciones del 2 de julio). En septiembre, todavía durante la administración anterior, dicha dependencia les contestó que para obtener el permiso debían constituir un fideicomiso por un millón de pesos y un fondo de garantía por 50 mil.

El contrasentido de aquella respuesta era escandaloso. Si querían difundir bajo la figura jurídica del permiso, que en la legislación para la radiodifusión mexicana es la que se otorga a las estaciones que no tienen fines de lucro, era porque los promotores de esa radiodifusora no buscaban hacer negocio. Requerirles garantía por ese monto resultaba contradictorio con el espíritu de la ley y desconocía el carácter comunitario que tenía aquel proyecto.

Radio Bemba fue creada por tres productores independientes que después de probar suerte en la radio comercial de Sonora quisieron ofrecer una opción distinta, junto con alumnos de Comunicación de la Universidad pública de ese estado. Habiendo comenzado a transmitir en esa institución académica, en abril de 2002 salieron del campus y se instalaron en el norte de Hermosillo para operar la estación a partir de una asociación civil.

Entre los programas de Radio Bemba se encuentra un noticiero ecológico matutino, una serie sobre salud sexual y otra dedicada al rock mexicano. Otro noticiero, “La madriguera”, ofrece enlaces con estaciones ciudadanas de todo el mundo. “La cañada de los negros” difunde cultura alternativa de otras épocas. La serie “Acóplate” rescata experiencias de barrios (“haciendo democracia participativa con olor a tortillas de harina” es su lema).

Además Radio Bemba abre espacios para otros grupos, cuya producción radiofónica incluye “Desde afuera” dedicada a promover la tolerancia; “La chaqueta”, que aborda temas de sexualidad desde una perspectiva humorística; “Resentido común”, sobre el idioma y “El Aeropuerto” que muestra hallazgos en materia de nuevas tecnologías.

Respaldada con trabajo voluntario y sueldos muy bajos, los gastos de operación de Radio Bemba son de 18 mil pesos mensuales. Sus ingresos provienen fundamentalmente de modestos convenios con instituciones locales y de patrocinios (que no implican anuncios comerciales) de empresas e instituciones de servicios.

Con esos parámetros financieros, la petición de la SCT a fin de que garantizara un fondo de un millón de pesos fue inalcanzable –y acaso también agraviante– para los promotores de Radio Bemba, que han tenido que seguir transmitiendo sin el permiso de la autoridad federal.

SCT niega regularizaciones

Los de Radio Educativa de Mazatlán, en Oaxaca y Radio Bemba, en Hermosillo, son apenas dos de los varios casos de radiodifusoras comunitarias que, habiendo tramitado permisos de transmisión, no los obtienen.

Igual que ellas Radio Comunitaria de Tangancícuaro, en Michoacán, operada por el Frente Cívico de ese municipio, solicitó permiso en octubre de 2002 y hasta hace pocos días no había tenido respuesta de la SCT.

Radio Comunitaria de Tomatlán, Buenavista, también en Michoacán, es sostenida por el Centro de Estudios Filosóficos Tonatihu Tomatlán, A.C. y presentó su solicitud el 20 de marzo pasado.

La radio “Uandárhi” de Uruapan, Michoacán, de la Asociación Civil del mismo nombre, solicitó su permiso el 26 de noviembre de 2002. La SCT le respondió que no podía otorgárselo porque en la Secretaría de Gobernación estaba funcionando la “Mesa de diálogo” sobre la legislación para los medios electrónicos que entre otros temas había discutido las normas jurídicas pertinentes para estaciones de carácter no comercial. Para esas fechas, como señalamos antes, la “mesa” había dejado de tener capacidad de convocatoria porque la mayoría de sus participantes se ausentó de ella debido al decretazo del 10 de octubre. Sin embargo ese proceso de discusión, a la postre inútil, ha sido esgrimido por la SCT para negar varias autorizaciones.

