Noticieros sin política

Publicado en Zócalo, septiembre 2009

La radio y la televisión hicieron una cobertura exigua de las campañas políticas durante la más reciente temporada electoral. Desplazadas por la discusión en torno a los spots que colmaban los tiempos estatales en los medios electrónicos, las noticias acerca de las actividades proselitistas de los partidos pasaron a segundo plano. Ese relegamiento no se debió necesariamente a la ausencia de interés periodístico de las informaciones que surgían de los actos de campaña sino, al menos en casos notorios, a una política informativa destinada a minimizar la cobertura de los eventos partidarios.

Algunos noticieros de la televisión nacional destinaron únicamente 3 o 4 minutos a esas informaciones en el transcurso de los dos meses de duración que tuvieron ahora las campañas electorales. Los noticieros que transmiten de lunes a viernes pudieron difundirse en 43 ocasiones durante el periodo de campañas, del 3 de mayo al 1 de julio. Algunos de ellos transmitieron, en promedio, menos de 5 segundos diarios de noticias electorales. En otros, particularmente en la radio, hubo más de 10 minutos diarios de noticias electorales.

Esas son algunas apreciaciones que se pueden hacer a partir del Monitoreo de noticieros que hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por encargo del Instituto Federal Electoral. Los resultados del Monitoreo, publicados por el IFE en su sitio en Internet, muestran la cantidad de minutos y segundos que ocuparon las informaciones electorales de cada partido durante el mencionado lapso. Con esa información, calculamos el total de minutos de una veintena de noticieros de radio y una decena de noticieros de televisión originados en la ciudad de México.

Radio politizada

En la radio matutina todos los noticieros analizados, excepto tres, le dieron más tiempo a las campañas del PAN que a otros partidos. La diferencia más notoria estuvo en el noticiero que conduce Eduardo Ruiz Healy en Radio Fórmula, con casi 40% de su espacio para noticias de esa índole destinado al partido en el gobierno.

Los noticieros más priistas, si se les evalúa por el espacio a cada partido, fueron los de Pedro Ferriz de Con en el Grupo Imagen (33.6%) y Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula (22.4%). Pulso de Radio Educación, que conduce Hilda Saray, destinó el 22.4% a notas sobre el PRD.

De todos los programas considerados en esta evaluación Antena Radio, que conduce Mario Campos en el IMER, fue el que más tiempo destinó a la cobertura de campañas con un total de 584 minutos. Allí, la asignación de tiempos a los partidos fue notoriamente equilibrada.

El más favorable al Partido Verde fue el noticiero de Carmen Aristegui en MVS Radio, en donde ese partido ocupó 118 de los 361 minutos dedicados a campañas políticas, el 32.7% de dicho espacio.

En los noticieros de media tarde, Fórmula de la Tarde conducido por Ciro Gómez Leyva dedicó 40.7% de esos espacios al PAN, en tanto que Joaquín López Dóriga, también en Radio Fórmula, destinó 33.7% al mismo partido.

En noticieros seleccionados y que se difunden a partir de las 6 de la tarde, las preferencias fueron más variadas. José Cárdenas Informa, en Radio Fórmula, le dio el 42.5% de su espacio a las noticias del PAN y solo 13% al PRD. La tercera emisión de Hoy por Hoy en W Radio, con Salvador Camarena, asignó al PRD casi el 39% de tales informaciones.

Todos estos datos, que hemos organizado en los cuadros adjuntos, han sido tomados y/o calculados a partir de la información del IFE. Colocada en línea desde mediados de julio, esa información no había sido desmentida por ninguna empresa de comunicación varias semanas después.

Televisión ausente

De los noticieros de televisión que elegimos para este cotejo, el más interesado en las campañas fue Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola por las mañanas en el canal 2 de Televisa. Ese programa les dio a las informaciones electorales 102 minutos; de ellos, algo menos del 31% fue para el PAN y una cantidad casi idéntica para el PRI. El noticiero matutino de Canal Once le dio más espacio al PAN (26.9%) que al PRI (22.6%).

Por las tardes, la televisión ignoró las campañas. Info7, de Televisión Azteca, se interesó en las notas sobre ese tema únicamente durante 3 minutos. El Noticiero con Lolita Ayala, en canal 2, destinó 4 minutos a ese asunto durante los dos meses de campañas. Dos de esos minutos fueron para el PRI, pero tratándose de universos tan limitados los porcentajes pueden ser escasamente significativos.

Por las noches, los noticieros de televisión ofrecieron algún contraste. Casi el 30% de las informaciones en el espacio de Joaquín López Dóriga en el canal 2 fueron para el PRD y el 23% para el PRI. Menos del 21% del espacio de esa índole en el noticiero emblemático de Televisa reseñó la información de las campañas panistas.

En cambio las notas en Hechos, que conduce Javier Alatorre en canal 13, fueron en un 27% para el PAN y solamente en 16.8% para el PRI. Las Noticias con Adela, de Adela Micha en el canal 9 de Televisa, destinó al PRD el 39.9% de sus espacios de campañas, al PAN 38.4% y al PRI únicamente 14.1%.

FM además de AM: regalo presidencial a radiodifusores

Zócalo, octubre de 2008

En el intento para competir por la preferencia de los radiodifusores, el presidente Felipe Calderón dispuso que los empresarios que ya tienen frecuencias en AM puedan tener, por ese solo hecho, estaciones en FM. El Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fue publicado el 15 de septiembre en el Diario Oficial tiene ese propósito esencial.

Con esa disposición administrativa, al parecer acordada días antes con los dirigentes de los radiodifusores privados, el gobierno federal quiso inhabilitar la propuesta de reforma legal que tres meses antes, el 4 de junio, habían presentado varios senadores del PRI encabezados por su líder camaral, Manlio Fabio Beltrones.

El Acuerdo gubernamental establece un nuevo procedimiento para que los empresarios de la radio en Amplitud Modulada puedan sustituir esas frecuencias por canales en Frecuencia Modulada. Varios de esos radiodifusores se han quejado de la caída de audiencias y por lo tanto de la disminución en la inversión publicitaria de sus estaciones en AM y han considerado que solamente transmitiendo en FM podrán remediar tales dificultades.

Esa postura de los radiodifusores de AM es discutible, en primer lugar porque en casi todo el mundo dicha frecuencia sigue convocando a auditorios muy amplios. En distintos países, la FM suele estar fundamentalmente destinada a la transmisión de música y la Amplitud Modulada es el espacio en donde se despliegan los programas de información y debate más escuchados. Aquí mismo, durante varios años el “Monitor” de José Gutiérrez Vivó ocupó los primeros lugares de audiencia en la ciudad de México –de acuerdo con los ratings que avalan las empresas de radiodifusión privadas– difundiéndose en dos modestas estaciones de AM. Los problemas que condujeron a la suspensión de ese proyecto radiofónico no se debieron a la falta de oyentes.

La especie de que la AM ha dejado de ser negocio podría ser refutada por numerosas experiencias. Pero en todo caso, es indudable que se volvió motivo de inquietud para muchos radiodifusores. A comienzos de 2006, un importante bloque de empresarios de la radio se manifestó contra la Ley Televisa fundamental, o únicamente, porque esa colección de reformas no satisfacía su pretensión para que a quienes tenían concesiones en AM, se les asignaran otras tantas en FM. Las radios “combos” se volvieron reiterada bandera de diversos radiodifusores.

