Nexos, abril de 2008

La granja

“Todo es cuestión de poder, desde luego” explicaba el sociólogo británico Roger Silverstone: “En definitiva, el poder que tienen los medios para fijar una agenda. Su poder para destruirla. Su poder para influir en el sistema político y cambiarlo. El poder de facilitar, de informar. El poder de engañar. El poder de modificar el equilibrio de poder: entre el estado y el ciudadano; entre país y país; entre productor y consumidor. Y el poder que les es negado: por el estado, por el mercado, por la audiencia, el ciudadano, el consumidor resistentes u opuestos”.

Debido a que ejercen un poder muy importante, es preciso que existan contrapesos delante de los medios de comunicación. No son un poder ilimitado. En las sociedades contemporáneas resulta factible refrendar o propiciar nuevos poderes delante del que ejercen los grandes medios de comunicación.

Los medios convencionales (televisión, prensa, radio) constituyen un vehículo formidable para propagar mensajes pero en esa virtud, como es harto sabido, radica su riesgo esencial. El acaparamiento comunicacional puede constituirse en una de las peores amenazas para la democracia. La concentración de muchos medios en pocas manos tiende a estrujar la diversidad, así como la calidad de las opciones comunicacionales. Por eso todas las democracias contemporáneas establecen límites a la concentración de los medios.

Ideología y tecnología

A los dueños de las empresas de comunicación no les gusta que haya reglas que delimiten su actividad. Cada vez que se habla de revisar las leyes para la radiodifusión repiten la misma cantinela: normar a los medios, dicen, implica coartar la libertad de expresión.

Al contrario: regular a los medios es el único camino para que la sociedad disfrute de tal libertad. Si no existieran reglas para acotar la propiedad monopólica, propiciar la existencia de medios no comerciales, favorecer la difusión de producción independiente y hacer valer atribuciones de la sociedad como el derecho de réplica, los únicos capaces de ejercer la libertad de expresión serían los propietarios de los medios privados.

También a menudo se dice que, a estas alturas del desarrollo tecnológico en las comunicaciones, el empeño para reglamentar a los medios resulta candoroso porque los mensajes hoy en día se propagan mucho más por las nuevas redes telemáticas que en los canales de radiodifusión convencionales. El futuro de la comunicación, se insiste con afán anti regulatorio, se encuentra en Internet y allí las leyes se enfrentan a una propagación de mensajes sin fronteras.

Las nuevas tecnologías, en efecto, han propiciado el surgimiento de espacios comunicacionales que rompen con la unilateralidad y la estrechez de los medios tradicionales. La profusión de contenidos en Internet hace que la programación de los canales de televisión parezca un estanquillo de revistas comparado con la Biblioteca del Congreso estadounidense. Pero como también sabemos, los contenidos en la Red son tan disímiles en calidad como torrenciales en cantidad y hay amplias franjas de la población que están lejos de acceder a Internet.

Si de veras resultase obsoleto pensar en leyes de esta índole porque las nuevas tecnologías han multiplicado los canales de comunicación uno podría preguntarse por qué, entonces, las empresas televisivas defienden con tanta exaltación los canales que han usufructuado durante tantos años.

Ese era el propósito clave de la Ley Televisa, como con toda escrupulosidad fue denominada la reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en marzo de 2006 y cancelada 15 meses después por la Suprema Corte de Justicia. Gracias a esas disposiciones, los titulares de una concesión de televisión o radio podían disponer a su antojo de la frecuencia que hasta ahora habían utilizado solamente para difundir señales convencionales. En adelante, además de radio o televisión podrían transmitir, en esos espacios, servicios de Internet y otras formas de comunicación digital.

Los empresarios perjudicados con aquella decisión de la Corte han replicado que significó un revés para la convergencia tecnológica porque las señales de radiodifusión no se podrán utilizar plenamente. Pero, al contrario, gracias a esa determinación el espectro radioeléctrico podrá ser aprovechado por la sociedad mexicana de manera más intensa, diversa y creativa. Si la Ley Televisa hubiera prosperado, las empresas que detentan más concesiones de televisión (Televisa y Azteca) hubieran dispuesto de formidables porciones de espectro radioeléctrico para emplearlas como mejor les conviniera. Ahora en cambio, en cada frecuencia se difundirán distintos servicios de comunicación a cargo de diversas empresas. Cada uso y frecuencia tendrán que someterse a licitación.

Agenda legislativa

Para que eso ocurra es preciso que exista una nueva legislación. La decisión de la Corte eliminó párrafos sustanciales de las mencionadas leyes federales. La tarea de sustituirlos le corresponde al Congreso de la Unión. Es urgente que lo hagan porque mientras tanto la renovación de concesiones, la apertura de otras nuevas e incluso la situación jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, designada con sustento en la ahora inválida “Ley Televisa”, se encuentran en la cuerda floja.

El Senado se hizo cargo de esa necesidad y el 7 de septiembre de 2007 creó un “Grupo Plural” para revisar la legislación acerca de telecomunicaciones y radiodifusión. Dos semanas antes el Diario Oficial había publicado la sentencia de la Corte que declaró inconstitucionales las reformas en esas materias. El rebumbio que suscitaron otros asuntos políticos (entre ellos las reformas constitucionales acerca de la propaganda electoral en medios electrónicos) y el desinterés que muchos espacios en radio y televisión decidieron asumir acerca del Grupo Plural, le dieron a su nacimiento un bajo perfil mediático.

Sin embargo ese espacio legislativo tiene una importancia de primer orden: lo integran los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, los presidentes de tres comisiones senatoriales y 10 senadores más: 3 del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 1 del Partido Verde, otro de Convergencia y uno más del Partido del Trabajo.

Durante sus primeros meses el Grupo Plural, presidido por el senador Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, organizó seminarios para entender los alcances técnicos y legislativos de las decisiones de la Corte y escuchó en una docena de audiencias a los principales involucrados en una reforma legal para los medios.

En febrero la presidencia del Grupo fue ocupada por Ángel Heladio Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional. Ese senador manifestó una ostensible reticencia a emprender una pronta reforma legislativa. Tales diferencias de apreciación impedían que hubiera certezas sobre la reforma legal para los medios. El Grupo Plural, en todo caso, trabajó a partir de una agenda con siete grandes temas que tendrían que ser el eje para esa nueva legislación.

El primer asunto es quiénes, con qué atribuciones y cómo regularían a los medios. Las tecnologías digitales han emparentado de tal manera los formatos de los medios convencionales con los espacios y la ubicuidad de los nuevos medios que resulta pertinente pensar en una autoridad para todos ellos. Un solo organismo regulador, con atribuciones para intervenir en asuntos de radiodifusión tanto como de telecomunicaciones, sería congruente con una ley de medios audiovisuales y para las tecnologías digitales en vez de dos ordenamientos como tenemos hasta ahora.

En la medida en que tenga mayor independencia respecto del gobierno y otros poderes, el organismo regulador contaría con mayor fuerza institucional. Por eso sería necesaria una reforma constitucional y no únicamente la aprobación de una nueva legislación federal. En todo caso, otro tema relevante sería el mecanismo para designar al organismo y los requisitos que debieran cumplir sus integrantes, especialmente para garantizar que no tengan conflictos de interés al regular a las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión.

El organismo regulador tendría que licitar las concesiones para cualquier modalidad de explotación del espectro radioeléctrico. Las reglas para esas subastas, en donde la oferta financiera constituiría un factor complementario a la calidad en la programación o los servicios que ofrezca el interesado en disfrutar de concesiones, las normas para refrendar o prorrogar tales autorizaciones y sobre todo el establecimiento de límites a la propiedad de recursos comunicacionales, destacan en el segundo apartado de la agenda que ha discutido el Grupo Plural. Los intereses que pueden ser acotados con esta legislación no resultan menores. Basta recordar que dos empresas detentan el 94% de las concesiones de televisión comercial y otra más, Telmex, ha constituido un monopolio pertinazmente aferrado a esa posición de privilegio en el campo de la telefonía.

En un tercer tema se ubican las reglas específicas para auspiciar la modernización de las telecomunicaciones y su convergencia. Allí, lo más pertinente será el establecimiento de principios generales que orienten a la autoridad para regular casos específicos: rectoría del Estado, promoción de la competencia, defensa del interés de los consumidores y/o usuarios, serían algunas de esas pautas.

Las reglas para que los pueblos y comunidades indígenas tengan medios electrónicos, ocupan un cuarto apartado. El quinto, se refiere a los medios de índole pública y comunitaria. Los medios no comerciales más relevantes, entre ellos radios y televisoras de varias universidades públicas, han sugerido la creación de una ley federal específica para medios públicos. Pero un capítulo destinado a ellos dentro de una ley general de medios permitiría reconocerlos como parte del audiovisual nacional y quizá aliviar la marginación que han padecido. Los medios de índole o vocación pública deberían tener autorización para vender espacios de publicidad.

El sexto capítulo del guión que ha organizado la deliberación de los legisladores se refiere a los contenidos de los medios de radiodifusión. Junto con una plena garantía a la libertad de expresión, tendrían que existir reglas para clasificar los programas a fin de que los contenidos para adultos se transmitan únicamente en horarios apropiados para esa audiencia. En ese tema se incluirían los porcentajes de programación nacional, y producida por grupos independientes, que habrían de incluir radiodifusoras y televisoras.

Normas para la publicidad estableciendo límites claros a la cantidad de anuncios permitidos cada hora y, por otra parte, a fin de evitar la difusión de mensajes engañosos o que afecten la integridad de las producciones audiovisuales se encuentran en ese apartado.

También resultaría oportuno terminar con las confusiones e incluso los abusos que desde hace 4 décadas ha significado el llamado tiempo fiscal, resultado de un impuesto especial para la televisión y la radio. Lo más pertinente sería aumentar (quizá duplicándola) la media hora de la cual, además del tiempo fiscal, dispone el Estado todos los días en cada televisora y radiodifusora.

Una nueva legislación en estas materias tendría que ser compatible con las reglas que ahora contiene el Código Electoral para la difusión de mensajes políticos de los partidos. Por otra parte, quizá sea necesaria una legislación específica para normar el derecho de réplica que desde fines de 2007 está expresamente acreditado en la Constitución.

El séptimo de los temas que el Grupo Plural de senadores se propuso estudiar se refiere a las sanciones que habría por el incumplimiento de la legislación (actualmente las multas a los concesionarios que infringen la Ley de Radio y Televisión son absurdamente bajas) y los mecanismos para impugnar resoluciones en estos temas.

Presiones, aspiraciones

En represalia por interesarse en esta ley y por haber modificado las reglas para la propaganda política, los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado fueron vetados en los programas de Televisa y TV Azteca. Varios de los diputados más prominentes, en cambio, alcanzaban notoria presencia mediática. Un escenario indeseable para la reforma legal de los medios sería la aprobación en el Senado de una propuesta sólida que, sin embargo, se empantanara en la Cámara de Diputados.

