Escrutinio sobre la libertad de expresión

La Crónica, 24 de agosto de 2003

Durante varios años el presidente Vicente Fox se dijo identificado con la reivindicación de los derechos humanos. Ahora se manifiesta incómodo cuando observadores internacionales llegan a México para verificar el respeto o las infracciones que se practican respecto de ese tema.

   El viernes de la semana pasada el presidente de la República aseguró que su gobierno “no tiene esqueletos escondidos en el desván”, unos cuantos días antes de las críticas de Amnistía Internacional por la deficiente atención que esta administración –igual que las anteriores– han brindado a los centenares de asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez. Poco después de esa afirmación presidencial llegaría a nuestro país otro calificado observador internacional, el doctor Eduardo Bertoni, que es Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

   La visita oficial de Bertoni comenzó el lunes 18 y terminará pasado mañana. Ese abogado argentino se ha entrevistado con docenas de periodistas, funcionarios del gobierno, investigadores académicos y defensores de derechos humanos que han acudido, algunos prácticamente en tropel, a ofrecerle sus respectivas apreciaciones sobre las dificultades que experimenta el ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país.

   El miércoles Bertoni estuvo en Guerrero y antier, en Chihuahua. Estados diferentísimos, con circunstancias económicas, sociales y geográficas muy distantes entre sí, ambas entidades representan la variedad de vicisitudes que padecen la prensa, así como quienes la hacen y los destinatarios de sus mensajes. En Guerrero la persecución a reporteros ha sido parte de un más amplio panorama de intimidaciones y autoritarismo. En Chihuahua la confrontación entre los partidos políticos mayores y los intereses que de ella se derivan, a menudo se ha traducido en represalias a periodistas que quieren informar con independencia.

  

Ejercicio cotidiano

   Con frecuencia los amagos a la libertad de expresión no provienen del gobierno, como a menudo denuncian distintos periodistas, sino de los criterios estrechos o de la intolerancia de algunos propietarios de medios de comunicación. De hecho hoy es difícil sostener que, a diferencia de otras épocas, en México no haya libertad de expresión. Ella es ejercida cotidiana e intensamente y se mantiene –salvo excepciones, siempre preocupantes pero por fortuna escasas– no gracias a una concesión del gobierno sino en virtud de la decisión profesional de los comunicadores y el interés de la sociedad para respaldarlos en ese empeño.

   Incluso algunas de las más importantes empresas mediáticas han reconocido que el ejercicio de la libertad de expresión puede ser buen negocio y por ello, más que movidas por auténtica convicción de apertura, manifiestan más flexibilidad que antaño en sus políticas informativas.

   Sin embargo con frecuencia el gobierno, comenzando por el presidente, se ufanan de la libertad de expresión que “hoy” disfrutamos los mexicanos. Hay que reconocer que por lo general, la administración actual cumple con su obligación de respetar la diversidad de opiniones que se manifiestan en los medios, incluso con aquellas que son agudamente críticas hacia el gobierno mismo.

   Pero esa libertad ya existía en México, por lo menos desde hace una década. Quizá desde la segunda mitad del gobierno del presidente Carlos Salinas y durante todo el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, en los medios de nuestro país se pudo practicar una libertad para informar y opinar que no había existido durante el medio siglo anterior.  Así que cuando se adjudica el mérito de haber logrado esa libertad el presidente Fox no habla con la verdad.

 

Cuestionamientos

   A inconsecuencias como esa y otras de mayor gravedad, posiblemente se deba la incomodidad del presidente con la visita de comisiones y funcionarios internacionales encargados de apreciar el cumplimiento de los derechos humanos. A estas alturas del gobierno es posible contrastar los compromisos que Fox hizo como candidato con las dificultades o el desinterés para cumplir con ellos.

   En de los derechos humanos se está convirtiendo en un campo especialmente resbaloso para este gobierno. Más allá de la defensa de tales derechos en el plano internacional (asumiendo una actitud responsable en casos como el de Cuba) la administración del presidente Fox no ha tenido logros notables en el plano doméstico.

   En ocasiones esa administración ha sido perjudicada por infracciones y atentados cuya indagación no le corresponde directamente, como la muerte de la abogada Digna Ochoa.

   En otras ha actuado con negligencia, o sin invertir todos los recursos materiales y el interés político que hubiesen ameritado crímenes como los de Ciudad Juárez.

   Esos descuidos han suscitado duros cuestionamientos en la prensa internacional. La semana pasada la revista británica The Economist publicó una fuerte crítica ocasionada a la remoción de Mariclaire Acosta, la subsecretaria de Relaciones Exteriores encargada de los derechos humanos. Más allá del balance que pueda hacerse del desempeño como funcionaria de esa activista interesada en el tema desde hace años, parece que el gobierno mexicano ha decidido conferirle un perfil más bajo a su compromiso con la defensa internacional de tales derechos.

   Ayer sábado, The New York Times dio a conocer un agrio editorial en donde considera que el presidente Fox ha resuelto replegarse en dicho tema. Ese diario sugiere que la necesidad de llegar a acuerdos parlamentarios con el PRI está llevado al gobierno mexicano a interesarse menos en la defensa de los derechos humanos.

