Cómo mejorar la televisión

Nexos, diciembre de 2007

   Ahora sigue la reforma legal para los medios. Después de las modificaciones constitucionales que, entre otras cosas, acabaron con la compra de espacios de propaganda política en televisión y radio, el Congreso mexicano tendrá que emprender la modificación y actualización de las leyes destinadas a los medios de comunicación. Además de regular la administración del espacio radioeléctrico que es propiedad de la Nación y por el cual se difunden las señales abiertas de televisión y radio pero también de Internet inalámbrica y telefonía, la nueva legislación habrá de enfrentar el interminablemente discutido problema de los contenidos en los medios de amplia difusión social.

   En ese debate nada hay tan previsible como las televisoras. No resultaría extraño que en los próximos meses Televisa, pero sobre todo esa versión cerril y ordinaria de los peores vicios y excesos de la televisión mexicana que es Televisión Azteca, insistieran en desvirtuar las propuestas que circularán para nutrir la reforma legal de los medios de comunicación. Las televisoras dirán que la regulación de contenidos es inadmisible como si no se tratara de medios que, además de ejercer una considerable influencia social, disfrutan de una concesión para transmitir a través del espacio radioeléctrico. Distorsionarán esas medidas, equiparándolas con la censura que hay en algunos países. Se arroparán en la bandera de la libertad de expresión como si los televidentes no recordaran las muchas tergiversaciones y manipulaciones que las televisoras han desplegado en defensa de privilegios que ahora comienzan a estar acotados.

   El comportamiento que se les conocía a las televisoras desde tiempo atrás y su desmedida reacción ante las reformas constitucionales, actualizaron la discusión acerca de la necesidad de mejorar los contenidos en esos medios electrónicos. Ahora el Congreso debe revisar las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones para establecer las normas que orientarán el desarrollo de los medios electrónicos y digitales. Lo más pertinente sería que diputados y senadores crearan una nueva ley que sirviera como marco jurídico integral tanto para televisión y radio como para telefonía, servicios de datos e Internet, entre otras opciones de comunicación que se encuentran crecientemente interrelacionadas. A muchos legisladores les interesa, especialmente, que haya medidas para propiciar contenidos de mejor calidad en los medios de difusión masiva.

   La calidad en la televisión y la radio puede ser entendida de diversas maneras. También la objetividad y la veracidad. En una sociedad abierta pueden coexistir diversas concepciones acerca de esos valores siempre y cuando los receptores de mensajes tengan la misma oportunidad para acceder a toda clase de contenidos. El problema en México, especialmente con la televisión, ha sido la excesiva concentración no sólo de muchas frecuencias en pocas manos sino, también, de contenidos de muy discutible calidad en los canales acaparados por las dos empresas privadas. Los telespectadores no han tenido oportunidad de acercarse a otras opciones de televisión.

   Allí radica la importancia de la reforma que el Congreso puede emprender para los medios electrónicos. A fin de que tengamos una mejor televisión lo que hace falta en primer lugar es que contemos con más canales, a cargo de actores con intereses y enfoques diversos. Además de más empresas de comunicación privadas sería necesario que hubiera un auténtico sistema nacional de televisión pública: no una televisión de gobierno ni oficialista, sino canales orientados por criterios plurales, profesionales y no mercantiles.  

   Los contenidos en los medios electrónicos, como en cualquier forma de comunicación, jamás mejorarán estableciendo restricciones ni censuras. Más opciones, en cambio, tenderán a significar mayores contrapesos ante los consorcios que hasta ahora han especulado con las frecuencias que tienen concesionadas, especialmente en el campo de la televisión.

   En la difusión de noticias, por ejemplo, sería inaceptable que a las empresas televisoras y radiodifusoras se les impusiera la obligación de transmitir una sola versión de los acontecimientos o que se les impidiera expresar sus intereses y preferencias. Si los ciudadanos tienen varias opciones para informarse por ese medio, sabrán distinguir entre televisoras que intencionalmente distorsionan y manipulan acontecimientos (como durante largo tiempo han acostumbrado TV Azteca y Televisa) y aquellas que se comportan con otros parámetros profesionales.

 

Normas para los contenidos

   El tema de los contenidos en los medios suscita confusiones, e incluso temores, debido a la posibilidad de que hubiera actitudes de imposición o censura. Se ha incurrido, por descuido pero también a causa de una apreciación parcial, en una falsa disyuntiva. El problema en este caso no es quién resuelve qué han de transmitir los medios de comunicación. La decisión acerca de qué contenidos difunden tiene que ser de los concesionarios, pero con responsabilidades claramente definidas por la ley. La regulación de los medios –que jamás debe implicar censura– estará a cargo de la autoridad que la nueva legislación establezca. El auténtico dilema es cómo propiciar mejor calidad –y, así, diversidad y pluralidad– en los medios electrónicos. Estas son seis medidas que podrían formar parte de una legislación moderna en materia de contenidos para los medios electrónicos. 

   1. Protección de los menores. Entre 6 de la mañana y 10 de la noche (que son los horarios establecidos para este propósito en diversos países) tendría que estar vetados los contenidos para adultos. La clasificación de los programas debiera ser clara, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por las audiencias.

   2. Publicidad. Los tiempos máximos que la ley establezca para la difusión de mensajes pagados deben ser cabalmente respetados. El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión indica que la propaganda comercial no debe ocupar más de 18% del horario total de transmisión en televisión. Sin embargo un monitoreo coordinado en mayo de 2007 por la profesora Beatriz Solís Leree para la UAM y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, encontró que la publicidad comercial ocupó 22%, 15% y 23%, respectivamente, de las transmisiones en los canales 2, 5 y 13 de televisión. Es preciso que las infracción a esas y muchas otras disposiciones de la ley para medios electrónicos sean sancionadas con rigor.

   Si se mantuviera el 18% permitido para anuncios comerciales, sería necesario que fueran contabilizados cada hora y no en el total del tiempo transmitido durante todo un día. La misma observación confirmó que hay programas de las cadenas nacionales de televisión durante los cuales se transmite hasta 45% de publicidad durante una hora.

   Los anuncios de productos como bebidas alcohólicas, dirigidos a audiencias de edad adulta, solamente deberían transmitirse, sin excepciones, en los horarios correspondientes. La Ley Federal de Radio y Televisión indica que la publicidad de tales bebidas solamente puede ser presentada a partir de las 22 horas pero con frecuencia el gobierno federal autoriza salvedades a esa norma.

   La publicidad subrepticia (por ejemplo, cuando el personaje de una telenovela abre un paquete de donas Bimbo) debería estar absolutamente prohibida. También la publicidad subliminal.

   3. Proscribir engaños y supercherías. La difusión de mensajes publicitarios o de programas que ofrecen transformaciones o curaciones mágicas, o milagrosas, debería ser vedada. Cada vez más, en la televisión y la radio mexicanas se difunden mensajes de charlatanes como los que prometen aliviar enfermedades con recursos sobrenaturales y que constituyen un cotidiano engaño a la buena fe de muchas personas.

   4. Integridad de los programas. La creación artística y la integridad de los espectáculos debe ser plenamente respetada. Los largometrajes deberían ser difundidos con un mínimo de cortes comerciales (a lo sumo cada 20 o 30  minutos) y de manera completa. Se debería propiciar la transmisión de versiones originales, con subtítulos y con el audio original. Recursos que alteran creaciones artísticas, como la coloración de películas originalmente realizadas en blanco y negro, tendrían que ser evitados.

   Lo mismo, debería impedirse la superposición de anuncios o mensajes que impiden apreciar la difusión completa de un programa: por ejemplo los engendros digitales que afectan la transmisión de los partidos de futbol.

   5. Producción independiente. Un recurso fundamental para propiciar a la vez diversidad y calidad se encuentra en el establecimiento de tiempos mínimos (por ejemplo el 20% sobre el total de la programación de cada televisora) para transmitir programas producidos por empresas distintas a las que disfrutan de concesiones. De esa manera se lograría que hubiera distintas concepciones y orientaciones en la programación de los medios electrónicos.

   6. Pluralidad informativa. Para los programas de noticias, se podrían establecer pautas que propicien la inclusión de todos los actores posibles en la difusión de un acontecimiento. En especial, es pertinente favorecer la cobertura equitativa de las campañas electorales señalando como responsabilidad de los concesionarios la inclusión de todos los partidos y candidatos. Sería imposible, pero sobre todo resultaría absolutamente indeseable, que hubiera intervención alguna sobre los contenidos informativos que difunden radiodifusoras y televisoras. Pero los monitoreos que ya realiza la autoridad electoral acerca de la cobertura de asuntos de esa índole en tiempos de campaña podrían ser ampliamente difundidos. De esa manera los ciudadanos conocerían enfoques y sesgos que cada empresa de radiodifusión y cada programa imprimen a la presentación de noticias políticas. Los resultados de esos monitoreos podrían ser uno de los elementos que tome en cuenta la autoridad reguladora de la radiodifusión al momento de aprobar o rechazar el refrendo de una concesión.

 

Otras decisiones indispensables

   Además de recursos como esos, la equidad en los contenidos de los medios electrónicos podrá ser respaldada con decisiones entre las que se encuentran las siguientes.

   a) Derecho de réplica. Esta prerrogativa de los ciudadanos fue establecida en la reciente reforma constitucional y tiene que ser reglamentada en la legislación federal. Aquellos locutores y concesionarios que gustan de injuriar, mentir y distorsionar sin que hasta ahora hayan encontrado suficientes reconvenciones sabrán que, cuando incurran en esas prácticas, habrá ciudadanos interesados en ejercer su derecho para aclarar informaciones y alusiones que les afecten de manera directa.

   b) Órgano regulador. El organismo que administre esas y otras disposiciones tendría que contar con independencia plena respecto de los poderes públicos y, desde luego, de las empresas concesionarias. Sin una autoridad con autonomía y recursos suficientes cualquier reforma para los medios quedará trunca.

   c) Límites a la concentración. El acaparamiento de muchos medios en pocas manos ha sido el origen del poder hasta ahora desmedido de los consorcios comunicacionales. Televisa y Azteca no deberían recibir una sola concesión más. Tienen que existir reglas que favorezcan la diversidad de opciones y que establezcan límites a la propiedad de medios.

   d) Medios públicos. A los medios de gobierno q         ue ya tenemos en México (canales 11 y 22 y las radiodifusoras del IMER, entre otros) es preciso convertirlos en medios públicos con recursos, autonomía de gestión y mecanismos institucionales que los vinculen con la sociedad. Esos medios y otros más podrían formar parte de una corporación pública manejada por autoridades plenamente independientes y de reconocida competencia profesional.

   e) Alfabetización mediática. Es preciso promover, tanto en la escuela como fuera de ella, programas de divulgación capaces de desarrollar, en los niños y jóvenes, así como en los ciudadanos, la habilidad para relacionarse de manera enterada y crítica con los contenidos de los medios de comunicación.

