De la videopolítica, al marketing político

Fragmento del primer capítulo del libro Mediocracia sin mediaciones. Prensa, información y elecciones. Ediciones Cal y Arena, México, 2001.

Todos, comenzando por ellos mismos, reconocen su palmaria influencia. Pero nadie sabe hasta dónde llegará. Los medios de comunicación de masas contribuyen cada vez más a moldear las preferencias políticas, son instrumentos indispensables en la creación y destrucción de consensos, se han vuelto escenarios pero también protagonistas (y a veces detentadores) del poder.

Los medios son notoriamente exigentes con el poder político, pero pocas veces lo son consigo mismos. Su presencia en la vida pública es innegable. Lo mismo en el aula, que en el ágora. En la política doméstica e internacional, han llegado a ser nuevos espacios y a la vez, actores de los conflictos. Madeleine Albright, embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, dijo de manera harto descriptiva en febrero de 1994: “No hay duda de que la televisión se ha convertido en el décimo sexto miembro del Consejo de Seguridad” [1]. En una entrevista que concedió en mayo de 1995, seis meses antes de ser asesinado el 4 de noviembre, el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, reconocía el efecto de los medios no sólo en la designación de los gobernantes sino, más allá, en el quehacer ordinario de la política: “Los medios –especialmente la televisión– ahora penetran mucho más en todos los aspectos de la vida. Y la manera como el gobierno funciona, la manera en que funcionan los miembros del gabinete tiene, por un lado, una consecuencia positiva: la gente que los eligió tiene mayor capacidad para supervisarlos. Pero, por otra parte, ello pone en manos de los medios el poder para encumbrar o demoler a los individuos o las actividades. Los medios se han convertido en un factor primordial en cualquier aspecto de la conducción o los asuntos de un gobierno” [2]. El ministro, era tan claro como prudente en su evaluación de los medios masivos: no sólo determinan la designación de los gobernantes en los momentos climáticos que son las elecciones, sino que condicionan el ejercicio cotidiano, habitual, del gobierno.

Cada vez crece más la tendencia a considerar que los medios pueden ser el único espacio en donde pueda ser procesado el consenso político. Esa imagen de los medios, coincide con el declive público de los partidos y con el desprestigio de la política tradicional, incluso de las formas de representación parlamentarias. En esta hora del descrédito que padecen los mecanismos tradicionales del quehacer político debido a faltas bien documentadas, pero también a causa de la magnificación mediática de sus abusos, los medios llegan a erigirse como los instrumentos de expresión –y presión– por excelencia en las sociedades modernas. Incluso, hay quienes piensan que “los medios de comunicación podrían estar en la vía, si es que no lo han logrado ya, de sustituir a los partidos políticos en su relación con la gente” [3].

Persuasión electrónica,

metamorfosis del discurso

El marketing político, los foros televisivos y las encuestas, llegan a reemplazar a la persuasión cara a cara, a la discusión en las plazas públicas y a la expresión directa de los ciudadanos, como mecanismos para fabricar los consensos hoy en día. Los sondeos preelectorales, no sólo diagnostican qué piensa una sociedad en un instante específico sobre un problema concreto, sino además sus resultados llegan a ser tomados como pronósticos, lo cual conduce a tropiezos significativos en la evaluación de los procesos políticos. Los medios suelen reforzar las preferencias electorales que ya existen entre los potenciales votantes y sobre todo, actúan sobre quienes no han resuelto cómo será su sufragio: “la cobertura televisiva de la política y las elecciones, es considerada como influyente y como un mecanismo de modificación para aquellos que vacilan antes de la decisión electoral” [4].

Los nuevos escenarios del cambio mundial nos remiten, una y otra vez, a los medios de comunicación de masas. No habría existido desmoronamiento del muro de Berlín en 1989, al menos en los términos pacíficos y súbitos en los que ocurrió, de no haber sido por la influencia de la televisión germano-occidental que se podía sintonizar, difundía valores y establecía contrastes en la antigua Alemania del Este. No habríamos sabido de la matanza en Tiananmen, al instante, de no ser gracias a los teléfonos celulares y a los faxes que divulgaron ese acontecimiento desde China, hacia todo el orbe. Quizá no se hubieran exacerbado tanto las tensiones en el Medio Oriente, de por sí soliviantadas con el guerrerismo de Saddam Hussein, de no haber sido por la expectación sensacionalista e incluso provocativa de los medios que deseaban transmitir en vivo y en directo la guerra en el Golfo Pérsico. La vida y la muerte de la princesa Diana de Gales no habría sido conocida y deplorada universalmente, de no haber sido por los medios, paparazzos incluidos. El presidente Bill Clinton no habrá pasado a la historia como un personaje más conocido por sus vicisitudes personales que por su actitud como estadista, de no haber mediado la prensa sensacionalista –hábilmente aprovechada por sus rivales políticos–. Ya no es novedoso reconocer que vivimos en una aldea global, ni que la vida pública está organizada en gran medida en torno a las agendas establecidas por los medios. La política –y esa es la preocupación central de este trabajo– no existe, al menos como actividad que requiere del consenso social, si no es con el concurso de los medios de comunicación.

