Al capricho del poder mediático

La Crónica, 12 de junio

Al destituir a Santiago Creel, el PAN y el presidente Calderón se sometieron a un capricho de Televisa. Ni las desmañadas aunque ampulosas explicaciones de Germán Martínez, ni la extendida murmuración mediática, permiten llegar a otra conclusión. La remoción del coordinador de los senadores de Acción Nacional se dio a conocer y fue resuelta de manera inusitadamente descomedida. La insistencia en que se busca dar “un nuevo impulso” a la reforma petrolera confirma la estrecha apreciación que Martínez y su jefe inmediato, el presidente Felipe Calderón, tienen del trabajo legislativo.

La reforma para desarrollar la industria petrolera se encuentra en marcha, aunque por derroteros inciertos. De ello no tienen la culpa los senadores panistas sino la hasta ahora eficaz tarea de entorpecimiento que han desplegado los opositores de esa reforma, especialmente en el ajetreado PRD pero también en convenenciero PRI. Aparentemente el líder nacional del PAN, y quizá también el Presidente de la República, están insatisfechos con el debate sobre la cuestión petrolera que organiza el Senado. Pero el aburrimiento de esas discusiones y especialmente la marginación que en ellas ha tenido la iniciativa presidencial no se ha debido a indolencia de los legisladores panistas sino a circunstancias que los trascienden. El propio Germán Martínez hizo una exaltada pero fútil defensa de la propuesta de reforma presentada por el presidente Calderón.

La organización de ese debate no fue, como algunos han querido creer, resultado de la ocupación de los recintos parlamentarios que mantuvieron durante dos semanas los senadores y diputados del PRD. El debate ya había sido previsto, y anunciado, horas antes de ese bloqueo al trabajo legislativo. Por lo demás, si la iniciativa del presidente Calderón ha dejado de ser referencia central en las discusiones sobre el petróleo no se debe a ineficiencia de los legisladores panistas sino a las dificultades que el gobierno y su partido han tenido para articular una negociación satisfactoria con otras fuerzas políticas.

Si hay reforma petrolera, tendrá que ocurrir merced a un proceso de acercamientos entre posiciones ahora encontradas. Por eso la sustitución del coordinador de los senadores panistas resulta aun más absurda. En varios temas y momentos, especialmente en los meses recientes, Santiago Creel ha demostrado aptitud para negociar –es decir, para hacer política–. Así lo han reconocido, además de correligionarios suyos, legisladores de otros partidos. Así lo confirmó el aplauso que recibió ayer cuando llegó a presidir la sesión de la Comisión Permanente.

De tal forma, si no es por la vía de la concertación y los compromisos como el gobierno y la dirección del PAN confían en lograr la reforma petrolera, y si carecen de las mayorías legislativas necesarias para que sus propuestas avancen sin negociación con otros partidos, entonces no cabe sino suponer que esperan hacerlo respaldados en el poder de los medios de comunicación. Se trata de una apuesta aventurada y en realidad más bien ingenua, porque figurarse que la presión mediática basta para forzar a los legisladores implica olvidar algunas de las lecciones recientes en la relación entre empresas comunicacionales y quehacer político. Cuando los partidos se allanaron a la égida de las televisoras y aprobaron la Ley Televisa, terminaron arrepintiéndose mientras presenciaban el revés que la Suprema Corte imponía a aquellas arbitrarias reformas. Y cuando esas mismas televisoras desplegaron una arrebatada campaña de amedrentamiento contra la reforma en materia de medios y elecciones, los partidos tuvieron motivos adicionales para apoyar dichas modificaciones constitucionales.

De entonces viene la malquerencia que las televisoras le tienen a Santiago Creel. A los dueños de Televisa y Azteca no les bastaron, malagradecidos e insaciables como son, las decisiones de Creel que los favorecieron cuando era Secretario de Gobernación. Al contrario, con ese resentimiento que algunos cultivan contra quienes les han sido más cercanos y deciden distanciarse –y como si considerasen que quien se alínea con ellos debe seguirlo haciendo siempre– las televisoras le tomaron al senador Creel un encono tan público como rústico.

Primero lo sacaron de sus pantallas. Pero aun vetado en la televisión abierta, Creel siguió haciendo política y manteniendo e incluso incrementando la notoriedad que ya tenía. Antes que él algunos otros personajes públicos habían superado la prueba del veto televisivo. Censurado por Azteca y Televisa Santiago Creel es, de acuerdo con varias encuestas, el panista que más adhesiones tendría como candidato presidencial dentro de 4 años. Se trata de ejercicios demasiado anticipados y que valen sobre todo por la nombradía actual que tienen algunos personajes públicos. Y Creel cuenta con ella. Más aun, por lo menos en el mediano plazo esa fama pública muy posiblemente habrá sido reforzada gracias a la represalia que le han impuesto sus dos presidentes –el de su partido Germán Martínez y el de la República, Felipe Calderón–.

La destitución ocurre días después de que las televisoras emprendieron una sucia campaña contra Creel cuando se supo, de manera oficial, que es padre de una niña que no estaba registrada como suya. Ese asunto fue magnificado en numerosos medios, no en atención a la presencia pública del senador sino como venganza por el activo desempeño que ha tenido en la legislación para los medios de comunicación.

Al destituir a Creel de la coordinación senatorial panista inmediatamente después de ese episodio, los dirigentes de su partido y el Presidente de la República se muestran, por decirlo de manera elegante, poco solidarios con ese correligionario suyo.

Pero como además la remoción sobreviene también después de la publicación de varias encuestas acerca de la popularidad de ese legislador no ha sido aventurado sostener que, entre otros motivos, sus malquerientes dentro de Acción Nacional quieren atajar la carrera política de Creel.

Quedan lastimados el propio Creel y las causas con las que se ha comprometido, entre otras la reforma del régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero queda maltratada también la reforma petrolera porque si esperan que el respaldo de la televisión será suficiente para crear un contexto de exigencia social a favor de la apertura a la inversión y otros cambios en PEMEX, el gobierno y su partido están olvidando que más allá de presiones mediáticas y aun sociales, quienes van a decidir esas modificaciones son los senadores y los diputados.

Algunos de ellos están de tal manera embrollados construyendo sus propios compromisos que difícilmente compartirán, al menos de manera espontánea, los requerimientos del PAN y sus presidentes. El senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa para dotar de espacios en Frecuencia Modulada a los radiodifusores que solamente tienen concesiones en Amplitud Modulada. Hay quienes consideran que esa es una pretensión justa porque, se dice, la AM ya no es negocio. Pero otorgar a un particular una concesión adicional simplemente porque la rentabilidad de la concesión que ya tiene no le resulta suficiente, equivale a suponer que el Estado debe resarcir con nuevos privilegios el déficit en los negocios de quienes ya cuentan con alguna licencia para usufructuar un bien nacional.

Si un particular que tiene una franquicia para operar una estación de gasolina exigiera que, solamente por ello, el Estado le asignase otra gasolinera, esa petición parecería excesiva. Pero en el caso de los radiodifusores, ha existido tan escasa apreciación crítica sobre la utilización de las frecuencias que prácticamente se ha vuelto lugar común considerar que, cómo no, los pobrecitos concesionarios de AM se merecen ahora una frecuencia en FM.

Todo ello debiera ser motivo de licitaciones, como sugiere la sentencia que la Suprema Corte dictó hace un año. Pero en vez de abrir concursos para adjudicar nuevas frecuencias (en los cuales el desempeño de quien ya tiene AM podría ser muy importante en la decisión para adjudicarle una FM) la iniciativa de Beltrones propone una asignación automática. Aunque sería necesaria la opinión de la Comisión Federal de Competencia, en esa propuesta no hay reglas para evitar que quienes ya se benefician de muchas concesiones disfruten de otras más. Al contrario, el criterio será darles muchas frecuencias a quienes ya poseen demasiadas.

Magnánima con quienes ya tienen mucho, la iniciativa de Beltrones es discriminatoria con quienes disponen de menos frecuencias o las usufructúan en condiciones más difíciles. En las plazas en donde no haya espacio para darles FM a todos los actuales concesionarios de AM, se dará preferencia a las estaciones comerciales por encima de las radiodifusoras no lucrativas.

La iniciativa Beltrones es de tan grotesca transparencia en esa exaltación de la radiodifusión privada que la incorpora a la Ley Federal de Radio y Televisión: “Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”.

¡Qué confesión tan vulgar de la preeminencia de la radiodifusión lucrativa sobre la de carácter cultural, de servicio o comunitario! Ni siquiera la Ley Televisa era tan burda en la promoción que hacía del interés privado.

También se propone supeditar el interés público al de los radiodifusores en una adición al artículo 4 de la Ley de Radio y Televisión que compromete al Estado a planear el desarrollo de la radiodifusión “con la participación de concesionarios y permisionarios”. Desde luego cualquier decisión debe tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados. Pero con esa adición habría quienes consideren que el Congreso y el Ejecutivo no pueden tomar medidas para la radiodifusión sin el consentimiento de quienes tienen estaciones de televisión o radio.

La desafortunada iniciativa de Beltrones y algunos otros senadores del PRI no parece constituir una medida aislada. Ayer mismo, el secretario de Gobernación anunció el refrendo de 131 concesiones de radiodifusión que no se habían renovado debido a la indefinición legal sobre el procedimiento para hacerlo. La inquietud de los beneficiarios de esas concesiones resulta entendible. Pero la justificación legal para otorgar tales refrendos es inadmisible. Hace un año la Corte estableció que todo refrendo debe realizarse mediante licitación. El mecanismo para ello sigue sin ser definido debido a la indolencia que en este asunto mantienen los legisladores que no han reformado la Ley de Radio y Televisión para atender a las indicaciones de la Corte.

Si realmente estuviera interesado en resolver ese y otros rezagos en los medios de comunicación, el senador Beltrones podría haber invertido más interés en las reformas para la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero solo busca congraciarse con algunos empresarios de la radio. Igual que el líder del PAN y el presidente Calderón, ahora encandilados con el embaucador resplandor del Canal de las Estrellas.

