15 mentiras del gobierno y la CIRT

La Crónica, 13 de octubre de 2002

1. Las nuevas reglas para la radio y la televisión constituyen un avance democrático. Aunque el jueves en su reunión con los radiodifusores el presidente Vicente Fox dijo que las nuevas reglas para la radio y la televisión forman parte de “una relación transparente, acorde con la realidad del México democrático de hoy”, ese ordenamiento y la cancelación del 12.5% del llamado tiempo fiscal fueron acordados a espaldas de la sociedad y el Poder Legislativo. Se trata de una decisión tomada, únicamente, entre el gobierno y los principales empresarios de esa área. El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Bernardo Gómez, pudo ufanarse al dar a conocer las nuevas disposiciones: “hemos reconstruido las reglas que para los medios de comunicación electrónicos son importantes, todo ello en beneficio de la legalidad, de la transparencia y del servicio a la sociedad mexicana”. A él, al presidente Fox y al secretario de Gobernación se les olvidó que las reglas en México, al menos según el marco jurídico, debieran ser establecidas por el Congreso. Se trata de un caso único en donde las normas son establecidas por quienes van a ser destinatarios de ellas.

 

2. El tiempo fiscal se debió al intento del gobierno a fines de los años sesenta para acallar a los medios. La CIRT se empeña en decir que durante décadas fue víctima del disgusto del gobierno por decir la verdad sobre los acontecimientos de 1968. Esa afirmación es insostenible si se contrasta con los numerosos testimonios que existen acerca de la parcialidad de los medios electrónicos, que callaron ante la represión al movimiento estudiantil e incluso la respaldaron. El presidente de la CIRT aseguró el jueves pasado: “Durante 33 años este impuesto amenazó nuestra libertad de expresión por su incertidumbre”. Sin embargo la disposición  establecida por el gobierno de Díaz Ordaz era clarísima: a cambio de un impuesto equivalente al 25% de sus ganancias y que fue creado en diciembre de 1968, el gobierno y los radiodifusores pactaron medio año más tarde que el Estado podría utilizar el 12.5% del tiempo de transmisiones.

   La posibilidad de pagar con la octava parte del tiempo de transmisiones un impuesto ciertamente oneroso, que equivaldría a la cuarta parte de sus ingresos, fue propiciada por los radiodifusores. El 4 de octubre pasado Crónica publicó el testimonio de un agente de la secretaría de Gobernación que describe el júbilo de Emilio Azcárraga Milmo cuando festejaba aquel acuerdo con Díaz Ordaz. De acuerdo con dicho informe de un agente que ejercía tareas de espionaje, ese empresario y varios amigos suyos celebraban en junio de 1969, en un restaurante, la negociación que habían logrado con el entonces presidente.

 

   3. La entrega del 12.5% de su tiempo de transmisiones empobrecía a los empresarios de radio y televisión que necesitaban de esos espacios para difundir más publicidad. Los tiempos oficiales nunca estorbaron a los empresarios para vender anuncios. Se trata de espacios distintos. Si la publicidad en los medios electrónicos ha disminuido se debe a otros motivos (el encarecimiento de tarifas, el estancamiento en otras áreas de la economía, la búsqueda de otras opciones publicitarias por parte de los anunciantes) pero no a que los anuncios estatales desplazaran a los de carácter comercial.

   En cambio el Reglamento expedido por el presidente Fox el jueves 10 de octubre permite que las estaciones de televisión vendan más espacios publicitarios de los que antes les estaban permitidos. El reglamento anterior indicaba que a partir de las 20 horas las televisoras podían destinar para anuncios comerciales solo la mitad del tiempo autorizado en otros horarios, que era equivalente al 18% del tiempo de transmisiones. Ahora el tiempo para esa propaganda puede ser, a cualquier hora, del 18% (es decir, casi once minutos en cada hora).