Los medios propician cambios políticos, sin duda. Pero esa capacidad no implica que tales cambios sean necesariamente en un sentido democratizador, o que lleguen a ser durables. Al contrario, puede suceder que un proceso de liberalización apoyado de alguna manera en los medios, más tarde encuentre resistencia en los mismos medios. Al comentar varias experiencias internacionales de transformación política influidas por los medios el profesor W. Lance Bennett, de la Universidad de Washington en Seattle, apunta: “El advenimiento de las revoluciones de 1989 en Europa del Este sugiere que los sistemas de medios libres son mucho mejores para hacer caer regímenes autoritarios que para luego, sostener democracias estables y participativas” [5]. Tan drástica opinión, tiene sustento en la realidad reciente. Ese autor encuentra tres tendencias en la influencia de los medios durante los procesos de apertura política:

“Primero, el empleo de la comunicación política a través de los medios, parece ser más efectiva para precipitar cambios de régimen que, más tarde, para construir instituciones estables.

“Segundo, la notable capacidad del viejo Estado y de las organizaciones mediáticas de corte autoritario para rápidamente adoptar los formatos de los programas políticos de Europa Occidental o de Norteamérica, puede sobrepasar la capacidad de los públicos para procesar y emplear de manera eficaz la nueva información que reciben.

“Tercero, una variable a menudo olvidada en la ecuación medios y democracia, es la condición de la sociedad civil. La ausencia de experiencias sociales que correspondan al nuevo vocabulario de la democracia, socava la capacidad de las audiencias para convertir contenidos comunicacionales en referencias y creencias políticas estables. Así, el papel de los medios en el desarrollo democrático no puede ser separado de la comprensión del contexto social en el cual la comunicación es recibida” [6].

Los medios masivos, en ningún sentido, son panacea de nada. Pueden mejorarla, pero no sustituyen al menos del todo a la política. Tienen una amplia capacidad para informar, pero también para uniformar. Su formidable posibilidad de difusión de masas, no significa por sí sola que las sociedades que reciben esos mensajes de tan extensa propagación se vuelvan más sólidas, política o culturalmente.

Los medios, son omnipresentes y tienen más influencia que cualquier otro factor de poder en las sociedades contemporáneas, pero los medios avanzan más rápido que la investigación o la discusión sobre ellos. Así sucede en la relación entre medios y política. Hoy en día, puede decirse, no hay política de masas (es decir, política moderna) sin medios de comunicación. Pero también es posible asegurar que no hay comunicación de masas distanciada de la política.

Decir esto, no es mas que repetir uno de tantos lugares comunes contemporáneos. A nadie se le ocurre ya que en una nación de medianas dimensiones pueda existir política –es decir, creación de consensos, promoción de iniciativas y generación de las condiciones para gobernar– sin la concurrencia de los medios de comunicación. Pero reconocer el carácter político de los medios y, simultáneamente, los rasgos del quehacer político tamizados por ellos, no implica que haya acuerdo sobre cómo debe desarrollarse esa relación. Hoy en día, el debate sobre las responsabilidades de los medios sigue pareciendo tan interminable como estancado.

No hay país desarrollado, o en vías de serlo, de donde no tengamos noticia de que se discute, a veces álgidamente, la función política de los medios. En todos esos debates, hay cuatro temas que son concurrentes, a pesar de la enorme diferencia entre cada situación nacional. Uno de ellos, es la concentración de muchos medios en pocas manos. El segundo, la reglamentación de su funcionamiento. El tercero, el de las normas éticas que los periodistas y sus empresas pueden establecer. El cuarto, es el de los medios y las campañas políticas, como un aspecto de la relación ineludible entre medios y democracia.

Pocas empresas, mucha influencia;

reglas, reclamos y resistencias

La concentración de los medios en pocas empresas es asunto ligado, por supuesto, a la preponderancia de la economía de mercado en donde la alianza entre corporaciones, o la construcción de fuertes conglomerados que controlen a diversos medios, es resultado de la búsqueda de mayores ganancias. Es natural, aunque sus consecuencias no lo sean tanto, que la concentración de un enorme poder, en pocas manos, tienda a significar que los medios se comporten de acuerdo con los intereses de sus dueños y no según los intereses de la sociedad. Nada hay de nuevo en ello, pero recordar viejas tendencias o viejas verdades, a veces ayuda para entender problemas que no son recientes.

