HiTV, el nuevo atraco de TV Azteca

Zócalo, junio  de 2009

“Aunque no les guste…”: con la misma bravuconería con que ha emprendido una ilegalidad tras otra, la televisora de Ricardo Salinas Pliego advirtió que mantendría el sistema de televisión codificada que puso en marcha en contra de una decisión expresa de las autoridades y transgrediendo la legislación en materia de radiodifusión.

El servicio llamado “Hi-TV” que puede recibirse con un decodificador que se vende en las tiendas Elektra, utiliza las frecuencias que Televisión Azteca tiene concesionadas exclusivamente para televisión abierta. Es decir, Azteca hace de esas frecuencias una utilización que no ha sido aprobada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Televisión Azteca ha mentido al asegurar que “la operación de HiTV es legal” y que su título de concesión le permite transmitir señales paralelas a las de televisión abierta. Que lo diga de esa manera y sin respaldo documental alguno, es parte del comportamiento mendaz que desde hace años se le conoce a esa empresa. Pero en este episodio varios comentaristas, sobre todo en las secciones financieras de los periódicos, han reiterado esas afirmaciones permitiendo que Televisión Azteca actúe como ventrílocuo suyo.

Una ilegalidad tras otra

Televisión Azteca comete varias transgresiones legales con el sistema HiTV.  En primer término, al propagar señales adicionales a las que tiene permitidas incumple con sus títulos de concesión, que solamente la autorizan a propagar televisión abierta.

En segundo lugar, esa utilización de las frecuencias viola el Acuerdo que expidió el presidente Vicente Fox el 2 de julio de 2004 para otorgar a las televisoras un canal adicional por cada uno de los que ya tenían con el propósito de impulsar la televisión digital.

En tercer término, esa actitud viola doblemente las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Lo hace en primer lugar porque esas disposiciones requieren de una autorización específica por cada uso que se haga de las frecuencias que componen el espectro radioeléctrico. Y las infringe porque desde el 5 de septiembre de 2008 la Cofetel había rechazado la petición de TV Azteca para ofrecer servicios de video bajo demanda utilizando las frecuencias que tiene concesionadas para televisión abierta.

En cuarto lugar, y por eso la postura de Azteca ha resultado especialmente provocadora, la utilización de frecuencias concesionadas para televisión con el propósito de difundir a través de ellas otros servicios contradice la resolución que tomó en junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se ocupó de la llamada Ley Televisa.

El núcleo de aquellas reformas a las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión era el afán de las televisoras para explotar las frecuencias concesionadas conduciendo y vendiendo otros servicios gracias a las posibilidades técnicas que ahora ofrece la digitalización de la señales.

La principal impugnación presentada contra la Ley Televisa radicaba en ese aprovechamiento indiscriminado. Los concesionarios de televisión y radio se convertirían prácticamente en dueños de esas frecuencias porque las podrían utilizar a su antojo.

Eso no significa que las frecuencias no deban ser empleadas para difundir la mayor cantidad posible de señales y servicios. Al contrario. Aquellas objeciones a la Ley Televisa consideraban que cualquier uso adicional al que fue expresamente concesionado debería ser puesto a licitación y que, en cualquier caso, la empresa beneficiaria de una nueva adjudicación debería pagarle al Estado una retribución por ese aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Indebido privilegio

Precisamente, cuando la Corte dispuso la abrogación del artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión que consagraba esa discrecionalidad de las empresas concesionarias, consideró que la posibilidad de utilizar las frecuencias cuando y como quisieran era un privilegio indebido que aquella reforma les entregaba a las empresas privadas de televisión y radio. Las estaciones no comerciales y cualquier otro interesado en difundir señales adjuntas a las de televisión abierta, tendrían que pasar por un proceso de licitación y autorización.

Por eso la Corte señaló: “Ni en la iniciativa de ley, ni en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora se expresó razón válida alguna que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicación sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente, lo que, en términos de competencia económica y libre concurrencia, constituye un claro trato discriminatorio que provoca, entre otras cosas, para los permisionarios de radiodifusión, concesionarios en telecomunicaciones y terceros interesados en una nueva concesión, una significativa barrera a la entrada a este mercado, de carácter tanto regulatorio como económico, que evidentemente obstaculiza la libre concurrencia y propicia las prácticas monopólicas de los agentes que pretendan hacer uso del poder sustancial que tienen en el sector de la radiodifusión”.

El razonamiento de los ministros reivindicaba la equidad con la que se encuentra obligado el Estado. Permitir que quienes ya disfrutan de un beneficio otorgado por el Estado –es decir, de una concesión– puedan tener otro más únicamente porque ya han sido favorecidos con el primero, significa engrosar los privilegios y discriminar al resto de la población.

La Corte insistió en que ese artículo 28 era anticonstitucional porque vulneraba la capacidad del Estado para disponer de un recurso natural como las frecuencias de radiodifusión y porque propiciaría la concentración de recursos comunicacionales, “lo que evidentemente se contrapone a un régimen que asegure una efectiva pluralidad de concesionarios que evite la formación de grupos de poder en una actividad que tiene una influencia decisiva en la sociedad, pues debe tomarse en cuenta que es un hecho notorio que los actuales concesionarios de servicios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y televisión abiertas, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones, implicará la traslación de su posición preponderante en su mercado, al segmento de los servicios de telecomunicaciones, provocándose así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación, como en materia de telecomunicaciones”.

Indolentes legisladores

Esos fueron, entre otros, los argumentos de la Corte para declarar inconstitucional aquel artículo 28 en la revisión que hizo de la Ley Televisa en junio de 2007. Desde entonces quedaron invalidados varios artículos de las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Se hubiera supuesto que, en atención a esa resolución de la Suprema Corte, el Poder Legislativo tendría que haber reemplazado esos artículos con nuevas disposiciones que atendieran a las decisiones de los ministros y permitieran el desarrollo de la radiodifusión con pleno acceso a la convergencia digital y con reglas capaces de propiciar la diversidad de opciones comunicacionales.

Lo más adecuado hubiera sido que la Cámara de Diputados y el Senado, en reconocimiento al interés público que suscitaron las impugnaciones a la Ley Televisa y la resolución de la Corte, diseñara y aprobara una nueva ley de medios, que involucrara tanto a la radiodifusión como a las telecomunicaciones. Pero el Congreso no quiso ponerse de acuerdo en ese tema. Los senadores y diputados de PAN, PRD y PRI, pudieron construir decisiones conjuntas para reformar en septiembre de 2007 la Constitución y luego la legislación electoral y crear un nuevo régimen para la relación entre medios de comunicación y partidos. Pero los arreglos políticos no fueron suficientes para conducir a una nueva ley de medios.

A esa indecisión e indolencia del Congreso se debe el vacío jurídico que Televisión Azteca ha querido aprovechar para decidir por su propia cuenta el aprovechamiento de las frecuencias que le han concesionado para TV abierta. La legislación actual prohíbe de manera expresa esa utilización. Pero no precisa los conductos jurídicos que debieran seguir los interesados en transmitir señales adicionales a las de TV abierta por los canales hasta ahora habilitados para ese servicio. Esos cauces no existen porque el Poder Legislativo no ha querido hacer suyo, pero tampoco rechazar, el criterio ya establecido por la Corte a fin de que quienes tienen concesiones deban concursar por cualquier nuevo uso que hagan de ellas.

Clientelismo televisivo

Lo que TV Azteca hizo fue desatender la ley y actuar como si las frecuencias que tiene concesionadas fueran suyas. Significativamente en ese nuevo atraco (que se aúna a los muchos otros que ha cometido la televisora de Salinas Pliego) Azteca no contó con la connivencia de otros consorcios comunicacionales.

Aunque las operaciones de HiTV se conocían desde enero, cuando fue mencionado por varios columnistas (Gabriel Sosa Plata publicó en El Universal una explicación muy clara de ese servicio y de la ilegalidad que implicaba) el asunto no inquietó a mucha gente hasta que el 11 de mayo fue difundido en su primera plana por el diario Reforma. Desde el campo de los medios, hubo entonces reacciones de tres tipos.

Algunos comentaristas críticos expresaron indignación con ese nuevo abuso de Televisión Azteca. Por otra parte, varias empresas de televisión por cable exigieron que el gobierno atajara esa ilegalidad porque la televisión codificada de Azteca competiría con los servicios que ellos ofrecen. Y por otro lado, la empresa de Salinas Pliego replicó en un agresivo comunicado (publicado como inserción pagada el 14 de mayo en varios diarios) que formulaba reproches personales al dueño de Reforma, aseguraba que HiTV funciona de manera legal (lo cual es mentira) y sugería que ese servicio lleva la televisión de paga a segmentos de la población que no han tenido recursos para acceder a ella.

Con demagogia, pero con cierta astucia barata, Televisión Azteca ha buscado colocarse como benefactora de los televidentes de menos recursos económicos que gastarían menos en la compra del convertidor para ver HiTV que suscribiéndose a la televisión por cable o satelital a las tarifas hasta ahora vigentes.

Lo que no dice Azteca es que el menú de canales de HiTV es notoriamente más pobre y de menor calidad que la programación habitual en los sistemas de televisión de paga. Tampoco explica que quienes compren su decodificador quedarán sujetos a las tarifas y modalidades que posteriormente les imponga esa empresa, con mayor discrecionalidad si no está sujeta a regulación alguna. Y tampoco recuerda que en cualquier momento las autoridades de Comunicaciones y Transportes, con la ley en la mano, podrán clausurar el funcionamiento de HiTV debido a las muchas infracciones que ha cometido.

