Para una nueva ley de radio y TV – La iniciativa ciudadana

La Crónica, 15 de diciembre de 2002

Más de la mitad de los senadores de la República respaldó la iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión presentada por los grupos sociales interesados en la reforma de los medios electrónicos de comunicación. Con tan notable aval, que no significa coincidencia plena con su contenido, el documento de los grupos a los cuales el gobierno quiso excluir de esa reforma con el decreto y el reglamento presidenciales del 10 de octubre ya tiene formalmente el rango de iniciativa. Ahora será analizado en un proceso que, si los legisladores quieren, podría tener resultados en la primavera próxima.

   Apenas el 4 de diciembre los representantes de esos grupos ciudadanos entregaron su propuesta a las comisiones de Reforma del Estado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Estos últimos hicieron suyo el documento con especial presteza, aunque será deseable que ahora las comisiones que lo revisen en ambas cámaras trabajen de manera coordinada para facilitar el intercambio de opiniones en un tema que es del mayor interés nacional.

   La presentación de la propuesta, ya como iniciativa, ocurrió el jueves pasado, 12 de diciembre. Los senadores Javier Corral Jurado del PAN y Raymundo Cárdenas Hernández del PRD, fueron responsables de darle formal entrada para su examen en esa Cámara.

   Aunque varios de ellos se habían comprometido a respaldarla, los senadores del PRI decidieron no firmar la iniciativa. Sin embargo Genaro Borrego –el priista a quien, como  presidente de la Comisión Especial de Reforma del Estado, le correspondió recibirlo de los organismos sociales que lo presentaron– estableció que su  grupo parlamentario, si bien acordó no suscribirla, lo instruyó para que expresara, acerca de la reforma legal para los medios: “la inminente necesidad y el compromiso que adquirimos de legislar sobre la materia, porque consideramos que las condiciones actuales no son acordes con las circunstancias nuevas que vive el país y con las exigencias y demandas de la nueva sociedad”.

   A su vez senador José Guillermo Herrera, del partido Convergencia, expresó un enfático apoyo a ese documento y a la reforma de la ley de radio y televisión.

   Todos los senadores del PAN que son 46, todos los del PRD que son 17 y el legislador de Convergencia, firmaron el documento cuya presentación estuvo a cargo de Corral Jurado y Cárdenas Hernández. Ayer se informaba que dos de los senadores del Partido Verde Ecologista habían decidido sumarse a ese respaldo.

   Los senadores del PRI no firmaron a consecuencia de la presión que sobre sus coordinadores parlamentarios ejercieron directivos de Televisa y Televisión Azteca. En la discusión de esa iniciativa el Revolucionario Institucional tendrá oportunidad de rectificar esa conducta, o de confirmar su connivencia con los intereses más autoritarios en la radiodifusión mexicana.

 

Concentración

   Precedida por consideraciones muy enfáticas sobre la disparidad del panorama comunicacional de nuestro país, en donde muy pocos tienen el privilegio de difundir a través de los medios electrónicos para la gran mayoría de los mexicanos, la iniciativa propone dos grandes cambios. El primero de ellos es el establecimiento de límites a la concentración de muchos medios en pocas manos. El otro, es la propuesta para que la asignación de concesiones y permisos, así como la supervisión de su utilización, estén a cargo de un Consejo Nacional.

   En su exposición de motivos los grupos que impulsaron la iniciativa dicen que el 76% de la radio comercial se encuentra en manos de 14 familias ­–añaden que tan solo 4 grandes cadenas aglutinan casi la mitad del total de las emisoras–. En televisión esa concentración es mayor y beneficia antes que nada a Televisa y luego, a Televisión Azteca. “Si consideramos sólo las emisoras concesionadas a inversionistas privados, el 87 por ciento de las estaciones de televisión están en manos de las dos cadenas mencionadas, situación impensable en otros países de economía de mercado como los Estados Unidos de Norteamérica”, señalan.

   Posiblemente los autores de ese diagnóstico se quedaron cortos. Según nuestras estimaciones el 80% de las televisoras comerciales son de Televisa y otro 13% de TV Azteca. En todo caso es evidente que en México la concentración de los medios electrónicos impide la competencia y por tanto, la diversidad de opciones para que la sociedad pueda elegir qué estaciones de televisión y radio sintoniza.

