Gobierno, cómplice de TV Azteca

La Crónica de Hoy, 26 de enero de 2003

Hasta el último minuto, en ostensible exhibición de su complicidad con Televisión Azteca, el gobierno federal regateó el cumplimiento de la disposición judicial para que Televisora del Valle de México recuperase el control de la antena y la señal del Canal 40.

   En los últimos momentos del plazo de 24 horas que estableció la juez séptima de Distrito para que la Secretaría de Comunicaciones le informara que había cumplido la instrucción de levantar el aseguramiento en el Cerro del Chiquihuite, esa dependencia lo único que hizo fue transferir a otra autoridad la decisión acerca de tales instalaciones.

   Al poner esas instalaciones en manos del juez de distrito penal que atiende la denuncia por despojo en ese litigio, el gobierno federal ha seguido rehuyendo su responsabilidad para aplicar la ley.

   No se trata de una decisión imparcial, ni ajustada al orden jurídico. Se trata de una manifestación más de connivencia con los intereses de Televisión Azteca.

   Mientras más persista el embargo de las instalaciones y la señal del Canal 40, más difícil será la situación financiera de Televisora del Valle de México que ha sido despojada de su principal fuente de recursos, que es la venta de espacios publicitarios en las transmisiones por esa frecuencia.

 

Nuevo abuso contra Canal 40

   A esa asfixia a la que se somete a los propietarios y trabajadores del Canal 40 –y también a sus televidentes– contribuye el gobierno del presidente Vicente Fox al incumplir la instrucción que la juez de Distrito había indicado el viernes por la mañana.

   El gobierno ha considerado que el acto de suspensión dispuesto por esa juez no resolvía a quién corresponde la posesión de los bienes que habían sido asegurados por la SCT. Sin embargo el fallo judicial reconocía que tal aseguramiento le estaba ocasionando perjuicio a la parte demandante, es decir, a Televisora del Valle de México.

   La resolución de la juez Luz María Díaz Barriga estaba tan claramente destinada a beneficiar la demanda interpuesta por esa empresa, que allí se reconoce que acreditó el título de concesión sobre el Canal 40. Más aun, tomando en cuenta que Televisión Azteca ha requerido el pago del dinero que le entregó hace varios años a Televisora del Valle de México, la juez dispuso que la concesionaria del Canal 40 depositara una fianza.

   Así que no había duda sobre la empresa a la cual debía beneficiar la suspensión del aseguramiento.

   Las instalaciones en el Chiquihuite y la operación regular del Canal 40 tendrían que haber sido entregadas ayer a Televisora del Valle de México. Sin embargo el gobierno federal decidió seguirle haciendo el juego a Televisión Azteca.

   Es una decisión política, y no jurídica. Se trata de una decisión del Presidente de la República que durante todo el día de ayer, de acuerdo con la información que proporcionó en Davos su vocero, atendió varias consultas del secretario de Comunicaciones acerca de ese asunto.

   Es una decisión más a favor de la impunidad.

   Mientras tanto, no puede soslayarse el hecho de que unas horas antes de ese comportamiento del gobierno la esposa del presidente de la República se benefició de la hospitalidad de Televisión Azteca para promover una iniciativa de la fundación privada –Vamos México– que ella encabeza.

 

Extendido respaldo a CNI

   La de ayer, es una decisión más que el gobierno toma, en este conflicto, en contra de la opinión del resto de la sociedad y el mundo político. A excepción del gobierno, todas las fuerzas políticas importantes se han expresado en contra del asalto armado que Televisión Azteca perpetró la madrugada del 27 de diciembre y a favor de los derechos de Televisora del Valle de México sobre las instalaciones y la frecuencia del Canal 40.

