Guillotina contra las revistas

A menos que la Presidencia de la República haga un desmentido en las próximas horas, se puede considerar que estamos ante una intencionada y grave política de extinción del gobierno federal contra las revistas impresas. La revista etcétera, especializada en medios de comunicación, reveló que la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República ha suspendido toda contratación de publicidad en medios de esa índole.

Marco Levario, director de etcétera, apunta que los responsables de comunicación en varias dependencias federales así se lo confirmaron: “Los funcionarios nos pidieron omitir su nombre y nosotros creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que es al mismo tiempo una denuncia. Desde la oficina de la Presidencia de la República no les expusieron razones o justificaciones, simplemente les ordenaron no contratar publicidad alguna en las revistas y continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos”.

Esa acusación fue apuntalada por Proceso, que en su edición de esta semana considera que hay un “Golpe de Calderón contra las revistas”.

La cancelación de la publicidad federal puede ser mortal para revistas que, a pesar de la calidad de sus contenidos, no tienen lectores ni publicidad comercial suficientes para sufragar sus gastos de edición. Hace un par de años, al comentar las disposiciones constitucionales que hubieran cancelado la propaganda a personajes públicos sufragada con recursos fiscales, hicimos un cálculo del peso que tiene la publicidad de origen estatal en algunas revistas relevantes. En esa estimación incluimos todas las inserciones publicitarias de origen estatal, que comprenden las que paga el gobierno federal pero también gobiernos de los estados y otros organismos.

En aquella evaluación, encontramos que en noviembre de 2007 el 80% de toda la publicidad que tenía la revista Proceso era de origen estatal. De allí surgía también el 94% de los anuncios insertados en el semanario emeequis, el 81% de la publicidad en la revista Nexos y el 69% de los anuncios en Letras Libres.

Aquella disposición constitucional no ha sido aplicada por falta de un reglamento que la haga vigente. Por otra parte, posiblemente los mencionados porcentajes han cambiado pero se puede asegurar que la propaganda estatal, fundamentalmente del gobierno federal, sigue constituyendo el principal respaldo financiero para la mayor parte de las revistas políticas y/o culturales más leídas en México.

No debiera ocurrir así. Lo deseable, sería que cada una de esas publicaciones tuviera lectores y respaldo publicitario de índole comercial suficientes para sufragar sus gastos. Pero a consecuencia de una larga historia de connivencias y simulaciones, durante más de medio siglo el Estado ha sido el patrocinador principal de publicaciones de toda índole en nuestro país.

Nadie o casi nadie se consternaría si varias docenas o centenares de pasquines que no tienen pero que tampoco buscan lectores y que solamente existen como instrumentos de chantaje y/o para facturar publicidad de carácter oficial, dejaran de circular debido a la extinción de su principal fuente de ingresos. Pero la cancelación de la publicidad federal afectaría también a revistas cuya contribución a la información y la reflexión las hace cumplir tareas de servicio y beneficio públicos.

La publicidad estatal tiene un flanco perverso y, otro, de índole virtuosa. Tanto el gobierno federal, como cada oficina de prensa en los gobiernos estatales, en algunos municipios poderosos, en el Congreso e incluso en universidades y organismos públicos, ha sido una herramienta para crear adhesiones o, en otros casos, promover represalias. Y por otro lado, sin esos recursos hay proyectos editoriales que no existirían y cuya pertinencia cultural, profesional, periodística y política es evidente.

En otros países, existen leyes o mecanismos de subsidio a la prensa que toman en cuenta el interés social de publicaciones cuyo arraigo local, o cuya calidad específica, las hacen merecedoras de financiamientos por parte del Estado. Por lo general esas asignaciones son resueltas por comités de ciudadanos, conformados de manera plural y con independencia del gobierno y son otorgadas por plazos específicos. Después, se espera que el periódico o la revista beneficiados con tales subsidios hayan consolidado su administración y no tengan que depender de recursos fiscales.

Un sistema así, permitiría emprender una transición para que la prensa de calidad (tanto las revistas hoy amenazadas por una abrupta cancelación publicitaria, como los periódicos que en cualquier momento pueden padecer la misma situación) pudiera regularizar sus fuentes de ingresos.

Si el gobierno federal quiere ahorrar recursos que ahora se dilapidan contratando publicidad en medios de comunicación, podría comenzar por cancelar los anuncios en televisión y radio que no constituyen servicio alguno a la sociedad y con los cuales se mantiene una ilegítima auto promoción de los funcionarios públicos.

De acuerdo con etcétera, las revistas ocupan únicamente el 2.4% del presupuesto para publicidad del gobierno federal que este año ha sido de 3 mil 704 millones de pesos. La mayor parte de esos casi 4 mil millones de pesos ha sido destinada a contratar espacios en televisión (especialmente en Televisa y TV Azteca) en donde el Estado ya dispone de tiempo suficiente para anunciarse.

Una ley de ayudas a la prensa y la suspensión de la propaganda oficial en medios electrónicos, serían medidas que atenderían a la austeridad financiera indispensable en estos tiempos. Así, además, se remediarían la discrecionalidad y el convenencierismo que suelen determinar la asignación de publicidad del gobierno a los medios de comunicación. Todo ello, sin amenazar a docenas de revistas indispensables para una ciudadanía democrática.

Publicado en eje central

La Corte condena a la Ley de Imprenta

Publicado en Zócalo del mes de agosto

La Suprema Corte de Justicia, a través de su Primera Sala, ha considerado que la Ley de Imprenta es confusa, vaga, ambigua e inaplicable y puede conducir a la criminalización de personas inocentes. Eso dijeron los ministros que conforman dicha Sala en la resolución a un juicio de amparo presentado por el editor de un periódico en Guanajuato que había sido condenado por infracciones a la Ley de Imprenta de esa entidad.

La decisión de la Corte se refiere al contenido de la Ley de Imprenta de Guanajuato. Pero como los primeros artículos de ese ordenamiento son idénticos a la Ley federal –salvo en un par de ajustes relacionados con su carácter estatal– se puede estimar que la severa reconvención que hacen los ministros es aplicable a la Ley de Imprenta que los mexicanos tenemos desde 1917.

La Ley analizada en el amparo en revisión 2004/2008, resuelto el 17 de junio pasado, concluye que sus artículos esenciales no permiten a los jueces “hacer el tipo de análisis global de los hechos exigible en estos casos”. Tampoco hacen posible “la necesaria distinción entre enjuiciamiento de hechos y enjuiciamiento de opiniones”. Esa legislación puede conducir a sancionar penalmente “a personas que no tenían intención de ofender, y por invasiones meramente eventuales, no actuales, del derecho a la intimidad y al derecho al honor”.

En la ponencia presentada por el ministro José Ramón Cosío y que los cinco integrantes de esa Sala aprobaron por unanimidad, se subraya que otro de los defectos de dicha legislación para los delitos de imprenta es la falta de criterios que establezcan distintos rangos de responsabilidad entre los profesionales que intervienen en la confección y publicación de una noticia: “la Ley permite criminalizar tanto a las personas que se expresan como al resto de intervinientes en la cadena de difusión de noticias y opiniones y se erige en una candidata idónea para generar autocensura y todo tipo de restricciones directas e indirectas a la libertad de expresión”.