Y es que, como advirtió el profesor Silverstone (Roger Silverstone, ¿Por qué estudiar a los medios?. Amorrortu, Buenos Aires, 2004) todo es cuestión de poder: “Del poder de escuchar y el poder de hablar y ser escuchado. El poder de incitar y guiar la reflexión y la reflexividad”. De esta reforma depende que esa capacidad quede en las mismas y avaras manos que han controlado a los grandes medios en México o que haya marco para la competencia, la diversidad y la pluralidad. De eso se trata. Nada más que de eso.

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Zócalo, marzo de 2008

  Emilio Azcárraga Milmo vivía sus últimos días, víctima de una enfermedad terminal. Antes del desenlace inminente dispuso que su hijo se hiciera cargo del consorcio Televisa. A comienzos de marzo de 1997 llamó a Jacobo Zabludovsky para que fuera a su casa en Los Ángeles, California, a grabar sus últimas declaraciones públicas.

   Azcárraga Milmo, El Tigre, trataba de mostrarse sonriente en aquella conversación que sería transmitida la noche del lunes 3 de marzo en el noticiero 24 Horas. A su derecha estaba, serio y nervioso, Emilio Azcárraga Jean que acababa de ser designado presidente del Grupo Televisa. A un costado de ellos se sentaron Zabludovsky y José Antonio Cañedo White, heredero de una de las familias que por décadas habían acompañado a los Azcárraga en la operación de Televisa y que fue nombrado presidente del Consejo de Administración.

   Azcárraga Milmo había cumplido 66 años y durante casi un cuarto de siglo fue el hombre más influyente en los medios de comunicación mexicanos. En su despedida electrónica apelaba al público de Televisa: “la programación va a ser siempre (para) las clases populares, así, quiero pedirles que nos vean, que nos apoyen y no se sentirán defraudados sino orgullosos de lo que hacemos”. Pero también advertía: “Y claro, no podemos evitar a los que tenemos mucho dinero, pero no nos interesa mucho” (Ovaciones, 4 de marzo de 1997).

   Aquellas palabras contrastaban con la tristemente célebre declaración de El Tigre el 10 de febrero de 2003 cuando, de buen humor y después de entregar reconocimientos a los protagonistas de la telenovela “Los ricos también lloran”, se acercó a conversar con varios periodistas, actitud que contrastaba con su habitual desdén a quienes no formaban parte de su círculo inmediato. Entonces dijo: “Aquí se juega mucho con la palabra poder, política… El poder y la política están fuera de nuestra compañía. Estamos en el negocio del entretenimiento, de la información, y podemos educar, pero fundamentalmente entretener”.

   La concepción que el dueño de Televisa tenía de la diversión que procuraba para su público quedó transparentemente definida de esta manera: “México es un país de una clase modesta muy jodida… que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil” (Alejandro Salazar Hernández, “Conversación con Emilio Azcárraga”. El Nacional, 11 de febrero de 1993).

   Aquella declaración fue tomada como muestra del desprecio que Azcárraga Milmo tenía por la sociedad mexicana. Incluso, de cuando en cuando ha sido tergiversada. El entonces dueño del consorcio mediático nunca dijo que hiciera televisión para “los jodidos”. Lo que hizo fue describir, en su ramplón vocabulario, la condición de la mayoría de los mexicanos y considerar que los pobres están condenados a seguirlo siendo siempre.

   La estrecha cuan mecánica visión de Azcárraga Milmo lo llevaba a justificar, para sí mismo, el papel de Televisa. En un país repleto de pobres irremediablemente pobres, creía, la televisión tiene la tarea de entretenerlos.

Desdenes y traiciones

   Quizá Azcárraga nunca quiso descalificar a los jodidos, como él les llamaba, sobre todo porque reconocía que sus negocios estaban dirigidos a ellos. Aquella “clase fabulosa y digna”, como también denominó a quienes constituían la audiencia fundamental de sus canales de televisión, tendría oportunidad de mirar cuatro años después la despedida de El Tigre.

   Aquel 3 de marzo, lejos de los estudios al sur de la ciudad de México en donde se grababan las telenovelas para los irremediablemente pobres, protagonista ahora de su propio drama, el habitualmente despótico Azcárraga Milmo dejaba en manos de su hijo el imperio mediático que había contribuido a expandir desde que murió su padre, a fines de 1972.

  Esa decisión no de debía sólo a sus limitaciones personales. La noticia de la hospitalización de El Tigre en California había golpeado a las acciones de Televisa en la Bolsa de Valores y uno de los copropietarios de consorcio, el senador Miguel Alemán Velasco, había tenido que asegurar que Azcárraga Milmo no era imprescindible.

   Quizá Azcárraga Milmo entendió la necesidad de modificar el funcionamiento descomunalmente vertical que había consolidado dentro de Televisa. Era fama pública que aún las más nimias decisiones dentro del consorcio pasaban por su oficina. Ese estilo de mando resultaba ineficaz en una corporación con las ramificaciones y alianzas que Televisa había construido en todo el mundo. La tensión entre mando unipersonal y redes corporativas, que se presenta en todo grupo empresarial cuando se expande, Azcárraga Milmo no la había podido resolver a causa de su tendencia a controlarlo directamente todo. Posiblemente por ello, al mismo tiempo que puso a su hijo al frente de la operación ejecutiva del consorcio estableció un contrapeso al designar a Guillermo Cañedo White como presidente del Consejo.

   Guillermo Cañedo de la Bárcena había sido uno de los amigos más cercanos de Azcárraga Milmo. Entre otras áreas, se ocupó del desarrollo de las empresas de Televisa relacionadas con el futbol y de la presencia internacional del consorcio. Fue presidente de la Organización Iberoamericana de Televisión, OTI, y vicepresidente de la Federación Internacional de Futbol, FIFA. Había muerto el 20 de enero de 1997, después de una enfermedad. A la sazón su hijo, Guillermo Cañedo White, era presidente del Club América y se ocupaba de las finanzas internacionales del Grupo Televisa. Su hermano José Antonio estaba a cargo de Televicentro, la empresa controladora de las acciones de Televisa.

      A la muerte de Cañedo, El Tigre dispuso que el Estadio Azteca llevara el nombre de ese amigo suyo aunque pocos años después todo el mundo, incluso los comentaristas deportivos de esa empresa, volvieron a identificar a ese recinto con su denominación original. El hecho de que Cañedo de la Bárcena y Azcárraga Milmo hubieran sido tan cercanos amigos no garantizaría que con sus hijos sucediera lo mismo. Y antes de que las tensiones entre las concepciones empresariales de uno y otro entraran en contradicción, el gobierno intervino dentro de Televisa a favor de Emilio Azcárraga Jean.

1997: aval del gobierno

   Unas horas después de aquella designación corporativa a través del noticiero de Jacobo Zabludovsky, los accionistas de Televisa formalizaron los acuerdos anunciados por Emilio Azcárraga Milmo en una sesión formal del Consejo de Administración. Y luego, lo primero que hicieron fue ir a Los Pinos con el presidente Ernesto Zedillo.

   Hay varias versiones acerca de aquella entrevista, en donde en representación de Televisa participaron Emilio Azcárraga Jean, Guillermo y José Antonio Cañedo White, y Miguel Alemán Velasco –todos ellos propietarios de acciones en Televisa–. Una de las más completas fue difundida por los periodistas estadounidenses Julia Preston y Samuel Dillon en su libro Opening Mexico. The making of a Democracy (Farrar, Status and Giroux, New York, 2004). “Los cuatro informaron a Zedillo –relatan– que habían acordado actuar, en el futuro, como un colectivo en su relación con el gobierno. Pero el presidente no estuvo de acuerdo. Volteó hacia el joven Azcárraga: ‘Emilio, tu padre me pidió que te ayudara y que mirase por ti’, le dijo. ‘Entre el gobierno y la familia Azcárraga siempre ha existido un pacto, comenzando por tu abuelo, luego con tu padre. Ahora tú tienes esa responsabilidad… Pero la situación está cambiando, y necesitamos ajustarnos a la nueva realidad”.

   De acuerdo con ese texto, el presidente Zedillo les dijo a los entonces accionistas de Televisa que él solamente trataría con una persona de esa empresa y que nadie en esa habitación debiera tener dudas acerca de a quién se refería.

“Como los viejos políticos”

   El presidente Zedillo había resuelto que su única interlocución con Televisa sería a través de Azcárraga Jean. Pero también decidió que el hijo de El Tigre tuviera todo el control de ese consorcio.

   A la muerte de Azcárraga Milmo, la propiedad de Grupo Televisa se distribuía en 4 familias. Emilio Azcárraga Jean controlaba el 62% de las acciones, incluyendo las que pertenecían a su hermana Laura y otros miembros de su familia. Alejandro Burillo, primo de Emilio Azcárraga, tenía el 14%. La familia Alemán, representada por Miguel Alemán Velasco, alcanzaba otro 14%. Los Cañedo White tenían el 10%. Esa composición reflejaba los acuerdos familiares y las alianzas que había tejido El Tigre, pero también le daba entrada en la administración de Televisa a posiciones que podrían no coincidir con la política mantenida durante al menos dos décadas por aquel empresario.

   El presidente Zedillo se sentía más cómodo tratando con Azcárraga Jean, que apenas tenía 29 años, y no con otros propietarios del consorcio. Aparentemente también consideró que a la estabilidad del sistema político le convenía más una empresa televisiva sólida y no afectada por tensiones internas. Como quiera que fuese distintos testimonios confirman que en el transcurso de aquel 1997 (por cierto, en vísperas de las elecciones intermedias que habría en julio) Zedillo se erigió en mandamás de las decisiones en Televisa.

   El periodista Roberto Zamarripa escribió años más tarde que, en esa reunión del 4 de marzo de 1997, José Antonio Cañedo White manifestó que al Grupo Televisa le interesaba renovar “el pacto histórico entre la empresa y el Estado mexicano”. Zedillo lo corrigió de inmediato cuando dijo que el pacto había sido entre el Estado “y la familia Azcárraga” y manifestó su sorpresa por la presencia de los Cañedo en esa reunión (Reforma, 21 de mayo de 2001). Fue entonces cuando le anunció a Azcárraga Jean que la relación entre Televisa y el gobierno la resolverían ellos dos y nadie más. Zedillo explicó que unas semanas antes, en febrero, Azcárraga Milmo le había pedido que en el futuro protegiera a su hijo Emilio.

   De acuerdo con esa versión, antes de que se fueran el presidente Zedillo les pidió a los accionistas de Televisa que visitaran esa tarde a Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación. Así lo hicieron y en esa entrevista, en Bucareli, Chuayffet les comunicó a los hermanos Cañedo que deberían retirarse de Televisa, “como los viejos políticos”.

Recomposición financiera

   Así lo hicieron. Emilio Azcárraga Milmo murió el 16 de abril de 1997. Tres meses más tarde Guillermo Cañedo White renunció al Consejo de Administración y le vendió a Azcárraga Jean las acciones de Televisa que tenían él y su familia. Las tensiones entre las familias propietarias de Televisa eran tan intensas que no escapaban al escrutinio público. Azcárraga Jean intentaba organizar a su propio equipo que con frecuencia entraba en contradicción con Alejandro Burillo. El diario británico Financial Times llegó a comentar: “La batalla por el control en Televisa parece una telenovela”.