   La propuesta de ley establece, al respecto:

   “Las personas físicas o morales que operen empresas de radiodifusión no pueden obtener más concesiones cuando rebasen el cincuenta por ciento de la audiencia o de los ingresos del sector en una plaza”.

   Esa disposición constituiría un avance notable en contraste con la inmoderada acumulación de concesiones que ahora se concentran en pocos empresarios. Sin embargo el límite que se establece es demasiado alto en comparación con parámetros internacionales.

   En Alemania una empresa no puede contar con televisoras que alcancen más del 30% de la audiencia. En Italia el límite máximo es del 20% de las frecuencias o el 30% de los ingresos publicitarios. En el Reino Unido está prohibido que una empresa privada tenga más del 15% de las licencias para transmitir por televisión. En Estados Unidos no se permite que una sola empresa opere o controle estaciones que tengan más del 35% de la audiencia nacional ni más de una cadena de televisión nacional.

   Tampoco se establecen normas para la propiedad de radiodifusoras y televisoras por parte de quienes tienen intereses empresariales en otras áreas de la comunicación. En muchos países hay restricciones para que los dueños de estaciones de TV y radio ofrezcan, además, servicios de televisión por cable o posean periódicos impresos. La iniciativa que comentamos se preocupa solamente de la radio y la televisión de difusión abierta, que son los medios que alcanzan mayores audiencias, pero se olvida de otras vías de comunicación como la televisión por cable o los servicios de señales codificadas como Multivisión, Direct TV o Sky. Esa es una de las omisiones más notables del proyecto.

 

Consejo Nacional

   Hasta ahora, a diferencia del resto de las naciones con regímenes democráticos, en México la decisión acerca de quiénes tienen o no el privilegio de difundir por radio y televisión se encuentra en manos de un solo individuo: el presidente de la República.

   Ese funcionario, a través del secretario de Comunicaciones y Transportes, resuelve qué concesiones se otorgan y tiene atribuciones para renovarlas o no y eventualmente, para cancelarlas.

   Tal discrecionalidad, extrema y riesgosa, fue establecida por la Ley Federal de Radio y Televisión promulgada en enero de 1960 y que constituye el marco jurídico vigente para esos medios.

   La propuesta para sustituir a esa ley sugiere que la asignación de concesiones y otras decisiones queden a cargo de un “Consejo Nacional de la Radio y la Televisión”. Ese organismo tendría “ carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio” y estaría integrado por siete Consejeros, nombrados por el Senado de la República.

   Los miembros del Consejo durarían 7 años en su encargo y entre ellos designarían a un presidente cada tres años.

   Entre otras atribuciones, la nueva figura que se propone para tomar las decisiones del Estado en materia de televisión y radio estaría a cargo de “otorgar, modificar, renovar y revocar concesiones y permisos para estaciones de radio y televisión, asignándoles la frecuencia respectiva”. El Consejo debería velar por el cumplimiento de la ley, contando con atribuciones de inspección y vigilancia. Además estaría a cargo de administrar los tiempos fiscales y de Estado y de vigilar la observancia del derecho de réplica que la misma ley establecería.

   En caso de controversias entre autoridad, medios y sociedad, el Consejo tendría funciones de conciliación y arbitraje.

   Entre otras tareas a ese Consejo se le asigna la promoción de códigos de ética de los medios electrónicos. Allí habría un exceso de la ley porque tales códigos tendrían que ser resultado de una decisión voluntaria de cada empresa de radio y televisión, no de la inducción de la autoridad.

 

Medios comerciales

   Habría, según esa propuesta, tres modalidades para la transmisión de señales de radiodifusión.

   La explotación de ese recurso con fines comerciales se seguiría desarrollando, como hasta ahora, bajo la figura de concesión.

   El régimen de estaciones permisionadas, en el cual se encuentran ahora casi todas las televisoras y radiodifusoras propiedad del Estado, estaría dedicado a aquellas de carácter social y cultural, y/o para fines científicos, educativos o experimentales, que no tengan un propósito lucrativo.

   La propuesta establece una tercera variedad, las estaciones “de explotación directa”, que estarían operadas por algún órgano del Estado.

