Telecoartadas (el caso Stanley)

La Crónica, 30 de enero de 2001

Es imposible entender al caso Stanley sin la enorme cobertura que ha tenido en los medios de comunicación. Pero atribuir la decisión del juez Rafael Santa Ana a la presión mediática es una manera de distorsionar, atendiendo solo a una de sus muchas aristas, este complejo asunto repleto de matices y confusiones.

Este fue un asunto mediático desde el atentado del 7 de junio de hace dos años contra Francisco Stanley, un personaje cuyo intenso perfil público era representativo tanto del alcance que tiene la televisión, como de la manera en la que propaga mensajes banales y necios.

Televisión Azteca, como todos recordamos, tomó partido de inmediato y condenó al gobierno del Distrito Federal. Fue una reacción cuestionable en términos políticos y éticos. Podía haberlo sido también en el plano legal.

Eso fue hace casi 20 meses. Desde aquella fecha, durante año y medio y en un empleo tan patrimonialista como abusivo e ilícito de atribuciones y recursos públicos, el gobierno de la ciudad de México respondió a las impugnaciones de TV Azteca con una sarta de patrañas y amenazas, en el centro de las cuales estuvo el encarcelamiento de las seis personas que fueron liberadas el jueves pasado.

Los de Azteca fueron excesos mediáticos –que por cierto, no se mantuvieron con la misma desmesura de aquel 7 de junio–.

Los de la Procuraduría General de Justicia del DF fueron excesos legales, que persistieron durante muchos meses y que implicaron el encarcelamiento de seis personas cuya responsabilidad en el asesinato de Stanley no fue demostrada.

En estos días algunos comentaristas e informadores han sostenido que la decisión del juez Santa Ana estuvo inducida por los medios. No sabemos si en su fuero interno ese funcionario judicial se dejó convencer por lo que escuchó o conoció el algún medio de comunicación. Por lo demás, habría sido imposible desarraigarlo de su propia circunstancia de la cual los medios forman parte inevitable. Lo que sí sabemos es que la decisión fue plenamente legal.

También sabemos que si el juez hubiera tomado una decisión distinta, ratificando las condenas, los medios y los informadores que ahora lo acusan de haber sido presionado por la televisión entonces hubieran aplaudido su integridad e independencia.

En efecto hay una importante dosis de distorsión impuesta por los medios, pero especialmente por aquellos que atribuyen la excarcelación del jueves a motivos ajenos a los de carácter legal. Algunos, incluso dicen que todo ha sido una estratagema articulada por los medios más poderosos.

Es la telecracia, claman algunos informadores. Se trata de una posición argumentalmente endeble y que puede ser utilizada para ocultar el problema principal, que ha sido la ilegalidad en el comportamiento de las autoridades judiciales en la ciudad de México.

La telecracia o el dominio excesivo de la televisión, se encuentra presente en cualquier acontecimiento contemporáneo. Pero en este caso pareciera que nos enfrentamos, más bien, al intento por construir artificiosas telecoartadas que disculpen abusos judiciales.

El caso Stanley, si bien profundamente atractivo para los medios, no ha encontrado opiniones unánimes en ellos, ni en la sociedad. Varias empresas de televisión y radio así como algunos de los diarios más importantes, lejos de apoyar replicaron, objetaron y hasta denostaron y ridiculizaron a algunos de los encarcelados por el caso Stanley.

Si Mario Bezares tuvo o no alguna culpabilidad en la muerte de su socio, es asunto que quizá siga sujeto a evaluación judicial. Pero hasta ahora, de las evidencias conocidas en torno a dicho caso, no puede concluirse que ese personaje haya tenido participación en el crimen. Lo que sí puede asegurarse es que mientras estaba en prisión, Bezares sufrió una persecución mediática con injustificadas intromisiones en su vida privada. Gracias a ciertos medios nos enteramos hasta de las suposiciones que se hacían sobre la paternidad de su hijo.

Claro que hubo presión de los medios en el caso Stanley. Todavía la hay. Pero si midiésemos minutos de transmisión y líneas ágata y más aún, si evaluásemos adjetivos y especulaciones desatados alrededor de ese asunto, las actitudes de acoso, incriminación sin pruebas y descrédito deliberado en contra de Bezares y también de Paola Durante, Erasmo Pérez y sus compañeros de juicio, así como sus familias, serían mucho más numerosas.

Claro que ha existido presión de los medios. Muchos de ellos, algunos por adhesión política al gobierno del DF y otros simplemente porque la imputación vende más que la explicación, participaron del linchamiento que promovió Samuel del Villar.

Ahora el ex procurador del DF afirma que la televisora del Ajusco sostuvo una campaña en su contra. Es cierto, pero no reconoce que en respuesta a esas imputaciones él utilizó recursos judiciales, de manera extralegal.

Las declaraciones que Del Villar ofreció ayer en San Luis Potosí son tan alucinadas como la confabulación que él y sus colaboradores inventaron sobre el crimen de Stanley. Mezcla personajes, instituciones, intereses y hechos muy distintos unos de otros como parte de una conjura contra él y Cuauhtémoc Cárdenas. Aunque ofuscado, Del Villar no se equivoca al invocar de tal manera la protección del PRD. Ese partido defenderá al ex procurador, incluso a costa del deterioro político y moral que está padeciendo en este episodio, con tal de no avalar las dudas que existen sobre la gestión del ingeniero y su sucesora en el gobierno de la ciudad de México. Esos intereses parecieran ser reivindicados en la decisión del actual Procurador del DF para apelar a la resolución del juez Santa Ana.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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