   Lo era, y aun había episodios por conocerse. En octubre de 1998 Azcárraga transfiere un 21% de sus acciones a sus primos de la familia Díez Barroso, hijos de Laura Azcárraga, hermana de El Tigre, con quienes Televisa tenía una deuda de 300 millones de dólares. El adeudo queda saldado y la mayoría de las acciones permanece en manos de Azcárraga Jean. El 6 de abril de 1999 la familia Alemán le vende a Azcárraga Jean el 14% de acciones que tenía de Televicentro, la empresa controladora de Televisa y Miguel Alemán Magnani –hijo de Miguel Alemán Velasco, que para entonces ya era gobernador de Veracruz– deja el cargo ejecutivo que tenía en el consorcio.

   Azcárraga Jean prosigue el reordenamiento de las acciones de Televisa y el 6 de mayo de 1999 el magnate Carlos Slim compra el 24% de Televicentro en una operación con valor de 350 millones de dólares. Emilio Azcárraga se queda con el 51% de la empresa y sigue presidiendo el Consejo de Administración; las acciones de Alejandro Burillo aumentan del 14% al 25% y la financiera Inbursa, propiedad de la familia Slim, se queda con el restante 24%, incluyendo las acciones que tenía la familia Díez Barroso.

   A punto de terminar su sexenio, Zedillo había cumplido con creces la promesa que le hizo a El Tigre para velar por el futuro de Emilio Azcárraga Jean. Televisa había reorganizado sus finanzas, buena parte de la deuda que tenía fue amortizada de diversas maneras, el control real y accionario del consorcio estaba en manos de Azcárraga Jean y, sobre todo, el gobierno había decidido mantener esa vieja relación.

   El 18 de octubre de 1999 Alejandro Burillo renuncia a la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales, que era la posición que tenía dentro del corporativo Televisa. Nueve meses más tarde Burillo  vendió la mayor parte de su paquete accionario a un grupo encabezado por María Asunción Aramburuzabala, copropietaria de la Cervecería Modelo. El resto de las acciones las compraron Azcárraga Jean y la operadora financiera de Carlos Slim.

   Paulatinamente, por otro lado, buena parte de las acciones de Televisa había ingresado al mercado de valores de tal manera que el peso de los paquetes accionarios de los inversionistas más importantes se fue diluyendo, aunque el control del consorcio siguió en manos de Azcárraga Jean. Entre 2005 y 2006 los empresarios Roberto Hernández y Alfredo Harp, ex propietarios de Banamex, compraron parte de las acciones de Aramburuzabala y Slim. Por otro lado, el empresario e innovador informático estadounidense Bill Gates compró paquetes accionarios que en 2007 ascendían a poco más del 5% del capital de Televisa.

Estancamiento político

   Al terminar su gobierno, el presidente Ernesto Zedillo había contribuido de varias formas a consolidar la hegemonía de Emilio Azcárraga Jean en Televisa. Por motivos que nunca ha explicado, ese ahora ex mandatario mexicano prefirió salvaguardar el viejo modelo de relaciones de conveniencia entre el poder político y Televisa antes que acceder a la diversificación en el panorama de la televisión mexicana.

   El apego de Zedillo a Azcárraga Jean desde luego no se debía a la petición que supuestamente le formuló Azcárraga Milmo para que amparase a su hijo. Zedillo consideró que apuntalar política y materialmente a Azcárraga Jean era vital para los intereses del Estado mexicano, al menos tal y como él los entendía.

   Hay una extensa historia que no ha sido escrita acerca de los soportes políticos e incluso las gestiones financieras que el gobierno del presidente Zedillo impulsó, primero para dejarle al heredero de “El Tigre” el campo libre dentro de esa empresa –propiciando o forzando el desplazamiento de sus competidores dentro de la misma Televisa– y luego para permitirle saldar la deuda y recibir capital fresco.  

   Sin el respaldo de Zedillo, hubiera sido altamente posible que Azcárraga Jean no se mantuviera al frente de Televisa. Esa es una de las muchas circunstancias que se le olvidan al hijo de El Tigre cuando asegura que su empresa no les debe favores a los políticos mexicanos.

Publicado en emeequis, 10 de marzo de 2007

emeequis

mar/04/08 

   La grabación publicada por Proceso muestra en toda su vulgaridad al Director de Información de Televisa: “Ya lleva un mes de incendiaria; desde hace un mes va a todos los foros; nos mienta madres, pide que nos quiten canales”.

   En esos términos Javier Tejado Dondé se refería a la periodista Carmen Aristegui. La grabación de la charla que sostuvieron dos funcionarios del consorcio mediático le permitió a Proceso asegurar en su portada del 24 de febrero pasado: Fue de Televisa la conjura contra Aristegui.

   Así lo han creído, porque así quisieron creerlo, muchos simpatizantes de la dinámica periodista que fue despedida de XEW al comenzar el año. Como han estado convencidos de que la culpa de la salida de Aristegui del noticiero matutino de esa emisora es de la cúpula de Televisa y no del grupo español PRISA (consorcios, ambos, que comparten la propiedad de la cadena radiofónica) no pocos lectores y radioescuchas encontraron en aquel reportaje la confirmación de tales certezas.

   Sin embargo en esa conversación lo único que se confirma es la torpeza política, verbal e incluso jurídica de los abogados de Televisa. Allí Tejado le pide a Joaquín Balcárcel, vicepresidente Jurídico de la empresa, que intervenga ante otras firmas de telecomunicaciones para que respalden las reformas que fueron conocidas como Ley Televisa y que estaban siendo discutidas en el Senado. De paso, aprovecha para despotricar contra la periodista que les daba espacio en su noticiero a impugnadores de aquellas modificaciones legales.

   “Ella es la vocera de todos estos grupos que han vivido durante 10 años de golpear a los medios electrónicos”, se queja Tejado con un patético desconocimiento de las razones que llevaron a muy diversos sectores de la sociedad a oponerse a la Ley Televisa.

   También ignoraba, a pesar de que en la posición que ocupa supuestamente tiene oportunidad de recibir información muy variada, qué se decía y por parte de quiénes acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Tejado le adjudica a Aristegui puntos de vista que la periodista nunca manifestó en un foro sobre ese tema que se realizó en Ciudad Universitaria.

   Lo que no se infiere de la transcripción publicada por el semanario es que el despido de Aristegui haya obedecido a una conjura del consorcio. La conversación ocurrió en marzo de 2006. Diez meses más tarde Televisa Radio le renovó a esa periodista su contrato anual sin que aquellas animosidades hubieran sido suficientes para impedirlo. (La deplorable remoción de Aristegui de su espacio radiofónico la comentamos en emeequis del 14 de enero pasado).

   Proceso no les explica a sus lectores cómo obtuvo la grabación de la charla telefónica. El autor de la nota, Jenaro Villamil, es sin duda el reportero especializado en medios más conocedor de ese tema en la prensa mexicana. Sin embargo el reportaje del 24 de febrero se limita a transcribir la filtración que alguien le proporcionó a esa revista. Allí no hay aportación periodística alguna.

   La grabación es evidentemente ilegal. Alguien interceptó el teléfono de Javier Tejado. Hace un par de años El Universal publicó fragmentos de otras grabaciones obtenidas al intervenir la línea telefónica de ese funcionario de Televisa. Proceso indica que esta grabación “es distinta” a las que dio a conocer El Universal aunque no aclara si se trata de la misma intercepción telefónica.

   Esas grabaciones fueron obtenidas de manera ilícita. Los ciudadanos y grupos que impugnan a Televisa y cuyo empeño fue respaldado el año pasado por la Suprema Corte de Justicia que consideró inconstitucionales las reformas emprendidas para favorecer los intereses de las televisoras, tendrían que cuestionar los procedimientos periodísticos ilegales aunque de ellos resulten declaraciones que confirman nuestros recelos y conjeturas. En cambio, durante las últimas semanas hemos leído y escuchado aplausos a la publicación de la charla entre los abogados del consorcio.

   En la disputa por la claridad en los medios de comunicación, los tramposos e ilegales han sido aquellos que defienden los privilegios de Televisa y otras empresas. El único monopolio que no vale la pena disputarles es el de la prepotencia y el abuso contra derechos sociales e individuales. Es un asunto de principios. Y también, si se quiere, de elegancia.

La Crónica, 20 de febrero

Otrora tema solamente de especialistas y de los profesionales directamente vinculados con ellos, hoy en día resulta evidente que los medios de comunicación son asunto de todos. Así lo confirma la creación, ayer miércoles 20 de febrero, del Frente Nacional por la Reforma de Medios Electrónicos que reúne a medio centenar de organizaciones. Agrupaciones de la sociedad como Poder del Consumidor, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Salud Integral para la Mujer, participan allí junto a sindicatos y coaliciones sociales como el de Trabajadores de la UNAM y la Unión Nacional de Trabajadores. Están, desde luego, grupos afines al análisis y la docencia alrededor de los medios como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y agrupaciones que defienden usos sociales específicos de la comunicación como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Hay organismos gremiales y profesionales directamente relacionados con los medios como el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y la Asociación Nacional de Documentalistas. Destaca la participación de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes, que tienen entre sus principales fuentes de trabajo a las empresas de radiodifusión cuyo desempeño se pretende regular con una nueva legislación. El Frente se conformó a iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, que encabeza el ex senador Javier Corral Jurado.

Apenas constituido formalmente en un encuentro en el Club de Periodistas, representantes y miembros del Frente caminaron dos calles para llegar al Senado de la República en donde habían solicitado reunirse con los legisladores directamente involucrados en la revisión de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Estuvieron presentes Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado y una decena de legisladores más, miembros de PAN, PRD, PVEM y PRI. El encuentro era pertinente no sólo porque a los senadores tendría que interesarles el nacimiento de una coalición que se propone influir para que se reforme una legislación específica sino porque algunos de ellos, en las semanas recientes, han dicho que a corto plazo no habrá modificación en la normatividad para los medios de comunicación. El senador Creel dijo, en cambio, que tienen hasta el mes de abril para construir una nueva ley de medios.

En ese encuentro Aleida Calleja, dirigente de los radiodifusores comunitarios, relató cómo y con quiénes se conforma el Frente. Miguel Ángel Granados Chapa, presidente del Consejo Consultivo de la AMEDI, recordó los muchos esfuerzos que se han desplegado para actualizar la legislación aplicable a los medios desde que, hace más de tres décadas, el diputado priista Luis M. Farías confesó, considerando que ya no tenía más por hacer en ese tema, que los legisladores no le habían hallado la cuadratura al círculo. El investigador Alberto Aziz Nassif mencionó las demandas principales del nuevo Frente.

Allí también, a invitación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presenté la intervención que transcribo a continuación.

