Calumniar no es ejercer la libertad

Publicado el 28 de enero de 2000 en la Crónica de Hoy

 

El Octavo Tribunal Federal Colegiado, en tercera instancia, sentenció a la periodista Isabel Arvide a pagarle cinco millones de pesos a la señora Sasha Montenegro a la cual, según los jueces, causó daño moral con las afirmaciones que hizo en un par de artículos en la revista Impacto, hace algo menos de tres años.

Arvide, que ya no tiene otra instancia judicial en la cual ampararse, asegura que se trata de un atentado a la libertad de expresión. Por su parte Montenegro, esposa del ex presidente José López Portillo, insiste en que no ha hecho mas que defender su honor y el de sus hijos, desacreditados por la periodista.

Este asunto ha causado inquietud en el gremio de los periodistas. Hay informadores preocupados por lo que, consideran, podría ser el inicio de una actitud intimidadora por parte del poder político y en contra de la prensa.

Hasta donde permiten conocer las informaciones periodísticas, las autoridades judiciales no hicieron mas que aplicar la ley para reconocer el daño moral que sufrió la señora Montenegro. En un primer artículo, Arvide calificó a la ahora esposa del ex Presidente como “una encueratriz venida a menos”. El interés por agredir personalmente se confirmó cuando, en una segunda colaboración periodística, dijo que los hijos de esa ex artista con López Portillo son ilegítimos y bastardos.

No es frecuente que se tipifique el delito de daño moral. Más aún, no es sencillo que una demanda por ese concepto prospere en nuestros tribunales, poco familiarizados con los delitos de prensa. A diferencia de otros países, en México los ciudadanos no suelen tener ánimo, ni recursos, ni un contexto legal suficientemente sólido, para inconformarse cuando consideran que los afecta una publicación en los medios.

El gobierno y los partidos, han sido reacios a actualizar ese, igual que otros aspectos en la reglamentación de la información. De todos modos, aunque con una formulación que puede prestarse a ambigüedades, desde hace tres sexenios el Código Civil reconoce el delito de daño moral en su artículo 1916. Allí, se dice:

“Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”

A diferencia de los delitos penales, que tienen otro tipo de sanciones, el daño moral se sanciona con un castigo patrimonial: “Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero…”

Tasar cuánto vale el daño en la reputación de una persona es de lo más subjetivo. La ley dice, solamente: “El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso”.

Si el agravio ha sido público, se establece un procedimiento para compensar el perjuicio en el terreno de los medios: “Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes”.

Ese artículo, poco conocido y menos aplicado, reconoce también la responsabilidad del medio en donde se publicó el material causante del daño, al establecer: “En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original”.

Ese artículo del Código Penal fue aprobado en diciembre de 1982 por la Cámara de Diputados, a iniciativa del presidente Miguel de la Madrid. Entonces, se desató una fragorosa inconformidad entre muchos periodistas que vieron a esa reforma como un atentado a la libertad de expresión. Por ello el Senado sugirió un complemento, el artículo 1916 bis, que establece: “No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6º y 7º de la Constitución General de la República”.

Aquella adición resolvió la contrariedad de la prensa, pero no la exentó de responsabilidad. El artículo 6º Constitucional prohibe cualquier inquisición a la manifestación de las ideas, excepto “en el caso de que ataque la moral”. El 7º. preserva la libertad de imprenta, sin más límites que “el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”.

El Tribunal Colegiado encontró que, en este caso, hubo daño moral por el perjuicio que los textos de la señora Arvide causaron en la vida privada de la señora Montenegro. Los cinco millones de pesos de la sanción pueden ser excesivos, pero cualquier cantidad resultaría discutible. Lo más sencillo, hubiera sido que la señora Arvide se disculpase públicamente y reconociera que, por los motivos que fuesen, se excedió al transgredir sobradamente la frágil frontera entre la crítica, y la injuria hacia los personajes públicos.

No es deseable que las diferencias entre los ciudadanos y la prensa se resuelvan en los tribunales. Pero cuando no hay otra opción, la prensa no puede tener el privilegio de afrentar y dañar como si estuviera al margen de las leyes.

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