Piedra angular

Todo eso dice la Corte acerca de la Ley de Guanajuato que como hemos indicado es, en los artículos que llamaron la atención de los ministros, copia textual de la Ley de Imprenta promulgada una semanas después de la Constitución de 1917.

El razonamiento que conduce a esas severas apreciaciones acerca de la legislación que aún tenemos para la prensa, se sustenta en una concepción moderna sobre el desempeño necesario  e los medios de comunicación. Tales medios, “juegan un papel esencial para el despliegue de la función colectiva de la libertad de expresión. La libertad de prensa es una piedra angular en el despliegue de la vertiente social o colectiva de las libertades de expresión e información. Los medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales y es indispensable tengan aseguradas las condiciones para albergar las más diversas informaciones y opiniones”.

En esa resolución, los ministros no toman en cuenta la frecuente indisposición de los medios de comunicación para cumplir con tan significativas responsabilidades sociales. La preocupación central del documento es cómo garantizar la libertad de prensa frente a los reclamos que podían vulnerarla argumentando que lesiona la vida privada de algunos ciudadanos. Importante por el tema del cual se ocupa, la sentencia tiene sesgos discutibles debido a la contradicción permanente entre el derecho de la sociedad a enterarse de asuntos que le pueden resultar de interés y el derecho de los individuos a que su privacía sea respetada.

El 23 de diciembre de 2004 el periódico La Antorcha que circula en Acámbaro, Guanajuato, publicó declaraciones del ex chofer del presidente municipal de esa localidad. El chofer, Rafael García, había sido acusado de robar gasolina por 30 mil pesos. En respuesta a esas imputaciones, le dijo a un reportero de ese periódico que cuando trabajaba para el ayuntamiento lo obligaban a hacer encargos para la familia del presidente municipal. A una pregunta del periódico acerca de los encargos de ese funcionario que se había rehusado a cumplir, respondió: “Bueno, un día estando en el hotel en la ciudad de México, se tendió desnudo en la cama y me pidió que le sobara la espalda. Ahí sí le dije ‘oiga, no’ ”.

La publicación de esa entrevista llevó al entonces presidente municipal de Acámbaro a presentar una denuncia penal contra el director de La Antorcha, Jesús Orozco Herrera, porque consideró que le causaba deshonra, descrédito y perjuicio. En enero de 2007 un juez en esa población le impuso al periodista una pena de tres años y un mes de prisión que podría conmutarse por trabajo comunitario.

Orozco Herrera presentó una apelación que un año más tarde, a comienzos de 2008, le resultó desfavorable. Entonces solicitó un amparo que inicialmente le fue negado y que ante una segunda apelación fue recibido por la Suprema Corte en noviembre de 2008.

Privacidad y publicidad

En la sentencia que comentamos, la Corte observa que hay temas que, si bien se refieren a la vida privada, resultan de interés público: “no es cierto que por el solo hecho de referirse a asuntos sexuales de la vida de las personas, ciertos hechos o afirmaciones caigan dentro de un ámbito inquebrantable e intocable de privacidad, de manera que cualquier conducta que pueda ser vista como una mínima afectación a ellos, deba ser por esa razón duramente sancionada, hasta por medios penales, con independencia de cualquier otra consideración”.

Después de una interesante disquisición sobre el valor que tiene la libertad de expresión, la sentencia de la Corte recuerda que los funcionarios que ocupan cargos públicos se han expuesto voluntariamente al escrutinio y la crítica de la sociedad. Respaldada por organismos como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, la cual es citada en dicho documento, esa postura ha sido sostenida en México por el Tribunal Federal Electoral.

La índole de sus actividades coloca a los funcionarios públicos bajo la mirada exigente de los ciudadanos. El dilema es si todas las actividades privadas de un funcionario público han de estar sujetas a la inspección de la sociedad o, planteado de otra manera, hasta dónde queda protegida la privacía de quienes ocupan un alto cargo público.

La Primera Sala de la Corte subraya, al respecto: “las personas que desempeñan o han desempeñado responsabilidades públicas… así como los candidatos a desempeñarlas, tienen un derecho a la intimidad y al honor con menos resistencia normativa general que el que asiste a los ciudadanos ordinarios frente a la actuación de los medios de comunicación de masas en ejercicio de los derechos a expresarse e informar”.

Esa menor resistencia, será siempre motivo de consideraciones subjetivas. En su sentencia, la Corte sostiene que el Tribunal Colegiado que le negó el amparo al periodista Orozco Herrera debía haber tomado en cuenta la exposición peculiar que el presidente municipal, por el hecho de ejercer ese cargo, tiene a la crítica pública. También, indica, se debía haber considerado que posiblemente la entrevista publicada en La Antorcha “constituyera, precisamente, el ejercicio por parte del chofer del derecho a replicar a las manifestaciones y acusaciones previas del citado Presidente”.

Pero ¿qué ocurre si esas afirmaciones del chofer fueron calumniosas y, puesto que eran una respuesta a las imputaciones de robo, buscaron afectar la fama pública del presidente municipal? ¿De qué manera beneficia a la sociedad conocer las afirmaciones sobre la supuesta escena que habrían protagonizado en un hotel el mencionado funcionario y el chofer?

La Primera Sala resolvió amparar al periodista Jesús Orozco Herrera y desechar la sentencia que lo condenaba. Pero en el sin duda meritorio interés para reivindicar la libertad de imprenta, la Corte dejó sin resolver de qué manera se puede garantizar el derecho al honor y a la privacía que, como ciudadanos que no dejan de ser, tienen los funcionarios públicos.

“Demasiado abierta”

Más allá del desenlace judicial del caso que hemos reseñado, la sentencia de la Corte alcanza indudable relevancia por las posiciones que establece acerca de la Ley de Imprenta. En el primer artículo de esa ley, se dice allí, hay una “patente falta de claridad” pero además se refiere a los “ ‘ataques a la vida privada’ cuando lo que describe en realidad son conductas atentatorias del derecho al honor”.

Ese artículo, considera que infringe la vida privada “Toda manifestación o expresión maliciosa… que expuesta o circulando en público… exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses”. Con esos términos, la Ley de Imprenta “criminaliza incluso casos en los que la afectación a la buena reputación es puramente eventual”, considera la Corte. Además, cuando establece que se trata de daños que las personas pueden sufrir “en sus intereses”, dicha Ley “deja el tipo penal totalmente abierto”. Se trata de una legislación “vaga, ambigua, demasiado amplia y abierta”.

El dictamen de la Corte evalúa con la misma dureza otros artículos de la Ley de Imprenta y concluye  con las preocupaciones, señaladas al comienzo de esta nota, sobre los riesgos que implica para la libertad de expresión.

Se trata, insistimos, de observaciones que la Corte hace a la Ley de Imprenta de Guanajuato. Pero como en tales artículos esa ley estatal es calca de la Ley de Imprenta de carácter federal, los señalamientos del máximo tribunal mexicano son un llamado de atención, severo y urgente, que va más allá de la legislación en Guanajuato.

Aunque los ministros no lo dicen, los destinatarios de tal señalamiento tendrían que ser los legisladores locales y federales. La Ley de Imprenta y los ordenamientos estatales que replican sus contenidos deberían ser derogados. La libertad de expresión en la prensa y otros medios requiere de disposiciones claras, actuales y que no establezcan sanciones penales sino administrativas para los delitos de información. Los derechos de los ciudadanos tendrían que ser equilibrados con el derecho de la sociedad a conocer plenamente los asuntos de interés público. La Corte ya condenó a la Ley de Imprenta. Ahora falta que se entere el Poder Legislativo.