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Hace cuatro décadas un destacado embajador mexicano consideraba que la más importante de las “nuevas formas de participación” de la sociedad de nuestro país tendría que desarrollarse en los medios de comunicación. Ese ciudadano escribía: “Resulta escandaloso que la radio y la televisión sean todavía propiedad privada y que constituyan un negocio como cualquier otro. Al mismo tiempo, su nacionalización no sería un verdadero remedio: el monopolio del Estado en materia de información no es menos peligroso que el de los negociantes. El ejemplo de Rusia y aún el de Francia no recomiendan la nacionalización. Una solución intermedia consistiría en substituir el concepto de propiedad por el de uso: los que deben dirigir la radio y la televisión son aquellos que efectivamente la usan, es decir, los productores y los consumidores. La creación de consejos u otros organismos que se encargasen de la dirección de los programas de radio y televisión, podría ser un experimento en la democracia social de la participación”.

Aquel sobresaliente personaje explicaba: “Esos consejos estarían compuestos por la representación del Estado y, enseguida, por la de los radioyentes y televidentes, los maestros, los hombres de ciencia, los escritores y los poetas, los músicos, los artistas, los técnicos en radio y televisión, los periodistas… en suma, todos aquellos que participan efectivamente en la función informativa, ya sea como emisores o receptores. Se aseguraría así no sólo la libertad de información sino el derecho que todos los ciudadanos tienen a usar de la facultad humana por excelencia: hablar, oír y responder…” [Octavio Paz, Carta del 6 de septiembre de 1968 al C. Secretario de Relaciones Exteriores (Antonio Carrillo Flores). Reproducida en Vuelta No. 256, marzo de 1998].

Aquel mexicano se llamaba Octavio Paz y era embajador en India cuando, el 6 de septiembre de 1968, dejó registro de esas propuestas en una carta al secretario de Relaciones Exteriores. Supongo que los directivos de Televisa, tan proclives como son a descalificar a quienes proponen mecanismos de regulación social para los medios electrónicos, tendrán algún comedimiento antes de emprender contra ese Premio Nobel una campaña como las que han afectado a varios de los legisladores –algunos de ellos están aquí presentes– que se han propuesto reformar el régimen mexicano en materia de comunicación.

Lúcida y previsora como gran parte de sus reflexiones, aquella iniciativa de Octavio Paz subrayaba la influencia de los medios de comunicación que, como no son cualquier negocio, tienen que estar normados por reglas capaces de reivindicar el interés de la sociedad.

La regulación de los medios no atenta contra la libertad, como a veces se dice con lamentable simpleza. Toda libertad, para ser algo más que retórica, necesita reglas. Y el ejercicio de la libertad en los medios y delante de ellos requiere de normas capaces de garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer, en su consumo de mensajes mediáticos, de varias opciones y no solamente una –o dos, casi siempre tan deplorable una como la otra, en el caso de la televisión–. Reglas que protejan derechos como el de réplica, que auspicien la pluralidad y establezcan contrapesos al poder a menudo salvaje de los medios privados favoreciendo la existencia de medios no comerciales como los de índole pública y los comunitarios, son las que desde hace largo rato el Poder Legislativo le ha regateado a la sociedad mexicana.

La diversidad de intereses, experiencias y aspiraciones de esta sociedad no se refleja en los medios, especialmente la televisión. Por eso es preciso que haya más opciones locales y nacionales en el campo del audiovisual mexicano. También hace falta que las concesiones sean otorgadas por concurso y no discrecionalmente como ha sucedido hasta ahora; que sus usufructuarios paguen al Estado el valor real por el aprovechamiento de las frecuencias que les son concesionadas; que haya límites a la concentración de muchos medios en pocas manos que se ha constituido en el dique más importante para la apertura de la comunicación en México.

La amalgama técnica y funcional que hoy existe entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, hace necesario que la nueva legislación unifique y actualice normas que hasta ahora han permanecido disociadas en las leyes federales de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Promover la competencia tiene que ser un recurso para desarrollar y no para abatir la calidad tanto en los contenidos como en los servicios de tales medios. Esas tareas habrían de ser ejercidas por una autoridad regulatoria con autonomía institucional y atribuciones sólidas, pero antes que nada con respetabilidad entre sus interlocutores y en la sociedad cuyos intereses representará. A la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones la integran funcionarios que, en su mayoría, son polichinelas de las corporaciones a las que presuntamente regulan.

La nueva legislación no tiene que ser compleja, ni excesivamente detallada. A fin de que sea una legislación socialmente útil hoy, tanto como mañana, resulta necesario que establezca principios generales lo mismo para el aprovechamiento del espacio radioeléctrico que capaces de propiciar la diversidad, el respeto y la responsabilidad, entre otros valores, en los contenidos de la radiodifusión. Será pertinente que los legisladores no se dejen sorprender con artificios o fundamentalismos tecnológicos como los que el año pasado trajeron al Congreso, y luego quisieron propagar en la Suprema Corte, los promotores de la Ley Televisa. Y tendrán que recordar que en este, como en pocos asuntos nacionales, el tiempo apremia.

Un mes después de que escribió las líneas que mencionamos anteriormente Octavio Paz atestiguó, indignado, la intolerancia de un sistema político que se enredaba en sus propias tinieblas. El país que tenemos 40 años más tarde es distinto en casi todo, pero las reglas para la comunicación siguen siendo las mismas. Peor aún, los medios más relevantes siguen siendo los mismos y continúan atendiendo a los mismos intereses que en aquel 1968.

En ese año el poeta mexicano explicaba, con la llaneza de quienes discurren con claridad, que a los ciudadanos los medios tenían que permitirles hablar, oír y responder. Ese anhelo sigue dificultado hoy por la cerrazón y la arrogancia de los medios de más alcance, especialmente las televisoras privadas. La posibilidad de que con los medios y no a pesar de ellos seamos auténticamente ciudadanos, señores senadores, está en sus manos.

La Crónica, 14 de febrero

Emilio Azcárraga Jean fracasa en su intento para torcer la historia cuando dice que Televisa no le debe nada a la clase política mexicana. Habla de la relación entre esa empresa y el Estado como si su padre no hubiera afirmado, desfachatado como solía comportarse, que en Televisa todos eran soldados del PRI. Soslaya la inmensa cantidad de favores que cada uno de los gobiernos, priistas y panistas, le han dispensado a Televisa desde que hace casi seis décadas surgió la televisión en este país. Pretende que la hegemonía mediática que usufructúa se debe al esfuerzo de esa corporación y no a la relación de conveniencias mutuas que ha mantenido con cada uno de los presidentes que gobernaron durante dicho lapso. Pero ese ejercicio de desmemoria es fallido.

En un evento para empresarios realizado el viernes pasado el dueño de Televisa trató de abolir 60 años de privilegios que propiciaron el crecimiento de ese consorcio: “A nosotros no nos han regalado nada –afirmó, de acuerdo con la información de Blanca Estela Botello en Crónica–. O sea, que si tenemos el canal nueve es porque los del ocho no pudieron, y si Sky está sólo porque Directv no pudo, entonces ¿ahora me van a castigar porque soy competitivo o porque gano? Creo que eso está mal. Necesitamos darle la vuelta y decidir y pensar en que exista más competencia y cómo fortalecemos las posiciones de México afuera”.

Azcárraga Jean esquiva la historia de esos “triunfos” corporativos. El canal 8, propiedad de empresarios regiomontanos, había surgido en 1968 para competir con Telesistema Mexicano, la empresa propiedad de la familia Azcárraga. Logró tener una producción original pero no resistió las presiones del consorcio que para entonces ya tenía 3 canales en la ciudad de México. El gobierno mexicano influyó en esas presiones y autorizó expresamente la fusión de ambas empresas en diciembre de 1972. No es cierto, como dice Azcárraga Jean, que “los del 8” no hayan podido. Su padre y su abuelo no los dejaron, con la complicidad del gobierno.

El otro caso fue similar. Sky se quedó con el mercado de la televisión satelital mexicana cuando DirectTV no resistió argucias acaparadoras como las que condujeron a retirarle los derechos a las transmisiones de partidos de futbol. En México, a diferencia de lo que sucede en todo el mundo, las empresas de televisión abierta no están obligadas a proporcionar sus señales a todos los sistemas de televisión de paga. Ese intencionado proteccionismo le impidió a DirecTV ofrecer un servicio completo a sus suscriptores mexicanos y por eso tuvo que cerrar operaciones en nuestro país.

Esos son los laureles que reivindica Azcárraga Jean. Ahora convoca a crear condiciones para que haya más competencia. Si lo dijera en serio estaríamos ante un viraje de 180 grados en la conducta de su empresa que siempre ha pugnado por evitar, a toda costa, la presencia de otros actores en el campo de la televisión mexicana.

Así sucedió recientemente cuando la empresa estadounidense Telemundo, asociada con un grupo de inversionistas mexicanos, pretendió que el gobierno mexicano abriera licitaciones para una nueva cadena de televisión. En complicidad con TV Azteca, la empresa de Azcárraga desató una sucia campaña de desinformación en sus noticieros acerca de la intermediación en la venta de medicamentos. Con esa repentina inquietud por los productos farmacéuticos, las televisoras quisieron golpear los intereses del socio mexicano de Telemundo que entre otras cosas es propietario de una firma distribuidora de medicinas.

Ahora, sin embargo, Azcárraga Jean proclama (según la versión que de esas declaraciones publicó La Jornada): “así como Telemundo ha querido entrar a México, yo he querido entrar a Estados Unidos. A mí me corrieron de Estados Unidos. Ahí vemos como los americanos (sic) y su gobierno defienden a las empresas americanas”.

La historia de Televisa en Estados Unidos es distinta a la de Telemundo en México. En Estados Unidos sí está permitida la inversión extranjera en medios de comunicación pero limitada a un máximo del 25%. Lo que Azcárraga quiso fue primero sobrepasar ese máximo y las autoridades de aquel país se lo impidieron. Luego, asociado con otras empresas de medios, participó en el intento para comprar Univisión y su propuesta financiera fue inferior a la que finalmente ganó. Si Televisa salió de la operación directa de televisión abierta en Estados Unidos fue porque sus cálculos financieros fallaron.

En México en cambio, la inversión extranjera directa está prohibida en medios de comunicación y hay quienes acuden al subterfugio de la inversión neutra, como el grupo español Prisa en su alianza radiofónica con Televisa. Lo más saludable sería, por ello, que en nuestro país hubiera reglas claras, y desde luego límites, para la inversión foránea directa en medios de comunicación de toda índole. Si hubiera reciprocidad como pretende Azcárraga, el mercado mediático en este país debiera abrirse a la inversión extranjera. Pero lo que han él y Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, han procurado, es mantener el monopolio que ejercen sobre la industria audiovisual. Quieren competencia afuera, pero no dentro del país.

Quizá la congruencia no sea la mejor virtud de Azcárraga Jean. Pero la jactancia que manifiesta no se compadece de la realidad, ni de la historia de su familia y de la empresa que encabeza. El dueño de Televisa aseguró: “No sé qué haya pasado en otras (empresas), pero en Televisa, a nosotros no nos regalaron nada, nosotros nos hemos topado con varias crisis, varios presidentes y varios políticos que sí se han robado muchísimo dinero”.

