En una sociedad de mercado, en donde la comunicación de masas es antes que nada negocio, pareciera inevitable que solamente prosperen los medios que mejor se ajusten a los esquemas comerciales. Tal ha sido la lógica que rige a las empresas de comunicación en México y a sus relaciones con la sociedad. Sin embargo ese no es el único camino. Si se recuperasen los principios y fines deseables para la comunicación y se antepusieran los compromisos sociales de las empresas dedicadas a esa tarea podría pensarse en medios de comunicación que, estando en manos de particulares, fueran reconocidos como asociaciones sin fines de lucro.

Esa era la opción que, en un trabajo escrito en 1985, presentó Miguel Ángel Granados Chapa para impulsar una prensa profesional, comprometida con la sociedad y con salvaguardas ante las exigencias de un mercado avasallado a intereses comerciales.

Una nueva figura legislativa proponía el maestro Granados Chapa con el propósito de alentar la prensa sin fines de lucro

   “Conviene establecer, legislativa o administrativamente, dos categorías de medios impresos: los lucrativos y los no lucrativos. Los primeros, que se identifican con la mayor parte de las publicaciones actualmente en circulación, serían considerados como productos de empresas sujetas a la regulación mercantil general. Los no lucrativos, que serían una figura de nueva creación en el régimen legal de la prensa en México, disfrutarían de privilegios que son comunes en países de Europa Occidental y que son recomendados por la UNESCO”.

Velocidad y precisión

Esa recomendación la presentó y explicó Granados Chapa en el libro “La prensa en México”, que formaba parte de una colección de ensayos sobre medios de comunicación encargada por la UAM Xochimilco y que nunca llegó a publicarse. El volumen sobre la prensa mexicana fue escrito por Florence Toussaint, Miguel Ángel Granados Chapa y el autor de este artículo. El para entonces ya muy reconocido columnista, y en aquellas fechas subdirector de La Jornada, escribió la Introducción, el capítulo denominado “Prospectiva, tendencias posibles en el desarrollo de la prensa” y las Conclusiones de aquel volumen.

Debido a circunstancias que nunca comprendí del todo, la colección y por lo tanto el libro en cuestión no fueron editados. Me tocó presenciar, casi página por página, la elaboración de los segmentos que escribió el maestro Granados Chapa en junio de 1985. A la sazón ambos trabajábamos en el semanario Punto que dirigía don Benjamín Wong Castañeda. Granados Chapa llegaba los viernes hacia el mediodía para escribir, a velocidad de rayo y con una precisión inaudita, la columna “Interés público” y el editorial del periódico.

Durante el tiempo en que discutimos y escribimos –cada quien sus propios capítulos– el volumen mencionado, Miguel Ángel llegaba un poco antes cargado con dos o tres libros en los que apenas si se apoyaba porque fechas, citas y referencias, las traía en su bien organizada cabeza. Así quedó listo, en pocas sesiones, el original de casi 100 páginas, 30 de las cuales estaban integradas por un diagnóstico de la prensa mexicana que escribió nuestra colega Toussaint.

Periodismo en crisis

Eran años de profunda crisis que se trasminaba inevitablemente a la industria de la prensa. Había diarios que desaparecían y la creación de otros nuevos implicaba grandes sacrificios y esfuerzos. A Miguel Ángel le constaban esas dificultades porque en menos de una década él mismo había transitado de Excélsior, a Proceso y luego Cine Mundial  y El Universal; más tarde, de unomásuno a La Jornada que habíamos fundado meses antes.

Las estrecheces del mercado publicitario y la insuficiente lectura de medios impresos, le permitían a Granados Chapa augurar épocas difíciles para la prensa:

“Por una parte, los medios impresos recibirán proporciones decrecientes de los presupuestos de publicidad, que se orientarán de más en más a la televisión y a la radio. Los presupuestos mismos no presentan tendencias al crecimiento, sino al contrario. La situación económica nacional, que no repuntará en breve plazo, así lo determina. Por un lado, las condiciones del crédito y la restricción del circulante harán que la economía privada no aumente sus inversiones, ni que los mercados se expandan. El gasto en publicidad, en tales condiciones, se verá limitado, a pesar de las instancias formuladas por las agencias a su clientela, en el sentido de que especialmente en épocas de achicamiento del mercado es aconsejable incrementar la inversión publicitaria. Por otra parte, los recortes presupuestales en el gasto público federal permiten suponer que uno de los renglones afectados será el de la comunicación social, a cuyo cargo se realizan los pagos por inserciones publicitarias”.

Escrito hacia la mitad de 1985, ese diagnóstico pareciera ser el de la prensa mexicana 26 años más tarde. Otros rasgos de ese balance: Los diarios tendrían que asociarse para enfrentar compromisos financieros como la compra de su principal materia prima, el papel. Los periodistas batallarían para enfrentar dificultades laborales. En los estados habría un resurgimiento de la prensa local, más ligada a preocupaciones domésticas que la habitualmente distante prensa de la ciudad de México. La avidez de los nuevos lectores favorecería la circulación de revistas editadas en otros países. Los medios impresos, ante la creciente presencia de la televisión, tendrían menos la tarea de informar y mucho más la de interpretar y examinar los acontecimientos.

Diferencias y tensiones

Esas eran algunas de las tendencias que señalaba Granados Chapa en su, a la luz del panorama de los años y décadas siguientes, venturoso ejercicio de prospectiva. En aquellos tiempos no había Internet, ni el país había experimentado la pluralidad política que aún demoraría tres lustros en llevar al gobierno a un partido distinto del PRI. Aún así, el periodista anticipaba una mutación drástica en la subordinación de la prensa respecto del poder político:

“Desde diversos miradores, y por distintas razones, la prensa tendrá a hacerse menos dependiente, en cuanto a las colaboraciones políticas que suele brindar el gobierno federal. Las peticiones mecánicas, simplistas, que a menudo se convierten en verdaderas instrucciones para que no se publique una información, o sobre las modalidades que deberá asumir su presentación, dejarán lugar a una negociación permanente entre los responsables de la prensa y los dirigentes y las agrupaciones de periódicos”.

Granados Chapa conocía de cerca las tensiones –siempre vigentes, pero en aquellos años especialmente difíciles porque eran parte de una relación muy desigual– entre el poder político y la prensa. A partir de esa experiencia, apuntó en las conclusiones del trabajo que hemos mencionado:

“La prensa constituye una especie de franja entre la sociedad civil y el Estado, entre los gobernantes y los gobernados, pues con frecuencia cumple la función de ser intermediaria entre ambos segmentos de la totalidad política”.

Aquella mirada distaba de ser complaciente y desde luego no era candorosa. El columnista sabía que la relación perversa entre prensa y poder político descansaba en el afán arbitrario de un gobierno habituado a doblegar las resistencias que encontrara en la prensa, pero también a excesos desde el campo del periodismo. De allí la última línea del siguiente párrafo:

“A pesar de ello, o por ello mismo, no suele ser tersa la relación entre el gobierno y los medios, especialmente los que no se limitan a la simple operación comercial. Suele haber diferencias y tensiones entre la prensa y el poder, y eventualmente hasta represalias, que se ejercen no sólo unilateralmente”.

Utilidades, al margen

Defectos de la prensa: la información política en sus páginas suele ser “trivial y desordenada”; los hechos no tienen el seguimiento que ameritan; “la información se confunde con la propaganda”; los editoriales suelen padecer gran “pobreza reflexiva”; el afán de congraciarse con el poder en ocasiones era más que evidente. A esas fallas, Granados Chapa atribuía el auge de columnas políticas

Tal panorama, permitía prever el estancamiento profesional del periodismo mexicano. En ese contexto tenía especial mérito social y político –cultural también– la propuesta que diseñó Granados Chapa con el propósito de crear una prensa de carácter no lucrativo.

Esa prensa, que no buscaría como objetivo esencial el beneficio financiero, tendría entre otras las siguientes facilidades: “el otorgamiento de créditos blandos para la instalación de esos medios; subsidios en la importación de sus equipos y materiales; crédito en la adquisición de papel; tarifas postales y de transportación aérea y terrestre preferenciales; régimen tributario especial, etcétera”.

A cambio de ello, “el compromiso de los medios no lucrativos, como su nombre lo indica, consistiría en ejercer la responsabilidad social de la prensa, al margen de las utilidades, que sólo le serían permitidas a condición de reinvertirlas. Cuando no lo hicieran, éstas engrosarían un fondo destinado al financiamiento de otras empresas de la misma índole”.

Granados Chapa encontró un asidero histórico en su propuesta: las franquicias postales dispuestas por el general Lázaro Cárdenas en 1937 a favor de los diarios que, llevando más de un año de publicarse, no incluyeran en sus páginas más de 30% de anuncios.

Las reglas destinadas a la prensa no lucrativa podrían establecer un límite similar para el espacio destinado a publicidad, o mayor tratándose de anuncios no comerciales. A diferencia de la práctica desde entonces generalizada en la prensa mexicana que cobra más caras las inserciones de carácter político que los anuncios comerciales, Granados Chapa sugería que en la prensa sin fines de lucro hubiera tarifas preferenciales para la publicidad de agrupaciones sociales y políticas.

Sin fines comerciales

A Granados Chapa, que llevaba años perseverando en esos temas, no se le escapaba la necesidad de reformar la legislación destinada a la prensa. Allí, decía, deberían incluirse “normas referidas a las empresas de prensa, a los periodistas y a sus agrupaciones”. Recomendaba crear un registro nacional de prensa en donde cualquier interesado pudiera conocer cómo se integran las empresas que editan diarios y revistas. Asimismo, proponía mecanismos para que los datos acerca de la circulación de los medios impresos también fueran públicos. Se refería con tiento a la colegiación de los periodistas, que encontraba pertinente para mejorar el nivel profesional de los informadores aunque reconocía que su obligatoriedad era discutible.

La inquietud acerca de la prensa no lucrativa, Granados Chapa la extendió más tarde a su examen de otros medios de comunicación. En diversos foros abogó por el reconocimiento de radiodifusoras o televisoras sin  propósitos prioritariamente comerciales. Esa preocupación del periodista recientemente fallecido influyó de manera muy importante para que, en diversas iniciativas de ley presentadas ya en la primera década del nuevo siglo, se previera la existencia de medios de comunicación sin fines de lucro.

A fines de 2009 por ejemplo, cuando le solicitamos que sintetizara sus propuestas en un breve texto para el libro ¿Qué legislación hace falta para los medios de comunicación en México? que publicó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Granados Chapa inició su contribución con esta sugerencia:

   “Medios no lucrativos. En esta definición caben los que ahora son medios oficiales o de gobierno, así como los medios comunitarios y los de instituciones autónomas, como las universidades. El elemento común es que si bien no persiguen ni obtienen ganancias, quedarían autorizados para generar ingresos propios, incluso por publicidad, amén de patrocinios y los presupuestos que les correspondan por su pertenencia a instancias gubernamentales. Los ingresos han de servir para su funcionamiento, no para generar utilidades. Su régimen fiscal, por lo tanto, eximiría a estos medios del impuesto sobre la renta”.

Para Granados Chapa la comunicación era antes que nada un servicio comprometido con el interés público. A esa inclinación obedecía el planteamiento para que se reconociera formalmente la existencia de una prensa cuya prioridad fueran el periodismo profesional y sus lectores, antes que el dinero.

En el mundo intensamente mercantilizado de nuestros días pareciera que esa propuesta es solamente anécdota del pasado. Sin embargo en distintos países cada vez se afianza mejor la idea de que sin un periodismo de calidad, con lectores suficientes y recursos para subsistir, la democracia pierde su principal espacio para la deliberación de los asuntos públicos y para que los ciudadanos, más allá de las instituciones políticas, puedan fiscalizar y discutir al poder político.

El gobierno está empeñado en favorecer a las televisoras. La Comisión Federal de Telecomunicaciones y el presidente de la República salvaguardan los intereses de Televisa y Televisión Azteca con una tenacidad que ya quisieran los ciudadanos para que fueran reivindicados los suyos propios. Las convicciones del titular de la Cofetel y del presidente Felipe Calderón, en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, se han mimetizado con la perspectiva de los consorcios mediáticos y de sus propietarios.

