Por un periodismo sin fueros ni excesos

Este texto, fue presentado el 11 de marzo de 2000 a invitación de la Sociedad Interamericana de Prensa en el panel “Avances y Amenazas para el Periodismo en México y América Latina” en la Reunión de Medio Año de esa agrupación en Cancún, Quintana Roo.

La consolidación de la prensa en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, ha sido parte de los procesos de transición política y fortalecimiento democrático que hemos presenciado en los años recientes. Esa verdad de Perogrullo parece necesaria porque, a menudo, en nuestros países hay periódicos y periodistas que se consideran al margen de sus sociedades y de las instituciones que son sus principales interlocutores.

Ahora, la prensa es más sólida porque se encuentra en un contexto de liberalización política, reforma legal y consolidación institucional. Muchas de las restricciones que la prensa sigue padeciendo, suelen originarse en insuficiencias de esos procesos. Algunos de los sectores más reacios a la modernización política a veces deciden enfrentar, o tratan de cohechar, a periódicos y periodistas. Cacicazgos políticos, grupos de interés locales e incluso nacionales, gremios que se resisten a cambiar o, más recientemente, pandillas de narcotraficantes o mafias criminales de diversa índole, llegan a ser responsables de intimidaciones y a veces, abiertas agresiones en contra de periódicos y periodistas.

Graves atentados junto a hechos triviales

Hoy en día, salvo cuestionables excepciones, los atentados a la prensa y los periodistas no suelen provenir de los gobiernos, al menos no de los gobiernos nacionales, pero sí de camarillas que a veces se encuentran adosadas al poder político. Es importante distinguir las fuentes y modalidades de coacciones a la prensa, para identificar sus causas y apreciar su gravedad.

Con alguna frecuencia, diversos organismos gremiales y de defensa de derechos humanos colocan todos los reportes de agresiones a periodistas en un mismo cesto. En otras ocasiones cualquier denuncia, aunque no esté verificada, pasa a formar parte de los expedientes de ataques a la prensa.

Aparecen, entonces, acusaciones sobre asesinatos de periodistas junto a episodios de gravedad mucho menor. Revueltos unos con otros, los ataques realmente importantes quedan trivializados. Así también, es frecuente que asuntos de poca trascendencia aumenten de manera confusa las estadísticas de amenazas contra la prensa.

En el capítulo correspondiente a México del Informe sobre la libertad de prensa 2000 de la Sociedad Interamericana de Prensa que enumera varias docenas de casos ocurridos el año pasado, pueden identificarse al menos ocho modalidades distintas entre episodios que son considerados como agresiones y amenazas a la prensa.

1. Agresiones a periodistas debido a informaciones que han publicado. Por ejemplo, en febrero de 1999, el atentado armado contra Gastón Monje Estrada, reportero de El Mañana de Nuevo Laredo, por parte de una pandilla que quiso vengarse de él por haber publicado varias notas acerca de diversos hechos delictivos. En este caso, es indudable que estamos ante una intimidación ilegal, alevosa y condenable, en contra de la libertad de prensa y quien la ha ejercido.

2. Agresiones a periodistas por motivos distintos de su condición profesional. Todavía el año pasado, continuaron las investigaciones acerca del asesinato del periodista Philip True, del San Antonio Express News, ocurrida en noviembre de 1998 en la zona huichol, al occidente de México. No hay evidencias de que ese asesinato se haya debido al trabajo profesional que hacía True, aunque haya ocurrido durante el desempeño de esa actividad.

3. Citatorios a periodistas para que revelen la o las fuentes de donde han obtenido una información. En Culiacán, la Procuraduría General de la República citó a tres reporteros acerca de las denuncias que publicaron sobre acciones de corrupción entre agentes de la Policía Judicial Federal.

4. Restricciones a la circulación de periódicos. Por ejemplo, en agosto, el decomiso de ejemplares del diario La Jornada atribuido al gobierno de Chiapas.

5. Decisiones judiciales a causa de litigios entre empresas. El informe de la SIP menciona la demanda de Televisa contra Multivisión, por haber tomado sin su permiso fragmentos de un noticiero cuyo contenido tenía derechos reservados.

Reporteros pobres, junto a editores ricos

6. Decisiones laborales –aunque puedan tener causas políticas– en empresas de comunicación. En ese rubro se ubica la destitución del director de El Independiente en Hermosillo, Sonora, José Luis Hernández Salas, en el mes de septiembre. Esa decisión fue tomada por el Consejo de Administración del periódico y como Salas se rehusó a aceptarla, fue precisa una orden judicial para removerlo del cargo. Un problema distinto al anterior, es la frecuente indigencia de los salarios y las condiciones de trabajo de los periodistas. Reporteros y redactores pobres, en periódicos cuyos propietarios son ricos, constituye un binomio que forma parte de la injusticia en nuestras sociedades pero que en el caso de la prensa, tendría que causar bochornos y menos grandilocuencia: es frecuente que algunos de esos empresarios ricos, dueños de periódicos con reporteros pobres, engolen la voz y suscriban rimbombantes editoriales para hablar de justicia social.