Así que ahora resulta que las numerosas concesiones, las facilidades en materia de telecomunicaciones, la aplicación laxa de una legislación de por sí magnánima con los consorcios comunicacionales que ya existen y la decisión política para impedir que surja una competencia eficaz delante de Televisa y ahora de Azteca, no han sido resultado de una sostenida condescendencia del gobierno federal. Azcárraga Jean miente cuando dice que a esa empresa el gobierno no les regaló nada.

Los creadores de Televisa quedaron en deuda con el presidente Miguel Alemán Valdés que, a fines de su sexenio, resolvió que el modelo para la televisión mexicana sería comercial y que en 1950 le obsequió la concesión del canal 2 a Emilio Azcárraga Vidaurreta.

Ese empresario y su familia fueron favorecidos por el presidente Adolfo Ruiz Cortines que, en 1955, permitió el surgimiento del monopolio de la televisión mexicana cuando los propietarios del 2 y los canales 4 y 5 se fusionaron en Telesistema Mexicano.

Adolfo López Mateos le brindó a la empresa de los Azcárraga abiertas facilidades para explotar la red nacional de microondas y en 1960 auspició una Ley Federal de Radio y Televisión tendenciosamente favorable al interés de los empresarios privados.

Gustavo Díaz Ordaz estaba tan a gusto con la alianza que mantenía con la familia propietaria de Televisa que en 1967 designó consejero suyo a Emilio Azcárraga, aunque a fines del año siguiente se distanció de él.

Luis Echeverría Álvarez fue el presidente que con más claridad entendió los riesgos que implicaba el poder desmedido de la televisión privada e intentó establecer un contrapeso con una televisión de propiedad estatal que, sin embargo, nunca tuvo recursos ni autonomía suficientes. Pero en 1972 aprobó personalmente la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente ( propietaria del canal 8 ) para crear Televisa.

Con José López Portillo, durante el auge petrolero el gobierno gastó como nunca antes en la compra de publicidad en los canales de Televisa. Eran de antología los regalos que Emilio Azcárraga Milmo le enviaba al presidente de la República, entre ellos un Mercedes Benz blindado (según el relato de Claudia Fernández y Andrew Paxman en la excelente biografía El Tigre. Grijalbo, 2000).

A Miguel de la Madrid, Televisa le debe servicios como la creación de un sistema de comunicaciones satelitales que fue ampliamente aprovechado por esa empresa y la negativa a autorizar concesiones a empresas que pudieran competir con Azcárraga.

A Carlos Salinas de Gortari Televisa le debe la venta, por 100 millones de dólares, de 62 concesiones con las que armó la cadena nacional del canal 9. Poco antes, el nuevo dueño de Televisión Azteca había pagado seis veces y media más por las cadenas nacionales encabezadas por los canales 7 y 13. Las relaciones de Televisa con Carlos Salinas resultaron tan fructuosas que la noche del 23 de febrero de 1993, cuando ese presidente encabezó una cena para pedirle a los hombres más adinerados del país que apoyaran las finanzas del PRI, después de que cada banquero o empresario allí presentes ofrecía medio millón o un millón de dólares Azcárraga Milmo sorprendió a todos comprometiéndose a aportar 70 millones de dólares.

A Ernesto Zedillo no solamente esa empresa sino su actual propietario, le deben un servicio enorme. A la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, el presidente Zedillo gestionó personalmente la operación financiera y política que le permitió a Emilio Azcárraga Jean quedarse con el control accionario de Televisa que era disputado por las familias Burillo y Cañedo.

Y qué no puede decirse de la sumisión que tuvo respecto de Televisa el presidente Vicente Fox Quesada. Uno tras otro, accedió a todos los caprichos que le planteaba esa empresa incluyendo la promulgación en 2002 de un Reglamento de la Ley de Radio y Televisión elaborado por esa empresa y el apadrinamiento en 2006 de la malhadada Ley Televisa.

Cada uno de los presidentes mexicanos, desde hace seis décadas, respaldaron o al menos permitieron la expansión del poder económico y político de Televisa. El presidente Felipe Calderón, hasta ahora, no ha sido la excepción. Quién sabe qué sabe, o qué teme Azcárraga Jean, que hace declaraciones tan aventuradas. Es absolutamente falso que a su empresa no le hayan regalado nada. Al contrario. Y si Televisa ha tenido tratos con políticos que han robado mucho dinero, por lo menos ha sido cómplice de ellos al contar con esa información y no denunciarlos.

Semanario emeequis, 13 de enero de 2008.

   Durante más de una semana después de la cancelación del noticiero de Carmen Aristegui, buena parte de la opinión publicada se debatía acerca de un asunto un tanto volátil: ¿se trató de una acción de censura?

   Definitivamente sí condenaron, de inmediato, muchos de los abundantes radioescuchas que había logrado la emisión matutina de Hoy por Hoy y que se consideraron despojados de una fuente de información y opinión que se había vuelto costumbre cotidiana. Además de un espacio singular, Carmen Aristegui creó un estilo que podía gustarnos o no, pero que no dejaba indiferentes a sus públicos. Junto a los temas que difundía, y que con frecuencia enriquecieron la agenda de los asuntos públicos en este país, el programa de esa periodista se distinguía por el tratamiento, heterodoxo y fresco, que sabe darle a las noticias. Por eso, y desde luego debido al tratamiento de asuntos que no aparecían o no recibían el mismo espacio en otros medios, sus oyentes fieles reaccionaron a la cancelación del noticiero con una indignación poco frecuente ante la desaparición de programas y medios de comunicación.

   No es para tanto estimaron, en cambio, quienes quisieron encontrar en la suspensión del programa un asunto fundamentalmente interno en las decisiones que suele tomar cualquier empresa de comunicación. No hubo censura, se dijo entonces, porque mientras estuvo delante de los micrófonos de W Radio Carmen Aristegui pudo decir todo lo que quiso. Incluso en su repentina despedida, el viernes 4 de enero, expuso durante largo rato la trayectoria del programa y dio a conocer la versión que le habían dejado saber los directivos de la empresa sobre la cancelación del contrato que tenía con Televisa Radio.

Disputa por el modelo periodístico

   Así que depende de lo que entendamos por censura. Si consideramos que censura es, como reza una definición en boga, la utilización del poder por parte del Estado o de cualquier grupo de interés para impedir el ejercicio de la libre expresión, es claro que nos encontramos ante una conducta de esa índole. La decisión de Televisa Radio dejó a la periodista Aristegui sin la tribuna radiofónica que ella misma contribuyó a extender y prestigiar durante varios años y, a sus oyentes, sin la oportunidad de escucharla. Desde luego Aristegui tiene otras tribunas en las que se expresa y da cabida a las opiniones de otros –sus artículos en Reforma, el programa nocturno en CNN en español– y es altamente posible que ocupe un nuevo y destacado espacio en la radio. Pero la cancelación de su contrato, que fue una medida empresarial, tuvo consecuencias de índole política.

   Si consideramos que hay censura cuando, como sugieren otras acepciones, el Estado silencia una voz o una opinión que considera impropias, entonces resulta pertinente abrir un compás para examinar con más cuidado la salida de Aristegui de Televisa Radio. La explicación que dio a conocer y que coincide con un comunicado de esa empresa, indicó que “el modelo editorial” de ese consorcio no era compatible con el que ella ponía en práctica en su programa. ¿Cuál era el “modelo” que defendió la empresa? El boletín de Televisa Radio lo dice con claridad: se trata de un esquema “basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”.

   Sin embargo, aunque estaba encabezado por una figura notoria y con amplias atribuciones para tomar decisiones editoriales, el noticiero de Aristegui no podía ser sino consecuencia del trabajo de un equipo. Ningún medio de comunicación funciona a partir de un esfuerzo solitario. En todo noticiero de radio, lo mismo que en cualquier diario o televisora, hay un complejo entramado de redactores, reporteros, comentaristas, productores y operadores, entre otros especialistas sin cuyo concurso los contenidos podrían llegar hasta los públicos interesados en ellos.

   Pero en todo medio de comunicación, al mismo tiempo, existe una estructura jerárquica que para funcionar exige de una disciplina y un mando inevitablemente autoritarios. Ningún medio puede operar a partir de deliberaciones y menos aún de decisiones democráticas. Aunque siempre es deseable el contraste interno, no hay un solo noticiero que no tenga un responsable de las determinaciones fundamentales. A las 6 de la mañana, cuando comenzaba la transmisión de su programa, Carmen Aristegui tenía que contar con el guión, los enlaces telefónicos, los contenidos en audio y el resto de los recursos que le permitían dirigirse a sus radioescuchas. Esos contenidos resultaban de los lineamientos que ella misma había establecido, de acuerdo con sus colaboradores, desde el día anterior y en muchos casos varios días antes.

   Así sucede en todos los noticieros del mundo. En España Hoy por hoy, el noticiero de la Cadena Ser cuyo nombre fue imitado por los noticieros de W Radio en México, es conducido por el periodista catalán Carles Francino que, además de estar ante el micrófono, aparece claramente identificado como “Director” del equipo que hace ese programa. Ese noticiero fue conducido, pero también dirigido, durante 19 años por el periodista Iñaki Gabilondo hasta que en 2005 el Grupo Prisa, propietario de Cadena Ser, lo destinó a conducir –y dirigir– el noticiero del nuevo canal de televisión que estableció ese consorcio en España.

   El “modelo” comunicacional que Prisa ha desplegado en su país de origen se sustenta en la notoriedad de algunos periodistas destacados y que, gracias precisamente a esas capacidades, no son meros lectores de noticias sino que además tienen la responsabilidad de decidir los contenidos que habrán de transmitir. Así que cuando los directivos de Televisa Radio, empresa cuya operación está a cargo de Prisa, manifiestan que la salida de Aristegui se debió a una incompatibilidad en los “modelos de organización y trabajo” periodísticos, no hacen mas que andarse por las ramas o pergeñar una descarada mentira.

Dudosas afinidades políticas

   En Televisa Radio no hubo dos “modelos” contradictorios de trabajo periodístico, sino el intento de dicha empresa para modificar las normas que durante varios años funcionaron para los noticieros en la W igual que en las radiodifusoras que Prisa tiene en otros países. Por causas que no han explicado –y en estos casos la ausencia de precisiones suele deberse a motivos incómodos– a los operadores de esa empresa los contenidos que difundían Aristegui y su equipo les resultaron crecientemente molestos. No querían un nuevo modelo sino sustituir a quienes tomaban las decisiones en esos noticieros.