   En la prensa escrita, a excepción de quizá un par de empleados de TV Azteca –que se quejan, sin argumentos, de una conspiración– no se ha conocido una sola defensa de las posiciones de esa televisora. Columnistas y articulistas, lectores que se expresan en cartas a las redacciones e incluso posiciones editoriales que representan el punto de vista oficial de algunos diarios, han exigido la restitución del Estado de Derecho en ese conflicto y, por lo tanto, sanción al abuso perpetrado por la empresa de Ricardo Salinas Pliego. De manera insistente se ha deplorado la desaparición de las pantallas de una opción distinta a las convencionales como la que significa el Canal 40.

   En la radio, abiertas muchas de sus frecuencias a esta discusión, la defensa del Canal 40 ha sido generalizada. Sin soslayar el diferendo mercantil que se mantiene entre Televisión Azteca y la empresa de Javier Moreno Valle, numerosos periodistas y conductores han reconocido un comportamiento parcial del gobierno frente al derecho del Canal 40 y sus trabajadores a seguir haciendo televisión independiente.

   Quizá si el gobierno no hubiese actuado de manera tan indolente, convirtiéndose en cómplice de Televisión Azteca al mantener el secuestro de las instalaciones del 40, no se habría extendido una reacción de simpatía tan amplia a favor de CNI. Pero mientras más desfachatada ha sido la actitud de la televisora del Ajusco, más complacientes con sus posiciones resultan las decisiones y omisiones del gobierno federal.

  

Reproches a Cerisola

    El rechazo de las fuerzas políticas nacionales al abuso de Televisión Azteca y la preocupación ante la incuria del gobierno se expresaron el martes 21 de enero en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes en el Senado. Pedro Cerisola intentó descalificar las posiciones de los legisladores diciendo que se trataba de “juicios de valor”.

   En efecto lo eran y por eso tendrían que haber resultado más preocupantes para el secretario. Se trataba de juicios muy críticos de los senadores de los tres principales partidos nacionales acerca del descuido, o incluso la insuficiente legalidad, con que él ha realizado su trabajo. Entre todos los legisladores que intervinieron en esa reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado no hubo uno solo que aprobara el comportamiento del gobierno y de ese funcionario en el conflicto alrededor del Canal 40.

   El senador Moisés Castro Cervantes, del PRD, le preguntó acerca de la disposición que tomó la SCT el 9 de enero: “¿Cómo se explica la figura del aseguramiento si quienes fueron emplazados en el momento no fueron los titulares de la concesión ya que nada tienen que perder en beneficio de la nación, pues las instalaciones no son de su propiedad?”. Luego, cuando Cerisola confirmó “no tengo duda, el concesionario es Televisora del Valle de México”, ese legislador  pudo replicar: “si saben quién es el titular de la concesión, ¿por qué no se le entrega como depositario de las instalaciones?”.

   Emilio Gamboa Patrón, senador del PRI, consideró que “la intervención de la secretaría, que es ilegal, es un claro ataque a la libertad de expresión”.

   Del mismo partido, Eric Rubio Bartell le reclamó a Cerisola: “Despojaron de la señal al que tiene la concesión”.

   Jesús Galván Muñoz, senador de Acción Nacional, argumentó: “Si la señal como aquí reiteradamente se ha dicho es un bien del dominio público y esa señal sólo puede ser explotada por una concesión, le pregunto ¿se puede transferir por un contrato privado la explotación de la concesión?”. A esa inquietud el secretario de Comunicaciones respondió que “la señal no es transferible por un simple acuerdo entre particulares”, con lo cual admitía que Televisión Azteca no ha tenido la razón cuando ha sostenido que tiene derecho a transmitir en la frecuencia del Canal 40.

   César Jáuregui Robles, también del PAN, expresó inquietud por saber cómo va el gobierno a defender el interés público.

   Mariano González Zarur, PRI, fue más allá y denunció: “Es un problema de gobernabilidad y no de carácter judicial”.