Nuevas opciones en televisión, solamente si se apuesta por la pluralidad en el modelo digital para México

Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, y a semejanza de ellos los propietarios de varios emporios de la radio, están convencidos de que las frecuencias que les fueron concesionadas para transmitir televisión les pertenecen y las pueden utilizar a su antojo. Que eso crean –o quieran hacer creer– esos empresarios y sus empleados, no es de extrañar. El patrimonialismo es defecto casi generalizado en quienes se han enriquecido con facilidad o a costa del interés de otros. Pero debiera ser un escándalo la solícita disposición de Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, así como del titular del Ejecutivo Federal, para que las televisoras dispongan, según su conveniencia, de los canales que recibieron en concesión.

Esa es la consecuencia de dos disposiciones recientes de la Cofetel, que no podrían haber sido aprobadas sin la anuencia del presidente de la República. La primera de ellas fue la autorización, el 20 de julio pasado, para que varias empresas de televisión puedan difundir, junto con la que les fue originalmente autorizada, varias señales de televisión adjuntas a la señal principal. La otra decisión que apuntala privilegios de las televisoras es la propuesta de televisión digital que la Cofetel presentó el 12 de septiembre.

Reeditan Ley Televisa

En la jerga de las telecomunicaciones se denomina “multiplexeo” a la transmisión de varias señales dentro del mismo canal. A ese uso de la señal, la Cofetel le denomina también “multiprogramación”. Esa posibilidad es resultado de la digitalización de las señales que se difunden en el espectro radioeléctrico. En el caso de la televisión, en el espacio de 6 Megahertz que ocupa un canal analógico caben señales adicionales que pueden ser vistas en televisores digitales o en televisores analógicos equipados con un decodificador.

Esa utilización del espacio radioeléctrico puede ser muy saludable para la sociedad, porque permite multiplicar los servicios digitales y las señales de televisión que reciban los telespectadores. Pero esos contenidos y opciones adicionales no tienen por qué ser usufructuados por los mismos operadores de televisión que manejan las actuales concesiones.

A Televisa, por ejemplo, el gobierno le entregó en concesión en canal 2 para difundir una señal de televisión en el Valle de México. Si las nuevas tecnologías permiten una utilización más intensa de esa frecuencia, el beneficio adicional tendría que ser aprobado por el Estado sin que, de manera automática, Televisa disponga a su antojo de las nuevas opciones para explotar los canales que le han sido concesionados.

Eludiendo sus responsabilidades regulatorias, la Cofetel simplemente “tomó nota” de la decisión de dos concesionarios de televisión privada en Monterrey y Tijuana, y del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (que posee la mitad de las repetidoras del Canal Once) para anexar a las señales que ya transmiten las señales de otros canales de televisión.

Con esa decisión, la autoridad presuntamente encargada de regular a la radiodifusión consideró que las empresas e instituciones que manejan frecuencias de televisión pueden emplear tales canales de manera discrecional. Se trata del mismo punto de vista que definió a la “Ley Televisa”, la reforma legal que promovieron las televisoras entre 2005 y 2006 y que las facultaba para difundir servicios de telecomunicaciones adosados a las señales de televisión y sin pagar por ello una contraprestación al Estado. La manga ancha que la Suprema Corte de Justicia les impidió ejercer a las televisoras, al invalidar la mayor parte de aquella reforma legal, ahora les está siendo restituida gracias a las decisiones de De Swaan y Calderón.

Con ese acuerdo, el gobierno retrocedió respecto de sus propias posturas acerca del “multiplexeo”. A comienzos de 2008 Televisión Azteca comenzó a transmitir señales de televisión codificadas, adjuntas a las señales de sus canales abiertos, y que podrían verse en decodificadores que se vendieron en las tiendas Elektra (al respecto puede consultarse nuestra nota en Zócalo de junio de 2009).

En mayo de 2009, la Cofetel consideró que aquel uso de las frecuencias que TV Azteca tenía concesionadas para transmitir una sola señal de televisión era ilegal. Pero a fines de ese mismo año la Comisión modificó dicha opinión. En tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideró que la empresa de Salinas Pliego estaba empleando de manera ilegal aquellas frecuencias y le impuso una sanción. Cuando fueron establecidas esas multas, Mony de Swaan era asesor del secretario de Comunicaciones y Transportes. Las decisiones que promueve, ya como presidente de la Cofetel, son contradictorias con aquella postura.

Transmisión, programación

La decisión de la Cofetel para solamente registrar el empleo de frecuencias que hacen varios de sus usufructuarios, motivó protestas y exigencias como el comunicado que difundió el 12 de septiembre la Asociación Mexicana de Derecho a la Información  en donde considera que las transmisiones de canales adicionales en frecuencias concesionadas o permisionadas significa “uno de los privilegios más cuantiosos y escandalosos del actual gobierno al duopolio, al mismo tiempo que se prosterna hacia el poder fáctico de la televisión fortaleciéndolo”.

Por su parte, el 8 de septiembre el diputado Javier Corral le había enviado al presidente de la República una carta –que se conocería varias semanas más tarde– en donde apuntó que la autorización a ese uso del espectro radioeléctrico constituía un “retroceso en materia de competencia, diversidad y pluralidad en los medios de comunicación”.

La oficina del presidente Calderón turnó la carta del diputado Corral al presidente de la Cofetel, quien la contestó el 2 de octubre. En  esa respuesta, Mony de Swaan considera que las concesiones de televisión se adjudican para utilizar un canal de transmisión, pero que son diferentes los canales de programación que se pueden incluir dentro de él.

Según esa apreciación, el “canal de transmisión” está supeditado a la concesión o permiso de la autoridad pero no así el canal –o los canales– “de programación” que son los contenidos que se difunden por esa frecuencia.

El alegato del presidente de la Cofetel acerca de esas dos modalidades constituye la médula de la posición del gobierno para permitir que las televisoras utilicen a su conveniencia las frecuencias que tienen concesionadas.

De Swaan, sofismas

La suposición de que esas concesiones (o los permisos, cuando se trata de radiodifusión no comercial) otorgan frecuencias para que quienes las reciben hagan de ellas el uso que quieran siempre y cuando se trate de mensajes de radiodifusión, deja a la autoridad como simple testigo de las decisiones de los empresarios y cancela la posibilidad de que los canales adicionales se distribuyan entre nuevos operadores de televisión.

Se trata de una interpretación errónea o, si somos menos indulgentes, falaz y tramposa. El presidente de la Cofetel, en su carta al diputado Corral, asegura que la anuencia para que las televisoras puedan transmitir canales de multiprogramación se sustenta en el Acuerdo expedido por el presidente Vicente Fox el 2 de julio de 1994 y con el cual se inició la transición de la televisión mexicana hacia el formato digital.

Sin embargo ese Acuerdo de 1994, aunque indica que la Televisión Digital Terrestre consiste en la codificación y el multiplexeo de señales, en ninguna de sus disposiciones dice que los concesionarios pueden difundir por ese procedimiento todas las señales que quieran. Al contrario, ese Acuerdo otorgó una frecuencia adicional por cada una de las frecuencias de televisión que ya estuvieran concesionadas o permisionadas. La frecuencia adicional solamente podría utilizarse para la transmisión, “digitalmente, en forma simultánea, (de) la misma programación que se difunda en el canal analógico”. Esa programación solamente podría ser de televisión de alta definición, que ocupa toda o casi toda la banda de 6 MHz que actualmente existe para cada canal de televisión. El multiplexeo difunde televisión digital pero no toda es de alta definición.

La utilización de los canales digitales para transmitir servicios adicionales a la reproducción del canal analógico, tendría que ser autorizada de manera expresa, según ese Acuerdo. Inclusive, allí se estableció que el gobierno podría recibir una contraprestación por ese uso adicional. Nada de eso hizo la Cofetel cuando permitió la multiplexación de varias frecuencias de televisión.

El Acuerdo del presidente Fox aherrojó el desarrollo de la televisión mexicana a la alta definición, sin contemplar la posibilidad de que la televisión digital significara otros formatos, con imagen de menos intensidad pero con más canales. Es pertinente que esos criterios sean modificados. Pero mientras existan, son los que deben regir el uso de frecuencias para señales de televisión digital.

El presidente de la Cofetel miente cuando dice que en ese Acuerdo hay margen para que los concesionarios hagan “multiplexeo” sin permiso expreso de la autoridad. Más aún, el Acuerdo utiliza el término “programación” para referirse a los contenidos de un solo canal, como los que hasta ahora han sido de índole analógica. Allí no hay sustento para la distinción que hace De Swaan entre canal de transmisión y canal de programación.

Desdén a la pluralidad

La decisión del gobierno para que las televisoras dispongan a su arbitrio de las frecuencias concesionadas se encuentra también en el Acuerdo de la Cofetel que modifica las disposiciones de 2004 para la transición a la televisión digital.

Como puede recordarse, el 2 de septiembre de 2010 el presidente Felipe Calderón expidió un Decreto que modificaba el Acuerdo presidencial de 2004. Entre otros cambios, el Decreto de Calderón anticipaba para fines de 2015 el cambio de la televisión mexicana al formato digital. Ese Decreto fue reconvenido por varios senadores del PRI. Como resultado de esa impugnación la Suprema Corte consideró que el presidente había invadido funciones de la Cofetel, que es el organismo al que corresponde la regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

El Acuerdo del 12 de septiembre de la Cofetel llena algunas de las insuficiencias que se han mantenido para organizar la digitalización de la televisión mexicana, pero incurre en la misma irregularidad que padecieron el Decreto de Calderón y la anuencia de la propia Cofetel acerca del multiplexeo. En todas esas disposiciones, de manera explícita o implícita, se considera que las ventajas de la digitalización serán para quienes ahora gozan de concesiones o permisos. No se establecen previsiones para que los canales adicionales, resultado de esa digitalización, sean manejados por otras empresas, instituciones u organizaciones.

El Acuerdo de la Cofetel fue turnado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para una consulta pública que comenzó el 22 de septiembre. No se trata de un debate amplio acerca de las opciones en materia de televisión digital como los que se han realizado en otros países de América Latina. Circunscrita a la propuesta de la Cofetel, esa consulta ha sido prácticamente privada y sin una promoción que suscite el interés de la sociedad.

Pernicioso proyecto de Cofetel

La propuesta de la Cofetel establece que el apagón analógico –es decir, el horizonte para que todo el país tenga televisión digital– sería el 31 de octubre de 2016. Desde cuatro años antes y en un proceso con varias etapas, la televisión de ese formato comenzaría a establecerse en diferentes zonas del país. Allí hay un cambio saludable, porque el Acuerdo del presidente Fox señaló el año 2021, pero sin fecha precisa, para completar la digitalización de la televisión mexicana.

Hoy en día quienes más se resisten a que se adelanten esos plazos son los actuales usufructuarios de la televisión. Televisa y Azteca no tienen especial interés en completar el proceso digital porque buscan seguir beneficiándose del formato actual. Por eso, algunos de sus voceros han impugnado la fecha sugerida por la Cofetel. Para los consorcios televisivos mientras más demore la digitalización, será mejor.

No obstante, la propuesta de la Cofetel les beneficia a mediano plazo a los consorcios que ahora tienen muchas concesiones porque les permitiría multiplicar los canales de los que ahora disfrutan. En Zócalo de octubre pasado, el Lic. Agustín Ramírez Ramírez examinó ese proyecto sobre todo desde una mirada de jurista experto. Junto con esas observaciones, se pueden señalar al menos cinco aspectos discutibles, algunos de consecuencias socialmente perniciosas, en la iniciativa de la Cofetel.

1. Multiprogramación, para unos cuantos. La Cofetel no establece previsiones para que los nuevos canales, que resultan del aprovechamiento digital de las actuales frecuencias, sean manejados por instituciones o empresas distintas de los actuales concesionarios. El modelo que se impone en ese proyecto es el de una televisión en donde quienes ya tienen concesiones, sean beneficiarios de esos canales adicionales.

