Después del decretazo

La Crónica, 20 de octubre de 2002

Las cuentas les salieron mal. Otra vez la ausencia de operación política, la carencia de sensibilidad social y la prácticamente nula memoria histórica, así como la falta de visión de Estado, llevaron al presidente y sus colaboradores a un litigio innecesario. El regalo que les hicieron a los principales empresarios de la televisión y la radio le  costará a la nación recursos muy cuantiosos. Pero además abrieron un nuevo flanco que expone, debilita y muestra al gobierno en una patética y preocupante vulnerabilidad ante los dueños de los medios electrónicos.

   Numerosas voces han descalificado, por su forma y fondo, las disposiciones presidenciales del 10 de octubre para la radio y la televisión. Si los operadores del gobierno, comenzando por el presidente Fox y el secretario Creel, pensaron que con esas medidas además de congraciarse con los empresarios de dicho sector recibirían aplausos de la sociedad, se equivocaron garrafalmente. Si supusieron que el asunto sería olvidado en poco tiempo también cometieron un oneroso error de cálculo. Si al estimar precios y beneficios consideraron que con tal de recibir la bendición de las televisoras valía la pena resistir una andanada de cuestionamientos por parte de la sociedad interesada en estos asuntos, también allí demostraron insuficiente experiencia política.

   El decretazo del 10 de octubre, como de manera gráfica se le puede llamar a la expedición del nuevo reglamento de la ley de radio y televisión y de las normas que disminuyen el tiempo fiscal en esos medios, tendrá un costo que posiblemente el presidente Fox y su secretario de Gobernación todavía no imaginan.

   Por lo pronto esa decisión a la vez autoritaria y culposa –y por añadidura ofensiva para los grupos sociales y los legisladores que estaban comprometidos con el gobierno en la revisión del marco jurídico de los medios electrónicos– ha permitido confirmar que, al menos cuando se trata de promover sus intereses de corto plazo, la administración del presidente Fox en casi nada se distingue de la discrecionalidad, la fullería y la tortuosidad con que actuaban los gobiernos que le antecedieron.

   No en todo son iguales el actual y los anteriores gobiernos. Una diferencia entre ellos ha sido, en este caso, el afán de la administración del presidente Fox para justificarse aunque para ello tenga que mentir de manera ostensible. El decretazo pilló con los dedos tras la puerta a los propagandistas del gobierno que solo una semana más tarde comenzaron a intentar explicaciones ante los fundados cuestionamientos a las medidas del 10 de octubre. Pero lo que les sobra en arrogancia les falta en argumentos.

   El desplegado que la secretaría de Gobernación hizo publicar el pasado viernes 18 en varios diarios confirma –aunque no haya sido esa la intención de sus autores– algunas de las principales críticas que desde el primer momento se pudieron formular ante el decreto y el reglamento para la radio y la televisión. Veamos cómo distorsiona la Secretaría de Gobernación las implicaciones del Reglamento y el Decreto en algunos temas cardinales.

 

   1. Concesiones. El desplegado del gobierno asegura que se amplía la transparencia en la asignación de concesiones. Eso no es verdad. El único cambio a ese respecto fue la definición de los documentos que deben presentar los aspirantes a una concesión pero el otorgamiento de ellas sigue estando en manos de la Secretaría de Comunicaciones. Esa atribución del Poder Ejecutivo no podía ser modificada en el Reglamento porque se encuentra establecida en la Ley de Radio y Televisión. Pero el Reglamento, a diferencia de lo que dice la Segob, podía haber creado un procedimiento menos discrecional.

   Ya que nos referimos a las concesiones, hay que advertir que el disgusto ante las normas que expidió el gobierno ha llevado a desatender otra decisión del 10 de octubre. Ese día Bernardo Gómez, el dirigente de los radiodifusores, dijo que el gobierno ha refrendado 110 concesiones. No explicó si entre ellas se incluyen las 83 que la Secretaría de Comunicaciones renovó en diciembre del año pasado y cuyos beneficiarios esa dependencia mantuvo en secreto durante varios meses. En todo caso hay al menos 27 concesiones de cuyo refrendo el gobierno ha omitido ofrecer cualquier información. ¿Y así se dice que hay transparencia?