   Javier Corral Jurado, senador del PAN y presidente de la Comisión que convocó a Cerisola, le dijo al secretario que el artículo 104 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, que presuntamente legitimaba el aseguramiento de las instalaciones, había sido utilizado de manera incorrecta pues fue establecido para casos de piratería o cuando se explota, sin permiso de la autoridad, una frecuencia del espectro radioeléctrico.

   Más adelante Corral puso en aprietos al secretario preguntándole si la actitud de la SCT ante el conflicto en torno al 40  “¿significaría que el día que se tome una carretera o una caseta de peaje, cerrarían la caseta, sellarían las cajas y no se dejaría pasar ningún carro más?”.

   Y luego, en la frase que sería más difundida entre todo lo que se dijo en aquella sesión, Corral le pidió a Cerisola que le transmitiera al presidente los puntos de vista que había escuchado a fin de “cuidarlo en un momento fundamental como éste, y que el asunto de Canal 40 no lo marque para la historia como en su momento le ocurrió a Luis Echeverría con el puñetazo contra Excélsior”.

 

Exigencias del Congreso

   El profundo disgusto que ha ocasionado la sumisión del gobierno ante la prepotencia de Televisión Azteca se expresó el miércoles en la Comisión Permanente del Congreso cuando, de manera unánime, diputados y senadores aprobaron un punto de acuerdo que “exhorta al Ejecutivo federal a que, en estricto apego al Estado de derecho, restituya a la mayor brevedad la señal del Canal 40 al legítimo titular de la concesión y a salvaguardar así los intereses de la sociedad”.

   También se alienta en esa resolución, propuesta por el senador panista Felipe de Jesús Vicencio, a que “los legítimos intereses de la contraparte, Televisión Azteca no sean conculcados de manera alguna, habida cuenta que en un auténtico Estado de derecho la autoridad legítima debe velar por la salvaguarda de los derechos de todos”.

   Para ello Televisión Azteca deberá demostrar, ante autoridad judicial competente, cuáles son esos derechos legítimos. Pero cuando los legisladores recuerdan que la salvaguarda del orden jurídico se encuentra a cargo de “la autoridad legítima”, descalifican el abuso que cometió TV Azteca al apropiarse de un patrimonio que la justicia no le ha adjudicado.

   Media docena de legisladores intervinieron acerca del conflicto entre las televisoras. Inicialmente el diputado priista Salvador Cosío Gaona presentó un punto de acuerdo, respaldado por 15 legisladores, para solicitarle al gobierno información acerca de ese diferendo. Allí se dice que Televisión Azteca “asumió, al parecer en forma violenta, el control de las instalaciones”.

   Esos hechos “provocaron que en la opinión pública se señalaran con indignación la absurda dilación y la ausencia de firmeza y de claridad legal en cuanto a la intervención de la autoridad federal correspondiente al suscitarse los acontecimientos y, más aún, se ha tildado de poco clara en el sustento legal la determinación posterior asumida, hace sólo unos días, acerca de la orden oficial de interrupción forzosa de la señal radiodifundida de televisión y el aseguramiento de las instalaciones y el equipo técnico con que venía operando Canal 40”, se dice en esa propuesta.

   La ilegalidad en la acción de la SCT se añadió a la transgresión cometida por TV Azteca de tal manera que: “ante una concesión federal de radiodifusión debidamente otorgada, no impugnada y vigente, y con una autorización legal del gobierno para transmitir una señal televisiva que tiene carácter de servicio público, con poca claridad legal o incluso sin el fundamento cierto, se está privando que se ejerza el servicio concesionado, con graves consecuencias sociales, mercantiles y laborales”.

   Ese punto de acuerdo expresa especial preocupación por los trabajadores del Canal 40 que “son quizá la parte más afectada y son, por supuesto, a quienes debe atenderse prioritariamente en sus reclamos. En cuanto a ellos, no ha existido hasta este día ninguna determinación de las autoridades competentes para salvaguardarles sus derechos”.