2. Servicios adicionales, sin contraprestación ni autorización. Los servicios adicionales a la radiodifusión, como la conducción de señales de Internet y telefonía, podrían explotarse sin aprobación previa por parte de la autoridad regulatoria. El punto 2 del Artículo Segundo que se propone para enmendar el Acuerdo de 2004, señala que el servicio de radiodifusión deberá ser gratuito. Pero no establece lo mismo para otros usos de las frecuencias que ahora son de televisión. Allí se dice:  “…podrá incluirse la transmisión de multiprogramas y la información complementaria al servicio de radiodifusión, la prestación de servicios móviles de radiodifusión, así como todos los servicios de telecomunicaciones que tecnológicamente son viables, tales como el de televisión y audio restringidos, difusión de datos, video sobre demanda, entre otros”. Eso mismo, sin obligaciones para los concesionarios, pretendía la Ley Televisa.

3. Televisión de segunda, para los más pobres. La transición digital implica que todos los usuarios puedan recibir señales de esa índole. Eso será posible en televisores fabricados para admitir señales digitales, o empleando decodificadores que ajusten la señal digital a los actuales televisores analógicos. En los documentos de Fox en 2004 y de Calderón en 2010, se dejaba abierta la posibilidad de que el gobierno respaldase a los ciudadanos para la adquisición no sólo de aparatos decodificadores sino, también, de televisores digitales.

El Acuerdo de 2004 indica que es preciso “generar condiciones para que los receptores y decodificadores de televisión digital sean cada vez más accesibles al consumidor de nuestro país”. En cambio, la Cofetel pretende solamente que haya “condiciones para que el público pueda contar con alternativas para poder recibir las señales de la TDT, como la adquisición de decodificadores digitales, que favorezcan la continuidad del servicio de televisión y el acceso a nuevos servicios”.

Los comisionados de la Cofetel quieren decretar una televisión de segunda, para los mexicanos que se quedarían con sus viejos televisores analógicos ante el encarecimiento de los televisores digitales.

Por otro lado, la Cofetel solamente considera la posibilidad de que en el diseño y la fabricación de televisores y decodificadores participen empresas privadas. No hay previsiones para que en esas tareas participen instituciones públicas como, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional.

4. Desprotección de la televisión pública. La digitalización puede significar nuevas opciones y más versatilidad para la televisión no comercial. Sin embargo el enorme obstáculo que experimentarán tales emisoras será de índole presupuestal. Los canales 11 y 22, las escasas televisoras universitarias y las muy variadas en manos de gobiernos de los estados, requerirán de inversiones extraordinarias para actualizar sus equipos transmisores y de producción a las exigencias técnicas de la televisión digital.

La propuesta de la Cofetel reconoce tal problema pero solamente le dedica un compromiso declarativo cuando ofrece: “la Comisión promoverá ante los sistemas estatales de televisión, que se cuente con la infraestructura y personal necesario para transitar a la TDT, a efecto de que se asignen los recursos presupuestales correspondientes para lograr esta transición”. Esa promoción, como le dicen los comisionados de Cofetel, tendría que ser ante los gobiernos de cada entidad y en la confección del Presupuesto Federal, no delante de las estaciones de televisión no comerciales.

5. Must offer de caricatura.  Una de las trabas a los sistemas de televisión de paga ha sido la oposición de las televisoras privadas para que las señales que difunden de manera abierta, sean incorporadas en todos los servicios de televisión restringida de la localidad en donde se transmiten. A la obligación de facilitar la reproducción de tales señales, tal y como existe en casi todo el mundo, se le denomina must offer.

Al oponerse a esa práctica, Televisa y Azteca han boicoteado a diversas empresas de televisión por satélite o cable. La política de la Cofetel mantiene la posibilidad de que las televisoras acepten, de manera discrecional, la incorporación de sus señales de televisión digital abierta a los sistemas de televisión restringida.

El documento que comentamos indica: “es necesario que los concesionarios y permisionarios de radiodifusión faciliten el acceso no discriminatorio a las señales radiodifundidas que transmiten a efecto de promover que los sistemas de televisión restringida coadyuven a garantizar que el público puede recibir en forma continua los contenidos de los canales radiodifundidos, en especial de aquellos contenidos que ya se recibían mediante las señales analógicas”.

No obstante a continuación únicamente se dice: “Los concesionarios y permisionarios de radiodifusión que en uso de sus derechos decidan facilitar el acceso a las señales que radiodifunden mediante la TDT, informarán a la Comisión de estas acciones, con las que apoyan a la continuidad del servicio a la población”. Es decir, la incorporación de señales abiertas estaría sujeta a la voluntad de cada concesionario o permisionario. Con políticas como esa la autoridad regulatoria se demerita a sí misma.

TV de las próximas décadas

   Que quienes ya tienen muchos canales de televisión tengan todavía muchos más: esa es la línea que promueve el gobierno federal a través de la Cofetel. Se trata de una política contraria a la diversidad y, de esa manera, a la calidad en la televisión mexicana. Y es, desde cualquier ángulo que se le mire, una postura ilegal.

La Ley Federal de Radio y Televisión –la misma que en tantas ocasiones se han negado a actualizar los senadores y diputados– establece en su Artículo 15 los requisitos para asignar una concesión de radio o televisión:

“Artículo 15: La instalación de una difusora de radio que vaya a operar retransmitiendo o enlazada permanentemente a otra que no era recibida anteriormente en la localidad en que pretenda ubicarse, será considerada como una estación nueva y, en consecuencia, deberá llenar todos los requisitos respectivos”.

En otras palabras, para la ley cada emisora tiene una singularidad que la autoridad debe evaluar por separado tanto para la expedición como para el refrendo de concesiones o permisos. No se vale pretextar que las emisoras que ahora difundirían compartiendo una frecuencia ya han sido autorizadas en la concesión o el permiso originales.

La misma LFRyTV señala en su Artículo 17-E los requisitos que deben cumplir los interesados en obtener una concesión. Entre ellos se encuentra: “… III. Proyecto de producción y programación”.

Ese proyecto, cada concesionario lo tuvo que haber entregado para cada una de las frecuencias que maneja en la actualidad. Por lo tanto no es admisible que ahora se prescinda de tal proyecto, igual que de otros requisitos, para que la autoridad apruebe cada una de las señales de televisión digital que cabrán en el espacio de un canal analógico.

Igual que en otras ocasiones, quienes defienden el interés de los consorcios de la televisión sostienen que las ventajas que ofrece la modernidad tecnológica no deben ser frenadas con requisitos administrativos. Pero una modernidad que signifique más de lo mismo –es decir, muchos más canales en manos de Televisa y Azteca– no es propicia para la sociedad mexicana.

Lo que tendría que hacer la autoridad es impulsar el aprovechamiento de la digitalización para lograr la pluralidad en la televisión. Así se hace ya en otros países, en donde el espacio de los antiguos canales analógicos es aprovechado tanto por sus viejos usufructuarios como por nuevos actores sociales y comerciales.

La televisión que resulte del acuerdo para el tránsito digital será la que el país tenga durante varias décadas. Ni los partidos, ni los grupos ciudadanos que están soslayando este asunto, se han percatado de su ineludible importancia.

    Este jueves, en un ejercicio poco frecuente en el periodismo mexicano, Carmen Aristegui abrió los micrófonos de su noticiero matutino a la discusión acerca de la entrevista que ofreció el día anterior con la ex esposa del doctor Sergio García Ramírez. Las declaraciones de la señora María Gómez Rivera no impidieron que, pocas horas después, ese destacado investigador universitario fuese designado consejero en el Instituto Federal Electoral.

Las que difundió el miércoles el noticiero de MVS Radio eran opiniones o informaciones sin más respaldo que los dichos de la señora Gómez Rivera. De inmediato, fueron cuestionadas por radioescuchas que colocaron mensajes en Twitter y Facebook para deplorar esa transgresión a la vida privada, así como para señalar la ausencia de investigación y contexto periodísticos en aquella conversación radiofónica. También, desde luego, menudearon las opiniones que respaldaron la transmisión de dicha información.

La periodista invitó al Ombudsman del noticiero de MVS, Gerardo Albarrán, a examinar ese episodio. Periodista también, con experiencia en el análisis de problemas de ética de la información, Albarrán dijo inicialmente que su papel no era formular un juicio y que estaba acompañándola “para que tú misma examines tu actuación”. Más tarde recalcó: “la ética no se impone… no creo que fuera ese propiamente  papel… junto con la audiencia tratar de llegar a una conclusión”.

Sin embargo la función del Defensor de la Audiencia en MVS, igual que en otros medios que tienen esa o figuras de mediación similares, va más allá de ofrecer elementos de juicio. El Ombudsman está comprometido a ofrecer un punto de vista en asuntos problemáticos como el que planteó la entrevista del miércoles por la mañana. Albarrán cumplió con esa tarea aunque con insuficiente énfasis.

Albarrán compartió las opiniones de quienes hemos considerado que el noticiero incumplió su Código de Ética al no requerir la opinión del involucrado, es decir, del doctor García Ramírez. La periodista explicó que lo buscaron la misma mañana del miércoles. El problema fue la premura con que se difundió la charla. El propio miércoles, antes de la entrevista, Aristegui relató que Gómez Rivera había solicitado entrar al aire pocos minutos antes (“cuando nos llamó esta mañana María Gómez Rivera, nos sorprendió…”). La propia Gómez Rivera indicó que había resuelto llamar “escuchando hoy en la mañana que Sergio es uno de los candidatos al IFE”.

En esas condiciones era imposible ubicar la conversación en un panorama adecuado, con información contextual que enriqueciera la apreciación de los radioescuchas. Así que un ángulo que no se abordó en la discusión sobre la entrevista del miércoles es si la información que daría Gómez Rivera ameritaba darle espacio con tanta prisa. La periodista considera que sí.

Las declaraciones de Gómez Rivera no se referían a un hecho reciente. Al contrario, ella misma explicó que la causa de sus quejas sobre su entonces esposo ocurrió hace más de dos décadas. La única causa que les podría haber conferido alguna actualidad era la inminente designación del Dr. García Ramírez como consejero del IFE. El propósito de Gómez Rivera era impedir ese nombramiento. Al abrirle los micrófonos cuando así lo solicitó, la periodista compartió las motivaciones de la señora Gómez Rivera. Es decir, queriéndolo o no, la conductora del noticiero matutino de MVS tomó posición al lado de una de las partes en litigio. O, en otros términos, auspició la publicación de un asunto que no formaba parte de la agenda pública y, al hacerlo, favoreció los intereses –sean cuales fueran– de la señora Gómez Rivera.

El Ombudsman del noticiero subrayó el incumplimiento de Aristegui al segmento del Código de Ética que obliga a informar cuando una de las partes en litigio no ha querido dar su punto de vista. El Código indica también: “El trabajo profesional deberá privilegiar la consulta de más de una fuente en cada caso”.

Pero el asunto más relevante ha sido si las declaraciones de la señora Gómez Rivera justifican la invasión a la vida privada (vida íntima, consideró Albarrán) del doctor García Ramírez y su familia. La periodista estima que sí. El propio Ombudsman, precisó su postura cuando señaló “yo encuentro pertinente el que se haya tocado este tema”.  Y explicó así esa conclusión: las quejas de la señora Gómez Rivera acerca del comportamiento que –según ella– habría tenido García Ramírez como esposo y padre de familia, “no afectan su capacidad para desempeñarse como funcionario público”. Es decir, esos señalamientos no tenían que haber sido difundidos puesto que no eran de interés público, de acuerdo con el examen de Albarrán.

Pero en cambio sí adquieren relevancia pública, porque podrían tener consecuencias en el ejercicio de cargos públicos, las informaciones que Gómez Rivera ofreció acerca de la salud mental de su ex esposo. Albarrán consideró pertinente “evaluar cómo su conducta personal o íntima puede afectar su función pública”.

Tiene razón. Y eso es precisamente lo que no hizo el noticiero matutino de MVS. El tiempo que recibió la conversación con la señora Gómez Rivera estuvo fundamentalmente dedicado a reproches personales hacia su ex marido. Quizá no podía ser de otra manera porque se trataba de una entrevista abierta y la periodista permitió que la agenda de ese asunto la estableciera su interlocutora.