Aristegui fuera de W. Explicaciones y sinrazones

Semanario emeequis, 13 de enero de 2008.

   Durante más de una semana después de la cancelación del noticiero de Carmen Aristegui, buena parte de la opinión publicada se debatía acerca de un asunto un tanto volátil: ¿se trató de una acción de censura?

   Definitivamente sí condenaron, de inmediato, muchos de los abundantes radioescuchas que había logrado la emisión matutina de Hoy por Hoy y que se consideraron despojados de una fuente de información y opinión que se había vuelto costumbre cotidiana. Además de un espacio singular, Carmen Aristegui creó un estilo que podía gustarnos o no, pero que no dejaba indiferentes a sus públicos. Junto a los temas que difundía, y que con frecuencia enriquecieron la agenda de los asuntos públicos en este país, el programa de esa periodista se distinguía por el tratamiento, heterodoxo y fresco, que sabe darle a las noticias. Por eso, y desde luego debido al tratamiento de asuntos que no aparecían o no recibían el mismo espacio en otros medios, sus oyentes fieles reaccionaron a la cancelación del noticiero con una indignación poco frecuente ante la desaparición de programas y medios de comunicación.

   No es para tanto estimaron, en cambio, quienes quisieron encontrar en la suspensión del programa un asunto fundamentalmente interno en las decisiones que suele tomar cualquier empresa de comunicación. No hubo censura, se dijo entonces, porque mientras estuvo delante de los micrófonos de W Radio Carmen Aristegui pudo decir todo lo que quiso. Incluso en su repentina despedida, el viernes 4 de enero, expuso durante largo rato la trayectoria del programa y dio a conocer la versión que le habían dejado saber los directivos de la empresa sobre la cancelación del contrato que tenía con Televisa Radio.

 

Disputa por el modelo periodístico

   Así que depende de lo que entendamos por censura. Si consideramos que censura es, como reza una definición en boga, la utilización del poder por parte del Estado o de cualquier grupo de interés para impedir el ejercicio de la libre expresión, es claro que nos encontramos ante una conducta de esa índole. La decisión de Televisa Radio dejó a la periodista Aristegui sin la tribuna radiofónica que ella misma contribuyó a extender y prestigiar durante varios años y, a sus oyentes, sin la oportunidad de escucharla. Desde luego Aristegui tiene otras tribunas en las que se expresa y da cabida a las opiniones de otros –sus artículos en Reforma, el programa nocturno en CNN en español– y es altamente posible que ocupe un nuevo y destacado espacio en la radio. Pero la cancelación de su contrato, que fue una medida empresarial, tuvo consecuencias de índole política.

   Si consideramos que hay censura cuando, como sugieren otras acepciones, el Estado silencia una voz o una opinión que considera impropias, entonces resulta pertinente abrir un compás para examinar con más cuidado la salida de Aristegui de Televisa Radio. La explicación que dio a conocer y que coincide con un comunicado de esa empresa, indicó que “el modelo editorial” de ese consorcio no era compatible con el que ella ponía en práctica en su programa. ¿Cuál era el “modelo” que defendió la empresa? El boletín de Televisa Radio lo dice con claridad: se trata de un esquema “basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”.

   Sin embargo, aunque estaba encabezado por una figura notoria y con amplias atribuciones para tomar decisiones editoriales, el noticiero de Aristegui no podía ser sino consecuencia del trabajo de un equipo. Ningún medio de comunicación funciona a partir de un esfuerzo solitario. En todo noticiero de radio, lo mismo que en cualquier diario o televisora, hay un complejo entramado de redactores, reporteros, comentaristas, productores y operadores, entre otros especialistas sin cuyo concurso los contenidos podrían llegar hasta los públicos interesados en ellos.

   Pero en todo medio de comunicación, al mismo tiempo, existe una estructura jerárquica que para funcionar exige de una disciplina y un mando inevitablemente autoritarios. Ningún medio puede operar a partir de deliberaciones y menos aún de decisiones democráticas. Aunque siempre es deseable el contraste interno, no hay un solo noticiero que no tenga un responsable de las determinaciones fundamentales. A las 6 de la mañana, cuando comenzaba la transmisión de su programa, Carmen Aristegui tenía que contar con el guión, los enlaces telefónicos, los contenidos en audio y el resto de los recursos que le permitían dirigirse a sus radioescuchas. Esos contenidos resultaban de los lineamientos que ella misma había establecido, de acuerdo con sus colaboradores, desde el día anterior y en muchos casos varios días antes.

   Así sucede en todos los noticieros del mundo. En España Hoy por hoy, el noticiero de la Cadena Ser cuyo nombre fue imitado por los noticieros de W Radio en México, es conducido por el periodista catalán Carles Francino que, además de estar ante el micrófono, aparece claramente identificado como “Director” del equipo que hace ese programa. Ese noticiero fue conducido, pero también dirigido, durante 19 años por el periodista Iñaki Gabilondo hasta que en 2005 el Grupo Prisa, propietario de Cadena Ser, lo destinó a conducir –y dirigir– el noticiero del nuevo canal de televisión que estableció ese consorcio en España.

   El “modelo” comunicacional que Prisa ha desplegado en su país de origen se sustenta en la notoriedad de algunos periodistas destacados y que, gracias precisamente a esas capacidades, no son meros lectores de noticias sino que además tienen la responsabilidad de decidir los contenidos que habrán de transmitir. Así que cuando los directivos de Televisa Radio, empresa cuya operación está a cargo de Prisa, manifiestan que la salida de Aristegui se debió a una incompatibilidad en los “modelos de organización y trabajo” periodísticos, no hacen mas que andarse por las ramas o pergeñar una descarada mentira.

 

Dudosas afinidades políticas

   En Televisa Radio no hubo dos “modelos” contradictorios de trabajo periodístico, sino el intento de dicha empresa para modificar las normas que durante varios años funcionaron para los noticieros en la W igual que en las radiodifusoras que Prisa tiene en otros países. Por causas que no han explicado –y en estos casos la ausencia de precisiones suele deberse a motivos incómodos– a los operadores de esa empresa los contenidos que difundían Aristegui y su equipo les resultaron crecientemente molestos. No querían un nuevo modelo sino sustituir a quienes tomaban las decisiones en esos noticieros.

   Aquí es donde resulta inevitable incursionar en el terreno de la especulación. Hay motivos para suponer que el interés de Aristegui para que Andrés Manuel López Obrador acudiera a Hoy por hoy, o para ofrecer versiones distintas a las oficiales en asuntos como la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio, pudo haber preocupado a los directivos en México del Grupo Prisa, que habitualmente buscan buenas relaciones con el gobierno en turno en este y otros países. Quizá advirtieron que la alianza que tienen con Televisa y gracias a la cual comparten la propiedad de esas estaciones de radio, se quebrantaba debido al compromiso que Aristegui mantuvo para dar una cobertura plural, invitando a voces que estaban excluidas de las televisoras privadas, en el debate sobre la legislación para los medios de comunicación.

   Hay quienes piensan que las denuncias en ese noticiero contra sacerdotes acusados de pederastia, o la difusión de la charla telefónica que desnudó la intensa ordinariez del gobernador de Puebla, mellaron prejuicios o intereses de Prisa en México o de sus socios comerciales. Pero cuesta trabajo suponer que comunidadores con tanta experiencia como los que encabezan a ese consorcio mediático no entendieran la importancia de tales denuncias, que además de otras consecuencias públicas contribuyeron a extender el prestigio de Aristegui y su noticiero.

   Algunas de las prácticas periodísticas del equipo que hacía Hoy por hoy matutino podían ser irritantes e incluso discutibles. En asuntos como la muerte de la señora Ascencio, o cuando antes de las elecciones de 2006 ese noticiero propagó la versión de presuntas irregularidades en el manejo del padrón electoral, en varias ocasiones hubo más ideologización que información. De cuando en cuando, la adjetivación por parte de algunos reporteros –y reporteras– se imponía a la búsqueda de hechos verificables. El mismo estilo personal de Aristegui, simpático por desenfadado, llegaba a ser innecesariamente desordenado en la presentación de las noticias.

   Con todo y esos defectos el de Carmen Aristegui se consagró, con méritos propios, como un espacio singular en la radio matutina. Gracias a dicho estilo, con todo y sesgos y afinidades, sus oyentes preferían ese a otros noticieros en la radio mexicana.

   Por lo demás, las inclinaciones obradoristas de ese noticiero eran más aparentes que reales. Durante las campañas de 2006, de todo el espacio que Hoy por hoy destinó a los candidatos presidenciales López Obrador recibió el 37.6%, Felipe Calderón el 27.9% y Roberto Madrazo el 26.8%. Pero esa proporción era similar, o incluso menos desigual, a la que había en otros noticieros en la radio de la ciudad de México. Por ejemplo en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el 44.2% de toda la información sobre ese tema fue acerca de la campaña del candidato presidencial del PRD, el 32.7% estuvo destinado al PAN y el 21% al candidato del PRI, de acuerdo con datos que hemos calculado a partir del monitoreo del IFE.  Después de las elecciones de julio y durante todo el año siguiente, fue López Obrador quien decidió identificarse con el programa de Aristegui y acudir a él en algunas ocasiones, al mismo tiempo que se negaba a aceptar las invitaciones que le hacían los conductores de otros noticieros.

   No hay elementos para sostener que la desaparición del Hoy por hoy de Carmen Aristegui se debió a una censura dispuesta por el poder político. Lo que sí se puede documentar es el interés del Grupo Prisa para congraciarse con el gobierno mexicano del cual dependen, entre otros negocios, los cuantiosos contratos de los libros que el área editorial de ese consorcio maquila para la Secretaría de Educación Pública.

   Lo que es indudable, en todo caso, es la inquietud pública que suscitó la decisión de Televisa Radio para cancelar el noticiero de Aristegui. Empresarial o político, se trató de un gravísimo error. El prestigio de dicha empresa y de los negocios del Grupo Prisa en México se han deteriorado en proporción inversa a la reputación de esa querida periodista, cuya voz se ha vuelto indispensable para muchos ciudadanos.