Efectivamente, la existencia de un nuevo servicio de televisión de paga afecta a las empresas que hasta ahora han acaparado ese mercado. Muchas de ellas han sido adquiridas por Televisa en los años recientes, de tal manera que este diferendo entre los operadores de televisión por cable y HiTV es antes que nada un nuevo episodio de tensiones entre Televisa y TV Azteca que se distancian y alían según les conviene.

Posibles sanciones

Los regateos alrededor de HiTV manifiestan intereses de negocios distintos entre las televisoras pero, antes que nada, la apropiación que TV Azteca hace de esas frecuencias expresa un intencionalmente alevoso desprecio por las leyes y las autoridades encargadas de hacerlas cumplir.

Por eso fue pertinente que el viernes 15 de mayo la Comisión Federal de Telecomunicaciones anunciara el inicio de un proceso para imponer sanciones a Televisión Azteca por violaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión. Además trasladó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revisión del mismo asunto para determinar qué infracciones cometió Azteca a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Es deseable que esos procedimientos concluyan pronto con multas e inhabilitaciones claras a dicha televisora y que no se enreden en vericuetos administrativos en los que con frecuencia queda estancada la aplicación de la ley en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. En la decisión de esas autoridades tendría que pesar el desafío que TV Azteca hizo público cuando alardeó: “Aunque no les guste, venderemos las cajas de HiTV…”

En este diferendo, a los únicos que nadie toma en cuenta es a los televidentes.

TV Azteca los engaña ofreciéndoles un servicio de paga de calidad y legalidad dudosas.

Los operadores de televisión por cable se postulan como defensores del orden jurídico y del interés del público cuando, durante varios años, se han opuesto a que el gobierno autorice a Teléfonos de México para ofrecer televisión por la red telefónica.

Las autoridades en materia de telecomunicaciones tratan de arbitrar entre las corporaciones pero no propician un mercado más abierto y plural, con más opciones televisivas pero además con precios menos altos, para el consumo de la televisión de paga.

La convergencia tecnológica no está siendo aprovechada para que los mexicanos tengan mejores y más baratos servicios de telecomunicaciones.

Televisión Azteca, ¿por sus pistolas?

Publicado en eje central

No hay motivos de sorpresa en el comportamiento sinvergüenza e ilegal de Televisión Azteca. La misma empresa que envió una partida de pistoleros para asaltar y ocupar la antena del Canal 40 y luego quiso sobornar a los trabajadores de aquella emisora, la misma que junto con Televisa organizó una campaña de intimidación contra los inversionistas que pretendían crear una nueva cadena de televisión comercial, la mismísima que escamoteó los mensajes de los partidos políticos para que no fueran enviados a la retransmisión de sus canales que hace la televisión satelital es precisamente la que ahora utiliza de manera ilegal sus frecuencias concesionadas para difundir, sin autorización, un nuevo servicio de programación codificada.

Si la desfachatez de Televisión Azteca no sorprende en absoluto, tampoco resulta novedosa la complacencia del gobierno federal con los abusos de esa empresa. Ricardo Salinas Pliego le tiene tomada la medida al gobierno del presidente Felipe Calderón de la misma forma que manejaba, casi a su antojo, las decisiones comunicacionales de Vicente Fox. Pero no deja de ser muy grave, además de ciertamente patética, la indolencia de la actual administración para hacer que la ley se cumpla en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Azteca, igual que otras televisoras, recibió una frecuencia adicional por cada una de las que ya tenía para, en el nuevo canal, difundir señales de televisión digital de alta definición. El 2 de julio de 2004 el presidente Fox les concedió a las televisoras esa nueva prerrogativa, con la que hipotecó el desarrollo de la televisión mexicana al modelo de televisión digital que existe en Estados Unidos y que solamente ofrece más calidad de imagen pero con las mismas opciones televisivas que ya existen. En el mundo hay otros modelos de televisión digital. En América Latina todos los países están eligiendo otras opciones, especialmente el modelo europeo que propicia la apertura de nuevos canales y no solamente más de la misma televisión.

Aquella decisión de Fox les permitió a las televisoras contar con más frecuencias pero únicamente para transmitir en formato digital la misma programación que difunden los canales de tipo analógico. Como la digitalización de las señales hace posible que además en cada canal se puedan conducir otros servicios de telecomunicaciones, aquel Acuerdo de Fox estableció que, previa autorización del gobierno federal, los concesionarios podrían difundir otros servicios. El apartado 2 del Acuerdo sobre televisión digital terrestre (TDT) publicado el 2 de julio de 2004 en el Diario Oficial indica con toda precisión:

“la solicitud para la prestación de servicios de telecomunicaciones que, en su caso, sea factible prestar por el concesionario o permisionario, a través de los canales asignados a la TDT, sin que de manera alguna implique la interrupción total o parcial de la TDT, estará sujeta y se resolverá conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables. El Gobierno Federal podrá establecer una contraprestación económica y, en tal caso, el concesionario o permisionario estará obligado a cubrir la misma a favor del Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales…”

A los dueños y operadores de las televisoras privadas esa restricción no les gustó porque ahora que con la digitalización de las telecomunicaciones es posible difundir servicios agregados a los de televisión o radio, han querido utilizar toda la capacidad de las frecuencias que tienen concesionadas para vender otros productos. Por eso a fines de 2005 promovieron las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que, por sus implicaciones y autoría, fueron conocidas como “Ley Televisa”.

El aspecto más importante de la Ley Televisa era la cesión, a las televisoras privadas, de las frecuencias que hasta ahora han tenido concesionadas para que hicieran con ellas lo que mejor conviniera a sus intereses de negocios. El artículo 28 de aquellas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión les permitía a los concesionarios utilizar las frecuencias para prestar “servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión” pero siempre y cuando lo solicitasen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa dependencia podría determinar el pago de una cantidad de dinero por el servicio adicional.

Aquella disposición fue muy cuestionada porque les daba a las televisoras la posibilidad de aprovechar las frecuencias tan solo a partir de una autorización administrativa y sin que fuese obligatorio el pago por ese aprovechamiento suplementario. No en balde ese fue el artículo más debatido en la Ley Televisa. Cuando, en junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó buena parte de aquellas reformas, abrogó todo el artículo 28.

En el razonamiento de los ministros de la Corte prevaleció la convicción de que la explotación de las frecuencias concesionadas para usos distintos a la transmisión de televisión abierta debería ser motivo de licitación y del pago de derechos específicos. Y no se trata de montos pequeños. Las empresas de telefonía celular pagan decenas de millones de dólares por el derecho a utilizar pequeños segmentos del espectro radioeléctrico para transmitir las señales de ese servicio. Con las reformas que a la postre fueron abrogadas por la Corte las televisoras querían ahorrarse ese pago.

El Congreso ha dejado baldada la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones porque después de las decisiones de la Corte, hace ya casi dos años, ni los senadores ni los diputados han querido ponerse de acuerdo para aprobar una nueva normatividad. Pero la ausencia de reglas precisas de ninguna manera disculpa el nuevo abuso de Televisión Azteca.

La empresa de Salinas Pliego ahora ofrece un servicio de televisión codificada que se transmite en un segmento de una de las frecuencias que tiene concesionadas. Para ver esos canales es preciso comprar un equipo sintonizador que se vende en las tiendas Elektra. Desde fines de enero pasado el investigador Gabriel Sosa Plata denunció esa ilegalidad de Televisión Azteca que promovía el nuevo servicio sin autorización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El lunes pasado ese mismo asunto fue difundido en la primera plana del diario Reforma.

A pesar de la negativa expresa de la Cofetel, a pesar de que el decreto de julio de 2002 requiere que haya autorización para cualquier uso adicional de las frecuencias concesionadas con motivo de la digitalización, a pesar incluso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, Televisión Azteca anuncia y vende ese nuevo servicio. No por sus pistolas, sino por la negligencia y debilidad del gobierno federal.

Televisa y Azteca: irritación, impunidad, intolerancia

Otros textos sobre las televisoras y el IFE, en mi blog Sociedad y Poder

El viernes 13 del IFE

Televisoras, bravata contra el Estado

Berrinche de las televisoras

Zócalo, febrero de 2009

Que están encrespados, no cabe duda. Que son arrogantes, resulta evidente. Que la reciente acometida contra la autoridad electoral y los partidos les resultará fructífera, está por verse.

La manipulación que hicieron de los anuncios políticos señala un viraje en el comportamiento de Televisa y Televisión Azteca respecto de la competencia política y sus protagonistas en este país. Hasta ahora, las televisoras aparentaban respeto a la ley y a las instituciones políticas aunque, de diversas maneras, intentaran influir en la aplicación o incluso en la modificación de las normas jurídicas.

Con la llamada clase política, las televisoras tenían una actitud que oscilaba entre la complacencia y la connivencia. Azteca y Televisa, la primera de manera más burda pero ambas en permanente redención de sus intereses por encima del interés público, se servían, sirviéndola, de la política.

Esa relación comenzó a cambiar desde los primeros momentos del gobierno de Vicente Fox cuando, en ausencia de una política gubernamental para los medios, las televisoras encontraron la ocasión para que fuese en sus oficinas corporativas donde se establecieran las reglas que orientarían a la radiodifusión. El decreto presidencial del 10 de octubre de 2002 que abolió el 90% del tiempo estatal en televisión y más tarde la Ley Televisa, fueron expresión de ese afán de las corporaciones mediáticas para transitar de la simulación, al activismo respecto del orden jurídico. Las pautas que habían prevalecido para los medios nunca les gustaron porque garantizaban la administración estatal del espectro radioeléctrico y les imponían obligaciones como el tiempo fiscal.

Influencia e insolencia

Durante más de 4 décadas y media, desde que la Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada en enero de 1960, los propietarios de los consorcios mediáticos toleraron y capotearon esa normatividad. La indolencia del foxismo, junto con el creciente sobrecogimiento de la mayor parte de la clase política mexicana ante la influencia de los poderes comunicacionales, llevaron a los dueños y operadores de Televisa y Azteca a decidir que ya era momento de imponer sus propias reglas.