Hoy en día, paradójicamente, se está reconociendo que las grandes corporaciones no son tan eficientes como podría pensarse y hay una tendencia a la desconcentración en unidades autónomas, en la idea de que los pesados cuerpos directivos, con extensas cadenas de mando para transmitir decisiones, son más costosos. Además de esa filosofía individualista y autodefensiva que sugiere que the small is beautiful, comienza a descubrirse que en algunas áreas del mundo de los negocios the small is useful. Pero en la industria de la comunicación de masas, eso no ocurre siempre. Las facilidades de los medios electrónicos para interconectarse, lo mismo que para desconectarse, pueden facilitar la autonomía de un medio local para atender a los requerimientos de información de sus auditorios específicos, pero también la dependencia de ese mismo medio para convertirse sólo en propagador de los mensajes difundidos desde la punta de la pirámide de la corporación a la que pertenezca.

Los medios pueden funcionar de manera horizontal, en relación cercana con sus públicos, de la misma forma que también tienen la capacidad de ser apéndices de corporaciones cuyos intereses pueden ser nacionales y no locales, o incluso internacionales más que nacionales. Hasta ahora no hay reglas precisas que puedan ponerse en práctica para lograr lo que pudiera considerarse un equilibrio sano en esa relación. La reglamentación de los medios, o su regulación, comenzaron a ser discutidas con apertura y profesionalismo desde la década de los años 70, sobre todo a partir de las convocatorias de la UNESCO. Pero luego prevaleció el temor, inteligentemente inducido por las grandes corporaciones de la comunicación, al establecimiento de leyes internacionales, y leyes nacionales, para el comportamiento de los medios. Esa discusión se ha encontrado sobreideologizada. La existencia de reglas para al flujo de información y el desarrollo de las industrias de la comunicación, no tiene por qué ser necesariamente contraria al interés de las sociedades, ni a la libertad de información. Las leyes, lo que suelen hacer es regular las libertades y los derechos en un mundo de desiguales, para que los más poderosos no aprovechen sus capacidades en demérito del interés de los que menos tienen –que suele ser, por cierto, el interés de las mayorías–.

Ya prácticamente nadie discute, en el mundo, si es necesario regular o no a los medios. Lo que se debate es qué tipo de marcos pueden construirse para normar el desempeño de las empresas de comunicación. De esta manera, no es difícil pensar en la conveniencia de leyes capaces de asegurar, por ejemplo, la existencia de industrias de comunicación modestas junto a las más grandes, o de garantizar derechos como el de réplica por parte de los ciudadanos o el acceso de los partidos políticos especialmente en temporadas de campaña electoral. Disposiciones como esas, contribuyen a que la enorme capacidad propagadora y persuasiva de los medios sea complementada, y atemperada, por pautas que no dependan simplemente de la voluntad o no de sus operadores o sus propietarios, para ser equitativos con los públicos y con los protagonistas de las informaciones.

Los lineamientos posibles para los medios, pueden ser de tres tipos. Los primeros, son las leyes mismas. En segundo término están la autorregulación implícita en la responsabilidad de los operadores de cada medio y los entendimientos informales que mantienen con el poder político. En tercer lugar, se encuentra la existencia de Códigos de Etica explícitos que contengan, a la vez que normas internas, puntos de compromiso entre los medios y la sociedad. Ninguna de las tres excluye a las otras.

Las regulaciones para la comunicación no tienen por qué adelantarse a las innovaciones tecnológicas, lo cual además sería imposible debido al veloz desarrollo en ese campo, pero sí pueden establecer pautas de comportamiento elementales para el trato entre los medios, los Estados y las sociedades. El derecho a la información, que en varios países –México en los años 70 y luego a fines de los 90 no resultó la excepción– fue exorcisado como si se tratara de una embestida autoritaria y populista en contra de las libertades de los medios de comunicación puede ser entendido, en su acepción auténtica, como uno de los derechos básicos de los individuos en nuestras modernas sociedades de masas.

No hay instituciones sin reglas: los sindicatos, las iglesias, los partidos políticos, todos tienen normas. Los medios no tienen por qué‚ ser la excepción. Preservar sus libertades para informar y difundir mensajes, no tendría que ser contradictorio con el derecho de los grupos de la sociedad para opinar, influir, participar e incluso, de ser necesario, defenderse de los medios de comunicación. No hay que asustarnos por ello. En tanto ciudadanos, e incluso en tanto consumidores de los mensajes que se difunden a través de ellos, los auditorios de los medios tienen derechos. También los medios, por supuesto.