   Ninguna de las once medidas que hemos enumerado resulta ajena a la regulación que existe para los medios en otros países. Casi todas ellas se encuentran, por ejemplo, en la normatividad para los medios que la Unión Europea acaba de revisar en la directiva denominada Hacia un espacio audiovisual sin fronteras, de mayo de 2007. Cuando los legisladores mexicanos se asomen al derecho comparado en estos temas encontrarán que, en la discusión internacional acerca de los medios, existe coincidencia en la necesidad de que las ventajas de la convergencia tecnológica, que permite difundir más contenidos por una amplia gama de formas de transmisión, beneficie antes que nada a los ciudadanos. Más opciones en materia de contenidos, protección de los menores, defensa de los ciudadanos, promoción de la diversidad y medidas para auspiciar la calidad, son parte de los recursos que los Estados contemporáneos utilizan con ese propósito. Ya es hora de que así ocurra en México.

Doble vara de las televisoras

Publicado en Nexos 350, marzo de 2007   “–¿Y qué piensas hacer?  

   –Pues ya, esperar la muerte.  

   –¿Y estás tomando medicamentos?  

   –No.  

   –¿Por qué?  

   –Porque no me lo dan, necesito yo comprarlo, si no.  

   –¿No tienes dinero?  

   –No”.

   Tendido en su lecho de enfermo, un joven identificado como Fabián respondía, alicaído, a las preguntas del reportero Saúl Sánchez Lemus en un reportaje acerca del acaparamiento en la distribución de medicinas. Entre noviembre y diciembre del año pasado la serie “Morir sin remedio”, profusamente difundida en varios noticieros de Televisa, culpó del alto costo de los medicamentos –y por lo tanto del posible deceso de los enfermos– a los intermediarios en ese ramo.

   Televisión Azteca transmitió notas similares. En ambas televisoras se criticaba al Grupo Casa Saba, uno de los más importantes en la distribución de medicinas. Aunque se referían a un auténtico problema social, esas piezas informativas eran notoriamente parciales. El periodista Eduardo García, en la publicación en línea www.SentidoComun.com.mx –de donde tomamos la transcripción del reportaje en Televisa– comentó esa artificial afectación: “teniendo como base historias reales, conmovedoras, con imágenes de pacientes pobres, muriendo, con enfermedades crónicas o degenerativas, que le parten el alma a cualquiera, las televisoras han realizado una supuesta investigación periodística… los reportajes mezclaron sin mucha lógica los problemas de salud y económicos de algunos de sus casos reales con los problemas de la distribución de medicamentos en México –dos temas que a veces pueden vincularse, pero que en otras no tienen correlación– ”.

   La coincidencia de Televisa y Azteca para ocuparse de ese tema no se debía a una auténtica preocupación por la salud de los mexicanos, ni a que repentinamente sus directivos hubieran tomado conciencia acerca del perjuicio que los monopolios privados significan para la sociedad. Lo que les interesaba era combatir, preventivamente, la existencia de una nueva cadena de televisión en México.

   Unas semanas antes, el 21 de septiembre, la empresa Palmas 26, en la que se encuentran asociados el Grupo Xtra y la televisora estadounidense Telemundo, anunció que le había pedido al gobierno mexicano que abra una licitación de frecuencias para televisión. El Grupo Xtra es propiedad de Casa Saba: la misma a la que, súbitamente, Azteca y Televisa descalificaron por la venta de medicinas.

   Telemundo es propiedad del consorcio General Electric, al que igualmente le tocó parte de la andanada contra la competencia en la televisión mexicana. El 8 de diciembre Azteca destinó un reportaje a distintas acusaciones que se le han formulado, en Estados Unidos, a esa trasnacional.

   El arrebato patrimonialista de Televisión Azteca afectó también a Reforma. El 4 de diciembre ese diario comentó que la coincidencia de las televisoras en el tema de las medicinas se debía al afán para golpear a Casa Saba por su interés en el negocio de la televisión. A la semana siguiente, y durante varios días, el noticiero Hechos de TV Azteca se ocupó de un viejo conflicto dentro de la familia Junco, propietaria de Reforma. Ese asunto ocupó además extensos espacios en la revista Vértigo, propiedad de los dueños de Azteca.

   Así, en el transcurso de tres semanas, la pretensión de una empresa  para participar en el mercado de la televisión mexicana suscitó una carambola informativa determinada por excedidos afanes monopolistas en el campo de la comunicación. La firma Palmas 26 solamente anunció su solicitud para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones pongan a licitación frecuencias de televisión, de acuerdo con las nuevas disposiciones que regulan la radiodifusión. Esas normas fueron resultado de Ley Televisa que, hace un año, fue ostensiblemente impulsada por las dos empresas que acaparan la televisión en México. Aunque se trata de una legislación elaborada a su conveniencia, ahora Televisa y Azteca han querido impedir que esas reglas se cumplan cabalmente, al menos en lo que toca a la apertura de licitaciones para nuevos actores en la industria de la televisión. 

Apremio de la Cofeco

   El uso faccioso de frecuencias que tienen concesionadas ratificó la conducta cicatera que Televisa y Azteca despliegan cada vez que se abre la posibilidad de nuevas presencias en el panorama televisivo que hasta ahora han dominado. Un año y medio antes Telemundo había querido asociarse con el Canal 40, que se encontraba en huelga. En esa ocasión Televisión Azteca, con la complicidad del gobierno federal, impidió que el consorcio General Electric –que como hemos recordado es propietario de Telemundo– le hiciera al Canal 40 un préstamo que le habría permitido resolver aquel conflicto laboral. A la postre, Azteca se apropió del Canal 40 y así desapareció la opción editorialmente distinta que significaba esa emisora.

   Otra empresa que busca una cadena nacional es el Grupo Imagen –propietario de varias radiodifusoras y del diario Excélsior– que el año pasado adquirió la concesión del Canal 28 en el Valle de México.

   La televisión que hace Telemundo para el público hispano en Estados Unidos no es sustancialmente distinta a la que han producido Televisa y Azteca en México. Hay motivos para suponer que la televisión del Grupo Imagen tampoco estará definida por los criterios de calidad más deseables. Pero la incorporación de ésas o de cualquier otra empresa en la televisión mexicana, si bien no sería garantía de mejor calidad sí implicaría mayor diversidad y una nueva competencia. Eso es lo que Azteca y Televisa no quieren permitir. 

   El acaparamiento de frecuencias, audiencias e inversión publicitaria que han mantenido durante ya demasiados años y el poder político que todo ello significa, les han llevado a los propietarios de Televisa y Azteca a creer que son y deben seguir siendo los únicos dueños de la televisión en este país.

   No es esa la opinión que campea en otros espacios de la vida pública. El 28 de noviembre, precisamente cuando arreciaba el sainete de Televisa y Azteca sobre la distribución de medicinas, la Comisión Federal de Competencia, Cofeco, expidió una serie de criterios de política pública para diversificar la oferta televisiva que se difunde en México.

   Eduardo Pérez Motta, presidente de ese organismo, envió a las comisiones del Congreso que tienen relación con las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como a las autoridades del gobierno federal en esa materia, un análisis acerca de la concentración en el mercado de la televisión tras el cual concluye que es necesario “adjudicar a la brevedad el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta mediante mecanismos de licitación pública que promuevan la competencia y eviten concentraciones contrarias al interés público”.

   El estudio de la Cofeco subraya los “altos niveles de concentración” que se han mantenido en el mercado de la televisión mexicana. En 2005 los canales de Televisa alcanzaban el 68.5% de la audiencia de la televisión abierta y los de Azteca el 28.3%. El resto de las opciones de televisión en México –emisoras culturales o estatales, fundamentalmente– apenas tiene el 3.2% de esa audiencia.

  

   Ese año la inversión publicitaria para televisión abierta fue de casi 26 mil millones de pesos. De dicha cantidad, el 71.2% fue recibido por Televisa y el 28.2% por Televisión Azteca.

  

   De 457 frecuencias que se encuentran concesionadas para televisión abierta en todo el país –los canales estatales y culturales tienen régimen legal distinto– Televisa maneja 243 y Azteca 179 estaciones. Dicho de otra manera, las dos empresas concentran más del 92% de las frecuencias asignadas para televisión comercial.

  

   Los datos de la Cofeco están apoyados en documentos públicos, la mayor parte de carácter oficial. Si atendemos a otras fuentes los porcentajes de concentración de audiencias, publicidad y concesiones pueden ser incluso mayores.

    Con evidencias como esas, la Comisión apunta que “resulta necesario crear oportunidades para el desarrollo de canales de televisión abierta alternativos que introduzcan mayor competencia en las actividades comerciales de los operadores establecidos, al tiempo que contribuyan a la pluralidad y diversidad de voces y contenidos en beneficio de la sociedad. Al respecto, es necesario informar a los mercados del espectro disponible para televisión abierta y otorgar las bandas de frecuencia mediante procesos competitivos que permitan el desarrollo de nuevos operadores”. 

TV abierta y restringida

   La televisión restringida amplía las opciones de los telespectadores pero a menudo es afectada por prácticas también acaparadoras. Por eso la Cofeco recomienda que las señales de la televisión abierta sean difundidas de manera obligatoria en los sistemas de televisión de paga –entre los que se encuentran la televisión por cable y la de difusión satelital–.

   Hasta ahora las empresas de televisión abierta han tenido una política discriminatoria y selectiva para impedir que, en algunos casos, sus señales sean incorporadas a la programación de la televisión restringida. Esa fue una de las causas del fracaso en México –a fines de 2004– del sistema satelital DirectTV que nunca logró que Televisa lo autorizara a difundir sus canales. De esa quiebra se benefició el sistema Sky que en México es propiedad… de Televisa.