La discriminatoria

iniciativa Beltrones

Con el afán de reintegrarlos a sus filas, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión compartió y esgrimió esa bandera de los radiodifusores de AM más inquietos en la pretensión por incursionar en la FM. El mismo día que se aprobó la Ley Televisa, algunos senadores propusieron enmiendas legales de última hora, que a la postre no prosperaron, para facilitar la asignación de tales frecuencias.

Las radios “combo” fueron demanda reiterada de los radiodifusores y, de esa manera, elemento de negociación con ellos por parte de la clase política. En junio de 2008 el senador Manlio Fabio Beltrones presentó una descuidada pero muy publicitada iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión para dar FM a quienes tienen AM. La asignación de esas frecuencias no tendría que estar sujeta a licitación alguna, a diferencia de los lineamientos que estableció un año antes la Suprema Corte de Justicia en su decisión acerca de la Ley Televisa. Tampoco tendrían que pagar por esos nuevos canales.

El afán de Beltrones para beneficiar a los radiodifusores privados antes que al interés público, era evidente cuando en esa iniciativa se precisaba que en aquellas plazas en donde no hubiese frecuencias suficientes para otorgarles FM a los actuales concesionarios de AM, se daría preferencia a las estaciones comerciales por encima de las no lucrativas.

“Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”: esa era la contundentemente mercantil explicación de dicha disposición, incorporada en tan explícitos términos a uno de los artículos transitorios de la iniciativa de ley.

Sorprendentemente, esa discriminación en contra de la radio pública no suscitó reclamos, al menos que se conocieran públicamente, por parte de las emisoras agrupadas en la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.

Esa propuesta se encontraba en la agenda del Senado y estaba siendo motivo de una insistente campaña de adhesiones en un spot del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión difundido en emisoras de todo el país. El beneplácito que la “iniciativa Beltrones” suscitaba entre empresarios y otros beneficiarios de esa industria resultaba evidente y no era para menos. A nadie, que ya hace negocio con una concesión de radio, le cae mal la asignación de otra más, sobre todo si se la adjudican sin mediar concurso ni pago de contraprestación alguna como indican las leyes actuales.

El interesado Acuerdo

del 15 de septiembre

El consenso que Beltrones y su partido estaban logrando entre los radiodifusores, preocupó tanto en el gobierno que, en el circuito inmediato al presidente Calderón, se resolvió enfrentar esa iniciativa con una resolución administrativa. El “Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital” permite a quienes tengan AM solicitar un canal en FM.

A diferencia de la iniciativa Beltrones, el Acuerdo gubernamental no propone la adjudicación automática de una nueva frecuencia. Los interesados deberían satisfacer varios requisitos, entre ellos demostrar que tienen capacidad tecnológica y financiera para transmitir por FM.

Además tendrían que pagar por la nueva concesión. Esa contraprestación sería determinada por la Secretaría de Hacienda a partir de una propuesta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que tome en cuenta la población cubierta por la nueva frecuencia y el valor del mercado de la publicidad, entre otros factores. Esos parámetros son relevantes porque es la primera vez que en un documento oficial se establecen criterios para determinar cuánto debiera costarle al beneficiario una concesión para transmitir por radiodifusión.

Otra novedad, en comparación con la iniciativa Beltrones, es que a las estaciones permisionadas que ya difunden en AM no se les margina de la posibilidad de acceder a la FM.

Frecuencias adicionales,

no en reemplazo de AM

El Acuerdo establece que a quienes tienen AM se les autorizaría el cambio de frecuencias para migrar a la FM. Pero tras su largo título y en su críptica formulación, se pretende disimular un engaño. No se trata de una sustitución, sino de la adjudicación de un canal adicional al que ya tienen los radiodifusores de AM.

El artículo 6º. del Acuerdo señala lo siguiente: “El concesionario o permisionario deberá continuar la operación de la frecuencia de AM, estando obligado a transmitir en forma simultánea el mismo contenido de programación en las frecuencias de AM y FM durante un año, contado a partir del cambio de frecuencias, salvo que en la cobertura de la estación de AM se encuentren poblaciones que únicamente reciben el servicio de AM, debiendo transmitir en forma simultánea el mismo contenido en ambas frecuencias por el tiempo que determine la Comisión en cada caso”.

En otras palabras, cuando la frecuencia de AM que ya opera el radiodifusor llegue a localidades que no alcanzan a ser cubiertas por la FM, ese empresario podrá conservar ambos canales. Resulta altamente probable que así ocurrirá en numerosos casos, porque la AM tiene una cobertura mayor que la FM. Así que los canales serían adicionales, no en reemplazo a los que ya tienen los radiodifusores de AM.

Furtiva aprobación del

nuevo estándar digital

El Acuerdo, expedido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene otras implicaciones. La fecha misma de su publicación en el Diario Oficial, el lunes 15 se septiembre, en medio de varios días de asueto nacional, sugiere el propósito para que pasara lo más desapercibido que fuera posible.

Ese documento no fue discutido con todos los interesados, como tendrían que haber sido los representantes de radiodifusoras públicas y comunitarias, así como las organizaciones sociales involucradas en el escrutinio de los medios de comunicación. Pero sí les fue presentado a los directivos de la CIRT, de acuerdo con la versión que al día siguiente, 16 de septiembre, publicó en El Universal Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información:

“En reunión privada el pasado viernes, el Presidente de la República y los directivos de la CIRT se apalabraron como siempre a espaldas de la sociedad para disponer indebidamente de lo que no es suyo. En encerronas se le ha ido arrancando a la nación enormes pedazos del patrimonio común. Se vuelve a ratificar la visión de que la radiodifusión sólo es asunto entre empresarios y gobierno, porque ni a los permisionarios los tomaron en cuenta”.

El Acuerdo de la SCT, pactado así por el presidente Calderón con los radiodifusores privados, podría tener una legalidad dudosa. Por lo menos su presentación no cumplió con todos los requisitos formales, pues no fue difundido previamente en el sitio web de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias, como establece la legislación al respecto.

Por otra parte, de manera indirecta, el Acuerdo indica que la SCT ya ha tomado una decisión acerca del estándar que tendrá la radiodifusión digital en México. Aquí han estado a discusión fundamentalmente dos opciones para que la radio se transmita en formato digital en vez de la plataforma analógica que ha tenido siempre. Una de ellas es el modelo IBOC (In Band On Channel) diseñado en Estados Unidos y que permite utilizar las mismas bandas de FM y AM que se emplean hasta ahora. El otro estándar es el Eureka 147, denominado también Digital Audio Broadcasting, que funciona en casi toda Europa. El modelo europeo permite mejor calidad de audio y que haya más estaciones, pero requiere el empleo de otras frecuencias, distintas a las actuales, dentro del espectro radioeléctrico (una descripción más detallada de los dos modelos apareció en Zócalo en octubre de 2006).

El Acuerdo del gobierno federal indica, en su artículo 7º: “La Comisión [Federal de Telecomunicaciones] llevará a cabo los trabajos correspondientes para determinar el estándar de radio digital que se utilizará en la banda de FM, a efecto de que en un plazo que no exceda de un año contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, proponga a la Secretaría una Política para que los concesionarios y permisionarios lleven a cabo la transición a la tecnología digital que corresponda”.