Pero se les pasó la mano. La insolencia con que presionaron a dirigentes y candidatos de los partidos políticos con el fin de que sus legisladores respaldaran sin chistar las reforma a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión meses antes de las elecciones presidenciales de 2006, tuvo efectos favorables de manera inmediata pero a la postre les resultó contraproducente. La mayoría resignada y acrítica que aprobó por unanimidad la Ley Televisa en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, se descompuso en las posiciones variadas e incluso de razonado rechazo que se manifestaron durante los primeros meses del siguiente año. Aunque por mayoría, esas reformas fueron aprobadas el 30 de marzo con la objeción de la tercera parte de los senadores.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia para revocar los privilegios más notorios que la Ley Televisa confería a los consorcios mediáticos –que pretendían utilizar a su antojo las concesiones de las que ya disfrutaban– y la existencia de un nuevo contexto político, en donde ya no requerían del respaldo inmediato de las televisoras, les permitieron a los partidos coincidir en una decisión arriesgada y no sin excesos. En septiembre de 2007 los senadores del PAN, el PRI y el PRD aprobaron una iniciativa de reformas constitucionales para abolir la contratación de propaganda política en la televisión y la radio. Había motivos de sobra para ello.

La posibilidad que durante varios años explotaron las empresas mediáticas para ofrecer tarifas discrecionales (había un máximo pero no existían mínimos para los precios que les cobraban a los partidos) implicaba, junto con otras prácticas, la principal fuente de inequidad en las campañas políticas. Los partidos amalgamaron esa decisión junto con otras bastante cuestionables (especialmente la defenestración de los consejeros electorales cuyo desempeño no les gustó a quienes perdieron la elección presidencial de 2006) y a pesar de la azorada protesta de las televisoras, que no concebían una conducta de la clase política capaz de afectar sus intereses, la reforma constitucional fue aprobada a fines de 2007.

Con esas modificaciones a la Constitución, pronto traducidas en abundantes ajustes al Código Electoral, las televisoras y las cadenas de radio más importantes perdían un negocio cercano a 2 mil millones de pesos, que es el monto que los partidos gastaron (siempre con dinero fiscal) en la contratación de espacios en televisión y radio durante las campañas de 2006. Pero además del quebranto financiero, los dueños y operadores de los consorcios mediáticos entendieron que el poder del Estado no siempre se les subordinaba con la benevolencia de antaño. Es la guerra, se dijeron. Y han actuado en consecuencia con ese reconocimiento.

Millones de spots

La reforma de 2007 no les gustó a las televisoras. Sobre ella y las reglas para ponerla en práctica han difundido verdades a medias y sobre todo numerosas mentiras. Han dicho que gracias a esa reforma los partidos se apoderan del tiempo oficial en los medios pero esos espacios, comprimidos durante el gobierno de Fox, siempre han sido para el Estado. Sostienen que los mensajes políticos ahuyentan a las audiencias (como si a televidentes y radioescuchas les encantaran los anuncios comerciales) y que les resta espacio para la publicidad pagada (cuando se trata de segmentos que de cualquier manera tenían obligación de abrir para otros mensajes oficiales).

Como los lectores de Zócalo saben, la reforma constitucional adjudicó al Instituto Federal Electoral la responsabilidad de administrar 48 minutos diarios de mensajes políticos durante la temporada electoral. Ese lapso, en 2009 comenzó el 31 de enero y se extenderá hasta el 4 de julio, víspera de las elecciones que renovarán la Cámara de Diputados –y que coincidirán con numerosos comicios estatales y municipales–.

Durante esos 48 minutos diarios en cada televisora y radiodifusora se deben difundir mensajes de 20 y 30 segundos de todos los partidos, así como de la autoridad electoral. Varios de los concesionarios de la radio y la televisión privada han ofrecido cuentas exorbitantes a partir de esos espacios. Numerosos locutores y comentaristas han deplorado que, a causa de las nuevas reglas electorales, los radioescuchas y televidentes mexicanos tendrán que soportar decenas de millones de spots entre febrero y junio de 2009.

Cualquier ciudadano desprevenido, seguramente se atemorizará y luego se indignará con cifras de ese tamaño. Pero se trata de estimaciones sobre el conjunto del universo que integran todas las estaciones de radio y televisión en el país.

En México tenemos 1488 estaciones de radio (854 en AM y 634 en FM) y 733 canales de televisión. En cada una de esas frecuencias, suponiendo que transmiten durante todo el día, los 48 minutos diarios que establece la legislación electoral significan el 3.3% del tiempo total de transmisión.

Si un ciudadano estuviera escuchando radio o mirando televisión todo el día, día y noche, tendría que zamparse el 3.3% de ese tiempo con anuncios de los partidos y el IFE. Durante el horario en el que se transmiten esos mensajes, que va de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, los 48 minutos equivalen al 4.4% de esas 18 horas de transmisión.

Por supuesto, multiplicado por los cinco meses de duración de las campañas, la cantidad de spots que pueden difundirse en la temporada electoral parece muy elevada. En los 155 días que transcurren entre el 31 de enero y el 4 de julio, los 48 minutos diarios ascienden a 7440 minutos, o 124 horas en cada emisora. Son muchas horas, sí. Pero como hemos señalado constituyen el 4% del tiempo de transmisión efectiva en los horarios durante los cuales se difunden tales mensajes.

Esas 124 horas se vuelven decenas de miles cuando se les aprecia de acuerdo con todas las estaciones que difunden el país. En las 1488 radiodifusoras, ascienden a casi 185 mil horas de transmisión. En los 733 canales de televisión, alcanzan casi 91 mil horas. Si ese tiempo fuese utilizado para spots de medio minuto cada uno, permitiría transmitir 22.2 millones de mensajes en radio y 10.9 millones en televisión.

Sólo 43% para los partidos

Para aquilatar esas cifras vale la pena tomar en cuenta dos circunstancias. La primera de ellas es la distribución del tiempo electoral que establece la nueva legislación. Los partidos políticos no utilizarán todos los 48 minutos diarios. De hecho, recibirán menos del 43% de ese tiempo en el transcurso de toda la temporada electoral.

Durante las precampañas, que van del 31 de enero al 11 de marzo, los partidos reciben únicamente 18 de los 48 minutos diarios en cada estación de radio o televisión. Los 30 minutos restantes deben ser utilizados por el IFE y otros organismos electorales, como el Tribunal de esa materia, con mensajes para promover la participación ciudadana y la organización de las elecciones.

Luego, entre el 12 de marzo y el 2 de mayo, se abre un incómodo limbo político durante el cual los partidos designan a sus candidatos pero aún no comienzan formalmente las campañas. Durante esos 52 días todo el tiempo de mensajes electorales –los 48 minutos– solamente puede ser utilizado por el IFE.

Las campañas se desarrollan del 3 de mayo al 1 de julio. Durante esos 60 días, los partidos reciben 41 de los 48 minutos diarios en cada estación. Los 7 restantes serán para mensajes del IFE.

Finalmente, antes de las elecciones del 5 de julio hay un periodo de tres días durante el cual está prohibido el proselitismo de los partidos. El IFE vuelve a disponer de todos los 48 minutos durante ese lapso.

Esas reglas implican que, entre el periodo de precampañas (durante el cual, en 40 días, disfrutan de 720 minutos para propaganda en cada estación) y la fase de campañas (60 días, con 41 minutos cada día, que equivalen a 2460 minutos) los partidos recibirán un total de 3180 minutos, que significan exactamente 53 horas de spots en cada frecuencia. Como hemos apuntado, cada estación está obligada a transmitir mensajes electorales y políticos durante 124 horas, a 48 minutos diarios, entre el 31 de enero y el 4 de julio. Todo ello implica que a los partidos les corresponde el 42.74% del tiempo total administrado por el IFE.

El 30% de esas 53 horas se distribuye entre los partidos de manera igualitaria y el 70% restante según el porcentaje de votos que haya obtenido en la elección para diputados más reciente, en este caso la de 2006.

A la autoridad electoral le corresponde definir los contenidos del 57.25% del tiempo total –es decir, de los 48 minutos diarios considerados durante los 155 días del periodo previo a los comicios–. Ese 57.25% asciende a 4260 minutos, o 71 horas, en cada estación de radio o televisión.

Spots encadenados

El otro factor que es pertinente considerar para justipreciar el tiempo que reciben los partidos es la concentración que impera en la televisión y la radio mexicanas. Aún descontando el tiempo que le corresponde al IFE, las 53 horas que los partidos tendrán en cada frecuencia pueden seguir pareciendo excesivas sobre todo si se les multiplica por las estaciones de radio y televisión. Se trata de 78864 horas de propaganda en radio y 38849 en televisión. Pero no son horas o minutos de difusión autónoma, estación por estación, sino, en la mayoría de los casos, de spots que son transmitidos de manera simultánea en grandes cadenas de televisión y radio.

Una de las redes de radio más grandes del país es, por ejemplo, la Cadena Uno de Radio Fórmula. En esa cadena concurren hasta 76 estaciones de toda la República. Algunas de ellas no se encadenan a todas las transmisiones nacionales de esa emisora pero la mayoría sí. Cuando las estaciones ancla de Radio Fórmula Uno difunden un spot en sus frecuencias de la ciudad de México (970 en AM y 103.3 en FM) ese mensaje puede llegar a otras 74 estaciones, de tal manera que los 48 minutos diarios en cada una de esas emisoras llegan a significar casi 61 horas de difusión cotidiana. En total, las estaciones que se enlazan en la Cadena Uno de Radio Fórmula difundirán casi 1 millón 131 mil spots de medio minuto durante los 155 días de la temporada electoral. Parece demasiado, pero se trata de los mensajes repetidos 75 veces desde una sola señal central.