   Los sistemas de televisión de paga, a su vez, han llegado a entorpecer el desarrollo las televisoras independientes o pequeñas al negarse a incluir sus señales dentro del menú que ofrecen a sus clientes. Así les ocurrió al Canal 40 e incluso a emisoras estatales como el Canal del Congreso.

    En otros países esos dilemas no existen porque las señales de televisión abierta y los canales de interés público forman parte de la televisión satelital o de la que se transmite por cable. Ahora en México la Cofeco propone “garantizar el acceso de los medios de transmisión a las señales de televisión abierta”. Se trata de un doble requerimiento: que los concesionarios de TV abierta proporcionen sus señales a los sistemas de TV restringida y que estos últimos transmitan, como parte de sus canales básicos, las señales abiertas que estén disponibles en la misma área de cobertura. 

Telmex, riesgo y opción

   Por otra parte, ahora que la digitalización de las redes de telecomunicaciones permite que las empresas de telefonía ofrezcan servicios de televisión por cable –y viceversa, que las redes de TV por cable conduzcan además servicios de telefonía– ha sido inminente la incursión de Telmex en el mercado de la televisión.

   En principio, la Comisión Federal de Competencia ha tenido fundadas reticencias y ha recomendado “impedir que un mismo agente económico participe de manera simultánea en la propiedad u operación de las redes establecidas de telefonía fija local alámbrica y de televisión y audio restringidos por cable”. Sin embargo en el documento de noviembre ese organismo anticipa que si se demuestra que dicha “propiedad cruzada” es útil para la competencia, podría solicitársele una opinión favorable. En efecto, si la televisión que difunda tiene contenidos originales y no es simple repetición de la que nos endilgan las actuales televisoras, ese servicio del monopolio telefónico podría convertirse –paradojas de la convergencia tecnológica– en contrapeso del monopolio televisivo.

    La Cofeco, en otra de sus recomendaciones, exhorta a “desarrollar un marco regulatorio consistente y neutral para el sector de contenidos audiovisuales”. También sugiere “promover el desarrollo de productores independientes y su acceso a los canales de televisión abierta”. Una de las reformas que se incorporaron el año pasado a la Ley de Radio y Televisión establece que los concesionarios podrán incrementar hasta en 5% el tiempo que tienen autorizado para difundir publicidad si incorporan a su programación al menos 20% de “producción nacional independiente”. Ahora la Comisión de Competencia insta a reglamentar esa disposición a fin de que tal producción sea difundida en los mismos horarios en los que el concesionario transmite sus propios contenidos. También invita a que se precisen los criterios para considerar a un productor como “nacional e independiente”.

  

Comportándose como gángsters proclives a vapulear a cualquiera que les dispute el territorio que controlan Azteca y Televisa se erigieron, inopinadamente, en paladines contra los monopolios en las medicinas –como si los telespectadores olvidasen el duopolio que ejercen en el mercado audiovisual–. Las dos varas con que miden las televisoras no engañaron a nadie. Pero ese episodio reiteró la urgencia para que tengamos otras opciones en el campo de la televisión.

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Noticias, spots y elecciones

Un ejercicio antes del 2 de julio

Publicado en Zócalo de junio de 2006

Raúl Trejo Delarbre

Ceñidas, subyugadas, acotadas y, para muchos, determinadas por los medios de comunicación, las campañas rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de julio han sido escaparate de las miserias de una clase política que se consume en sus contradicciones y pleitos pero, también, negocio de los consorcios mediáticos y erogación desenfrenada –casi– con cargo a nuestros impuestos.

La contienda por los votos se ha convertido en disputa por puntos de rating. Tornados en espectadores más que en ciudadanos plenos, para cuando llegue el día de los comicios los votantes habrán sido saturados con centenares de horas de propaganda política y sabrán distinguir entre ademanes, acentos, reproches y berrinches de los candidatos pero sabrán mucho menos acerca de lo que harían si llegasen a la Presidencia de la República. El predominio del marketing sobre la política, así como el desplazamiento de las ideas por parte de las imágenes, se han convertido en rasgos tan palmarios de nuestra vida pública que señalarlos suele ser tomado como un gesto de candidez o como una redundancia innecesaria.

Tendríamos que ser ermitaños para no percatarnos de la profusión de anuncios políticos. Nadie escapa a ella. Todos estamos al tanto de las tentativas para concitar la simpatía de los electores pero sobre todo, de los vituperios mutuos que se prodigan candidatos y partidos en la que está resultando la temporada electoral más enconada en la historia de nuestro país.

La beligerancia de quienes disputan nuestros votos es parte de la competitividad que ha alcanzado el sistema político mexicano. La utilización preferente y casi exclusiva de los grandes medios da cuenta de la presencia social que tienen hoy la televisión y la radio. Las descalificaciones y los agravios que dominan en mensajes y declaraciones son expresión de los rezagos de una cultura política que no se ha desarrollado tanto como las reglas para la competencia electoral. El predominio de dimes y diretes manifiesta la pobreza de las plataformas programáticas pero, sobre todo, los escasos recursos argumentales de los principales candidatos o, si se quiere ver de otra manera, la ordinariez con que sus publicistas han decidido tratarse entre ellos y tratarnos a los ciudadanos.

 

Incertidumbre y hartazgo

Lo que nadie sabe, porque nunca habíamos estado ante unas elecciones tan reñidas como ahora, es de qué manera influirán las cataratas de mensajes, la sobre exposición mediática y las contrastantes expectativas que los medios nos dan a conocer con vistas al 2 de julio. Las encuestas serias, tan ignorantemente descalificadas en los meses recientes, permiten conocer qué opina la gente en un momento específico pero jamás sirven como oráculo. Es tan torpe negar su carácter de instrumento que –cuando están bien hechas– ayuda a entender a la sociedad, como esperar de ellas un vaticinio puntual sobre el comportamiento de los ciudadanos. El voto, especialmente en contextos de gran complejidad como el que tenemos ahora en México, está determinado por tantas condiciones que nadie puede pronosticarlo.

Los votantes de este julio tomarán su decisión para las urnas a partir de tantas circunstancias –experiencias, expectativas, entornos familiar, laboral y social– y acicateados por tantas emociones –ilusiones, recompensas, condenas y en esta ocasión al parecer de manera importante desconfianzas y miedos– que nadie puede aquilatarlas con precisión. No sabemos cómo influirán los torrentes de propaganda que la sociedad mexicana habrá recibido durante más de un año.

Los candidatos con más exposición mediática son, naturalmente, más reconocidos por los ciudadanos. Pero de la vista a la preferencia –del dicho, al voto– hay un largo trecho. En Italia, hasta hace poco, Silvio Berlusconi sustentó en una constante presencia televisiva las adhesiones populares que le permitían ganar los comicios. El ahora ex primer ministro prefería aparecer en pantalla sin tener que contestar preguntas. Estar en televisión era la vía preferente para permanecer en el poder político. Pero la intensa exposición mediática no siempre les gusta a los ciudadanos. Nunca sabremos cuántos de los votos a favor de otros candidatos en las elecciones de 1988 se debieron al hartazgo que suscitaba la intensa propaganda del PRI para promover a Carlos Salinas de Gortari pero seguramente no fueron pocos.

Relativa equidad noticiosa

Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo, mencionados en correcto orden alfabético, se han incrustado en la cultura social de los mexicanos. Entre enero y abril pasados, de acuerdo con datos del IFE, las campañas de esos tres personajes habían difundido alrededor de 646 mil segundos de espacios pagados en la televisión nacional y local. Se trata, en números redondos, de 180 horas, cada uno de cuyos 60 minutos nos costó más pesos y centavos de los que la mayoría de los mexicanos se imagina.

En la cobertura informativa las campañas de partidos y candidatos han saturado noticieros también, por lo general, con mensajes breves, imágenes fugaces pero reiteradas y declaraciones de machacona trivialidad. Entre el 19 de enero cuando comenzaron formalmente las campañas presidenciales y el 30 de abril, los noticieros nacionales de los canales de Televisa habían difundido 743 mil 300 segundos de información alusiva a los partidos y las elecciones. Se trata de 206 horas y media, de las cuales el 66% estuvieron destinadas a los tres candidatos principales.

En términos generales, a esos candidatos Televisa les dio una cobertura similar aunque con un 13% menos de espacio a Calderón en comparación con el que recibió López Obrador. En los noticieros de Televisa el candidato del PAN tuvo, en ese lapso, 151 mil 677 segundos; Roberto Madrazo ocupó espacios informativos por 165 mil 574 segundos y al candidato de la Coalición por el Bien de Todos y a los partidos que lo respaldan se les vio y/o escuchó durante 171 mil 280 segundos en los noticieros de esa empresa. Todos estos datos los hemos tomado, y en algunos casos sumado a partir de los monitoreos de noticieros encargados por el Instituto Federal Electoral.

Televisión Azteca, en todos sus noticieros nacionales y durante los mismos tres meses y medio, destinó a la cobertura de las elecciones federales un espacio sustancialmente menor al de la otra empresa: apenas 175 mil 222 segundos que son algo menos de 49 horas. De ellas, el 73% se refirió a los tres candidatos y partidos o coaliciones principales. La campaña de Calderón y el PAN tuvieron 42 mil 68 segundos; y la Alianza por México y su candidato Roberto Madrazo recibieron 47 mil 300 segundos, que constituyó la mayor porción en los noticieros de Azteca. En los noticieros de esa empresa –a pesar de que es cliente distinguido porque paga 30 minutos diarios por el programa matutino que tiene en el canal 13– López Obrador recibió menos espacio que sus contendientes: 38 mil 201 segundos, que representa un 24% menos que el espacio asignado a la información de las campañas de Madrazo y el PRI.

Si sumamos los espacios que en sus noticieros les dieron a esos candidatos los dos consorcios de la televisión mexicana tenemos que del total del tiempo destinado a los partidos y al proceso electoral Felipe Calderón y su campaña recibieron el 21.1%. A Madrazo y su campaña les correspondió el 23.2%. A López Obrador y los partidos de su coalición, el 22.8%.

En ese mismo universo, la campaña del partido Nueva Alianza y su candidato, Roberto Campa, ocuparon el 3.8%. Y la candidata de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Patricia Mercado ocupó espacios similares, también con un 3.8% en números redondos. El 15% de los espacios en esos noticieros, dentro del tiempo dedicado a asuntos electorales, fue para informaciones destinadas a dos o más candidatos y el 10.1% a temas generales del proceso electoral.