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PRISA, Televisa y Aristegui

Publicado en La Crónica el 10 de enero de 2008

   Orondo y jactancioso, la tarde del domingo 14 de octubre de 2001 Lino Korrodi llegaba a Madrid en el vuelo de Iberia desde la ciudad de México. Mientras bajaba del piso superior en donde estaba la primera clase, anunciaba entusiasmado que horas más tarde se firmaría la participación del Grupo Prisa como copropietario de las estaciones radiofónicas de Televisa.

   En aquel tiempo el fundador de Amigos de Fox todavía no se distanciaba del Presidente de la República. Al contrario, participaba en numerosos asuntos privados y públicos a la sombra del titular del Ejecutivo Federal y hacía notar su influencia en negociaciones como la que esa tarde de otoño culminaría en una ceremonia en la Embajada de México en la capital española.

   Aquel fin de semana el presidente Fox cumplía cuatro días de gira por Europa y Korrodi llegaba justo a tiempo para estar presente en la firma del acuerdo entre las empresas mediáticas más importantes de España y México. El convenio de Prisa y Televisa tenía relevancia específica porque significaba un desembolso de 60 millones de dólares por parte del consorcio encabezado por Jesús de Polanco –­­50 de ellos para comprar la mitad de la propiedad accionaria de las 17 estaciones de radio que Televisa tenía en México y otros 10 millones de dólares para una ampliación de capital–. En virtud de esa transacción, Televisa se encargaría de administrar las finanzas de su división radiofónica en tanto que Prisa sería responsable de los contenidos de tales emisoras.

   Además ese acuerdo, que firmaron De Polanco y Emilio Azcárraga Jean, significaba la formalización de una alianza para la cual ambas empresas habían interpuesto numerosos regateos. Desde tiempo atrás, Televisa tenía un evidente interés para invertir en España pero se había acercado sobre todo a corporaciones mediáticas identificadas con grupos políticamente conservadores. Durante varios años el representante de Televisa en ese país había sido Luis María Ansón, director de ABC, diario conocido por sus posiciones de derechas.

   Cuando Televisa advirtió que la filiación política de esos socios podía obstaculizar sus negocios en España, emprendió un viraje que culminaría aquella noche del 14 de octubre. No era una rectificación fácil porque ocurría en contra de la opinión del gobierno del Partido Popular, encabezado por el presidente José María Aznar.

   El gobierno español hubiera preferido que Televisa se aliara con alguna de las empresas de medios cercanas al PP y no con el Grupo Prisa, cuya simpatía con el Partido Socialista Obrero Español se manifestaba cotidianamente en medios como el diario El País. Pero en el acercamiento de Televisa y Prisa fueron definitivas las gestiones de dos personajes sólo en apariencia disímbolos.

   Carlos Slim, que ya era el hombre más adinerado de México, estaba interesado en auspiciar la expansión internacional de Televisa aparentemente porque pretendía incrementar la participación accionaria que ya tenía en esa empresa. Su principal competidor en negocios de telefonía en América Latina era la Telefónica de España. Y esta corporación, dentro de España misma, estaba asociada con las empresas rivales del Grupo Prisa. Así que respaldar el crecimiento de Prisa era una manera de enfrentar a Telefónica.

   Para manejar ese acercamiento Slim contó con la colaboración de Felipe González, ex presidente del gobierno español. Aunque ideológicamente podría haber parecido que esos dos personajes eran como el agua y el aceite, González era asesor del empresario mexicano y utilizó su ascendiente en las decisiones de Prisa para facilitar el convenio con Televisa. Aquella tarde del 14 de octubre, al ex presidente Felipe González se le podía ver en el vestíbulo del elegante hotel Villa Magna, en el Paseo de la Castellana, haciendo antesala para que lo recibiera Carlos Slim.

   Al comprar la mitad de Televisa Radio, el Grupo Prisa quería apuntalar el crecimiento en América Latina que había iniciado poco antes al adquirir una porción de Radio Caracol en Colombia, entre otras inversiones en la radio del nuevo Continente. También esperaba tener, desde México, una punta de lanza para incursionar en el mercado de la radio en español en Estados Unidos.

   Con tal afán, los directivos de Prisa entendieron el respaldo del presidente Fox como un aval para desplegar ese y otros negocios en México. En el terreno de la radio estaban muy interesados en contratar a José Gutiérrez Vivó, quien para entonces ya había roto con el Grupo Radio Centro.

   Quizá llevados por ese entusiasmo, los empresarios españoles cometieron un error jurídico y otro de índole profesional. El primero, consistió en la ilegalidad del acuerdo que suscribieron con Televisa porque la Ley Federal de Radio y Televisión establece que las empresas de radiodifusión solamente pueden ser propiedad de ciudadanos mexicanos. La operación suscrita aquel 14 de octubre se pertrechaba en un subterfugio pretendidamente legal, que es la llamada inversión neutra establecida en la Ley de Inversiones Extranjeras para socios no mexicanos que tienen derecho a recibir utilidades pero no a participar en las decisiones de las empresas en donde se pone en práctica ese régimen. Y aunque disfrazada como tal, ha resultado clarísimo que la que tiene Prisa en Televisa Radio no es en manera alguna inversión neutra. Desde el acuerdo suscrito por el ahora fallecido Jesús de Polanco y Emilio Azcárraga Jean, quedaba establecido que la parte española estaría a cargo de la programación de las estaciones de radio y de todas las decisiones inherentes a ella. Esa transgresión jurídica solamente pudo ser dispensada gracias al beneplácito del presidente Fox al acuerdo entre Prisa y Televisa.

   El error profesional, resultado en parte de la ignorancia pero también de cierta soberbia, consistió en suponer que las radiodifusoras que manejaría en México, así como en otros países de América Latina, podrían tener contenidos similares, o incluso idénticos, aderezados con algunos espacios de programación local. Los directivos de Prisa imaginaron que los radioescuchas en Colombia, Chile, México o Panamá, entre otros países, recibirían alborozados los programas producidos en España, o con cartabones análogos a los que desarrollaba allí la Cadena Ser, que es el brazo radiofónico original de ese consorcio. Pero los programas de pretensiones continentales, o incluso trasatlánticas, fueron un fracaso rotundo –aunque no sonoro porque tuvieron escasa audiencia–. Y es que la gente de Prisa terminaría constatando que en Colombia prefieren contenidos locales, de la misma manera que en México tiene más éxito la radio hecha por y para mexicanos. No se trata de chovinismo mediático sino de la cercanía cultural y social que distingue a la radio.

   Fue precisamente con programas locales como XEW, la estación emblemática de Televisa Radio, se levantó del marasmo que padecía. Los noticieros de Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Javier Solórzano (difundidos, respectivamente, por las mañanas, a media tarde y antes de la noche) adquirieron personalidades propias y afianzaron audiencias constatables gracias a la destreza profesional de esos tres comunicadores y a la libertad con que podían trabajar. El hecho de que la gestión de los contenidos en esa emisora no estuviera a cargo de Televisa, sino de Prisa, resultó definitorio para que esa libertad fuera posible. La libertad periodística podría significar un buen negocio comercial y, también, político.

   Antes de las elecciones presidenciales de 2006, los directivos de Prisa comprendieron que la cercanía que habían tenido con el gobierno de Fox podía comprometer sus negocios en México en caso de que el vencedor fuera Andrés Manuel López Obrador. Desde el año anterior y durante los primeros meses de las campañas formales, la cobertura que hacía el diario El País de la elección mexicana era notoriamente favorable a ese candidato presidencial. Solamente cuando la postulación de Felipe Calderón fue crecientemente competitiva y especialmente después del 6 de julio, el diario emblemático del Grupo Prisa comenzó a cuestionar a López Obrador.

   El 3 de febrero de 2006, después de buscarlo en varios sitios del país, tres directivos de Prisa se reunieron en Villahermosa con López Obrador. Aparentemente conversaron también con otros candidatos presidenciales. Aquel encuentro era parte de las relaciones publicas que Prisa desplegaba para asegurar sus negocios en México pero además fue visto con interés en algunos segmentos de la clase política de nuestro país.  10 días más tarde el reportero Emilio Viale dio a conocer en La Crónica un correo electrónico que Liévano Sáenz, ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, le había enviado el 9 de febrero al representante del Grupo Prisa en México, Antonio Navalón. En aquel mensaje, Sáenz decía que la reunión en Villahermosa había sido “una determinación visionaria y posiblemente magistral”.

   En ese contexto, pero antes que nada gracias al talante profesional de sus conductores, los noticieros de XEW tuvieron una apertura que no había existido en dicha emisora. Pero no sólo ellos. Las principales radiodifusoras del país le dieron a las campañas electorales una cobertura equitativa. En el transcurso de aquella crispada y confusa temporada, López Obrador decidió que el de Carmen Aristegui era de los pocos espacios en los que quería confiar. En realidad no era el único noticiero radiofónico interesado en darle voz al para entonces ex candidato presidencial pero él, como parte del proceso de aislamiento que padeció, se negaba a participar en la mayoría de los medios que lo invitaban.

   Esa preferencia, así como la búsqueda de enfoques distintos a los convencionales e incluso abiertamente contestatarios en algunos temas, le permitieron a Carmen Aristegui singularizar a su noticiero e interesar a una audiencia creciente y significativa. El éxito que había alcanzado, hace inverosímil la versión de que Hoy por hoy de la mañana fue cancelado debido a problemas financieros. El “modelo editorial” que reivindica Prisa para sus noticieros (“basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”) no es distinto del que practicaban esa periodista y sus colaboradores.

   La cancelación –lamentable y cuestionable– del noticiero de Aristegui no fue una determinación administrativa sino política. Fue una decisión del Grupo Prisa, independienteme de las complacencias, anuencias o alianzas que pueda haber buscado con ella. Se trata de una decisión que no es distinta a otras que, también por conveniencias de negocios, ha tomado ese consorcio en México y otros sitios de América Latina. Incluso en España, ahora mismo, después de que el actual gobierno ha tenido reticencias con la expansión de algunos negocios de ese consorcio, los espacios periodísticos de Prisa tratan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con una severidad que no se les conoció en años anteriores.

