Cuando comunicar se vuelve un crimen

Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.

Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.

El primero de junio pasado Camero, que  es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.

Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.

La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.

También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.

El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.

Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.

Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.

Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.

La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.

¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?

Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.

Publicado en eje central

Discúlpese, subprocurador

La Crónica, 15 de mayo

Desinformado, ignorante y grosero, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano se comportó con alarmante patanería el día que recibió a los representantes de una docena de organismos internacionales que vinieron a México para indagar atentados recientes contra periodistas y la libertad de expresión.

Era el 21 de abril pasado. Ese día se cumplían dos semanas del asesinato de las jóvenes locutoras, indígenas triquis ambas, de la radiodifusora comunitaria “La voz que rompe el silencio” en San Juan Copala, en Oaxaca. Era natural que ese episodio, hasta el día de hoy impune, dominara el interés de los delegados de organismos como el International Press Institute, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa,

También era explicable que, en vista de que las asesinadas formaban parte de una radiodifusora indígena, una de las voces más atendibles en esa reunión fuera la de Aleida Calleja, la inteligente vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y protagonista central del reciente empeño de esas emisoras para obtener su regularización en México.

Los delegados de la misión internacional que visitaba nuestro país durante la tercera semana de abril se habían entrevistado con periodistas y funcionarios de diversas instituciones. En ese recorrido era de especial importancia su encuentro con la autoridad del gobierno mexicano expresamente responsable de los temas que les interesan. Castro Lozano es subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República. Era posible suponer que pocos, como él, estarían minuciosamente enterados de episodios de persecución a comunicadores como el que desembocó en el asesinato de las locutoras indígenas Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.

Pero no. En aquella reunión el subprocurador Juan de Dios Castro manifestó una inquietante intolerancia, además de una patética ignorancia sobre asuntos en los que tendría obligación de estar bien informado.

Ante la insistencia de la representante de las radios comunitarias para subrayar que el asesinato de las locutoras triquis era una agresión contra periodistas, Castro se empeñó en regatearles esa condición. No eran mas que amas de casa, subrayó. ¿O qué, acaso tenían contrato como periodistas? Con paciencia franciscana, Calleja le explicó que en México para ser periodista no hace falta tener credencial, o una relación contractual formalizada de esa manera.

Esas aclaraciones tendrían que haber sido innecesarias porque entre los derechos humanos, de cuya reivindicación en la PGR es responsable el licenciado Castro, están los derechos de los periodistas. Ahora sabemos que para el subprocurador esa calidad profesional únicamente se alcanza cuando hay un contrato de por medio. Pero no es así como funcionan los medios de comunicación en México en donde, incluso cuando hay grandes sindicatos como en la radiodifusión, es infrecuente la existencia de contratos entre los periodistas y las empresas que difunden su trabajo.

El subprocurador cuestionó entonces la irregularidad de “La voz que rompe el silencio”, que no ha obtenido permiso legal para transmitir. Pero no era esa falta administrativa, sino el asesinato de dos locutoras lo que buscaba indagar la delegación de organismos entre los cuales también había representantes de las organizaciones Artículo 19, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas. Sería terrible que, para Castro Lozano, el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones no haya expedido el permiso de esa estación justificase el crimen contra las dos comunicadoras.

Pillado en falta una y otra vez, Castro Lozano dijo entonces que esos asesinatos ocurrieron en un estado en donde el gobernador forma filas en un partido que apoya a las radios comunitarias. El subprocurador suponía que el crimen por cuyas indagaciones le iban a solicitar explicaciones se había cometido en Guerrero, y no en Oaxaca.

El municipio en donde se encuentra San Juan Copala es Putla de Guerrero. Ese nombre llevó a la confusión de Juan de Dios Castro. Es entendible, pero aun así resulta inadmisible, que hubiera recibido a la delegación que lo visitaba sin documentarse acerca de los asuntos que iban a plantearle. Todavía más preocupante es el hecho de que, siendo responsable del área del gobierno mexicano destinada a indagar agresiones contra periodistas –la Fiscalía Especial de la PGR para esos asuntos depende del subprocurador Castro Lozano– ese funcionario ignorase en qué estado ocurrió el asesinato de las locutoras indígenas.

Encrespado el encuentro debido a los reiterados yerros del subprocurador, sus visitantes querían distender la conversación. Calleja le insistió en la pertinencia de las preocupaciones que le habían ido a manifestar y subrayó: “no veo, licenciado Castro, por qué nos trata como si fuéramos enemigos del Estado”.

En vez de aprovechar esa oportunidad para enderezar la reunión, el subprocurador la utilizó para ahondar sus diferencias con los delegados internacionales que habían acudido a su oficina y especialmente con la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias:

-“¡Usted sí. Usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!”, le recriminó Juan de Dios Castro a Aleida Calleja.