No está mal ponerle plazos a la Cofetel para que resuelva de una vez por todas cuál de los estándares de radio digital se va a emplear en todo el país. Desde julio de 1999 una Comisión de la SCT recibió esa encomienda. Apenas hace unos cuantos meses la Cofetel autorizó a emplear el estándar estadounidense en la frontera mexicana con ese país, a fin de que las emisoras de esa zona puedan ofrecer servicios digitales a sus audiencias habituales. Pero el mencionado artículo 7º. ya ofrece una decisión al indicar que el nuevo estándar digital empleará la banda de FM. De los modelos que han estado a discusión únicamente el IBOC, que se emplea en Estados Unidos, es el que se difunde por Frecuencia Modulada. Esa manera para resolver una discusión que lleva más de 9 años, no solamente es burocrática y opaca sino, además, autoritaria.

Tener una concesión no

da derecho a otra más

De espaldas a la sociedad y especialmente a escondidas de todos los interesados en el tema, por la vía del decretazo y no a partir de una deliberación franca y con razones, el gobierno del presidente Calderón insiste en congraciarse con los radiodifusores a costa del patrimonio nacional. No es otra la implicación principal del Acuerdo del 15 de septiembre. La adjudicación de nuevas concesiones, ahora en FM, a quienes ya tienen espacios de radiodifusión en otra banda, no obedece al interés de la sociedad sino a presiones de esos empresarios.

Entregar una nueva autorización a quien ya disfruta de la posibilidad de explotar comercialmente un recurso público, resulta irresponsable y de dudosa legalidad. En otro sitio escribimos recientemente que confiarle a un particular una concesión adicional simplemente porque la rentabilidad de la concesión que ya tiene no le resulta suficiente, equivale a suponer que el Estado debe resarcir con nuevos privilegios el déficit en los negocios de quienes ya cuentan con alguna licencia para usufructuar un bien nacional.

Si un particular que tiene una concesión para explotar una mina de cobre exigiera que, solamente porque ese mineral se ha agotado o porque su precio ha disminuido el Estado, le asignase ahora una concesión para usufructuar una mina de plata, esa petición parecería excesiva. Pero en el caso de los radiodifusores, ha existido tan escasa apreciación crítica sobre la utilización de las frecuencias que prácticamente se ha vuelto lugar común considerar que, cómo no, los pobrecitos concesionarios de AM se merecen ahora una frecuencia en FM. Ese contexto ha beneficiado, indirectamente, la propuesta Beltrones que no tuvo empacho para discriminar de manera expresa a los medios públicos y el Acuerdo del gobierno federal que enmascara el obsequio de una nueva frecuencia a quienes ya tienen AM.

Al capricho del poder mediático

La Crónica, 12 de junio

Al destituir a Santiago Creel, el PAN y el presidente Calderón se sometieron a un capricho de Televisa. Ni las desmañadas aunque ampulosas explicaciones de Germán Martínez, ni la extendida murmuración mediática, permiten llegar a otra conclusión. La remoción del coordinador de los senadores de Acción Nacional se dio a conocer y fue resuelta de manera inusitadamente descomedida. La insistencia en que se busca dar “un nuevo impulso” a la reforma petrolera confirma la estrecha apreciación que Martínez y su jefe inmediato, el presidente Felipe Calderón, tienen del trabajo legislativo.

La reforma para desarrollar la industria petrolera se encuentra en marcha, aunque por derroteros inciertos. De ello no tienen la culpa los senadores panistas sino la hasta ahora eficaz tarea de entorpecimiento que han desplegado los opositores de esa reforma, especialmente en el ajetreado PRD pero también en convenenciero PRI. Aparentemente el líder nacional del PAN, y quizá también el Presidente de la República, están insatisfechos con el debate sobre la cuestión petrolera que organiza el Senado. Pero el aburrimiento de esas discusiones y especialmente la marginación que en ellas ha tenido la iniciativa presidencial no se ha debido a indolencia de los legisladores panistas sino a circunstancias que los trascienden. El propio Germán Martínez hizo una exaltada pero fútil defensa de la propuesta de reforma presentada por el presidente Calderón.

La organización de ese debate no fue, como algunos han querido creer, resultado de la ocupación de los recintos parlamentarios que mantuvieron durante dos semanas los senadores y diputados del PRD. El debate ya había sido previsto, y anunciado, horas antes de ese bloqueo al trabajo legislativo. Por lo demás, si la iniciativa del presidente Calderón ha dejado de ser referencia central en las discusiones sobre el petróleo no se debe a ineficiencia de los legisladores panistas sino a las dificultades que el gobierno y su partido han tenido para articular una negociación satisfactoria con otras fuerzas políticas.

Si hay reforma petrolera, tendrá que ocurrir merced a un proceso de acercamientos entre posiciones ahora encontradas. Por eso la sustitución del coordinador de los senadores panistas resulta aun más absurda. En varios temas y momentos, especialmente en los meses recientes, Santiago Creel ha demostrado aptitud para negociar –es decir, para hacer política–. Así lo han reconocido, además de correligionarios suyos, legisladores de otros partidos. Así lo confirmó el aplauso que recibió ayer cuando llegó a presidir la sesión de la Comisión Permanente.

De tal forma, si no es por la vía de la concertación y los compromisos como el gobierno y la dirección del PAN confían en lograr la reforma petrolera, y si carecen de las mayorías legislativas necesarias para que sus propuestas avancen sin negociación con otros partidos, entonces no cabe sino suponer que esperan hacerlo respaldados en el poder de los medios de comunicación. Se trata de una apuesta aventurada y en realidad más bien ingenua, porque figurarse que la presión mediática basta para forzar a los legisladores implica olvidar algunas de las lecciones recientes en la relación entre empresas comunicacionales y quehacer político. Cuando los partidos se allanaron a la égida de las televisoras y aprobaron la Ley Televisa, terminaron arrepintiéndose mientras presenciaban el revés que la Suprema Corte imponía a aquellas arbitrarias reformas. Y cuando esas mismas televisoras desplegaron una arrebatada campaña de amedrentamiento contra la reforma en materia de medios y elecciones, los partidos tuvieron motivos adicionales para apoyar dichas modificaciones constitucionales.

De entonces viene la malquerencia que las televisoras le tienen a Santiago Creel. A los dueños de Televisa y Azteca no les bastaron, malagradecidos e insaciables como son, las decisiones de Creel que los favorecieron cuando era Secretario de Gobernación. Al contrario, con ese resentimiento que algunos cultivan contra quienes les han sido más cercanos y deciden distanciarse –y como si considerasen que quien se alínea con ellos debe seguirlo haciendo siempre– las televisoras le tomaron al senador Creel un encono tan público como rústico.

Primero lo sacaron de sus pantallas. Pero aun vetado en la televisión abierta, Creel siguió haciendo política y manteniendo e incluso incrementando la notoriedad que ya tenía. Antes que él algunos otros personajes públicos habían superado la prueba del veto televisivo. Censurado por Azteca y Televisa Santiago Creel es, de acuerdo con varias encuestas, el panista que más adhesiones tendría como candidato presidencial dentro de 4 años. Se trata de ejercicios demasiado anticipados y que valen sobre todo por la nombradía actual que tienen algunos personajes públicos. Y Creel cuenta con ella. Más aun, por lo menos en el mediano plazo esa fama pública muy posiblemente habrá sido reforzada gracias a la represalia que le han impuesto sus dos presidentes –el de su partido Germán Martínez y el de la República, Felipe Calderón–.

La destitución ocurre días después de que las televisoras emprendieron una sucia campaña contra Creel cuando se supo, de manera oficial, que es padre de una niña que no estaba registrada como suya. Ese asunto fue magnificado en numerosos medios, no en atención a la presencia pública del senador sino como venganza por el activo desempeño que ha tenido en la legislación para los medios de comunicación.