 

La cancelación del noticiero de Carmen Aristegui

 Declaración pública de AMEDI

CANCELACIÓN DEL NOTICIERO DE ARISTEGUI: CONSECUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA.

XEW reproduce un modelo autoritario y mercantilista de la radio mexicana

Viernes 4 de enero de 2008

Golpe a la pluralidad, la libertad de expresión y la democracia en el país-

La cancelación del noticiero de Carmen Aristegui en W Radio es una pésima noticia para la vida pública y la democracia en México. En los años recientes, con perseverancia y profesionalismo, ese espacio radiofónico se convirtió en referencia indispensable para conocer asuntos, enfoques y voces que no siempre tenían cabida en otros medios de radiodifusión.

La decisión del grupo PRISA en México, que administra los contenidos de las radiodifusoras de Televisa, confirma los riesgos que ocasiona la concentración de muchos medios en pocas manos. El acaparamiento de frecuencias radiofónicas y televisivas en unas cuantas empresas se ha convertido en uno de los diques más importantes para el desarrollo de la democracia en este país. Esa concentración puede significar restricciones para la libertad de expresión como la que, en la práctica, está ocurriendo con la supresión del programa de la periodista Carmen Aristegui.

Tal decisión, por otra parte, es contradictoria con la amplia audiencia que había alcanzado el noticiero matutino de XEW. La empresa ha manifestado que “el modelo editorial” practicado por Aristegui y su equipo de colaboradores resultaba “incompatible” con los parámetros establecidos por PRISA y Televisa. Lo que ha conocido el público que hasta ahora escuchaba ese noticiero era un desempeño profesional, que ha tenido uno de sus principales méritos en sus enfoques críticos y en el periodismo inquisitivo que desarrolla. La apertura a todas las posiciones involucradas en un acontecimiento, el cumplimiento irrestricto del derecho de réplica y una constante interacción con sus radioescuchas, han sido rasgos del periodismo que ejercen Aristegui y sus colaboradores. Es necesario que los directivos de XEW precisen con cuáles de esos atributos profesionales no están de acuerdo y, desde luego, que expliquen cuál es el “modelo editorial” que proponen para la radio que manejan en México.

Esta decisión es una patente falta de respeto por el interés del público que hasta ahora había tenido esa emisora. En nada se distingue esa actitud del modelo autoritario, ceñido al afán mercantil y a las conveniencias políticas que de él se derivan, que ha sido preponderante en la radiodifusión mexicana. La cancelación del noticiero de Carmen Aristegui ratifica la necesidad de que México cuente con una legislación moderna para la radiodifusión y las telecomunicaciones, que sea capaz de propiciar la pluralidad de contenidos, acotar la concentración mediática y garantizar el respeto a las audiencias.

Atentamente

Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Javier Corral Jurado, Presidente del Comité Directivo

Miguel Ángel Granados Chapa, Coordinador del Consejo Consultivo

Comité Directivo: Leoncio Acuña Herrera, Dolores Béistegui, Virgilio Caballero Pedraza, Aleida Calleja Nuñez, Mónica Lozano Serrano, Jorge Fernando Negrete, José Agustín Pineda Ventura, Beatriz Solís Leree, Gabriel Sosa Plata, Aimée Vega Montiel.

Consejo Consultivo: Alberto Aziz Nassif, Jesús Cantú Escalante, Jaime Cárdenas Gracia, Felipe Cazals, José Antonio Crespo, Ricardo Raphael de la Madrid, Denise Dresser Guerra, Daniel Gimenez Cacho, Gustavo Esteva, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Patricia Ortega Ramírez, Loretta Ortiz Ahlf, Carlos Ortiz Tejeda, Raúl Padilla López, Carlos Padilla Ríos, Francisco José Paoli Bolio, Inna Payán, Elena Poniatowska, Agustín Ramírez, Gustavo Reyes-Terán, Luis Javier Solana, Francisco Toledo, Raúl Trejo Delarbre, Francisco Valdés Ugalde, Ernesto Velázquez Briseño.

 

Sobre el trabajo de Carmen Aristegui véase, en este blog: Círculo Rojo , Pedro Ferriz de Con

Sobre Televisa Radio: Acuerdo con PRISA y PRISA y Televisa

Poder diferido

La Crónica, 11 de octubre 2007

  Quién sabe si el presidente Calderón sabía, mientras hablaba ayer ante los radiodifusores, que su discurso no estaba siendo transmitido en directo por la mayoría de las estaciones de televisión y radio. Tan prestas como fueron hace exactamente un mes para encadenarse mientras protagonizaban ante los senadores el patético espectáculo que tantas recriminaciones les ha propiciado, ayer los dueños de las radios y televisoras privadas dispusieron que la comida anual de la Cámara Nacional que las reúne, y en la que es tradición la presencia del titular del Ejecutivo Federal, fuese difundida con hora y media de retraso.

   Únicamente una de las frecuencias de Radio Fórmula y XEW y quizá alguna otra emisora transmitieron, en la ciudad de México, el discurso presidencial mientras ocurría. Muchas otras estaciones y un canal de cada una de las televisoras privadas lo hicieron de manera diferida. En ningún caso, hasta donde pudimos apreciar, esas estaciones advirtieron a sus audiencias que no se trataba de una transmisión en vivo.

   Tan desusado tratamiento al discurso presidencial puede tener varias explicaciones. Quizá los radiodifusores decidieron no alterar la hora de la comida de la mayoría de los televidentes y radioescuchas y por eso dejaron el mensaje del presidente Felipe Calderón para después de los postres. Pero es inevitable suponer que tal decisión estuvo relacionada con las secuelas de la fallida campaña que esos empresarios levantaron contra las reformas constitucionales que los dejaron sin el gasto que hacían los partidos en la contratación de propaganda electoral.

   Posiblemente los radiodifusores quisieron supervisar el discurso presidencial antes de transmitirlo. Quizá temían que el presidente de la República apoyara el proceso de reformas constitucionales que acaba de terminar con el voto favorable de 30 legislaturas estatales y que fue impulsado por los tres partidos más importantes del país. De haber sabido que sería tan complaciente con ellos, es altamente probable que lo hubieran difundido en directo y por muchas más frecuencias.

   El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.

   Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral –en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación– y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.

   El presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional –y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano– Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

   Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido de la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma –por ejemplo, por parte de Televisión Azteca– hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.

   Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.

   La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de amplitud modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.

   La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.

   Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la Ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.

   Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.

   Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “C”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?

   Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.

   No tenía por qué ser agresivo. Pero el presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante suyo sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.

   Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusores comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.

   El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

   Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de 5 años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.

   Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aun no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.

   Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.

 

El difícil destino de Monitor

Publicado en la revista emeequis, 16 de julio de 2007

La suspensión de Monitor, uno de los noticieros más conocidos en la radio mexicana, ha suscitado comparaciones un tanto exageradas. Hay quienes dicen que se trata de un atentado a la libertad de prensa, aunque la decisión de cancelar las transmisiones fue del dueño y conductor de Monitor. A ese episodio se le ha equiparado con la censura contra RCTV, pero en el caso venezolano el gobierno canceló el uso de una concesión y al noticiero mexicano lo que le sucedió fue que se quedó sin recursos financieros. Algún periodista ha sugerido que se trata de una medida estaliniana, pero no hay comparación alguna entre la forzosamente inmovilizada Rusia de hace más de medio siglo y el panorama mexicano (con democracia insuficiente pero con espacios de participación y expresión reales) a comienzos del nuevo siglo.

Lo que es indiscutible es que el cierre de Monitor, aunque haya sido una decisión empresarial y no del poder político, ha causado una profunda rabia entre los radioescuchas de ese espacio y, quizá con más vehemencia, entre no pocos interesados en estos temas que concuerdan en culpar de ese desenlace al gobierno actual. Pero si pudiéramos entender la circunstancia de Monitor de manera menos apasionada, habría que tomar en cuenta numerosos factores que influyeron para que José Gutiérrez Vivó dejara de transmitir su noticiero el 29 de junio pasado.

Cualquiera que visitase recientemente las instalaciones de Radio Monitor en San Jerónimo tendría que coincidir en que esa empresa no parecía estar al borde de la quiebra. Solamente quien conociera los apuros financieros del consorcio encabezado por Gutiérrez Vivó, el incumplimiento de Radio Centro que durante más de tres años se ha negado a pagar una deuda de más de 21 millones de dólares, el dilatado y aún vigente calvario judicial de una instancia a otra para reclamar el cumplimiento de ese compromiso y las varias quincenas que los trabajadores de Monitor tenían su recibir sus salarios completos, podía entender por qué las transmisiones del noticiero mostraban cada vez menos recursos de producción.

Pero las instalaciones aun relucientes, que hace pocos años fueron reinauguradas –en una ceremonia a la que Vicente Fox se negó a acudir cuando supo que allí también estaría el entonces jefe de gobierno del DF Andrés Manuel López Obrador– dejaban ver las consolas digitales, los estudios habilitados con tecnología muy reciente, las pantallas de plasma en la cabina principal, varias de las motocicletas, la unidad de control remoto y alguno de los helicópteros que le permitían a Monitor ofrecer una peculiar simbiosis de información y servicio a los radioescuchas del Valle de México.

Podría decirse, en una apreciación simplista, que todos esos recursos eran tan costosos que terminaron por agotar las finanzas de Grupo Monitor. De igual manera, se ha dicho insistentemente que las cualidades empresariales de ese personaje no son tan notables como sus atributos en el campo de la radiodifusión. En todo caso, pareciera indiscutible que si Monitor llegó a ser el noticiero más importante de la radio mexicana (posición que de unos años a la fecha le disputaban otros programas informativos) fue por el reconocible profesionalismo y, desde luego, por la cotidiana perseverancia de Gutiérrez Vivó.

Nadie sin un vehemente empeño como ese, alcanza 33 años de transmisiones prácticamente todos los días, de lunes a viernes. Y nadie sin recursos, que son la base material para cualquier trabajo profesional, logra imponer un estilo y mantenerse a la vanguardia periodística durante tanto tiempo como consiguió hacerlo ese informador.

