Una noche en la Cámara (diputados contra el decretazo)|

La Crónica, diciembre 22 de 2002

En tres ocasiones durante su extenuante última sesión de este año, varios centenares de diputados de las principales fracciones parlamentarias intentaron estropear el decretazo del presidente Fox que entregó el 90% del tiempo fiscal a los radiodifusores y reservó para el gobierno federal el uso de la pequeña porción que mantuvo en esos espacios en la televisión y la radio.

   Los legisladores no se propusieron abolir las disposiciones principales de aquel documento del 10 de octubre pasado, que junto con el nuevo Reglamento de Radio y Televisión obedeció a los deseos de las grandes y cada vez más ambiciosas corporaciones televisivas que quieren cada vez más privilegios y menos obligaciones. Para ello hubiera sido preciso que los diputados aprobaran una nueva ley de radio y televisión, asunto que todavía se encuentra a discusión en las dos cámaras del Congreso.

   Lo que se proponían esos legisladores era más sencillo, pero de cualquier manera indicaba el extendido disgusto que ha ocasionado la supeditación del gobierno a los radiodifusores. Sin cuestionar la legitimidad de la decisión presidencial para regalar a las empresas de ese ramo casi todo el tiempo que tenían obligación de  proporcionar al Estado, esos diputados buscaban que los espacios que aun quedan –equivalentes a 18 minutos diarios en cada canal de televisión y 35 en cada estación de radio– no fuesen utilizados solamente por el gobierno federal sino, además, por el resto de los poderes de la Unión.

 

Repartir el tiempo fiscal

   Esa propuesta, ya muy avanzada la noche del domingo 15 de diciembre, fue presentada cuando se iniciaba la discusión del dictamen al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2003. En varias ocasiones distintos legisladores instaron a modificar el artículo 30 de ese documento, que se refiere al impedimento que tendrán las dependencias del gobierno federal para contratar anuncios en radio y televisión si, antes, no han agotado los espacios de transmisión derivados del llamado tiempo fiscal.

   Cerca de la media noche el diputado Bernardo de la Garza, coordinador de la bancada del Partido Verde, sugirió una adición a ese artículo para que los 18 minutos diarios en televisión y 35 en radio, fuesen “distribuidos entre los tres Poderes de la Unión en partes iguales…. La dependencia encargada de hacer cumplir este precepto será la Secretaría de Gobernación».

   El diputado De la Garza recordó que la Ley de Ingresos para el ejercicio 2003 estimó en 2 mil 466.2 millones de pesos el valor de ese tiempo que las radiodifusoras y televisoras concesionadas deben otorgar para la transmisión de mensajes del gobierno. Eso implica, dicho sea de paso, que el costo del tiempo de transmisión que el presidente Fox les regaló el 10 de octubre a los empresarios de la televisión y la radio se puede apreciar en 22 mil 195.8 millones de pesos –siempre de acuerdo con los criterios con que ha sido tasado el costo del tiempo fiscal que sí se conservó, equivalente al 10% del que existía antes de esa fecha–.

   El líder de los diputados del PVEM consideró que si los grupos parlamentarios están interesados en fortalecimiento del Poder Legislativo, entonces tendría que ser de su mayor interés el acceso al tiempo fiscal en televisión y radio.

   “No es novedad la creciente influencia e importancia de los medios electrónicos en la vida diaria de nuestro país. Por eso debe ser la comunicación una herramienta fundamental del Poder Legislativo que contribuiría, sin duda, a cambiar la imagen actual que se tiene del propio poder y, claro, también del Poder Judicial. Esta adición además será un paso para fortalecer el anhelado sistema de pesos y contrapesos que votaron los mexicanos. De ahí deriva la composición actual del Congreso de la Unión. Así pues obedece también a un deseo ciudadano. Si la pluralidad, transparencia y el derecho a la información a través de los medios masivos de comunicación son prácticas de la vida cotidiana de la nación, entonces no debe haber ningún impedimento para que haya una repartición equitativa y justa para acceder a los tiempos fiscales de radio y televisión”, argumentó De la Garza.

   La presidenta de la Cámara, Beatriz Paredes, preguntó a los diputados si la propuesta de De la Garza era aceptada para ser discutida. En votación simple la mayoría la rechazó. Sin embargo el diputado del PVEM insistió en que hubiera una consulta nominal, registrada en el tablero electrónico donde aparecen los votos de los legisladores. 167 diputados votaron para que se abriera discusión sobre esa propuesta y 224 estuvieron en contra.