No obstante la estupefacción de sus interlocutores y la incomodidad evidente entre los visitantes internacionales, Castro no quiso entender las dimensiones del despropósito en el que había incurrido. Más tarde, para que no quedase duda –y de acuerdo con la crónica del reportero Álvaro Delgado publicada en Proceso del 4 de mayo– le hizo al representante del organismo internacional Capítulo 19, Darío Ramírez, el siguiente comentario acerca de Calleja; “Porque es mujer le tengo consideración y, además, está hablando con el subprocurador”.

Así que por dictamen del subprocurador de la PGR, la destacada ciudadana Aleida Calleja es enemiga del Estado mexicano.

Difícilmente el licenciado Castro Lozano habría podido enderezar esa descalificación de manera tan desafortunada e injusta.

La trayectoria de Aleida Calleja es pública y no hace falta que se le reivindique recordando episodios como el meritorio esfuerzo que encabezó hace un tres años para obtener la legalización de una docena de radiodifusoras comunitarias. Basta decir que, lejos de la paranoia o la perplejidad del subprocurador, las de esa acreditada luchadora social han sido convicciones plenamente identificadas con la reivindicación de las instituciones públicas y del Estado en nuestro país.

Fue precisamente la confianza en la capacidad del Estado y de las leyes, con todo y sus imperfecciones, lo que llevó a varias radios comunitarias a buscar su regularización jurídica hace algunos años. Ha sido esa certidumbre la que ha orientado el denuedo de Calleja y de muchos de sus compañeros que hoy pugnan por la existencia de una legislación que, entre sus reconocimientos a la diversidad deseable en la radiodifusión, ofrezca garantías a medios de comunicación de naturaleza comunitaria.

Así que lejos de estar enemistada con el Estado, Aleida Calleja es de las ciudadanas gracias a quienes todavía hay esperanzas para que el Estado en México represente de manera cabal a la sociedad.

Por eso las acusaciones que le endosó el subprocurador Juan de Dios Castro resultan especialmente inaceptables. Por eso las organizaciones internacionales cuyos representantes fueron agredidos, junto con Calleja, por ese funcionario, le han dirigido al presidente Felipe Calderón una carta razonadamente indignada en donde exigen una explicación y una disculpa pública del gobierno federal.

“Los miembros de la Misión Internacional –dice esa misiva– desean externar su preocupación ante la acusación realizada por el Subprocurador a una de las delegadas, así como la falta de profesionalismo que denotan los comentarios del titular de la Subprocuraduría, pues sus afirmaciones en torno al caso de las periodistas asesinadas fueron de mucha imprecisión, así como la falta de disposición percibida en la investigación y protección a periodistas. Lo sucedido nos parece grave cuando la acusación fue hecha por un funcionario de alto nivel y es el encargado de los derechos humanos y atención a víctimas del delito”.

Dislate o desliz, la actitud de Juan de Dios Castro Lozano llama la atención, además, a la luz de su trayectoria política. No es un improvisado. Ha sido diputado federal en cuatro ocasiones, fue senador entre 1994 y 2000, en el sexenio anterior fue presidente de la Cámara de Diputados y Consejero Jurídico de la Presidencia de la República. Aunque fuese en honor a esa trayectoria, pero sobre todo porque su conducta le está ocasionando al gobierno del que forma parte más problemas de los que resuelve, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano debería disculparse. O renunciar.

Los medios ante el conflicto en Oaxaxa

Oaxaca, el conflicto sigue vivo
Continúa la resistencia de los rebeldes

Noé Torres Briseño, Univision Online

23 de Febrero de 2007 

CIUDAD DE MÉXICO – A tres meses de que supuestamente culminara uno de los más graves conflictos sociales del país, Oaxaca aún no resuelve sus problemas y tanto rebeldes como autoridades locales y federales siguen enfrentados en una lucha que generó pérdidas económicas por más de $370 millones y dejó 15 muertos.

Ulises, el villano favorito

Días después del repliegue de los simpatizantes de la APPO del centro histórico de Oaxaca, en noviembre pasado, sondeos de opinión dejaron ver que entre los distintos actores implicados en el conflicto, los oaxaqueños percibían una mayor responsabilidad de que no se encontrara una solución, en la figura del gobernador local Ulises Ruiz.

Con buen trecho de distancia, los oaxaqueños también atribuían la nula solución al conflicto a las malas actuaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO, la organización rebelde que protagonizó el levantamiento en la entidad) y del ex presidente mexicano Vicente Fox.

“Enorme discriminación”

Pero para Jesús López Rodríguez, vocero de la APPO, los resultados emitidos por las casas encuestadoras no tienen validez alguna, en tanto son un mero reflejo “de la enorme discriminación a los movimientos sociales de México” por parte de quienes habitan en las esferas del poder.

En entrevista con Univision Online explicó que como parte de una estrategia de desprestigio, líderes políticos y empresariales han realizado una serie de recomendaciones al gobierno de Ulises Ruiz para destruir su movimiento revolucionario.