Al destituir a Creel de la coordinación senatorial panista inmediatamente después de ese episodio, los dirigentes de su partido y el Presidente de la República se muestran, por decirlo de manera elegante, poco solidarios con ese correligionario suyo.

Pero como además la remoción sobreviene también después de la publicación de varias encuestas acerca de la popularidad de ese legislador no ha sido aventurado sostener que, entre otros motivos, sus malquerientes dentro de Acción Nacional quieren atajar la carrera política de Creel.

Quedan lastimados el propio Creel y las causas con las que se ha comprometido, entre otras la reforma del régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero queda maltratada también la reforma petrolera porque si esperan que el respaldo de la televisión será suficiente para crear un contexto de exigencia social a favor de la apertura a la inversión y otros cambios en PEMEX, el gobierno y su partido están olvidando que más allá de presiones mediáticas y aun sociales, quienes van a decidir esas modificaciones son los senadores y los diputados.

Algunos de ellos están de tal manera embrollados construyendo sus propios compromisos que difícilmente compartirán, al menos de manera espontánea, los requerimientos del PAN y sus presidentes. El senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa para dotar de espacios en Frecuencia Modulada a los radiodifusores que solamente tienen concesiones en Amplitud Modulada. Hay quienes consideran que esa es una pretensión justa porque, se dice, la AM ya no es negocio. Pero otorgar a un particular una concesión adicional simplemente porque la rentabilidad de la concesión que ya tiene no le resulta suficiente, equivale a suponer que el Estado debe resarcir con nuevos privilegios el déficit en los negocios de quienes ya cuentan con alguna licencia para usufructuar un bien nacional.

Si un particular que tiene una franquicia para operar una estación de gasolina exigiera que, solamente por ello, el Estado le asignase otra gasolinera, esa petición parecería excesiva. Pero en el caso de los radiodifusores, ha existido tan escasa apreciación crítica sobre la utilización de las frecuencias que prácticamente se ha vuelto lugar común considerar que, cómo no, los pobrecitos concesionarios de AM se merecen ahora una frecuencia en FM.

Todo ello debiera ser motivo de licitaciones, como sugiere la sentencia que la Suprema Corte dictó hace un año. Pero en vez de abrir concursos para adjudicar nuevas frecuencias (en los cuales el desempeño de quien ya tiene AM podría ser muy importante en la decisión para adjudicarle una FM) la iniciativa de Beltrones propone una asignación automática. Aunque sería necesaria la opinión de la Comisión Federal de Competencia, en esa propuesta no hay reglas para evitar que quienes ya se benefician de muchas concesiones disfruten de otras más. Al contrario, el criterio será darles muchas frecuencias a quienes ya poseen demasiadas.

Magnánima con quienes ya tienen mucho, la iniciativa de Beltrones es discriminatoria con quienes disponen de menos frecuencias o las usufructúan en condiciones más difíciles. En las plazas en donde no haya espacio para darles FM a todos los actuales concesionarios de AM, se dará preferencia a las estaciones comerciales por encima de las radiodifusoras no lucrativas.

La iniciativa Beltrones es de tan grotesca transparencia en esa exaltación de la radiodifusión privada que la incorpora a la Ley Federal de Radio y Televisión: “Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”.

¡Qué confesión tan vulgar de la preeminencia de la radiodifusión lucrativa sobre la de carácter cultural, de servicio o comunitario! Ni siquiera la Ley Televisa era tan burda en la promoción que hacía del interés privado.

También se propone supeditar el interés público al de los radiodifusores en una adición al artículo 4 de la Ley de Radio y Televisión que compromete al Estado a planear el desarrollo de la radiodifusión “con la participación de concesionarios y permisionarios”. Desde luego cualquier decisión debe tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados. Pero con esa adición habría quienes consideren que el Congreso y el Ejecutivo no pueden tomar medidas para la radiodifusión sin el consentimiento de quienes tienen estaciones de televisión o radio.

La desafortunada iniciativa de Beltrones y algunos otros senadores del PRI no parece constituir una medida aislada. Ayer mismo, el secretario de Gobernación anunció el refrendo de 131 concesiones de radiodifusión que no se habían renovado debido a la indefinición legal sobre el procedimiento para hacerlo. La inquietud de los beneficiarios de esas concesiones resulta entendible. Pero la justificación legal para otorgar tales refrendos es inadmisible. Hace un año la Corte estableció que todo refrendo debe realizarse mediante licitación. El mecanismo para ello sigue sin ser definido debido a la indolencia que en este asunto mantienen los legisladores que no han reformado la Ley de Radio y Televisión para atender a las indicaciones de la Corte.

Si realmente estuviera interesado en resolver ese y otros rezagos en los medios de comunicación, el senador Beltrones podría haber invertido más interés en las reformas para la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero solo busca congraciarse con algunos empresarios de la radio. Igual que el líder del PAN y el presidente Calderón, ahora encandilados con el embaucador resplandor del Canal de las Estrellas.

Aristegui fuera de W. Explicaciones y sinrazones

Semanario emeequis, 13 de enero de 2008.

   Durante más de una semana después de la cancelación del noticiero de Carmen Aristegui, buena parte de la opinión publicada se debatía acerca de un asunto un tanto volátil: ¿se trató de una acción de censura?

   Definitivamente sí condenaron, de inmediato, muchos de los abundantes radioescuchas que había logrado la emisión matutina de Hoy por Hoy y que se consideraron despojados de una fuente de información y opinión que se había vuelto costumbre cotidiana. Además de un espacio singular, Carmen Aristegui creó un estilo que podía gustarnos o no, pero que no dejaba indiferentes a sus públicos. Junto a los temas que difundía, y que con frecuencia enriquecieron la agenda de los asuntos públicos en este país, el programa de esa periodista se distinguía por el tratamiento, heterodoxo y fresco, que sabe darle a las noticias. Por eso, y desde luego debido al tratamiento de asuntos que no aparecían o no recibían el mismo espacio en otros medios, sus oyentes fieles reaccionaron a la cancelación del noticiero con una indignación poco frecuente ante la desaparición de programas y medios de comunicación.

   No es para tanto estimaron, en cambio, quienes quisieron encontrar en la suspensión del programa un asunto fundamentalmente interno en las decisiones que suele tomar cualquier empresa de comunicación. No hubo censura, se dijo entonces, porque mientras estuvo delante de los micrófonos de W Radio Carmen Aristegui pudo decir todo lo que quiso. Incluso en su repentina despedida, el viernes 4 de enero, expuso durante largo rato la trayectoria del programa y dio a conocer la versión que le habían dejado saber los directivos de la empresa sobre la cancelación del contrato que tenía con Televisa Radio.

 

Disputa por el modelo periodístico

   Así que depende de lo que entendamos por censura. Si consideramos que censura es, como reza una definición en boga, la utilización del poder por parte del Estado o de cualquier grupo de interés para impedir el ejercicio de la libre expresión, es claro que nos encontramos ante una conducta de esa índole. La decisión de Televisa Radio dejó a la periodista Aristegui sin la tribuna radiofónica que ella misma contribuyó a extender y prestigiar durante varios años y, a sus oyentes, sin la oportunidad de escucharla. Desde luego Aristegui tiene otras tribunas en las que se expresa y da cabida a las opiniones de otros –sus artículos en Reforma, el programa nocturno en CNN en español– y es altamente posible que ocupe un nuevo y destacado espacio en la radio. Pero la cancelación de su contrato, que fue una medida empresarial, tuvo consecuencias de índole política.