–0–

Periodismo de investigación

Cuando la prensa no sólo transmite hechos sino además busca explicarlos, entonces se hace necesario el periodismo de investigación. Más aún: cuando los hechos que se pretende transmitir no pueden ser entendidos sólo a partir de un ángulo, sino en su dimensión más amplia, es cuando la investigación periodística resulta indispensable. Allí se encuentra la clave del periodismo moderno. Si bien el género esencial en cualquier diario es la nota informativa, las aristas complejas de una sociedad moderna sólo pueden ser retratadas, y entonces quizá explicadas, a partir del reportaje.

El periodismo de investigación ha venido a ser el recurso con que la prensa moderna, en todo el mundo, busca competir con los medios electrónicos pero además, ganarse la confianza de sus lectores. Hoy en día la gente se entera de los acontecimientos a través de la televisión, que muestra las imágenes climáticas de hechos que a menudo se olvidan o no son presentados en contexto. Luego, en la radio, se obtiene una explicación instantánea; tanto, que a menudo el comentario radiofónico no es mas que improvisación y superficialidad, aunque tenga el mérito de la apuesta temeraria a favor del compromiso con un punto de vista. En la prensa, se encuentra o debería hallarse la información con mayor detalle, el acopio de cifras y opiniones junto con su cotejo para aquilatarlas, el contraste entre el hecho crudo y su ubicación social e incluso histórica, la búsqueda en profundidad de los ángulos del acontecimiento.

El periodismo de investigación es búsqueda, mientras más esmerada mejor, aunque tiene como exigencia, limitación y restricción, el apremio dictatorial del tiempo y la pertinencia de una exposición sin recovecos, capaz de ser entendida por todos los lectores. Si la publicación de un buen reportaje se demora tanto que el tema del cual se ocupa deja de ser noticia, corre el peligro de transitar del periodismo, a la crónica de hechos sociales o a la historia reciente. Si hace tanta gala de afeites y guiños retóricos que la forma se sobrepone al contenido, entonces esa pieza deja de ser accesible y quizá, tenga valor literario pero no periodístico.

El periodismo de investigación busca darle al lector algo más que los otros medios y que las páginas ordinarias del diario. Esa oferta editorial es el valor agregado con el que todo buen periódico quiere competir dentro del mercado de los mensajes. En México, la competencia real entre las publicaciones periodísticas es tan reciente que entre otros rezagos ha padecido la falta –con poquísimas y a veces por desdicha efímeras excepciones– de un auténtico periodismo de investigación.

Durante largas y tortuosas décadas, gran parte de la prensa mexicana existió para un solo patrocinador y, de hecho, para un solo y omnímodo lector que era el poder político. Las cosas van cambiando, a veces más despacio de lo que se podría esperar y la prensa mexicana experimenta una transición bamboleante e incluso contradictoria, pero con cambios y avances reales. Entre los más importantes, está la presencia de publicaciones que pretenden  que el periodismo de investigación sea parte central de su propuesta editorial.

Un inventario completo sería tan engorroso como injusto. Pero es indiscutible que aún con todo el sensacionalismo vindicativo con que se ocupa de los asuntos públicos, la revista Proceso ha ofrecido algunos de los grandes aunque no abundantes momentos del periodismo de investigación en el México de los años recientes. Diarios de la ciudad de México como unomásuno, La Jornada y más recientemente Reforma, El Universal y Crónica, han ido por delante de los acontecimientos en diversas ocasiones, gracias a que han tenido reporteros que buscan y no sólo repiten, así como editores capaces de arriesgar publicando reportajes y no nadamás declaraciones. Tanto en el DF como en provincia, los esfuerzos de periodismo de investigación tropiezan con la indolencia de reporteros y editores y sobre todo, con la tacañería de empresarios periodísticos que no invierten en la búsqueda de noticias porque se conforman con llenar planas de material de relleno, que es más barato aunque a la postre, ahuyenta a los públicos. El periodismo de investigación es, indudablemente, más costoso. Pero nadie ha dicho que la preferencia de los lectores se gane con facilidad.

Cuando no se conforman con las afirmaciones oficiales, cuando van más allá de los boletines, cuando las entrevistas de banqueta son meras referencias circunstanciales, cuando hacen trabajo de hemeroteca y sobre todo cuando aportan materiales documentales que enriquecen, matizan e incluso desmienten la versión hasta entonces oficial de un acontecimiento, los periodistas que hacen investigación desarrollan una prensa útil y, entonces, trascendente. Todo eso está muy bien. Pero a menudo al periodismo de investigación se le confunde con el sensacionalismo que exprime los hechos llamativos para aturdir más que explicar a los lectores, lo mismo que con la publicación de  chismes y murmuraciones.

Ejerciendo una alevosa impunidad a menudo ese periodismo, con el pretexto de indagar, se entromete en las vidas privadas. Esa es una dificultad de la prensa en todo el mundo, pero nosotros tenemos la desventaja adicional de que, en México, tales rasgos no suelen ser entendidos como problemas que pueden tener solución, sino como defectos inevitables del periodismo. No pocas publicaciones, entre ellas algunas de las antes mencionadas, llegan a difundir como noticias simples especulaciones o, peor, han presentado como resultado del trabajo de investigación de sus reporteros meros rumores sin fuente acreditable.

Filtración no es investigación. El periodismo de búsqueda no es de versiones a trasmano sino el que presenta hechos verificables y con datos sólidos. Algo avanzamos ya con la existencia de grupos de periodistas, en distintos sitios del país, que practican un diarismo que, sin estridencias ni engreimientos, busca la miga de los hechos. Al periodismo de investigación, para crecer, le faltan más buenos periodistas, más editores rigurosos y antes que nada, lectores exigentes. Unos, producen a los otros. Eso esperamos.

(Este texto lo escribí en 1997 para una edición especial de Siglo 21 de Guadalajara y luego se publicó en Correo de Guanajuato. En algún momento estuvo en mi sitio web. Una amable colega cubana me preguntó por él y lo he encontrado ampliamente citado, pero sin mencionar la fuente,  en algún texto sobre el tema. Gracias a ello advertí que ya no estaba en línea. Por eso lo pongo aquí).

–0–

1968: retórica de la descalificación

Zócalo, septiembre de 2008

Antes de la noche de Tlatelolco, la sociedad mexicana recibió a través de los medios de comunicación constantes e intencionados mensajes consagrados a descalificar al movimiento estudiantil de 1968. Desde el primer día después de la violenta intervención policiaca para dispersar dos manifestaciones el 26 de julio por la tarde, hasta las semanas posteriores a la terrible represión del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, numerosos medios desplegaron una campaña de distorsiones y confusiones.

El movimiento estudiantil, según esa campaña, era alentado por agentes extranjeros que manipulaban a los jóvenes mexicanos con propósitos de sedición política. Esa era la versión del gobierno. A fuerza de repetirla cotidianamente, se convirtió en una versión extendida aunque no unánime en los medios de aquel 1968. No es exagerado suponer que además de contribuir a desconcertar y atemorizar a la sociedad, esa interpretación alentó la paranoia y el autoritarismo de un gobierno que nunca quiso ni pudo entender las motivaciones políticas de la protesta estudiantil –las cuales, lejos de atentar contra las instituciones legales, exigían que se les respetase–.

