Zócalo, octubre de 2008
En el intento para competir por la preferencia de los radiodifusores, el presidente Felipe Calderón dispuso que los empresarios que ya tienen frecuencias en AM puedan tener, por ese solo hecho, estaciones en FM. El Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fue publicado el 15 de septiembre en el Diario Oficial tiene ese propósito esencial.
Con esa disposición administrativa, al parecer acordada días antes con los dirigentes de los radiodifusores privados, el gobierno federal quiso inhabilitar la propuesta de reforma legal que tres meses antes, el 4 de junio, habían presentado varios senadores del PRI encabezados por su líder camaral, Manlio Fabio Beltrones.
El Acuerdo gubernamental establece un nuevo procedimiento para que los empresarios de la radio en Amplitud Modulada puedan sustituir esas frecuencias por canales en Frecuencia Modulada. Varios de esos radiodifusores se han quejado de la caída de audiencias y por lo tanto de la disminución en la inversión publicitaria de sus estaciones en AM y han considerado que solamente transmitiendo en FM podrán remediar tales dificultades.
Esa postura de los radiodifusores de AM es discutible, en primer lugar porque en casi todo el mundo dicha frecuencia sigue convocando a auditorios muy amplios. En distintos países, la FM suele estar fundamentalmente destinada a la transmisión de música y la Amplitud Modulada es el espacio en donde se despliegan los programas de información y debate más escuchados. Aquí mismo, durante varios años el “Monitor” de José Gutiérrez Vivó ocupó los primeros lugares de audiencia en la ciudad de México –de acuerdo con los ratings que avalan las empresas de radiodifusión privadas– difundiéndose en dos modestas estaciones de AM. Los problemas que condujeron a la suspensión de ese proyecto radiofónico no se debieron a la falta de oyentes.
La especie de que la AM ha dejado de ser negocio podría ser refutada por numerosas experiencias. Pero en todo caso, es indudable que se volvió motivo de inquietud para muchos radiodifusores. A comienzos de 2006, un importante bloque de empresarios de la radio se manifestó contra la Ley Televisa fundamental, o únicamente, porque esa colección de reformas no satisfacía su pretensión para que a quienes tenían concesiones en AM, se les asignaran otras tantas en FM. Las radios “combos” se volvieron reiterada bandera de diversos radiodifusores.
La discriminatoria
iniciativa Beltrones
Con el afán de reintegrarlos a sus filas, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión compartió y esgrimió esa bandera de los radiodifusores de AM más inquietos en la pretensión por incursionar en la FM. El mismo día que se aprobó la Ley Televisa, algunos senadores propusieron enmiendas legales de última hora, que a la postre no prosperaron, para facilitar la asignación de tales frecuencias.
Las radios “combo” fueron demanda reiterada de los radiodifusores y, de esa manera, elemento de negociación con ellos por parte de la clase política. En junio de 2008 el senador Manlio Fabio Beltrones presentó una descuidada pero muy publicitada iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión para dar FM a quienes tienen AM. La asignación de esas frecuencias no tendría que estar sujeta a licitación alguna, a diferencia de los lineamientos que estableció un año antes la Suprema Corte de Justicia en su decisión acerca de la Ley Televisa. Tampoco tendrían que pagar por esos nuevos canales.
El afán de Beltrones para beneficiar a los radiodifusores privados antes que al interés público, era evidente cuando en esa iniciativa se precisaba que en aquellas plazas en donde no hubiese frecuencias suficientes para otorgarles FM a los actuales concesionarios de AM, se daría preferencia a las estaciones comerciales por encima de las no lucrativas.
“Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”: esa era la contundentemente mercantil explicación de dicha disposición, incorporada en tan explícitos términos a uno de los artículos transitorios de la iniciativa de ley.
Sorprendentemente, esa discriminación en contra de la radio pública no suscitó reclamos, al menos que se conocieran públicamente, por parte de las emisoras agrupadas en la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.
