Derecho al análisis crítico

La Crónica, 14 de mayo de 2003

El Acuerdo de la Procuraduría General de Justicia del DF en respuesta a la demanda penal que el señor Pedro Ferriz de Con presentó en mi contra puede ser entendido como un logro en la permanente causa por la libertad de expresión y el derecho a la crítica. No se trata de un aval a la difamación, ni a la intrusión de la prensa en la vida privada. Nada de eso había en los comentarios publicados en este espacio los días 5 y 13 de noviembre y que suscitaron la demanda de Ferriz.

   En aquellos textos escribí acerca del diferendo que ese locutor había tenido en el Grupo Imagen con los periodistas Carmen Aristegui y Javier Solórzano. La descomedida conducta de Ferriz en ese episodio se aunaba, recordé, a otros comportamientos discutibles en el transcurso de su carrera profesional.

   Nada dije, entonces, que no se hubiera publicado antes acerca de la trayectoria de Ferriz. Él, sin embargo, consideró que mis apreciaciones lesionaban su reputación personal y atentaban contra su vida privada.

   Con esos discutibles argumentos, Ferriz presentó el 11 de noviembre una denuncia penal en la Procuraduría General de la República. Yo me enteré de esa demanda el 8 de enero del presente año, cuando acudí a esa dependencia en atención a un citatorio.

   En variados medios, además de informar acerca de esa querella numerosos conductores de noticieros y comentaristas tomaron posición contra ella. No defendían únicamente la integridad física de este columnista (causa, me parece, suficientemente noble y perentoria) sino junto con ello, y antes de ello incluso, la libertad de expresión.

   Con motivo de esa denuncia, en una carta abierta dirigida al Procurador General de la República que apareció publicada el 14 de enero varias docenas de periodistas, académicos y legisladores hacían una precisión de principio: “Consideramos que la difamación y la calumnia deben ser castigadas con todo rigor cuando existan, y afianzar así una práctica jurídica que proteja la vida privada y la honra de las personas. Sin embargo, una cosa es difamar y otra muy distinta es el ejercicio crítico del periodismo”.

   Los firmantes de ese desplegado decían que, a diferencia del periodismo que busca sustentarse en principios éticos, “conocemos también el ejercicio de un periodismo frívolo, siempre cercano al poder en turno y en no pocas ocasiones, difamatorio que practica el señor Ferriz de Con”.

   Allí se consideraba: “Dados los antecedentes del denunciante, hay razones para temer que esta denuncia penal sea una respuesta vindicativa a los artículos que Raúl Trejo Delarbre ha publicado sobre importantes personajes del grupo gobernante en nuestro país”.

   Ese mismo día la PGR se declaró incompetente para atender la denuncia y trasladó el expediente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El 31 de marzo esa dependencia acordó el no ejercicio de la acción penal. Yo recibí copia de la resolución, después de solicitarla formalmente, la semana pasada.

   Allí se establece que en los comentarios impugnados por Ferriz no existió el dolo que la ley considera necesario para que haya difamación. En cambio, se dice, el contenido de mis columnas fue publicado “en ejercicio de la garantía de libertad de comunicación y prensa consagrada en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

   En esa resolución se considera que el denunciante presentó “apreciaciones subjetivas” y no “pruebas que no den lugar a duda” para, como demandaba, acreditar el ejercicio de la acción penal. Extenso y apoyado en varias tesis jurisprudenciales, el Acuerdo de la PGJDF forma parte de los precedentes útiles para normar el criterio de la autoridad en caso de nuevas denuncias que pretendan limitar las libertades de expresión y crítica.

   Ha sido pertinente subrayar que la libertad de expresión se puede ejercer a plenitud con la protección de las leyes. De la misma manera que ese derecho no implica impunidad para lesionar la vida privada de los ciudadanos tampoco es válido que con el pretexto de proteger la vida privada –como argumentaba Ferriz– se pretenda censurar el análisis acerca del desempeño público de los personajes públicos.

 

ALACENA: Gracias

Estoy profundamente agradecido con todos quienes con motivo de este asunto escribieron, hablaron o me expresaron su simpatía de distintas maneras. La defensa jurídica de mi caso que con espontánea disposición asumieron los doctores Luis de la Barreda Solórzano y Alicia Azzolini Bincaz, así como la licenciada Norma Angélica Ortiz, ha sido motivo de confianza y orgullo. El presidente de La Crónica don Jorge Kahwagi Gastine y el director general del diario, Pablo Hiriart, me ofrecieron un respaldo por el que estoy muy reconocido.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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