   Si consideramos que hay censura cuando, como sugieren otras acepciones, el Estado silencia una voz o una opinión que considera impropias, entonces resulta pertinente abrir un compás para examinar con más cuidado la salida de Aristegui de Televisa Radio. La explicación que dio a conocer y que coincide con un comunicado de esa empresa, indicó que “el modelo editorial” de ese consorcio no era compatible con el que ella ponía en práctica en su programa. ¿Cuál era el “modelo” que defendió la empresa? El boletín de Televisa Radio lo dice con claridad: se trata de un esquema “basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”.

   Sin embargo, aunque estaba encabezado por una figura notoria y con amplias atribuciones para tomar decisiones editoriales, el noticiero de Aristegui no podía ser sino consecuencia del trabajo de un equipo. Ningún medio de comunicación funciona a partir de un esfuerzo solitario. En todo noticiero de radio, lo mismo que en cualquier diario o televisora, hay un complejo entramado de redactores, reporteros, comentaristas, productores y operadores, entre otros especialistas sin cuyo concurso los contenidos podrían llegar hasta los públicos interesados en ellos.

   Pero en todo medio de comunicación, al mismo tiempo, existe una estructura jerárquica que para funcionar exige de una disciplina y un mando inevitablemente autoritarios. Ningún medio puede operar a partir de deliberaciones y menos aún de decisiones democráticas. Aunque siempre es deseable el contraste interno, no hay un solo noticiero que no tenga un responsable de las determinaciones fundamentales. A las 6 de la mañana, cuando comenzaba la transmisión de su programa, Carmen Aristegui tenía que contar con el guión, los enlaces telefónicos, los contenidos en audio y el resto de los recursos que le permitían dirigirse a sus radioescuchas. Esos contenidos resultaban de los lineamientos que ella misma había establecido, de acuerdo con sus colaboradores, desde el día anterior y en muchos casos varios días antes.

   Así sucede en todos los noticieros del mundo. En España Hoy por hoy, el noticiero de la Cadena Ser cuyo nombre fue imitado por los noticieros de W Radio en México, es conducido por el periodista catalán Carles Francino que, además de estar ante el micrófono, aparece claramente identificado como “Director” del equipo que hace ese programa. Ese noticiero fue conducido, pero también dirigido, durante 19 años por el periodista Iñaki Gabilondo hasta que en 2005 el Grupo Prisa, propietario de Cadena Ser, lo destinó a conducir –y dirigir– el noticiero del nuevo canal de televisión que estableció ese consorcio en España.

   El “modelo” comunicacional que Prisa ha desplegado en su país de origen se sustenta en la notoriedad de algunos periodistas destacados y que, gracias precisamente a esas capacidades, no son meros lectores de noticias sino que además tienen la responsabilidad de decidir los contenidos que habrán de transmitir. Así que cuando los directivos de Televisa Radio, empresa cuya operación está a cargo de Prisa, manifiestan que la salida de Aristegui se debió a una incompatibilidad en los “modelos de organización y trabajo” periodísticos, no hacen mas que andarse por las ramas o pergeñar una descarada mentira.

 

Dudosas afinidades políticas

   En Televisa Radio no hubo dos “modelos” contradictorios de trabajo periodístico, sino el intento de dicha empresa para modificar las normas que durante varios años funcionaron para los noticieros en la W igual que en las radiodifusoras que Prisa tiene en otros países. Por causas que no han explicado –y en estos casos la ausencia de precisiones suele deberse a motivos incómodos– a los operadores de esa empresa los contenidos que difundían Aristegui y su equipo les resultaron crecientemente molestos. No querían un nuevo modelo sino sustituir a quienes tomaban las decisiones en esos noticieros.

   Aquí es donde resulta inevitable incursionar en el terreno de la especulación. Hay motivos para suponer que el interés de Aristegui para que Andrés Manuel López Obrador acudiera a Hoy por hoy, o para ofrecer versiones distintas a las oficiales en asuntos como la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio, pudo haber preocupado a los directivos en México del Grupo Prisa, que habitualmente buscan buenas relaciones con el gobierno en turno en este y otros países. Quizá advirtieron que la alianza que tienen con Televisa y gracias a la cual comparten la propiedad de esas estaciones de radio, se quebrantaba debido al compromiso que Aristegui mantuvo para dar una cobertura plural, invitando a voces que estaban excluidas de las televisoras privadas, en el debate sobre la legislación para los medios de comunicación.

   Hay quienes piensan que las denuncias en ese noticiero contra sacerdotes acusados de pederastia, o la difusión de la charla telefónica que desnudó la intensa ordinariez del gobernador de Puebla, mellaron prejuicios o intereses de Prisa en México o de sus socios comerciales. Pero cuesta trabajo suponer que comunidadores con tanta experiencia como los que encabezan a ese consorcio mediático no entendieran la importancia de tales denuncias, que además de otras consecuencias públicas contribuyeron a extender el prestigio de Aristegui y su noticiero.

   Algunas de las prácticas periodísticas del equipo que hacía Hoy por hoy matutino podían ser irritantes e incluso discutibles. En asuntos como la muerte de la señora Ascencio, o cuando antes de las elecciones de 2006 ese noticiero propagó la versión de presuntas irregularidades en el manejo del padrón electoral, en varias ocasiones hubo más ideologización que información. De cuando en cuando, la adjetivación por parte de algunos reporteros –y reporteras– se imponía a la búsqueda de hechos verificables. El mismo estilo personal de Aristegui, simpático por desenfadado, llegaba a ser innecesariamente desordenado en la presentación de las noticias.

   Con todo y esos defectos el de Carmen Aristegui se consagró, con méritos propios, como un espacio singular en la radio matutina. Gracias a dicho estilo, con todo y sesgos y afinidades, sus oyentes preferían ese a otros noticieros en la radio mexicana.

   Por lo demás, las inclinaciones obradoristas de ese noticiero eran más aparentes que reales. Durante las campañas de 2006, de todo el espacio que Hoy por hoy destinó a los candidatos presidenciales López Obrador recibió el 37.6%, Felipe Calderón el 27.9% y Roberto Madrazo el 26.8%. Pero esa proporción era similar, o incluso menos desigual, a la que había en otros noticieros en la radio de la ciudad de México. Por ejemplo en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el 44.2% de toda la información sobre ese tema fue acerca de la campaña del candidato presidencial del PRD, el 32.7% estuvo destinado al PAN y el 21% al candidato del PRI, de acuerdo con datos que hemos calculado a partir del monitoreo del IFE.  Después de las elecciones de julio y durante todo el año siguiente, fue López Obrador quien decidió identificarse con el programa de Aristegui y acudir a él en algunas ocasiones, al mismo tiempo que se negaba a aceptar las invitaciones que le hacían los conductores de otros noticieros.

   No hay elementos para sostener que la desaparición del Hoy por hoy de Carmen Aristegui se debió a una censura dispuesta por el poder político. Lo que sí se puede documentar es el interés del Grupo Prisa para congraciarse con el gobierno mexicano del cual dependen, entre otros negocios, los cuantiosos contratos de los libros que el área editorial de ese consorcio maquila para la Secretaría de Educación Pública.

   Lo que es indudable, en todo caso, es la inquietud pública que suscitó la decisión de Televisa Radio para cancelar el noticiero de Aristegui. Empresarial o político, se trató de un gravísimo error. El prestigio de dicha empresa y de los negocios del Grupo Prisa en México se han deteriorado en proporción inversa a la reputación de esa querida periodista, cuya voz se ha vuelto indispensable para muchos ciudadanos.