 

“Desafío al Estado”

   Posteriormente el senador Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, de Acción Nacional, presentó su propuesta adicional. Allí se condena de manera enfática a la concesionaria de los canales 7 y 13. En las consideraciones para respaldar ese punto de acuerdo, que también fue aceptado por todos los legisladores presentes en la Comisión Permanente se dice:

   “El pasado 27 de diciembre el Estado de derecho fue seriamente vulnerado por la ocupación de las instalaciones del Canal 40 por parte de Televisión Azteca, en una acción que pudiera encuadrar en la figura de despojo prevista en el Código Penal. Este hecho representa un desafío a la responsabilidad del Estado de custodiar el espacio radioeléctrico para el interés público. Lo que debió ser una inmediata acción del gobierno, demoró más de diez días y, lejos de contribuir a la solución del problema, lo complicó al recurrir indebidamente al aseguramiento de las instalaciones y cancelación de la señal del Canal 40”.

   En respuesta a explicaciones como la que el día anterior había ofrecido el secretario Cerisola acerca del aseguramiento, los senadores y diputados replican: “Cuando se argumenta que tal medida se funda en lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión, se pasa por alto que la frecuencia en cuestión ha sido concesionada legalmente a Televisora del Valle de México y que la transmisión a través de la misma cuenta con la correspondiente autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.”

   Las consecuencias jurídicas y políticas de esa acción del gobierno federal son señaladas en estos términos: “Al despojo por parte de un particular se sumó la acción de la autoridad, que obró en sentido contrario a lo que el estado de derecho exige y fortaleció la impunidad. Estos hechos han convertido el conflicto en asunto de legítima preocupación social y de debate en la opinión pública, y ponen en entredicho la legitimidad de las acciones del gobierno. La autoridad tiene la obligación de preservar el interés público así como evitar que éste sea afectado por un litigio privado entre empresas de telecomunicación. Independientemente del curso que el mismo deba llevar por la vía de los tribunales y de la resolución que esa instancia emita respecto a las responsabilidades de las partes, resulta imperiosa la necesidad de restituir en los hechos la primacía del interés público”.

   A partir de esas premisas los legisladores hicieron las exhortaciones antes transcritas para que el Ejecutivo federal restituyera la señal del Canal 40 a su legítimo concesionario, sin demérito de los derechos que Televisión Azteca pueda acreditar.

  

Retirar concesiones a Azteca

   En la discusión de ese tema la Comisión Permanente escuchó al senador Raymundo Cárdenas, del PRD, quien precisó la gravedad del abuso que ha cometido Televisión Azteca y la sanción a la que esa televisora se ha hecho acreedora:

   “Deberíamos exigir respuesta al secretario de Gobernación a la pregunta siguiente, ¿si la televisora Azteca violó el artículo 72 de la Ley Federal de Telecomunicaciones –que dice que las personas que presten servicios de telecomunicaciones, sin contar con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 11 y 31 de esta ley, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectiva– no perdería en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones?”.

   La cancelación de las concesiones que ahora benefician a Televisión Azteca podría decidirse también con apego al artículo 31 de la Ley Federal de Radio y Televisión que, entre las causas para revocar una prerrogativa de esa índole, señala “cambiar la ubicación del equipo transmisor sin previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, “cambiar la o las frecuencias asignadas…”, o “cualquier falta de cumplimiento a la concesión”.

   Televisión Azteca, sin contar con autorización para ello, ocupó las instalaciones de otra empresa televisora, usurpó una señal que no le ha sido concesionada y durante varios días la utilizó para retransmitir programación de otro de sus canales.

   En su turno el diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde, censuró la actitud inicial de las autoridades que no quisieron alterar sus vacaciones de fin de año para atender el desafío que les impuso Televisión Azteca y explicó: “El interés que tiene mi grupo parlamentario en que el Estado cumpla con su labor y regule –no controle ni manipule– a la televisión, es con el fin de que los ciudadanos elijan entre varias opciones de información y entretenimiento”.