Ojalá algún día pueda hacerse el recuento documental del comportamiento de los medios electrónicos en 1968. Tal vez no haya grabaciones suficientes de las transmisiones de la radio la cual, por lo demás, en aquel tiempo carecía casi por completo de programas de noticias y en donde quizá no existía un solo espacio de discusión política. Pero seguramente se conservan filmaciones de los escasos y rudimentarios noticieros que había en la televisión mexicana de hace cuatro décadas.

Conjura, que algo queda

De la prensa escrita, en cambio, hay testimonio en las hemerotecas aunque en varias de ellas las colecciones de entre julio y octubre de 1968 están incompletas y mutiladas. Más que el afán del gobierno para aniquilar esas constancias documentales de los acontecimientos de aquel año, el deterioro de dichas colecciones se debe al descuido y la depredación que han perpetrado algunos de quienes las han consultado. El espléndido trabajo de la investigadora Aurora Cano Andaluz, 1968. Antología periodística (UNAM, 1998) que reúne en casi 500 páginas una selección de reproducciones facsimilares de las notas periodísticas publicadas en ese año acerca del movimiento estudiantil, constituye un útil acercamiento a ese tema. De allí hemos tomado las transcripciones que aparecen a continuación.

La versión de la conjura extranjera se mostraba en reseñas como la que el sábado 27 de julio ofreció el reportero Antonio Lara Barragán en la primera plana de El Universal, bajo el título “El foco de la agitación”:

“Agitadores del Partido Comunista Mexicano, de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, de la Línea Trostquista, del ‘Movimiento de Liberación Nacional’, del Movimiento ’28 de julio’ y las ‘células’ de la Juventud Comunista del Instituto Politécnico Nacional y de las escuelas de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvieron a su cargo los desórdenes que se registraron después de las 20 horas en la Avenida Juárez.

“A esa hora, núcleos estudiantiles, dirigidos por los miembros de las ‘células’ comunistas, se unieron a los grupos castristas que habían marchado desde la fuente del Salto del Agua hasta el Palacio de Bellas Artes.

“En la esquina de 5 de mayo y San Juan de Letrán se unieron las 2 corrientes.

“Muchas mujeres y varios hombres de definido físico cubano, portando banderas castristas, lanzando ‘¡mueras’ al gobierno de México, insultos a la policía y ‘¡vivas!’ a Demetrio Vallejo, Dionisio Encina y Valentín Campa, se mezclaron a los estudiantes”.

Esos párrafos, con los que comienza la nota de Lara Barragán, son paradigmáticos del tono que desde entonces y durante más de dos meses mantendría la mayor parte de los diarios de la ciudad de México. Adjudicar el enfrentamiento del 26 de julio a la actuación de grupos políticos, y por añadidura de una izquierda que en aquel entonces era semi ilegal, tendía a suscitar la alarma y el disgusto de los lectores pero además les ocultaba el hecho más importante de aquel enfrentamiento, que era la intervención violenta del cuerpo de granaderos contra las movilizaciones de aquella tarde. En la refriega, al reportero le dieron una pedrada en la cabeza pero ese hecho no disculpaba la deliberada parcialidad de la información. La alusión a la apariencia física, que ese reportero considera coincide con rasgos cubanos, es para una antología del despropósito periodístico.

Aquellos enfrentamientos, con los que se iniciaba una escalada que desembocaría en la matanza de Tlatelolco, fueron acompañados por una prensa notoriamente parcial. El Sol de México, por ejemplo, publicó el lunes 29 de julio un editorial titulado “Una demostración de barbarie” en donde aseguraba:

“Desde luego hay que señalar que en la acción depredatoria de los manifestantes hubo grupos de escolares azuzados por agitadores de etiqueta roja; pero que principalmente el desorden fue provocado por extranjeros de filiación comunista, en su mayor parte huéspedes ilegales de nuestro país y sobre quienes debe recaer con mayor rigor el castigo por las fechorías realizadas. Aparte sus pasaportes, unos auténticos y otros falsos, los motineros se identificaron plenamente como peones de ajedrez del marxismo-leninismo por sus arengas, sus excitativas de destrucción y los cartelones en los que hacían profesión de fe a favor del Che Guevara, Fidel Castro, Mao y demás apóstoles del odio y la anarquía”.

A esa prensa alineada a la visión del poder político pero antes que nada de suyo profundamente conservadora, le parecía imposible que los estudiantes universitarios y politécnicos se manifestaran por decisión propia y a partir de sus propias inquietudes. Tenían que ser engañados y la manipulación resultaba más verosímil, y más ominosa, si se decía que era perpetrada por extranjeros. Hoy esas frases pueden parecernos insostenibles e incluso ridículas. Pero formaban parte de una retórica de la descalificación que carecía de contrapesos eficaces. En comparación con las notas aliñadas con una intensa carga ideológica y las posiciones editoriales claramente arbitrarias, las voces que proponían otras explicaciones eran escasas aunque no inexistentes en el panorama de la prensa mexicana.

“Reprimir el desenfreno”

Esa retórica, que terminaría justificando la acción armada contra el movimiento estudiantil, era utilizada para dotar de una cobertura, impostada pero muy publicitada, a las acciones del gobierno. La madrugada del 30 de julio, el ejército ocupó los planteles 1, 2, 3 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y de la Vocacional 5 del IPN. La información que ese día proporcionó El Universal, en una nota sin firma titulada “El Orden fue Restablecido”, tiene una intencionalidad transparente. Estos son sus primeros párrafos:

“En una inmediata maniobra soldados de infantería, pertenecientes a la Primera Zona Militar, tomaron posesión en las primeras horas de este día, de los edificios escolares que de habían convertido en reducto de agitadores y estudiantes alborotadores.

“Al mando del general José Hernández Toledo, los miembros del Ejército Nacional, procedentes del Campo Militar número Uno, se dirigieron al primer cuadro de la ciudad, circulando por el Anillo Periférico (tramo sur), hasta la glorieta de Petróleos, para seguir por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Juan Ruiz de Alarcón y Santa María la Ribera.

“El convoy, integrado por tanques ligeros y ‘jeep’ equipados con bazookas y cañones de 101 milítros (sic), y camiones transportadores de tropa, salieron del Campo Militar número Uno a las 0 horas de hoy.

“A su paso, el pueblo hizo los más variados comentarios acerca de que la presencia del Ejército Nacional iba, por fin, a poner punto final a la crisis planteada por agitadores y estudiantes mal orientados”.

En unas cuantas líneas, esa información presentaba la ocupación militar de los planteles universitarios como una acción de gran popularidad. “El pueblo” que aplaudía al paso del convoy del ejército era bastante peregrino porque, como allí mismo se decía, al traslado había ocurrido durante la madrugada. Se buscaba mostrar a la intervención militar como resultado de abusos de los estudiantes pero no se les daba voz a quienes habían sido desalojados de los planteles de bachillerato.