Esa relación entre sociedad y medios de comunicación, más definida por complacencias que por discrepancias, llega a ponerse en tensión en momentos de competencia política. La influencia de los medios como nuevas ágoras privilegiadas para el proselitismo es reconocida por los hombres del poder político y sus partidos, en todo el mundo. Ya es tiempo de ubicar en sus auténticas dimensiones a la posibilidad de persuasión que tienen los grandes medios y especialmente la televisión, sobre todo en épocas de campañas políticas. Los medios tienen una capacidad de propagación que ningún candidato político puede despreciar, pero también hay que reconocer que los mensajes drásticos, concisos, que se pueden transmitir por el lenguaje televisivo, son inevitablemente esquemáticos.

La televisión ha contribuido a que las campañas electorales sean más de imágenes que de programas políticos y más de rostros que de ideas, pero ella no ha sido el único elemento para conformar esa tendencia. Los partidos políticos mismos y sus dirigentes padecen hoy, en todo el mundo, una crisis de referencias ideológicas que se refleja en la confusión de proyectos y la difuminación de los parámetros políticos tradicionales. Sin embargo esta crisis, en donde llegan a confundirse izquierdas y derechas, no debiera ser pretexto para que los medios dejaran de cumplir con su responsabilidad de decir lo que ocurre y brindar al ciudadano elementos suficientes para formarse un juicio –y, entonces, estar en capacidad de elegir–.

Ya existe una abundante literatura internacional sobre las consecuencias de la televisión y, en general, de los medios, en las campañas políticas [7]. Pero una de las pocas conclusiones al respecto, indica que los ciudadanos no se comportan de manera lineal ante los mensajes políticos. Todo indica que no es lo mismo vender a un candidato que vender sopas Campbell’s o Corn Flakes. En distintas experiencias, se ha apostado únicamente a la influencia de la televisión para hacer proselitismo electoral y, aunque novedoso, el método no siempre ha tenido éxito. Por ejemplo en 1992, en los Estados Unidos, el empresario Ross Perot decidió hacer una campaña política exclusivamente a través de la televisión y no puede decirse que la gran cantidad de votos que recibió se debiera solo a la influencia de ese medio sino al desgano frente a los dos partidos tradicionales que han hegemonizado la política en aquella nación, el Republicano y el Demócrata. Al año siguiente el señor Perot se involucró al frente de otra campaña, en contra del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, pero además de anunciarse en la televisión escribió un libro. En esa ocasión participó en un conocido debate por televisión con el vicepresidente Albert Gore. Ese tránsito de un medio a otro, de la imagen a la página y viceversa, además de reconocimiento de las limitaciones de la televisión como único recurso indicaba que las ideas de la cultura visual requieren afianzarse en la cultura escrita –con todo y lo burdas e ignorantemente antimexicanas que fueron las ideas de Mr. Perot sobre el TLC aunque, por supuesto, ese es otro asunto–.

En todo caso, ya que la política tiene reglas (por ejemplo para el financiamiento de los partidos) también harían falta normas para el desempeño de la política en los medios. En diversas legislaciones electorales, a la reglamentación sobre medios de comunicación se asigna la misma importancia que a temas como el acopio de recursos para las campañas políticas. De acuerdo con la historia y las condiciones de cada país, ha sido posible reglamentar asuntos como los plazos para publicar encuestas de opinión, la cantidad máxima de espacios que un candidato o un partido tienen derecho a comprar en los medios, la donación de espacios por parte de las empresas de comunicación, o el establecimiento de tiempos de acceso gratuito para todos los partidos que compiten en una elección. También es posible establecer como obligatoria la realización de debates e incluso, que las encuestas rápidas patrocinadas por los medios se conviertan en mecanismos confiables para adelantarse a los resultados electorales oficiales.

Es decir, ha quedado claro que, de acuerdo con cada circunstancia nacional, es necesario y es posible establecer reglas para el comportamiento de los medios electrónicos respecto de los procesos electorales. El gran problema que en distintos países sigue sin solución (esta es, al menos, la experiencia en parte de Latinoamérica) se encuentra en cómo propiciar pautas de equidad en la información política que transmiten los medios electrónicos. Esa ha sido, por ejemplo, una discusión sin soluciones satisfactorias para todos en el caso mexicano.