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PRISA, Televisa y Aristegui

Publicado en La Crónica el 10 de enero de 2008

   Orondo y jactancioso, la tarde del domingo 14 de octubre de 2001 Lino Korrodi llegaba a Madrid en el vuelo de Iberia desde la ciudad de México. Mientras bajaba del piso superior en donde estaba la primera clase, anunciaba entusiasmado que horas más tarde se firmaría la participación del Grupo Prisa como copropietario de las estaciones radiofónicas de Televisa.

   En aquel tiempo el fundador de Amigos de Fox todavía no se distanciaba del Presidente de la República. Al contrario, participaba en numerosos asuntos privados y públicos a la sombra del titular del Ejecutivo Federal y hacía notar su influencia en negociaciones como la que esa tarde de otoño culminaría en una ceremonia en la Embajada de México en la capital española.

   Aquel fin de semana el presidente Fox cumplía cuatro días de gira por Europa y Korrodi llegaba justo a tiempo para estar presente en la firma del acuerdo entre las empresas mediáticas más importantes de España y México. El convenio de Prisa y Televisa tenía relevancia específica porque significaba un desembolso de 60 millones de dólares por parte del consorcio encabezado por Jesús de Polanco –­­50 de ellos para comprar la mitad de la propiedad accionaria de las 17 estaciones de radio que Televisa tenía en México y otros 10 millones de dólares para una ampliación de capital–. En virtud de esa transacción, Televisa se encargaría de administrar las finanzas de su división radiofónica en tanto que Prisa sería responsable de los contenidos de tales emisoras.

   Además ese acuerdo, que firmaron De Polanco y Emilio Azcárraga Jean, significaba la formalización de una alianza para la cual ambas empresas habían interpuesto numerosos regateos. Desde tiempo atrás, Televisa tenía un evidente interés para invertir en España pero se había acercado sobre todo a corporaciones mediáticas identificadas con grupos políticamente conservadores. Durante varios años el representante de Televisa en ese país había sido Luis María Ansón, director de ABC, diario conocido por sus posiciones de derechas.

   Cuando Televisa advirtió que la filiación política de esos socios podía obstaculizar sus negocios en España, emprendió un viraje que culminaría aquella noche del 14 de octubre. No era una rectificación fácil porque ocurría en contra de la opinión del gobierno del Partido Popular, encabezado por el presidente José María Aznar.

   El gobierno español hubiera preferido que Televisa se aliara con alguna de las empresas de medios cercanas al PP y no con el Grupo Prisa, cuya simpatía con el Partido Socialista Obrero Español se manifestaba cotidianamente en medios como el diario El País. Pero en el acercamiento de Televisa y Prisa fueron definitivas las gestiones de dos personajes sólo en apariencia disímbolos.

   Carlos Slim, que ya era el hombre más adinerado de México, estaba interesado en auspiciar la expansión internacional de Televisa aparentemente porque pretendía incrementar la participación accionaria que ya tenía en esa empresa. Su principal competidor en negocios de telefonía en América Latina era la Telefónica de España. Y esta corporación, dentro de España misma, estaba asociada con las empresas rivales del Grupo Prisa. Así que respaldar el crecimiento de Prisa era una manera de enfrentar a Telefónica.

   Para manejar ese acercamiento Slim contó con la colaboración de Felipe González, ex presidente del gobierno español. Aunque ideológicamente podría haber parecido que esos dos personajes eran como el agua y el aceite, González era asesor del empresario mexicano y utilizó su ascendiente en las decisiones de Prisa para facilitar el convenio con Televisa. Aquella tarde del 14 de octubre, al ex presidente Felipe González se le podía ver en el vestíbulo del elegante hotel Villa Magna, en el Paseo de la Castellana, haciendo antesala para que lo recibiera Carlos Slim.

   Al comprar la mitad de Televisa Radio, el Grupo Prisa quería apuntalar el crecimiento en América Latina que había iniciado poco antes al adquirir una porción de Radio Caracol en Colombia, entre otras inversiones en la radio del nuevo Continente. También esperaba tener, desde México, una punta de lanza para incursionar en el mercado de la radio en español en Estados Unidos.

   Con tal afán, los directivos de Prisa entendieron el respaldo del presidente Fox como un aval para desplegar ese y otros negocios en México. En el terreno de la radio estaban muy interesados en contratar a José Gutiérrez Vivó, quien para entonces ya había roto con el Grupo Radio Centro.

   Quizá llevados por ese entusiasmo, los empresarios españoles cometieron un error jurídico y otro de índole profesional. El primero, consistió en la ilegalidad del acuerdo que suscribieron con Televisa porque la Ley Federal de Radio y Televisión establece que las empresas de radiodifusión solamente pueden ser propiedad de ciudadanos mexicanos. La operación suscrita aquel 14 de octubre se pertrechaba en un subterfugio pretendidamente legal, que es la llamada inversión neutra establecida en la Ley de Inversiones Extranjeras para socios no mexicanos que tienen derecho a recibir utilidades pero no a participar en las decisiones de las empresas en donde se pone en práctica ese régimen. Y aunque disfrazada como tal, ha resultado clarísimo que la que tiene Prisa en Televisa Radio no es en manera alguna inversión neutra. Desde el acuerdo suscrito por el ahora fallecido Jesús de Polanco y Emilio Azcárraga Jean, quedaba establecido que la parte española estaría a cargo de la programación de las estaciones de radio y de todas las decisiones inherentes a ella. Esa transgresión jurídica solamente pudo ser dispensada gracias al beneplácito del presidente Fox al acuerdo entre Prisa y Televisa.

   El error profesional, resultado en parte de la ignorancia pero también de cierta soberbia, consistió en suponer que las radiodifusoras que manejaría en México, así como en otros países de América Latina, podrían tener contenidos similares, o incluso idénticos, aderezados con algunos espacios de programación local. Los directivos de Prisa imaginaron que los radioescuchas en Colombia, Chile, México o Panamá, entre otros países, recibirían alborozados los programas producidos en España, o con cartabones análogos a los que desarrollaba allí la Cadena Ser, que es el brazo radiofónico original de ese consorcio. Pero los programas de pretensiones continentales, o incluso trasatlánticas, fueron un fracaso rotundo –aunque no sonoro porque tuvieron escasa audiencia–. Y es que la gente de Prisa terminaría constatando que en Colombia prefieren contenidos locales, de la misma manera que en México tiene más éxito la radio hecha por y para mexicanos. No se trata de chovinismo mediático sino de la cercanía cultural y social que distingue a la radio.

   Fue precisamente con programas locales como XEW, la estación emblemática de Televisa Radio, se levantó del marasmo que padecía. Los noticieros de Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Javier Solórzano (difundidos, respectivamente, por las mañanas, a media tarde y antes de la noche) adquirieron personalidades propias y afianzaron audiencias constatables gracias a la destreza profesional de esos tres comunicadores y a la libertad con que podían trabajar. El hecho de que la gestión de los contenidos en esa emisora no estuviera a cargo de Televisa, sino de Prisa, resultó definitorio para que esa libertad fuera posible. La libertad periodística podría significar un buen negocio comercial y, también, político.

   Antes de las elecciones presidenciales de 2006, los directivos de Prisa comprendieron que la cercanía que habían tenido con el gobierno de Fox podía comprometer sus negocios en México en caso de que el vencedor fuera Andrés Manuel López Obrador. Desde el año anterior y durante los primeros meses de las campañas formales, la cobertura que hacía el diario El País de la elección mexicana era notoriamente favorable a ese candidato presidencial. Solamente cuando la postulación de Felipe Calderón fue crecientemente competitiva y especialmente después del 6 de julio, el diario emblemático del Grupo Prisa comenzó a cuestionar a López Obrador.