   Luego el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, encontró que en este caso hay complicidad entre los transgresores y la autoridad y recordó que el alquiler y la compra-venta de concesiones se ha convertido en una práctica de diversos empresarios de la radiodifusión que violenta el marco jurídico.

   Al otro día, el jueves 23, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados recibió, en sendas sesiones, a representantes de las dos televisoras en conflicto.

 

Diego y Madrazo, preocupados

   De esa manera, la dejadez gubernamental ante un asunto cuya gravedad preocupó a muy diversos espacios de la sociedad mexicana llevó al Congreso a interesarse y expresarse en ese tema. Los legisladores deploraron la ausencia de la señal del Canal 40 en el dial televisivo del Valle de México, exigieron la restitución de antena y frecuencia a esa empresa y criticaron muy duramente el comportamiento del gobierno federal.

   Otras voces del mundo político insistieron en tales cuestionamientos. El viernes Crónica dio a conocer el punto de vista del senador Diego Fernández de Cevallos, para quien resulta “verdaderamente grave que después de que TV Azteca hizo uso de su derecho a reclamar su dinero, cometa la brutalidad de realizar un asalto a mano armada. Ahí es donde debe estar la ley, distinguiendo (entre) los verdaderos derechos de TV Azteca y los excesos y prepotencia con la que se comportaron para hacerse justicia”.

   Ese día por la tarde el presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo, consideró que una tarea fundamental del gobierno “es abrir espacios de comunicación, mas no cerrarlos”. Sin embargo en el caso del Canal 40 la autoridad “se tardó en intervenir”. Madrazo dijo también que “legislar en torno a los medios de comunicación es un tema pendiente de la agenda nacional, y que hay un gran reclamo para avanzar en la revisión de la actual ley”.

 

Inmolación en el Ajusco

   Así que sus propios excesos han llevado a Televisión Azteca a favorecer, involuntariamente, una causa contra la que durante años ha militado con obstinación. Esa empresa y sus directivos, igual que otros medios, se han opuesto a la reforma legal para la comunicación de masas en nuestro país. Sin embargo los abusos de TV Azteca en las semanas recientes han propiciado que, como nunca, hoy en día la sociedad mexicana y sus principales fuerzas políticas compartan la convicción de que es urgente actualizar la legislación para los medios electrónicos. De esa manera se propiciaría que las concesiones de televisión y radio estuvieran manejadas por empresas capaces de cumplir con los compromisos sociales y el apego a la legalidad que esa responsabilidad les impone.

   En esa escalada autodestructiva que solo pueden propiciar la ambición desmedida, la arrogancia desbordada y un petulante sentimiento de impunidad, Televisión Azteca también parece empeñada en devastar su mejor patrimonio que no son las concesiones y las antenas sino la confianza de la sociedad.

   La desfachatada utilización de los canales que tiene concesionados y que ha aprovechado para defender sus intereses particulares, la difusión impúdica de mentiras para tratar de justificar los abusos que ha cometido y la presentación parcial y fragmentada de opiniones que manipula en esa campaña para distorsionar la realidad, le han restado a Televisión Azteca gran parte de su ya discutible credibilidad.

   Como en los peores tiempos de los medios adosados al poder político cuyo respaldo les resultaba imprescindible, pareciera que a Televisión Azteca no le interesa el público, ni la sociedad, sino un solo telespectador: el obsequioso televidente que la favorece desde Los Pinos (o incluso desde Europa, como sucedió ayer).

   Esa alianza es tan manifiesta que la señora Martha Sahagún de Fox no tuvo escrúpulo alguno para presentarse hace unos cuantos días en los canales de TV Azteca, sabiendo que hay un litigio de intereses entre esa y otra televisora, para solicitar contribuciones a su extravagante campaña para que los niños campesinos tengan bicicletas. 

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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