En los medios, que son instrumentos para la propagación masiva de mensajes, no sólo es deseable que exista responsabilidad sino, también, independencia. Y esos atributos se dificultan en la medida en que, ubicados en una economía de mercado, los medios de comunicación son negocios, además de poderosas industrias con efectos ideológicos y políticos. Entonces, los intereses de la sociedad pueden contrastar con los intereses de los dueños –en este caso, los propietarios de los medios–. El derecho de la sociedad a estar informada, en condiciones en las que no hay reglas claras, se enfrenta al derecho de los dueños de un medio para transmitir, o dejar de transmitir un mensaje. Un investigador estadounidense ha identificado de la siguiente manera el dilema que se establece entre la democracia y el derecho social a la información: “El problema es que dos principios democráticos, muy fuertes, aquí entran en colisión: el interés publico para obtener acceso a una programación sobre asuntos electorales que se origine en fuentes diversificadas y creíbles, en contra del interés del vocero o del editor con libertad de expresión y sin grilletes para poner al aire lo que él o ella quiera. A menos que haya plena libertad de expresión, entonces la primera finalidad no puede ser, realistamente, cumplida. Pero, ¿libertad de expresión de quién? En una elección justa y libre, es importante que los candidatos tengan la oportunidad para hablar directamente a los votantes” [8].

La existencia de reglas para una competencia justa y libre, es parte indispensable de la normatividad para las elecciones, hoy en día, en las democracias modernas. Ya no basta con garantizar la limpieza en la organización y el cómputo de los comicios. Ahora además, entre otras asignaturas, puede considerarse que no hay competitividad entre los partidos si no se incluyen normas para la política en los medios de comunicación, especialmente los medios de carácter electrónico. El antes citado Charles Firestone ha subrayado, reconociendo esta nueva realidad, que: “La maduración y el desarrollo de las democracias, ha resuelto estos asuntos en una inmensa variedad de caminos. La variedad de las reglas de ‘tiempo equitativo’ para los candidatos, por ejemplo, no parece estar correlacionada con el nivel de ‘madurez’ de la democracia. Algunos, como en Gran Bretaña y en una menor medida Polonia, tratan de dar tiempo igual para cada candidato calificado para un cargo específico, incluso en los noticieros. Otros, como los Estados Unidos o Armenia, permiten excepciones al principio de equidad en la distribución del tiempo, de varias maneras, dependiendo más del propietario del medio” [9].

En México, el establecimiento de reglas para que las organizaciones políticas con registro legal dispongan de tiempos mínimos en los medios electrónicos ha sido parte de las exigencias que distintos partidos reivindican en ocasión de cada reforma electoral. No es propósito de este libro referirse de manera detallada a la legislación sobre partidos, elecciones y medios de comunicación que tanto en el mundo[10] como en México, se ha podido establecer, como parte del proceso de desarrollo político [11].

En este capítulo por lo tanto, no nos ocupamos de las reglas específicas, existentes o deseables, para regular la presencia de la política en los medios de comunicación. En vez de ello nos referimos a las pautas habituales, a veces resultado de la costumbre pero sobre todo de la capacidad de propagación de mensajes y de la estructura vertical que invariablemente tienen, de esos medios y especialmente de la televisión. Hay pocas industrias que funcionen de manera tan autoritaria como los medios de comunicación: unos cuantos, tienen que asumir decisiones sobre los mensajes que serán transmitidos a muchos otros. La posibilidad de difusión reforzada por las nuevas tecnologías, que ya están en aptitud de superar prácticamente todo tipo de fronteras, multiplica el poder de los medios y de esa manera, también, la influencia de sus operadores.

Esa enorme capacidad que tienen los medios electrónicos para alcanzar audiencias de decenas o centenares de millones de personas y que es una de las transformaciones más formidables de nuestro tiempo, implica problemas serios para la democracia en todos los países. Si una de las condiciones del ejercicio democrático es la igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos sociales y uno de ellos es el derecho a la información, entonces nos encontramos con que los modernos medios, por su organización vertical –donde unos pocos comunican para muchos– implican dificultades estructurales para que todos los ciudadanos ejerzan de la misma manera ese derecho. Pero además los medios de comunicación atienden a peculiaridades, intereses, y están condicionados por características técnicas y formales que alteran el contenido de los mensajes por ellos propagados. No hay comunicación pura, sin intenciones tanto de su emisor como de quienes intervienen en su propagación a través de los medios.

Ante los efectos de la televisión sobre la política, con frecuencia se erige postura antimediática que, de tan ideologizada, resulta sospechosa de parcialidad e incluso analíticamente ineficaz. Una amplia corriente de interpretación, al menos desde la década de los setenta, ha descalificado el papel educador de los medios masivos, asignándoles efectos casi exclusivamente devastadores en la formación de los ciudadanos y, en el asunto que nos ocupa, específicamente en la distorsión o el empobrecimiento de la cultura política.