Los de Gutiérrez Vivó no fueron problemas de calidad informativa, ni en el terreno del desempeño profesional. La arrogancia con que manejó el noticiero, y aparentemente también a la empresa, era un rasgo que hoy coinciden en reconocer lo mismo partidarios entusiastas que muchos y a veces resentidos ex colaboradores de ese periodista.

Pero tampoco esos atributos bastan para explicar la ruina financiera de Monitor. El gasto quizá innecesario en proyectos no indispensables para la sobrevivencia del noticiero radiofónico (como la adquisición en 2003 de las instalaciones de El Heraldo para crear Diario Monitor), la todavía hoy vigente deuda de Radio Centro, la caída en la publicidad comercial y la casi completa suspensión de la publicidad oficial, la escasa potencia de las estaciones de AM en las que a falta de otras opciones tuvo que confinar sus transmisiones, forman parte de una compleja colección de problemas en el vértice de los cuales quedaron atrapados Gutiérrez Vivó y su empresa. Ninguno de esos factores hubiera bastado para llevar a la quiebra a Monitor. Todos juntos, crearon una situación inmanejable.

Por eso es imposible que el remedio a uno solo de esos conflictos permitiera la resurrección de Monitor. Si hay justicia, la familia Aguirre tendrá que pagar dentro de pocas semanas la deuda –que según los abogados asciende ya a 25 millones de dólares– pero quizá ni siquiera así podrían aliviarse todos los rezagos financieros que acumula Monitor. Si Gutiérrez Vivó encuentra un socio con visión y audacia suficientes, podríamos escucharlo de nuevo en la radio pero acotado por nuevos compromisos.

Fuera de esos no hay más escenarios propicios. Los trabajadores de Monitor han mantenido una insólita y quizá plausible solidaridad con Gutiérrez Vivó porque saben que de la cohesión que mantengan depende, en parte, el destino de su fuente de empleo. Pero si esa crisis financiera no encuentra solución rápida –y aquí, de nuevo, el tiempo corre a favor de grupos mediáticos como Radio Centro– esos trabajadores buscarán otras formas de apremio aunque sea a pesar de la preservación de Monitor.

El enmarañado caso Monitor

La Crónica, 11 de julio 2007

 

   La mejor manera de no entender el caso Monitor es considerar que se trata de un litigio entre buenos y malos. Y eso es, precisamente, lo que hacen numerosos cuan bienintencionados comentaristas. De un lado, en esa apreciación maniquea, consideran que José Gutiérrez Vivó y su programa han sido víctimas, debido a sus simpatías políticas, de una ominosa persecución gubernamental. Y en el flanco de los malos, ubican al poder político junto con el Grupo Radio Centro.

   Sin embargo la realidad, latosa como suele ser, resulta más compleja. Si bien hay testimonios acerca de la malquerencia que el presidente Vicente Fox le llegó a tener a Monitor, hasta ahora no se han conocido evidencias de que hubiera promovido un boicot publicitario. De haber ocurrido así, el ahora por fortuna ex presidente podría haber incurrido en un delito al traficar con la influencia que tenía con el propósito de ejercer una presión política. Pero la fragilidad de las finanzas del Grupo Monitor es imposible adjudicársela al encono gubernamental, a menos que supongamos que el Estado tiene obligación de respaldar a las empresas de comunicación que las opiniones de moda consideran como políticamente correctas.

   Del gobierno de Felipe Calderón, la única queja que ha formulado Gutiérrez Vivó se refiere a la negativa para que el presidente le concediera una entrevista. Sin embargo en distintos espacios en la prensa y en algunos sectores de la sociedad se ha extendido la especie de que el actual gobierno censuró a Monitor.

   La ruina financiera del Grupo Monitor no es para alegrar a nadie –excepto a aquellos que, entre sus competidores comerciales, tienen una apreciación obtusa del mercado radiofónico–. Aunque progresivamente alicaída, la opción informativa que representaba satisfacía las expectativas de un segmento importante de la audiencia en el Valle de México. A pesar de los vaivenes y las inconsecuencias en sus filiaciones y apuestas políticas el trabajo profesional de Gutiérrez Vivó y sus colaboradores con frecuencia fue de tal manera innovador que, como rezaba su eslogan, Monitor marcaba el paso en la radio.

   La pluralidad que distinguió en algunas de sus mejores épocas a ese noticiero fue, antes que nada, resultado de una apuesta comercial. Ello no es en absoluto cuestionable porque el propósito de Grupo Monitor igual que de cualquier empresa era, antes que nada, hacer negocio. Por eso es posible recordar que, no pocas ocasiones, dicha pluralidad y los sesgos políticos del noticiero estuvieron supeditados a consideraciones empresariales más que a criterios de índole profesional.

   Pero si la pluralidad, modulada por las apreciaciones de Gutiérrez Vivó, era negocio para Monitor, no lo fue tanto, en cambio, su afán de autonomía corporativa. Allí es donde, posiblemente, se encuentra el mensaje más ominoso que deja la desaparición (temporal, esperamos) del noticiero de Gutiérrez Vivó. Su rompimiento con el Grupo Radio Centro desembocó en un litigio prolongado y enmarañado en donde quedó de manifiesto el talante sañudo de quienes conducen los negocios de la familia Aguirre pero, también, la vulnerabilidad de una empresa mediana cuando se aparta de la interesada cobertura que pueden ofrecer los grupos mediáticos de mayor calado.

   Mientras más se extendía, el diferendo con Radio Centro resultaba más dañino para la inestable situación de Monitor. En ese trayecto Gutiérrez Vivó seguramente cometió errores empresariales y políticos. Quedó crecientemente aislado en el terreno que le interesa más a un radiodifusor, que es el de la cobertura de las señales que transmite. Las dos estaciones que administra en el Valle de México (en las frecuencias 1320 y 1560 de Amplitud Modulada) tienen alcance muy limitado e indudablemente para muchos anunciantes el noticiero dejó de ser atractivo. Entonces Monitor dependió cada vez más de la publicidad oficial.

   Azolvadas sus relaciones con el gobierno de Fox, Gutiérrez Vivó entregó –literalmente– sus frecuencias al gobierno de la ciudad de México: los contenidos de al menos una de ellas, Radio Bienestar, fueron determinados por el gobierno de López Obrador en virtud de un convenio con Grupo Monitor. Triste y costosa paradoja: para afianzar su independencia respecto de Radio Centro y del gobierno de Fox, Monitor se hizo dependiente del gobierno de la ciudad de México.

   Ahora muchos de quienes atribuyen al gobierno federal la suspensión de las transmisiones de Monitor soslayan esas vicisitudes comerciales y políticas pero, sobre todo, sugieren que el gobierno mismo resuelva ese problema. Sin embargo los 21 millones de dólares que Radio Centro se niega a pagarle a Gutiérrez Vivó como recomendó el tribunal internacional cuyo veredicto se habían comprometido a aceptar esas dos partes depende, ahora, de una decisión del Poder Judicial. Y proponer que Monitor reciba una dotación de publicidad gubernamental muy por encima de la que es contratada en otras emisoras, implicaría un trato preferencial harto discutible. Lo que tendríamos que considerar, en ese terreno, es la pertinencia de abolir toda la publicidad que el Estado contrata en medios electrónicos e impresos.

   La única vía para que el gobierno auspiciara el retorno radiofónico de Gutiérrez Vivó sería que le abriera espacio en algunas de las estaciones que tiene el Estado, como sucedió hace varios años cuando el periodista Francisco Huerta fue despedido de una emisora comercial y encontró la hospitalidad de Radio Educación. Sin embargo es difícil imaginar al creador de Monitor detrás de los micrófonos de alguna emisora gubernamental.

   En el plano de la radio comercial, que es la que a Gutiérrez Vivó le ha interesado y en la que se sabe desenvolver, la mejor posibilidad pareciera estar en una inyección de capital privado a partir de la alianza con algún grupo empresarial. Y allí volveríamos al aciago reconocimiento sobre la precariedad de las estaciones medianas y pequeñas ante las corporaciones mediáticas ya existentes o que comienzan a surgir.

   Además de su audiencia y de su equipo de trabajo, parte del patrimonio que tiene Grupo Monitor son las dos frecuencias de AM en las que transmitía en la ciudad de México y que le cedió Radio Centro a consecuencia del acuerdo comercial que entablaron hace varios años. Desde el 29 de junio, cuando el noticiero dejó de transmitirse, en esas estaciones se difunde música clásica y de cuando en cuando algunos otros contenidos. Esas frecuencias han sido objeto de una controvertible compraventa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendría que haber supervisado con escrupulosidad. Radio Centro se las entregó a Gutiérrez Vivó como parte de una operación más amplia –como si esas frecuencias hubieran sido propiedad de la empresa de la familia Aguirre, que solamente las tenía concesionadas– y ahora su destino es incierto. Sin embargo los transmisores y las antenas desde donde se difunden esas señales son propiedad de Radio Centro.

   La casi total suspensión de la programación que nutría a esas frecuencias abre un nuevo frente de problemas para Monitor pero también para las autoridades de radiodifusión. Este caso reitera la necesidad de que contemos con una legislación capaz de propiciar que las frecuencias sean asignadas con criterios de diversidad y calidad.

   El cierre de Monitor es, mientras tanto, una pésima noticia para sus radioescuchas pero antes que nada para sus trabajadores. Al rezago que tenían en el pago de sus salarios, se añaden las dos semanas que mañana se cumplirán de la cancelación de transmisiones. No hay que olvidar que Gutiérrez Vivó decidió dejar de transmitir ante la inminencia de una huelga que había sido anunciada para el 30 de junio. Los motivos para tomar esa decisión pueden ser explicables. Pero de cualquier manera estamos ante un paro patronal, declarado para impedir la huelga que había sido emplazada por un sindicato. No deja de resultar curioso que la mayor parte de los cuestionamientos ante este episodio sean enderezados contra circunstancias y actores externos al litigio y no contra la empresa que resolvió, unilateral y repentinamente, cerrar una fuente de trabajo.