Entre ellas, aseguró, “aconsejaron a las autoridades del estado derribar a las principales cabezas de la APPO” con la intención de apagar todo el movimiento, además dijo que exhortaron a Ulises Ruiz a emprender una campaña de imagen pública para erigirse como una víctima de la violencia provenida de los rebeldes.

Apoyo incondicional

Desde el principio del movimiento, manifestó el portavoz de la APPO, hemos sido víctimas de una campaña mediática nacional que intenta denigrarnos y hacernos ver como unos rufianes, pero no es así, tanto que durante todo este tiempo hemos recibido el apoyo incondicional de distintos sectores de la población.

“Esto lo evidenciamos en la pasada ‘megamarcha’ del 3 de febrero en el centro histórico de Oaxaca”, donde de acuerdo con reporteros de los diferentes medios de comunicación que estuvieron presentes, los rebeldes convocaron a unos 20 mil simpatizantes.

La apreciación de la gente

No obstante, el doctor Raúl Trejo Delarbre, uno de los especialistas en medios de comunicación más reconocidos de México, proporcionó una serie de afirmaciones contrarias a las aseveraciones hechas por Jesús López Rodríguez, miembro de la APPO.

Explicó que las encuestas sobre Oaxaca, al igual que el resto de los sondeos que se hacen en el país, ofrecen datos fidedignos y debemos tomarlos en cuenta como lo que son, “apreciaciones de lo que opina un segmento de la sociedad en un momento específico”.

No hay certeza de que estén amañados por sus realizadores, ni mucho menos son oráculos, ni instrumentos para predecir el futuro, si se realizan con rigor metodológico son una suerte de fotografía que retrata lo que percibe la población en un momento y lugar específicos.

PFP, Gobernación y la APPO

En ese sentido, los mencionados sondeos revelaron que entre las diversas instituciones y personas que se vieron implicadas en el conflicto, los que generaron una mayor aprobación por la manera como se condujeron fueron la Policia Federal Preventiva y los empresarios de Oaxaca, cuya economía disminuyó en un 90 por ciento.

Le siguen los medios de comunicación, el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal y los congresistas del país. En contraste quienes se pensaba actuaron de manera menos correcta son los dirigentes de la APPO, así como el PRI y el PRD (las principales fuerzas políticas en el estado).

Una cobertura equilibrada

Tomando en cuenta esos resultados, el doctor Trejo Delarbre reconoció el trabajo periodístico de los medios nacionales e internacionales durante los meses que lleva el movimiento político social.

“Aparentemente fue equilibrado, considerando que dejaron escuchar las distintas voces tanto de los hombres del poder político y los empresarios, así como de la población oaxaqueña y los dirigentes y bases de la APPO“, explicó.

Sin embargo, dijo, al final las comparecencias de los rebeldes en los medios fueron más bien desafortunadas, conformadas por declaraciones fundamentalistas y soberbias que declinaron en cierto rechazo de la población en el país.

Tranquilidad y sosiego

Reconoció además la prontitud con la que el movimiento dejó de ser noticia en los medios de comunicación, dando paso a emisiones publicitarias de las riquezas turísticas de la región, el motor de la economía local, que en los pasados meses regristró pérdidas por unos 60 millones de dólares.

“Las oficinas de los diarios operan bajo las premisas de la espectacularidad y lo novedoso, la revuelta social de Oaxaca se fue desgastando conforme pasaron los días, lo cual derivó en hartazgo por parte de los medios y de las audiencias que produjo la búsqueda de nuevos temas de noticia”, indicó.

A medida que los miembros del movimiento desocuparon el Centro Histórico de la capital de Oaxaca, reapareció entre la gente una sensación de tranquilidad entre las audiencias que, aunado a la decreciente cobertura de los medios de comunicación, resultó en un sentimiento de que todo volvía a la normalidad.

Excesos policiacos

No obstante, Jesús González, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los organismos que han seguido el problema social desde sus inicios, criticó el reconocimiento popular respecto a la labor de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca.

“Ciertamente hay una percepción de que la PFP cumplió con su deber al haber ingresado a la entidad para contener el movimiento, sin embargo diferentes organizaciones de derechos humanos denunciaron las distintas violaciones a las garantías individuales de muchos de los detenidos”, indicó.

“Documentaron los excesos de la fuerza pública, la desaparición de decenas de personas, la existencia de grupos parapoliciacos que operaron bajo el auspicio del gobierno local, entre otras muchas irregularidades”, explicó el ahora defensor de derechos humanos independiente.

Socialmente, argumentó, el apoyo de la gente a la PFP se debió más a la necesidad de paz y estabilidad en la región que a una presunta desaprobación a las causas de la APPO.

La salida de Ruiz

Finalmente, los sondeos dejan ver que el movimiento culminaría definitivamente hasta que Ulises Ruiz abandone el poder político de Oaxaca.