En el mismo tenor y con el encabezado “El Estado no puede permitir”, el editorial de Excélsior consideraba el miércoles 31 de julio:

“Si el Estado permitiera procesos que llevan al desorden social, éste sería, sin duda, un Estado en vías de desintegración. Su razón de ser consiste principalmente en garantizar la convivencia ordenada, pacífica y justa de la comunidad nacional. Si algo hay que esencialmente le completa, tal cosa es ejercer su autoridad para reprimir el desenfreno de unos, que lesiona a los demás y hace imposible la coexistencia con lo cual la vida humana retorna al caos primitivo”.

En aquellos días Excélsior todavía era dirigido por Manuel Becerra Acosta (padre del periodista del mismo nombre que una década después encabezó la creación de unomásuno). Un mes más tarde, el 31 de agosto de 1968, la dirección de ese diario sería ocupada por Julio Scherer García. No puede decirse que a partir de entonces Excélsior haya experimentado un viraje drástico en su cobertura del movimiento estudiantil, pero evidentemente se alejó de la intolerancia que definió a casi toda la prensa del Distrito Federal.

Esas definiciones fueron reiteradas cuando, en su informe del 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz sugirió que, de considerarlo necesario, incrementaría el uso de la fuerza para contener al movimiento estudiantil. La nota de ocho columnas que El Universal publicó el lunes 2 de septiembre, firmada por el redactor Demetrio Bolaños Espinosa y bajo el encabezado “Toda la Energía si es Necesario”, recogía esa adhesión al gobierno:

“El pueblo de México escuchó ayer con profunda emoción e interés creciente el Informe rendido por el Presidente Díaz Ordaz ante el Congreso de la Unión, en donde con tono enérgico y a la vez conciliador, precisó la posición del gobierno ante los problemas del país…”

Hoy en día sería impensable encontrar en la prensa mexicana una información periodística supeditada a la actitud reverencial que transpiraba aquella nota que, más adelante, describía así el informe del presidente:

“Con profundo conocimiento de los problemas de la Patria y haciendo a un lado estériles resentimientos…”

Incluso el periódico El Día, dirigido a la sazón por Enrique Ramírez y Ramírez y que era el único diario en donde miembros y simpatizantes del movimiento estudiantil podían encontrar espacio para publicar inserciones pagadas, se plegaba a la decisión del gobierno para atajar a los estudiantes. En un editorial titulado “¡Lo que cuenta es México!”, publicado el 2 de septiembre, El Día consideraba:

“[El Presidente] sabe que la confusión tiene su origen en el deliberado propósito de ‘crear un clima de intranquilidad social, propicio para disturbios callejeros o para acciones de mayor envergadura, de las más encontradas tendencias políticas e ideológicas y de los más variados intereses, en curiosa coincidencia o despreocupado contubernio’. Y a las justas respuestas de orden académico añade la decisión de utilizar todos los instrumentos y recursos que la Constitución ha puesto en sus manos para defender el orden jurídico: ‘lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos’ ”.

-“¡Prensa vendida!” –“No todos”

No todas las definiciones en la prensa eran adversas al movimiento estudiantil ni la tesis de la conjura suscitaba unanimidades. Aun en periódicos cuya línea editorial era opuesta a los estudiantes, había expresiones de sensatez como la que manifestaba Jacobo Zabludovsky, aludiendo a la marcha del 27 de agosto, en un artículo titulado “Causas profundas”, el 10 de septiembre en Novedades:

“En el movimiento estudiantil de que hemos sido testigos en México y cuya fuerza ha sido innegable, debemos separar las causas aparentes o inmediatas de las causas profundas. Para ello debemos dejar de atribuirlo todo a la intervención de comunistas porque no fueron comunistas quienes movieron a 200 mil muchachos en esa gran manifestación, aun cuando no se puede negar que hayan querido llevar agua a su molino”.

Zabludovsky era, en aquel año, conductor del Diario Nescafé, noticiero matutino en el canal 2. Desde entonces los conductores de noticieros televisivos expresaban en otros medios puntos de vista que no podían o no querían manifestar en la pantalla.

Otras voces, más notables en calidad que cantidad pero con una presencia sin duda importante, manifestaron, en diversos tonos y momentos, opiniones discrepantes con la versión que el gobierno insistía en propagar acerca de un movimiento manipulado por intereses foráneos y de una colectividad estudiantil engañada. Entre otros, pueden recordarse los artículos de José Alvarado, Froylán M. López Narváez, Alfonso Noriega, F. Carmona Nenclares y Hugo Hiriart en Excélsior; Francisco Martínez de la Vega y María Luisa Mendoza en El Día; José Muñoz Cota en Novedades y Luis Suárez en El Heraldo.

Cuando en cada manifestación por el centro de la ciudad de México los estudiantes del 68 gritaban “¡Prensa vendida!” al pasar frente a los edificios de los periódicos, había reporteros y articulistas con motivos para considerar que ese reclamo no les tocaba a ellos. Don Francisco Carmona Nenclares, un viejo luchador de la República Española, reseñó el jueves 29 de agosto, en su colaboración para Excélsior, este episodio de la manifestación ocurrida dos días antes y que fue la más concurrida y emblemática del movimiento de 1968:

“La ciudad entera inmovilizada en los balcones, en las azoteas, en las banquetas. Entramos ya por Cinco de Mayo. Aplausos. En la Asociación de Periodistas, esquina de Filomeno Mata, un cartel lacónico: ‘no todos’ ”.

Aquella marcha del 27 de agosto recibió amplia cobertura en los diarios especialmente porque después de que concluyó, en el Zócalo, varios centenares de estudiantes se quedaron en ese sitio y fueron desalojados horas más tarde. En cambio otra gran marcha, realizada el 13 de septiembre y de manera silenciosa, ocupó menos espacios en la prensa.

Los diarios enjuiciaron sin pruebas

El 18 septiembre el Ejército ocupa Ciudad Universitaria. La cercanía de los Juegos Olímpicos, que se inaugurarían el 12 de octubre, así como la perseverancia de la movilización estudiantil, aumentaban la intranquilidad del gobierno pero también la percepción, en otros circuitos de influencia, de que estaba en curso un enfrentamiento político que iba más allá de las reivindicaciones estudiantiles. El viernes 20 de septiembre, con el título “¡Todavía es tiempo!”, El Día publica un editorial en donde sentencia:

“Lo sobresaliente en esta lucha no ha sido propiamente la problemática de la juventud o de la educación nacional, sino cuestiones de orden político. Y no es realmente apropiado hablar ya de un conflicto estudiantil, sino de un choque político en el que participan en primer plano estudiantes y maestros enfrentados al gobierno; pero en el cual es indiscutible también la intervención de otras muchas fuerzas políticas de los más variados signos, sin exclusión de influencias o agencias extranjeras”.

Ese mismo 20 de septiembre, en el diario, apareció un desplegado dirigido al presidente de la República y suscrito por 200 escritores, artistas y académicos que consideraban que la ocupación militar del campus universitario significaba “la clausura oficial de todo proceso democrático en el país”.