          

Convergencia, concentración, disparidades y desconexiones / Una agenda para los medios

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   A los medios de comunicación ya no se les identifica como recurso, ni como industria, sino como problema nacional. Ese es el saldo de la ausencia de contrapesos ante la centralidad política y social que las empresas mediáticas más influyentes han adquirido en la vida pública mexicana. En parte debido a las pobrezas  y limitaciones de otros espacios –partidos, Congreso, universidades, etcétera— pero fundamentalmente a causa de la voracidad no sólo financiera sino ahora también cultural que han manifestado, los consorcios comunicacionales hace tiempo dejaron de ser medios para convertirse en los protagonistas más exigentes de la sociedad y la política en este país. A la formidable capacidad de propagación de mensajes que han alcanzado, se añade el silencio o el sometimiento de otros actores sociales y políticos. Los medios, como tanto se ha dicho desde hace años, se han erigido en jueces de la vida pública nacional pero no toleran cuestionamientos –salvo cuando son tan marginales que pasan desapercibidos por la mayoría de los ciudadanos–.    Ningún personaje, institución ni fuerza política significativos está al margen del tribunal mediático. En todas las democracias los medios cumplen con un saludable papel de escrutinio, cotejo e incluso denuncia de los asuntos y personajes públicos. Pero cuando alcanzan un poder superior al de otros actores sociales –aunque sea debido a las omisiones y sumisiones de quienes podrían contrastar posiciones y ambiciones de las empresas de comunicación— y cuando rechazan ser sujetos de un escrutinio similar, los medios son, antes que nada, un problema para la democracia y la convivencia sociales.

 Después de la Ley Televisa  

La Ley Televisa, discutida y aprobada durante los primeros meses de 2006, ratificó la prepotencia del consorcio comunicacional más importante y la subordinación de los poderes institucionales a ese poder mediático. La sola decisión de promover una reforma que no tenía más propósito que el beneficio de una empresa privada, permite apreciar la concepción que Televisa tiene acerca del proceso jurídico y de la legalidad en el país. Cuando decidió que la legislación que imperó durante casi cinco décadas no le ofrecía condiciones de expansión suficientes para sus negocios, ese consorcio encargó la elaboración de un proyecto de acuerdo a sus intereses.    El hecho de que una empresa busque modificar la legalidad para ajustarla a sus proyectos de negocios no resulta inusitado. Lo verdaderamente escandaloso fue la docilidad de los legisladores –los diputados por unanimidad y después los senadores en una proporción de 2 a 1— para respaldar, sin modificar un ápice, la iniciativa que enviaron los personeros de Televisa.    El debate que se desarrolló entre la aprobación en una y otra cámaras así como el diferendo legal que se mantuvo por varios meses –cuando varias docenas de senadores exigieron a la Suprema Corte la revocación de aquellas reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones– indicó, sin embargo, que el consenso social y político de Televisa se encuentra cada vez más maltratado. Junto al incremento en el desprestigio de esa empresa pudo advertirse una deliberación más puntual acerca de aspectos específicos de la operación y la presencia pública de los medios [1].  

Arbitrariedad y discrecionalidad  

Las características y los canales tradicionales de los medios de comunicación de masas se están renovando con tanta rapidez y contundencia técnicas que no siempre son advertidas dentro de esa discusión. El interés de Televisa para asegurar un desarrollo de la convergencia digital sin regulaciones estatales suficientes pretende no sólo una más expedita acumulación financiera sino, junto con ello, el establecimiento de un modelo tecnológico dominado por esa y otras corporaciones.    En todo el mundo el Estado y las corporaciones mediáticas se encuentran en litigio por la regulación de las comunicaciones. Los países con democracias consolidadas han reconocido que dejar el desarrollo de los medios y las telecomunicaciones al garete del mercado implicaría que las instituciones políticas renunciaran a responsabilidades fundamentales y dejaría a los ciudadanos en condiciones de singular inermidad frente a las corporaciones mediáticas. Un documento difundido recientemente por la UNESCO identifica algunos de los motivos para que el Estado asuma la regulación de los medios: “¿Por qué se debe regular la radiodifusión? En parte porque los medios de radiodifusión pueden afectar la manera de pensar y el comportamiento de la gente de una forma muy marcada, tanto para bien como para mal. Poner riendas a su poder para que esté al servicio del proceso democrático es uno de los propósitos claves de la regulación para la radiodifusión” [2].    El mismo documento recuerda que la regulación de los medios es necesaria para promover la cultura, defender el interés nacional, establecer normas para la publicidad y tutelar a las audiencias más desprotegidas entre otros motivos. Y más adelante precisa: “la radiodifusión utiliza el espectro y éste es un recurso público, que se asigna a los países de acuerdo con complejos acuerdos internacionales. Así, es un recurso escaso: solamente hay una cantidad limitada de espectro disponible para la radiodifusión en cada país. Y en consecuencia, como es un recurso escaso, es valioso. Incluso pensando que la radiodifusión digital está incrementando la cantidad de canales de radio y televisión que están disponibles, aún así no hay un suministro ilimitado. En consecuencia es razonable que el Estado, como propietario del espectro, establezca obligaciones para los radiodifusores que utilizan ese recurso” [3].   Las formas de regulación en este campo son muy variadas pero en la gran mayoría de los casos, tanto en Europa como en Norteamérica, existen autoridades con capacidades para otorgar y denegar licencias de radiodifusión y telefonía, imponer sanciones cuando se infringen los lineamientos básicos y favorecer la emisión de contenidos así como propiciar coberturas que tomen en cuenta a los grupos más desfavorecidos en cada sociedad.   Nada de eso está garantizado en México. La Ley Televisa reformó unos cuantos de los centenares de artículos que contienen las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Pero uno de los cambios más importantes que implicó fue la asignación a la Comisión Federal de Telecomunicaciones –que ya existía aunque los mecanismos para su integración se modificaron parcialmente– de facultades para proponer al gobierno la asignación de nuevas concesiones de radio y televisión.   Esa Comisión se encuentra supeditada al gobierno federal y sus tareas principales consisten, simplemente, en hacer propuestas para las decisiones que en ese terreno seguirán tomando el Presidente de la República y el secretario de Comunicaciones y Transportes. Además de establecer que el criterio esencial para la asignación de nuevas concesiones de radiodifusión será de carácter mercantil –lo cual contraviene el sentido social que tendría que prevalecer en la radiodifusión– esas modificaciones legales les permiten a las televisoras y radiodifusoras que ya tengan concesiones la explotación irrestricta de tales frecuencias. En muchos otros países el empleo de las frecuencias para además de señales de radiodifusión difundir servicios de telecomunicaciones –telefonía celular o conexiones a Internet por ejemplo– implica el desembolso de altas sumas de dinero. En México las empresas de radiodifusión podrán ahorrarse esas contribuciones gracias a la reforma que supedita esos pagos a la decisión que en cada caso tomen las autoridades administrativas [4].   La Ley Televisa fue presentada como remedio a la vieja discrecionalidad que dejaba el otorgamiento de concesiones en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa facultad no cambió. Peor aún, la posibilidad de que la autoridad administrativa (en este caso la propia SCT y además la Cofetel) puedan congraciarse con los consorcios de la comunicación privada es todavía mayor. No hace falta demasiada imaginación para suponer el tráfico de intereses que habrá cuando el pago por la utilización de las frecuencias de radiodifusión para difundir en ellas otros servicios esté sujeto a decisiones facultativas del gobierno. 

 Legislación estancada  

Es pertinente enfatizar en las implicaciones de la Ley Televisa porque es la única reforma a la legislación sobre los medios que se ha puesto en práctica en las últimas décadas. Y se trata, como mucho se ha insistido, de una reforma regresiva. Las exigencias que durante varias décadas presentaron distintos grupos gremiales y sociales para que las leyes destinadas a los medios reconocieran derechos básicos de los mexicanos y promovieran la diversidad de contenidos y opciones siguen siendo desatendidas por el mundo político. Peor aún, en la aprobación de la Ley Televisa se constató la reducción de la llamada clase política a los dictados de ese consorcio comunicacional.    Las implicaciones que esa subordinación tiene para la solidez del   Estado son de la mayor gravedad. En México nunca ha existido una relación equitativa entre medios de comunicación, sociedad y poder político. Durante largo tiempo el trato entre unos y otro fue de sometimiento de las empresas comunicacionales al interés del gobierno. Y súbitamente, en el transcurso de la administración del presidente Vicente Fox, esa relación se invirtió de tal manera que el gobierno, al menos en varias de sus decisiones y actitudes principales en este campo, se ha disciplinado al interés de las empresas de comunicación. Dicho cambio perjudica a la sociedad mexicana y hace del problema de los medios el escollo más importante para la consolidación de la democracia en este país.    La legislación que se mantiene para los medios sigue siendo notablemente atrasada. En vez de contar con una normatividad congruente y clara para los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión, se conservan dos ordenamientos que en algunos de sus apartados llegan a ser contradictorios a pesar de las modificaciones que implicó la Ley Televisa. Las empresas que ofrecen servicios de telefonía, por ejemplo, están obligadas a pagar muy altas cantidades de dinero por ese privilegio. Pero, en cambio, cuando una televisora quiera emplear con el mismo propósito una parte de la frecuencia que usufructúa podrá quedar exenta o pagar una cuota solamente simbólica.    En otros aspectos la Ley Federal de Radio y Televisión conserva rezagos que padecía desde que fue aprobada en 1960 y muchos otros debido al desarrollo tecnológico de los medios y al de carácter político que ha experimentado el país. Mantener la asignación de concesiones en manos del gobierno significa un estancamiento similar al que habría si, en el plano de la competencia política, las elecciones federales las siguiera organizando la Secretaría de Gobernación.   Peores aún son las implicaciones de la Ley de Imprenta que a comienzos de 2007 cumplirá 90 años. Hay quienes, incluso en la prensa de nuestro país, creen que esa obsoleta ley, que está imbuida de una concepción literalmente decimonónica del comportamiento de la prensa (en su calificación de las faltas a la moral, a la vida privada o al orden público) ya no se aplica. Pero la Ley de Imprenta de Venustiano Carranza es vigente y, de cuando en cuando, ha sido motivo de sentencias de cárcel o de litigios penales contra algunos periodistas y ciudadanos de otras profesiones.    En México siguen vigentes las penas corporales para sancionar delitos de información y opinión. A comienzos de 2006 el Congreso aprobó algunas reformas a los códigos civil y penal de carácter federal con el propósito de eliminar las sanciones de cárcel para los periodistas. Sin embargo a los legisladores se les olvidó que esas condenas se mantienen en la Ley de Imprenta.   En varias ocasiones, en el transcurso de los años recientes, el Congreso y la sociedad han dejado pasar la oportunidad de emprender una reforma integral para el régimen legal de los medios de comunicación. En todas ellas las empresas mediáticas, que preferían el mantenimiento del viejo régimen jurídico, se impusieron a los legisladores y grupos ciudadanos que proponían cambios a esos antiguos ordenamientos. A fines de 2005 Televisa promovió las reformas que hemos mencionado y que fueron aprobadas pocos meses más tarde.  