Ante la hipotética situación de que hubiera una consulta pública para someter a consideración popular la permanencia de Ulises Ruiz en el gobierno, los estudios revelan que la mayoría de la población se inclinaría porque no terminará su mandato, mientras que sólo unos cuantos oaxaqueños lo refrendarían en el gobierno del estado”.

Pero para Jesús González, estudioso del problema oaxaqueño, la salida de Ruiz sería el detonante para logar reformar estructures de fondo, más no el objetivo final del movimiento, pues el problema no comenzó con su llegada al gobierno, sino fue su mandato el que agudizó las tensiones en la entidad.

“Su relevo en el poder, propiciaría un ambiente de entendimiento entre las diferentes partes y favorecería transformaciones políticas y sociales, que derivarían en el mejoramiento al acceso a la salud, la educación y la disminución de la pobreza.”

Nueves meses de caos

En mayo de 2006, unos 70 mil profesores agrupados en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron una serie de bloqueos y marchas en demanda de un aumento salarial para su gremio, pero fueron desalojados violentamente por la policía local presuntamente instigada por el gobernador Ulises Ruiz.

Al movimiento social se unieron otras agrupaciones opositoras al gobernador degenerando en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que exigía la caída de Ruiz. Los rebeldes tomaron el centro histórico y las instalaciones de la universidad pública de la ciudad. El asunto llegó hasta el Congreso mexicano y el gobierno federal.

Fue así que el entonces presidente Vicente Fox ordenó la entrada de la Policía Federal Preventiva provocando una violenta crisis que dejó más de 15 muertos y 140 detenidos, entre ellos los principales dirigentes del movimiento.

Radio digital terrestre. Carta abierta al Presidente Electo de México

México, D.F., a 20 de septiembre de 2006

 

 

LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO

 

ARQ. PEDRO CERISOLA Y WEBER

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

 

P R E S E N T E

 

Ante la posibilidad  de que antes de que concluya esta administración o en los primeros 100 días del próximo gobierno se tome una determinación sobre el estándar digital de radio terrestre que se desarrollará en México, las instituciones y personas abajo firmantes les expresamos las siguientes consideraciones:

 

1. El proceso de convergencia digital está lejos de ser una simple transición tecnológica. Tiene implicaciones de interés público como promoción de la competencia en el sector, ampliación de servicios de información y comunicación a nivel comunitario, optimización en el uso del espectro radioeléctrico, acceso a nuevos servicios de telecomunicaciones, promoción de contenidos locales y de la diversidad cultural. También es una ventana de oportunidad para los planes de desarrollo de cualquier Estado por el acceso más amplio a servicios e información relacionada con la salud, el desarrollo humano sustentable, la justicia, entre otros.

 

2. Por el impacto económico, social y político que tendrá en nuestro país la elección del estándar digital para la radio terrestre, es indispensable que la sociedad cuente con la información que sobre el tema han analizado las autoridades. Hasta ahora no existe información pública sobre las recomendaciones que el Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, creado mediante acuerdo del gobierno de Ernesto Zedillo, en julio de 1999, ha hecho en esta materia, ni sobre las pruebas que supuestamente ha llevado a cabo de los diferentes sistemas digitales que actualmente se encuentran disponibles en el mundo.

 

3. Es imprescindible que la sociedad no sólo sea informada, sino también participe en la discusión y en la toma de decisiones en un tema fundamental en materia de medios, comunicación y democracia. El Comité Consultivo de Tecnologías Digitales para la Radiodifusión, entre cuyas atribuciones se encuentra la recomendación del estándar digital para la radio terrestre, sólo está integrado por seis personas: tres que representan a la SCT y tres que representan a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). No existe hasta ahora la representación ni participación en la toma de decisiones de los medios de servicio público ni de las radios comunitarias. Tampoco participan otros actores que mucho enriquecerían los diagnósticos y la toma de decisiones como la academia, las asociaciones de ingenieros y técnicos en radiodifusión o las empresas fabricantes de receptores y equipos. Es de suma relevancia que en la determinación de las políticas públicas en radiodifusión y telecomunicaciones, el gobierno sea incluyente y cuente con una visión amplia e integradora de las necesidades y expectativas de todos los actores, tanto públicos como privados.

 

4. No debe soslayarse que en los países en los cuales ya se ha iniciado este proceso tecnológico, la participación plural de sectores representativos en decisiones de esta naturaleza ha sido tomada con toda la seriedad y formalidad necesarias. En México es necesario ir por ese camino. Esto permitiría a las autoridades transitar de manera transparente y con criterios democráticos en la enorme responsabilidad que tienen frente a la sociedad.