Hace tiempo, el italiano Umberto Eco recordó que a los medios se les puede estudiar desde una perspectiva apocalíptica, destacando sus perversiones, o integrada, encomiando sus bondades. En el caso de la comunicación política, sería preciso hacer un esfuerzo para encontrar lo mismo las capacidades de propagación a gran escala que ofrecen los medios electrónicos, junto con sus limitaciones para el análisis y el debate de asuntos públicos. Pero ese equilibrio deseable, es difícil de alcanzar al menos por tres motivos. El primero de ellos es la rapidez con que se desarrollan nuevas experiencias, tanto en materia de avance tecnológico como de desarrollo de formatos de programación en los medios electrónicos. El segundo, se encuentra en la variedad de experiencias al respecto, que no pueden ser analizadas si se disocian del sistema político en donde se producen: un formato de televisión o un mecanismo para la participación del público posiblemente no funcionen igual en Estados Unidos, que en China o en México. El tercer problema es la cotidiana cercanía, tan inevitable como apabullante, que los medios electrónicos tienen en nuestra vida cotidiana: estamos expuestos a ellos prácticamente todo el tiempo y esa presencia nos dificulta lograr una distancia suficiente para entenderlos y entonces, estudiarlos.

El efecto cotidiano de los medios en la formación de los valores y costumbres de nuestras sociedades, no hay que olvidarlo, se encuentra ubicado en el contexto de otras influencias: la escuela, la calle, los grupos sociales, cívicos o políticos, las iglesias, los sindicatos, etcétera. Los medios refuerzan, complementan o contradicen esas influencias, pero no tienen efectos al margen de ellas. También en la propagación de valores y convicciones de índole política, actúan al lado de ellas.

El papel específico de los medios, sin embargo, todavía suele ser soslayado. Un analista de los procesos políticos en nuestra región, ha considerado que no obstante su efecto, el examen de las elecciones en los países latinoamericanos ha brindado escasa importancia al papel de los medios: “Una razón, es que muchos intelectuales, especialmente en América Latina, con su cultura humanística de orientación tradicionalmente europea, instintivamente desconfían de la televisión como una fuerza cultural y, por extensión, como un factor en la política. En parte, reaccionan negativa y entendiblemente a la vulgarización que la televisión habitualmente asume su búsqueda de una máxima audiencia, en el menor denominador común. América Latina frecuentemente ha reproducido lo peor de la televisión estadounidense –caricaturas interminables (simplemente dobladas de los originales estadounidenses, aunque muchas de ellas también son japonesas)–, programas de variedades con burdos conductores destinados a audiencias formadas por inmigrantes rurales, o la infinita reprogramación de viejas series policiacas. Los críticos de medios latinoamericanos tienden a ver el estilo estadounidense de mensajes políticos y la presentación de candidatos a través de agencias publicitarias simplemente como otra manifestación de lo peor de la ‘teleinvasión’ norteamericana” [12].

Auge televisivo, en una cultura

política de la desconfianza

En una sociedad en transición como sucede con la que tenemos en México, pero además a semejanza de democracias más desarrolladas, nos encontramos ante una crisis de credibilidad, entre otros atributos decadentes, de los partidos e incluso de la política misma. Los medios masivos no crean nuevas realidades, pero sí amplifican las distorsiones o los contrastes de la diversificada realidad social. Y, en el plano de la cultura política o de la cultura ciudadana, llegan a tener efectos desorientadores o distorsionadores en los segmentos que conforman a la opinión publica.

Los medios de comunicación, de tal forma, no forjan nuevas actitudes, pero sí contribuyen a matizar, a exagerar o a confirmar las que ya existen: una sociedad predispuesta a la desconfianza, encontrará verificadas sus certidumbres en medios de comunicación que documenten o que cuestionen la animosidad, por ejemplo, contra las instituciones o el quehacer públicos. La política y los políticos (o, para no ser injustos: algunas manifestaciones de la política y algunos políticos) tienen aristas y comportamientos que a veces son en extremo cuestionables. Pero cuando son sometidas a la disección de los medios estos, más allá de explicar, ayudan a propagar la desilusión o el recelo.

Nuestra cultura política de la desconfianza, se acentúa y extiende gracias a los interesados, o al menos trivializadoramente descuidados, oficios de los medios de información de masas [13]. Los medios de esa manera, por así decirlo, refuerzan las debilidades de la política y, en ocasiones, se aprovechan de ella haciendo fácil escarnio de los errores o de las corrupciones de personajes políticos de todos los signos. Así ocurre ya en México, igual que ha sucedido en numerosos sitios del mundo. Respecto de otras experiencias, ha podido decirse que “ante débiles lealtades partidarias y pocos votantes cautivos, se genera un espacio abierto en el que el poder del video se extiende con pocos contrapoderes a la vista” [14].