TV digital: más para unos cuantos  

El rezago en la legislación mexicana para los medios se acentúa conforme avanzan el desarrollo tecnológico y social. La incorporación de las nuevas tecnologías que gracias a la digitalización de los contenidos y a su imbricación con las telecomunicaciones hacen más veloz, versátil, extensa y barata la propagación de mensajes de toda índole, en México ha ocurrido de manera irregular, desconcertada y supeditada única o fundamentalmente a la lógica de las grandes empresas mediáticas.    Las reglas para la televisión digital, que significa emisiones de mucha mayor calidad pero también la ampliación hasta en cuatro o cinco veces de los canales disponibles para ese medio en el espectro radioeléctrico, fueron establecidas de manera casuística y arbitraria, en 2004, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [5]. El criterio para el aprovechamiento de ese nuevo recurso fue muy simple: el gobierno acordó que a las empresas de televisión, por cada frecuencia que ya tuvieran, se les asignara otra más para que en ese espacio adicional difundieran televisión de formato digital mientras que en el que ya utilizaban deberán seguir transmitiendo señales de carácter análogo. Ese mecanismo para asignar las frecuencias digitales supone –o implica– que las únicas empresas interesadas en difundir televisión digital son aquellas que ya transmiten de manera analógica. Es decir, deja fuera a cualquier otro aspirante a incursionar en esa nueva modalidad de televisión.    Así es como se han asignado las frecuencias de TV digital en Estados Unidos pero allá no existe la concentración de muchas estaciones en pocas empresas que padecemos en México.  Es decir, para diseñar el futuro inmediato y a mediano plazo de la televisión el gobierno mexicano copió un modelo utilizado en una realidad mediática muy distinta de la que hay en nuestro país. En Estados Unidos está prohibida la concentración de medios tal y como la hemos conocido en México. Las cadenas nacionales de televisión son cinco (y no dos como este país) y cada una de ellas afilia a centenares de estaciones que son propiedad de numerosos concesionarios locales. Aquí, en cambio, la enorme mayoría de las repetidoras y filiales de las dos cadenas de la televisión nacional son propiedad de Televisa o Azteca.   El gobierno mexicano pudo haber utilizado otros criterios para asignar las concesiones de televisión digital. En la Gran Bretaña por ejemplo, a las empresas que ya tenían frecuencias para TV analógica se les entregó solamente una parte de los nuevos espacios; el resto se distribuyó entre empresas que hasta ahora no habían tenido oportunidad de incursionar en ese medio. Esquemas similares se han puesto en práctica en otras naciones europeas y se han discutido, a lo largo de 2006, en varias naciones de América Latina [6].   Las reglas para la televisión digital en México imponen la permanencia de un mercado cerrado y excluyente. Las empresas que ya difunden televisión serán aquellas que incursionen, al menos en una primera etapa, en el desarrollo de ese medio. Además se trata de un modelo de digitalización que privilegia la propagación de los contenidos que ya existen en la televisión mexicana, pero transmitidos ahora con una imagen de mejor definición y no la diversidad y ampliación de opciones. En el espacio en donde hoy en día se difunde una señal de carácter analógico (por ejemplo las frecuencias de los canales 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 22 y 40 en la ciudad de México) la digitalización permitirá dos opciones. La primera de ellas es la transmisión de una señal de alta definición como la que se ve en los televisores de ese tipo que recientemente comenzaron a comercializarse en nuestro país. Pero en ese mismo espacio o ancho de banda se pueden difundir varios canales (tres, cuatro o quizá cinco, de acuerdo con la potencia o el alcance que tengan) que, siendo digitales, no tendrían una imagen de alta definición.    Las decisiones que el gobierno mexicano adoptó en 2004 y que han sido ratificadas a cada paso en el plan de digitalización de las señales de televisión implican que en ese medio haya, simplemente, más de lo mismo. En vez de elegir un sistema de televisión que permita difundir por lo menos el triple de los canales de los que se dispone ahora aunque no todos ellos sean de alta definición, las autoridades mexicanas optaron por el modelo que antepone la comercialización de las mismas señales y contenidos que de tan triste manera han distinguido a la televisión mexicana. 

Las redes de Televisa  

Nos hemos detenido en el caso de la televisión digital porque muestra de forma clara los criterios que han prevalecido en la  definición de las políticas públicas –o, en ausencia de ellas, en las políticas establecidas por el gobierno– para los medios de comunicación en el país. Esos criterios no han contemplado la promoción de nuevos competidores en el campo de los medios electrónicos, no estimulan la innovación ni la creatividad en el diseño de contenidos, suponen que la sociedad se encuentra fundamentalmente complacida con la comunicación que ahora recibe y entienden a los medios como negocio que la estruja y casi nunca como servicio a esa misma sociedad.   La convergencia tecnológica, que en otras latitudes está ofreciendo mayores y mejores capacidades para difundir mensajes en mayor cantidad y en ocasiones también calidad, en México ha sido solamente motivo para incrementar la presencia social y el negocio de las corporaciones que ya acaparaban la comunicación tradicional, de carácter analógico. Además del campo de la televisión, las políticas gubernamentales han seguido el mismo rumbo en otras áreas del entramado comunicacional.    En la radio existen varias opciones para la digitalización. Las más relevantes son la que se ha desarrollado en Estados Unidos y la que ha prevalecido en Europa. También hay tecnologías de digitalización de las frecuencias de radio que se han puesto en práctica en Brasil y Japón. México debía elegir entre tales opciones que tienen diferentes niveles de calidad en la recepción de las señales pero que, sobre todo, implican la compra de equipos de distinta índole tanto para la transmisión por parte de las radiodifusoras como para la recepción por parte del público. Aunque no es una decisión difícil y a pesar de que en vista de la cercanía y las muchas interacciones con los vecinos del Norte la opción más viable parecía ser el estándar estadounidense, la SCT difirió por varios años la decisión acerca de cuál tecnología emplear para la digitalización en la radio [7].    Las diversas modalidades de televisión de paga, por otra parte, se encuentran dominadas por una sola empresa. La televisión por cable está dispersa en docenas de pequeños proveedores que sólo pueden retransmitir las señales de la televisión abierta cuando los grandes consorcios se los permiten. En muchos otros países la incorporación a las redes de cable de las señales de TV abierta no sólo es posible sino que constituye una obligación para los proveedores de ese servicio. En México en cambio los cableros tienen que pagar por ello. En la ciudad de México y sus suburbios solamente existe una empresa de televisión de cable que es, a su vez, propiedad del consorcio Televisa.    El círculo monopólico se cierra en la televisión satelital. La única empresa que ofrece ese servicio es Sky, que en México también es propiedad de Televisa. Así que el consumidor, si quiere ver televisión, se encuentra atrapado en las redes de dicho consorcio. Tanto para contratar señal de cable como para recibirla en una antena satelital está obligado a hacerlo con una filial de Televisa. Y si solamente quiere recibir televisión abierta de transmisión terrestre encontrará que la mayoría de los canales (en México cuatro de nueve que transmiten en las bandas de VHF y UHF) son de la misma empresa. Los servicios de televisión de paga por otros sistemas, como el de transmisión en antenas de baja frecuencia que tiene la empresa MVS, han perdido mercado y ofrecen menús de programación muy limitados.   Casi el 25% de los hogares del país cuentan con televisión de paga –por cable, satélite o transmisión aérea codificada–. Eso significa que menos de una cuarta parte de los mexicanos tiene el privilegio de acceder a contenidos distintos de los que transmite la televisión convencional. Los canales estatales y/o culturales mantienen una tarea útil, e incluso abnegada, frente a las dos cadenas nacionales de la televisión abierta. Pero siguen constreñidos por los exiguos recursos financieros y técnicos de los que pueden disponer y, por lo tanto, mantienen audiencias acotadas por esas restricciones y por el insuficiente alcance de sus transmisiones. 