 

Diputados de 6 partidos

   Ya en la madrugada del lunes 16, mientras el pleno discutía otros artículos de la ley presupuestal, legisladores de varios partidos buscaban acuerdos para insistir en el tema del tiempo fiscal. El diputado Jaime Martínez Veloz, que en marzo de este año renunció al PRI y más tarde se incorporó al grupo parlamentario del PRD, fue vocero de diputados de seis partidos para presentar una nueva propuesta de adición al artículo 30 del documento presupuestario. Ahora se trataba de incorporar una adición que estableciera:

   «El pago en especie relativo al impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervienen empresas concesionarias de bienes de dominio directo de la Nación establecido en la ley que señala, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968 y cuyo pago se regula en el decreto publicado el 10 de octubre del año 2002, debe ser distribuido, en partes iguales, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La dependencia responsable de hacer cumplir este precepto será la Secretaría de Gobernación».

   Se trataba de la misma propuesta cuya discusión había sido rechazada algunas horas antes pero, ahora, con un respaldo multipartidario. Martínez Veloz sostuvo que “no puede haber equilibrio de poderes en este país con un desequilibrio en la comunicación. Creo que es importante que este tema toral, crucial para la República y para el equilibrio de los poderes, sea abordado por esta soberanía.

   Esa adición era promovida, además de Martínez Veloz, por los diputados priistas Jorge Esteban Sandoval, César Augusto Santiago, Rubén García Farías, José Hernández Fraguas, Samuel Aguilar, Jesús de la Rosa, Felipe Solís Acero, Patricia Aguilar, Rubén Félix Hays, Víctor Infante, Silverio López Magallanes y Reyes Antonio Silva.

   También respaldaban esa propuesta Martí Batres, coordinador de los diputados del PRD, José Narro Céspedes y Alberto Anaya del Partido del Trabajo, José Antonio Calderón del Partido Alianza Social, Bernardo De la Garza del PVEM y José Manuel del Río Virgen de Convergencia Democrática. Más tarde el petista Juan Carlos Regis Adame, que estaba inscrito para hacer una propuesta similar, dijo que se adhería a la de Martínez Veloz.

   Al finalizar su intervención Martínez Veloz comentó que en ese asunto habían tenido una “gran labor” los diputados priistas Eduardo Andrade y Rubén García Farías. Este último, pidió la palabra para insistir en que al dejarle el usufructo exclusivo del tiempo fiscal, “no es solamente educación social la que se le está entregando al Ejecutivo, sino que se están entregando instrumentos de propaganda política. Esto no lo voy a inventar yo, conocemos mucho los alardes de los propagandistas políticos del presidente Fox…”

   Entonces se votó si la propuesta acerca de la distribución del tiempo fiscal en televisión y radio se ponía a discusión. Después de tres minutos de votación el tablero electrónico registró a 202 diputados a favor de que el tema fuera discutido y 205 en contra. Se abstuvieron tres legisladores.

   Así que por tres votos, ya avanzada la madrugada del lunes 16, no se discutió la moción para que el tiempo fiscal no fuese solamente del presidente de la República.

 

Insistencias de madrugada

   Unos cuantos legisladores aun insistirían en esa propuesta. La diputada Lorena Beaurregard, del PRI, llegó más tarde a la tribuna para decir que el tema del tiempo fiscal había merecido atención especial en la Comisión de Hacienda cuando se dictaminó la iniciativa de Presupuesto Federal.

   “Es madrugada y suele ser difícil mantener la lucidez”, dijo esa diputada en una frase dirigida a los legisladores del PAN, a cuya “sensatez” convocó. En un intento para convencerlos, Beaurregard concedió: “Sé que por la naturaleza de las actividades del Ejecutivo no se les puede distribuir en igualdad de condiciones el mismo tiempo al Poder Ejecutivo que al Legislativo, que al Judicial o que a los organismos constitucionales autónomos”.

   Ese argumento contradecía las exhortaciones a la equidad entre poderes que habían sostenido los diputados de varios partidos que propusieron la distribución a partes iguales del tiempo fiscal. Beaurregard, en cambio, sugirió que el 60% de tales espacios se asignara al Ejecutivo, el 30% al Legislativo, 5% a los organismos constitucionales autónomos y el 5% al Poder Judicial.

   Como parte de la misma propuesta, Beaurregard planteó la necesidad de suprimir del artículo 30 una frase que autoriza a los medios de difusión del sector público a establecer convenios de intercambio de publicidad con medios privados. La diputada consideró que esa autorización sería violatoria de la Ley Federal de Radio y Televisión que prohíbe la transmisión de anuncios comerciales en los medios permisionados –que son los que están a cargo del Estado–.