La concentración de frecuencias es mayor en la televisión. El Canal 2 de Televisa encabeza una cadena nacional de 128 frecuencias. Así que los 48 minutos diarios de contenido electoral que ese canal debe transmitir equivalen a más de 102 horas diarias si se le multiplica por ese número de frecuencias. Al cabo de los 155 días previos a la elección federal, el llamado canal de las estrellas habrá difundido 15872 horas si se toma en cuenta a sus repetidoras. En esas abundantes horas cabría más un millón 900 mil spots de medio minuto cada uno. Pero el Canal 2, o cualquiera de esas repetidoras, habrán difundido únicamente 124 horas de mensajes del IFE y los partidos durante toda la temporada electoral.

TV nacional: más horas en 2006

¿Muchos o pocos? No hay datos exactos para comparar la cantidad de spots que se difundirá en 2009 en tiempos propiedad del Estado con los mensajes que, hasta las elecciones anteriores, se transmitían porque los partidos pagaban por ellos. Pero a partir del monitoreo de promocionales que el IFE realizó en las elecciones federales pasadas se pueden establecer algunas analogías.

Entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006, que era el plazo autorizado para la propaganda electoral, el IFE contabilizó los anuncios de campaña transmitidos en radiodifusoras y televisoras de 20 ciudades del país. Se trató de un ejercicio de verificación que más tarde le permitiría a la autoridad electoral auditar los informes de gastos que le presentaron los partidos e incluso imponer multas cuando no le informaron de la compra de spots que ese monitoreo tenía registrados.

En el seguimiento que hizo de 154 canales de televisión (entre ellos 31 canales de TV por cable) el IFE encontró que se transmitieron 1765 horas de spots televisivos. La autoridad electoral no presentó agregada esta información pero la hemos calculado a partir de diversos documentos de los monitoreos del propio IFE.

Como las televisoras estudiadas en el monitoreo fueron 154, esas 1765 horas equivalen a casi 11 horas y media de spots, en cada frecuencia, durante toda la temporada electoral de 2006. Comparadas con las 53 horas que ahora tendrán los partidos en cada canal de televisión, el incremento es de casi cinco veces.

Pero entre esas televisoras había canales locales, temáticos y de programación nacional y generalista. Por eso es interesante el tiempo que, de todos los spots motivo del monitoreo, se difundió en la televisión de alcance nacional. En las 5 cadenas nacionales (las que encabezan los canales 2, 5, 7, 9 y 13 de la ciudad de México) durante 2006 se transmitieron 303.7 horas de spots y programas políticos pagados (aquí se incluye el programa diario que tenía Andrés Manuel López Obrador y que, con casi 30 minutos diarios, ocupó el 27% de ese tiempo de propaganda política).

Cada una de esas cadenas de televisión transmitió, en promedio, 60 horas con 44 minutos de propaganda política durante la temporada electoral de 2006.

Esas más de 60 horas superan a las 53 que, descontando el tiempo dedicado al IFE y otros organismos electorales, tendrán en 2009 los partidos en cada frecuencia de televisión y radio.

En suma, aunque cuando se incluye a las televisoras locales y temáticas el tiempo para spots en 2006 es mucho menor al que habrá en 2009, esa relación se modifica si nos fijamos solamente en las cadenas nacionales.

La televisión nacional destinó en 2006 más espacio a los spots pagados por los partidos que el que dedicará en 2009 a los spots que se difundan en tiempos oficiales: más de 60 horas en un caso, 53 en el otro.

La diferencia, aparte de las implicaciones financieras, es que en 2006 esa propaganda se distribuyó a lo largo de cinco meses medio de campañas y en 2009 se concentra primero en 40 días de precampañas y luego, con más intensidad, en 60 días de campañas.

Para identificar la propaganda que se transmitió en radio, el monitoreo del IFE siguió el desempeño de 217 estaciones, también en 20 ciudades de la República. En total fueron contabilizadas 3155 horas de spots, que equivalen a 14 horas con 33 minutos en cada emisora. El monitoreo no distingue entre radiodifusoras de alcance nacional y local.

Las 53 horas que tendrán los partidos en cada estación de radio en 2009, son casi 4 veces más que las 14 horas y media que contrataron tres años antes.

Algo de fantasía

El problema para el IFE, además de capotear sus tensiones internas y administrar los abundantes tiempos que les corresponden este año a los partidos, es qué hacer con las 71 horas en cada estación de televisión y radio en todo el país que le son asignadas por la legislación electoral.

El Código de esa materia indica que una vez garantizado el tiempo para los partidos, el espacio restante y hasta llegar a los 48 minutos diarios “quedará a disposición del Instituto para sus fines propios o los de otras autoridades electorales” (artículo 57 – 5 del Cofipe). Ese tiempo no se puede traspasar ni emplear para otros propósitos. Mucho menos puede ser comercializado, según indica expresamente ese mismo artículo.

Pero 71 horas en cada frecuencia durante la temporada electoral y en ocasiones (entre precampañas y campañas y en los días previos a los comicios) la gestión de los contenidos íntegros que deben ocupar los 48 minutos diarios en cada emisora, son demasiados espacios. El IFE se ha visto obligado a repetir, cada hora, varias veces cada hora, los mismos mensajes de promoción del voto que todos hemos conocido durante las semanas recientes.

El IFE podría no utilizar todo ese tiempo, dejando que los radioescuchas y televidentes descansaran de la propaganda electoral en algunas temporadas y horarios. Pero después de la beligerante agresividad de las televisoras, el desaprovechamiento de ese tiempo sería considerado como nueva muestra de debilidad de la autoridad electoral.

Una opción que tendría el IFE sería emplear algunos de esos segmentos, sobre todo en el mes y medio que hay entre precampañas y campañas, para difundir contenidos relacionados con la promoción y quizá el fortalecimiento de la cultura cívica. ¿Cómo resultarían algunos spots que explicaran sintéticamente las limitaciones para el desarrollo de la democracia que implican la concentración de muchos medios en pocas manos y la permanencia de una legislación atrasada? ¿Cómo serían vistos y escuchados breves pero claros mensajes acerca de experiencias de recepción crítica –observatorios ciudadanos, evaluación de contenidos, parámetros éticos– en diversos países? ¿Qué efecto suscitarían cápsulas bien producidas, con datos duros y opiniones categóricas acerca del comportamiento de los medios que acaparan los recursos comunicacionales en México?

IFE acorralado

Claro que estamos fantaseando, porque la displicencia para cumplir con la ley y la complacencia con las televisoras que han tenido varios de los consejeros del IFE no sólo permite reconocer lagunas enormes en la aplicación de la ley, como el viernes 13 de febrero cuando 6 de los 9 consejeros hicieron inaceptables maromas retóricas para negarse a imponer a las televisoras la sanción económica que habían buscado al distorsionar durante varios días la transmisión de los mensajes de los partidos y el propio IFE.

Las cortinillas que anunciaban interrupciones de la programación predisponiendo a los televidentes, el encadenamiento de varios spots durante 3 y en algunos casos hasta 6 minutos, la interrupción de partidos de futbol y el bloqueo en la señal que Azteca enviaba al satélite de Sky para que los mensajes políticos no fueran recibidos por los suscriptores de ese servicio, fueron expresiones de provocación política que las televisoras lanzaron al Estado mexicano en los primeros días de las precampañas, a partir del 31 de enero.

A diferencia del talante taimado y marrullero que mantuvieron durante décadas, a la sombra de un Estado en el que no creían pero cuya cúpula política que los cobijó convenencieramente, y en contraste con el afán para cambiar las leyes amagando y presionando pero preocupados por el marco jurídico nacional, ahora los consorcios mediáticos optaron por el enfrentamiento. En esa escaramuza contra los partidos, dejaron en medio al Instituto Federal Electoral.

Para sonrojo y aprensión de quienes entienden las dimensiones de tal desafío, los responsables del Estado se escabulleron para no incomodar a los consorcios mediáticos. Solamente en algunos partidos (PRD, Socialdemócrata) y en algunos segmentos de la sociedad enterada, surgieron voces de reclamo ante el comportamiento de las televisoras y en respaldo a los tres consejeros –entre ellos el presidente del IFE– que ese viernes 13 apoyaron las sanciones a Televisa y Azteca.

Las televisoras se buscaron un nuevo encausamiento cuando, los días 7 y 8 de febrero, de plano suspendieron la transmisión de spots políticos durante algunas horas, en abierta infracción a la legislación electoral. El desempeño que tuvieran al multar esa nueva falta no disiparía el comportamiento de los consejeros que acataron las instrucciones del gobierno federal y, presumiblemente, del PAN y el PRI para exonerar a las televisoras por las infracciones iniciales.

El desafío de las televisoras, que de beneficiarias de la institucionalidad ahora se han comportado como antagonistas de las instituciones, será del tamaño del sobresalto que puedan suscitar en la llamada clase política. A los políticos que desde los partidos y el gobierno han contemporizado con esos nuevos excesos de Televisa y Azteca se les olvida que los televidentes que presencian abusos y manipulaciones son, antes que nada, ciudadanos. Y votan, o dejan de hacerlo.