 

Agradecemos de antemano su atención a la presente y nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

 

A T E N T A M E N T E

 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en México

Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC)

Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI)

Fundación Manuel Buendía

Revista Mexicana de Comunicación

Revista Zócalo

 

Alma Rosa Alva de la Selva, Aleida Calleja, Vicente Castellanos Cerda, Javier Corral Jurado, Javier Esteinou Madrid, Fátima Fernández Christlieb, Daniel Iván García Manríquez, Felipe León López, Patricia Maldonado Reynoso, Jorge Meléndez, Carlos Padilla Ríos, Omar Raúl Martínez, Claudia Segura Medina, Beatriz Solís Leree, Gabriel Sosa Plata, Raúl Trejo Delarbre, Aimée Vega Montiel.

 

Contacto: Representación AMARC México. Tel: 572 49 61

Correo electrónico: aleidda@prodigy.net.mx

_______________

 

c.c.p. ARQ. HÉCTOR OSUNA JAIME, Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)

Comunitarias: de once, diez

Crónica, 14 de junio de 2005

Pian pianito, las radiodifusoras comunitarias van ganando un sitio propio en el panorama de nuestros medios de comunicación. De la misma manera que en otros países de América Latina esas emisoras –creadas en y a veces por comunidades que buscan ventilar sus preocupaciones en espacios no comerciales del espectro electromagnético– en México logran legitimidad y presencia públicas.

   A la delegación mexicana de la Asociación Mundial de Radiodifusoras Comunitarias, AMARC, le llevó más de dos años gestionar la regularización legal de varias de esas emisoras. Instaladas en comunidades pequeñas, con transmisores de baja potencia, la mayor parte de ellas no había tramitado el permiso legal entre otros motivos porque no existen normas claras para ello.

   Con ese pretexto el gobierno hostigó a varias estaciones comunitarias, atendiendo a exigencias de los radiodifusores más poderosos. Esos empresarios mantienen una concepción patrimonialista del espectro radiofónico, como si fuera de ellos y no de la Nación, y han rechazado a las comunitarias.

   Todavía hace dos semanas el presidente de esos empresarios, Alejandro García Gamboa, se opuso a que el tema de las radios comunitarias formara parte de la agenda que prepara la Secretaría de Relaciones Exteriores para definir las posiciones de México en la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que se realizará en Túnez, en noviembre próximo.

   Frente a malquerencias como ésa y sin desesperanzarse ante los complejos trámites que tuvieron que realizar, al día de hoy diez de once estaciones afiliadas a la AMARC han recibido de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el permiso para transmitir.

   Hasta ahora, la única radiodifusora comunitaria que tenía autorización legal era Radio Teocelo, que en 1966 recibió permiso para transmitir en Amplitud Modulada en esa zona cafetalera de Veracruz. Ahora, junto con ella, hay otras diez comunitarias con permiso.

   El 6 de diciembre de 2004 la SCT entregó permisos a Radio Jen Poj de Santa María Tlahuitoltepec en el noreste de Oaxaca y a Radio Uandárhi de Uruapan, Michoacán. La primera de ellas transmite para una comunidad mixe. Radio Uandárhi fue creada hace tres años en la zona purépecha para difundir ese idioma y las tradiciones locales así como para recibir programas educativos.

   El 18 de diciembre fueron expedidos los permisos de Radio Ecos de Manantlán de Zapotitlán Vadillo, Jalisco, Radio Nandía en Mazatlán Villa de Flores en Oaxaca y Radio Tepalcatepec en la población michoacana de ese nombre. Ecos de Manantlán transmite en la zona del Volcán de Colima y surgió de la fusión de tres emisoras que el gobierno federal había cerrado un año antes. Radio Nandía transmite en mazateco y náhuatl y Radio Tepalcatepec se dirige a un público de campesinos, muchos de los cuales frecuentemente van a trabajar a Estados Unidos.

   El 14 de febrero pasado recibió su permiso Radio Huayacocotla, una de las estaciones comunitarias de mayor presencia y tradición, que desde hace cuatro décadas transmite en onda corta en el norte de Veracruz y ahora lo hará en Frecuencia Modulada. Esa emisora llevaba 27 años solicitando el permiso legal y difunde lo mismo sones huastecos que recomendaciones agrícolas para el público campesino que la escucha.

   El 14 de marzo la SCT aprobó el permiso para Radio Erandi de Tangancícuaro, Michoacán. Sus transmisiones las hace en purépecha.

   El 22 de abril le tocó recibir su permiso a “Radio Calenda La Voz del Valle” ubicada en San Antonino de Castillo Velasco, Oaxaca, y que difunde, entre otros, programas de asesoría agropecuaria y consejos en temas de salud para radioescuchas zapotecos.

   El 9 de mayo La Voladora, que transmite en Amecameca, Estado de México y que durante 5 años ha orientado a los habitantes de la zona del Popocatépetl, recibió el permiso legal.