Ese creciente poder en y de los medios, ha significado entre otras cosas la tendencia a que las instituciones políticas tradicionales tengan allí un nuevo y exigente contrapeso. Los gobernantes nunca han gobernado solos. Siempre han existido contrapoderes ciudadanos, o sostenidos en los grupos sociales más diversos. Pero hoy en día, el ejercicio del poder se encuentra registrado, y con frecuencia sancionado, por los medios de comunicación de masas. Ello no significa que la sanción o presión que ejercen los medios se nutra necesariamente del interés general de la sociedad. En virtud de su conformación empresarial –en una sociedad de mercado, tienen que funcionar como negocio y no únicamente como servicio– pero también debido a que representan a grupos de interés específicos y no a la sociedad toda como a veces se pretende, los medios de comunicación de masas son expresiones de segmentos de la sociedad, no de toda ella.

¿Negocio o servicio? Son las dos cosas, de hecho una no se cumple sin la otra. Enfatizar el carácter mercantil de los medios puede conducir a que se olviden sus responsabilidades sociales y, al revés, si subrayamos sólo la misión social se olvida que para sus propietarios los medios son antes que nada empresas. El periodista estadounidense James Fallows, que ha sido analista de los medios y directivo de revistas importantes, ubica esa dualidad de la siguiente manera: “En vista de que tantos aspectos del periodismo actual son influidos por cambios comerciales y tecnológicos, resulta tentador considerar a nuestro quehacer estrictamente como un negocio. Pero no lo es –no más de lo que los servicios médicos, o la educación, o el derecho deben ser considerados en términos comerciales–. Cuando hacemos bien nuestro trabajo, el público obtiene un entendimiento claro y útil del mundo en la medida en que le afecta. Cuando no, complicamos que los individuos comprendan los cambios sociales –y dificultamos que las sociedades, en su conjunto, se adapten” [15].

Esta, que pareciera verdad de Perogrullo, a veces se olvida cuando se comenta la relación de los medios de masas con la política. Los medios no comunican las posiciones de toda la sociedad, simplemente porque no se encuentran comprometidos con toda ella. Una concepción matizadamente optimista, ha sido presentada por el periodista Michel J. O’ Neill quien, entre otras consecuencias del efecto contemporáneo de los medios, señala que: “El liderazgo y la autoridad se han vuelto más responsivos a los medios y a sus demandas que una actividad basada en las habilidades políticas o la profundidad de ideas de quien gobierna”. Pero también se reconoce: “El modelo de gobernar, supeditado a los medios, es un modelo más reactivo que reflexivo, controlado por las emociones manipuladas de los medios” [16].

A pesar de que reúne a más audiencias que, en ocasiones, el resto de los medios de comunicación juntos, a la televisión no siempre se la toma en serio debido a la actitud escéptica que distintos segmentos de la sociedad tienden a mantener respecto de ella. En México, quizá salvo excepciones, no se conocen con estudios de opinión suficientemente acuciosos para poder medir de dónde surge la confianza de los ciudadanos en torno a una iniciativa o una configuración política determinadas [17]. Es probable que, más que una sola fuente de información, concurran varias de ellas para ir definiendo el consenso y la credibilidad –o, al contrario, el disenso y la desconfianza– respecto de los asuntos públicos. En todo caso, el especialista argentino Oscar Landi ha podido decir que la credibilidad de la televisión “es, en casi todos los países, menor que la que ostenta la radio o la prensa escrita” [18]. A la televisión, que como ya se comentó suele agrupar recursos financieros y capacidades políticas en grandes consorcios y cuyo poder se multiplica a la vez con sus nuevas capacidades tecnológicas y el crecimiento de sus audiencias, se la identifica con mayor facilidad con los intereses específicos de sus propietarios o de los grupos con los que son afines. En México, no ha sido frecuente que los propietarios de medios de comunicación manifiesten de manera abierta su compromiso con un partido político específico, aunque en la mayoría de los casos hayan sostenido una clara preferencia a favor del partido en el gobierno. Por eso, hacia 1988, fue muy comentada la declaración del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, quien no tuvo empacho en manifestar su compromiso con el PRI [19]. De esta forma, aún los medios que dicen dedicarse a promover el entretenimiento, se encuentran determinados por intereses empresariales y políticos que es preciso no olvidar al momento de atender a sus transmisiones. Divertir, finalmente es, en ambos sentidos (en tanto que sinónimo de esparcimiento, pero también de distracción) papel frecuente de los medios, especialmente respecto de la política


[1] Citado por Christerr Jönsson en “Diplomatic Signaling in the Television Age”, Press/Politics, Vol. 1, No. 3, Cambridge, summer 1996, p. 24. La embajadora Albright se refería al efecto político que tuvo la presentación televisiva de imágenes de la masacre en el mercado de Sarajevo, en febrero de 1994.

[2] Yitzhak Rabin, “The Promise and Problems of the Israeli Press”, entrevista con Martin Kalb, en Press/Politics, vol. 1, no. 1, Cambridge, winter 1996, p. 112..