Rechazamos el indulto a las televisoras / Comunicado de la AMEDI

El IFE elude la aplicación de la ley

El indulto que la mayoría de los consejeros del IFE concedió a las televisoras es ilegal, inmoral y establece un precedente inaceptable para los ciudadanos y las instituciones en este país. El Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió, el viernes 13 de febrero, sobreseer el procedimiento para sancionar a Televisa y Televisión Azteca por las irregularidades con que fueron transmitidos, durante varios días, los spots de los partidos políticos y del propio IFE.
Esas empresas actuaron de manera concertada para colocar cortinillas de advertencia, transmitir los spots en bloque y no de manera separada como ha ocurrido durante años e incluso interrumpieron eventos deportivos para insertar tales mensajes. Todo ello tuvo el propósito de predisponer a los televidentes contra los partidos políticos y la autoridad electoral.
Ese manejo de los mensajes políticos transgredió, entre otras disposiciones, el artículo 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que entre las infracciones de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión a dicho ordenamiento, establece la siguiente: “La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos”. La manipulación de los mensajes fue evidente. Las televisoras quisieron soliviantar a sus audiencias contra esos contenidos y alteraron el sentido de la propaganda electoral.
El Consejo General del IFE tenía la obligación de sancionar esa conducta de las televisoras. Sin embargo 6 de los 9 integrantes con voto en ese organismo consideraron que el asunto ya estaba resuelto porque los spots se estaban transmitiendo de manera regular y, además, dos días antes algunos consejeros del IFE habían suscrito un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión acerca de la difusión de los mensajes políticos.
Al eludir la aplicación de la ley, los consejeros que hicieron mayoría en esa sesión del IFE se excedieron en el ejercicio de sus atribuciones. A ningún infractor se le puede dispensar una falta claramente indicada en la legislación con el subterfugio de que ha dejado de incurrir en esa conducta ilegal. Por otra parte, un acuerdo que establece propósitos mutuos como el que suscribieron algunos consejeros y la CIRT no sustituye y mucho menos debiera cancelar el cumplimiento de la legislación. Esas “bases de colaboración”, por lo demás, tienen una formalidad legal bastante dudosa.
Televisión Azteca cometió una infracción adicional al suprimir los mensajes políticos en la señal que envía al sistema Sky para ser retransmitida a los suscriptores de la televisión satelital. Esa falta sí fue sancionada por el IFE.
La decisión de los consejeros Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez para absolver a Televisa y Televisión Azteca constituye una lamentable y cuestionable expresión de sometimiento a las televisoras. Las violaciones de tales empresas a la legislación electoral e incluso a la Constitución Política que establece los lineamientos para la difusión de spots, fueron palmarias y flagrantes. Los argumentos que esos consejeros emplearon para justificar la absolución de las televisoras son insostenibles.
Frente a la presurosa disposición de esos consejeros para congraciarse con las televisoras, o con quienes hayan abogado ante ellos en defensa de Azteca y Televisa, destacó la actitud del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, que recordó que la autoridad electoral no puede renunciar a la aplicación de la ley. Los consejeros Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade también reivindicaron la defensa de la legalidad.
El desafío de las televisoras a la autoridad electoral se acentuó el fin de semana antepasado, cuando dejaron de transmitir los mensajes del IFE y los partidos durante varias horas. El Consejo General tendrá que enterarse de esas nuevas faltas. Exigimos de todos los consejeros del IFE el cumplimiento de la ley ante esas nuevas contravenciones de Televisa y Azteca.
Las televisoras han querido hacer ostensible su capacidad para manipular y censurar los mensajes políticos con el propósito de amedrentar a la autoridad electoral y a los partidos. Lamentablemente, en este episodio no han encontrado a un gobierno dispuesto a reivindicar el orden jurídico para enfrentar excesos del poder mediático. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, consideró que su papel era de árbitro negándose a advertir que las televisoras desafiaban al conjunto de las instituciones políticas y a la sociedad mexicanas. Esa conducta negligente y esquiva del titular de Gobernación no sería explicable sin una decisión del presidente Felipe Calderón para ser aquiescente (en realidad, termina por ser temeroso) ante las exigencias de las televisoras privadas.
El comportamiento de esas autoridades y de los consejeros del IFE, además de la abdicación que implica en el cumplimiento de sus responsabilidades significa un preocupante retroceso en el esfuerzo para acotar las manipulaciones y la insolencia de las televisoras privadas. Episodios como ése, ratifican la necesidad de una legislación capaz de propiciar la diversidad y la responsabilidad en los medios electrónicos y las telecomunicaciones. El Congreso tiene mucho por hacer al respecto, pero la mayor parte de los partidos y sus legisladores están más preocupados por la política de cortísimo plazo que por el futuro del país. A diferencia de ellos, cada vez más ciudadanos entienden y reprueban las impertinencias de las televisoras.

México D.F., 15 de febrero de 2009

Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Javier Corral Jurado
Presidente del Comité Directivo Nacional

Raúl Trejo Delarbre
Coordinador Adjunto del Consejo Consultivo

Carpa y vodevil

Nexos, octubre de 2008

Telebasura, se la ha denominado en otras latitudes a ese estilo de la televisión que se refocila en el morbo, explota el sensacionalismo, soslaya cualquier pretensión de calidad y le falta al respeto a la gente –comenzando por los telespectadores­–. La definición de telebasura puede ser escurridiza porque habitualmente se piensa en ese concepto delante de programas específicos, ante cuyas ordinarieces por lo general no queda mas que el rechazo veloz y cambiar de canal. El término mismo indica que se trata de una televisión ante la que no hay nada que hacer. Aparentemente viene de Trash TV, expresión con la que fueron designados a fines de los años 80, en Estados Unidos, algunos programas de discusión especialmente notorios por sus contenidos procaces y discriminatorios.

En 2004 una encuesta del Consejo Audiovisual de Cataluña preguntó en torno a 5 características potencialmente definitorias del término “teleporquería”. Para el 36% de quienes respondieron, lo que mejor singulariza a esa televisión es la “creación de personajes famosos sin ningún mérito profesional o artístico”. Al 28% le pareció que implica la “intromisión en la vida privada de las personas”. Para el 9.5% se trata de la “difusión de rumores e informaciones no contrastadas”. El 7.4% consideró que a la telebasura la distingue el lenguaje soez. El 2.8% respondió que esa televisión ofrece una “visión degradada y negativa de la mujer”.

En todo caso y aunque nuestra experiencia cotidiana puede documentar nuevos casos, sesgos y permanencias de la telebasura, conviene recordar que desde hace algunos años el Diccionario de la Real Academia Española incorpora ese coloquialismo: “conjunto de programas televisivos de muy baja calidad”.

Comediantes en vez de comentaristas

La calidad se está convirtiendo en la nueva piedra de toque para la deliberación de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Cada vez más grupos de ciudadanos preocupados por los medios y sus contenidos encuentran que llevar esa discusión al tema de la calidad les permite evaluar, comparar y exigir con mayor precisión ante las empresa televisivas. Más allá de cómo se le mida y defina, pareciera que la calidad no tuvo una presencia destacada en el desempeño de los consorcios de la televisión privada mexicana durante los recientes Juegos Olímpicos en Pekín.

En las transmisiones que tanto Televisa como Televisión Azteca hicieron desde la capital de China, los cómicos desplazaron a los locutores; los conductores y especialistas tuvieron que ser patiños en cuchufletas de gusto más que dudoso; en vez de la difusión en extenso de las competencias deportivas había dilatados segmentos presuntamente humorísticos, reportajes que buscaban asombrar y encandilar más que mostrar la realidad de China, anécdotas y gracejadas al margen de la información de los Juegos Olímpicos.

Los albures (descafeinados al momento mismo en que eran exhibidos y trivializados en televisión); la exhibición de muchachas guapas que hacían sin talento pero con notorios atributos de otra índole el trabajo de los reporteros; las casi siempre malogradas esperanzas de triunfo o las victorias de los 4 deportistas mexicanos que ganaron medallas y cuyo meritorio esfuerzo resultó apabullado por la verbena electrónica: tales fueron recursos que las televisoras nacionales exprimieron hasta el empacho.

La carpa y el vodevil en reemplazo del deporte: ese fue, al menos el parte, el saldo televisivo al cabo de 16 días de transmisiones en agosto pasado. El exceso de tales recursos fue tan desmedido y la cobertura de los deportes tan pobre que incluso Eugenio Derbez, uno de los comediantes que se esforzaban por animar la transmisión desde el exótico foro que Televisa montó en Pekín, dijo en cuanto terminaron las jornadas olímpicas: “En esta lucha por el rating, creo que las dos televisoras perdieron el enfoque de (lo que) es un programa deportivo, en el que debe ir aderezado con comedia. De repente eran más las cápsulas de lo que fuera. Éramos muchos, en Televisa éramos Montserrat, Mayrín, Marisol, El Compayito, Omar Chaparro y yo, el niño Mateo… Era una cosa excesiva”.

Y lo fue, en efecto. De acuerdo con una encuesta levantada poco antes de que terminaran los Juegos, el 61% de los televidentes mexicanos prefiere ver las competencias completas y no resúmenes o fragmentos como los que difundieron las televisoras nacionales. El 48%, por cierto, consideró que el humor procaz del payaso Brozo no le parecía adecuado para el horario matutino que fue cuando lo transmitió el canal 2 durante los Juegos Olímpicos.

Más allá de subrayar la afición deportiva insatisfecha de los espectadores de Azteca y Televisa, es posible preguntarnos por qué tales empresas apostaron por un modelo de televisión tan ostensiblemente fincado en el espectáculo ramplón. Mientras en todo el mundo la televisión dedicó anchos espacios a la transmisión de los eventos deportivos, en las cadenas de la televisión abierta mexicana el deporte era pretexto y no el contenido central.

En México las cadenas de televisión abierta han apostado siempre a la búsqueda de rendimientos máximos con esfuerzos mínimos. Comicidad previsible, estructuras dramáticas escuetas, repetición y explotación de contenidos y personajes hasta desgastarlos y trivializarlos, han sido constantes primero en Televisa y luego en esa mala y deficiente copia suya que ha sido Televisión Azteca.