 

   4. Debido al tiempo fiscal los medios electrónicos se encontraban en una situación de incertidumbre. Los tiempos equivalentes al 12.5% no les quitaban fuentes de ingresos a los radiodifusores que de todos modos venden y difunden toda la publicidad que pueden. Si había dudas sobre la observancia del tiempo fiscal era debido al constante regateo de los concesionarios para tergiversar e incumplir la ley en ese aspecto. Durante el proceso electoral de 2000 la CIRT se negó a transmitir los anuncios de los partidos políticos y del IFE porque, de pronto, los directivos de esa Cámara consideraron que el tiempo fiscal era solamente para el gobierno federal y no para instituciones como el Instituto Federal Electoral. También insistieron en que el 12.5% debía calcularse sobre el tiempo destinado a publicidad comercial y no sobre el tiempo total de transmisiones.

   En realidad el Acuerdo que Díaz Ordaz expidió el 27 de junio de 1969 no dejaba lugar a dudas. A cambio del impuesto equivalente al 25% de sus ventas los concesionarios podrían “solicitar se les admita el pago de su importe con el doce y medio por ciento diario del tiempo de transmisión de cada estación. El Estado, por conducto del Ejecutivo a mi cargo, hará uso de ese tiempo para realizar las funciones que le son propias de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión…”

   Aquella disposición era clarísima. El 12.5% debía calcularse sobre todo el tiempo de transmisiones. Si una estación difundía 24 horas diarias el tiempo fiscal tenía que ser de 3 horas. En ese espacio se podían propagar mensajes y programas del Estado, no solo del gobierno federal.

 

5. El Estado sale ganando con las nuevas disposiciones. El presidente Fox aseguró: “se establecen nuevas condiciones para que la industria cumpla con sus obligaciones tributarias y para que los mensajes del Estado lleguen a mayores audiencias y tengan el impacto necesario”. Sin embargo el Decreto que firmó pocas horas antes de ensalzarlo de esa manera despoja al Estado no solo de la mayor parte del tiempo fiscal. Además les quita a las instituciones estatales el derecho a participar de los minutos que el gobierno pudo conservar.

   En lugar de los hasta 180 minutos que significaba en cada estación de televisión y radio, el tiempo fiscal quedó reducido a 18 minutos diarios en televisión y a 35 en radio. Se trata de una pérdida del 90% y de más del 80%, respectivamente.

   Ese espacio solo puede ser utilizado por el gobierno. El Decreto de Fox establece que dicho tiempo será “para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal”.

   Con ese Decreto el Presidente de la República les quita espacios de difusión –es decir, parte de su patrimonio para relacionarse con la sociedad– al Instituto Federal Electoral y a los partidos políticos, a instituciones educativas como la UNAM, al Poder Judicial, al Congreso de la Unión, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos. Esas instituciones podrán utilizar la media hora de tiempo estatal que establece el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión (que es un espacio distinto al tiempo fiscal). Pero esos 30 minutos serán insuficientes. Por ejemplo, el día que se difunda una de las mesas redondas producidas por el IFE y a las que concurren representantes de todos los partidos, no habrá más minutos para anuncios de promoción del voto ni para propaganda de los mismos partidos en tiempo fiscal. En la UNAM los productores de varias series de reconocida calidad y audiencia nada desdeñable, ya han expresado su intensa preocupación ante la inminente cancelación de los espacios en los cuales se transmiten tales programas.

 

6. Los mensajes del gobierno se difundirán ahora en mejores horarios y tendrán más audiencia. El secretario Santiago Creel aseguró el viernes: “hemos ganado ciento por ciento en niveles de audiencia para el tiempo desde el punto de vista que se le da al Estado y al gobierno”. Se refiere a los horarios de poca audiencia que a menudo se adjudicaban al tiempo fiscal. Sin embargo al titular de Gobernación se le olvida que el decreto que el presidente y él acaban de derogar no precisaba horarios para el ejercicio de ese tiempo. Si en ocasiones a los mensajes y programas del Estado los radiodifusores les asignaban horarios de madrugada o en las mañanas, cuando la audiencia de los medios electrónicos es menor, se debía a la inconsistencia del gobierno –precisamente de la Secretaría de Gobernación– para defender esos espacios.