 

Riesgosa subjetividad

   La de expresión es una libertad cuya apreciación, en casos no extremos, puede estar supeditada a apreciaciones subjetivas. No hay duda que existen persecuciones en contra de ella cuando a un gobierno clausura un periódico en represalia por contenidos que ha publicado, o cuando impone censura previa. Pero cuando a un periodista lo despiden de un medio no siempre se puede considerar que se debe a una imposición del gobierno. O, en casos de otra índole, cuando un reportero sufre un asalto o es lesionado, no siempre se puede considerar que padeció ese incidente debido a su condición de periodista.

   Hay ocasiones, desde luego, en las que resulta indudable la comisión de atentados contra periodistas como sucedió hace varios años contra Jesús Blancornelas, el director del semanario Zeta de Tijuana. Pero aun en esas circunstancias es importante precisar la responsabilidad del gobierno o de las instituciones estatales.

   Aquella agresión contra Blancornelas –que para fortuna de sus lectores se recuperó y con gran valentía sigue trabajando en el mismo sitio y acerca de los mismos temas– fue perpetrada por una banda de narcotraficantes cuyos capos estaban descontentos con las denuncias que ha publicado. En ese caso el gobierno mexicano no tenía culpa alguna, pero ha cumplido con el cometido de dotar de protección al periodista.

   La necesidad de distinguir entre distintos niveles de responsabilidad en las infracciones a la libertad de expresión exige que el diagnóstico sobre ella tenga que acudir a fuentes muy diversas para luego contrastarlas, en una tarea que sin duda no es fácil. Ahora mismo el doctor Bertoni, después de haber escuchado docenas de incidentes y versiones sobre las restricciones a la prensa en México, debe estar apreciando un panorama repleto de contradicciones.

   Además, en ocasiones, la preeminencia de versiones parciales e incluso prejuiciadas, puede distorsionar la evaluación de los observadores internacionales. En no pocas ocasiones las evaluaciones que distintos organismos internacionales –tanto intergubernamentales como no gubernamentales– han hecho de la situación política y social en México, han estado definidas por una notoria parcialidad.

 

Misión del PEN Club

   Hace algo más de diez años pudimos conocer un caso de parcialidad, incluso cercana a la charlatanería, con motivo del estudio que vinieron a hacer a México varios importantes organismos internacionales interesados en la defensa de la libertad de prensa.

   En octubre de 1991 una delegación del PEN Club Internacional vino a México para conocer el ejercicio de la libertad de expresión. El grupo, de cuatro escritores y periodistas, estaba integrado por el periodista John Farrell y Linda Merle Wolin, reportera radicada en Los Angeles, así como por el escritor argentino Alberto Manguel que venía en representación del PEN canadiense y la periodista Ellen Saenger del Comité Canadiense para la Protección a los Periodistas.

   Los cuatro, se reunieron con numerosos periodistas, funcionarios y dirigentes de partidos políticos. Grabaron centenares de horas con esas versiones acerca de las condiciones de los medios en México. Tomaron kilómetros de notas. Reunieron material como para un libro, o más.

   Desgraciadamente todo ese trabajo resultó infructuoso y en el caso de alguno o algunos no era mas que una pantalla, porque por lo menos uno de los integrantes de la misión antes de llegar a México ya tenía preparadas las conclusiones que presentaría al organismo internacional que lo envió.

   John Farrell venía con el propósito de presentar un panorama absolutamente desfavorable acerca de la libertad de prensa en México. A varios de los mexicanos con quienes se entrevistó, así como al resto de los miembros de la misión, les mostró el documento que luego publicaría como resultado de la visita.

   El propósito de Farrell, que acabó siendo convalidado por otros miembros del grupo, no era inocente. En aquellos meses en Estados Unidos y Canadá se discutía la pertinencia de incorporar a México al acuerdo comercial de esos países. Farrell proponía rechazar el intento mexicano para establecer el NAFTA, o TLC, debido a que los estadounidenses y canadienses no podían asociarse con un país en donde se asesinaba, perseguía y censuraba impunemente a los periodistas.

   En México había persecuciones a la prensa. Pero pocas de ellas podían atribuírsele al gobierno federal. Concluir, a partir de esa situación, que nuestro país estaba inmaduro para la apertura comercial con los vecinos del norte, constituía una posición autoritaria y discriminatoria pero, además, interesada.

 

Reconocida parcialidad

   Afortunadamente no todos los miembros de la misión compartían los prejuicios de Farrell. La periodista Merle Linda Wolin se escandalizó cuando supo que las conclusiones de la investigación de la que formaba parte habían sido preparadas antes de conocer los testimonios que recogerían en México y se negó a suscribirlas. Además denunció esa parcialidad tanto en la prensa de nuestro país como ante el PEN Club Internacional.