   El 3 de febrero de 2006, después de buscarlo en varios sitios del país, tres directivos de Prisa se reunieron en Villahermosa con López Obrador. Aparentemente conversaron también con otros candidatos presidenciales. Aquel encuentro era parte de las relaciones publicas que Prisa desplegaba para asegurar sus negocios en México pero además fue visto con interés en algunos segmentos de la clase política de nuestro país.  10 días más tarde el reportero Emilio Viale dio a conocer en La Crónica un correo electrónico que Liévano Sáenz, ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, le había enviado el 9 de febrero al representante del Grupo Prisa en México, Antonio Navalón. En aquel mensaje, Sáenz decía que la reunión en Villahermosa había sido “una determinación visionaria y posiblemente magistral”.

   En ese contexto, pero antes que nada gracias al talante profesional de sus conductores, los noticieros de XEW tuvieron una apertura que no había existido en dicha emisora. Pero no sólo ellos. Las principales radiodifusoras del país le dieron a las campañas electorales una cobertura equitativa. En el transcurso de aquella crispada y confusa temporada, López Obrador decidió que el de Carmen Aristegui era de los pocos espacios en los que quería confiar. En realidad no era el único noticiero radiofónico interesado en darle voz al para entonces ex candidato presidencial pero él, como parte del proceso de aislamiento que padeció, se negaba a participar en la mayoría de los medios que lo invitaban.

   Esa preferencia, así como la búsqueda de enfoques distintos a los convencionales e incluso abiertamente contestatarios en algunos temas, le permitieron a Carmen Aristegui singularizar a su noticiero e interesar a una audiencia creciente y significativa. El éxito que había alcanzado, hace inverosímil la versión de que Hoy por hoy de la mañana fue cancelado debido a problemas financieros. El “modelo editorial” que reivindica Prisa para sus noticieros (“basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”) no es distinto del que practicaban esa periodista y sus colaboradores.

   La cancelación –lamentable y cuestionable– del noticiero de Aristegui no fue una determinación administrativa sino política. Fue una decisión del Grupo Prisa, independienteme de las complacencias, anuencias o alianzas que pueda haber buscado con ella. Se trata de una decisión que no es distinta a otras que, también por conveniencias de negocios, ha tomado ese consorcio en México y otros sitios de América Latina. Incluso en España, ahora mismo, después de que el actual gobierno ha tenido reticencias con la expansión de algunos negocios de ese consorcio, los espacios periodísticos de Prisa tratan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con una severidad que no se les conoció en años anteriores.

 

La cancelación del noticiero de Carmen Aristegui

 Declaración pública de AMEDI

CANCELACIÓN DEL NOTICIERO DE ARISTEGUI: CONSECUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA.

XEW reproduce un modelo autoritario y mercantilista de la radio mexicana

Viernes 4 de enero de 2008

Golpe a la pluralidad, la libertad de expresión y la democracia en el país-

La cancelación del noticiero de Carmen Aristegui en W Radio es una pésima noticia para la vida pública y la democracia en México. En los años recientes, con perseverancia y profesionalismo, ese espacio radiofónico se convirtió en referencia indispensable para conocer asuntos, enfoques y voces que no siempre tenían cabida en otros medios de radiodifusión.

La decisión del grupo PRISA en México, que administra los contenidos de las radiodifusoras de Televisa, confirma los riesgos que ocasiona la concentración de muchos medios en pocas manos. El acaparamiento de frecuencias radiofónicas y televisivas en unas cuantas empresas se ha convertido en uno de los diques más importantes para el desarrollo de la democracia en este país. Esa concentración puede significar restricciones para la libertad de expresión como la que, en la práctica, está ocurriendo con la supresión del programa de la periodista Carmen Aristegui.

Tal decisión, por otra parte, es contradictoria con la amplia audiencia que había alcanzado el noticiero matutino de XEW. La empresa ha manifestado que “el modelo editorial” practicado por Aristegui y su equipo de colaboradores resultaba “incompatible” con los parámetros establecidos por PRISA y Televisa. Lo que ha conocido el público que hasta ahora escuchaba ese noticiero era un desempeño profesional, que ha tenido uno de sus principales méritos en sus enfoques críticos y en el periodismo inquisitivo que desarrolla. La apertura a todas las posiciones involucradas en un acontecimiento, el cumplimiento irrestricto del derecho de réplica y una constante interacción con sus radioescuchas, han sido rasgos del periodismo que ejercen Aristegui y sus colaboradores. Es necesario que los directivos de XEW precisen con cuáles de esos atributos profesionales no están de acuerdo y, desde luego, que expliquen cuál es el “modelo editorial” que proponen para la radio que manejan en México.

Esta decisión es una patente falta de respeto por el interés del público que hasta ahora había tenido esa emisora. En nada se distingue esa actitud del modelo autoritario, ceñido al afán mercantil y a las conveniencias políticas que de él se derivan, que ha sido preponderante en la radiodifusión mexicana. La cancelación del noticiero de Carmen Aristegui ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna para la radiodifusión y las telecomunicaciones, que sea capaz de propiciar la pluralidad de contenidos, acotar la concentración mediática y garantizar el respeto a las audiencias.

Atentamente

Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Javier Corral Jurado, Presidente del Comité Directivo

Miguel Ángel Granados Chapa, Coordinador del Consejo Consultivo

Comité Directivo: Leoncio Acuña Herrera, Dolores Béistegui, Virgilio Caballero Pedraza, Aleida Calleja Nuñez, Mónica Lozano Serrano, Jorge Fernando Negrete, José Agustín Pineda Ventura, Beatriz Solís Leree, Gabriel Sosa Plata, Aimée Vega Montiel.

Consejo Consultivo: Alberto Aziz Nassif, Jesús Cantú Escalante, Jaime Cárdenas Gracia, Felipe Cazals, José Antonio Crespo, Ricardo Raphael de la Madrid, Denise Dresser Guerra, Daniel Gimenez Cacho, Gustavo Esteva, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Patricia Ortega Ramírez, Loretta Ortiz Ahlf, Carlos Ortiz Tejeda, Raúl Padilla López, Carlos Padilla Ríos, Francisco José Paoli Bolio, Inna Payán, Elena Poniatowska, Agustín Ramírez, Gustavo Reyes-Terán, Luis Javier Solana, Francisco Toledo, Raúl Trejo Delarbre, Francisco Valdés Ugalde, Ernesto Velázquez Briseño.

 

Sobre el trabajo de Carmen Aristegui véase, en este blog: Círculo Rojo , Pedro Ferriz de Con

Sobre Televisa Radio: Acuerdo con PRISA y PRISA y Televisa

Poder diferido

La Crónica, 11 de octubre 2007

  Quién sabe si el presidente Calderón sabía, mientras hablaba ayer ante los radiodifusores, que su discurso no estaba siendo transmitido en directo por la mayoría de las estaciones de televisión y radio. Tan prestas como fueron hace exactamente un mes para encadenarse mientras protagonizaban ante los senadores el patético espectáculo que tantas recriminaciones les ha propiciado, ayer los dueños de las radios y televisoras privadas dispusieron que la comida anual de la Cámara Nacional que las reúne, y en la que es tradición la presencia del titular del Ejecutivo Federal, fuese difundida con hora y media de retraso.