Esa propuesta se encontraba en la agenda del Senado y estaba siendo motivo de una insistente campaña de adhesiones en un spot del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión difundido en emisoras de todo el país. El beneplácito que la “iniciativa Beltrones” suscitaba entre empresarios y otros beneficiarios de esa industria resultaba evidente y no era para menos. A nadie, que ya hace negocio con una concesión de radio, le cae mal la asignación de otra más, sobre todo si se la adjudican sin mediar concurso ni pago de contraprestación alguna como indican las leyes actuales.
El interesado Acuerdo
del 15 de septiembre
El consenso que Beltrones y su partido estaban logrando entre los radiodifusores, preocupó tanto en el gobierno que, en el circuito inmediato al presidente Calderón, se resolvió enfrentar esa iniciativa con una resolución administrativa. El “Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital” permite a quienes tengan AM solicitar un canal en FM.
A diferencia de la iniciativa Beltrones, el Acuerdo gubernamental no propone la adjudicación automática de una nueva frecuencia. Los interesados deberían satisfacer varios requisitos, entre ellos demostrar que tienen capacidad tecnológica y financiera para transmitir por FM.
Además tendrían que pagar por la nueva concesión. Esa contraprestación sería determinada por la Secretaría de Hacienda a partir de una propuesta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que tome en cuenta la población cubierta por la nueva frecuencia y el valor del mercado de la publicidad, entre otros factores. Esos parámetros son relevantes porque es la primera vez que en un documento oficial se establecen criterios para determinar cuánto debiera costarle al beneficiario una concesión para transmitir por radiodifusión.
Otra novedad, en comparación con la iniciativa Beltrones, es que a las estaciones permisionadas que ya difunden en AM no se les margina de la posibilidad de acceder a la FM.
Frecuencias adicionales,
no en reemplazo de AM
El Acuerdo establece que a quienes tienen AM se les autorizaría el cambio de frecuencias para migrar a la FM. Pero tras su largo título y en su críptica formulación, se pretende disimular un engaño. No se trata de una sustitución, sino de la adjudicación de un canal adicional al que ya tienen los radiodifusores de AM.
El artículo 6º. del Acuerdo señala lo siguiente: “El concesionario o permisionario deberá continuar la operación de la frecuencia de AM, estando obligado a transmitir en forma simultánea el mismo contenido de programación en las frecuencias de AM y FM durante un año, contado a partir del cambio de frecuencias, salvo que en la cobertura de la estación de AM se encuentren poblaciones que únicamente reciben el servicio de AM, debiendo transmitir en forma simultánea el mismo contenido en ambas frecuencias por el tiempo que determine la Comisión en cada caso”.
En otras palabras, cuando la frecuencia de AM que ya opera el radiodifusor llegue a localidades que no alcanzan a ser cubiertas por la FM, ese empresario podrá conservar ambos canales. Resulta altamente probable que así ocurrirá en numerosos casos, porque la AM tiene una cobertura mayor que la FM. Así que los canales serían adicionales, no en reemplazo a los que ya tienen los radiodifusores de AM.
Furtiva aprobación del
nuevo estándar digital
El Acuerdo, expedido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene otras implicaciones. La fecha misma de su publicación en el Diario Oficial, el lunes 15 se septiembre, en medio de varios días de asueto nacional, sugiere el propósito para que pasara lo más desapercibido que fuera posible.
Ese documento no fue discutido con todos los interesados, como tendrían que haber sido los representantes de radiodifusoras públicas y comunitarias, así como las organizaciones sociales involucradas en el escrutinio de los medios de comunicación. Pero sí les fue presentado a los directivos de la CIRT, de acuerdo con la versión que al día siguiente, 16 de septiembre, publicó en El Universal Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información:
“En reunión privada el pasado viernes, el Presidente de la República y los directivos de la CIRT se apalabraron como siempre a espaldas de la sociedad para disponer indebidamente de lo que no es suyo. En encerronas se le ha ido arrancando a la nación enormes pedazos del patrimonio común. Se vuelve a ratificar la visión de que la radiodifusión sólo es asunto entre empresarios y gobierno, porque ni a los permisionarios los tomaron en cuenta”.
El Acuerdo de la SCT, pactado así por el presidente Calderón con los radiodifusores privados, podría tener una legalidad dudosa. Por lo menos su presentación no cumplió con todos los requisitos formales, pues no fue difundido previamente en el sitio web de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias, como establece la legislación al respecto.