Radio Ocumicho también en Michoacán, no ha recibido respuesta a la solicitud de permiso que presentó desde el año pasado. En cambio A Radio Nopalera y Radio Ricardo Flores Magón, ambas en Oaxaca, esa Secretaría le informó en marzo los requisitos que debían cumplir para el mismo trámite y hace varias semanas se preparaban para entregar tales documentos.

De acuerdo con información de la delegación mexicana de la AMARC, que está encabezada por Aleida Calleja Gutiérrez, recientemente tramitaron sus permisos ante la SCT Radio la Voladora, una imaginativa estación de Amecameca, Estado de México; Neza Radio, que transmite producciones de jóvenes de Ciudad Nezahualcóyotl; Zona Centro, de la comunidad campesina de Tonaya, en Jalisco y Radio Santa María, que utiliza un transmisor comprado con aportaciones de la comunidad de Zapotitlán de Vadillo, también en Jalisco.

Otras emisoras que este año han solicitado el permiso ante la SCT son Radio Grafía Fe Mur de Tolimán y Radio Tuxca en Tolimán, ambas en Jalisco; Pi Radio, estación musical y con programas acerca de derechos humanos y servicios para jóvenes en Tecomac, Estado de México y Radio de Tamangandapio, Michoacán, que opera desde hace 10 años.

 

Legalización posible

Esas radiodifusoras han venido transmitiendo sin cumplir con los requisitos que establece la ley. Están, sin duda, en una situación irregular. Ante ese hecho la autoridad federal puede actuar de dos maneras.

Una, consistiría en el reconocimiento de que esas emisoras han funcionado de buena fe y sin afectar a terceros. En todos o en casi todos esos casos se trata de estaciones cuyas señales no interfieren con frecuencias ya asignadas por el gobierno federal. Si hubiera casos de interferencia seguramente podrían resolverse asignándoles a las emisoras comunitarias frecuencias que actualmente no estén ocupadas.

Desde luego, esas estaciones han incumplido la ley. Pero en casos como los que hemos mencionado se puede documentar su interés para observarla desde hace varios años, o para regularizarse desde hace algunos meses. Se trata de una situación equiparable a la de los grupos campesinos que ocupan tierras que no son usufructuadas ni pertenecen a nadie. Lo que suele hacer la autoridad en esas circunstancias es procurar la regularización de tales predios, no porque se quiera promover la ley de la selva en materia de propiedad agraria sino porque siempre es pertinente que en la aplicación del derecho imperen consideraciones relacionadas con el interés colectivo.

Las radiodifusoras que hemos enumerado y otras en situación similar, han demostrado que sus transmisiones son del interés de las comunidades en donde se encuentran y a las cuales ofrecen un servicio. Nade mejor, entonces, que regularizarlas legalmente.

La otra opción que tiene la autoridad federal, es prescindir de esas consideraciones y disponer una cruda y dura aplicación de la ley. Es decir, imponer la suspensión de transmisiones y el decomiso de los equipos que las hacen posible. Esa ha sido la actitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acicateada por algunas de las más poderosas empresas de la radio y la televisión privadas.

Para algunos radiodifusores privados, el de las radios comunitarias se ha convertido en un asunto de principio: se comportan como si esas pequeñas estaciones les disputaran una porción sustantiva del enorme beneficio que usufructúan gracias a las concesiones que tienen asignadas. Actuando como si todo el dial fuese suyo, esos empresarios exigen para las radios comunitarias una rígida aplicación de la ley que, sin embargo, no reclaman para algunos de ellos mismos cuando la infringen ostentosamente.

 

Conflictos en puerta

Diálogo y palo: mientras en Gobernación les aseguran que sus peticiones de regularización legal se irán resolviendo, a las estaciones comunitarias la SCT está comenzando a golpearlas. Lo que esa dependencia va logrando es crear nuevos conflictos.