Las redes de Telmex  

 En el terreno de la transmisión de datos, que se encuentra crecientemente entrelazado con los medios de comunicación tradicionales, las definiciones de la autoridad también han sido más parsimoniosas de lo que requieren la realidad tecnológica y el desarrollo cultural y social. Concentrados por Teléfonos de México, los servicios de telefonía no han tenido contrapesos capaces de mejorar sus precios. La única competencia en esa área sigue siendo en las telefonías celular y de larga distancia. Pero aún allí, la escasa o nula exigencia de las autoridades y la inexistencia de organismos de consumidores de telefonía siguen significando tarifas altas y servicios que con frecuencia son de mala calidad. La ausencia de una política nacional para extender los servicios de telefonía ha reproducido, en este rubro, la desigualdad social que escinde al país. En 2005, mientras que en el Distrito Federal existían 27 líneas telefónicas por cada cien hogares, en Chiapas solamente había 4 [8].    Igual que en el caso de la televisión digital, la convergencia del teléfono con la comunicación binaria no ha sido aprovechada para desarrollar nuevos contenidos sino, exclusivamente, para propagar por nuevas vías los mismos programas y mensajes que ya conoce la sociedad mexicana. El envío de señales de televisión directamente al teléfono celular podría ser un recurso para crear opciones de comunicación distintas a las ya conocidas pero, al menos hasta el verano de 2006, esos nuevos servicios solamente han sido planteados como espejos de las empresas de televisión abierta. El Estado no se ha propuesto aprovechar esos recursos comunicacionales que podrían servir, entre otros usos, como nuevas opciones de servicio y orientación.    De manera natural aunque inconstante y desordenada –es decir, sin un proyecto estatal que hubiera podido impulsar y extender su crecimiento– Internet se ha desarrollado hasta llegar, a mediados de 2006, a quizá el 20% de la sociedad mexicana. Las cifras al respecto son tentaleantes porque en este, como en todos los campos de la comunicación, en México no disponemos de estadísticas que sean a la vez actuales, confiables y accesibles. En todo caso, no resulta demasiado aventurado considerar que uno de cada cinco mexicanos dispone de alguna forma de conexión regular a la Red de redes. El 80% que sigue sin recibir ese servicio comienza a constituir un rezago para el cual no parece haber remedio a corto ni mediano plazo.    Sin una política nacional para Internet como las que han existido en otros países –aparte de los planes europeos o estadounidense, las estrategias informáticas de Brasil o Chile se encuentran entre las más encomiables– la Red se ha extendido en México impulsada casi exclusivamente por el interés de las empresas privadas que venden conexiones y otros servicios. También en ese plano, ha ocurrido un proceso de concentración empresarial: cada vez hay menos proveedores de servicios de enlace a la Red en tanto que los pocos que existen con presencia nacional acaparan cada vez más cuentas de conexión. Teléfonos de México, a través de su filial Prodigy, ha impulsado de manera significativa el consumo de Internet gracias a la venta a crédito de computadoras que cobra junto con el servicio telefónico. A cambio de ese servicio la empresa que ya es dominante en la telefonía desempeña el mismo papel en la conexión a la Red ofreciendo un servicio caro y no siempre de calidad.   El precio de las conexiones de banda ancha a la Internet –es decir, de las conexiones por cableado o señal digital distintas a las que pasan por un módem telefónico– es en México varias veces mayor a lo que cuestan en la mayor parte de los países desarrollados. Mientras que en nuestro país el usuario de una conexión de velocidad media (512 kilobytes por segundo) tiene que pagar 105 dólares mensuales por ese servicio, en Bélgica una conexión similar cuesta 32 dólares. En Canadá, una conexión a velocidad seis veces mayor cuesta solamente 40 dólares [9]. Esa constituye apenas una de las varias facetas que asume en México la brecha digital y es pertinente recalcarla porque en Internet cada vez se desarrollan más espacios de comunicación que tienden a ser una alternativa frente a las costumbres y los contenidos de los medios convencionales.   La televisión o la radio en Internet, o la apropiación de audios y videos de cualquier índole, son parte de las nuevas formas de quehacer cultural en el mundo. Los mexicanos no han sido ajenos a ellas. Especialmente entre los jóvenes de las principales ciudades, los usos creativos de la Red comienzan a generar usos comunicacionales distintos a los ya conocidos. Pero con costos altos como los que han seguido existiendo en México la Internet de banda ancha, que es en la que se pueden tener esas formas de apropiación y creación de contenidos, será solamente para unos cuantos o crecerá con lentitud.    En México, a precios de mediados de 2006, una familia que quisiera tener Internet de banda ancha, televisión por cable y una línea telefónica debía pagar una cuenta mensual de aproximadamente 215 dólares. En Francia el mismo servicio pero de mejor calidad técnica cuesta menos de 30 dólares.

 Conectados y desconectados  

El México del 25% que tiene acceso a docenas de canales de televisión y al ilimitado universo de contenidos, información e interactividad que hay en Internet se aparta cada vez más del México del 75% que, para entretenerse y enterarse, solamente cuenta con los medios convencionales y de difusión abierta. El México del 25% puede, si quiere, mirar noticieros de otros países, navegar por sitios de la más diversa índole y consumir películas que elige en un menú con varias docenas o centenares de opciones. El México del 75% solamente dispone de los noticieros de Televisa y Azteca, o de las emisoras nacionales y locales de radiodifusión, así como del manido entretenimiento que difunden esas empresas. El primero, suele ser el México que además lee periódicos y compra revistas. El otro está poco identificado con la comunicación impresa.   Seguramente esa cuarta parte crecerá en 5 o 10 puntos porcentuales más durante los siguientes años. Pero no hay elementos que permitan anticipar un mayor incremento de los mexicanos con acceso a la información y el entretenimiento de paga. El hecho de que 30% o quizá un poco más de la población disponga de recursos financieros e infraestructura tecnológica para asomarse a realidades y contenidos más variados y versátiles que los que ofrecen los medios nacionales de propagación abierta será, desde luego, un avance. Pero las insuficiencias de ese adelanto no dejan de ser inquietantes. Por mucho que aumenten, los mexicanos con acceso a Internet y a la televisión de paga no se duplicarán en el mediano plazo y, aún así, seguirían siendo menos que aquellos cuyo consumo cultural es más limitado.    No es exagerado considerar que esa fisura en las opciones de información, entretenimiento e intercambio de experiencias tiende a solidificar la existencia de dos segmentos que mantendrán concepciones del país y del mundo diferentes. El México del acceso a las redes informáticas y a los recursos digitales será más contemporáneo de su propio tiempo, con una visión inevitablemente más global y menos ensimismada. El México de Televisa –así lo podemos llamar puesto que esa ha sido y es previsible que siga siendo su principal fuente de insumos culturales en el sentido más amplio del término– tendrá concepciones más pobres de la información, la diversión, la educación y la vida mismas.    La brecha entre unos mexicanos y otros no depende únicamente de su capacidad financiera. Aquellos que cuentan con canales y conexiones no necesariamente se apartan de los cartabones culturales e ideológicos que tienden a propagar las televisoras mexicanas. No basta con estar suscrito a Sky o tener Internet de banda ancha para ejercer un consumo culturalmente pleno. Y por otra parte no hay que desestimar los esfuerzos de quienes, sin contar con equipamiento o conexiones suficientes, son cibernautas frecuentes porque asisten a los cibercafés o en sus lugares de trabajo o estudio. También es preciso tomar en cuenta los sucedáneos y complementos que muchos ciudadanos encuentran para respaldar su consumo cultural. Aunque pueda ser cuestionable, el apoderamiento ilegal de señales de televisión por cable o satelitales sigue siendo una forma de ampliar el acceso a ese medio por parte de ciudadanos que no pagan por tales servicios y que, por lo tanto, no están inventariados en las estadísticas. Y la piratería como la denominan las empresas fabricantes de discos compactos y DVDs, o la apropiación de productos culturales como también se le podría llamar si se prescindiera de sus implicaciones judiciales también complementa, con secuelas que no han sido estudiadas, el consumo mediático de la población.    En nuestro país no hay indagaciones puntuales al respecto pero en todo el mundo la gente se aparta cada vez más de la televisión para destinar mayor tiempo a las películas o la música que alquila u obtiene a bajos precios o incluso de manera gratuita. Así que la brecha cultural entre los mexicanos está relacionada con la capacidad económica pero no se encuentra del todo condicionada por ella. El México del 25% o 30% con acceso a productos culturales variados y no necesariamente dependientes de Televisa está conformado por ciudadanos de capacidad adquisitiva suficiente para pagar tales servicios pero, también, por aquellos que se las ingenian para lograr un acercamiento aunque sea esporádico a esos canales y contenidos. 

Concentración y espacio público  

En la medida en que cuentan con más opciones de información y entretenimiento los ciudadanos, en ese plano, están en mejores condiciones de ejercer su libertad como consumidores culturales. Por eso la concentración de muchos canales en pocas manos, además de los efectos económicos y políticos que alcanza, tiene como consecuencia el empobrecimiento de la vida ciudadana.    En todo el mundo las corporaciones mediáticas alcanzan mayor poder y controlan cada vez más recursos comunicacionales. Uno de los más destacados especialistas españoles en el estudio de los medios ha explicado que entre los rasgos recientes en las industrias culturales se encuentra: “Un avance rápido de la concentración no sólo en torno a los grupos multinacionales sino también a las mayores empresas de cada mercado nacional (con frecuentes alianzas entre ambos), que se ha verificado en todas las vías posibles (integración vertical, diversificación horizontal y multimedia) y en todos los mercados desarrollados hasta tamaños que multiplican por muchas veces a los detectados (con alarma) en los años setenta. Aunque ese crecimiento aventurero no ha dejado de mostrar los pies de barro de muchos gigantes, con derrumbamientos en bolsa, endeudamientos desmesurados e incluso apresurados desmantelamientos (como Vivendi)” [10].   El profesor Enrique Bustamante se refiere a la crisis que en 2002 se develó en el conglomerado mediático Vivendi, de origen francés que había crecido desmesuradamente a fuerza de comprar empresas de ese ramo a precios superiores a su valor real. Junto con tales tropiezos, la concentración de medios prosigue con tendencias como las que también señala ese autor. En México Televisa, como es sabido, tiene presencia en los más diversos espectáculos y no solamente en la televisión. Pero quizá su capacidad de influencia mediática, cultural y política llegue a confrontarse con Teléfonos de México y otras firmas del Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim.    Durante largo tiempo Televisa y Telmex-Carso han podido avanzar por cauces diferentes e incluso han compartido la propiedad de algunas empresas. Televisa se ha dedicado al entretenimiento y Telmex a la telefonía. Sin embargo la convergencia tecnológica propicia la amalgama de ambos tipos de negocio. Como apuntamos antes las televisoras obtienen la posibilidad de difundir, además de los contenidos que tradicionalmente han transmitido, señales de telefonía e Internet. Y las compañías telefónicas, que cuentan con extensas redes de cableado en fibra óptica, están en capacidad no sólo de conducir servicios telefónicos sino, junto con ello, canales de televisión.    Así que la digitalización tendrá, entre otras consecuencias, una nueva combinación de opciones para dichas empresas. Telmex-Carso adquirirá una nueva centralidad, ahora en el terreno de los medios de comunicación. Para los ciudadanos tendrían que ser del mayor interés las decisiones corporativas (alianzas, división de tareas, escisiones o reencuentros, etcétera) que tomen esas firmas porque de ellas dependerán, en alguna medida las opciones de comu