   Y el 31 de mayo pasado la asociación civil Comunicadores del Desierto que trabaja en Hermosillo, Sonora, consiguió el permiso –que había solicitado hace cinco años– para operar Radio Bemba. Esa estación mantiene una programación alternativa a la que ofrecen las radios comerciales con una serie sobre rock mexicano, un noticiero ecológico y programas de educación sexual, entre otros contenidos.

    Falta el permiso para Omega Experimental en Texcoco, Estado de México. Al parecer la SCT considera que la señal de esa emisora podría llegar hasta el Distrito Federal y por eso su autorización se ha postergado.

   Diez de once –falta una– es excelente saldo para el tesón de las radios comunitarias que encabeza Aleida Calleja, representante de AMARC en México. La fase que sigue no será menos difícil. Ya con permiso, esas radiodifusoras necesitan recursos para subsistir. Las comunidades que las alientan, pero también el resto de la sociedad interesada en ellas, tendrán que hacer esfuerzos de imaginación y desprendimiento en esa nueva etapa.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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Conjura, que algo queda

La Crónica, 20 de enero de 2005

Mentir, confundir, distorsionar: ese ha sido el recurso que, a falta de argumentos sólidos, emplean los empresarios de la radiodifusión para oponerse a que sea actualizada la ley de radio y televisión. Esta vez, lamentablemente, han aprovechado un descuidado y desafortunado reportaje publicado ayer como nota principal en La Crónica de Hoy.

Derrotados en el terreno de la discusión pública, los adversarios de la reforma legal acuden ahora a inventar una supuesta conspiración de fuerzas oscuras para apropiarse de los medios. Afirman que detrás de la ley que se discute en el Senado está el intento del PRD y Andrés Manuel López Obrador para promover su proyecto político.

Ayer por la mañana en el noticiero de Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula Javier Tejado, uno de los asesores de los empresarios de esa industria, aseguró que el proyecto de ley “está hecho con un ánimo de intenciones políticas”.

Horas más tarde, en la misma emisora y con Joaquín López Dóriga, un ex presidente de los radiodifusores, Emilio Nassar, dijo acerca de esa reforma: “esto es muy peligroso, esta ley que se quiere implantar va ligada con las estaciones ilegales y comunitarias, sería un retroceso enorme del país y no obedece a los intereses y la realidad de los mexicanos sino a intereses extranjeros”.

El pretexto para esas declaraciones fue la información publicada en Crónica sobre la supuesta existencia de 124 estaciones ilegales de radio y televisión. En esa nota se confunde a las emisoras que desde hace años han buscado su regularización jurídica con otras, aparentemente manejadas por varios municipios del PRD.

La información es errónea al menos en algunos casos. A la estación comunitaria en Mazatlán Villa de Flores en Oaxaca se la califica como “clandestina” cuando su existencia es ampliamente conocida porque se trata de una de las radiodifusoras que exigieron su reconocimiento legal, el cual obtuvo en diciembre pasado.

En la misma nota, el manejo de esa emisora se le adjudica el PRD cuando en realidad es propiedad de una asociación civil y en el municipio en donde transmite las elecciones se realizan por el sistema de usos y costumbres.

La lista de emisoras sin autorización incluye un supuesto canal 7 de televisión del gobierno de Chiapas, en Comitán. Pero la repetidora en esa localidad de la red gubernamental chiapaneca transmite por la frecuencia del canal 33.

La fuente que entregó ese documento engañó al reportero José Contreras y a su periódico. Pero la publicación de esa nota sirvió como subterfugio a los voceros de los empresarios de la radiodifusión para reanudar sus ataques a la reforma legal.

Emilio Nassar, que fue presentado como “primer vicepresidente de la Asociación Internacional de Radio y Televisión” aunque se trata de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, dijo que al proyecto de ley que se ha elaborado en el Senado lo orientan los principios del Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación, la tendencia de cambio en los medios que fue desarrollada en numerosos países en los años setenta. Según ese empresario, aquel “movimiento internacional (era) financiado por grupos ideológicos”.

En realidad los legisladores que promueven esa reforma no han tenido que ir muy lejos, ni geográfica ni cronológicamente, para advertir la necesidad de que los medios electrónicos en México tengan una normatividad moderna. El mismo Nassar, involuntaria y transparentemente, le confió a López Dóriga por qué a algunos empresarios les preocupa tanto la propuesta de ley. Lo que no quieren es que haya competencia en la radiodifusión: “en el momento en que las autoridades dieran indiscriminadamente concesiones, o permisos con posibilidad de comercializar, entraríamos en una espiral de quiebra”. Quieren ser los únicos en ese negocio.

Las comunitarias que transmiten sin permiso no les inquietan a esos empresarios por la audiencia que alcancen, ni por la ilegalidad en la que puedan incurrir. Solamente les interesan como pretexto para descalificar el trabajo legislativo que podría acotar los desmedidos privilegios que hasta ahora han disfrutado.