7. Presiones de grupos sociales para amagar a periodistas. Esta modalidad de atentados contra la prensa parece estarse extendiendo en diversas zonas y asuntos y se origina en la idea de que la prensa es corresponsable de los problemas que padecen diversos grupos. En el mes de julio en Tezontepec de Aldama, en el estado de Hidalgo, un grupo de campesinos secuestró al director del semanario Solución, junto con su esposa, hasta que aceptó publicar fotografías de la presencia militar en esa zona, ocasionada por un litigio agrario.

También han sido presionados, a veces incluso con golpes y despojándolos de su equipo de trabajo y otras pertenencias, algunos de los reporteros que han cubierto diversos episodios del conflicto en la Universidad Nacional. El reporte de la SIP menciona las agresiones de un grupo de paristas contra una conferencia auspiciada por el diario La Jornada en el centro de la ciudad de México. Además, después de concluida la huelga, con demasiada frecuencia se siguen produciendo amenazas y atentados en contra de periodistas asignados a reportar las incidencias de ese conflicto. En todos los casos, los agresores han sido miembros del grupo que mantuvo el paro en la Universidad.

8) Denuncias judiciales que buscan reparación legal por delitos cometidos en la publicación de una información periodística. El informe de la SIP menciona la demanda que el alcalde de Nezahualcóyotl, Valentín Gómez, levantó contra el Diario 32 por el delito de difamación.

Excesos denunciatorios, riesgo demagógico

La tipología de atentados reales o aparentes en contra de la prensa, es tan amplia que puede conducir a errores graves en la apreciación sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Indudablemente son agresiones a la prensa las que pretenden evitar la publicación de informaciones obtenidas de manera profesional. Son restrictivas de la libertad de prensa la confiscación de ejemplares o cualquier otro intento para evitar que una información u opinión, si no infringen las leyes, sean publicadas.

Pero es discutible que sean atentatorios de esa libertad los veredictos de los tribunales por querellas entre corporaciones privadas, o la decisión de una empresa para despedir a un periodista siempre y cuando se cumplan las disposiciones que establece la legislación laboral.

Y puede conducir a excesos denunciatorios e incluso a posiciones demagógicas, incluir entre los atentados a la prensa las sanciones a periodistas por motivos ajenos a su trabajo. Simplificando, para ejemplificar, si a un reportero le levantan una infracción por estacionar su automóvil en un sitio prohibido esa no es una agresión a la libertad de prensa, por mucha molestia e indignación que la multa le cause al periodista.

Una prensa profesional tiende a reforzar la democracia y a abolir los privilegios. Nada más incongruente con esa tarea, que el propósito para que los periodistas tengan inmunidades y prerrogativas distintas a las que disfruta el resto de los ciudadanos.

Los periodistas no deben tener privilegios

Los periodistas no tienen por qué disfrutar de fueros. No están, ni pueden estar, al margen de la justicia. Cuando han cometido delitos de difamación o han atentado de manera alevosa contra la vida privada de las personas, nadie puede sorprenderse si son llamados a juicio y si, en caso de fincárseles responsabilidades legales, son sancionados.

Lamentablemente, en México la legislación acerca de los delitos de prensa es anticuada en algunos casos y en otros, no es suficientemente clara. Esa longevidad y ambigüedad, hace indispensable actualizar nuestras leyes en materia de medios de comunicación. Los principales interesados en ello deberían ser los periodistas, que de otra manera pueden ser víctimas de disposiciones de un arcaico autoritarismo. Paradójicamente, algunas de las resistencias a esa actualización de las leyes en materia de información, han surgido de grupos de periodistas.

Si hemos de ponderar avances y amenazas para la prensa, pareciera evidente que en la mayoría de los países latinoamericanos los primeros, han sido más que las segundas. Pero no resulta adecuado un contraste cuantitativo. Basta un solo amago contra un periodista, para considerar insuficientes todos los avances en beneficio de la libertad de expresión.

Por eso la tarea de grupos que recogen, publican y denuncian agresiones contra periodistas y periódicos, es necesaria y útil. Aun con errores, confusiones y exageraciones, esa labor resulta pertinente. Lo será más si esos grupos interesados en apoyar la libertad de prensa organizando la denuncia de los atentados contra ella, hacen un trabajo cada vez más riguroso, distinguiendo hechos circunstanciales de agresiones criminales, y reconociendo aquellos que se deben al trabajo profesional de los periodistas, de los que tienen su origen en otras causas.