 

Un ejercicio de comparación

Nadie puede anticipar de qué manera influirán en los ciudadanos los espacios pagados y la cobertura mediática de las campañas en este 2006. Pero, con los datos disponibles varias semanas antes del 2 de julio, es posible establecer algunas comparaciones que quizá resulten útiles.

En las tres gráficas que acompañan a este texto se comparan datos, por una parte, de una de las empresas encuestadoras más prestigiadas y, por otra, del Instituto Federal Electoral. El propósito de este ejercicio es cotejar el desarrollo en las intenciones de voto y en la opinión favorable a los principales candidatos con la suma de espacios pagados y de espacios informativos en los dos noticieros más relevantes de la televisión mexicana.

En cada una de las gráficas se presentan los porcentajes de intención de voto y de opinión positiva de acuerdo con los sondeos de las empresas GEA e ISA. Junto con esos datos, se muestra la cantidad de segundos contratada por los partidos en televisoras de todo el país y, de manera específica, la cantidad de spots pagados en televisoras nacionales y en horarios considerados como Triple A. Un dato final es el tiempo, también en miles de segundos, que los noticieros de mayor audiencia de la televisión mexicana –los que conducen Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre en Televisa y TV Azteca– les dedicaron a cada uno de esos tres candidatos. Los datos de encuestas disponibles no permitieron extender este ejercicio para los dos candidatos de partidos que apenas contienden por su registro –Nueva Alianza y Alternativa–. Al final de este texto explicamos las referencias de estas gráficas.

 

Calderón, repunte y dinero

En la gráfica relativa al Partido Acción Nacional y Felipe Calderón se pueden observar los vaivenes iniciales en la intención de voto por ese candidato (del 30% en enero, a la caída de varios puntos en los dos meses siguientes para recuperarse con 35% en abril). La cobertura en los dos noticieros monitoreados corre casi idéntica a la intención de voto durante dos meses y medio hasta que, a diferencia de aquella, declina en abril.

 

 

 

 

 

 

La contratación de spots por parte de esa campaña asciende de 24 mil segundos en enero (hay que recordar que el monitoreo del IFE solamente cubrió las dos últimas semanas de ese mes) a más de 60 mil en febrero, pero disminuye a 46 mil en marzo para repuntar a más de 70 mil en abril. Los anuncios en horarios AAA y en cadenas nacionales se duplican entre marzo y abril, con incrementos notoriamente mayores a los que experimenta la intención de voto por Calderón.

Podría considerarse que tan intensa tarea publicitaria le reditúa más simpatías que sufragios comprometidos a ese candidato. Mientras las opiniones positivas crecen 13% –de 46% a 59%– entre febrero y abril, la intención de voto aumenta 8%. Casi el 60% de los ciudadanos tenía una buena imagen de Calderón pero solamente el 35% estaba convencido de votar por él.

 

Por otra parte, el esfuerzo propagandístico de esa campaña era muy superior a la intención de voto y aunque sin duda están relacionadas, no puede establecerse una vinculación mecánica entre esas variables. En marzo, cuando los anuncios pagados disminuyeron alrededor de 25%, fue cuando comenzó a incrementarse la presencia electoral de Calderón. Y, casi coincidentemente, pareciera que mientras más puntos porcentuales tenía en las expectativas de voto menores eran los espacios que le daban los principales noticieros de la televisión. Eso, al menos, hasta que terminó abril.

 

 

 

PRI: más spots, menos AAA

Los datos que registramos para la campaña de Roberto Madrazo y el PRI ofrecen una tendencia constante con una excepción significativa. Todos los indicadores de la presencia pública de ese candidato fueron a la baja entre enero y abril. La intención de voto cayó del 25% al 22%. La opinión positiva disminuyó también 3 puntos. La cobertura en los dos noticiaros estudiados bajó de 24 mil a 22 mil segundos entre febrero y abril.

En cambio la propaganda pagada de Madrazo y los partidos que lo respaldan (el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista) aumentaba con notoria y seguramente costosa intensidad. Mientras entre febrero y abril los minutos de publicidad de la campaña de Calderón se incrementaron solamente 16% y, como veremos, los de López Obrador disminuyeron a más de la mitad, los spots de la Alianza por México y Madrazo prácticamente se cuadruplicaron. De 27 500 segundos en febrero, pasaron a casi 45 mil en marzo y a casi 103 mil en abril. La campaña de Madrazo buscó espacios de menor precio pero más abundantes y por eso los anuncios AAA son pocos, apenas 924 en abril en contraste con 1177 de López Obrador y 2076 de Calderón.

La campaña de Madrazo confirma, por lo menos en el periodo que hemos mencionado, que más propaganda no implica necesariamente más votos. La presencia mediática es fundamental para cualquier candidato que quiera llegar a la Presidencia. Pero nunca es suficiente.

 

AMLO, tropiezo y enmiendas

Tampoco hay correlación visible entre el gasto en publicidad y las adhesiones electorales para Andrés Manuel López Obrador. En enero, cuando se registró la menor cantidad de anuncios pagados, el candidato del PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo tenía una intención de voto del 30%. Y mientras más aumentaron los segundos de espacios financiados con los recursos fiscales puestos a disposición de esa coalición más caían, aunque fuera ligeramente, las expectativas de voto.

Extrañamente, en abril la publicidad pagada por la Coalición por el Bien de Todos disminuye a la tercera parte de la que había sido contratada el mes anterior –de más de 47 mil a 15 mil 300 segundos–. En algunas informaciones de prensa se ha publicado que el PRD se quedó sin dinero. Sin embargo, como es sabido, gran parte de los anuncios políticos en los medios electrónicos los partidos los pagan varios meses después haber sido transmitidos. Por otro lado, de acuerdo con la información que en cumplimiento de una disposición legal le entregó al IFE, hasta el 15 de marzo el PRD, en contratación de espacios en medios, había gastado 65 millones y medio de pesos.

Es mucho dinero pero resulta poco en comparación con los 115 millones que hasta esa fecha había gastado el PAN y los 126 y medio erogados por el PRI, según la misma información difundida por la autoridad electoral. Entre subsidios para sus actividades ordinarias y la contribución que entrega este año debido a la temporada electoral, en 2006 el IFE habrá de transferirles 1112 millones de pesos al PAN, 1493 millones de pesos al PRI y al PVEM que apoyan a Madrazo y 1258 a los partidos que respaldan a López Obrador.

A diferencia del total de espacios contratados por el PRD y aliados, los spots en horario AAA y en canales nacionales crecieron de 371 en febrero a 1177 en abril. Quizá los jefes de campaña de López Obrador decidieron, a la mitad del camino, comprar menos tiempo en televisoras de audiencias acotadas y adquirir más en los canales de más rating. Entre marzo y abril, por otra parte, el tiempo adquirido en televisión parece ser proporcional a la atención que los dos noticieros de más audiencia le dan a ese candidato. En tanto los minutos pagados en televisión se reducen, como veíamos, a una tercera parte, la atención de los espacios informativos disminuye en un 40% al pasar de 31 mil a menos de 19 mil segundos en los mencionados noticieros.

 

Competitividad vigente

 

Más publicidad y más aparición en noticieros no van de la mano con una mayor votación. Pero tampoco se contradicen con ella. La competitividad de las elecciones de este julio no puede medirse únicamente en minutos televisivos ni en simpatías por los candidatos, pero todos ellos son indicadores que ayudarán a entender cómo y por qué se habrán resuelto los comicios presidenciales de 2006. El ejercicio que aquí presentamos apenas muestra un fragmento del complejo panorama que ofrece el encuentro entre política y televisión. Pero quizá resulte útil para ampliar el análisis sobre nuestros procesos electorales y, acaso, para atajar anticipadamente algunos mitos sobre la relación entre votaciones y medios de comunicación.

 

 

 

 

 

 

Referencias de las gráficas

Intención de voto: Porcentajes tomados de la encuesta nacional GEA-ISA (Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas S.C.) en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2006. Los resultados expresan las respuestas a la pregunta “Si en este momento se celebraran las elecciones para Presidente de la República ¿por cuál candidato votaría usted si tuviera que elegir de entre…”. Porcentaje de respuestas directas, sin recalcular y sin asignar a los ciudadanos que no habían definido su voto.

Anuncios TV: Expresa, en miles de segundos, los resultados del seguimiento de anuncios promocionales de los partidos realizado por el Instituto Federal Electoral. Datos correspondientes a los periodos 19 al 31 de enero, 1 al 28 de febrero, 1 al 31 de marzo y 1 al 30 de abril de 2006. Se trata de la suma total de los spots pagados por los partidos o transmitidos con cargo al presupuesto del IFE en estaciones de televisión de todo el país y sin distinción de horarios. No se incluyen programas de los candidatos aunque se trate de espacios pagados. Los tiempos correspondientes a los anuncios del PRI los sumamos con los de la Alianza por México y del Partido Verde Ecologista. Los tiempos correspondientes a los anuncios del PRD los sumamos con los de la Coalición por el Bien de Todos y el Partido Convergencia.

Spots AAA: Indica la cantidad de anuncios pagados por los partidos y transmitidos en canales nacionales de televisión en horarios considerados como estelares. Los datos están expresados en centenas. Por ejemplo, cuando se indica que la campaña de López Obrador difundió 0.12 spots en enero y 11.77 en abril quiere decir que fueron de 12 y 1177, respectivamente. Los datos han sido tomados de los informes mensuales del IFE.

Opinión positiva: Expresa, en porcentajes, las respuestas positivas a la pregunta, acerca de los candidatos presidenciales, “¿Ha oído o no hablar de…? Es positiva o negativa la opinión que tiene de…?” en las encuestas mensuales de GEA e ISA.

Dos noticieros en TV: Indica, en miles de segundos, el espacio otorgado a los partidos y sus campañas en los dos principales noticieros de la televisión mexicana. Para este dato hemos sumado los datos ofrecidos por el monitoreo de medios realizado por el Instituto Federal Electoral en la medición, específicamente, de los noticieros nocturnos Noticiero con Joaquín López Dóriga del Canal 2 de Televisa y Hechos, conducido por Javier Alatorre en Canal 13 de Televisión Azteca.