   Aquí es donde resulta inevitable incursionar en el terreno de la especulación. Hay motivos para suponer que el interés de Aristegui para que Andrés Manuel López Obrador acudiera a Hoy por hoy, o para ofrecer versiones distintas a las oficiales en asuntos como la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio, pudo haber preocupado a los directivos en México del Grupo Prisa, que habitualmente buscan buenas relaciones con el gobierno en turno en este y otros países. Quizá advirtieron que la alianza que tienen con Televisa y gracias a la cual comparten la propiedad de esas estaciones de radio, se quebrantaba debido al compromiso que Aristegui mantuvo para dar una cobertura plural, invitando a voces que estaban excluidas de las televisoras privadas, en el debate sobre la legislación para los medios de comunicación.

   Hay quienes piensan que las denuncias en ese noticiero contra sacerdotes acusados de pederastia, o la difusión de la charla telefónica que desnudó la intensa ordinariez del gobernador de Puebla, mellaron prejuicios o intereses de Prisa en México o de sus socios comerciales. Pero cuesta trabajo suponer que comunidadores con tanta experiencia como los que encabezan a ese consorcio mediático no entendieran la importancia de tales denuncias, que además de otras consecuencias públicas contribuyeron a extender el prestigio de Aristegui y su noticiero.

   Algunas de las prácticas periodísticas del equipo que hacía Hoy por hoy matutino podían ser irritantes e incluso discutibles. En asuntos como la muerte de la señora Ascencio, o cuando antes de las elecciones de 2006 ese noticiero propagó la versión de presuntas irregularidades en el manejo del padrón electoral, en varias ocasiones hubo más ideologización que información. De cuando en cuando, la adjetivación por parte de algunos reporteros –y reporteras– se imponía a la búsqueda de hechos verificables. El mismo estilo personal de Aristegui, simpático por desenfadado, llegaba a ser innecesariamente desordenado en la presentación de las noticias.

   Con todo y esos defectos el de Carmen Aristegui se consagró, con méritos propios, como un espacio singular en la radio matutina. Gracias a dicho estilo, con todo y sesgos y afinidades, sus oyentes preferían ese a otros noticieros en la radio mexicana.

   Por lo demás, las inclinaciones obradoristas de ese noticiero eran más aparentes que reales. Durante las campañas de 2006, de todo el espacio que Hoy por hoy destinó a los candidatos presidenciales López Obrador recibió el 37.6%, Felipe Calderón el 27.9% y Roberto Madrazo el 26.8%. Pero esa proporción era similar, o incluso menos desigual, a la que había en otros noticieros en la radio de la ciudad de México. Por ejemplo en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el 44.2% de toda la información sobre ese tema fue acerca de la campaña del candidato presidencial del PRD, el 32.7% estuvo destinado al PAN y el 21% al candidato del PRI, de acuerdo con datos que hemos calculado a partir del monitoreo del IFE.  Después de las elecciones de julio y durante todo el año siguiente, fue López Obrador quien decidió identificarse con el programa de Aristegui y acudir a él en algunas ocasiones, al mismo tiempo que se negaba a aceptar las invitaciones que le hacían los conductores de otros noticieros.

   No hay elementos para sostener que la desaparición del Hoy por hoy de Carmen Aristegui se debió a una censura dispuesta por el poder político. Lo que sí se puede documentar es el interés del Grupo Prisa para congraciarse con el gobierno mexicano del cual dependen, entre otros negocios, los cuantiosos contratos de los libros que el área editorial de ese consorcio maquila para la Secretaría de Educación Pública.

   Lo que es indudable, en todo caso, es la inquietud pública que suscitó la decisión de Televisa Radio para cancelar el noticiero de Aristegui. Empresarial o político, se trató de un gravísimo error. El prestigio de dicha empresa y de los negocios del Grupo Prisa en México se han deteriorado en proporción inversa a la reputación de esa querida periodista, cuya voz se ha vuelto indispensable para muchos ciudadanos.

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Publicado en La Crónica el 10 de enero de 2008

   Orondo y jactancioso, la tarde del domingo 14 de octubre de 2001 Lino Korrodi llegaba a Madrid en el vuelo de Iberia desde la ciudad de México. Mientras bajaba del piso superior en donde estaba la primera clase, anunciaba entusiasmado que horas más tarde se firmaría la participación del Grupo Prisa como copropietario de las estaciones radiofónicas de Televisa.

   En aquel tiempo el fundador de Amigos de Fox todavía no se distanciaba del Presidente de la República. Al contrario, participaba en numerosos asuntos privados y públicos a la sombra del titular del Ejecutivo Federal y hacía notar su influencia en negociaciones como la que esa tarde de otoño culminaría en una ceremonia en la Embajada de México en la capital española.

   Aquel fin de semana el presidente Fox cumplía cuatro días de gira por Europa y Korrodi llegaba justo a tiempo para estar presente en la firma del acuerdo entre las empresas mediáticas más importantes de España y México. El convenio de Prisa y Televisa tenía relevancia específica porque significaba un desembolso de 60 millones de dólares por parte del consorcio encabezado por Jesús de Polanco –­­50 de ellos para comprar la mitad de la propiedad accionaria de las 17 estaciones de radio que Televisa tenía en México y otros 10 millones de dólares para una ampliación de capital–. En virtud de esa transacción, Televisa se encargaría de administrar las finanzas de su división radiofónica en tanto que Prisa sería responsable de los contenidos de tales emisoras.

   Además ese acuerdo, que firmaron De Polanco y Emilio Azcárraga Jean, significaba la formalización de una alianza para la cual ambas empresas habían interpuesto numerosos regateos. Desde tiempo atrás, Televisa tenía un evidente interés para invertir en España pero se había acercado sobre todo a corporaciones mediáticas identificadas con grupos políticamente conservadores. Durante varios años el representante de Televisa en ese país había sido Luis María Ansón, director de ABC, diario conocido por sus posiciones de derechas.

   Cuando Televisa advirtió que la filiación política de esos socios podía obstaculizar sus negocios en España, emprendió un viraje que culminaría aquella noche del 14 de octubre. No era una rectificación fácil porque ocurría en contra de la opinión del gobierno del Partido Popular, encabezado por el presidente José María Aznar.

   El gobierno español hubiera preferido que Televisa se aliara con alguna de las empresas de medios cercanas al PP y no con el Grupo Prisa, cuya simpatía con el Partido Socialista Obrero Español se manifestaba cotidianamente en medios como el diario El País. Pero en el acercamiento de Televisa y Prisa fueron definitivas las gestiones de dos personajes sólo en apariencia disímbolos.

   Carlos Slim, que ya era el hombre más adinerado de México, estaba interesado en auspiciar la expansión internacional de Televisa aparentemente porque pretendía incrementar la participación accionaria que ya tenía en esa empresa. Su principal competidor en negocios de telefonía en América Latina era la Telefónica de España. Y esta corporación, dentro de España misma, estaba asociada con las empresas rivales del Grupo Prisa. Así que respaldar el crecimiento de Prisa era una manera de enfrentar a Telefónica.

   Para manejar ese acercamiento Slim contó con la colaboración de Felipe González, ex presidente del gobierno español. Aunque ideológicamente podría haber parecido que esos dos personajes eran como el agua y el aceite, González era asesor del empresario mexicano y utilizó su ascendiente en las decisiones de Prisa para facilitar el convenio con Televisa. Aquella tarde del 14 de octubre, al ex presidente Felipe González se le podía ver en el vestíbulo del elegante hotel Villa Magna, en el Paseo de la Castellana, haciendo antesala para que lo recibiera Carlos Slim.

   Al comprar la mitad de Televisa Radio, el Grupo Prisa quería apuntalar el crecimiento en América Latina que había iniciado poco antes al adquirir una porción de Radio Caracol en Colombia, entre otras inversiones en la radio del nuevo Continente. También esperaba tener, desde México, una punta de lanza para incursionar en el mercado de la radio en español en Estados Unidos.

   Con tal afán, los directivos de Prisa entendieron el respaldo del presidente Fox como un aval para desplegar ese y otros negocios en México. En el terreno de la radio estaban muy interesados en contratar a José Gutiérrez Vivó, quien para entonces ya había roto con el Grupo Radio Centro.

   Quizá llevados por ese entusiasmo, los empresarios españoles cometieron un error jurídico y otro de índole profesional. El primero, consistió en la ilegalidad del acuerdo que suscribieron con Televisa porque la Ley Federal de Radio y Televisión establece que las empresas de radiodifusión solamente pueden ser propiedad de ciudadanos mexicanos. La operación suscrita aquel 14 de octubre se pertrechaba en un subterfugio pretendidamente legal, que es la llamada inversión neutra establecida en la Ley de Inversiones Extranjeras para socios no mexicanos que tienen derecho a recibir utilidades pero no a participar en las decisiones de las empresas en donde se pone en práctica ese régimen. Y aunque disfrazada como tal, ha resultado clarísimo que la que tiene Prisa en Televisa Radio no es en manera alguna inversión neutra. Desde el acuerdo suscrito por el ahora fallecido Jesús de Polanco y Emilio Azcárraga Jean, quedaba establecido que la parte española estaría a cargo de la programación de las estaciones de radio y de todas las decisiones inherentes a ella. Esa transgresión jurídica solamente pudo ser dispensada gracias al beneplácito del presidente Fox al acuerdo entre Prisa y Televisa.

   El error profesional, resultado en parte de la ignorancia pero también de cierta soberbia, consistió en suponer que las radiodifusoras que manejaría en México, así como en otros países de América Latina, podrían tener contenidos similares, o incluso idénticos, aderezados con algunos espacios de programación local. Los directivos de Prisa imaginaron que los radioescuchas en Colombia, Chile, México o Panamá, entre otros países, recibirían alborozados los programas producidos en España, o con cartabones análogos a los que desarrollaba allí la Cadena Ser, que es el brazo radiofónico original de ese consorcio. Pero los programas de pretensiones continentales, o incluso trasatlánticas, fueron un fracaso rotundo –aunque no sonoro porque tuvieron escasa audiencia–. Y es que la gente de Prisa terminaría constatando que en Colombia prefieren contenidos locales, de la misma manera que en México tiene más éxito la radio hecha por y para mexicanos. No se trata de chovinismo mediático sino de la cercanía cultural y social que distingue a la radio.

   Fue precisamente con programas locales como XEW, la estación emblemática de Televisa Radio, se levantó del marasmo que padecía. Los noticieros de Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Javier Solórzano (difundidos, respectivamente, por las mañanas, a media tarde y antes de la noche) adquirieron personalidades propias y afianzaron audiencias constatables gracias a la destreza profesional de esos tres comunicadores y a la libertad con que podían trabajar. El hecho de que la gestión de los contenidos en esa emisora no estuviera a cargo de Televisa, sino de Prisa, resultó definitorio para que esa libertad fuera posible. La libertad periodística podría significar un buen negocio comercial y, también, político.

   Antes de las elecciones presidenciales de 2006, los directivos de Prisa comprendieron que la cercanía que habían tenido con el gobierno de Fox podía comprometer sus negocios en México en caso de que el vencedor fuera Andrés Manuel López Obrador. Desde el año anterior y durante los primeros meses de las campañas formales, la cobertura que hacía el diario El País de la elección mexicana era notoriamente favorable a ese candidato presidencial. Solamente cuando la postulación de Felipe Calderón fue crecientemente competitiva y especialmente después del 6 de julio, el diario emblemático del Grupo Prisa comenzó a cuestionar a López Obrador.