   Este columnista siguió muy de cerca aquel asunto. Durante varias horas conversé con tres de los miembros de la misión cuando estaban recabando opiniones. Desde entonces me percaté de que más que indagar, algunos de ellos querían enjuiciar a los medios y al gobierno mexicanos. Por ejemplo, las muertes de algunos periodistas que habían ocurrido por motivos ajenos a su desempeño profesional querían mostrarlas como resultado de la represión estatal contra los informadores.

   En noviembre de aquel 1991 el Pen Club Internacional aprobó en Viena una resolución sobre la libertad de prensa en México sumamente agresiva contra el país y el gobierno. Sin embargo la protesta de algunos de los integrantes de esa organización logró que se designara un comité especial para investigar el asunto mexicano.

   Ese comité lo integraron Max Benavides y Kathleen Hendrix, colaborador y editora de Los Angeles Times; Eleen Lutz, directora de Human Rights Watch en California; Douglas Anne Munson, abogada y miembro del PEN; Allan Parachini, director de asuntos públicos de la Fundación californiana ACLU y Clara A. “Zazzi” Pope, abogada del departamento legal de la Warner Bros.

   Durante más de un año ese comité estudió el trabajo de la delegación que había venido a México y las protestas que ocasionó su desempeño. Sus conclusiones fueron presentadas a la directiva del PEN Club a comienzos de 1993 y se publicaron por primera vez el 28 de marzo de aquel año en esta columna, que en esa época aparecía en el diario unomásuno.

   La comisión especial de ese organismo internacional consideraba que “muchos aspectos de la misión son y siguen siendo puntos de controversia que hacen desdeñable la resolución. Muchos aspectos de la controversia sobre la misión a México resultan de diferencias de opinión y de interpretación fundamentales para el propósito de la misión en general, las circunstancias que rodearon a esa misión en particular y el antagonismo personal que, desde un principio, dominaron la conducta de la misión a México”.

   Allí se apunta que tanto Farell como John Ralston Saul, del Centro Canadiense del PEN Club, desde el inicio de la misión querían presentar una resolución desfavorable a México con el propósito de que los parlamentos de Canadá y Estados Unidos rechazaran la propuesta de Tratado de Libre Comercio.

 

Dilemas de Bertoni

   En opinión de la comisión especial, el informe final de la misión a México no debía ser publicado debido a la ausencia de indagaciones sólidas y la parcialidad de sus consideraciones. “El reporte de una misión de derechos humanos –decía la comisión– es precisamente una de las varias maneras de presionar a un gobierno para prevenir o detener abusos a los derechos humanos. Un reporte no es necesariamente un éxito de una misión sobre derechos humanos –aunque la publicación del reporte sea uno de los objetivos establecidos para tal misión–. Un reporte de la misión debería ser publicado solo si: a) amplía el conocimiento acerca de las violaciones a los derechos humanos y b) contribuye a presionar a un gobierno para que suspenda tales violaciones”.

   El fracaso de aquella misión a México no descalifica los esfuerzos serios para preocuparse por los derechos humanos y específicamente por la libertad de expresión en nuestro país. Pero obliga a tomar con una pizca de sal los resultados de cualquier delegación que con unos cuantos días de estancia pretenda tener una apreciación completa y confiable sobre la compleja situación de los medios, los periodistas y sus vinculaciones con el poder político y la sociedad.

   Sin duda el doctor Bertoni, con experiencia internacional en este asunto, ha tomado prevenciones para someter a un cernidor racional muchas de las opiniones que habrá escuchado en los días recientes. La Relatoría de la que es titular, creada hace cinco años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene la responsabilidad de conocer y denunciar violaciones a la libertad de expresión que deben ser de muy diversa índole.

   En México la persecución directa a periodistas es, por fortuna, poco frecuente. Ello no significa que, cuando ocurre, no sea grave. Sin embargo los informadores dentro de cada medio a menudo están supeditados a insuficientes condiciones laborales y profesionales. Y sobre todo la libertad de expresión se encuentra condicionada a un régimen legal autoritario, así como al favoritismo que el gobierno federal y varias de las principales fuerzas políticas manifiestan a los consorcios mediáticos más influyentes.

   La concentración en la propiedad de los medios, especialmente en el campo de la televisión, atenta contra la diversidad de opciones comunicacionales a la que tiene derecho la sociedad y constituye el principal dique para un auténtico ejercicio de la libertad de expresión en México. Junto al acaparamiento de concesiones por parte de Televisa, destaca el comportamiento atrabiliario de Televisión Azteca que violentó el orden jurídico al asaltar las instalaciones del Canal 40, uno de sus competidores en el Valle de México.

   La inerme condición jurídica y política en la que se encuentran las radiodifusoras comunitarias, la inexistencia de un auténtico sistema de medios públicos, las iniciales tortuosidades con que se aplica la Ley de Acceso a la Información Pública y la persistencia de un sistema jurídico en donde los delitos de prensa pueden ser sancionados con medidas penales y no de carácter civil como sugiere la tendencia internacional, se encuentran entre los temas que el relator Bertoni habrá conocido en estos días.

   Seguramente ese Relator se ha percatado de que un panorama tan complejo como es el de los medios en México no puede ser entendido a partir de prejuicios, ni diagnosticado con posiciones maniqueas.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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