 

  2. Participación. Ante las críticas a la minúscula participación que se le abre a la “sociedad civil” en el Consejo de Radio y Televisión al permitírsele tener un representante con voz pero sin voto, Gobernación asegura que la integración y las atribuciones de ese organismo son establecidas por la Ley y no por el Reglamento. Sin embargo el Reglamento anterior contemplaba la participación de un integrante adicional a los que establece la Ley. Por otro lado, el Reglamento nuevo reduce las facultades de ese Consejo.

 

   3. Derecho de réplica. En este aspecto el documento de Gobernación intenta una maniobra de inusitada audacia: pretende enmendar el Reglamento suscrito por el Presidente de la República.

   El documento del 10 de octubre indica, como mucho se ha deplorado, que el derecho de réplica solo se podrá ejercer “cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio o televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información”.

   El manifiesto de la Segob dice, en cambio: “Cualquier persona podrá ejercitar el derecho de réplica cuando una estación de radio o televisión, citando o no la fuente de la que obtuvo la información, difunda hechos falsos e injuriosos”.

   Si con el desplegado que dio a conocer el viernes 18 la Secretaría de Gobernación quiere corregir el Reglamento presidencial del día 10, debería recabar para él la firma del licenciado Fox y hacerlo publicar en el Diario Oficial.

   Lamentablemente no estamos ante una rectificación que sería saludable, sino delante de un engaño de esa secretaría. No puede pensarse que se trata de un descuido porque entre las primeras críticas al impracticable derecho de réplica que se contempla en el Reglamento, y la publicación del manifiesto de Gobernación, transcurrieron siete días –tiempo suficiente para que esa dependencia preparase una respuesta seria, lo cual por lo visto no pudo hacer–.

 

   4. Los 30 minutos del Estado. El documento se ufana de la media hora diaria con que cuentan las instituciones estatales para difundir sus mensajes en cada emisora de radio y televisión. Ese espacio no podía ser modificado por la vía reglamentaria ni con un decreto presidencial porque se encuentra establecido en la Ley Federal. El manifiesto tampoco menciona que esos 30 minutos son los únicos de los que ahora disponen los mensajes electorales, educativos y de instituciones como el Congreso, porque el Poder Ejecutivo se reservó para sí mismo el ejercicio del tiempo fiscal.

 

   5. La derogación del 12.5%. En este apartado el texto de la Segob hace cuentas pícaras y esgrime varias mentiras. Allí se dice que el reciente Decreto garantiza que una parte de los mensajes que se transmitan en ejercicio del nuevo tiempo fiscal serán difundidos en horarios preferenciales.

   Eso no es cierto. Lo que esa disposición presidencial establece es que dichos tiempos de transmisión (los 18 minutos diarios en televisión y los 35 en estaciones de radio con los que se sustituye al tiempo equivalente al 12.5%) “serán distribuidos de manera proporcional dentro del horario de las 6 a las 24 horas”. Eso implica que si tiene 18 minutos al día para transmitir en el transcurso de 18 horas, el gobierno dispondrá de 1 minuto cada hora y en cada estación televisiva.

   La Segob se ufana de ese espacio como si fuera de un logro muy importante. Para aparentar que así es, el mencionado desplegado ofrece una tabla comparativa en donde se muestran los anuncios que el gobierno difundía hasta ahora en una televisora y los que tendrá en la nueva situación.

   Según ese documento hasta la semana pasada el tiempo fiscal significaba 35 mensajes de 30 segundos en horario de madrugada entre media noche y 6 de la mañana; 22 spots de 6 a 20 horas; ninguno entre 20 y 23 y uno más entre 23 y 24 horas.