Hace varios meses empleados de esa dependencia quisieron cerrar la estación de Ocumicho, en Michoacán –que como se dijo antes el año pasado solicitó su regularización– pero se encontraron con que 600 personas y las autoridades del ayuntamiento, gobernado por el PRI, les impidieron hacerlo.

El año pasado cerca de 200 personas exigieron a un inspector de la SCT la entrega del permiso de transmisión para Radio Calenda, en Oaxaca, que lleva tres años difundiendo programación para esa zona indígena y campesina.

El 7 de agosto del 2002 varios inspectores de la SCT se hicieron apoyar en la policía Preventiva y Ministerial de Oaxaca para entrar por la fuerza a las oficinas del Instituto Tecnológico de la Región Mixe, sede la radio Santa Maria de Talhuitoltepec, en esa entidad. Los enviados de la dependencia federal incautaron el equipo –que era un pequeño transmisor, según se asegura, de fabricación casera– y varios casetes y discos compactos. La emisora difundía solamente sábados y domingos con una programación apoyada en la tradición oral de los mixes y con la simpatía del ayuntamiento y del gobierno del estado. La SCT, de acuerdo con un estudio de la AMARC, informó a las autoridades municipales que el “aseguramiento” se debía a una denuncia presentada con el oficio 36712 del 31 de mayo de 2002 por el General de Brigada Javier del Real Magallanes, subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El miércoles pasado, 22 de julio, varios inspectores de la SCT se presentaron a clausurar la radiodifusora comunitaria de San Juan Nuevo Parangaricutiro, pero no pudieron hacerlo porque llevaban documentación mal requisitada. Hace cuatro meses dos oficiales del Ejército, que se identificaron como Ramón Calvo Gil y Ricardo Flores Martínez, llegaron a las mismas instalaciones a solicitar información acerca de la estación y sus empleados. Radio San Juan Nuevo, que transmite al pie del volcán Parangaricutiro, presentó el año pasado a la SCT la solicitud para recibir permiso de transmisión. Esa Secretaría contestó, igual que a otras peticiones similares, que no podía extender tal permiso porque estaba en curso la Mesa de Diálogo en Gobernación.

Todo parece indicar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con desproporcionada torpeza política o movida solo por el interés de algunos empresarios de los medios, está resuelta a golpear innecesariamente a las radiodifusoras comunitarias. Tal parece que no aprenden: los encargados de esa Secretaría –y si ese rumbo no cambia será evidente que el gobierno federal todo– parecen empeñados en crear nuevos Atencos.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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3 thoughts on “Radios comunitarias: diálogo y palo

  1. quiero transmitir radio fm en 1kilometro ala redonda nececito de algun permiso o licencia de antemano muchas gracias por sus cosejos

  2. primeramente me permito felicitarlos porque esas cosas no cualquirra los hace, mas en estos momentos de represion.
    por otro lado decirle que el sueño de un servidos ha sido ese que ustedes ya tienen como una realidad, tener unnradio comunitario y de esa manera poder despertar a un pueblo que a un con todo sigue dormido, y lo digo no con el afan de crear revueltas, sino con el fin de que vayan meditando sobre el presente y lejos de la represion a que le ha apostado el gobierno, sea el dialigo, la palabra, la comunicacion lo que domine la voluntad de un pueblo totalmente humillado ultrajado, llamese como se llame el partido politico, asociacion o personaje, ojala pudiera con el apoyo de ustedes hacer realidad este sueño en el noreste guanajuatense

  3. creo que defender los terrenos y derechos que alguien por su labor y su tiempo de ejercicio se ha ganado, es derecho de todo individuo, sobre todo si como se menciona su labor va dedicada en especial a promover la cultura de una regio, a informar a la misma region de cuentiones de interes para la misma y promovere el desarrollo de la misma, sin la afectación de terceros , es loable y valedero, lo que no logran empresas grandes que solo lo hacen por cuestiones monetarias y sin dar a una comunidad pequeña mas que el afan de compra, y sin mucho mas provecho para su desarrollo comunal.

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