 

 

 

 

La decadencia del debate público

Publicado en Nexos de mayo de 2006

Las campañas electorales confirman, entre otras pobrezas de nuestra vida social y nacional, el abatimiento del debate público. Todavía hace no mucho tiempo los partidos y sus candidatos pretendían –o al menos eso aseguraban– que para buscar el voto de los electores ofrecerían diagnósticos y propuestas. Hoy en día, tal y como ratifica la campaña presidencial que presenciamos en estas fechas, tal aspiración, con toda y la carga pretenciosa y retórica que tenía, ha quedado manifiestamente arrinconada. Arregladas al ritmo de las exigencias y cadencias mediáticas, las principales campañas buscan el golpe escenográfico y no la persuasión deliberada. Sometidos al aguacero de agravios y reproches que ellos mismos maquinan, los tres partidos nacionales se encuentran más preocupados por las respuestas que por las propuestas.

Esa batahola que domina en la vida política no ha encontrado un contexto de exigencia crítica, y mucho menos un contrapeso simbólico, en los actores sociales que en otros momentos solían contrastar excesos retóricos o reales de partidos, candidatos y gobernantes. Periodistas e intelectuales, cuando se ocupan de temas de actualidad política, habitualmente lo hacen con adicionales dosis de especulación, magnificación, suspicacia y maledicencia que nutren el de por sí exacerbado estruendo que prevalece en el espacio público.

Desde hace rato, pero especialmente en los meses recientes, venimos padeciendo una lamentable declinación del debate público. La discusión abierta ha quedado reducida a la exposición de estereotipos, consignas y dicterios o, en otros casos, de adhesiones sin condiciones. Los grandes temas nacionales han sido relevados por una sucesión de grandes lemas que se acomodan según las expectativas o conveniencias de cada quien.

Piénsese, si no, en cualquiera de los asuntos que tendrían que ser reconocidos como relevantes en cualquier país. Por lo general –y desde luego hay excepciones, pero de insuficiente visibilidad– cuando se habla de reforma fiscal, manejo de los energéticos, protección ambiental o seguridad pública, es a partir de lugares comunes y no del examen crítico y la presentación de opciones en cada uno de esos temas. La prensa diaria y los medios electrónicos pero también, con frecuencia, las discusiones y publicaciones académicas, se reducen al inventario de problemas ya conocidos para los cuales se enumeran clichés también harto repetidos. Y de las cuestiones nodales a partir de las cuales antes se definían –o se pretendía que así era– las visiones del país y los proyectos para gobernarlo, nadie o casi nadie se quiere acordar. El sentido y las prioridades de la educación pública, las miserias y opciones del campo mexicano, los grandes modelos de política económica o las urgencias en la investigación tecnológica, son algunos de los muchos asuntos marginados de la discusión pública.

 

Abandono de las ideas

No tenemos una auténtica deliberación pública. La indolencia para discutir va de la mano con el abandono de las ideas. El compromiso suele estar con los proyectos políticos y no con la reflexión y los argumentos. Se echa de menos el papel de la crítica intelectual y de los espacios que en otros tiempos la propiciaron y con la cual se nutrieron.

En todo el mundo los dimes y diretes, convertidos en solaz nacional gracias al prisma amplificador de los medios, son parte de la política y de la apropiación que la gente hace de ella. México no es la excepción pero entre nosotros la resistencia a esa trivialización y escandalización de la vida pública resulta singularmente débil a causa de la atonía de nuestro panorama intelectual y, especialmente, del generalizado decaimiento del debate público.

Hace un par de años Enrique Krauze y la revista Letras Libres sugirieron la creación de un comité para organizar debates en televisión. “Hoy por hoy –decía ese historiador– la política mexicana es un teatro (mitad farándula, mitad reality show) trasmitido en vivo por los medios de comunicación y ubicado en el Eje ‘Los Pinos-Zócalo-Donceles-San Lázaro’, en cuyo escenario hablan el Presidente y su esposa, el Gabinete, el Jefe de Gobierno del DF, senadores, diputados, algunos gobernadores y el coro de la clase política, mientras el resto del país bosteza, abuchea o guarda silencio en las butacas. Para cambiar este desorden de cosas, para tomar la palabra, para alentar una participación política madura, informada y eficaz, los espectadores debemos dejar el teatro y organizar un espacio propio cuyo propósito sea elevar la calidad del debate público”.

En aquellas fechas los videoescándalos y las denuncias mutuas iniciaban una hasta ahora inacabada fase de aquelarre y desconcierto en la vida pública mexicana. La propuesta de Krauze suscitó docenas de comentarios (de los cuales hicimos un recuento para la revista Configuraciones) al cabo de los cuales se confirmó una de las quejas del director de Letras Libres: “Vivimos una Babel cotidiana en donde lo fundamental se confunde con lo nimio… no tenemos siquiera un acuerdo de cómo resolver nuestros desacuerdos”.

 

Carencias e impedimentos

Más allá de la discusión acerca de las características de aquella iniciativa, la dificultad central para ponerla en práctica –y, de hecho, uno de los motivos principales que la hacían interesante– es la debilidad en el intercambio de ideas en nuestra vida pública. El debate público es tan escaso que se le puede considerar exánime debido a impedimentos como los siguientes.

1. Complacencia. Entre los actores políticos, así como en el mundo intelectual, no existe un contexto de exigencia capaz de identificar problemas, generalizar diagnósticos y abrir, entonces, una franca discusión sobre cada uno de ellos. Por una parte, entre una y otra formación política y en los coros de adhesiones y reprobaciones que se constituyen alrededor y enfrente de ellas no hay debate sino retórica –eso sí, en términos frecuentemente ríspidos–. Por otra, dentro de los partidos y en sus respectivos circuitos de influencia no se aprecian ejercicios de rigor analítico y mucho menos autocrítico.

2. Superficialidad. Carentes por lo general de compromisos específicos, las posiciones políticas se asemejan casi todas al menos en el discurso de candidatos y partidos. Cuando ofrecen propuestas, son casi idénticas independientemente del marco ideológico o político al que se adscriba cada quien. Doblegados a la fatalidad del cliché y en demostración de la escasa audacia o creatividad política que los determina, candidatos, partidos y analistas políticos coinciden en reivindicar grandes axiomas como si fueran o tuvieran que ser inamovibles. Por ejemplo, cuando se habla de las opciones para el gasto público, unos y otros han descartado la discusión sobre el déficit fiscal que en otros países es reconocido como un instrumento (riesgoso pero útil) de política económica.

3. Negligencia. Subyugados por la incesante aparición de nuevos y por lo general perturbadores o llamativos acontecimientos, ni los protagonistas ni los observadores de la vida pública le dan seguimiento a los asuntos que han sido notorios durante algunos días. Un caso: la reforma sobre derechos indígenas suscitó largas y enconadas discusiones cuando fue propuesta y aprobada en 2001, pero hoy nadie se toma la molestia de analizar qué fue de ella y qué consecuencias ha tenido.

4. Desinterés. El debate público no tiene espacios adecuados para desarrollarse. A los medios electrónicos les interesa el griterío del vituperio, no la exposición inevitablemente cadenciosa de argumentos y contrarréplicas. La prensa diaria y no pocas revistas han reducido de tal manera el espacio para textos de opinión que en ellos apenas caben unos cuantos pincelazos y no el lienzo completo que es preciso dibujar para rebatir un punto de vista y exponer otro de manera documentada. El periodismo light ha confirmado el abandono, o al menos el estrujamiento, de la reflexión crítica.

5. Extrañeza. El debate es contradictorio con la cultura de la simulación que domina la vida pública mexicana. Con frecuencia en los ámbitos sociales más diversos –entre ellos la academia e incluso en las instituciones políticas– a la confrontación de ideas se la rehuye como si fuera una calamidad y no un mecanismo para precisar nociones, posturas o propuestas. El debate suscita más temor que interés. Cuando en una reunión hay dos personas que discuten y alguien las conmina para dejar de hacerlo reclamando “que no se hagan diálogos” estamos ante una negación del intercambio y el debate.

6. Polarización. Cuando hay discusión –que no necesariamente debate– las posiciones en conflicto suelen exacerbarse de tal manera que solamente se aprecian los rasgos más ásperos de cada una. Los matices que siempre existen en cada tema quedan desvanecidos cuando solamente se aprecian posiciones en blanco o negro. En palabras de Néstor García Canclini, en un reportaje de Jaime Reyes Rodríguez: “Las sociedades suelen ser más complejas, y cuando las encajonamos en dos opciones estamos expulsando algo más que matices. Para ir construyendo una cultura de la polémica es útil, ante cada opción binaria, preguntarse qué temas y problemas dejamos fuera”. Lamentablemente no es ese el método que prevalece en un contexto dominado por las apreciaciones maniqueas. Hay más alineamientos que razonamientos.

7. Descalificación. No hay debate sin el reconocimiento mutuo, como interlocutores, de los debatientes. Cuando no se cumple con ese requisito no existe discusión sino, acaso, solamente en apariencia. Si no hay ideas en juego sino únicamente agravios recíprocos, si las anécdotas y la retórica dominan sobre el cotejo de marcos conceptuales y propuestas, no existe el entorno de entendimientos indispensable para debatir.

8. Aldeanismo. La mayor parte de las discusiones que transitan por nuestro escenario público están determinadas por perspectivas únicamente locales. Acostumbramos ufanarnos de una globalización en la que inevitablemente nos reconocemos pero, por lo general, no miramos hacia el resto del mundo cuando enfrentamos los problemas que tenemos delante nuestro. En cada asunto hay especialistas que indudablemente tienen miradas enteradas acerca de la situación internacional del tema que dominan. Pero en la discusión pública esas lecciones y experiencias suelen quedan apabulladas por circunstancias, sucesos y ambientes locales.

9. Espectacularización. La discusión pública, cuando la hay, por lo general no busca la verdad sino la notoriedad. Las tintas se cargan y los adjetivos arrecian con tal de llamar la atención tanto de los medios como de sus públicos. No existe, entonces, debate sino espectáculo. Gerardo de la Concha ha explicado las consecuencias de que tengamos muchos escándalos y casi ninguna polémica: “Y es que el escándalo se asocia a la sociedad del espectáculo, finalmente al vacío. Y la polémica apela al argumento, así sea un argumento colérico, lo cual es una forma de racionalidad inexistente en la sociedad del espectáculo, llamada de esa manera por Guy Debord para describir cómo la apariencia, la farsa, excluye los contenidos de lo verdadero; cómo el rito de lo superficial entierra al espíritu y a la razón, conformando una sociedad donde la forma de la imagen sustituye al fondo de las cosas y donde prevalece la retórica por encima de las ideas”.