   Ese ejercicio del tiempo fiscal, si es que se realizaba de tal forma, implicaba una enorme negligencia por parte de las autoridades responsables de administrar tales espacios –específicamente, la Dirección de Radio, Televisión y Cine de la Secretaría de Gobernación–. No había motivo legal para que el gobierno aceptase que más de la mitad de sus mensajes se difundieran de madrugada y ninguno en horario Triple A.

   Gobernación considera que ahora las cosas serán distintas porque el Decreto indica que los tiempos de transmisión se distribuirán proporcionalmente. Pero se le olvida advertir que el Acuerdo al que ese Decreto sustituye decía exactamente lo mismo: “Los tiempos de transmisión… serán distribuidos proporcional y equitativamente dentro del horario de transmisiones”.

   ¿Por qué ahora sí la misma regla se aplicará en beneficio del interés del gobierno y no según la conveniencia de los radiodifusores como hasta ahora ha sucedido? Más allá de los acuerdos extralegales a los que pueda haber llegado con los concesionarios más poderosos, el gobierno carece de asideros para ese optimismo.

 

   6. Ejercicio del tiempo fiscal A pesar del riesgo de cansar a los lectores, nos parece útil detenernos en este aspecto y documentarlo con algunas cifras porque el desplegado de la Segob puede llegar a confundir con los datos que menciona sobre el uso del tiempo fiscal.

   Según el ejemplo publicado en ese manifiesto, el gobierno federal transmitía 60 spots de 30 segundos cada uno (es decir, 30 minutos diarios) en un canal de televisión. Gobernación no explica por qué utilizaba solamente media hora en vez de las tres horas de las cuales podía disponer según el Acuerdo de 1969 que ha sido sustituido por el decretazo del 10 de octubre.

   Ese sub ejercicio de un valioso recurso público como es el tiempo para difundir mensajes del Estado (no solo del gobierno, como sucederá ahora) podría ameritar una indagación judicial. Hay que reconocer que ese ejercicio insuficiente se practica desde hace varios y no lo inició el actual gobierno. Pero en este, como en cualquier asunto, las ineficiencias o las faltas de las administraciones anteriores no justifican que se les siga practicando en nuestros días.

   Si el gobierno hubiera ejercido cabalmente las tres horas a las que tenía derecho en cada estación de radio y TV habría podido difundir, cada hora, 15 mensajes de 30 segundos. No todo ese tiempo era utilizado para mensajes breves sino, de manera importante, para transmitir series de diversas instituciones educativas y de servicio, así como los programas de debate de los partidos políticos. Pero ya que el manifiesto de Gobernación hace estimaciones solo en segmentos propagandísticos de 30 segundos seguiremos empleando esa unidad a fin de comparar el ejercicio real con el ejercicio legal del tiempo fiscal.

   En vez de los 180 minutos a los que tenía derecho, el gobierno solo utilizaba 30. Pero la distribución de esa media hora diaria (a la que no hay que confundir con los otros 30 minutos para programas del Estado que establece la Ley de Radio y TV) no se realizaba de manera proporcional a pesar de que, como hemos indicado, ese criterio existía desde el Acuerdo que ahora ha sido reemplazado.

   Gobernación publica el siguiente cuadro.

 

NÚMERO DE SPOTS DE 30” POR HORA

HORARIO

ANTES

AHORA

0:00 a 6:00

35

0

6:00 a 20:00

22

28

20:00 a 23:00

0

6

23:00 a 24:00

3

2

TOTAL

60

36

 

   A partir de esa comparación el documento de la Segob especula sobre la audiencia que tenían los mensajes transmitidos de acuerdo con los criterios que según dice existían antes y la difusión que tendrán ahora. Lo que no recuerda es que la transmisión en horarios de madrugada se debía a negligencia y debilidad del gobierno. Limitar el ejercicio del tiempo fiscal a media hora y no a las 3 horas de tiempo diario implicaba un costoso incumplimiento de la ley. Pero permitir que los concesionarios impusieran su interés relegando esos mensajes a horarios de audiencia casi nula, era expresión de la preponderancia del interés empresarial sobre el interés del Estado.