Pero de la salud del ex esposo, que en opinión del Ombudsman era el tema de veras relevante, se dijeron unas cuantas frases: durante una época tomaba medicamentos y tenía un talante autoritario.

¿Son esas circunstancias –en caso de ser ciertas– un impedimento para que el personaje cuya vida íntima fue expuesta de esa manera desempeñe con probidad y eficiencia cargos públicos de importancia? Allí es donde tendría que haber existido alguna indagación periodística.

De haber podido hacer su trabajo, la redacción del noticiero matutino de MVS podría haber documentado el paso de García Ramírez por numerosos cuan, hasta donde se sabe, exitosos cargos públicos y responsabilidades profesionales: Procurador General de la República, presidente del Tribunal Agrario, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual presidió durante un trienio, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otros.

Indagar en esa trayectoria, en vez de comprometerse con una sola y anticipadamente parcial versión, hubiera implicado un trabajo periodístico serio. A veces las prisas no lo permiten. Pero las prisas nunca son buenas consejeras, incluso en el periodismo que es una actividad acicateada por la búsqueda de la primicia.

Pocos periodistas en México enfrentan los cuestionamientos a su trabajo profesional con la franqueza que lo ha hecho Carmen Aristegui. La misma existencia de un Código de Ética formó parte de las condiciones que llevaron a la creación de ese espacio radiofónico a comienzos de 2009. La presencia del Ombudsman se debe a los acuerdos entre la periodista y la emisora que permitieron su retorno a la radio en febrero pasado, después de la suspensión del programa durante un par de semanas. Por eso en el noticiero matutino de MVS existen circunstancias para un ejercicio de discusión sobre lo que allí se hace y dice. La propia Aristegui, este jueves por la mañana, consideró “somos también sujetos de escrutinio público, somos también sujeto de críticas”.

Enhorabuena que así ocurra. Las evaluaciones críticas existen, con o sin reconocimiento de los periodistas, pero el hecho de que se les de espacio en los medios no es frecuente.

Tampoco lo ha sido, pero llegó para quedarse, la discusión sobre los límites entre vida pública y privada. Los personajes públicos están especialmente expuestos a las miradas de la sociedad. Sus conductas personales nos interesan por las implicaciones que puedan tener en su desempeño público. Por eso es de interés público de qué manera viajan o en dónde cenan los funcionarios y sobre todo quién paga sus gastos. Y lo son las reuniones, aunque sean privadas, en donde toman decisiones acerca de asuntos públicos.

La vida familiar es motivo de interés para la sociedad cuando, como bien indicó el Ombudsman de MVS, afecta las tareas públicas. Aristegui y Albarrán estiman que las confidencias de la entrevistada del miércoles ameritaban su difusión pública. A otros, nos parece que no.

De esas declaraciones, los ciudadanos no obtuvimos ninguna información relevante para aquilatar el desempeño público del funcionario cuestionado de tal forma. Lo que allí se dijo era de tan escasa relevancia que, hasta donde he podido encontrar, ningún otro medio de comunicación se ocupó de esa conversación. Ya no estamos en épocas de censura gubernamental o corporativa capaz de extenderse a todos los medios, así que si el asunto no fue considerado por otros noticieros, ni por los diarios más serios, no fue por encubrir a nadie sino por motivos profesionales.

A quienes sí interesó la conversación del miércoles, fue a aquellos radioescuchas del noticiero matutino de MVS que suelen estar ávidos de constataciones acerca de las truculencias e inconsecuencias del poder político. Los golosos de chismes y escándalo, aplaudieron esas dosis de amarillismo. También, por otra parte, defendieron la difusión de esa entrevista los no pocos radioescuchas que encontraron en las quejas de la señora Gómez Rivera una causa justa con la que se han solidarizado de buena fe.

No sé si estamos ante el caso de una familia maltratada y ante una mujer víctima de inaceptables conductas violentas. No tenemos elementos para discernir si se trata de versiones fehacientes, o que atendieron a otras motivaciones. No lo sé yo, ni lo saben los radioescuchas del noticiero de MVS. Tampoco lo saben Carmen Aristegui ni los periodistas que trabajan con ella. Y no lo saben porque pusieron al aire la llamada telefónica sin tiempo para evaluar esas denuncias.

Habría quienes consideren que el interés público justificaba esa ligereza. A mí me parece que no. Creo que entre los elementos de juicio que es preciso considerar en estos casos se encuentra la fama pública de las personas y la posibilidad de perjudicar la reputación de un ciudadano con la difusión de una opinión parcial e interesada. A las audiencias también se les daña con informaciones incompletas.

El periodista no es solamente intermediario. Es un profesional que tiene la responsabilidad de evaluar la información que transmitirá y ponerla en contexto. En momentos de duda, habría que pensar más en el descrédito que se les puede infligir a las personas y un poco menos en las primicias, por llamativas que puedan ser.

Si tuviéramos que ofrecer un ejemplo, uno solo, de televisión basura, bastaría con referirnos a ese programa que transmite el canal 2 todos los días a las tres de la tarde.

Sin embargo, las voces que exigen la cancelación del programa de la señora Bozzo están equivocadas. El gobierno mexicano no tiene asideros legales para cancelar un programa de televisión, por muy agraviantes que sean sus contenidos. La Ley Federal de Radio y Televisión únicamente prohíbe las transmisiones “que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen”, así como todo aquello que sea “discriminatorio de las razas” (artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión).

Si se demostrara que el comportamiento de la señora Bozzo quebranta esa disposición, la sanción prevista por la misma Ley (artículo 103) es una multa de entre 5 mil y 50 mil pesos. Esa infracción es poco significativa frente al costo de un minuto, un solo minuto de publicidad que, a las 3 de la tarde, tiene un precio de 808 mil 500 pesos de acuerdo con las tarifas vigentes del Canal de las Estrellas.

La ordinariez y el mal gusto no están prohibidos. No deberían estarlo, porque aunque nos resulten desagradables forman parte del derecho a la expresión. El problema no es que la señora Bozzo exhiba su ramplona intolerancia. El problema es que haya quienes buscan rating con programas como ése. Lo que hay que exigirle al Estado es mejor televisión, no acciones de censura.

Por eso sería mejor que la señora Bozzo siguiera haciendo telebasura. A ver si los ciudadanos se deciden a exigir la única solución completa: que tengamos más opciones en el campo de la televisión y no únicamente las que explotan el desprecio y la indignidad. Que las leyes promuevan una televisión que, en vez del atolondramiento, busque la calidad. Y eso no lo procurarán las actuales televisoras, que ya sabemos a qué se dedican y cómo, ni el gobierno actual que tanta magnanimidad tiene con ellas. No ha sido casualidad que este jueves, en el espacio que suele ocupar la señora Bozzo y a la hora en que los televidentes están acostumbrados a la palabrería, se difundiera el talk show del presidente de la República.

Mostrador

Simón Charaf dice que nunca es tarde. Así que después de varios años de ser socio de Televisa, ahora encabeza una campaña para publicitar las tropelías de esa empresa.

Él y su hermana Grisel crearon una asociación civil para documentar y exhibir abusos de Televisa. El portal www.televileaks.com, la colocación de anuncios espectaculares, la promoción de mítines y la difusión de ese tema en los pocos medios que se animan a romper el cerco de favoritismo y complicidades que ha beneficiado a Televisa, forman parte de la actividad vehemente que desarrolla el grupo encabezado por Grisel y Simón Charaf.

Él mismo es víctima del consorcio televisivo. Durante algún tiempo fue copropietario de una empresa que comercializaba las presentaciones, fuera de televisión, de artistas y otros personajes que tienen contrato de exclusividad con Televisa. El negocio funcionó bien pero en 2009, cuando Charaf requirió el pago de las utilidades que le correspondían, los dueños de Televisa eludieron ese compromiso. Le dijeron que si no accedía a venderles su parte de la empresa de promoción artística muy por debajo de su valor real, destruirían el negocio y a él mismo lo meterían en dificultades.

La ocasión para perjudicar a ese empresario la encontró Televisa muy pronto, cuando en enero de 2010 el futbolista Salvador Cabañas fue agredido en el “Bar Bar”. Simón Charaf es dueño de ese establecimiento. De hecho, su relación con Emilio Azcárraga Jean se originó en los años noventa porque el heredero y luego presidente de Televisa frecuentaba el Bar Bar.

Cuando el futbolista fue herido, los noticieros de Televisa se ensañaron con el Bar Bar más que con los agresores de Cabañas. Debido a esa cobertura parcial, Charaf le pidió a Azcárraga Jean espacio en televisión para ejercer su derecho de réplica. Entonces constató que sus antiguos socios no tienen lealtades sino intereses.

Las acusaciones contra su establecimiento y contra él mismo, llevaron a Charaf a defenderse en otros medios. Pagó inserciones en la prensa, abrió un sitio en Internet y se fue acercando, así, a otros ciudadanos que han sido perjudicados por Televisa.

Ahora impulsa un movimiento ciudadano que recibe adhesiones temerosas en público y muy enfáticas de manera privada. En la clase política y entre empresarios de diversas industrias, así como en organizaciones sociales que levantan reivindicaciones variadas, se ha extendido la certeza de que Televisa es un obstáculo para la democracia. No todos lo dicen, todavía, en voz alta.

Esa es la experiencia de políticos y gobernantes de todos los partidos que solamente comprando espacios en ocasiones de manera irregular (está prohibido pagar propaganda política en los medios electrónicos) logran acceso a esa televisora. Lo saben también profesionales de la comunicación que transigen ante condiciones laborales y exigencias políticas ignominiosas pero que no están de acuerdo con las prácticas de Televisa.

En pocas semanas, el sitio televileaks.com ha documentado más de un centenar de arbitrariedades de Televisa. Entre ellas:

- Licitación 21: “atraco a la nación” a favor de Televisa-Nextel.

- Televisa fragua audioescándalo del IMSS.

- Televisa atacó a la familia Saba al querer abrir tercera cadena de televisión.

- Televisa roba una calle al distrito federal.

- Televisa presionó a Columbia para suspender ciclo-homenaje a Cantinflas en canal 22.

- Más imagen para Peña Nieto, más dinero para Televisa.

- Teletón, medio para que Televisa evada su responsabilidad ante Hacienda.

- Televisa evade pago a cineastas por derechos de autor.

- Decreto de casas de juego a favor de Televisa.

- (Desde Monterrey) Televisa lucra con la desgracia y dolor ajenos.

- Televisa involucrado en “productos milagro”.

- Iniciativa México “mutila” trabajo actoral de Héctor Suárez.

Con esas denuncias, y con una encendida convicción en la capacidad de indignación y respuesta de los mexicanos, los hermanos Charaf y su movimiento se han convertido en inspectores ciudadanos de las acciones y omisiones de Televisa. Habrá quienes les reprochen su antigua asociación con los dueños de Televisa. También se les podrá decir que los atropellos de Televisión Azteca son tan graves, o más, que los que perpetra la empresa de Azcárraga Jean. Pero Simón y Grisel Charaf saben, como pocos, de qué hablan cuando evidencian desmanes de Televisa. Las víctimas de todo poder arbitrario tiene derecho a ofrecer su testimonio.

Al derogar el reglamento de radio y televisión del IFE, los magistrados que integran el Tribunal Federal Electoral volvieron a someterse a la influencia política y a las ofertas de lucimiento de las televisoras privadas. La sentencia del 14 de septiembre de 2011 en donde se revoca el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral tiene aspectos que permiten calificarla como ilegal. Además elude la necesidad de agilizar la propaganda electoral, motivo que llevó al IFE a crear el nuevo Reglamento.

Televisa y TV Azteca quieren controlar el proceso electoral

Esa decisión coloca en nuevos dilemas, como si le faltara trabajo, al Instituto Federal Electoral. A nueve meses de las elecciones presidenciales, la meticulosa tarea del IFE para reglamentar el acceso de los partidos a los medios electrónicos y prever posibles fallas es saboteada tanto por los concesionarios de frecuencias privadas como por el Tribunal Federal Electoral. Lo más ominoso es la docilidad de los siete magistrados del TRIFE para admitir sin chistar los argumentos de las televisoras, llegando incluso a formular una sentencia plagada de inexactitudes.

