Autorregulados radiodifusores

La Crónica, 8 de febrero de 2001

Si se le compara con el aislamiento respecto de los intereses de la sociedad que los radiodifusores han acostumbrado mantener, la creación de un “Consejo de Autorregulación” anunciado ayer constituye un paso importante. La sola decisión para crear ese organismo, cuyas atribuciones y alcances aún están por precisarse, indica que los empresarios de la televisión y la radio reconocen que ellos solos no se bastan para definir el contenido de los programas que transmiten y que la sociedad tiene exigencias que para ser tomadas en cuenta requieren de cauces definidos.

   Pero si se le compara con lo que todavía hace falta, la creación de ese Consejo es un paso pequeño. El organismo de autorregulación podrá ser un recurso útil para ventilar opiniones sobre los contenidos que transmiten los medios electrónicos pero no será el único foro para ello y sobre todo, no sustituirá a otros espacios y cambios que está requiriendo la comunicación en México.

   Ese reconocimiento que hacen los radiodifusores a la necesidad de airear la discusión sobre el contenido de los medios, es un avance. La misma Cámara Nacional de esa industria, cuyo presidente anunció ayer en Los Pinos que el Consejo será creado dentro de un mes, recientemente ha coincidido con las muchas voces que desde hace tiempo consideran necesaria la actualización de la legislación para los medios.

   Durante mucho tiempo los radiodifusores estuvieron al margen del debate sobre los cambios jurídicos pertinentes para la comunicación en México. A veces permanecieron fuera de esas deliberaciones porque no los invitaban. Con cierta soberbia, los estrategas de la actualización legislativa en otros tiempos no consideraron pertinente convocar a tales discusiones a los dueños de las empresas de radiodifusión. Ese error todos lo pagaron con una mutua aversión: los promotores de los cambios legales vieron en los radiodifusores no a un interlocutor indispensable sino al ogro abominable cuyos excesos era preciso acotar. Por su parte los radiodifusores (y con ellos algunos empresarios de la prensa escrita) descalificaron a los promotores de la actualización legal adjudicándoles intenciones de censura que nunca existieron y distorsionando o ignorando sus propuestas.

   La reflexión pública sobre los medios y su régimen legal ha sido especialmente tortuosa por la perspectiva estrecha que durante muchos años asumieron algunos de los empresarios más relevantes en la televisión y la radio. Sabían que la legislación, que ya tiene más de 40 años, no sólo era atrasada sino además inequitativa con la sociedad e incluso con ellos mismos. Sin embargo preferían padecer el régimen de concesiones fuertemente supeditado al autoritarismo del gobierno antes que arriesgarse a un cambio que los llevara a encontrarse con nuevos interlocutores.

   Las condiciones para ese cambio de todos modos ya existen. Además una de las exigencias para la actualización de la vida pública mexicana es la modernización, en sus prácticas y en sus reglas, de los medios de comunicación.

   Esa innovación solo puede partir del reconocimiento –dejando a un lado antiguas e inmovilizadoras jactancias– de que los medios no han cumplido siempre con las responsabilidades que la ley les adjudica y que la sociedad merece. A una autocrítica de esa índole, según parece, se debe la creación del Consejo que ayer anunció Joaquín Vargas, el presidente de los radiodifusores, después de reunirse con el presidente de la República.

   No se han definido las normas que orientarán a ese Consejo, ni sus capacidades para constreñir a las empresas de radiodifusión a cumplir con las decisiones que tome. Estará integrado con representantes de agrupaciones como el Consejo Nacional de la Publicidad, la Asociación a Favor de lo Mejor y el Consejo Coordinador Empresarial, que han tenido voz en la deliberación sobre los medios pero en las cuales no se agota la diversidad que tiene la sociedad mexicana. Si el Consejo va a ser plural como Vargas aseguró, tendría que contar con opiniones más variadas y críticas del desempeño de los medios.

   La autorregulación no sustituye a la legislación. Ese Consejo podría ser uno de los espacios en donde se profundice la discusión sobre la reforma legal para los medios en México. Pero además, su agenda tendría que comenzar por el acatamiento a las leyes que ahora tenemos en materia de radiodifusión.

   La Secretaría de Gobernación sigue sin cumplir la exigencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República que, hace más de dos semanas, demandó su intervención para que, en cumplimiento a la ley, los programas denominados “talk shows” sean reubicados a un horario nocturno. Las empresas televisoras se han negado a observar esa obligación. El gobierno federal ha dejado sin respuesta ese requerimiento del Senado que, a su vez, se hizo eco de numerosas voces que han coincidido en su repulsión a tales programas televisivos.

   Otra disposición que no ha sido cumplida por la Secretaría de Gobernación es la creación del Consejo Nacional de Radio y Televisión establecido en el artículo 90 de la Ley Federal ese ramo. El “Consejo de Autorregulación” que anuncian los radiodifusores no puede relevar a ese organismo gubernamental, ni bastaría para aliviar la exigencia social sobre la responsabilidad de los medios. Tampoco puede reemplazar la acción del gobierno en asuntos como el de los “talk shows”.

   Qué bueno que los radiodifusores construyan una regulación de segunda instancia. La regulación de primera instancia es el acatamiento a las leyes. Una, no sustituye a la otra.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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