Amenazas desde dentro del periodismo

Pero las amenazas al periodismo no se encuentran solamente en factores externos. En México, igual que en otros sitios de América Latina, algunos de los principales peligros para la integridad profesional del periodismo se originan en el gremio mismo de los periodistas. Este es un oficio de tal intensidad, pero junto con ello tan expuesto a los riesgos del engreimiento, la notoriedad y la prepotencia, que con demasiada frecuencia hay periodistas que se consideran por encima del resto de la sociedad y de los poderes formales.

La influencia del periodismo y los medios es tan acentuada en nuestros días, que hay periodistas convencidos de que su papel no es el de intermediarios capaces de transmitir o comentar los acontecimientos, sino el de protagonistas centrales de los hechos públicos. Hay periodistas que, entonces, creen que son inspectores, fiscales, jueces y hasta verdugos de otros actores sociales y políticos. Cuando el periodista supone que ejerce un contra-poder respecto de los poderes constituidos, comienza a extraviar la brújula y a suponerse elegido –naturalmente que por él mismo– para emprender tareas que son de los jueces, de los partidos, de los legisladores, o de los ciudadanos organizados.

Naturalmente que el periodista, sobre todo en ciertas circunstancias, no es cualquier ciudadano. Cotidianamente, tiene la oportunidad de contribuir a airear el enrarecido clima social haciendo bien su trabajo, es decir, tratando de decir las cosas que pasan y, si es posible, de explicar por qué pasan. En ocasiones, hay periodistas que se encuentran en la insólita circunstancia de publicar una denuncia, o el resultado de una investigación capaces de alterar la ruta de un gobierno o de un país.

En ninguno de esos casos, es admisible que el periodista tenga fueros. Tampoco, desde luego, puede tolerarse que se le pongan limitaciones al ejercicio de su desempeño profesional.

Autocrítica, para ganar autoridad moral

Sin embargo en muchas otras ocasiones hay periodistas que exigen privilegios, a veces extralegales o ilegales, tan solo por el ascendiente público que tienen. Resulta sorprendente la extendida tolerancia entre los periodistas, a las prácticas de corrupción y tráfico de influencias que hay en este oficio. En todos los oficios hay decentes y abusivos. Existen médicos, abogados, funcionarios públicos, banqueros o futbolistas deshonestos. Pero en pocos gremios hay tanta ausencia de autocrítica como entre los periodistas.

Esa autocrítica se echa de menos no solo para deslindar a quienes lo ejercen legítimamente, de aquellos que abusan de este oficio. También hace falta para evaluar el desempeño diario de los periodistas. Las equivocaciones son prácticamente inevitables cuando se trabaja con hechos de la mayor actualidad. Pero cuando hay periodistas y periódicos que cultivan –y publican– las murmuraciones y los rumores por encima de la investigación periodística, que lucran con el sensacionalismo y con la intromisión en la vida privada de las personas, o que de plano mienten a sabiendas con tal de vender más ejemplares, y cuando esas conductas tienen éxito propagandístico y mercantil, estamos ante un grave problema profesional. Sobre todo, estamos en problemas si tales conductas no son examinadas y discutidas abiertamente por los periodistas.

Al practicar esas conductas e incluso al dejar de reprobarlas cuando las cometen algunos de sus colegas, los periodistas pierden autoridad para cuestionar los excesos y abusos del poder político, o de otros actores de la vida pública.

Por eso, una de las principales amenazas para el periodismo radica en la complacencia y la complicidad de los periodistas consigo mismos.

Proteger a la gente, de la prensa

Los periodistas y los periódicos, tan exigentes como son con el resto de los actores sociales y políticos, podrían serlo también con su propio gremio. De esa manera ganarían credibilidad y autoridad, entre otras cosas para denunciar las agresiones que se cometen en contra de la prensa y los informadores. También podrían reconocer que no están al margen de las leyes, ni del respeto necesario entre quienes forman parte de la sociedad activa.

El problema no es nuevo. Hace ya demasiado tiempo, el escritor Mark Twain dijo sobre la libertad de prensa: “Hay leyes para proteger la libertad de expresión de la prensa, pero ninguna que haga algo para proteger, a la gente, de la prensa” (License of the Press speech, 1873).

Hoy en día, es pertinente que los periodistas reconozcan el creciente interés de la sociedad para que tengamos leyes actuales, códigos de ética y sobre todo actitud autocrítica, a fin de que la gente no se sienta desprotegida respecto de la prensa. Así tendríamos un periodismo más imbricado con su sociedad, claramente implicado en la transición democrática, más útil a los ciudadanos y, de esa manera, mejor amparado ante cualquier amenaza.

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