10. Mediatización. Acaparada por los formatos, intereses y preferencias de los medios de comunicación de mayor audiencia, la escena pública sólo acoge –o sólo privilegia– discusiones cuya intensidad dramática cumpla con las exigencias del espectáculo. El estilo preponderante en los medios electrónicos –frases cortas, intervenciones breves, formulaciones simples, ideas escuetas– es refractario a la exposición lógica, a los matices y la densidad argumental que requiere la auténtica deliberación. La discusión en espacios mediáticos no intenta esclarecer sino exponer. No busca interlocutores sino públicos. Hace poco, cuando le preguntaron acerca de los intelectuales en su país, el filósofo Jean Baudrillard contestó: “Ya no hay intelectuales franceses. Los que usted llama intelectuales franceses han sido destruidos por los medios. Hablan en televisión, hablan a la prensa y ya no están hablando entre ellos mismos”.

 

Referencias:

-Gerardo de la Concha, “Perdidos en la retórica”. Reforma, 16 de enero de 2005.

-Enrique Krauze, “Para salir de Babel”. Letras Libres, mayo de 2004.

-Jaime Reyes Rodríguez, “Faltan ideas a la polémica”. Reforma, 16 de enero de 2005.

-Deborah Solomon, “Questions for Jean Baudrillard”. The New York Times Magazine, 20 de noviembre de 2005.

-Raúl Trejo Delarbre, “Para no seguir en Babel. Una reseña de los juicios y reacciones ante el debate sugerido por Enrique Krauze”. Configuraciones número 15. Otoño-Invierno de 2004.

Una televisora para la ciudad de México

El centralismo mexicano ha permeado todos los intersticios del tejido nacional. En la ciudad de México se comercia y especula, se delibera y se decide para todo el país. Ese síndrome centralista ha sido reforzado por los medios de comunicación. No contamos con un solo diario que tenga presencia en toda la República pero a los que se editan en esta capital, por ese sólo hecho, se les llama “periódicos nacionales”. La radio es el único medio en donde pareciera haber algún equilibrio entre las dimensiones local y nacional. En cambio la mayor parte de la televisión que ven los mexicanos tiene origen, rasgos, prioridades y contenidos chilangos.

Todas las mañanas los televidentes de Mérida, Hermosillo, Tepic o Villahermosa tienen que desayunar, si quieren ver televisión nacional, mientras contemplan los incidentes del tránsito, las consecuencias del clima y los atropellos del crimen en la capital del país. En ese terreno sin embargo, la ciudad de México en el pecado lleva la penitencia. Nuestras vicisitudes y obsesiones las exportamos electrónicamente al resto del país. Pero no contamos con una televisión que tenga el espacio, el interés, la densidad y la vocación suficientes para hospedar contenidos de índole específicamente local.

Los intentos para hacer televisión intencionalmente destinada a la ciudad de México por lo general han quedado abrumados por un localismo ramplón o por el comercialismo voraz. Cuando la televisión privada ha tenido proyectos destinados a esta ciudad ha sido, por lo general, para vender aquí los mismos programas que antes han circulado en el mercado nacional. O, en otras ocasiones, se ha buscado explotar mercantilmente una suerte de provincianismo defeño. En todo caso de parte de la televisión privada no ha existido el propósito para retratar, más allá de los estereotipos, la inmensa variedad de preocupaciones, personajes, experiencias y enfoques que hay en la ciudad de México. En algunas ocasiones la televisión del Estado, en espacios fundamentales como el de Cristina Pacheco en Canal Once, se ha ocupado de esos temas.

 

Una televisión de servicio… y algo más

Por varios motivos sería pertinente la existencia de una televisión propia para la ciudad de México. Las necesidades de comunicación de una capital como esta requieren del empleo intensivo de todos los medios posibles. Un canal dedicado al DF podría dar espacio, con mucha mayor holgura que los canales nacionales, a asuntos relacionados con la seguridad, el medio ambiente, las campañas de salud y educacionales y la cultura cívica entre otros temas. Tendría que ser, antes que nada, una televisora comprometida con el servicio.

Al mismo tiempo un canal como ese podría difundir, y de esa manera solidificar, rasgos de la cultura propia de cada zona de la ciudad de México. Ferias, mercados, parques, calles, auditorios, que son de por sí zonas del espacio público abiertas a la gente, encontrarían en él un instrumento de propagación audiovisual. Y como corresponde a una urbe versátil, cambiante y repleta de contrastes como es el DF, el canal tendría que reflejar todas las posiciones pero especialmente la cultura de los jóvenes que constituyen su segmento más numeroso y activo.

Una televisora así, tendría que contar con un perfil claramente distinto de las emisoras específicamente culturales como los canales 11, 22 y el canal por cable que ahora tiene la UNAM. Debería, desde luego, estar nutrido por contenidos sustancialmente disímiles de los que suelen difundir las televisoras privadas.

Al reconocer la densidad y diversidad poblacionales, culturales y sociales de la ciudad de México, una televisora de esa índole tendría que tomar en cuenta la imbricación del Distrito Federal con su entorno. Sería inevitable reconocer que, independientemente de las demarcaciones formales, nos encontramos en una metrópoli cuyas contornos alcanzan a varias entidades distintas del DF.

 

 

La posibilidad de que la ciudad de México cuente con un canal de televisión propio abre expectativas muy amplias. Los productores independientes contarían con un espacio propicio a la imaginación y la originalidad. El debate entre las opciones políticas que hay en esta ciudad encontraría un foro necesariamente abierto al intercambio. Los acontecimientos más variados que a diario ocurren en esta urbe podrían ser comunicados de manera profesional –es decir, sin incurrir en el oficialismo pero tampoco en el sensacionalismo–. Los asuntos locales podrían ser plataforma para una televisión distinta, afianzada en el servicio, respaldada en la creatividad y comprometida con las ideas.

Todas esas, desde luego, son buenas intenciones. Sin ellas sería imposible –incluso, creemos, sería indeseable– la discusión de un canal de televisión para la ciudad de México. Deliberadamente no me refiero a la propuesta para crear, también, una radiodifusora. Creo que si bien resultaría de alguna utilidad, una estación de radio propiedad de la Ciudad no es tan necesaria como la televisora. El dial radiofónico en el Distrito Federal tiene una amplia variedad de opciones y contenidos.

La radiodifusora de la que también se habla podría ser complemento al canal de televisión pero este es, me parece, el proyecto de auténtica importancia. En todo el país hay sistemas estatales de televisión y radio que amalgaman los dos medios. Abundan experiencias al respecto, varias de las cuales tienen ya varias décadas –en Michoacán, Tabasco, Tlaxcala y otros sitios– de trabajo fructífero y perseverante. La existencia de esos sistemas estatales confirma la precariedad en la que se ha mantenido a la ciudad de México en materia comunicacional. Mientras en otras entidades desde hace tiempo se desarrollan sólidos y útiles sistemas de televisión y radio, aquí apenas ahora se discute seriamente dicha posibilidad.

Esa marginación también se experimenta respecto de las tendencias mundiales más fructíferas. En distintos países, las cadenas nacionales de televisión pública se han complementado con la creación de televisoras locales. Esa propensión a imbricar lo global con lo nacional y a su vez con lo específicamente local, está respondiendo a uno de los nuevos derechos de los ciudadanos en materia de información y comunicación. De la misma manera que requieren programas producidos en diversas latitudes, los ciudadanos necesitan la densidad cultural y social que –cuando está bien hecha– propicia la televisión de carácter nacional. Y al mismo tiempo, tienen derecho a una televisión que rescate y exponga sus inquietudes de carácter local.

Hace casi una década, cuando en España comenzaban a cumplirse las disposiciones legales para que se desarrollase la televisión local, el periodista Antoni Esteve advertía que esas emisoras no tendrían sentido si, antes que nada, no afianzaban su compromiso con la gente. “La información –decía– no hay que entenderla sólo como las noticias puntuales del día o las convocatorias de actos, detrás de la actualidad muchas veces no se puede distinguir la realidad…… En los reportajes se ha de recoger la voz y la imagen de muchos ciudadanos, no sólo de aquellos que tienen un grado de representatividad política o social, sino también de la gente que nunca sería protagonista en ninguna otra televisión. Se han de buscar los vínculos afectivos entre la televisión y la ciudad. Tanto por la presencia constante en la calle como por su participación en campañas cívicas. Ha de promover todas las iniciativas que permitan la interactividad y la bidireccionalidad. Dar la voz a los ciudadanos siempre que sea posible, que hagan preguntas, que puedan visitar los estudios y participar en los programas. La gente ha de hacerse suya la televisión, que también ha de ser un instrumento de promoción de la ciudad, así como de sus actividades comerciales y empresariales” [1].

Añadía ese periodista, que además es profesor en la Universidad Pompeu Fabra: “La audiencia no ha de ser una obsesión, pero no hay ningún medio de comunicación que no busque el máximo de lectores, oyentes o espectadores. Por tanto hay que pensar en quién estará mirando, en sus intereses, y en el mejor lenguaje para que pueda entendernos. Con una fuerte competencia entre cadenas de televisión, donde se juegan miles de millones, sería un objetivo suicida plantearse conseguir espectadores que sólo vean la televisión local. Es la cultura del zapping la que permitirá subsistir a estos canales que tendrán que aprovechar todos los resquicios que deja el panorama audiovisual y, sin duda, el principal es el de la especialización en cuestiones locales. Ha de ser, por tanto, una televisión temática que se plantea como complementaria. Es por esto que su programación se ha de repetir muchas veces para hacer posible que los ciudadanos puedan seguirla en diferentes momentos de la jornada o de la semana. Una fórmula que hace que la audiencia no se concentre en un horario determinado, pero los programas la van acumulando gracias a la multidifusión”.

Las opciones de programación para una televisora urbana y de cobertura geográficamente acotada son muy diversas. En la capital de Argentina el Canal Abierto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recientemente comenzó a transmitir en una banda de televisión de paga, presenta segmentos cortos con videos de variadas temáticas. Su director de contenidos, Gabriel Reches, explica en una entrevista reciente: “lo que intentamos es que el canal sirva para mostrar una ciudad que en realidad contiene a muchas ciudades distintas, contradictorias entre sí, con muchos discursos sociales diferentes. Creemos que debemos compensar cierta cosa salvaje que tiene el mercado, que por un lado, repite fórmulas; y que por otro lado, recurre para promocionar a determinados artistas del establishment, que sin considerar si son interesantes o no, forman parte de una gran maquinaria comercial, dejando de lado a una serie de artistas que para nosotros son sumamente interesantes, en algunos casos más interesantes, que no tienen pantalla y que en el canal encuentran un lugar de expresión, de promoción, etcétera” [2] .