Las chabacanerías siempre formaron parte de la programación de esas empresas y estaban destinadas a satisfacer la idea que los directivos y productores de las televisoras han tenido, por lo general, del público mayoritario en este país. Aquella frase de la televisión para los jodidos, que tantos cuestionamientos le ganó al Tigre Azcárraga, no era un exabrupto sino una descarnada descripción de las pautas que Televisa imponía en sus programas destinados a las audiencias de más limitado poder adquisitivo. A partir de la idea de que a los pobres les gusta la televisión burda, elemental y previsible, Televisa ha innovado y arriesgado poco en el campo de los estilos y enfoques de producción. Sin embargo de cuando en cuando esa empresa ofrecía algo más, a veces en la difusión de programas culturales, o en ocasiones en la discusión de asuntos públicos aunque siempre con restricciones políticas constatables.

Menos rating, peor TV

De un tiempo a la fecha, Televisa y Azteca han degradado todavía más la calidad –para llamarle de alguna manera— de su programación. Primero, a comienzos del milenio, apostaron a series de presunta espectacularidad como los reality shows que muy pronto se parecieron tanto a sí mismos que dejaron de interesar al auditorio. Más recientemente, al tratar de desempolvar antiguas rutinas cómicas y piezas dramáticas que en otras épocas se convirtieron en estereotipos de la cultura popular mexicana, pero sin la chispa creativa ni la originalidad que tuvieron sus primeras versiones, las televisoras se han circunscrito, con pocas excepciones, a ser groseras parodias de aquella producción de hace algunas décadas.

La causa de esa involución, que demuestra que lo que ya es malo siempre puede ser peor, se encuentra en la caída de la audiencia de las televisoras nacionales. En mayo de 2008, que es la fecha más reciente para la cual había información disponible cuando escribimos esta nota, la empresa de medición de audiencias Ibope AGB encontró que el programa de la televisión mexicana que alcanzó más espectadores fue la telenovela “Fuego en la sangre”, en el canal 2, con 12.66 puntos de rating. En segundo lugar se ubicó, en esa emisora, un mensaje del presidente Felipe Calderón, con 10.5 puntos. El programa de mayor audiencia en Televisión Azteca fue, en el canal 7, el partido de futbol Cruz Azul contra Santos con 7.29 puntos. El partido Santos contra Monterrey alcanzó 6.28 puntos en canal 13. Y las películas de mayor rating se transmitieron por canal 5: “Bob Esponja” tuvo 6.26 y “El Hombre Araña”, 5.8 puntos.

Un punto de rating puede ser el porcentaje de personas que en una región determinada esté viendo televisión en un horario específico, o el porcentaje de hogares en donde, habiendo un televisor encendido, se ve el mismo programa. La falta de claridad en la metodología que utiliza y el carácter confidencial de sus bases de datos, dificultan saber a qué se refiere la filial mexicana de la empresa Ibope cuando da a conocer sus mediciones de rating. Esa firma no registra el comportamiento de los públicos en todo el país sino en una selección de ciudades en donde se encuentra menos de la mitad de los mexicanos. No obstante esas limitaciones, las estimaciones de Ibope son las únicas de las que se dispone para conocer las audiencias de la televisión mexicana.

Con esas prevenciones, cuando se comparan los ratings más recientes con los que alcanzaban las televisoras nacionales en épocas nada distantes, se aprecian diferencias que seguramente tienen secuelas en el estancamiento de la programación de la televisión mexicana. 10 años antes del mes en el cual se registraron los ratings antes citados, el programa de mayor audiencia fue la serie cómica “Derbez en cuando”, que alcanzó 39 puntos. En segundo sitio estaba la telenovela “La usurpadora”, con 35.6 puntos. En tercero el programa cómico “Qué nos pasa”, con 33.6. Todos ellos se transmitieron en el canal 2, en la semana del 4 al 10 de mayo de 1998.

Las películas con más telespectadores en aquella semana fueron, en canal 5, “Mira quién habla” con 20.2 puntos de rating y “Mira quién habla también”, con 18.7 puntos. Los eventos deportivos más vistos en mayo de 1998 fueron los partidos de futbol Toluca contra Necaxa en canal 2 con 25.3 puntos y River Plate contra América en canal 5, con 17 puntos.

Los programas de mayor audiencia en TV Azteca fueron el noticiero Hechos con 7.8 puntos y la película “Sepultado vivo”, ambos en canal 13.

En el transcurso de una década la audiencia de Televisa cayó a un tercio de los niveles que tenía en 1998, de más de 30 a menos de 10 puntos, al menos en los programas de mayor rating. Las audiencias de TV Azteca se mantienen estables y siguen siendo menores a 7 u 8 puntos.

A pesar del acaparamiento que ejercen esos dos consorcios en las frecuencias de televisión abierta, y en parte debido a la monotonía que esa situación propicia en la programación, la audiencia se ha dispersado en distintas opciones. Por un lado, cada vez más televidentes destinan mayor tiempo a mirar programas y películas grabados en formatos como el DVD. Y a la vez, aunque sigue estando restringida a un segmento minoritario de la población (aproximadamente 30% de los mexicanos) la televisión de paga, que se difunde por vehículos como el cable y el satélite, encuentra nichos de mercado específicos y relativamente estables. Así se explica al menos en parte la cuantiosa pérdida de rating de Televisa y el estancamiento de Azteca en bajos niveles de audiencia. Lo más paradójico es que, en busca de audiencia, esas empresas explotan viejos y deteriorados esquemas de programación: más televisión desechable.

No parece casual que, durante los Juegos Olímpicos de agosto pasado, muchos telespectadores no hayan preferido a las televisoras nacionales sino la programación de TVC Deportes, un pequeño y modesto canal de cable que tuvo el buen tino de ofrecer transmisiones completas y directas de los torneos en Pekín. Allí no había payasos, ni albures, ni personajes de Libro Guiness: simplemente se difundieron las competencias deportivas narradas por comentaristas que saben del tema.

No hace falta demasiada severidad para encontrar numerosas similitudes entre la programación que las cadenas de televisión abierta ofrecen a los mexicanos y los rasgos con los que en otros sitios se ha identificado a la telebasura. Tampoco transcurrirá mucho tiempo para que en México, igual que sucede en otros países, se conozcan reacciones del público en contra de la televisión de ínfima calidad y a favor de otras opciones en el campo de los medios de comunicación.

Referencias

-“Admite saturación de humor”. Reforma, 25 agosto de 2008

-“Encuesta. Gusta Derbez, pero Brozo no tanto”. Reforma, 21 de agosto de 2008.

-Manuel Pares i Maicas, “La ´telebasura´: un fenómeno social preocupante”. Telos número 66. Madrid, enero-marzo de 2006.

Desenfocados

La Crónica, miércoles 12 de septiembre de 2007

 

 

  Desangelados y despistados, parapetados en una soberbia que ya no intimida con facilidad, ayer los dueños del espectáculo mediático y sus voceros ofrecieron el peor show de su vida. La vieja prepotencia, que tan notorios beneficios les rendía cuando casi no había legislador o gobernante que no se doblara ante el amago para dejarlos fuera de los noticieros, ha perdido al menos parte de aquella eficacia. Los senadores que ayer recibieron a los directivos de la radiodifusión no se quedaron callados ante reproches y bravatas de los patrones del poder mediático. Y los quejosos quedaron enredados en su propio, confuso y equívoco discurso.

   La sesión en las oficinas del Senado estaba planteada más como recurso testimonial que como espacio de interlocución. Acostumbrados a hacer política en el regateo tras bambalinas y nunca en la deliberación abierta, los jeques mediáticos apostaron en esa sesión sus últimas cartas contra las reformas constitucionales relativas a la competencia electoral. Estimaron que con un desplante de apantallamiento mediático impresionarían a los senadores. Quizá por eso atendieron, como diría el clásico, a la forma y no al fondo.

   La forma en su comparecencia la aportaron los radiodifusores con una insólita cobertura mediática. Tan reacios como son a las cadenas nacionales, ellos hicieron la suya propia con la transmisión simultánea en todas las televisoras y prácticamente todas las radiodifusoras afiliadas a algún consorcio comunicacional. Pero el fondo del discurso que buscaron difundir con tanto estruendo resultó patéticamente endeble.

   Algunos miembros de la CIRT se refirieron a temas de la reforma electoral distintos del que los había convocado: reelección de los legisladores, candidaturas independientes. Otros, recalcaron los riesgos que la iniciativa de reformas constitucionales podía implicar para la libertad de expresión. La premura con que ha sido redactada deslizó en la iniciativa un párrafo que habría podido ser interpretado para vulnerar los derechos de opinión y crítica. Nadie “podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”, se decía en una de las adiciones propuestas al artículo 41 Constitucional.

   Con esa disposición se pretende evitar mensajes como los que patrocinó el Consejo Coordinador Empresarial poco antes de la elección presidencial del año pasado. Los senadores reformaron esa propuesta para que diga que nadie “podrá contratar la difusión de mensajes…” Asunto resuelto. Estará prohibida la propaganda electoral que no sea producida por los partidos y esa disposición no será pretexto para censura alguna.

   Cuando el senador Ricardo Monreal les dio a conocer esa modificación los dirigentes de la CIRT se quedaron sin el argumento central de su comparecencia. Pero estaban encarrerados y siguieron como si no hubieran escuchado. No defendían prerrogativas de la sociedad sino sus propios intereses.

   El desasosiego de los representantes de TV Azteca y Televisa no se debía al afán de reivindicar la libertad de expresión de los ciudadanos sino al dinero que dejarán de recibir gracias a la decisión de los legisladores para evitar cualquier contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Esa es la causa que movilizó ayer a los dueños del poder mediático. Se trataba de una batalla de antemano perdida porque la víspera, en un comunicado que difundieron en sus noticieros, los radiodifusores habían admitido el fin de la propaganda pagada en medios electrónicos.