   Puesta a votación, 157 diputados consideraron que esa propuesta debía ser discutida y 244 estuvieron en contra.

 

De la Garza, perseverancia

   Beaurregard no se conformó con ese resultado. Como su esfuerzo de conciliación no prosperó, a pesar de que había sacrificado el argumento más importante de quienes antes de ella defendieron la distribución equitativa del tiempo fiscal esa diputada tabasqueña, de Macuspana, se aferró al reproche testimonial. Entonces exigió que en el Diario de los Debates quedase consignada su protesta por no haber sido considerada la llamada de atención que hizo contra una violación a la Ley Federal de Radio y Televisión.

   Mencionado por Beaurregard entre los legisladores que habían impulsado la propuesta para ampliar la distribución del tiempo fiscal, el diputado Bernardo de la Garza tuvo una nueva oportunidad para intervenir –y sellar el debate acerca de ese tema– desde su curul.

   El coordinador parlamentario del PVEM consideró que es triste el hecho de que el partido ahora en el poder “cambie sus posturas radicalmente”. El joven e inteligente diputado, que estudió Contaduría en Monterrey logró enderezar, en una breve intervención, reproches a sus recientes y a sus futuros aliados políticos: “Si hoy fuera el PRI el que estuviera en la presidencia estoy seguro que toda la oposición, incluyendo al Partido Acción Nacional, hubiera aceptado que los tiempos se distribuyeran entre todos los Poderes del Estado. Sin embargo debo reconocer que es una estrategia adecuada porque si uno tiene un brazo electoral, no se va a cortar él mismo el brazo. Lo que me sorprende y me duele mucho, es que algunos del PRI hayan permitido que se usen los tiempos (fiscales) para estrategias electorales”.

   De esa manera De la Garza se deslindó tanto del comportamiento de Acción Nacional, partido al cual el PVEM se asoció en las elecciones de 2000, como de la carencia de agudeza política en el PRI, con el que el Verde ha comenzado a establecer alianzas en varios sitios del país.

   El coordinador parlamentario del PVEM anticipó que los legisladores priistas que se habían negado a respaldar las propuestas para acotar el acceso del Presidente de la República a la televisión y la radio, “en junio van a estar presentando Puntos de Acuerdo quejándose de las estrategias mediáticas del gobierno y entonces no va a tener ningún sustento, porque hoy han renunciado a establecer equidad en los tiempos fiscales”.

   También desde su curul el coahuilense Benjamín Ayala Velázquez, del PRI, pidió la palabra para una moción que, en realidad, fue deslinde y explicación: “Sí hay priístas que creemos en esa equidad”, puntualizó.

 

Asunto pendiente

   Aquella larga madrugada, cuando por sortilegio de las argucias parlamentarias todavía transcurría la sesión del domingo 15 aunque ya daban las 7 de la mañana del lunes 16, los diputados aprobaron numerosas disposiciones –la principal de ellas, el presupuesto federal para el año próximo–. Muy pocas de las leyes que se votaron en esa jornada fueron sometidas a la discusión del pleno. El apremio para resolver las iniciativas de carácter económico antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, que según la Constitución no puede extenderse más allá del 15 de diciembre, llevó a los diputados a desvelarse aun a riesgo, como admitía la diputada antes mencionada, de extraviar la lucidez.

   Los diputados ahora se ufanan por haber aprobado el Presupuesto justo en el límite del periodo ordinario. Pero tantas prisas en el trabajo legislativo no pueden conducir a nada pertinente. Todavía en las primeras horas del lunes 16 se mantenía el cabildeo acerca del gasto público que sería aprobado unos cuantos minutos después. La improvisación con que se votaron esas disposiciones es tal que una semana después aun no se conoce el Presupuesto definitivo, porque todavía está siendo redactado por los diputados más enterados de esos temas y los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que los asesoran.

   En medio de ese fárrago, aunque de tal asunto prácticamente no se dijo nada en los medios, hubo diputados que buscaron espacios para limitar la discrecionalidad que el Presidente de la República se confirió a sí mismo en el ejercicio de los tiempos fiscales en radio y televisión. Sin haber sido aceptado para ventilarse en el pleno, el respaldo de más de 200 diputados a la discusión de ese tema indica que, para un significativo segmento del Poder Legislativo, la relación entre el poder público y los medios electrónicos de comunicación sigue siendo asignatura pendiente.

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