El club de los radiodifusores

La Crónica, noviembre 7 de 2002

Hace 21 meses, cuando quiso instalar el Consejo Nacional de Radio y Televisión, el secretario Santiago Creel tropezó con la oposición de los principales empresarios de ese ramo. Ahora que ya están contentos no pondrán reparos a que el secretario de Gobernación cumpla con el artículo 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión que dispone la existencia de ese organismo.

   En febrero de 2001, cuando Creel anunció que en breve comenzaría a funcionar, los empresarios de la radiodifusión se negaron a la creación del Consejo. La ceremonia que Gobernación ya había preparado tuvo que ser cancelada. En vez de ese organismo los radiodifusores crearon un “Consejo de autorregulación” que según dijeron ofrecería lineamientos éticos para el contenido de los programas que difunden. Los empresarios pretendían sustituir con esa entidad al Consejo dispuesto por la ley. El Consejo de Autorregulación no sido mas que una coartada decorativa, a juzgar por la pésima calidad y la escasa responsabilidad que prevalecen en las estaciones de televisión y radio.  

   El gobierno inició entonces un proceso de consultas para aparentar que en ese asunto no solo tenía como interlocutores a los empresarios de la radio y la TV. El 5 de marzo de 2001 se instaló la “Mesa de diálogo para la reforma integral de la legislación de los medios electrónicos” en la que participarían legisladores, empresarios, representantes de partidos, organismos académicos y grupos sociales interesados en el tema. Al día siguiente la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión constituyó su Consejo de Autorregulación.

   Durante todo ese tiempo los empresarios de la radiodifusión se negaron a la formación del Consejo Nacional. Ahora han dado su autorización para ello, después de que el 10 de octubre pasado el presidente de la República modificó el reglamento de la Ley de Radio y Televisión y les regaló el 90% del tiempo fiscal que el Estado tenía en esos medios.

   El Consejo, según la Ley, debe estar integrado por cuatro representantes del gobierno (de las secretarías de Comunicaciones, Educación, Salud y Gobernación), dos de la Industria de la Radio y la Televisión y dos de los trabajadores. El reglamento de esa ley que estuvo vigente hasta hace un mes añadía un representante más de los trabajadores de esa industria. Sin embargo el ordenamiento que lo sustituyó prescinde de él y añade otros dos miembros del Consejo: otro representante de los empresarios y uno “de la sociedad civil organizada”, ambos con voz pero sin voto.

   La presencia de ese delegado de la sociedad le ha permitido al gobierno decir –con un muy pobre concepto de participación social– que gracias a las disposiciones del 10 de octubre los ciudadanos estarán presentes en las deliberaciones acerca de la radiodifusión.  Sin embargo los grupos de la sociedad más expresamente interesados en los medios, algunos de los cuales concurrieron durante año y medio a la mesa de diálogo, se consideran engañados por el gobierno que, sin consultarles ni avisarles, perpetró hace cuatro semanas el madruguete del 10 de octubre. Entre esas organizaciones no hay interés por participar en la ceremonia del día de hoy.

   En cambio el grupo llamado “A favor de lo mejor”, integrado por anunciantes de opiniones conservadoras, se ha propuesto para ocupar el sitio reservado a la “sociedad civil” en el Consejo Nacional de Radio y Televisión. Si se le concede esa posición, será una más que tenga el interés patronal dentro de dicho organismo.

   El Consejo Nacional de Radio y Televisión nunca ha tenido un funcionamiento real. Tampoco será útil ahora debido a su unilateral composición (todos sus integrantes, por vocación o supeditación, avalarán el interés de los empresarios) y a que sus facultades son más exiguas que nunca. El decretazo de hace 28 días le quitó a ese Consejo la atribución de “elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones” y lo dejó con funciones solamente consultivas. No será mas que un club diseñado al modo y según los apetitos de Televisa y TV Azteca.

   El gobierno no parece haber entendido el error político que cometió el 10 de octubre. Se equivocó en la forma pero sobre todo en el fondo. Ahora la Secretaría de Gobernación se dispone a reeditar ese desatino con una propuesta de ley para los medios públicos que prepara sin someterla a la discusión de la sociedad, ni de los trabajadores de tales medios.

   La reforma del marco legal de la radiodifusión tiene que ser integral. De nada serviría un ordenamiento para medios públicos (que para el gobierno son simplemente los medios bajo su control) si no forma parte de una actualización completa de las leyes para la comunicación. Esa reforma no surgirá de Bucareli, sino del Congreso de la Unión.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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