   El nuevo Decreto establece que los 18 y 35 minutos diarios en televisión y radio podrán ejercerse entre 6 y 24 horas. Es decir, no habrá más mensajes oficiales en la madrugada. Pero en ningún sitio dice que habrán de transmitirse en horario Triple A. No hay elemento alguno para que se pueda decir que la comunicación del gobierno mejoró en audiencia porque no se sabe a qué horas será transmitida la mayor parte de ella.

   Al contrario, el Decreto implica una enorme pérdida de calidad en el uso de ese tiempo. Anteriormente los espacios fiscales podían ejercerse en segmentos de cualquier duración. Gracias a ello se transmitían programas de media hora y hasta una hora, como las producciones del IFE y la UNAM. En cambio ahora ese tiempo, que como indicamos antes sólo puede ser ejercido para mensajes del gobierno, únicamente se empleará en segmentos de 20 a 30 segundos. Solo habrá espacio para pequeños anuncios y ya no para programas de mejor extensión y contenido.

 

7. Las nuevas disposiciones sustituyen al impuesto que dio origen al 12.5% del tiempo. El Decreto de Fox deroga al Acuerdo de Díaz Ordaz. Pero ese Acuerdo lo que hacía era ofrecer una modalidad distinta al artículo 9 de la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, publicada en el Diario Oficial  el 31 de diciembre de 1968. Esa Ley no ha desaparecido. El Decreto de Fox crea, según sus propios términos, “una nueva forma” para que los concesionarios den “cumplimiento a las obligaciones fiscales” que les impone aquella ley de 1968, la cual sigue vigente.

 

8. Se transparenta la adjudicación de las concesiones. El otorgamiento de una concesión de televisión o radio sigue a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No podía ser de otra manera porque esa atribución se encuentra establecida en la Ley Federal de Radio y Televisión que solo puede ser modificada por el Congreso. Lo que hizo el presidente fue expedir un nuevo Reglamento para esa Ley. Pero las nuevas normas no hacen mas que reiterar la discrecionalidad, la parcialidad y el autoritarismo gubernamentales en la asignación de concesiones. Si se hubiera querido propiciar alguna transparencia el Reglamento podría haberse establecido la realización de licitaciones públicas para adjudicar esas concesiones. Pero los autores de ese ordenamiento no tenían interés en la transparencia, sino en la apariencia.

 

9. El refrendo de las concesiones será automático. El presidente aseguró ante los radiodifusores que para la renovación de las concesiones se logró “el refrendo automático, libre de compromisos políticos”. Sin embargo el artículo 13 del nuevo Reglamento establece que la renovación de un título de concesión estará supeditada a “que el concesionario haya hecho un buen uso del espacio radioeléctrico…” lo cual será evaluado a partir de un informe técnico de la Secretaría de Comunicaciones y un dictamen de la Secretaría de Gobernación.

 

10. Las concesiones ahora serán por doce años. Así lo aseguró el presidente de la CIRT, Bernardo Gómez. Sin embargo el Reglamento no menciona ese plazo. Es posible que en las prisas por tener ese documento a tiempo para que Fox y Gómez lo anunciaran en la comida del jueves, no haya existido acuerdo en algunos de los temas que se querían incorporar a él. 

 

11. Se propicia la participación de la sociedad. El presidente Fox  se ufana de que “el nuevo Reglamento modifica la composición del Consejo Nacional de Radio y Televisión para que haya participación directa ciudadana en la fijación de criterios de clasificación de los contenidos de la programación”. También a ese respecto le informaron mal.

   El Reglamento anterior le confería a ese Consejo la facultad de “elevar el nivel moral, cultural y artístico de las transmisiones”. El Reglamento de Fox solo le adjudica funciones consultivas: “recomendar medidas”, “realizar estudios”, “proponer medidas”, “organizar festivales” y “promover la autorregulación”.

   En vez de más participación social, en ese Consejo ahora hay mayor influencia de los empresarios. El Consejo fue establecido por la Ley Federal y lo integran ocho personas: cuatro funcionarios del gobierno (representantes de las secretarías de Gobernación, Comunicaciones, Educación y Salud), dos representantes de los empresarios y dos de los trabajadores de ese ramo. Más tarde el Reglamento indicó que habría “un representante más de los trabajadores” de tal suerte que serían 3 y no 2 los delegados del sector laboral. Ahora las cosas serán al revés. El nuevo Reglamento dice que habrá un representante más, pero “de la industria de la radio y la televisión”.