   Las concesiones, es decir las autorizaciones para el empleo comercial de una frecuencia de radio o televisión, tendrían una duración máxima de 12 años.

 

Medios de la sociedad

   Los permisos en cambio, se otorgarían “a instituciones u organizaciones civiles interesadas en la difusión de contenidos orientados a satisfacer necesidades de carácter, cultural, educativo, social, comunitario, científico y experimental, cuya finalidad no sea el lucro”.

   La propuesta dice que al menos el 20% de las frecuencias radiofónicas y el 10% de las televisivas serían destinadas a estaciones permisionadas. Esa disposición no afectaría a la actual distribución de frecuencias pero estaría vigente para la asignación de estaciones en lo sucesivo. Los permisos tendrían una vigencia de 8 años.

   A diferencia de la legislación actual, que impide que las estaciones permisionadas reciban publicidad pagada, la iniciativa propone que hasta el 7% del tiempo de transmisión en las televisoras y 14% en las estaciones de radio pueda ser comercializable.

 

Medios del Estado

   Los medios reservados al Estado, calificados como “de explotación directa”, podrían ser operados por entidades o dependencias de la administración pública federal, el Congreso, el Poder Judicial, los estados y municipios y los organismos constitucionales autónomos. Se trataría de medios no lucrativos y de servicio público cuya personalidad jurídica sería “preferentemente como organismos descentralizados”.

   Una de las innovaciones más relevantes que propone esa iniciativa es la creación de un “Consejo de Planeación y Administración” para los medios radiofónicos del Estado que vigilaría la proyección y el ejercicio de recursos. Además existiría un “Consejo de Programación” al que concurrirían miembros de las estaciones estatales. En ambos organismos habría, también, “consejeros representativos de la sociedad”.

   Adicionalmente a sus propias emisoras, el Estado dispondría de hasta 60 minutos diarios en cada estación de radio y televisión, distribuidos proporcionalmente entre las 6 y las 24 horas y “dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social”. La distribución del material para utilizar ese tiempo sería tarea del Consejo de Radio y Televisión.

   Esa hora diaria duplica los 30 minutos de los que ahora dispone el Estado para sus programas y mensajes y sería utilizada, en partes iguales, por: a) El Poder Legislativo Federal; b) El Poder Judicial Federal; c) Los Órganos Autónomos de Estado; d) Las Entidades Federativas (y del espacio que correspondiera a cada estado, la mitad sería para ser empleada por sus municipios); e) Los Partidos Políticos y f) Las Organizaciones Sociales y Civiles. El tiempo estatal es, como se sabe, distinto del llamado tiempo fiscal.

 

Concesiones, a licitación

   Para terminar con la discrecionalidad que ha concentrado en el Poder Ejecutivo la decisión acerca de las concesiones radiofónicas, la propuesta incluye la licitación pública de frecuencias de radio y televisión. Esa sería una de las tareas del Consejo Nacional que para otorgar una concesión, tomaría en cuenta elementos como la propuesta de programación de contenidos a transmitir, el pago de productos y aprovechamientos a favor del gobierno federal por el otorgamiento del espectro radioeléctrico y la revisión rigurosa de su expediente cuando se trate de empresas que ya hayan operado una estación de radio o televisión.

   La propuesta, de manera similar a la ley actual, prohíbe la participación de extranjeros como socios de una empresa concesionaria. Ese es otro de los ángulos discutibles en la reforma de nuestros medios electrónicos. Una posición natural, espontánea casi, sugeriría que la radio y la televisión tienen tanta influencia en la definición de los valores nacionales que debieran ser propiedad solamente de mexicanos. Pero ya hemos constatado que el cumplimiento de ese requisito no es garantía de que las transmisiones tengan un contenido nacional y mucho menos nacionalista. Al mismo tiempo, en todo el mundo la expansión y las fusiones de las empresas de comunicación, así como su carácter crecientemente transfronterizo, está propiciando una mayor apertura a la incursión de inversionistas de distintas nacionalidades.