[3] Eduardo Fernández, “Medios de comunicación, ¿sustitutos de la actividad política?”, Contribuciones, Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, No. 2 (50), abril/junio 1996, pp. 19 y ss.

[4] Neil Collins y Patrick Butler, “Positioning political parties”, en Press/Politics, Vol. 1, No. 2, Cambridge, Spring 1996, p. 64.

[5] W. Lance Bennett, “The Media and Democratic Development: The Social Basis of Political Communication”, en Patrick H. O’Neil, editor, Comunicating Democracy, The Media & Political Transitions. Lynne Rienner Publishers, London, 1998, p. 195.

[6] Ibid., p. 198.

[7] En la bibliografía al final de esta investigación, presentamos los textos más significativos o al menos, los que así nos lo han parecido entre la abundante colección de libros y ensayos publicados sobre medios y política electoral.

[8] Charles M. Firestone, Director del Programa de Comunicaciones y Sociedad del Instituto Aspen, Media structures, democracy and political reform. Ponencia en la Conferencia Anual del Instituto Internacional de Comunicaciones, México, septiembre de 1993, mimeo.

[9] Ibid.

[10] Para un vistazo a diversas legislaciones en el mundo, aunque estas suelen cambiar con frecuencia, puede verse el ya clásico libro de Pilar del Castillo, La financiación de partidos y candidatos en las democracias occidentales, Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI de España, Madrid, 1985, especialmente p. 157 y ss. También puede consultarse la compilación de Jorge Alcocer V., Dinero y partidos, CEPNA y Fundación Ebert, México, 1993.

[11] Además de la legislación actual, para un seguimiento de una parte del debate que en México ha existido sobre medios de comunicación y procesos electorales pueden consultarse las memorias de los foros que al respecto se llevaron a cabo en 1989, 1993 y 1995: Comisión Federal Electoral, Consulta Pública sobre Reforma Electoral, Tomo I, México, 1989, especialmente p. 379 y ss.; Instituto Federal Electoral, Foro para la Reforma Electoral, México, 1993, (pp. 61 y ss.) e Instituto Federal Electoral, Memoria del Foro para discutir la Agenda de la Reforma Político Electoral, México, 1995 especialmente pp. 43-88. Otros estudios muy útiles para evaluar los cambios en la legislación de esa materia, son: Javier Orozco Gómez, El Derecho Electoral Mexicano, Porrúa, México, 1993 y Pedro Aguirre, Ricardo Becerra, Lorenzo Córdova y José Woldenberg, Una reforma electoral para la democracia, Instituto de Estudios Para la Transición Democrática, A.C., México, 1995.

[12] Thomas E. Skidmore, ed., Television, Politics, and the Transition to Democracy in Latin America. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1993, p. 8.

[13] De este asunto nos ocupamos en nuestro libro La sociedad ausente. Comunicación, democracia y modernidad. Ed. Cal y Arena, México, 1992, especialmente pp. 221 y ss.

[14] Oscar Landi, “Videopolítica y cultura”, en DIA.LOGOS de la comunicación, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Facultades de Comunicación Social, Felafacs, Lima, No. 29, marzo de 1991, pp. 24-35.

[15] James Fallows, “Etica y prensa en la era de Internet. Los retos del periodismo”. En etcétera no. 311, México, 14 de enero de 1999.

[16] Michel J. O’ Neill, ex editor del New York Daily News, “The Roar of the crowd. How television and people power are changing the world”, citado por Jaime Septién en “Gobiernos teledirigidos”, La Cultura en México, suplemento de Siempre! No. 2104, octubre 28 de 1993.

[17] Hay esfuerzos como la encuesta nacional de valores realizada por el IIS-UNAM de Ulises Beltrán y otros autores y publicada en Los mexicanos de los noventa, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1996.

[18] Landi, cit.

[19] Miguel Angel Rivera y Pablo Hiriart, “Insiste Azcárraga en la privatización de empresas”, en La Jornada, 16 de enero de 1988. El entonces dueño de Televisa, aseguró: “Nosotros somos del PRI, miembros del PRI, siempre hemos sido del PRI; no creemos en ninguna otra fórmula. Y como miembros de nuestro partido haremos todo lo posible porque el candidato nuestro triunfe. Eso es muy natural”. Azcárraga Milmo murió el 16 de abril de 1997. Su sucesor al frente de Televisa, su hijo Emilio Azcárraga Jean, desplegó una nueva posición al evitar comprometerse públicamente con ningún partido: “la democracia es un gran cliente para la televisión”, dijo, “al asegurar que los medios de comunicación no deben estar al servicio de un candidato o un partido político en particular”: Arturo García Hernández, “Televisa cubrirá equitativamente los comicios del 2000: Azcárraga”, La Jornada, 25 de noviembre de 1998.

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