   Así que, extraviado el foco de sus reclamos, los radiodifusores comenzaron hablando de todo y nada. Y cuando entendieron que las cadenas nacionales que estaban difundiendo esa sesión desde la Torre del Caballito lejos de amilanar a los senadores les daban más ánimo, involucionaron a un discurso insolente y ramplón. El hecho de que, hacia ese segmento de la comparecencia, eligieran como voceros a personajes de tan cuestionada fama pública como Ferriz De Con y Paty Chapoy, da cuenta del extravío de los concesionarios. Y cuando, instalado en la histeria, el abogado de Televisa Javier Tejado aseguró fuera de cualquier proporción jurídica o histórica que los senadores “están estatizando” a los medios electrónicos, era evidente quiénes habían perdido esa partida.

   El escenario quedó perfectamente adecuado para que Pablo Gómez les encajara a los radiodifusores una contundente lección de derecho constitucional pero, sobre todo, de claridad política. Cuando los invitó a que se preguntaran por qué fuerzas tan distintas como PAN, PRI y PRD se ponen de acuerdo para impulsar una reforma que acota el hasta ahora desmedido poder de los medios respecto de la política, ese senador perredista les hizo a los patrones mediáticos un inestimable obsequio. Pero no será sencillo que, tras un ejercicio de poder atrabiliario tan sostenido como impune, los dueños y directivos mediáticos hagan ese ejercicio de conciencia al que Gómez los convocó.

   Los temas plausibles de la reforma electoral no opacan los abusos que al amparo de ellos quieren cometer los partidos, comenzando por la destitución de los consejeros del IFE que a estas alturas no ha sido justificada por un solo legislador. La remoción de los consejeros será resultado de una injusta venganza política. La cancelación de la propaganda pagada será consecuencia de una desigual y ahora, por lo visto, insostenible relación de subordinación de las fuerzas políticas respecto de la radiodifusión comercial.

   Dueños y voceros de ese poder mediático ayer lucieron  desquiciados, sin maquillaje, desenfocados. No tardarán en recuperar la figura sin abandonar el viejo estilo: severas advertencias en privado, dosificadas menudencias de rating en público. No pasarán muchas horas para que sepamos si esos gastados recursos todavía atemorizan a la clase política.

  

Doble vara de las televisoras

Publicado en Nexos 350, marzo de 2007   “–¿Y qué piensas hacer?  

   –Pues ya, esperar la muerte.  

   –¿Y estás tomando medicamentos?  

   –No.  

   –¿Por qué?  

   –Porque no me lo dan, necesito yo comprarlo, si no.  

   –¿No tienes dinero?  

   –No”.

   Tendido en su lecho de enfermo, un joven identificado como Fabián respondía, alicaído, a las preguntas del reportero Saúl Sánchez Lemus en un reportaje acerca del acaparamiento en la distribución de medicinas. Entre noviembre y diciembre del año pasado la serie “Morir sin remedio”, profusamente difundida en varios noticieros de Televisa, culpó del alto costo de los medicamentos –y por lo tanto del posible deceso de los enfermos– a los intermediarios en ese ramo.

   Televisión Azteca transmitió notas similares. En ambas televisoras se criticaba al Grupo Casa Saba, uno de los más importantes en la distribución de medicinas. Aunque se referían a un auténtico problema social, esas piezas informativas eran notoriamente parciales. El periodista Eduardo García, en la publicación en línea www.SentidoComun.com.mx –de donde tomamos la transcripción del reportaje en Televisa– comentó esa artificial afectación: “teniendo como base historias reales, conmovedoras, con imágenes de pacientes pobres, muriendo, con enfermedades crónicas o degenerativas, que le parten el alma a cualquiera, las televisoras han realizado una supuesta investigación periodística… los reportajes mezclaron sin mucha lógica los problemas de salud y económicos de algunos de sus casos reales con los problemas de la distribución de medicamentos en México –dos temas que a veces pueden vincularse, pero que en otras no tienen correlación– ”.

   La coincidencia de Televisa y Azteca para ocuparse de ese tema no se debía a una auténtica preocupación por la salud de los mexicanos, ni a que repentinamente sus directivos hubieran tomado conciencia acerca del perjuicio que los monopolios privados significan para la sociedad. Lo que les interesaba era combatir, preventivamente, la existencia de una nueva cadena de televisión en México.

   Unas semanas antes, el 21 de septiembre, la empresa Palmas 26, en la que se encuentran asociados el Grupo Xtra y la televisora estadounidense Telemundo, anunció que le había pedido al gobierno mexicano que abra una licitación de frecuencias para televisión. El Grupo Xtra es propiedad de Casa Saba: la misma a la que, súbitamente, Azteca y Televisa descalificaron por la venta de medicinas.

   Telemundo es propiedad del consorcio General Electric, al que igualmente le tocó parte de la andanada contra la competencia en la televisión mexicana. El 8 de diciembre Azteca destinó un reportaje a distintas acusaciones que se le han formulado, en Estados Unidos, a esa trasnacional.

   El arrebato patrimonialista de Televisión Azteca afectó también a Reforma. El 4 de diciembre ese diario comentó que la coincidencia de las televisoras en el tema de las medicinas se debía al afán para golpear a Casa Saba por su interés en el negocio de la televisión. A la semana siguiente, y durante varios días, el noticiero Hechos de TV Azteca se ocupó de un viejo conflicto dentro de la familia Junco, propietaria de Reforma. Ese asunto ocupó además extensos espacios en la revista Vértigo, propiedad de los dueños de Azteca.

   Así, en el transcurso de tres semanas, la pretensión de una empresa  para participar en el mercado de la televisión mexicana suscitó una carambola informativa determinada por excedidos afanes monopolistas en el campo de la comunicación. La firma Palmas 26 solamente anunció su solicitud para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones pongan a licitación frecuencias de televisión, de acuerdo con las nuevas disposiciones que regulan la radiodifusión. Esas normas fueron resultado de Ley Televisa que, hace un año, fue ostensiblemente impulsada por las dos empresas que acaparan la televisión en México. Aunque se trata de una legislación elaborada a su conveniencia, ahora Televisa y Azteca han querido impedir que esas reglas se cumplan cabalmente, al menos en lo que toca a la apertura de licitaciones para nuevos actores en la industria de la televisión. 

Apremio de la Cofeco

   El uso faccioso de frecuencias que tienen concesionadas ratificó la conducta cicatera que Televisa y Azteca despliegan cada vez que se abre la posibilidad de nuevas presencias en el panorama televisivo que hasta ahora han dominado. Un año y medio antes Telemundo había querido asociarse con el Canal 40, que se encontraba en huelga. En esa ocasión Televisión Azteca, con la complicidad del gobierno federal, impidió que el consorcio General Electric –que como hemos recordado es propietario de Telemundo– le hiciera al Canal 40 un préstamo que le habría permitido resolver aquel conflicto laboral. A la postre, Azteca se apropió del Canal 40 y así desapareció la opción editorialmente distinta que significaba esa emisora.

   Otra empresa que busca una cadena nacional es el Grupo Imagen –propietario de varias radiodifusoras y del diario Excélsior– que el año pasado adquirió la concesión del Canal 28 en el Valle de México.

   La televisión que hace Telemundo para el público hispano en Estados Unidos no es sustancialmente distinta a la que han producido Televisa y Azteca en México. Hay motivos para suponer que la televisión del Grupo Imagen tampoco estará definida por los criterios de calidad más deseables. Pero la incorporación de ésas o de cualquier otra empresa en la televisión mexicana, si bien no sería garantía de mejor calidad sí implicaría mayor diversidad y una nueva competencia. Eso es lo que Azteca y Televisa no quieren permitir. 

   El acaparamiento de frecuencias, audiencias e inversión publicitaria que han mantenido durante ya demasiados años y el poder político que todo ello significa, les han llevado a los propietarios de Televisa y Azteca a creer que son y deben seguir siendo los únicos dueños de la televisión en este país.

   No es esa la opinión que campea en otros espacios de la vida pública. El 28 de noviembre, precisamente cuando arreciaba el sainete de Televisa y Azteca sobre la distribución de medicinas, la Comisión Federal de Competencia, Cofeco, expidió una serie de criterios de política pública para diversificar la oferta televisiva que se difunde en México.

   Eduardo Pérez Motta, presidente de ese organismo, envió a las comisiones del Congreso que tienen relación con las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como a las autoridades del gobierno federal en esa materia, un análisis acerca de la concentración en el mercado de la televisión tras el cual concluye que es necesario “adjudicar a la brevedad el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta mediante mecanismos de licitación pública que promuevan la competencia y eviten concentraciones contrarias al interés público”.

   El estudio de la Cofeco subraya los “altos niveles de concentración” que se han mantenido en el mercado de la televisión mexicana. En 2005 los canales de Televisa alcanzaban el 68.5% de la audiencia de la televisión abierta y los de Azteca el 28.3%. El resto de las opciones de televisión en México –emisoras culturales o estatales, fundamentalmente– apenas tiene el 3.2% de esa audiencia.

  

   Ese año la inversión publicitaria para televisión abierta fue de casi 26 mil millones de pesos. De dicha cantidad, el 71.2% fue recibido por Televisa y el 28.2% por Televisión Azteca.

  

   De 457 frecuencias que se encuentran concesionadas para televisión abierta en todo el país –los canales estatales y culturales tienen régimen legal distinto– Televisa maneja 243 y Azteca 179 estaciones. Dicho de otra manera, las dos empresas concentran más del 92% de las frecuencias asignadas para televisión comercial.