Por otra parte, de manera indirecta, el Acuerdo indica que la SCT ya ha tomado una decisión acerca del estándar que tendrá la radiodifusión digital en México. Aquí han estado a discusión fundamentalmente dos opciones para que la radio se transmita en formato digital en vez de la plataforma analógica que ha tenido siempre. Una de ellas es el modelo IBOC (In Band On Channel) diseñado en Estados Unidos y que permite utilizar las mismas bandas de FM y AM que se emplean hasta ahora. El otro estándar es el Eureka 147, denominado también Digital Audio Broadcasting, que funciona en casi toda Europa. El modelo europeo permite mejor calidad de audio y que haya más estaciones, pero requiere el empleo de otras frecuencias, distintas a las actuales, dentro del espectro radioeléctrico (una descripción más detallada de los dos modelos apareció en Zócalo en octubre de 2006).
El Acuerdo del gobierno federal indica, en su artículo 7º: “La Comisión [Federal de Telecomunicaciones] llevará a cabo los trabajos correspondientes para determinar el estándar de radio digital que se utilizará en la banda de FM, a efecto de que en un plazo que no exceda de un año contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, proponga a la Secretaría una Política para que los concesionarios y permisionarios lleven a cabo la transición a la tecnología digital que corresponda”.
No está mal ponerle plazos a la Cofetel para que resuelva de una vez por todas cuál de los estándares de radio digital se va a emplear en todo el país. Desde julio de 1999 una Comisión de la SCT recibió esa encomienda. Apenas hace unos cuantos meses la Cofetel autorizó a emplear el estándar estadounidense en la frontera mexicana con ese país, a fin de que las emisoras de esa zona puedan ofrecer servicios digitales a sus audiencias habituales. Pero el mencionado artículo 7º. ya ofrece una decisión al indicar que el nuevo estándar digital empleará la banda de FM. De los modelos que han estado a discusión únicamente el IBOC, que se emplea en Estados Unidos, es el que se difunde por Frecuencia Modulada. Esa manera para resolver una discusión que lleva más de 9 años, no solamente es burocrática y opaca sino, además, autoritaria.
Tener una concesión no
da derecho a otra más
De espaldas a la sociedad y especialmente a escondidas de todos los interesados en el tema, por la vía del decretazo y no a partir de una deliberación franca y con razones, el gobierno del presidente Calderón insiste en congraciarse con los radiodifusores a costa del patrimonio nacional. No es otra la implicación principal del Acuerdo del 15 de septiembre. La adjudicación de nuevas concesiones, ahora en FM, a quienes ya tienen espacios de radiodifusión en otra banda, no obedece al interés de la sociedad sino a presiones de esos empresarios.
Entregar una nueva autorización a quien ya disfruta de la posibilidad de explotar comercialmente un recurso público, resulta irresponsable y de dudosa legalidad. En otro sitio escribimos recientemente que confiarle a un particular una concesión adicional simplemente porque la rentabilidad de la concesión que ya tiene no le resulta suficiente, equivale a suponer que el Estado debe resarcir con nuevos privilegios el déficit en los negocios de quienes ya cuentan con alguna licencia para usufructuar un bien nacional.
Si un particular que tiene una concesión para explotar una mina de cobre exigiera que, solamente porque ese mineral se ha agotado o porque su precio ha disminuido el Estado, le asignase ahora una concesión para usufructuar una mina de plata, esa petición parecería excesiva. Pero en el caso de los radiodifusores, ha existido tan escasa apreciación crítica sobre la utilización de las frecuencias que prácticamente se ha vuelto lugar común considerar que, cómo no, los pobrecitos concesionarios de AM se merecen ahora una frecuencia en FM. Ese contexto ha beneficiado, indirectamente, la propuesta Beltrones que no tuvo empacho para discriminar de manera expresa a los medios públicos y el Acuerdo del gobierno federal que enmascara el obsequio de una nueva frecuencia a quienes ya tienen AM.
Escrito por Raúl Trejo Delarbre 
diferencia en el caso Aristegui fue, junto con la notoriedad de la periodista, la reacción de millares de sus seguidores.