   El 3 de febrero de 2006, después de buscarlo en varios sitios del país, tres directivos de Prisa se reunieron en Villahermosa con López Obrador. Aparentemente conversaron también con otros candidatos presidenciales. Aquel encuentro era parte de las relaciones publicas que Prisa desplegaba para asegurar sus negocios en México pero además fue visto con interés en algunos segmentos de la clase política de nuestro país.  10 días más tarde el reportero Emilio Viale dio a conocer en La Crónica un correo electrónico que Liévano Sáenz, ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, le había enviado el 9 de febrero al representante del Grupo Prisa en México, Antonio Navalón. En aquel mensaje, Sáenz decía que la reunión en Villahermosa había sido “una determinación visionaria y posiblemente magistral”.

   En ese contexto, pero antes que nada gracias al talante profesional de sus conductores, los noticieros de XEW tuvieron una apertura que no había existido en dicha emisora. Pero no sólo ellos. Las principales radiodifusoras del país le dieron a las campañas electorales una cobertura equitativa. En el transcurso de aquella crispada y confusa temporada, López Obrador decidió que el de Carmen Aristegui era de los pocos espacios en los que quería confiar. En realidad no era el único noticiero radiofónico interesado en darle voz al para entonces ex candidato presidencial pero él, como parte del proceso de aislamiento que padeció, se negaba a participar en la mayoría de los medios que lo invitaban.

   Esa preferencia, así como la búsqueda de enfoques distintos a los convencionales e incluso abiertamente contestatarios en algunos temas, le permitieron a Carmen Aristegui singularizar a su noticiero e interesar a una audiencia creciente y significativa. El éxito que había alcanzado, hace inverosímil la versión de que Hoy por hoy de la mañana fue cancelado debido a problemas financieros. El “modelo editorial” que reivindica Prisa para sus noticieros (“basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”) no es distinto del que practicaban esa periodista y sus colaboradores.

   La cancelación –lamentable y cuestionable– del noticiero de Aristegui no fue una determinación administrativa sino política. Fue una decisión del Grupo Prisa, independienteme de las complacencias, anuencias o alianzas que pueda haber buscado con ella. Se trata de una decisión que no es distinta a otras que, también por conveniencias de negocios, ha tomado ese consorcio en México y otros sitios de América Latina. Incluso en España, ahora mismo, después de que el actual gobierno ha tenido reticencias con la expansión de algunos negocios de ese consorcio, los espacios periodísticos de Prisa tratan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con una severidad que no se les conoció en años anteriores.

Nexos, diciembre de 2007

   Ahora sigue la reforma legal para los medios. Después de las modificaciones constitucionales que, entre otras cosas, acabaron con la compra de espacios de propaganda política en televisión y radio, el Congreso mexicano tendrá que emprender la modificación y actualización de las leyes destinadas a los medios de comunicación. Además de regular la administración del espacio radioeléctrico que es propiedad de la Nación y por el cual se difunden las señales abiertas de televisión y radio pero también de Internet inalámbrica y telefonía, la nueva legislación habrá de enfrentar el interminablemente discutido problema de los contenidos en los medios de amplia difusión social.

   En ese debate nada hay tan previsible como las televisoras. No resultaría extraño que en los próximos meses Televisa, pero sobre todo esa versión cerril y ordinaria de los peores vicios y excesos de la televisión mexicana que es Televisión Azteca, insistieran en desvirtuar las propuestas que circularán para nutrir la reforma legal de los medios de comunicación. Las televisoras dirán que la regulación de contenidos es inadmisible como si no se tratara de medios que, además de ejercer una considerable influencia social, disfrutan de una concesión para transmitir a través del espacio radioeléctrico. Distorsionarán esas medidas, equiparándolas con la censura que hay en algunos países. Se arroparán en la bandera de la libertad de expresión como si los televidentes no recordaran las muchas tergiversaciones y manipulaciones que las televisoras han desplegado en defensa de privilegios que ahora comienzan a estar acotados.

   El comportamiento que se les conocía a las televisoras desde tiempo atrás y su desmedida reacción ante las reformas constitucionales, actualizaron la discusión acerca de la necesidad de mejorar los contenidos en esos medios electrónicos. Ahora el Congreso debe revisar las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones para establecer las normas que orientarán el desarrollo de los medios electrónicos y digitales. Lo más pertinente sería que diputados y senadores crearan una nueva ley que sirviera como marco jurídico integral tanto para televisión y radio como para telefonía, servicios de datos e Internet, entre otras opciones de comunicación que se encuentran crecientemente interrelacionadas. A muchos legisladores les interesa, especialmente, que haya medidas para propiciar contenidos de mejor calidad en los medios de difusión masiva.

   La calidad en la televisión y la radio puede ser entendida de diversas maneras. También la objetividad y la veracidad. En una sociedad abierta pueden coexistir diversas concepciones acerca de esos valores siempre y cuando los receptores de mensajes tengan la misma oportunidad para acceder a toda clase de contenidos. El problema en México, especialmente con la televisión, ha sido la excesiva concentración no sólo de muchas frecuencias en pocas manos sino, también, de contenidos de muy discutible calidad en los canales acaparados por las dos empresas privadas. Los telespectadores no han tenido oportunidad de acercarse a otras opciones de televisión.

   Allí radica la importancia de la reforma que el Congreso puede emprender para los medios electrónicos. A fin de que tengamos una mejor televisión lo que hace falta en primer lugar es que contemos con más canales, a cargo de actores con intereses y enfoques diversos. Además de más empresas de comunicación privadas sería necesario que hubiera un auténtico sistema nacional de televisión pública: no una televisión de gobierno ni oficialista, sino canales orientados por criterios plurales, profesionales y no mercantiles.  

   Los contenidos en los medios electrónicos, como en cualquier forma de comunicación, jamás mejorarán estableciendo restricciones ni censuras. Más opciones, en cambio, tenderán a significar mayores contrapesos ante los consorcios que hasta ahora han especulado con las frecuencias que tienen concesionadas, especialmente en el campo de la televisión.

   En la difusión de noticias, por ejemplo, sería inaceptable que a las empresas televisoras y radiodifusoras se les impusiera la obligación de transmitir una sola versión de los acontecimientos o que se les impidiera expresar sus intereses y preferencias. Si los ciudadanos tienen varias opciones para informarse por ese medio, sabrán distinguir entre televisoras que intencionalmente distorsionan y manipulan acontecimientos (como durante largo tiempo han acostumbrado TV Azteca y Televisa) y aquellas que se comportan con otros parámetros profesionales.

Normas para los contenidos

   El tema de los contenidos en los medios suscita confusiones, e incluso temores, debido a la posibilidad de que hubiera actitudes de imposición o censura. Se ha incurrido, por descuido pero también a causa de una apreciación parcial, en una falsa disyuntiva. El problema en este caso no es quién resuelve qué han de transmitir los medios de comunicación. La decisión acerca de qué contenidos difunden tiene que ser de los concesionarios, pero con responsabilidades claramente definidas por la ley. La regulación de los medios –que jamás debe implicar censura– estará a cargo de la autoridad que la nueva legislación establezca. El auténtico dilema es cómo propiciar mejor calidad –y, así, diversidad y pluralidad– en los medios electrónicos. Estas son seis medidas que podrían formar parte de una legislación moderna en materia de contenidos para los medios electrónicos. 

   1. Protección de los menores. Entre 6 de la mañana y 10 de la noche (que son los horarios establecidos para este propósito en diversos países) tendría que estar vetados los contenidos para adultos. La clasificación de los programas debiera ser clara, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por las audiencias.

   2. Publicidad. Los tiempos máximos que la ley establezca para la difusión de mensajes pagados deben ser cabalmente respetados. El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión indica que la propaganda comercial no debe ocupar más de 18% del horario total de transmisión en televisión. Sin embargo un monitoreo coordinado en mayo de 2007 por la profesora Beatriz Solís Leree para la UAM y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, encontró que la publicidad comercial ocupó 22%, 15% y 23%, respectivamente, de las transmisiones en los canales 2, 5 y 13 de televisión. Es preciso que las infracción a esas y muchas otras disposiciones de la ley para medios electrónicos sean sancionadas con rigor.

   Si se mantuviera el 18% permitido para anuncios comerciales, sería necesario que fueran contabilizados cada hora y no en el total del tiempo transmitido durante todo un día. La misma observación confirmó que hay programas de las cadenas nacionales de televisión durante los cuales se transmite hasta 45% de publicidad durante una hora.

   Los anuncios de productos como bebidas alcohólicas, dirigidos a audiencias de edad adulta, solamente deberían transmitirse, sin excepciones, en los horarios correspondientes. La Ley Federal de Radio y Televisión indica que la publicidad de tales bebidas solamente puede ser presentada a partir de las 22 horas pero con frecuencia el gobierno federal autoriza salvedades a esa norma.

   La publicidad subrepticia (por ejemplo, cuando el personaje de una telenovela abre un paquete de donas Bimbo) debería estar absolutamente prohibida. También la publicidad subliminal.

   3. Proscribir engaños y supercherías. La difusión de mensajes publicitarios o de programas que ofrecen transformaciones o curaciones mágicas, o milagrosas, debería ser vedada. Cada vez más, en la televisión y la radio mexicanas se difunden mensajes de charlatanes como los que prometen aliviar enfermedades con recursos sobrenaturales y que constituyen un cotidiano engaño a la buena fe de muchas personas.

   4. Integridad de los programas. La creación artística y la integridad de los espectáculos debe ser plenamente respetada. Los largometrajes deberían ser difundidos con un mínimo de cortes comerciales (a lo sumo cada 20 o 30  minutos) y de manera completa. Se debería propiciar la transmisión de versiones originales, con subtítulos y con el audio original. Recursos que alteran creaciones artísticas, como la coloración de películas originalmente realizadas en blanco y negro, tendrían que ser evitados.

   Lo mismo, debería impedirse la superposición de anuncios o mensajes que impiden apreciar la difusión completa de un programa: por ejemplo los engendros digitales que afectan la transmisión de los partidos de futbol.

   5. Producción independiente. Un recurso fundamental para propiciar a la vez diversidad y calidad se encuentra en el establecimiento de tiempos mínimos (por ejemplo el 20% sobre el total de la programación de cada televisora) para transmitir programas producidos por empresas distintas a las que disfrutan de concesiones. De esa manera se lograría que hubiera distintas concepciones y orientaciones en la programación de los medios electrónicos.