Mientras se mantenga la dependencia del Tribunal respecto de Televisa y TV Azteca –y lamentablemente no hay motivos para suponer que tal situación cambiará– podrá reconocerse que la fiscalización de las elecciones presidenciales del próximo año no está en buenas manos.

Nada que no puedan cumplir

El reglamento impugnado por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) e invalidado por el TRIFE, había sido aprobado el 27 de junio por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Allí no hay una sola cláusula que atente contra los privilegios que las omisiones legales, tanto como las costumbres en el trato entre el Estado y los concesionarios, han mantenido en beneficio de las empresas privadas.

El Reglamento incorporaba dos importantes novedades en comparación con el ordenamiento anterior. Los plazos que las estaciones de radio y televisión tienen para transmitir los spots de campañas electorales disminuían de 5 días hábiles, a 2 y 3 días hábiles. Por otra parte, se reconocían las peculiaridades de las radiodifusoras comunitarias a las que se les daría un tratamiento especial.

Ninguna de esas modificaciones altera las facilidades que tienen los radiodifusores para lucrar con las frecuencias que el Estado les ha concesionado. Tampoco les impone obligaciones que no puedan cumplir.

Hasta ahora, el IFE disponía de 5 días hábiles para entregar a los concesionarios y permisionarios los anuncios de campaña. Varios partidos políticos se han quejado porque ese plazo es demasiado amplio y les impide responder con oportunidad a los spots de sus opositores.

Cuando los partidos compraban espacio en la radio y la televisión, podían acceder a pautas publicitarias y modificar sus spots tan solo con un día de antelación. Así ocurrió, en varias ocasiones, durante las campañas presidenciales de 2006. Los partidos pudieron discutir unos con otros –quizá no de la mejor manera posible–, contestar acusaciones, impugnar lo que decían sus rivales y ajustar sus lemas y spots a las circunstancias de la campaña misma.

Todavía en la campaña para las elecciones intermedias de 2009, hubo ocasiones en las que algunos partidos pudieron modificar sus spots con uno o dos días de anticipación al momento en que serían transmitidos. Las empresas de televisión y radio no chistaron, en absoluto.

Por otra parte, el IFE ha documentado la flexibilidad de las televisoras para transmitir anuncios comerciales que son contratados tan solo un día antes o incluso el mismo día. Cuando hay dinero de por medio, Televisa y TV Azteca son notablemente flexibles y no exigen mas que unas cuantas horas para poner un anuncio al aire. Cuando se trata de observar la normatividad electoral eluden las reglas e incluso presionan para que sean modificadas.

Las permisionadas aceptaron

El nuevo reglamento estableció 3 días hábiles para entregar los spots a cada estación de televisión y radio por vía satelital. Cuando el concesionario o permisionario prefiriese que la entrega se hiciera de manera física, en su domicilio, serían 2 días hábiles. Ese es el tiempo que podría correr entre la recepción del material y su transmisión.

No se trata de plazos difíciles de acatar. Los medios electrónicos se alimentan de acontecimientos que cambian constantemente. Muchos de sus programas son producidos horas o minutos antes de su transmisión y los noticieros, como todos sabemos, se difunden en vivo. En ninguno de esos casos las empresas de televisión y radio requieren de varios días para difundir un contenido.

La comercialización en tales emisoras también se organiza con escasa antelación. Incluso en las radiodifusoras más pequeñas, en algunos estados, el ingreso financiero más constante depende de anuncios o avisos locales que son contratados apenas horas antes de su transmisión.

Además los spots de campaña de los partidos políticos se transmiten en horarios fijos. Semanas o meses antes, las estaciones de televisión y radio saben en qué momento, cada hora entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche, insertarán los dos o tres minutos de propaganda electoral a la que están obligados en pago del tiempo estatal en los medios electrónicos.

La única variación sería que ahora, en vez de 5 días hábiles, tales empresas deberían demorar cuando mucho 2 o 3 días para incorporar esos anuncios dentro de sus barras publicitarias.

Esa operación es tan sencilla que las radiodifusoras con menos recursos, que son las de carácter comunitario, aceptaron los nuevos plazos. Lo mismo ocurrió con las radiodifusoras y televisoras no comerciales que son manejadas por universidades, municipios o gobiernos de los estados.

Del campo de los medios permisionados, que suelen padecer más carencias tecnológicas y financieras que la radiodifusión comercial, no hubo quejas sino compromiso con las nuevas disposiciones del IFE.

Todo lo contrario sucedió con muchas de las empresas concesionarias. Representadas por la CIRT, algunas de las radios y televisoras privadas más destacadas mostraron una actitud mezquina al rechazar las nuevas pautas para la transmisión de anuncios políticos.

Sí hubo consulta

   El otro cambio destacado que estableció el Reglamento del 27 de junio fue el reconocimiento de los rasgos que tienen las estaciones comunitarias. A tal efecto, se creó la figura de “permisionarios privados sin fines de lucro” para aquellos medios que no dependen de manera fundamental de recursos públicos ni de la venta de espacios comerciales. Para que una emisora fuese considerada en esa figura tendría que presentar sus estados financieros, entre otros documentos. Las pautas para la transmisión de anuncios electorales estarían ajustadas a las condiciones y horarios de tales emisoras.

Esas modificaciones fueron discutidas durante varios meses por el IFE con los representantes de las radiodifusoras comunitarias y sus asesores. Más tarde, cuando el borrador del Reglamento estuvo listo, el propio IFE lo envió para conocer su opinión a la CIRT, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, así como a la delegación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Durante todo el proceso de elaboración del Reglamento, los consejeros del IFE directamente involucrados en esa tarea estuvieron en contacto con tales grupos. Sin embargo la CIRT se quejó ante el Tribunal Electoral por no haber sido consultada. Y el TRIFE dio como válida esa inconformidad, incluso contradiciendo la información que incorporó en su sentencia del 14 de septiembre.

En esa resolución los magistrados del TRIFE admiten: “Entre el cuatro de abril y veinte de junio de dos mil once, se celebraron diversas reuniones de trabajo, en las cuales se recibieron opiniones y observaciones por parte de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, partidos políticos y diversas personas morales con relación a la propuesta de reforma del aludido reglamento”.

Es decir, consultas con los empresarios y otros grupos de radiodifusores sí hubo. Pero no fueron suficientes para las exigencias de la CIRT ni para las apreciaciones de los magistrados.

Basta leer la sentencia del TRIFE para constatar que el IFE buscó la opinión de los concesionarios y permisionarios acerca del Reglamento. Allí se transcriben fragmentos de las cartas del IFE a la CIRT y de las respuestas de ese grupo empresarial. Sin embargo, como si no hubieran leído su propia sentencia, los magistrados se empeñaron en seguir a pie juntillas las exigencias de la CIRT y le reprochan al IFE que no haya realizado tales consultas.

La decisión del Tribunal es controvertible entre otros motivos porque asegura que el Instituto Federal Electoral está obligado a recabar el parecer de sectores como la CIRT cuando se ocupa de asuntos relacionados con la radio y la televisión. Esa interpretación atenta contra la autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral. El IFE buscó la opinión de la CIRT aunque no estaba obligado a ello. E incluso recibió de esos empresarios observaciones que algunos de los consejeros electorales incorporaron a la versión final del Reglamento.

Los dirigentes de la CIRT estaban tan enterados del contenido del Reglamento que antes de su aprobación publicaron desplegados de prensa en los que se mostraban inconformes con ese proyecto.

No es ausencia de consulta lo que padecieron. Lo que les afectó fue la decisión del IFE para aprobar ese Reglamento a pesar de las objeciones de grupos como Televisa y Azteca.

Confrontar al IFE

El rechazo de los radiodifusores privados representados por la CIRT no se debe a dificultades técnicas. Se trata de una rabieta política en la que han comprometido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esos radiodifusores están empeñados en mantener una confrontación permanente con el IFE y con la legislación que el Instituto Electoral tiene la obligación de poner en práctica.

Como todos recordamos, en septiembre de 2007 los grupos de radiodifusión más notorios hicieron un berrinche público cuando el Senado aprobó la reforma constitucional que pone los tiempos del Estado al servicio de la propaganda electoral. La prohibición a la contratación de espacios en televisión y radio fue un quebranto importante en las finanzas de empresas como Televisa y Azteca, Radio Fórmula y Radio Centro, entre otras. Pero por encima de ese perjuicio financiero, los operadores de los grupos mediáticos se encresparon ante el desafío político que encontraron en la reforma promovida por los tres partidos políticos más importantes.

Aquella reforma electoral, incorporada primero a la Constitución y más tarde a la Ley en dicha materia, les quitó márgenes de maniobra política a los concesionarios y puso en evidencia su vulnerabilidad delante de los partidos y el Poder Legislativo. Ese es, para ellos, un agravio que no perdonan. Desde entonces han hecho todo lo posible para incumplir y revertir esas reglas electorales.

Allí radica la causa del enfado de los radiodifusores con el Reglamento del IFE. Aunque cumplir los nuevos plazos de entrega de los spots no les representa mayor dificultad, porque se trata de términos que aceptan todos los días con sus clientes comerciales, los grupos de radiodifusión encontraron en este episodio una ocasión adicional para tener un nuevo pulso con el IFE.

Se trata de un arrebato de motivaciones ideológicas. Los radiodifusores más beligerantes se consideran dueños de las frecuencias que el Estado les ha concesionado. No admiten regulaciones que alteren la rutina de discrecionalidad y anchura que les ha permitido hacer negocios financieros y políticos con las frecuencias que manejan. No toleran que nadie –ni siquiera la autoridad electoral que organiza las elecciones que son eje de nuestra democracia– les imponga fechas ni cánones que sobresalten esa benévola rutina.

No son todos

   Los concesionarios resguardados en la CIRT están de tal manera convencidos de que la televisión y la radio son propiedad suya que se consideran representantes de todos los concesionarios. Y no es así.

El 6 de julio de 2011 la CIRT presentó en el Tribunal Electoral los recursos de apelación contra el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral. Al día siguiente, en un desplegado aparecido en varios diarios, la CIRT anunció que habían sido entregadas impugnaciones de “1,000 estaciones de AM, FM y TV”.

En posteriores comunicados y en declaraciones de sus directivos, la CIRT se ufanó de haber presentado un millar de impugnaciones. Esa versión fue repetida por los voceros que las televisoras suelen tener en varias columnas financieras y políticas.

Sin embargo los concesionarios se inconformaron con el reglamento fueron únicamente 263. Algunos de ellos, incluso, fueron rechazados por el TRIFE debido a que sus concesiones habían caducado.

Esa es la cantidad de recursos de apelación inventariados por el TRIFE en la sentencia del 14 de septiembre.

Entre los quejosos se encuentran estaciones de los grupos Televimex (subsidiaria de Televisa para operar sus concesiones en el DF), Televisión Azteca, Imagen, Multimedios, Radio Fórmula, Fomento de Radio (Radio Mil) y Radio Centro (a través de varias denominaciones). También hubo impugnaciones del PRI y el PVEM, cuya adhesión a las causas de tales empresas no es nueva.

Algunas de esas firmas, especialmente las que son titulares de concesiones de televisión, representan a más de una radiodifusora y televisora. Pero 263 son pocas en comparación con el millar de impugnaciones que la CIRT se ufanó de haber presentado.

Son más pocas, todavía, en comparación con las 2 mil 808 estaciones de radio y televisión que hay en todo el país, de acuerdo con la información de la COFETEL fechada el 30 de junio.

Incluyendo algunas adjudicaciones de frecuencias recientes, debido a la regularización de varias concesiones y permisos y al otorgamiento de frecuencias en FM para empresas que tenían estaciones en AM, existen 1900 estaciones de radio (368 permisionadas y 1532 concesionadas), así como 908 televisoras (300 permisionadas y 608 concesionadas).