  

   Los datos de la Cofeco están apoyados en documentos públicos, la mayor parte de carácter oficial. Si atendemos a otras fuentes los porcentajes de concentración de audiencias, publicidad y concesiones pueden ser incluso mayores.

    Con evidencias como esas, la Comisión apunta que “resulta necesario crear oportunidades para el desarrollo de canales de televisión abierta alternativos que introduzcan mayor competencia en las actividades comerciales de los operadores establecidos, al tiempo que contribuyan a la pluralidad y diversidad de voces y contenidos en beneficio de la sociedad. Al respecto, es necesario informar a los mercados del espectro disponible para televisión abierta y otorgar las bandas de frecuencia mediante procesos competitivos que permitan el desarrollo de nuevos operadores”. 

TV abierta y restringida

   La televisión restringida amplía las opciones de los telespectadores pero a menudo es afectada por prácticas también acaparadoras. Por eso la Cofeco recomienda que las señales de la televisión abierta sean difundidas de manera obligatoria en los sistemas de televisión de paga –entre los que se encuentran la televisión por cable y la de difusión satelital–.

   Hasta ahora las empresas de televisión abierta han tenido una política discriminatoria y selectiva para impedir que, en algunos casos, sus señales sean incorporadas a la programación de la televisión restringida. Esa fue una de las causas del fracaso en México –a fines de 2004– del sistema satelital DirectTV que nunca logró que Televisa lo autorizara a difundir sus canales. De esa quiebra se benefició el sistema Sky que en México es propiedad… de Televisa.

   Los sistemas de televisión de paga, a su vez, han llegado a entorpecer el desarrollo las televisoras independientes o pequeñas al negarse a incluir sus señales dentro del menú que ofrecen a sus clientes. Así les ocurrió al Canal 40 e incluso a emisoras estatales como el Canal del Congreso.

    En otros países esos dilemas no existen porque las señales de televisión abierta y los canales de interés público forman parte de la televisión satelital o de la que se transmite por cable. Ahora en México la Cofeco propone “garantizar el acceso de los medios de transmisión a las señales de televisión abierta”. Se trata de un doble requerimiento: que los concesionarios de TV abierta proporcionen sus señales a los sistemas de TV restringida y que estos últimos transmitan, como parte de sus canales básicos, las señales abiertas que estén disponibles en la misma área de cobertura. 

Telmex, riesgo y opción

   Por otra parte, ahora que la digitalización de las redes de telecomunicaciones permite que las empresas de telefonía ofrezcan servicios de televisión por cable –y viceversa, que las redes de TV por cable conduzcan además servicios de telefonía– ha sido inminente la incursión de Telmex en el mercado de la televisión.

   En principio, la Comisión Federal de Competencia ha tenido fundadas reticencias y ha recomendado “impedir que un mismo agente económico participe de manera simultánea en la propiedad u operación de las redes establecidas de telefonía fija local alámbrica y de televisión y audio restringidos por cable”. Sin embargo en el documento de noviembre ese organismo anticipa que si se demuestra que dicha “propiedad cruzada” es útil para la competencia, podría solicitársele una opinión favorable. En efecto, si la televisión que difunda tiene contenidos originales y no es simple repetición de la que nos endilgan las actuales televisoras, ese servicio del monopolio telefónico podría convertirse –paradojas de la convergencia tecnológica– en contrapeso del monopolio televisivo.

    La Cofeco, en otra de sus recomendaciones, exhorta a “desarrollar un marco regulatorio consistente y neutral para el sector de contenidos audiovisuales”. También sugiere “promover el desarrollo de productores independientes y su acceso a los canales de televisión abierta”. Una de las reformas que se incorporaron el año pasado a la Ley de Radio y Televisión establece que los concesionarios podrán incrementar hasta en 5% el tiempo que tienen autorizado para difundir publicidad si incorporan a su programación al menos 20% de “producción nacional independiente”. Ahora la Comisión de Competencia insta a reglamentar esa disposición a fin de que tal producción sea difundida en los mismos horarios en los que el concesionario transmite sus propios contenidos. También invita a que se precisen los criterios para considerar a un productor como “nacional e independiente”.

  

Comportándose como gángsters proclives a vapulear a cualquiera que les dispute el territorio que controlan Azteca y Televisa se erigieron, inopinadamente, en paladines contra los monopolios en las medicinas –como si los telespectadores olvidasen el duopolio que ejercen en el mercado audiovisual–. Las dos varas con que miden las televisoras no engañaron a nadie. Pero ese episodio reiteró la urgencia para que tengamos otras opciones en el campo de la televisión.

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El hombre de TV Azteca en Los Pinos

El Correo de Guanajuato y otros diarios, 24 de junio de 2005

Desde hace años la dualidad de intereses de Ernesto Vidal Córdova, funcionario de alto nivel en la Coordinación General de Comunicación Social en Los Pinos, significaba un conflicto político, ético y profesional. Pero si las revelaciones que este jueves publicó Reforma sobre presuntos pagos de Televisión Azteca a ese funcionario son ciertas, quizá también estaríamos ante un problema de carácter legal.

   Las capacidades profesionales de ese funcionario, que ha informado que es licenciado en Derecho y tiene un diplomado en Mercadotecnia Política, debe ser altas porque, sucesivamente, el gobierno federal y la mencionada televisora han disputado sus servicios.

   Vidal era funcionario de rango medio en la administración pública –estuvo en la Secretaría de Turismo y el antiguo Departamento del Distrito Federal– cuando en 1994, poco después de la privatización de esa televisora, fue llamado a TV Azteca como Director General de Relaciones Institucionales. Aunque no era el único ejecutivo de esa empresa que provenía de la burocracia del Estado, a Vidal le correspondía encargarse del trato con las dependencias gubernamentales que desde entonces eran interesante fuente de publicidad pero también de recíprocos apoyos políticos.

   Allí estuvo hasta que, al parecer, sus jefes en TV Azteca lo recomendaron con la señora Marta Sahagún para respaldarla en la comunicación social de la Presidencia a partir de diciembre de 2000. Significativamente el cargo de Vidal era idéntico al que había tenido en aquella empresa: Director de Relaciones Institucionales. Ahora los interlocutores que debía buscar no estaban en el flanco gubernamental sino entre los industriales de la comunicación.

   Cuando la señora Sahagún contrae matrimonio con el presidente Vicente Fox y deja de ocuparse de la comunicación de Los Pinos, Vidal aprovecha para marcharse de la administración pública. Hijo por lo visto pródigo, regresa a Televisión Azteca en agosto de 2001. Su desempeño allí se identificó de manera tan estrecha con los intereses de la televisora que esa empresa lo promueve, además, como vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

   Dos años más tarde, en agosto de 2003, Vidal es requerido nuevamente en Los Pinos como coordinador de Radio y Televisión. Para entonces, el hecho de que el responsable de esa área de la política de difusión presidencial hubiera trabajado en una empresa del mismo sector ya constituía una situación –por decirlo de alguna manera– heterodoxa pero a la que solo podía denominarse de una manera: se llamaba conflicto de intereses.

   No ha sido el único. Ignorando las diferencias de circunstancias y atributos que hay y se requieren en la empresa privada y la administración pública, el gobierno actual ha sido afecto a colocar en posiciones relevantes a antiguos empleados del mundo de los negocios. Javier Usabiaga, viejo empresario agrícola al frente de la Secretaría de Agricultura y Fernando Canales, ex empresario regiomontano ahora al frente de la Secretaría de Economía, son solamente dos de esos casos.

   En esa lógica la designación de Vidal, hombre de la televisión privada llevado a la comunicación del gobierno, formó parte de una costumbre que sin embargo ha tenido fracasos estruendosos. El más vistoso de ellos es el empresario que se encuentra hoy a cargo de la Presidencia de la República.

   La influencia de Vidal en los conciliábulos de la casa presidencial ha sido tan persistente que cuando en julio del año pasado la Coordinación de Comunicación Social fue ocupada por Rubén Aguilar Valenzuela, el actual vocero, aquel funcionario fue mantenido en la estructura de Los Pinos con el incierto título de Jefe de Unidad.

   El afecto que le tiene es tan escaso que este jueves por la mañana, cuando un periodista le preguntó por la nota de Reforma que denuncia un cuantioso pago que Televisión Azteca le habría hecho a Ernesto Vidal, Aguilar no hizo intento alguno para defenderlo e informó que el asunto será investigado.

   Tiene que serlo. El mencionado diario asegura que el año pasado Vidal recibió en Televisión Azteca pagos por más de un millón de pesos. El dato que publica Reforma es así de vago pero también así de tremendo. Durante todo 2004 Vidal fue alto funcionario en Presidencia y no habría justificación para que recibiera dinero en una empresa privada, por mucho afecto que le tengan en ella.

   Según Reforma la información proviene de la declaración de impuestos del propio Vidal. Y allí es en donde el asunto se vuelve más tortuoso. Las declaraciones fiscales son confidenciales. Su divulgación sin orden judicial solamente podría explicarse como resultado de una filtración interesada en causarle problemas al funcionario así involucrado.

   Si Vidal recibió ese dinero tendría que ofrecer explicaciones muy puntuales. Es difícil suponer que hubiera tenido un origen ilícito porque nadie consigna en su declaración fiscal un dinero mal habido (por el cual, además, hay que pagar impuestos). Pero no dejaría de ser un ingreso anómalo. La irregularidad mayor, en todo caso, ha sido la presencia de un hombre de TV Azteca en posiciones clave de la comunicación del gobierno.

   La Iglesia, diríase, en manos de Lutero. Lo que pasa es que en estos tiempos las diferencias entre los templos de la mediocracia que son las corporaciones televisivas y el interés del gobierno se han difuminado tanto que, incluso, intercambian, trasladan, gratifican y reubican a sus personeros como parte de un mismo proyecto.