   Además de los miembros que en ese Consejo tendrán atribuciones plenas, el nuevo Reglamento prevé incluir “con voz, pero sin voto, a un representante de la sociedad civil organizada”.

   Esa es la idea de participación social que tienen Fox, Creel y la CIRT. Que la gente hable pero que no intervenga en las decisiones. Voz sí, voto no.

   Por lo demás será muy interesante ver cómo se las ingenian para encontrar a “un representante de la sociedad civil organizada”. El Reglamento no indica merced a qué procedimiento se hará esa singular selección.

   Otra merma en detrimento de la participación social es la desaparición del Comité Asesor del Consejo Nacional de Radio y Televisión. El Comité Asesor, en cuya integración se contemplaba la presencia de miembros de las universidades, había sido creado por un decreto de 1986 y aunque nunca funcionó con regularidad podía haber sido un útil espacio de deliberación. El Decreto de Fox anula a ese Comité.

  

12. Hay un nuevo Registro de Radio y Televisión cuya información será pública. El dirigente de la CIRT aseguró que “se crea un Registro Público de Concesiones”. Sin embargo ese Registro ya existía o debía existir, de acuerdo con el artículo 40 del Reglamento recién derogado. El nuevo ordenamiento dispone la existencia de un Registro con información de los títulos de concesión y otros asuntos relativos a los medios electrónicos. Pero esos datos solo podrán ser consultados por el público cuando no se trate de información “que, por sus características, se considere legalmente con carácter confidencial”.

   Esa salvedad abre la posibilidad para que los beneficiarios de las concesiones, así como las fechas de vencimiento de cada título, sigan siendo secreto. Pudiendo acabar con una de las prácticas más sombrías de los gobiernos del PRI que siempre se negaron a esclarecer esa información, el gobierno actual se resiste a la apertura de tales datos.

 

13. Se establece el derecho de réplica en los medios electrónicos.

Ese derecho solo podrá ejercerse cuando no se cite la fuente de la cual se tomó información. Así que las calumnias o mentiras que se sustenten en cualquier versión, publicada antes de cualquier manera, podrán ser reproducidas sin que quienes sean perjudicados con ellas tengan derecho a replicar. Aun de esa manera, para ejercer tal derecho el afectado cuenta solamente con dos días (a diferencia de la Ley de Imprenta que establece un plazo de 8 días). El gobierno asegura que con el Reglamento, el derecho de réplica existe por primera vez en los medios electrónicos. Sin embargo ese derecho está presente desde hace varios años en la ley electoral aunque solo para candidatos y partidos en épocas de campaña.

 

14. Se acaba el encadenamiento forzoso de las estaciones de radio y televisión. El apartado XI del artículo 9 del nuevo Reglamento mantiene esa disposición al establecer, entre las facultades de la Dirección de Radio, Televisión y Cine de la Segob: “Ordenar y coordinar el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión”. Esa es además una prerrogativa del gobierno señalada en la Ley Federal de Radio y Televisión.

 

15. Las nuevas disposiciones eran una demanda de la sociedad  y un compromiso de campaña del presidente Fox. Ninguna fuerza política, ningún partido, ningún grupo de legisladores, ninguna agrupación profesional o académica, hasta donde tenemos noticia, propuso jamás que el gobierno les regalase a los radiodifusores el patrimonio que tenía con el 12.5% del tiempo fiscal. Tampoco hemos encontrado evidencia alguna de que, cuando era candidato, el ahora presidente de la República haya prometido algo así. Si acaso lo hizo en privado, de ello no hay constancia conocible. Los únicos que exigieron esas modificaciones fueron los empresarios más poderosos de la televisión y la radio. Con ellos, al expedir el Reglamento y el Decreto del 10 de octubre, es con quienes se ha congraciado el gobierno. Pero no con la sociedad.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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