No dijo cuáles son, pero según Nassar con el proyecto de ley “estas organizaciones extranjeras quieren meterse por la cocina, por la puerta de atrás a México”. El corte diazordacista, la paranoia y el macartismo de ese vocero empresarial, no alcanzan a encubrir dos rasgos fundamentales de su discurso. Los actuales concesionarios creen que la televisión y la radio son suyas y no de la Nación como todavía dicen nuestras leyes. Y acostumbrados a tratar a sus públicos como mentecatos, creen que la sociedad se creerá la fábula que tratan de enderezar: una conjura extranjera para apoderarse de la radiodifusión mexicana y –con propósitos hasta ahora inexplicados– promover al jefe de Gobierno del DF. Se les olvida que a López Obrador lo que le interesa fervientemente, en el plano de los medios, es el beneplácito de Televisa.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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Radio Huayacocotla

La Crónica, febrero 17 de 2005

Después de 27 años de haberlo solicitado, el lunes pasado –14 de febrero– Radio Huayacocotla recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el permiso que legaliza sus transmisiones en la población de ese nombre al norte de Veracruz.

Se trata de una de las más antiguas y esforzadas radiodifusoras comunitarias que no por gusto, sino por negligencia de las autoridades, no han tenido autorización legal para transmitir.

Creada en 1965 como escuela radiofónica, pronto comenzó a difundir cursos de alfabetización y otros programas didácticos en onda corta. Suman millares los veracruzanos que aprendieron a leer y escribir gracias a esa emisora. Luego diversificó su programación para darle espacios significativos a la música de la región –sones huastecos, huapangos, corridos– y a series de recomendaciones prácticas para el trabajo del campo.

A pesar de la dificultad para sintonizarla, esa emisora se ganó y mantiene la preferencia de las comunidades de la región. Aunque surgieron nuevas emisoras de carácter comercial y que transmiten en bandas radiofónicas más accesibles, muchos campesinos siguieron utilizando receptores adaptados para sintonizar la frecuencia de Radio Huayacocotla en onda corta. La comunicación –en el sentido más cabal de ese término– que ha entablado entre las comunidades de la zona, le ha permitido a la emisora ser auténtico instrumento de servicio público y en más de una ocasión la ha enfrentado con grupos caciquiles de por allá.

Durante varias décadas, además del servicio que ofrece a su auditorio, Radio Huayacocotla ha sido escuela práctica para docenas de generaciones de alumnos de comunicación de la UAM y la UNAM. En sus inicios también estuvo ligada, de manera importante, a la Universidad Iberoamericana.

Precisamente en la UIA, hace tres semanas el senador Carlos Rojas Gutiérrez recordaba la hazaña de esa emisora, cuyo trabajo conoció a fines de los años setenta cuando dirigía un centro del Instituto Nacional Indigenista en la Sierra Norte de Veracruz. Radio Huayacocotla funcionaba gracias a “un grupo de campesinos, de líderes agrarios y de servidores públicos, yo les llamaría así también, aunque no cobraban en el gobierno… esta radio cubría un espacio fundamental en la región que estaba vacío, no había ninguna otra posibilidad de comunicación sobre las cuestiones que le interesaban a los indígenas y a los campesinos de esa región; había un noticiero local, con los chismes del pueblo y con las cuestiones propiamente de los grupos y las organizaciones campesinas”, dijo Rojas.

Ese senador priista relató que desde aquella época la radiodifusora quiso tramitar su permiso y aun no lo recibía. Al contrario, en varias ocasiones Radio Huayacocotla fue perseguida por el gobierno federal y hace pocas semanas se le mencionó entre las estaciones que a juicio de los radiodifusores comerciales debían ser sancionadas y clausuradas.

Por fortuna no ha ocurrido así. El permiso legal a Radio Huayacocotla desmiente esas posturas (aunque, en otros terrenos, la reticencia a la reforma jurídica para la radiodifusión esté paralizando el trabajo legislativo como se manifestaba anoche en la audiencia senatorial sobre ese tema).

Gracias a sus propias gestiones y a las que ha mantenido la Asociación Mundial de Radiodifusoras Comunitarias, de la cual Radio Huayacocotla es integrante, esa emisora transmitirá con validez legal en un espacio en Frecuencia Modulada. Con ella, van seis radiodifusoras comunitarias recientemente legalizadas.

El permiso a Radio Huayacocotla se añade a los que se han expedido a favor de cinco emisoras en Jalisco, Michoacán y Oaxaca. La delegación mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias sigue exigiendo la regularización de Radio Calenda en Oaxaca, Radio Erandi en Tangancícuaro, Michoacán, Radio Bemba en Hermosillo, La Voladora Radio en Amecameca y Omega Experimental en Texcoco. Esas emisoras entregaron hace varios meses la documentación que las secretarías de Comunicaciones y Gobernación les pidieron para otorgarles el permiso.

Con permiso. La lid de las radios comunitarias

Prólogo al libro Con permiso. La radio comunitaria en México de Aleida Calleja y Beatriz Solís. Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras instituciones, México, 2005.