También el 20 de septiembre tiene lugar un vivaz debate en la Cámara de Diputados. Al día siguiente, en El Universal, Demetrio Bolaños E. ofrece una crónica cargada de intencionalidad y subjetividad. Por ejemplo:

“No faltó un joven bisoño de la C.N.C. que abusando de la libertad que priva en los partidos, subiera a la tribuna a salir en defensa del rector Barros Sierra, ‘persona muy honorable al que ni siquiera conozco’ y como universitario pidió entre aplausos de los panistas y estudiantes, que se pidiera la inmediata desocupación militar de las universidades. Este héroe civil es el diputado Guillermo Morfín García, del 9º. Distrito de Michoacán”.

La tensión aumenta y la intolerancia también. En varios sitios de la ciudad se suscitan enfrentamientos entre brigadas de estudiantes y policías que buscan dispersarlos. El domingo 22 de septiembre un encabezado de Novedades consigna, en referencia a una larga zacapela en la Unidad Nonoalco-Tlatelolco: “Por 6 Horas Grupos de Jóvenes Hacen Frente a la Fuerza Pública; un Granadero Muerto”.

Ese titular sugería que el granadero había fallecido a consecuencia de una agresión de estudiantes. Solamente en el interior de una nota más pequeña se explica: “Informes proporcionados por la Cruz Roja revelan que un granadero, Julio Adame González, falleció hoy a las 0.45 horas, como resultado de las heridas de bala que recibió en el abdomen. Fue balaceado (al igual que otros tres granaderos) por el teniente del Ejército Benjamín Uriza, cuando los miembros del cuerpo policiaco entraban al edificio 11 de Tlatelolco, donde se habían refugiado grupos de jóvenes”.

Luego se sabría que el teniente Uriza disparó contra los policías después de que golpearon a su madre, a la que él visitaba en la unidad habitacional.

Ese mismo domingo 22 de septiembre El Sol de México dedica los siguientes encabezados a tales incidentes: “Barrió el Ejército con un Foco de Subversión en Tlatelolco”. “Usaron Táctica de Guerrillas los Buscabullas”.

Sin evidencias de que los estudiantes tuvieran armas ni de que hubieran agredido a los cuerpos policiacos la prensa, azuzada por el gobierno, enjuiciaba anticipadamente y forjaba un panorama de rebelión armada.

La posición de Excélsior

El discurso periodístico anticipaba la represión. Pero también describía visos de arreglo, acaso con más voluntarismo que realismo. El lunes 30 de septiembre el editorial de Excélsior estima que hay posibilidades de acercamiento entre estudiantes y gobierno:

“Una actitud absolutamente cerrada en las partes en cuestión no se ha dado propiamente… En el mismo orden de ideas puede anotarse la circunstancia de que el número de estudiantes consignados es evidentemente menor que el de aprehendidos, y puede redondearse la consideración con el dato de la insistencia porfiada de muchos huelguistas de buena fe que han querido iniciar el diálogo en términos apartados de los argumentos de fuerza”.

Ese mismo día, 30 de septiembre, el Ejército sale de Ciudad Universitaria. El 1 de octubre Excélsior encuentra en esa acción motivos para congratularse: “El ejército desocupó la Ciudad Universitaria con el aplauso y el alivio de todo el mundo, incluido el ejército mismo… En el difícil camino de la tranquilización, de la reconciliación, este no es solo un paso más, sino un adelanto trascendental… La salida del ejército muestra –uno entre otros signos– la urgencia de lograr cuanto antes que la paz vuelva a reinar entre la clase estudiantil”.

Pero dos días después, ese mismo espacio editorial tenía que deplorar los acontecimientos de la noche anterior. El 3 de octubre de 1968 Excélsior dijo en su editorial, bajo el título “Tlatelolco sangriento”:

“La desolación ha vuelto a invadir la capital mexicana, el corazón de la República. La presencia del Ejército demandada para dispersar un mitin que se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas, dejó un atroz saldo de muerte y sangre allí. Y en la conciencia de los ciudadanos sensibles una infinita desesperación, una severa, turbadora congoja”.

A diferencia de la versión del gobierno que denunciaba una provocación armada como causa de la masacre en Tlatelolco, el diario que para entonces ya dirigía Julio Scherer adjudicó desde ese primer y difícil momento la responsabilidad al ejército. Y añadía:

“Porque los hechos de anoche nada aclaran ni a nada responden. Por lo contrario, han creado nuevos agravios. La intransigencia y la fuerza sólo sirven para ampliar la brecha del resentimiento, para alejar las posibilidades de la reconciliación”.

Aquel editorial cuestionaba el maximalismo del movimiento estudiantil que había exigido que el presidente Díaz Ordaz se presentara a un diálogo público a la mitad del Zócalo. Pero también descalificaba la actitud del gobierno:

“Si bien es cierto que el comportamiento estudiantil –y el de buen número de maestros– rebasó por momentos los límites de la sensatez, y llegó a la insolencia y al reto inconsciente, sobrestimando las propias fuerzas, no es menos verdad que la respuesta a tal desbordamiento no ha sido prudente ni adecuada.

“El desborde de prepotencia –que llegó a exigir al Presidente de la República que compareciese en el Zócalo a dialogar con los inconformes el mismo día que tenía que rendir su informe a la nación– era propio de adolescentes pueriles y soberbios”.

Aquel editorial de Excélsior fue escrito en momentos de profunda conmoción. Varios reporteros, incluso algunos de ese diario, estaban heridos o desaparecidos. Esa noche las redacciones de varios diarios fueron allanadas por elementos policiacos o militares para incautar rollos fotográficos con imágenes del asesinato en Tlatelolco. En esa circunstancia resulta especialmente apreciable el esfuerzo de mesura que hay en dicho editorial:

“La sangre derramada exige, con dramática vehemencia, una reconsideración de rumbos. Porque no es matándonos entre nosotros como habremos de edificar el México que todos –aun dentro de las más acres discrepancias– amamos y deseamos disfrutar en paz.

“Pero el Gobierno está formado por adultos, por personas que saben cómo suele cegar el orgullo, cómo suele resentir el amor propio. Esos adultos saben que el ardor y la pasión juveniles llevan a fútiles y peligrosas insolencias. Sin embargo, tal adultez tendrá que funcionar en el futuro –y así lo esperamos– en toda su grandeza”.

Justificar la represión

No era ese el tono de otros diarios. El mismo jueves 3 de octubre, Novedades consideró en su espacio editorial:

“Los trágicos y dolorosos hechos ocurridos anoche en Tlatelolco no pueden ser interpretados más que como un nuevo eslabón de la conjura que pretende socavar los cimientos institucionales de México”.

Y más adelante: “Los agresivos grupos insurrectos, cuya actitud antipatriótica queda a la vista en consideración al inminente compromiso mundial que México tiene por delante, dejaron en su aleve ataque al ejército un saldo todavía indeterminado de soldados muertos…”.

No había, en esas líneas, una sola mención a los estudiantes asesinados en Tlatelolco.

El Heraldo, en su editorial del 3 de octubre, no comentó los acontecimientos de la Plaza de las Tres Culturas pero recalcó en la versión conspiratoria: “Antes que en México y en muchas naciones con mayor intensidad, se han producido violentas conmociones que aunque con un matiz estudiantil integran una mixtura de estudiantes, extremistas de izquierda, a los que en muchos casos se suman activamente los anarquistas y en México un conocido grupo de resentidos políticos y no obstante que sus ideologías y sus objetivos finales sean diferentes, hacen un frente común para después, ver a cuál de esas facciones corresponden en definitiva el poder y el mando”.