   Únicamente una de las frecuencias de Radio Fórmula y XEW y quizá alguna otra emisora transmitieron, en la ciudad de México, el discurso presidencial mientras ocurría. Muchas otras estaciones y un canal de cada una de las televisoras privadas lo hicieron de manera diferida. En ningún caso, hasta donde pudimos apreciar, esas estaciones advirtieron a sus audiencias que no se trataba de una transmisión en vivo.

   Tan desusado tratamiento al discurso presidencial puede tener varias explicaciones. Quizá los radiodifusores decidieron no alterar la hora de la comida de la mayoría de los televidentes y radioescuchas y por eso dejaron el mensaje del presidente Felipe Calderón para después de los postres. Pero es inevitable suponer que tal decisión estuvo relacionada con las secuelas de la fallida campaña que esos empresarios levantaron contra las reformas constitucionales que los dejaron sin el gasto que hacían los partidos en la contratación de propaganda electoral.

   Posiblemente los radiodifusores quisieron supervisar el discurso presidencial antes de transmitirlo. Quizá temían que el presidente de la República apoyara el proceso de reformas constitucionales que acaba de terminar con el voto favorable de 30 legislaturas estatales y que fue impulsado por los tres partidos más importantes del país. De haber sabido que sería tan complaciente con ellos, es altamente probable que lo hubieran difundido en directo y por muchas más frecuencias.

   El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.

   Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral –en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación– y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.

   El presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional –y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano– Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

   Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido de la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma –por ejemplo, por parte de Televisión Azteca– hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.

   Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.

   La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de amplitud modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.

   La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.

   Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la Ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.

   Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.

   Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “C”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?

   Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.

   No tenía por qué ser agresivo. Pero el presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante suyo sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.

   Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusores comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.

   El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

   Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de 5 años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.

   Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aun no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.

   Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.

 

El difícil destino de Monitor

Publicado en la revista emeequis, 16 de julio de 2007

La suspensión de Monitor, uno de los noticieros más conocidos en la radio mexicana, ha suscitado comparaciones un tanto exageradas. Hay quienes dicen que se trata de un atentado a la libertad de prensa, aunque la decisión de cancelar las transmisiones fue del dueño y conductor de Monitor. A ese episodio se le ha equiparado con la censura contra RCTV, pero en el caso venezolano el gobierno canceló el uso de una concesión y al noticiero mexicano lo que le sucedió fue que se quedó sin recursos financieros. Algún periodista ha sugerido que se trata de una medida estaliniana, pero no hay comparación alguna entre la forzosamente inmovilizada Rusia de hace más de medio siglo y el panorama mexicano (con democracia insuficiente pero con espacios de participación y expresión reales) a comienzos del nuevo siglo.

Lo que es indiscutible es que el cierre de Monitor, aunque haya sido una decisión empresarial y no del poder político, ha causado una profunda rabia entre los radioescuchas de ese espacio y, quizá con más vehemencia, entre no pocos interesados en estos temas que concuerdan en culpar de ese desenlace al gobierno actual. Pero si pudiéramos entender la circunstancia de Monitor de manera menos apasionada, habría que tomar en cuenta numerosos factores que influyeron para que José Gutiérrez Vivó dejara de transmitir su noticiero el 29 de junio pasado.

Cualquiera que visitase recientemente las instalaciones de Radio Monitor en San Jerónimo tendría que coincidir en que esa empresa no parecía estar al borde de la quiebra. Solamente quien conociera los apuros financieros del consorcio encabezado por Gutiérrez Vivó, el incumplimiento de Radio Centro que durante más de tres años se ha negado a pagar una deuda de más de 21 millones de dólares, el dilatado y aún vigente calvario judicial de una instancia a otra para reclamar el cumplimiento de ese compromiso y las varias quincenas que los trabajadores de Monitor tenían su recibir sus salarios completos, podía entender por qué las transmisiones del noticiero mostraban cada vez menos recursos de producción.

Pero las instalaciones aun relucientes, que hace pocos años fueron reinauguradas –en una ceremonia a la que Vicente Fox se negó a acudir cuando supo que allí también estaría el entonces jefe de gobierno del DF Andrés Manuel López Obrador– dejaban ver las consolas digitales, los estudios habilitados con tecnología muy reciente, las pantallas de plasma en la cabina principal, varias de las motocicletas, la unidad de control remoto y alguno de los helicópteros que le permitían a Monitor ofrecer una peculiar simbiosis de información y servicio a los radioescuchas del Valle de México.

Podría decirse, en una apreciación simplista, que todos esos recursos eran tan costosos que terminaron por agotar las finanzas de Grupo Monitor. De igual manera, se ha dicho insistentemente que las cualidades empresariales de ese personaje no son tan notables como sus atributos en el campo de la radiodifusión. En todo caso, pareciera indiscutible que si Monitor llegó a ser el noticiero más importante de la radio mexicana (posición que de unos años a la fecha le disputaban otros programas informativos) fue por el reconocible profesionalismo y, desde luego, por la cotidiana perseverancia de Gutiérrez Vivó.

Nadie sin un vehemente empeño como ese, alcanza 33 años de transmisiones prácticamente todos los días, de lunes a viernes. Y nadie sin recursos, que son la base material para cualquier trabajo profesional, logra imponer un estilo y mantenerse a la vanguardia periodística durante tanto tiempo como consiguió hacerlo ese informador.

Los de Gutiérrez Vivó no fueron problemas de calidad informativa, ni en el terreno del desempeño profesional. La arrogancia con que manejó el noticiero, y aparentemente también a la empresa, era un rasgo que hoy coinciden en reconocer lo mismo partidarios entusiastas que muchos y a veces resentidos ex colaboradores de ese periodista.

Pero tampoco esos atributos bastan para explicar la ruina financiera de Monitor. El gasto quizá innecesario en proyectos no indispensables para la sobrevivencia del noticiero radiofónico (como la adquisición en 2003 de las instalaciones de El Heraldo para crear Diario Monitor), la todavía hoy vigente deuda de Radio Centro, la caída en la publicidad comercial y la casi completa suspensión de la publicidad oficial, la escasa potencia de las estaciones de AM en las que a falta de otras opciones tuvo que confinar sus transmisiones, forman parte de una compleja colección de problemas en el vértice de los cuales quedaron atrapados Gutiérrez Vivó y su empresa. Ninguno de esos factores hubiera bastado para llevar a la quiebra a Monitor. Todos juntos, crearon una situación inmanejable.

Por eso es imposible que el remedio a uno solo de esos conflictos permitiera la resurrección de Monitor. Si hay justicia, la familia Aguirre tendrá que pagar dentro de pocas semanas la deuda –que según los abogados asciende ya a 25 millones de dólares– pero quizá ni siquiera así podrían aliviarse todos los rezagos financieros que acumula Monitor. Si Gutiérrez Vivó encuentra un socio con visión y audacia suficientes, podríamos escucharlo de nuevo en la radio pero acotado por nuevos compromisos.

Fuera de esos no hay más escenarios propicios. Los trabajadores de Monitor han mantenido una insólita y quizá plausible solidaridad con Gutiérrez Vivó porque saben que de la cohesión que mantengan depende, en parte, el destino de su fuente de empleo. Pero si esa crisis financiera no encuentra solución rápida –y aquí, de nuevo, el tiempo corre a favor de grupos mediáticos como Radio Centro– esos trabajadores buscarán otras formas de apremio aunque sea a pesar de la preservación de Monitor.