Las impugnaciones promovidas por la CIRT involucraron únicamente a 263 concesionarios. No se trata de todas y posiblemente ni siquiera de la mayoría de las estaciones de radio y televisión que hay en el país.

También en eso se equivocaron los siete magistrados del TRIFE. Creyeron que al resolver favorablemente la queja de esa Cámara empresarial estaban congraciándose con la mayor parte de los operadores de televisión y radio en el país. Quizá por eso aprobaron un dictamen tan descuidado. Quedaron bien con una porción de los concesionarios: los más agresivos, intolerantes y fundamentalistas; los que creen que las frecuencias son suyas y no de la nación, los que están dispuestos a descarrilar las elecciones con tal de reafirmar su influencia política. A esos empresarios respaldan los magistrados del Tribunal Electoral. En esas manos está la calificación de las elecciones de 2012.

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Parece demasiado evidente que los medios de comunicación tendrán un papel preponderante en las elecciones de 2012. Los políticos y sus partidos creen a pie juntillas que necesitan a los medios para que los ciudadanos voten por ellos. Propietarios y operadores de medios propalan esa afirmación con interesada intensidad. La mayor parte de los observadores y opinadores, tanto en los propios medios como desde la academia, suelen compartir esa apreciación.

Los medios están en el centro del escenario público y se benefician de la azorada pleitesía que suscitan entre los actores de la vida política. Gobiernos y partidos invierten toneladas de dinero e importantes decisiones para congraciarse con las corporaciones mediáticas más relevantes. Gobernantes y dirigentes políticos se preocupan poco o nada por los programas de gobierno que propondrán a la sociedad, pero uno de sus afanes fundamentales es quedar bien con los medios.

La búsqueda de consensos necesaria en toda campaña electoral se ha desplazado parcialmente. Políticos y partidos no buscan directamente la aprobación de los ciudadanos sino la anuencia de los medios. Los medios de comunicación son intermediarios indispensables para comunicarse con la sociedad, pero muchos políticos los han entendido como destinatarios finales y no como mediadores en su búsqueda de interlocución con los ciudadanos.

Gratuidad en riesgo

A los consorcios mediáticos más importantes no les gustan las reglas que el Congreso estableció en 2007 para la relación entre radio y televisión y campañas electorales. La prohibición a la compra de espacios en esos medios les privó de un negocio cuantioso.

   En 2006 los partidos gastaron al menos 1400 millones de pesos en la compra de espacios en televisión. De esa cantidad, por lo menos 770 millones de pesos fueron para Televisa y 359, en números redondos, para Televisión Azteca.

En radio, los partidos gastaron al menos 590 millones de pesos. El Grupo Radio Centro recibió 60 millones de pesos y Radiorama 56 millones de pesos.

De allí el recelo con que esos y otros grupos mediáticos recibieron la reforma constitucional de 2007 que dispuso el empleo de tiempos estatales para transmitir los anuncios de los partidos políticos. Las televisoras quisieron sabotear esa reforma con triquiñuelas que parecían berrinche infantil pero que significaron violaciones graves a las reglas electorales, como la colocación de avisos antes de los spots o la interrupción de eventos deportivos para difundir los mensajes de los partidos en busca del rechazo de los televidentes. Hasta hace pocos meses, Televisión Azteca debía más de 162 millones de pesos por multas ocasionadas por esos y otros incumplimientos a la ley.

Propaganda en mercado negro

Es difícil que los consorcios mediáticos quieran evadir la legislación electoral con subterfugios como los que emplearon en la anterior elección federal y que no fueron mas que demostraciones testimoniales. El auténtico desafío a la reforma constitucional que impide la comercialización de espacios para propaganda política se encuentra en tres chanchullos que han diseñado las televisoras y algunos grupos radiofónicos: a) la venta de espacios para entrevistas o apariciones de candidatos en diversos programas; b) menciones o entrevistas como resultado de la compra de espacios pagados por gobiernos o instituciones estatales y, c) el “emplazamiento” de nombres y siglas dentro de la programación regular de esos medios.

La comercialización de contenidos de campaña electoral se encuentra expresamente prohibida por la ley. No obstante, sigue siendo una práctica sobre todo en radiodifusoras en algunos sitios del país. La desesperación de algunos candidatos para tener acceso a los medios electrónicos y la voracidad de diversos concesionarios ha originado un mercado negro de la propaganda electoral que implica pago a cambio de invitaciones a conversar delante de los micrófonos.

Por supuesto no suele haber documentación que deje registro de esos gastos que, con facturas o sin ellas, son ilegales. La única manera eficaz para terminar con esa práctica sería que los partidos la rechazaran. Pero a menudo son los propios dirigentes de los partidos quienes la propician.

Te pago para que me invites

En otros casos, los medios electrónicos pueden estar dispuestos a conceder espacios a los partidos afines a los gobiernos que les han comprado propaganda. La extendida costumbre de los gobernadores y del presidente de la República para anunciar obras públicas y otras acciones en televisión y radio, ha creado un circuito de propaganda política muy redituable para los consorcios mediáticos aunque de escasa o nula utilidad social.

Tan sólo entre 2005 y 2010 el gasto del gobierno federal en propaganda creció de 733 millones de pesos a por lo menos 6473 millones de pesos, de acuerdo con datos del grupo Fundar. Esas cifras no incluyen la propaganda contratada por gobiernos estatales o por instituciones como el Congreso, el Poder Judicial o las universidades públicas.

La propaganda de esos gobiernos e instituciones constituye, de por sí, una irregularidad muy costosa que limita a la democracia mexicana. Pero en el contexto de las campañas electorales, constituye una fuente de posible inequidad en la competencia entre los partidos y de perversión en las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación.

No es aventurado suponer que más de un gobernador, o su encargado de comunicación social, querrán recibir para ellos mismos, o para los candidatos con los que simpaticen, un trato privilegiado en las estaciones de televisión y radio en las que antes han comprado abundantes espacios para hacerse propaganda. Esas inserciones pagadas se han convertido en el equivalente, para los medios electrónicos, de lo que eran –y en algunos casos siguen siendo– las gacetillas en el periodismo impreso. La chequera de los jefes de prensa funciona como fuente de presiones y sobornos para medios de toda índole.

Engañosas menciones

La tercera modalidad, que ya se ha puesto en práctica para evadir las normas en materia de propaganda electoral, es la mención de candidatos en campaña dentro de distintos espacios en televisión y radio. En 2006 la campaña presidencial del PAN utilizó ese recurso para que el entonces candidato Felipe Calderón fuera aludido en una telenovela y en un programa cómico. Durante las campañas de 2009, un personaje de telenovela que a su vez aparecía en los spots del PVEM llevaba una camiseta que proclamaba “Soy verde”. En el primer caso, el Tribunal Electoral encontró que no tenía elementos para sancionar al Partido Acción Nacional por tales menciones a su candidato presidencial. Las sanciones al PVEM por los spots de 2009 siguen pendientes después de varias decisiones contradictorias del IFE y el Tribunal Electoral.

Las menciones, o product placement como se les llama en otros sitios del mundo, les gustan a los publicistas del gobierno y los partidos. El caso más notorio fue la contratación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de toda una telenovela, que se transmitió en mayo pasado, para promover la imagen de los policías federales. El área de ventas de Televisa, por su parte, propone la  integración como una de las mejores opciones para promover productos de toda índole.

Esa modalidad publicitaria coloca los anuncios dentro del programa y no en espacios claramente señalados para los segmentos comerciales. Cuando los personajes de una telenovela comen pan Bimbo o toman Leche Lala, cuando la trama de una serie se desarrolla en una agencia de automóviles Ford, o cuando los personajes centrales del melodrama se casan en una iglesia situada en el Estado de México, es porque existen contratos publicitarios merced a los cuales esas alusiones han sido posibles.

Tentación de dos filos

El product placement es un engaño a los espectadores. El público no sabe si está viendo una telenovela resultado de la creatividad (aunque suela ser tan limitada) de los argumentistas de Televisa, o si se trata de una mención pagada. O, dicho de otra manera, a los televidentes en vez de la programación habitual se les ofrece una catarata de anuncios disfrazados de telenovelas, eventos deportivos o incluso entremezclados con las noticias.

La Secretaría de Gobernación tiene obligación de contabilizar esas menciones dentro de las cuotas de anuncios comerciales a las que tiene derecho cada televisora, cada hora. Pero ni la Segob ni otras autoridades se singularizan por cumplir la legislación que tenemos en materia de radio y televisión.

Las televisoras tendrían que advertir a sus telespectadores que no están presenciando programas regulares, sino comerciales aderezados de tramas dramáticas o espectáculos. Pero ni a Televisa ni a TV Azteca (en donde no hablan de integración de productos porque todos sus programas suelen ser largos y encadenados anuncios comerciales) les inquietan el respeto a sus públicos.

El dilema es para los actores políticos. Si los partidos caen en la tentación de aprovechar la llamada “integración de producto” para que sus emblemas o candidatos sean mostrados, aunque sea fugazmente, en algún programa de televisión, no solamente estarán incurriendo en una práctica ilegal. Adicionalmente, ensancharían todavía más la puerta por la que el poder de las televisoras retorna para ser definitorio no en las decisiones políticas de los ciudadanos pero sí en el comportamiento de los gobernantes.

Spotización de campañas

Las reglas electorales aprobadas en 2007 acotaron el poder de las televisoras y radiodifusoras, al inhibir la compra de espacios para propaganda electoral. Pero contenían un regalo envenenado. Al conceder espacios muy abundantes a partidos y candidatos y al establecer, además, que esos tiempos solamente se pueden utilizar en segmentos de 30 segundos agrupados en tramos de dos o tres minutos por hora en cada estación de televisión o radio, aquella reforma electoral determinó la spotización de nuestras campañas electorales.

La exposición mediática de los partidos ante los ciudadanos únicamente puede hacerse en spots de medio minuto. Y se trata de muchos, muchísimos spots, exactamente 96 diarios en cada televisora o radiodifusora. La mayor parte de esos espacios, como hemos insistido en estas páginas, tiene obligación de ocuparlos la autoridad electoral porque eso dice la ley. Así que, igual que nos sucedió hace dos años en la elección federal intermedia, en 2012, ahora durante más días porque se trata de campañas presidenciales, padeceremos torrentes de mensajes que se repetirán machaconamente en cada canal de radio y televisión.

Está por verse si los ciudadanos querrán votar por los candidatos cuyo nombre escuchen con más insistencia. Por otra parte hay que considerar que, para cuando comiencen las campañas formales, los mexicanos habremos estado abrumados por meses y años de propaganda gubernamental (en primer lugar del gobierno federal, pero además de administraciones estatales e incluso municipales) que nos muestran todo el día, a todas horas, a personajes políticos que cacarean sus logros con dinero nuestro.

Paciencia ciudadana a prueba

La decisión del gobierno federal para incrementar casi diez veces más el gasto en propaganda contribuye a colmar el espacio público de mensajes políticos. Aunque no hay estudios al respecto, es altamente posible que esa abundancia de spots le reste eficacia a la propaganda de las campañas electorales.

¿Cómo reaccionarán, con qué intensidad, los ciudadanos ahítos de propaganda gubernamental y política durante varios años y que durante 2012 encontrarán en cada canal a los partidos de siempre, proponiendo las mismas  promesas o descalificaciones de siempre, todos los días, a toda hora, durante el primer semestre del año?

¿Hasta dónde llegará la resistencia de esos televidentes y radioescuchas, particularmente aquellos que para su entretenimiento dependen fundamentalmente de la televisión de paga, antes de padecer lo que en el estudio de los medios se denomina efecto saturación?

Lo que ahora puede preverse es que esa abundancia de spots difícilmente solidificará la cultura política de los mexicanos.

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Publicado en Zócalo, julio de 2011

Frecuencias de TV en México 2010 Cuadro anexo a texto Zócalo jul 11

En México hay 863 canales de televisión abierta. 532 de ellos, el 62% son manejados por Televisa y Televisión Azteca. Si descontamos los canales en manos de gobiernos estatales y del gobierno federal, así como los de carácter educativo, tenemos 566 estaciones de carácter comercial. El 94% de ellas están adjudicadas a las dos televisoras que, de esa manera, acaparan las frecuencias de esa índole en la televisión mexicana.