Victoriosa y ejemplar, la lid de las radiodifusoras comunitarias por obtener su reconocimiento legal ha sido uno de las escasos episodios –quizá el único– en donde, en el transcurso del gobierno del presidente Vicente Fox, un grupo de la sociedad ha logrado enfrentar con éxito a la mediocracia comunicacional. Acaso ni siquiera sus propios protagonistas hayan advertido las dimensiones de ese triunfo. En un panorama nacional dominado por las grandes empresas de comunicación, a cuyo capricho y dicterios el gobierno federal y los partidos políticos se han sometido una vez y otra también, las comunitarias libraron una modesta pero eficaz batalla para que fuese reconocido su derecho a transmitir por radio.

La expedición de los permisos a todas y cada una de las once estaciones que habían entregado su documentación ha permitido reconocer no sólo que esas emisoras y sus promotores tenían razón cuando se afanaban por el reconocimiento legal. Además, en el transcurso de esas difíciles gestiones se pudo advertir la complejidad de tensiones e intereses que entraron en pugna para impedir o favorecer la expedición de tales licencias.

Las radiodifusoras comunitarias tenían una presencia modesta, casi imperceptible, en el escenario de la comunicación mexicana. Escasas y dispersas, con un alcance acotado a pequeñas regiones o poblaciones, varias de ellas llevaban años de transmitir sin que su existencia fuese considerada lesiva para los consorcios que acaparan casi todos los recursos de radiodifusión en México. Sin embargo, en una actitud que nunca ha sido cabalmente explicada, los empresarios más poderosos en esa industria decidieron combatir a las pequeñas comunitarias desde los primeros momentos del gobierno del presidente Fox.

Posiblemente se trataba de un intento de la Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión para cohesionar a sus afiliados. Al denunciar a las pequeñas estaciones comunitarias como si se tratase de un adversario a sus negocios, los dirigentes de esa organización inventaron un espantajo que, además, querrían utilizar como carta de negociación con el poder político.

El gobierno federal, por su parte, expresó frecuente proclividad para ceñirse a las exigencias de esa Cámara y perseguir a las radiodifusoras comunitarias. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en alguna ocasión, lamentablemente, el Ejército Mexicano, actuaron en contra de varias de tales estaciones. Esas acometidas eran tan desproporcionadas e injustas que en otros flancos de la propia administración pública se expresaron actitudes de menor intolerancia.

Parapetadas en la delegación mexicana de la Asociación Mundial de Radiodifusoras Comunitarias, AMARC, esas estaciones y los grupos y ciudadanos que las impulsan supieron actuar unidos y entendieron la necesidad de dialogar pero, también, de hacer política en la sociedad mediática de nuestros días. La causa de las comunitarias fue compartida por ciudadanos de diversas adscripciones. Mientras otros flancos de la disputa por la democracia en los medios permanecían estancados o con resultados adversos, la AMARC logró que sus posiciones prosperasen gracias a una perspicaz mezcla de recursos jurídicos, políticos y publicitarios.

Este libro ofrece un recuento, interesado e intenso, del proceso que culminó en el reconocimiento legal de once radiodifusoras comunitarias. No se trata de una crónica definitiva porque una reconstrucción más amplia requeriría la incorporación de otras voces y fuentes de información. Pero sin lugar a dudas Con permiso será un testimonio indispensable no sólo para la historia de la radio no comercial en México sino, de manera más amplia, para saber qué ha sido, y por qué, de la comunicación de masas en los primeros años del siglo XXI en este país.

La que se encuentra en estas páginas tampoco es la última versión de la lid de las comunitarias porque, una vez que han obtenido el reconocimiento legal, estas radiodifusoras se enfrentan a nuevos y siempre difíciles retos. Resolver necesidades financieras, precisar y mejorar sus perfiles de programación y encontrar una ubicación propia dentro del paisaje comunicacional mexicano, forman parte del nuevo contexto de tales emisoras.

A los promotores de las radios comunitarias este libro les será útil como memoria de su historia reciente. Dichas experiencias, sólo tendrán sentido si esas emisoras mantienen la calidad, la originalidad y el compromiso que les han permitido ser reconocidas, y respaldadas, como expresión de una comunicación diferente.

La de las estaciones comunitarias, como todas las luchas sociales, es una historia de organizaciones y proyectos pero, antes que nada, de personas. La causa de las comunitarias se benefició del consejo inteligente y oportuno de Beatriz Solís, que participó de manera destacada en su defensa jurídica e institucional. Y desde luego esa causa no habría sido posible sin la creativa tenacidad, la oportuna vehemencia y el consistente compromiso de Aleida Calleja. La perspectiva personal de sus autoras, que dan cuenta de logros y saldos junto con juicios, congojas y dudas en este proceso, es otro mérito de Con permiso.