En la programación, un canal de la ciudad de México tendría la oportunidad para diferenciarse de otras televisoras. Pero en su régimen legal, debería contar con las garantías necesarias para sobrevivir. A fin de estar auténticamente al servicio de los habitantes de la ciudad, esa tendría que ser una televisora con estructura, financiamiento y régimen jurídico capaces de certificarle una permanente independencia respecto de los poderes políticos locales y federales.

La tentación que pueden tener el grupo o los funcionarios a cargo del gobierno de la ciudad de México para considerar que la televisora local se constituya en recurso de propaganda y legitimación políticas, sería uno de los riesgos primordiales de un canal como el que mencionamos. Por eso es absolutamente indispensable que además de contenidos y opciones técnicas, la reflexión acerca del canal de televisión para la ciudad de México incluya todas las previsiones legales y políticas para que estuviera al margen de las vicisitudes y/o las ambiciones que pudiese despertar en el gobierno local. Ese constituye un requisito para la supervivencia pero, además, para la respetabilidad de los medios de vocación pública en todo el mundo. Pero sería una condición especialmente necesaria si, como indican las preferencias de voto que se pueden conocer en este mes de marzo, las elecciones del 2 de julio ratifican al Partido de la Revolución Democrática en el gobierno de la ciudad de México.

Más allá de cuestionamientos y, si se quiere, reconocimientos que se le puedan hacer en otros terrenos, en el campo de la comunicación de masas el gobierno de ese partido en la capital del país se ha singularizado por considerar a los medios como instrumentos de un proyecto político faccioso y no como mecanismos de interlocución de y con la sociedad. El gasto discrecional, excesivo y, peor aún, en muchos rubros secreto que se ha realizado para difundir la imagen del gobierno de la ciudad de México; la resistencia a acatar las más elementales reglas de transparencia; la falta de respeto a los reporteros cuyas preguntas en las conferencias de prensa, cuando eran incómodas, suscitaban desaires y burlas del hasta hace pocos meses jefe de Gobierno, así como las amenazas e intimidaciones a medios y comunicadores que no se allanaban a la mansedumbre o la complicidad periodísticas que exigía esa administración, definieron el comportamiento comunicacional del gobierno de la ciudad de México cuando lo encabezó Andrés Manuel López Obrador.

Si el Distrito Federal llega a contar con una televisora propia sería imperioso que se le mantuviera a salvo de afanes de manipulación y coacción como esos. Tendría que ser concebida como una estación no de gobierno, ni de grupo alguno sino, en el más ambicioso sentido del término, como una televisora pública.

 

México D.F., marzo 16 de 2006

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[1] Antoni Esteve, “La televisión prometeica”. La Factoría, Número 2, Barcelona, febrero de 1997. Disponible en: http://www.lafactoriaweb.com/default-2.htm

[2] Luis Barreras y Juan Manuel Bellini, “Canal abierto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la estética de lo urbano y lo callejero”. Revista Question, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, verano 2006. Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/question/

Violencia en los medios

La televisión, ¿espejo, o detonador de la violencia en la sociedad?

Raúl Trejo Delarbre

 

Este ensayo forma parte del libro El Mundo de la Violencia, editado por don Adolfo Sánchez Vázquez y publicado por el Fondo de Cultura Económica y la UNAM, en 1998.

 

 

Hay quienes calculan que un joven estadounidense promedio habrá visto 200 mil actos de violencia en la televisión, incluyendo 16 mil asesinatos, antes de cumplir 18 años [1]. La Asociación de Psicología de los Estados Unidos, asegura que al concluir la escuela primaria un niño ha visto en televisión 8 mil asesinatos y 100 mil actos de violencia [2]. En Venezuela, se estima que al llegar a los 18 años un joven ha presenciado más de 113 mil 500 heridos y muertos, 65 500 escenas bélicas y 8 763 suicidios [3]. En México se calcula que los niños, en promedio, “han sido expuestos a 8 mil asesinatos y 100 mil acciones violentas en la televisión, al momento de terminar su educación primaria” [4]. La violencia es parte integral en el contenido de los medios de comunicación, así como lo es, también, de la realidad humana y contemporánea. Documentar cuántos balazos, acuchillamientos y palizas vemos en las pantallas televisivas, o presenciamos a través de otros medios, puede resultar útil para contrastar esos mensajes con los de otra índole. Pero por muchos homicidios, atropellos y coacciones contabilicemos, hay dos grandes dilemas sobre los cuales no tenemos respuestas concluyentes en el estudio de los medios y su relación con la violencia. El primero de ellos, es si la violencia en los medios es causa de violencia adicional en la sociedad. El segundo, es qué hacer ante la proliferación de mensajes que pudieran atentar contra la convivencia, la apacibilidad y la tolerancia.

El investigador George Gerbner ha denunciado que en los programas de noticias en los Estados Unidos, la violencia ha llegado a ser “el corazón de los sucesos dramáticos todas las noches”, pues diariamente ocurren cinco asesinatos por hora, en promedio, durante el horario estelar. Tan sólo en los programas de entretenimiento las muertes en promedio son tres por noche. En las caricaturas, hay entre 20 y 25 incidentes violentos cada hora [5]. Otras estimaciones, aseguran que en la televisión de los Estados Unidos, hay ocho actos de violencia por hora durante el horario de mayor audiencia (prime time) en las tres principales cadenas [6]. En otro medio, pero con propagación también televisiva, las películas Die Hard 2, Robocop y Total Recall, contienen, respectivamente, 264, 81 y 74 muertes violentas [7]. De las series extranjeras que programa la televisión mexicana, el 56 por ciento son de carácter violento [8].

Las respuestas sociales a esa profusión de escenas, episodios, hechos o representaciones violentas, desde hace algún tiempo comenzaron a pasar de la perplejidad o la resignación, a la preocupación e incluso la queja activa entre los consumidores de los medios en diversos sitios del mundo. El ejemplo no sólo más cercano sino mejor documentado que tenemos, es el de los Estados Unidos; de allí la proliferación de referencias –y no sólo en este ensayo– a la situación en ese país y menos a la violencia en los medios en América Latina o, específicamente, en México. Entre nuestros vecinos del norte, una encuesta señala que el 75% de los adultos con niños alguna o muchas veces le han cambiado de canal a su televisión o la han apagado, debido a la transmisión de escenas violentas [9].

En sociedades más activas que la mexicana, los televidentes tienen niveles de exigencia que logran presionar de manera eficaz a las grandes empresas de comunicación. El de la violencia, es uno de los temas principales en el escrutinio social de los medios. Desde luego no basta con identificar, contabilizar y condenar las escenas de hechos violentos, sean o no simuladas. Es preciso saber qué efectos tienen esos mensajes y en tal sentido, la investigación social en nuestros países tiene enormes carencias. Por otra parte, tampoco es suficiente la condena en general a los medios de comunicación como si ellos fuesen culpables de la violencia y no sólo de recoger o privilegiar en sus transmisiones la presentación de hechos de esa índole. Al respecto, hay una amplia discusión que en otras naciones lleva varios años y que en México apenas si empezamos a conocer.

Pero, ¿qué es la violencia en los medios?

Las definiciones al respecto no son exactas, ni de universal aceptación. El ya mencionado Gerbner, ha delimitado los atributos de la violencia, para propósitos de sus estudios, a:

“… la expresión abierta de fuerza física en contra de otros o de sí mismo, o la coacción para actuar en contra de la voluntad de alguien por medio del dolor, o por heridas, o muerte” [10].

En 1976, en Canadá, la Comisión Real sobre la Violencia en la Industria de las Comunicaciones, conocida como la Comisión La Marsh, estableció la siguiente definición: “Violencia es la acción que introduce miedo o dolor en la constitución física, sicológica o social de las personas o grupos”. En los medios, se dijo en ese estudio, “la violencia representada en cine, televisión, audio, impresos o interpretaciones en vivo, no es necesariamente la misma violencia de la vida real. Las cosas no violentas en la realidad pueden ser violentas en su dramatización. La violencia presentada en los medios, puede llegar a mucha gente, en tanto que la violencia real posiblemente no. Los medios pueden emplear muchos recursos artificiales para aminorar o amplificar sus efectos emocionales y sociales” [11].

Definir a la violencia no siempre es sencillo, especialmente cuando se trata de los reflejos o expresiones de ella en medios de comunicación. Estos, son antes que nada intermediarios que propagan lo que hacen, dicen o quieren otros actores sociales. Pero no son espacios neutrales que reflejen sin énfasis esas realidades. Hay ocasiones en las que es evidente cuándo un gesto, una frase o un hecho, son violentos en los medios. Pero no siempre es posible distinguir con facilidad entre la violencia en sí, que acaso pueda ser alevosa, ventajosa y de consecuencias lacerantes y la violencia como espejo de actitudes y hechos que existen en la realidad.

En los medios, no hay mensaje inocente. Es decir, no hay contenido en el cual, como sugería McLuhan, el mensaje no esté imbuido del medio. Si eso vale para los contenidos de ficción, más peculiar puede ser el sesgo que los medios impongan a un acontecimiento violento, o considerado como tal, de la vida real. La profesora brasileña Elizabeth Rondelli ha escrito, en tal sentido: “Los media no sólo se refieren a los actos violentos sino que también ejercitan un cierto grado de violencia al mostrarla al público, a partir de sus modos propios de enunciación. Ese gesto de violencia simbólica ocurre debido al poder que los medios de comunicación tienen de interceder en la realidad, extrayendo de ella hechos, descontextualizándolos, nombrándolos, categorizándolos, opinando sobre ellos y exponiéndolos en las imágenes, a veces exorbitantes, de los closes y big closes” [12].

Al referirnos a la violencia en los medios, es difícil distinguir entre las maneras como son presentados la narración ficticia o los hechos reales y la categorización o descontextualización que la comunicación de masas impone sobre ellos. Es importante tener en cuenta esa distinción cuando se reflexiona sobre los alcances sociales de la violencia tal y como es presentada en los medios.