Aquel texto editorial no mencionaba a quiénes se refería. Solamente se limitaba a denunciar un revoltijo de espantajos pretendidamente anti mexicanos. El texto se titulaba “El Prestigio de México por Encima de sus Enemigos”.

El Universal el viernes 4 de octubre, bajo el encabezado “Técnica de desorden”, reedita el mismo discurso maniqueo –estudiantes soliviantados y engañados, conjura extranjera contra México, instituciones en riesgo, patria salvaguardada–:

“Inútiles fueron los intentos que desde todos los sectores responsables se han estado haciendo a la juventud estudiosa, a fin de que no continúe sirviendo de cortina de humo tras de la cual maniobran, arteramente, sórdidos intereses al servicio de intrigas extranjeras.

“Aunque buena parte de esta juventud engañada atendió esas juiciosas reflexiones, un numeroso grupo de estudiantes, decididamente ya marxistas algunos de ellos, y muchos más pertenecientes a esa categoría que hace acto de presencia en todas partes, ya sea por el afán de vivir agitadas sensaciones, ya por temor a ser juzgado cobarde al no responder a una invitación de esta clase, o sencillamente por pueril imitación, acudieron a un mitin cuya celebración no sería permitida, como ya sabían perfectamente los organizadores del mismo…

“Esta persistencia en el mal, esta tenacidad para mantener en vigencia el desorden y la inquietud, son técnicas bien estudiadas y ensayadas por estos provocadores, como lo demuestran lamentables sucesos ocurridos en otros países”.

Y El Sol de México, en su editorial del sábado 5 de octubre, sintetiza ese discurso justificatorio de la represión:

“Se ha estado realizando un movimiento subversivo contra México, su pueblo y su Gobierno, cuidadosamente planeado de antemano. Los agitadores se han puesto al descubierto, ya sin tapujos ni pretextos seudo-estudiantiles. Por ello la inmensa mayoría de los mexicanos los repudia con indignación”.

* * *

En la prensa de 1968 se pueden encontrar huellas rastros de una sociedad crítica que apreciaba con enorme preocupación el enfrentamiento drástico del gobierno contra las demostraciones estudiantiles. La vitalidad y, cabe decirlo, la valentía de articulistas y editores que rompían el discurso único que pretendía generalizar el gobierno, tiene más expresiones de las que a menudo se supone.

Pero ante esas posiciones, que van de la prevención a la adhesión, destaca abrumadoramente la retórica descalificatoria que distorsiona acciones y pretensiones de la movilización estudiantil. Ese discurso intolerante contribuye a crear las condiciones en las cuales el presidente Díaz Ordaz ordena la masacre del 2 de octubre de 1968.

Granados Chapa

emeequis, 8 de septiembre

Mostrador

Miguel Ángel Granados Chapa, el periodista mexicano más destacado de nuestros días, está recibiendo numerosos, justos y pertinentes reconocimientos. El jueves pasado en el Centro Cultural Universitario la exhibición de la película “Voces Silenciadas, Libertad Amenazada”, dirigida por Maricarmen de Lara, fue motivo para que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información le hiciera un homenaje al columnista de Reforma y fundador de numerosas publicaciones durante las décadas recientes.

En junio, en el llamado Paseo de los Periodistas Ilustres en la Delegación Venustiano Carranza, fue develado un busto de Granados Chapa. Y la próxima semana, comienza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales un ciclo de mesas redondas inspiradas en las enseñanzas de ese periodista.

Hace un año la conmemoración de los 30 años de Plaza Pública, la columna que escribe Granados Chapa, fue motivo para otra oleada de reconocimientos. La persistencia de un espacio editorial siempre es oportunidad de congratulación. Pero lo es más la perseverancia del trabajo periodístico singularizado por la inteligencia crítica, la investigación escrupulosa y, por añadidura, a cargo de una pluma elegante y ágil. Esos atributos han sido celebrados durante largo tiempo por los numerosos lectores de Granados Chapa.

Los reconocimientos recientes son suscitados por otras circunstancias. Granados Chapa está cumpliendo 45 años como periodista profesional desde que, a los 22 años, comenzó como reportero en el semanario Crucero. Pero además, se acaban de cumplir cuatro años del juicio que mantiene contra él y otros periodistas un individuo llamado Gerardo Sosa Castelán, que actualmente es diputado por el PRI.

Sosa Castelán ha sido dirigente sindical y estudiantil, así como rector en la Universidad Autónoma de Hidalgo; más tarde fue dirigente estatal del PRI y en dos ocasiones ha sido diputado federal. Sus maniobras harto discutibles, el clientelismo que ejerció primero para ser rector sin méritos académicos notables y luego para estar a la cabeza de un conocido grupo de presión política, son bien conocidos entre los hidalguenses.

En 2004 parte de esa trayectoria, especialmente en la Federación de Estudiantes de la UAH, fue documentada en el libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, de Alfredo Rivera Flores y publicado por Miguel Ángel Porrúa. Granados Chapa, que suele estar al tanto y con detalle de la vida política en estado natal, escribió el prólogo.

Ofendido con ese libro y sin reparar en las muchas ofensas que él mismo ha infligido en su desempeño público, Sosa Castelán demandó judicialmente al autor del libro y al autor del prólogo, así como a la casa que lo editó, el taller que hizo la tipografía y hasta al diseñador de la portada y al fotógrafo que tomó la imagen suya que aparece en la cuarta de forros de ese volumen. Tan desproporcionada demanda, lejos de haber sido resuelta con rapidez si hubiera prevalecido un mínimo de sensatez judicial, ha sido demorada por Sosa Castelán y sus abogados durante ya más de 4 años.

En el transcurso de esos 1500 días Granados Chapa, sus codemandados y la empeñosa abogada Perla Gómez Gallardo, del grupo Libertad de Información México A.C., han tenido que peregrinar de una audiencia a otra, en un proceso innecesariamente prolongado. La tortuosidad de ese litigio ha permitido suponer que el juez 29 de lo Civil del DF, Miguel Ángel Robles Villegas, ha estado favoreciendo a Sosa Castelán al mantener abierta la recepción de pruebas, negándose a dictar sentencia. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal está revisando el caso para determinar si el juez ha incurrido en una demora arbitraria para incomodar a Granados Chapa y el resto de los demandados.

Tales circunstancias hacen de los homenajes a ese periodista hidalguense motivo de solidaridad gremial, ciudadana y personal, además del reconocimiento profesional que significan.

Todos los miércoles a las 5 de la tarde, entre el 17 de septiembre y el 29 de octubre, en el auditorio Flores Magón de la FCPyS en Ciudad Universitaria, habrá mesas redondas para examinar el ejercicio y la formación de los periodistas, así como el desarrollo de los medios de comunicación en México a partir de la nutrida y fructífera obra de Miguel Ángel Granados Chapa, a quien hay motivos abundantes para llamarle maestro.

Intolerancia en el Grupo Imagen

Zócalo, agosto de 2008

El martes 24 de junio, en la columna especializada en medios y telecomunicaciones que publica en El Universal, el investigador Gabriel Sosa Plata dio a conocer algunas peculiaridades de la transacción que, dos años antes, le permitió al empresario Olegario Vázquez Raña comprar la frecuencia del Canal 28 de televisión. Esa frecuencia estaba concesionada desde tiempo atrás a Raúl Aréchiga Espinoza, pero no difundía una programación estructurada sino solamente material de relleno. Agobiado por conflictos que padecía en Aerocalifornia, otra de sus empresas, Aréchiga puso en venta sus derechos sobre el Canal 28.