 

Publicidad

   La propuesta de ley establece que la propaganda comercial no podrá exceder del 20% del tiempo total de transmisión en televisión y el 40% en radio. Esos límites parecen displicentes en comparación con el Reglamento presidencial del 10 de octubre que establece un máximo del 18% para la publicidad en televisión. Sin embargo la iniciativa considera que es publicidad aquella que se emite en cortes de programa y dentro de la programación, lo mismo que los llamados informerciales o los programas de telemercadeo.

   El  Reglamento del presidente Fox permite que en horarios de madrugada (o en otros momentos del día en el caso de las estaciones que ya los transmitían antes del 10 de octubre) se pueda difundir “programación de oferta de productos” que no es contabilizada en el tiempo comercial de cada estación. En cambio la iniciativa reconoce que a los llamados informerciales es preciso considerarlos como parte de los espacios publicitarios.

 

Programación

   Para la programación dirigida a los niños, se establecen pautas como la pertinencia de suscitar el interés científico, artístico y cultural; estimular la creatividad; propiciar la diversión; promover una cultura ecológica; proporcionar información sobre las enfermedades y su prevención y difundir los derechos de la infancia. Varios de esos parámetros se encuentran ya en la ley actual.

   También se mantienen previsiones similares a las ahora vigentes y  que prohíben “las transmisiones que impliquen o causen la corrupción del lenguaje, la apología de la violencia o el crimen, la discriminación racial, étnica, de género o religiosa; así como las locuciones contrarias a la dignidad de las personas, grupos minoritarios y vulnerables, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes obscenas, frases y escenas de doble sentido. Se prohíbe también todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y la identidad nacional”.

   Los programas de concursos, se vigilará que estén destinados “a premiar la habilidad o los conocimientos de los participantes, no sean lesivos para su dignidad personal y procuren la elevación de sus niveles culturales”. Esa disposición es parecida a la que, a ese respecto, incluye el Reglamento del 10 de octubre.

 

Producción nacional

   La iniciativa establece una importante previsión para estimular la producción televisiva que se realiza en nuestro país al proponer que por lo menos 20% del tiempo de programación diaria sea ocupado por materiales de origen nacional. La ley vigente solamente dice que deberá haber un mínimo de programación en vivo. El anterior reglamento de esa ley establecía que al menos el 10% de la programación debería ser en vivo. El reglamento de octubre pasado redujo al 5% ese piso básico.

   Con el fin de diversificar la programación, se establece también que al menos el 20% de ella será de producción externa a cada emisora. Se dice que esa producción sería cubierta “de acuerdo a Convocatoria publica emitida por el Consejo” aunque los radiodifusores podrán argüir que tienen derecho a contratar su programación con las empresas que les parezca pertinente.

 

Locutores

   La propuesta presentada por las organizaciones sociales interesadas en la reforma para los medios reproduce uno de los apartados más discutibles y  potencialmente discriminatorios de la ley actual, que es la obligatoriedad para que las transmisiones sean conducidas por locutores autorizados por el gobierno. Aunque la iniciativa eleva de secundaria a bachillerato y de bachillerato a estudios profesionales la escolaridad necesaria para obtener licencia de locutor en cualquiera de las dos categorías que existen, se conserva la necesidad de contar con dicho certificado expedido por la Secretaría de Educación Pública. Se mantiene la posibilidad de que la carencia de ese documento sea motivo para censurar voces u opiniones en los medios electrónicos.

 

Derecho de réplica

   En cambio constituye un avance notable el establecimiento de un  auténtico derecho de réplica que en la ley actual no existe y del cual el reglamento del 10 de octubre solo ofreció una grotesca caricatura. A su consustancial unilateralidad (unos cuantos difunden mensajes para muchos más) los medios añaden una frecuente prepotencia que crece cuando la sociedad no tiene instrumentos de defensa jurídica ante ellos.

   El derecho de réplica es uno de esos recursos. La iniciativa que comentamos considera que “toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas por radio o televisión que le puedan causar un perjuicio, tiene derecho a efectuar en el mismo medio su rectificación”. Si el ciudadano aludido de manera incorrecta hubiera fallecido, ese derecho podría ser ejercido por sus familiares directos. Para requerir la rectificación, que debería ser gratuita, habría siete días después de que se difundió la información. Si la rectificación no fuese transmitida, el interesado en la réplica podría acudir al Consejo de Radio y Televisión.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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