También incierto, o en todo caso motivo de un debate aún sin resultados concluyentes, es el asunto de si la violencia en los medios propicia, o no, actitudes violentas en sus espectadores. En febrero de 1996, se comenzó a difundir en los Estados Unidos el Estudio Nacional Mediascope sobre Violencia en Televisión (NTVS), resultado de un proyecto de tres años y que es considerado como la investigación más seria sobre el contexto en el cual aparece la violencia en ese medio. Fueron seleccionados al azar 23 canales de cable, cuya programación fue revisada en un lapso de 20 semanas. De allí se conformó una muestra de 2693 programas en la TV por cable, que ocuparon un total de 2500 horas de transmisión.

Los autores de esta indagación encontraron que los espectadores de estos programas:

“-Aprenden a comportarse de manera violenta,

-Comienzan a ser más insensibles a la violencia y

-Comienzan a ser más temerosos de ser atacados” [13].

Los perpetradores de delitos, quedaban impunes en el 73% de todas las escenas violentas.

En el 47% de los hechos de violencia, no se apreciaba perjuicio para las víctimas y en el 58%, no se mostraba dolor. Sólo el 16% de todos los programas indicaban el efecto negativo a largo plazo de la violencia, tanto sicológica como financiera y emocionalmente. En el 25% de los hechos de violencia, se encontró la presencia de armas de fuego. Y sólo el 4% de los programas violentos, enfatizó el tema de la anti-violencia [14].

¿Propicia más violencia la violencia en los medios?

Esa es la pregunta cardinal y que más debate suscita, en la evaluación de los contenidos de esta índole en los medios de comunicación. El profesor Brandon Certerwall, de la Escuela de Salud Pública de Washington, asegura que “si no hubiera televisión, hoy habría 10 mil asesinatos, 70 mil violaciones y 700 mil asaltos callejeros menos al año en Estados Unidos” [15].

También tajante pero además paradigmática del pesimismo ante el poco efecto de las indagaciones académicas al respecto, ha sido la opinión y la actitud del mencionado profesor George Gerbner, de la Escuela Annenberg de Comunicación de la Universidad de Pennsylvania, quien después de más de cuatro décadas de investigar el contenido en los medios decidió pasar, de la academia, al activismo social. Este especialista, fundó el 17 de marzo de 1996 el Movimiento por el Ambiente Cultural, en cuyo consejo consultivo participan varias docenas de los más destacados investigadores de la comunicación de masas en todo el mundo.

El doctor Gerbner había preparado en 1988 para la Unesco, el fundamental informe Violencia y Terror en los Medios de Comunicación. Allí se ofrecen los resultados de diversas investigaciones en el mundo, acerca de la violencia reportada o desplegada en los medios y la violencia en la sociedad. El informe, se sustentó en las respuestas de más de 4600 peticiones de datos sobre el tema que circularon en la comunidad académica internacional y fue complementado con indagaciones en bibliotecas y archivos de todo el mundo.

Ese estudio para la Unesco informó que según la evidencia disponible, “la exposición constante a las historias y escenas de violencia y terror, pueden movilizar tendencias agresivas, desensibilizar y aislar otras, intimidar a muchos y disparar acciones violentas en algunos”. Y concluía: “Hay una relación entre la violencia reportada por o desplegada en los medios y la violencia individual o de grupo, que es una realidad en las sociedades de nuestros días”. [16]

Para algunos especialistas, el problema no es sólo la cantidad de escenas violentas sino también, el carácter específico de la televisión como medio abierto a todos los públicos, que consumen prácticamente cualquier mensaje que se presente en la pantalla. “Mucha gente no tiene que esperar, planear o actuar para ver la televisión, porque la TV está encendida más de siete horas diarias en el hogar estadounidense promedio. Llega a nosotros de manera directa. Se ha convertido en un miembro de la familia, contándoles historias paciente, compulsiva, infatigablemente. Podemos elegir si leemos el New York Times, o a Dickens, o un libro de entomología. Nosotros escogemos escuchar a Bach o a Bartok, o al menos una estación de música clásica, o una estación de jazz, o de rock. Pero a la televisión, simplemente la miramos –sólo es preciso encenderla y mirar qué es lo que hay–” [17].

La respuesta cautelosa: no sabemos

En 1993, a raíz de una célebre petición suscrita por un millón 300 mil ciudadanos para que fuera expedida una legislación capaz de restringir la violencia en los medios, la Casa de los Comunes del Canadá formó una Comisión para estudiar este asunto. Después de hacer indagaciones propias y de escuchar opiniones en audiencias parlamentarias, ese grupo de trabajo concluyó:

“El Comité recibió las recomendaciones de los expertos acerca de que la violencia televisiva ocasiona tendencias agresivas y comportamientos antisociales en los individuos. El Comité comparte las conclusiones de los científicos sociales de que las causas de la violencia son muchas, complejas y en ocasiones interdependientes. Sin embargo, la evidencia científica sobre los efectos de la violencia en al televisión, según se nos dijo, es desigual y muy a menudo no concluyente, es débil y contradictoria. Enfrentados a la difícil tarea de determinar a cuál evidencia creer, tenemos que asumir la prudente perspectiva de que la violencia en televisión es uno de los muchos factores de riesgo que pueden contribuir a las tendencias agresivas y el comportamiento antisocial. Hemos encontrado claramente que la violencia desplegada en la televisión, refleja y moldea actitudes sociales insalubres. El alcance de sus efectos y la naturaleza precisa de la relación causal entre la violencia vista en la televisión y la violencia perpetrada en las vidas cotidianas de los canadienses, no son claros y requieren de futuros estudios.

“El Comité ha concluido que, aun cuando puede ser menor el riesgo de que la violencia en la televisión provoque tendencias agresivas y antisociales en ciertos individuos y posiblemente nunca sea probado de manera concluyente, tampoco puede ser ignorado. La falta de conclusiones definitivas de ese riesgo, nos ha mantenido distantes de recomendar que el gobierno legisle ahora en contra de la violencia en la televisión. En lugar de eso, hemos llegado a la conclusión de que el problema de la violencia en la televisión debería ser enfrentado de manera cooperativa, por parte de todos los actores, incluyendo a la industria, los padres y los gobiernos y con una mínima intervención legislativa. Simplemente legislar, generalmente en contra de toda la violencia en la televisión, podría ser un acercamiento draconiano para enfrentar lo que sólo es una pequeña parte de un problema mucho mayor: el problema de la penetrante violencia en nuestra sociedad” [18].

Legislar contra los contenidos considerados como violentos implica riesgos, entre otros, para la libertad de expresión. Sin precisiones suficientes –y cuando una ley requiere demasiadas explicaciones o ajustes casuísticos entonces no es una ley clara– podría vetarse tanto a la violencia en una serie televisiva sobre kung-fú, que en la transmisión de un juego de basketball o en las noticias sobre una manifestación callejera que terminó en enfrentamiento. De allí a los vetos políticos con pretexto de proteger a los televidentes de escenas violentas, habría poca distancia.

Pero al mismo tiempo, a fuerza de reparar en las desventajas de censura y autoritarismo posibles en la fiscalización sobre los medios, las sociedades y los gobiernos en los países en donde el de la violencia en los medios ha sido tema recurrente en la agenda de los asuntos públicos, se han quedado sin hacer nada, o haciendo poco. A últimas fechas, a partir aproximadamente de 1995, en distintos países se han desplegado algunas iniciativas novedosas, que comentamos en las páginas finales de este ensayo. Mientras se evalúan los resultados o no de esos intentos, puede considerarse que a lo más que se ha llegado para atenuar los contenidos violentos, es a exhortaciones a la responsabilidad de las empresas de comunicación y, en algunas ocasiones, a la promoción de medidas para que los televidentes, desde niños, aprendan a leer a los medios, es decir, a entender, discriminar y elegir dentro de la miríada de mensajes que nos ofrecen a cada momento. El contexto social y familiar, en todo caso, parece ser incuestionablemente influyente para determinar en qué medida afectan, o no, los mensajes violentos.

Un muy amplio estudio realizado recientemente también en Canadá, sobre los efectos de la violencia televisiva en los niños, era menos tajante que el anterior:

“Ninguna investigación ha examinado específicamente de qué manera el contenido violento afecta a los niños, pero hay alguna evidencia de que los niños pueden imitar el comportamiento de la televisión cuando dicho comportamiento es presentado de una manera simple, sin aspavientos e instruccional”

Esa investigación, ofrece descripciones específicas de la conducta que ante los medios asumen niños y adolescentes según sus edades y al cabo de una muy detallada revisión, concluye:

“Hay ciertas cosas que los padres pueden hacer para influir en el efecto que el contenido de la televisión tiene sobre sus niños. Sin embargo, un medio de entretenimiento que se propone satisfacer las necesidades del público canadiense, no debería estar saturado de contenido de tal manera potencialmente dañino, que los padres sean considerados negligentes si no están revisando constantemente qué es lo que miran sus hijos en la televisión. Los niños cuyos padres tienen la motivación y los recursos para ser intermediarios activos y vigilantes, podrán evitar muchos de los efectos negativos del contenido violento. Pero no todos los padres harán eso y, en realidad, los niños que suelen ser más vulnerables a los efectos de la violencia en la televisión pueden ser los únicos cuyos padres están menos dispuestos a ser mediadores vigilantes (por ejemplo, los padres abusivos o los padres de familias con penurias).

“Es completamente cierto que la violencia en la televisión no origina todas las causas de agresividad infantil y también es verdad que algunos niños son más susceptibles que otros a ser afectados por la violencia televisiva, y de todos modos esos son los niños que son más potencialmente agresivos. Pero el efecto de la violencia televisiva conduce a esos niños ‘en riesgo’ a ser más agresivos de lo que serían en otras circunstancias. Y aunque el grupo especialmente en riesgo debería ser una minoría de los televidentes, tienden a ser mayoría entre los agresores. Este hecho los hace, así como al contenido violento en la televisión, merecedores de nuestra atención” [19] .

Grupos de niños que ese estudio identificó como especialmente vulnerables a la violencia en los medios y de manera particular en la televisión, son: niños de grupos minoritarios y de inmigrantes, niños emocionalmente perturbados o que tienen dificultades de aprendizaje, niños de los que han abusado sus padres, familias con problemas (“los niños cuyas familias tienen más altos niveles de stress ven más televisión”)