   En el siguiente cuadro mostramos cómo se habría distribuido el tiempo fiscal si la Secretaría de Gobernación hubiese cumplido con la proporcionalidad que establecía el Acuerdo anterior y a cuánto habría ascendido si, además, hubiera ejercido las 3 horas diarias a las que tenía derecho.

 

NÚMERO DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS SI SE HUBIERA CUMPLIDO

 CON LA DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DEL TIEMPO FISCAL

HORARIO

Con 30 minutos diarios

Utilizando los 180 minutos diarios que permitía el 12.5%

0:00 a 6:00

15

90

6:00 a 20:00

35

210

20:00 a 23:00

7.5

45

23:00 a 24:00

2.5

15

TOTAL

60

360

 

 

     7. Ejercicio del tiempo del Estado. Gobernación dice que de los 30 minutos del tiempo estatal (que, insistimos, es distinto al tiempo fiscal) solo se aprovechaba una porción mínima. En otro cuadro en donde compara esa utilización con las nuevas opciones para emplearla, el desplegado afirma que el “Tiempo del Estado… En la práctica el promedio era de una cápsula de 5 min. por día”.

   Esa afirmación contradice a otros documentos del gobierno federal. El Segundo Informe del presidente Fox, en los Anexos sobre el tema “Gobernabilidad democrática”, indica que el tiempo del Estado en televisión fue aprovechado en un 91.1%.

   Entre septiembre de 2001 y agosto de 2002, de 94 mil 535 horas disponibles se transmitieron mensajes y programas del Estado por un total de 86 mil 130 horas. Eso significa un promedio de 27 minutos y medio diarios en cada televisora y no los 5 minutos que ahora dice la Segob. Con tal de maquillar las nuevas reglas, Gobernación falsea la información que el mismo gobierno federal ha proporcionado acerca del uso del tiempo del Estado.

 

   8. Atribuciones del gobierno. No es nueva la subordinación del gobierno a los dueños más importantes de la televisión y la radio. El 10 de octubre ese sometimiento se manifestó con una crudeza que nunca había sido tan evidente. Pero antes de las nuevas disposiciones, la capacidad de presión de las grandes televisoras ha significado la renuncia del gobierno a ejercer sus atribuciones legales para asegurar el cumplimiento de la ley en materia de medios electrónicos.

   En su apartado más patético, el manifiesto de la Secretaría de Gobernación trata de responder de la siguiente manera a las críticas que se han formulado a la difusión de muchos mensajes estatales en horarios de madrugada, en tanto que no había ninguno en espacios Triple A:

   “…el Estado no contaba con instrumentos para exigir mejores horarios”.

   ¡Qué confesión tan triste de inhabilidad para hacer cumplir el orden jurídico! Claro que sí había sustento legal para que el gobierno defendiera el interés del Estado en la asignación de horarios. Ese fundamento se encontraba en el Acuerdo presidencial del 27 de junio de 1969 que estableció la opción para que los radiodifusores pagasen con el 12.5% de sus tiempos de transmisión el impuesto –ciertamente confiscatorio y abusivo– equivalente a la cuarta parte de sus ganancias, que había creado el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

   El artículo tercero de ese Acuerdo prevenía: “En caso de que el concesionario no proporcione los tiempos de transmisión a que está obligado o no cumpla con sus otras obligaciones, el impuesto será cubierto en efectivo y, en su caso, se exigirá a través del procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de las demás acciones que procedan”.

   ¿Qué medida de apremio podía ser más eficaz que esa? Por supuesto siempre habría sido deseable el diálogo para persuadir a los radiodifusores de que cumplir con la transmisión de los mensajes  estatales era parte de sus responsabilidades con la sociedad. Pero es inaceptable que ahora el gobierno sostenga que no tenía recursos jurídicos para defender los tiempos del Estado.

   Lo que no tuvo fueron interés ni voluntad. Tampoco tiene éxito el gobierno cuando intenta justificar el decretazo del 10 de octubre. Mejor que no se afane: cuando, como diversos indicadores sugieren, el Congreso apruebe una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, el Reglamento Fox será prescindible.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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