   6. Pluralidad informativa. Para los programas de noticias, se podrían establecer pautas que propicien la inclusión de todos los actores posibles en la difusión de un acontecimiento. En especial, es pertinente favorecer la cobertura equitativa de las campañas electorales señalando como responsabilidad de los concesionarios la inclusión de todos los partidos y candidatos. Sería imposible, pero sobre todo resultaría absolutamente indeseable, que hubiera intervención alguna sobre los contenidos informativos que difunden radiodifusoras y televisoras. Pero los monitoreos que ya realiza la autoridad electoral acerca de la cobertura de asuntos de esa índole en tiempos de campaña podrían ser ampliamente difundidos. De esa manera los ciudadanos conocerían enfoques y sesgos que cada empresa de radiodifusión y cada programa imprimen a la presentación de noticias políticas. Los resultados de esos monitoreos podrían ser uno de los elementos que tome en cuenta la autoridad reguladora de la radiodifusión al momento de aprobar o rechazar el refrendo de una concesión.

Otras decisiones indispensables

   Además de recursos como esos, la equidad en los contenidos de los medios electrónicos podrá ser respaldada con decisiones entre las que se encuentran las siguientes.

   a) Derecho de réplica. Esta prerrogativa de los ciudadanos fue establecida en la reciente reforma constitucional y tiene que ser reglamentada en la legislación federal. Aquellos locutores y concesionarios que gustan de injuriar, mentir y distorsionar sin que hasta ahora hayan encontrado suficientes reconvenciones sabrán que, cuando incurran en esas prácticas, habrá ciudadanos interesados en ejercer su derecho para aclarar informaciones y alusiones que les afecten de manera directa.

   b) Órgano regulador. El organismo que administre esas y otras disposiciones tendría que contar con independencia plena respecto de los poderes públicos y, desde luego, de las empresas concesionarias. Sin una autoridad con autonomía y recursos suficientes cualquier reforma para los medios quedará trunca.

   c) Límites a la concentración. El acaparamiento de muchos medios en pocas manos ha sido el origen del poder hasta ahora desmedido de los consorcios comunicacionales. Televisa y Azteca no deberían recibir una sola concesión más. Tienen que existir reglas que favorezcan la diversidad de opciones y que establezcan límites a la propiedad de medios.

   d) Medios públicos. A los medios de gobierno q         ue ya tenemos en México (canales 11 y 22 y las radiodifusoras del IMER, entre otros) es preciso convertirlos en medios públicos con recursos, autonomía de gestión y mecanismos institucionales que los vinculen con la sociedad. Esos medios y otros más podrían formar parte de una corporación pública manejada por autoridades plenamente independientes y de reconocida competencia profesional.

   e) Alfabetización mediática. Es preciso promover, tanto en la escuela como fuera de ella, programas de divulgación capaces de desarrollar, en los niños y jóvenes, así como en los ciudadanos, la habilidad para relacionarse de manera enterada y crítica con los contenidos de los medios de comunicación.

   Ninguna de las once medidas que hemos enumerado resulta ajena a la regulación que existe para los medios en otros países. Casi todas ellas se encuentran, por ejemplo, en la normatividad para los medios que la Unión Europea acaba de revisar en la directiva denominada Hacia un espacio audiovisual sin fronteras, de mayo de 2007. Cuando los legisladores mexicanos se asomen al derecho comparado en estos temas encontrarán que, en la discusión internacional acerca de los medios, existe coincidencia en la necesidad de que las ventajas de la convergencia tecnológica, que permite difundir más contenidos por una amplia gama de formas de transmisión, beneficie antes que nada a los ciudadanos. Más opciones en materia de contenidos, protección de los menores, defensa de los ciudadanos, promoción de la diversidad y medidas para auspiciar la calidad, son parte de los recursos que los Estados contemporáneos utilizan con ese propósito. Ya es hora de que así ocurra en México.

Nexos, noviembre de 2007

   “Apenas llegados a Constantinopla, la prensa se encargó de volcar sobre nosotros un torrente de rumores, invenciones y conjeturas que no acababan nunca. La prensa, que no tolera que haya el menor vacío en sus informaciones, no escatima nada para colmarlos. Para que la simiente no se pierda, la naturaleza se encarga de desparramarla pródigamente a los cuatro vientos. La prensa procede de un modo parecido. Coge todos los rumores que encuentra al paso y los echa al voleo, aumentados en tercio y quinto. Y para que se confirme una versión veraz, hay cientos y miles de noticias que mueren en flor. A veces, pasan unos cuantos años hasta que la confirmación llega. Y se daban también casos en que el momento de la verdad no llega nunca”.

   Con documentada amargura, León Trostsky deploraba en esos términos las versiones que aparecían en la prensa europea cuando, expulsado de la Unión Soviética, llegó a Estambul en 1929. Algunos de los diarios más importantes insinuaban que la disputa con Stalin era solamente una mascarada para que el antiguo Comisario de Guerra soviético estableciera un proyecto expansionista en Turquía. Esas versiones le perjudicaban, ocasionándole la animadversión de varios gobiernos en Europa.

   Aquel reproche consignado por Trotsky en su autobiografía (Mi Vida, publicada inicialmente en 1930) pareciera describir la situación del periodismo que tenemos ocho décadas más tarde. A la prensa le resulta más fácil propalar rumores que investigar acontecimientos. Y una vez que la maquinaria del rumor comienza a andar, en esos mismos espacios periodísticos el comentario de versiones parciales, o sin confirmar, magnifica y en ocasiones legitima los chismes consagrados como noticia.

   Cuando el revolucionario ruso escribió aquella lamentación del sensacionalismo periodístico, ya eran conocidas las interrogaciones que es preciso responder para que exista una información completa:

qué, quién, cómo, dónde, cuándo. No hay escuela de periodismo que no enseñe esas cinco divisas y difícilmente habrá reportero que reconozca su desinterés por cumplirlas. Sin embargo la prensa está repleta de informaciones parciales e imprecisas. La sustitución del periodismo por el estrépito y de la información por la crispación son la contraparte de las resistencias que suelen presentar los medios –tan exigentes con todos y con todo– para autocriticarse.

   Dominado por la subyugante aunque por definición efímera compulsión de la primicia, al periodismo le suele interesar más la urgencia informativa que el rigor contextual cuando da a conocer un acontecimiento. Diarios y noticiarios están repletos de notas que no dicen con claridad qué sucedió, pero que sobre todo suelen omitir los sujetos, las formas, el momento y el sitio de los hechos que comunican. Las noticias son, por lo general, enunciados desprovistos de alguno de esos cinco parámetros esenciales. La premura en el trabajo de los reporteros, la costumbre de mantener a los públicos en estado de sobresalto permanente y el interés de algunos de los protagonistas de las noticias para que solamente se den a conocer versiones fragmentarias, influyen para que tengamos informaciones que no reúnen los cinco elementales requerimientos que indican las normas profesionales.

   Ese periodismo de información deficiente favorece a su vez, entre otros factores, la existencia de un periodismo de opinión rudimentario. A los cinco principios de la información profesional se añade el sustantivo porqué cuando el periodismo, además de enterar, aspira a ofrecer explicaciones de un hecho. Esa es la causa, a la vez que la finalidad, del periodismo de interpretación. Columnas, artículos y editoriales tienen, o al menos eso se supone, tal propósito. Pero en un periodismo tan fallido para responder a las cinco cuestiones esenciales de ese oficio también es frecuente que en vez de explicaciones se ofrezcan admoniciones.

Seis desdeñados ayudantes

   Rudyard Kipling recordó esa media docena de requisitos al cabo de un relato para niños publicado cuando comenzaba el siglo XX: Yo tengo seis honestos servidores / que me enseñaron todo lo que sé / sus nombres son qué, dónde y cuándo / y cómo y quién y porqué. / Los mandé por mar y tierra / Los envié al oriente y al poniente; /  y después de que tanto trabajaron / los dejé descansar tranquilamente. En la prensa de opinión de hoy en día, demasiado a menudo, a esos fieles ayudantes se les manda a descansar antes de tiempo.

   El periodismo crítico, tanto en la prensa escrita como en los medios electrónicos, contribuye poco, y por lo general deficientemente, a la comprensión de los sucesos públicos. Igual que el periodismo de información, se sustenta mucho más en dichos que en hechos. Abomina de los datos duros, aparentemente porque fechas, citas y cifras fatigan a los lectores pero quizá fundamentalmente porque es más sencillo borronear una opinión que arriesgar y sobre todo documentar una explicación. Le importunan las comillas acaso porque quienes lo hacen suponen que hemerotecas y documentos son recursos para la historia y no para la crónica del presente que es el periodismo.

   Así realizado, el periodismo de opinión no suele ayudar a entender lo que sucede sino a desconcertarnos o aturdirnos, añadiendo reprimendas, interjecciones o irritaciones a los temas de actualidad. El periodismo, sobre todo en diarios impresos y noticiarios electrónicos, por lo general tiene que ser rápido y breve. Y es peliagudo exponer en 30 líneas, o en menos de dos minutos, una idea compleja como las que se requieren para ubicar a un acontecimiento en su contexto además de interpretarlo y trazar sus posibles escenarios.

   A esos imperativos de espacio y tiempo se debe, en alguna medida, la propensión de los comentaristas a resolver las situaciones más complejas con retahílas de lugares comunes. De la misma forma, es más fácil adjetivar que dilucidar. La crítica en el periodismo está condicionada por los apremios propios del ritmo acelerado con que se procesan y comentan las noticias. Pero quienes hacen ese periodismo, parapetados en los clichés, por lo general no se esfuerzan por dominar tales limitaciones.

   Para la crítica periodística –desde luego hay excepciones, aunque pocas– analizar equivale a elucubrar. Con enorme frecuencia los comentaristas dejan a un lado la exposición de hechos y se dedican a conjeturar. El análisis de casi cualquier acontecimiento requeriría de un entramado argumental que ni el espacio ni el rating parecen estar en condiciones de propiciar. Por eso al razonamiento, en el periodismo, con frecuencia lo suplantan las impresiones.

   El comentarista de asuntos noticiosos a menudo se convierte él mismo en el centro del espectáculo. El tono personal (me parece que… yo creo que… pues yo opino…) habitualmente enmascara como juicios autorizados los que, carentes de hechos y demostraciones, son simplemente impresiones subjetivas. En unas cuantas frases, el periodismo simplificado de esa manera suele otorgar reconocimientos y, sobre todo, asignar sanciones con enorme ligereza. Si un comentarista considera que un gobernante es ruin o tramposo o, por el contrario, si le parece íntegro y auténtico, podrá contribuir a que la gente así lo piense tan solo con echar a andar cualquiera de esos calificativos. Las opiniones privadas, entonces, se convierten en famas públicas.

   Al prescindir de la exposición de hechos en la que forzosamente se apoya cualquier argumentación y limitarse a ofrecer una sentencia, por añadidura casi siempre terminante, el periodista de opinión tiende a convertirse en pontífice: las cosas son así porque lo digo yo. El empleo excesivo de la primera persona del singular tiende a reforzar ese principio de autoridad. El opinador público cuenta con franquicia para dispensar absoluciones y imputaciones gracias al privilegio de expresarse en los medios.

Trascendidos intrascendentes

   El periodismo admonitorio se respalda en la eficacia del veredicto verbal y las frases hechas. El refranero se convierte en manantial de justificaciones instantáneas. Por ejemplo, no son pocos los comentarista