Habitualmente los estudios acerca de la televisión en nuestro país han distinguido entre canales concesionados y permisionados. Esos son los dos regímenes de licencias que establece la Ley Federal de Radio y Televisión y así se encuentra organizada la información que publica el gobierno federal. Según la ley, los canales concesionados pueden transmitir publicidad y tienen fines de lucro. Los otros, no pueden comercializar sus espacios y son para tareas de difusión oficial y cultural.

De los 863 canales adjudicados a distintas empresas e instituciones, 578 se encuentran en el régimen de concesiones y 285 bajo la figura legal de permisos. Sin embargo, como apuntamos antes, hay 566 estaciones con autorización para comercializar. Eso significa que algunos canales manejados por instituciones oficiales o culturales se encuentran en régimen de concesión. Por otra parte, hay estaciones permisionadas que son administradas por empresas privadas o que retransmiten señales de las televisoras de esa índole.

El desbarajuste en la asignación de licencias se remonta a varias décadas. Algunos gobiernos estatales han recibido canales bajo el régimen de concesión, o se han hecho cargo de canales de esa índole que inicialmente estaban asignados a empresas privadas. Así ocurrió, por ejemplo, con el Canal 22 de la ciudad de México que cuando se fundó era privado y luego pasó a ser propiedad del Estado.

En el régimen de concesiones no son todos los que están, y viceversa. Lo mismo sucede con los permisos. El Canal 2 de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, funciona como repetidora de Televisa. El Canal 4 de San Miguel Allende, Guanajuato, es un negocio privado igual que el Canal 22 de Arandas, Jalisco y el Canal 9 de Coatzacoalcos, Veracruz. Todos ellos transmiten bajo la figura del permiso.

Una revisión de las licencias de televisión inventariadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones que hicimos para el libro Panorama de la comunicación en México 2011, que circulará coeditado por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y la Cámara de Diputados, nos permitió elaborar el cuadro que aparece junto a este texto. Allí se muestra la distribución de frecuencias televisivas según las empresas e instituciones que las tienen asignadas. De esa revisión, pueden destacarse apreciaciones como las siguientes.

1) Hegemonía de las cadenas privadas. Televisa tiene el 37% de todas las frecuencias en el país y el 57% de las frecuencias que se utilizan con propósitos comerciales, independientemente del tipo de licencia legal con la que funcionen. Televisión Azteca ha recibido el 25% de todas las frecuencias nacionales y el 37% de las que operan con fines mercantiles.

En algunos casos, esas empresas alcanzan una presencia regional superior a la que tienen en el plano nacional. En Baja California Sur hay 19 estaciones televisoras. Todas excepto una, en La Paz, son de Televisa o TV Azteca. En Guerrero, de 25 canales, 23 son de tales empresas. En Nayarit, 8 de 10. En Sinaloa, 16 de 18. En Zacatecas, 15 de 17 canales están en manos de Televisa y Azteca. En Querétaro hay 10 canales en televisión abierta; todos los controlan esas empresas.

2) Débil y casi nulo contraste en la televisión privada. Además de los 532 canales comerciales utilizados por Televisa o TV Azteca, existen 34 operados por otras empresas. La mitad de ellos están concesionados a Multimedios, la firma propietaria de Milenio TV que transmite solamente por cable (motivo por el cual no se contabiliza en esta relación). Multimedios tiene 3 canales de televisión abierta en Coahuila, 2 en Guanajuato, 4 en Nuevo León y 8 en Tamaulipas. Los otros 17, son canales manejados por pequeños grupos locales; 6 de ellos se encuentran en Baja California e incluso alguno, el 49 de Tecate, difunde una señal originada en San Diego, del otro lado de la frontera.

3) Dispersa y débil televisión pública. Los gobiernos locales manejan 253 frecuencias. Se trata de una gran cantidad de televisoras, superior a las que se encuentran a cargo de TV Azteca. Sin embargo están desparramadas y, por otro lado, no hay evidencia de que todas ellas sean utilizadas para transmisiones regulares.

La quinta parte de esos canales se encuentra en Oaxaca pero no puede considerarse que alcancen a cubrir toda esa entidad debido a la escarpada orografía y a la baja potencia que esas estaciones tienen autorizada para transmitir. En Huajuapan de León, por ejemplo, el canal 5 de Televisa transmite con una potencia de casi 36 mil watts y el canal 4 del gobierno de Oaxaca tiene solamente 700 watts. En Matías Romero, el canal 12 de Televisión Azteca apabulla a la audiencia con 125 mil watts en tanto que, allí mismo, el canal 2 del gobierno estatal utiliza nada más 18 watts (sí, diez y ocho). En la capital del estado la televisora del gobierno hace un esfuerzo para transmitir con 20 mil watts, pero los canales de Televisa utilizan 100 mil y 150 mil, en tanto que los de Azteca transmiten con 200 mil.

4) Desigual e insuficiente presencia del Canal Once. Después de la ampliación de repetidoras que en 2010 reforzó su presencia en algunas zonas del país, el Canal Once y el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales cuentan con 39 canales (la tercera parte de ellos son canales espejo, de índole digital, como se explicará más adelante). Hay 13 estados del país cuyos habitantes todavía no conocen, al menos en televisión abierta, los contenidos de esa emisora que formalmente se encuentra a cargo del Instituto Politécnico Nacional.

El Canal Once tiene repetidoras fundamentalmente en capitales y ciudades relevantes (Tijuana, Saltillo, Chihuahua,  Durango, Celaya, Coatzacoalcos, Xalapa, entre otras) pero hay amplias franjas del país sin el servicio que puede ofrecer esa emisora.

La creación del OPMA dotó al Once de más repetidoras que, sin embargo, no son propiedad de dicho canal sino de Organismo que depende de la Secretaría de Gobernación. Si el OPMA únicamente tiene la función de respaldar al Canal Once creando repetidoras en ciudades a las que no llegaba esa emisora, entonces alguien tendría que explicar por qué recibió un permiso para transmitir en la Ciudad de México en la frecuencia del Canal 30. En la capital del país el Once ya tenía una frecuencia “espejo”, el canal 33, para difundir en formato digital.

5) Cinco canales universitarios. A diferencia de otros sitios del mundo en donde las televisoras a cargo de las universidades tienen presencia relevante, en México a excepción del IPN casi todas las instituciones de educación superior han estado al margen de la difusión televisiva. La UNAM tiene un canal en sistemas de cable y satelitales y una señal abierta en la ciudad de México, autorizada solamente para transmisiones experimentales. En Durango, la “Universidad España” maneja el Canal 28. En Jalisco, recientemente la Universidad de Guadalajara obtuvo el canal 44 en dicha ciudad. En Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene desde hace años el Canal 53. En Hermosillo, la Universidad de Sonora transmite en el Canal 8. En México hay centenares de universidades e instituciones de educación superior. La ANUIES, que reúne a las más importantes, tiene registradas a 159. De todas ellas, solamente 4 cuentan con televisión abierta y una más, la UNAM, apenas se dispone a hacerlo.

6) Lento desarrollo de la televisión digital. Todos los datos anteriores se refieren a estaciones analógicas y digitales. Los de carácter digital son en su mayoría canales que ha asignado el gobierno, a petición de las empresas o instituciones que ya tenían una frecuencia para difundir de manera analógica y que solicitan otra más para, en ella, transmitir la misma señal pero con calidad de alta definición. El gobierno creó la modalidad de “canales espejo” desde julio de 2004 pero han interesado muy poco a las empresas que ya tenían frecuencias digitales.

Televisa cuenta con 261 frecuencias analógicas pero únicamente ha solicitado, y recibido, 60 canales digitales. Televisión Azteca, que tiene 180 canales analógicos, nada más ha requerido 31 de carácter digital. Los gobiernos de los estados, hasta hace pocos meses acumulaban 252 canales analógicos y solamente uno digital. En fecha posterior a la evaluación que se muestra en el cuadro adjunto, el gobierno federal adjudicó 15 nuevas frecuencias para televisoras digitales de distintos gobiernos en los estados y canceló 12 concesiones de televisión digital para usos comerciales.

En la evaluación que presentamos, entre empresas e instituciones había 746 canales analógicos y únicamente 117 digitales. Solamente se han tramitado frecuencias digitales para replicar, en ese formato, el contenido del 15% de los canales tradicionales. Esos datos corroboran el fracaso que, hasta ahora al menos, ha sido la televisión digital y de alta definición en México.

En otros casos, el gobierno federal ha asignado canales digitales a diversas instituciones como el Congreso de la Unión y el gobierno de la Ciudad de México. Esos canales solo podrán ser sintonizados en televisores capaces de recibir señales digitales.

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   Los anteriores, son únicamente algunos comentarios acerca de empresas e instituciones que controlan la televisión mexicana. La inercia domina en las políticas del gobierno para ese sector. Aunque se han asignado algunos permisos, en los años recientes no se ha autorizado una sola concesión (excepto canales espejo) para televisión comercial abierta en el país. En México existen frecuencias suficientes para dos o quizá tres cadenas nacionales de televisión abierta, incluso sin tomar en cuenta las opciones que abriría la televisión digital –que además de calidad de imagen permite más canales en donde hasta ahora había espacio solamente para una señal–.

La monotonía en la televisión mexicana únicamente les conviene a las empresas que han explotado ese mercado. El gobierno considera que la televisión debe seguir siendo como hasta ahora. También en eso, como en tantas otras cosas, se equivoca.

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Miguel Ángel Granados Chapa ejerció variados géneros periodísticos. Fue reportero en sus años mozos

Cartón de Helioflores, publicado en El Universal. Tomado de http://gobiernolegitimobj.blogspot.com

(en el semanario Crucero); más tarde tuvo sustanciales tareas directivas en medios impresos (Excélsior, Proceso, Punto, La Jornada, Mira) lo mismo que en medios electrónicos (Radio Educación, los noticieros de Canal Once). Fue comentarista en numerosos espacios radiofónicos y conductor de la Plaza Pública en Radio UNAM. Hizo crónica parlamentaria. Pero sin duda la tarea periodística que lo definió era la columna política. Allí encontró el sitio idóneo para amalgamar con libertad la información y la reflexión, e inclusive la convicción y la pasión.

Trabajo por excelencia individual, la columna periodística es un espacio para ofrecer juicios –que sin duda no están exentos de prejuicios–. Las que escribía Granados Chapa no eran columnas carentes de posiciones políticas, al contrario. Todos conocíamos, y abrevamos a diario en ellas, las columnas de Miguel Ángel con cuyas afinidades políticas coincidíamos o disentíamos, pero que siempre ofrecían una exposición ordenada de razonamientos y hechos.

Granados Chapa se volvió referencia cardinal en la vida mexicana con Plaza Pública, que apareció el 13 de julio de 1977. En aquellos años las columnas políticas que abundaban en la prensa mexicana eran, en su mayor parte, instrumentos al servicio de grupos de poder, aderezadas con presuntas confidencias filtradas desde el gobierno. Unas cuantas eran la excepción, destacadamente la columna de Manuel Buendía con quien Granados Chapa había trabajado una docena de años antes. En esas escasas columnas no oficialistas había periodismo de investigación que relumbraba en medio de la opacidad profesional que se padecía en anchas zonas en la prensa mexicana.

En Plaza Pública era difícil encontrar apreciaciones que no estuvieran respaldadas en hechos, de la misma manera que estaban tamizadas por las concepciones y convicciones de Granados Chapa. Generoso en sus filias, pero también severo –y en ocasiones injusto– en sus fobias, el autor de Plaza Pública tenía una legión de lectores que podían estar identificados o no con sus opiniones pero que las encontraban indispensables.

La Plaza Pública se nutría del brío periodístico de su autor, pero también de una erudición cultivada en inagotables lecturas y en un agudo conocimiento de la vida mexicana. Granados Chapa solía registrar asuntos muy variados, no sólo en el campo de la política. Por eso, el alter ego de Plaza Pública fue, durante los años recientes, la columna “Diario de un espectador” que Granados Chapa escribía 5 veces a la semana para Metro, el diario de corte popular que edita el Grupo Reforma y en donde reseñaba temas de la vida cultural.

Las columnas que trascienden el comentario impresionista o la confidencia interesada, son cada vez más escasas en la prensa mexicana. Al análisis se le suele confundir con la sentencia en un par de líneas. El espacio para la reflexión se encuentra cada vez más constreñido por nuevas prioridades de los diarios.

Con Miguel Ángel Granados Chapa no solamente despedimos a un periodista de notable tenacidad, inteligencia y consistencia. Además, posiblemente, asistimos al comienzo del fin de la reflexión política tal y como la hemos conocido en la prensa mexicana.

No se necesita ser Nostradamus para anticipar que el cuantioso gasto que hizo la Secretaría de Seguridad Pública para financiar la telenovela “El Equipo” no logrará mejorar sustancialmente la imagen pública de esa dependencia. Tampoco se requieren habilidades adivinatorias para considerar que ese fracaso, ni siquiera por haberse difundido en cadena de televisión nacional, no modificará el embeleso por la televisión que tiene la clase política mexicana y especialmente el gobierno federal.

La decisión de la SSP para financiar esa serie de 20 capítulos que comenzaron a transmitirse a principios de mayo manifiesta una amalgama de avidez propagandística, necesidad de legitimación y costoso candor acerca de los efectos de los medios de comunicación. El secretario Genaro García Luna y sus asesores padecen una ignorancia que, dicho sea en descargo suyo, es compartida por amplios segmentos en la política mexicana. Esa impericia radica en suponer que la televisión moldea conductas como si las conciencias de los televidentes fueran de plastilina.

Los estrategas de la SSP en materia de publicidad creyeron (desde luego marrulleramente persuadidos por algunos ejecutivos de Televisa) que bastaría hacer una telenovela con  policías judiciales buenos y virtuosos para que, gracias a ello, la sociedad mexicana dejara de desconfiar en los elementos de esa corporación.

Pero la televisión nunca ha funcionado así y menos ahora, cuando además de ese medio los ciudadanos tienen otros recursos para enterarse de los asuntos públicos y formarse una opinión acerca de ellos. Por muy llamativa y profesional que hubiera resultado la producción de esa telenovela, los telespectadores saben distinguir entre ficción y realidad. Por muchas escenas dramáticas que reivindiquen a la Policía Judicial, los televidentes saben que el desempeño de esos agentes no siempre es tan justiciero e intrépido como se asegura en la telenovela.

Costosa caricatura

El efecto de la teleserie está acotado por las informaciones que los ciudadanos reciben, en ocasiones a partir de su experiencia personal, acerca de la gravedad de la violencia, la impunidad que por desgracia sigue beneficiando a muchos delincuentes e incluso las complicidades que encuentran en corporaciones policiacas que no son ajenas a la corrupción.

Ninguna telenovela basta para contrapesar el entorno de incertidumbre que ha creado la propagación de la violencia criminal en México. “El Equipo”, además, muestra situaciones tan maquilladas que los televidentes no podrían tomarlas como referencia para justipreciar a criminales o policías de una realidad muy distinta a la que difundió esa serie.

De acuerdo con la descripción que hizo el analista de televisión Álvaro Cueva, esa teleserie resulta inverosímil por la polarización de estereotipos que plantea: “En ‘El equipo’ los policías son hermosos, atléticos, finos, cultos, inteligentes, sensibles y trabajan con una tecnología que ni Jack Bauer en 24.

En cambio, los delincuentes son feos, negros, panzones, nacos, ignorantes, tontos, insensibles y hacen su chamba en condiciones asquerosas. ¿Así o más maniqueo?” (Milenio, 15 de mayo de 2011).

El maniqueísmo es un recurso para simplificar la complejidad de la vida real. Cuando presenta policías judiciales muy distintos a los que los ciudadanos han conocido y delincuentes que no se parecen a muchos de los que suelen ser presentados en público por las propias autoridades judiciales, “El Equipo” funciona como propaganda vulgar, es decir, de previsible ineficacia.

Tratar de enmendar a partir de una pieza de ficción televisiva la apreciación que la gente tiene de la realidad es una apuesta incierta y, por eso, riesgosa. La simplificación de la realidad con el propósito de mostrar solamente los rasgos benignos de los policías, enfrentados a delincuentes torvos, infames y torpes, puede convertirse en mera caricatura. Que una televisora proponga como programa estelar esa parodia de la realidad, es discutible. Pero que lo haga con fondos públicos, merced a un acuerdo expreso con la dependencia del gobierno federal que está a cargo de la persecución a la delincuencia organizada, es un acto de ingenuidad e irresponsabilidad.

Mensaje y contexto

La televisión no modifica las actitudes de los ciudadanos. Puede influir en ellas, sobre todo cuando existe un contexto favorable a los mensajes que se pretende tengan peso sobre una audiencia determinada. Si tengo gripe, estoy buscando un medicamento y miro en televisión el anuncio de un antigripal, estoy más predispuesto que la mayoría de los televidentes a tomar en cuenta dicho mensaje. Pero eso no significa que vaya a salir corriendo a comprar ese producto en la farmacia. La experiencia acerca de ese medicamento por parte de otras personas que yo conozca y mi experiencia misma en materia de antigripales, serán determinantes para que yo le haga caso, o no, a la invitación que hace el anuncio.

Es decir, la propuesta que formula ese contenido en la televisión tendrá eficacia en la medida en que los telespectadores sean propensos a mensajes de esa índole. Si los ciudadanos están ávidos de tener policías generosos y gallardos, se interesarían más en la teleserie. Pero lo que quieren hoy los mexicanos es honestidad y sobre todo eficacia en el combate a la delincuencia, aunque la vida privada de los policías judiciales no ofrezca material dramático como para una telenovela.

Por eso la inversión de dinero y esfuerzo, así como la utilización de instalaciones oficiales para grabar la telenovela de una empresa privada, han sido un desperdicio.

Una de las protagonistas de la fallida telenovela

Dispendio y denuncia

Ese gasto podría tener consecuencias legales, porque se trata de propaganda encubierta. Las normas administrativas permiten a las dependencias del gobierno federal contratar espacios de publicidad para anunciar sus acciones, hacer campañas sociales, difundir información, etcétera. Pero no está prevista la contratación de dramatizaciones con las que se busca persuadir a los ciudadanos de los méritos de una corporación policíaca.

Ese gasto no ha sido menor y las autoridades de la SSP han querido mantenerlo en secreto. El periodista Jenaro Villamil informó que  “El Equipo” requirió una inversión de 150 millones de pesos por parte de esa dependencia (Proceso, 14 de mayo de 2011). Se trata de una suma enorme, pero si además de producir esa serie la SSP pagó para transmitirla el desembolso pudo haber sido más alto.

Actualmente, de acuerdo con sus tarifas para el segundo trimestre de 2011, la contratación de un minuto de publicidad comercial en la cadena nacional del Canal 2 cuesta un millón 863 mil pesos (sin impuesto). Cuando un cliente compra en paquete o paga por anticipado recibe descuentos importantes. En todo caso, la compra no de un pequeño espacio sino de uno de los segmentos más caros en la programación del llamado Canal de las Estrellas (a las 10 de la noche) puede haber costado bastante más que el equivalente a 4 minutos de publicidad ordinaria.

La diputada Leticia Quezada, del PRD, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos públicos en la grabación de esa telenovela. El asunto puede ser más grave.

Engaño al público

“El Equipo” muestra, en plenitud, el estilo de propaganda que Televisa se empeña en vender a las instituciones gubernamentales y políticas. Se trata de la adaptación, para clientes de ese corte, de la modalidad denominada “integración de producto” (product placement, se le dice en otros países). En las series dramáticas, de la misma manera que en cada vez más películas para el cine, los actores aparecen consumiendo bebidas, alimentos o cigarrillos, o conduciendo automóviles de marcas específicas.

Hace poco Televisa difundió una telenovela que se desarrollaba en una agencia de automóviles. La marca Ford aparecía a cada momento. A diferencia de la publicidad subliminal, que no se manifiesta de manera expresa, la “integración de producto” incrusta a las marcas como parte de la dramatización.

Se trata, en rigor, de un engaño al público. Los televidentes miran un programa en el entendido de que la publicidad es presentada de manera expresa, en los cortes comerciales. Pero ya que se trata de menciones y exhibiciones pagadas por una firma comercial, tendrían que ser contabilizadas como parte del tiempo que la ley autoriza para difundir publicidad en las televisoras.

La Ley de Radio y Televisión y su Reglamento únicamente permiten que en televisión haya 11 minutos de publicidad cada hora. Los concesionarios hacen trampa y para transmitir segmentos comerciales mayores a ese tiempo, lo calculan como si se pudieran acumular los minutos de las 24 horas del día para luego repartirlos como mejor les convenga, de tal forma que en los horarios de mayor audiencia hay hasta 30 minutos, o a veces más, de publicidad cada hora.

A esa infracción cotidiana, que sólo se explica debido a la negligencia de la Secretaría de Gobernación que debiera encargarse del cumplimiento de las leyes para la televisión y la radio, se añade la “integración de productos”. En otros países, por ejemplo en la Unión Europea, el product placement tiene reglas estrictas. Entre otras cosas, es obligatorio que se le indique al público qué menciones, escenas o situaciones se deben al pago de las empresas cuyos productos son ubicados dentro de un programa de televisión o una película.

Televisa, decisión política

En México, no solamente carecemos de reglas para el emplazamiento de productos sino que el gobierno federal se hace cómplice de tales artimañas. Al contratar ese extenso infomercial que ha sido “El Equipo”, la SSP intentó embaucar a los ciudadanos proponiéndoles una versión acicalada del combate a la delincuencia.

También Televisa, en su avidez mercantil, avanza más allá de los límites que esa misma empresa había establecido en su relación con los telespectadores. Al presentar como telenovela un programa realizado por encargo de una dependencia pública y que ostensiblemente es una pieza de promoción institucional, la empresa actúa como mecanismo de propaganda oficial. Ni siquiera en los tiempos de la égida manipuladora y autoritaria del PRI, Televisa ponía los contenidos de sus programas de ficción al servicio del gobierno.

Se trata, desde luego, de un acuerdo comercial. Pero también de una decisión política de la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Ese estilo mercantil, puesto al servicio de cualquier institución o cualquier político siempre y cuando paguen, es entre otras cosas un recurso para burlar la legislación electoral que prohíbe la compra de espacios para spots expresamente proselitistas.

La serie “El Equipo” no llama a votar por un candidato, aunque es un instrumento de propaganda que busca beneficiar al gobierno federal. Más tarde seguramente habrá, en otras series, menciones, alusiones, entrevistas y programas enteros dedicados a los candidatos que estarán en campaña presidencial. La “integración de producto” es una manera de integrar la política al Canal de las Estrellas.

Confiar en la policía

La Policía Judicial Federal requiere una mejor imagen. El combate a la delincuencia difícilmente puede prosperar cuando los ciudadanos tienen desconfianza y temor de las corporaciones encargadas de perseguir y encarcelar a los criminales. Los mexicanos quisiéramos policías en los que pudiéramos confiar. Pero esa confianza se construye con hechos y no con fábulas de telenovela.

Muy a menudo, los noticieros y los diarios informan acerca de policías corruptos o abusivos. Mientras esas actitudes y atropellos sigan repitiéndose, por muchas teleseries que patrocinen la imagen de las corporaciones policiacas será desfavorable. Sin duda existen policías honestos, comprometidos con la justicia y persuadidos de la utilidad social de su trabajo. Para esos policías debe resultar indignante y ofensiva la parodia de su trabajo que ha mostrado “El Equipo”.

Peores excesos veremos en el futuro inmediato, mientras la llamada clase política siga creyendo que la clave para ganar consenso en la sociedad se encuentra en la televisión. Como si no tuviera otros asuntos que atender, recientemente el secretario de Educación Pública ha dicho que las telenovelas son un instrumento pedagógico. Que alguien instruya al secretario Alonso Lujambio, ¡por favor! acerca del comportamiento de la televisión.