Al ser una de las escasas frecuencias de televisión abierta disponibles en el Valle de México, el Canal 28 era codiciado por varios grupos interesados en incursionar en ese medio. Desde tiempo atrás en distintos espacios de opinión se había comentado que las presiones para que Aréchiga la traspasara a uno u otro grupo no eran escasas. Por eso ahora Sosa Plata pudo decir:

”Sólo Aréchiga sabe qué le obligó a vender la televisora a Vázquez Raña, quien con rapidez se convertía en un destacado operador de medios de comunicación al adquirir el grupo radiofónico Imagen en 2004 y el periódico Excélsior a principios de 2006.

“Entonces se comentó que algo tuvo que ver la llamada ‘pareja presidencial’ en la operación y que la suspensión de Aerocalifornia se convirtió en pieza de canje, pero también es cierto que el monto ofrecido por Vázquez Raña no era despreciable: finalmente no fueron ni 80 ni 100 millones de dólares, como en su momento se dijo, sino 126 millones de dólares, según la notificación que Administradora Arcángel, división de Grupo Ángeles que opera medios de comunicación, le hizo a la Comisión Federal de Competencia el 31 de julio de 2006”.

Descalificaciones personales

Esas afirmaciones suscitaron una grotesca y preocupante andanada de descalificaciones desde el Grupo Imagen. El director de ese corporativo, Ernesto Rivera, replicó en una carta a El Universal que la versión acerca de las presiones “de la ‘pareja presidencial’” para que Aréchiga vendiera el Canal 28 es “absolutamente falsa”. Y luego pasó a la descalificación personal cuando afirmó, refiriéndose al profesor Sosa Plata: “evidencia desconocimiento sobre proyectos de medios, a menos que su dependencia a otros intereses lo llevaran a hacer esta crítica infundada y calumniosa”. Un hermano de ese investigador universitario, José Antonio Sosa Plata, es consultor en asuntos de comunicación y colaboró con el gobierno anterior. Esa circunstancia llevó a Rivera a conjeturar: “No entendemos el interés de Sosa con esa especulación, cuando quien sí estuvo cerca de Marta Sahagún fue él como colaborador así como su hermano”.

Es lamentable que el directivo de un importante grupo de comunicación acuda a la insidia personal para enfrentar cuestionamientos como los que ha recibido, y no desde ahora, la compra del Canal 28. Ese mismo día, en el sitio electrónico de Excélsior apareció un infamante artículo de la periodista Yuriria Sierra, que además conduce un noticiario en esa televisora, titulado “Los hermanos Sosa Plata”. Esa autora se quejó porque, a su juicio, Gabriel Sosa “sin más argumento que su opinión, sus personales filias y fobias o sus compromisos familiares, políticos y empresariales, cuestionar la adquisición de Canal 28 por el Grupo Empresarial Ángeles” (del cual depende el Grupo Imagen). Con deplorable afán inquisitorial, Sierra increpa: “¿cómo se atreve un (hoy sabemos) ‘seudoexperto’ en comunicaciones a escribir lo siguiente: ‘Entonces se comentó que algo tuvo que ver la llamada ‘pareja presidencial’ en la operación’, sin exhibir ni media prueba de su dicho?”.

Sosa Plata, en una nota al pie de la carta publicada por El Universal, le respondió a Rivera, entre otras cosas: “Nunca he trabajado para Marta Sahagún. Quienes me leen saben que mi columna es un espacio en el que, a diferencia de lo que dice el directivo de Grupo Imagen, me manifiesto siempre contra la concentración de medios y a favor de la competencia en el sector”.

Revelaciones y reiteraciones

Sierra y su jefe Rivera no desmintieron las cifras que publicó Sosa Plata sobre la venta de los derechos del Canal 28. Tampoco fue desmentida la información que ofreció ese investigador acerca de la multa que la Comisión Federal de Competencia le impuso a una filial del Grupo Ángeles por notificar a destiempo esa transacción. Sosa Plata también había revelado que, el 20 de septiembre de 2002 Raúl Aréchiga se quejó por escrito ante el presidente Vicente Fox porque, decía, varios funcionarios querían despojarlo de esa concesión.

Desde los años 60 se mantenía una enredada disputa jurídica sobre el Canal 28. Y en los últimos años del gobierno de Fox menudearon tensiones y versiones sobre esa frecuencia, especialmente porque su concesionario padeció, en otro de sus negocios, presiones que distintos analistas asociaron con la avidez en torno al Canal.

Ahora, Sosa Plata no hacía mas que recordar esas versiones. A la señorita Sierra le hubiera resultado provechoso un recorrido por la hemeroteca para ahorrarse el arbitrario rapapolvo que, en defensa de la empresa para la que trabaja, quiso endilgarle a ese destacado profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Si hubiera realizado un mínimo de investigación, Sierra podría haber encontrado referencias periodísticas como estas:

Alberto Aguilar, el 13 de julio 2005 en Reforma: “También le decía que el mismo Olegario Vázquez Raña y quien recién incursiona como empresario de medios, igualmente no ha cejado en su intento de ir por el Canal 40 con el apoyo de Martha Sahagún…” Ese columnista consideraba que el Canal 28 podría ser “ muy buena ventana para aquellos que visualizaron el Canal 40”.

Columna Bajo Reserva, el 7 de abril de 2006 en El Universal: “Algo huele mal en la crisis de la aerolínea Aerocalifornia, propiedad de Raúl Aréchiga. En el sector se habla de rudeza innecesaria y de indicios de que se buscará echarle montón, en una acción maquinada con grupos empresariales, no para quitarle la compañía aérea, sino para despojarlo del canal 28 de televisión. Se nos dice que las huellas digitales sobre este caso conducen hasta una subsecretaría en Comunicaciones y Transportes”.

Alberto Barranco Chavarría, el 11 de abril de 2006 en El Universal: “A propósito, aunque la suspensión decretada por las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos parece la puntilla para Aerocalifornia, más de alguna voz asegura que el golpe inicial contra la firma aérea propiedad de Raúl Aréchiga tendría por objeto ahorcarla para impedir ejercer sus derechos como concesionaria de una frecuencia de televisión abierta. Estamos hablando del canal 28, cuya programación la llena la exhibición de viejas series extranjeras. La intención del dueño de Aerocalifornia era lanzar la frecuencia en los próximos meses con programación propia”.

Darío Celis Estrada, el 13 de julio de 2006 en Reforma: “Tal vez recuerde que apenas unas semanas antes, Raúl Aréchiga había conseguido de la misma dependencia de Pedro Cerisola el refrendo de la concesión del canal, pese y a que no ha realizado gran cosa para impulsarlo. El golpe a su línea aérea tuvo como fin orillarlo a vender el 28. El gobierno de Vicente Fox ya le había encontrado un comprador, pero Aréchiga se negó y empezó a barajar sus propias cartas, no sin ponerle un precio: cien millones de dólares”.

“Favorecido de la señora Marta”

A partir de la venta de los derechos sobre el Canal 28 al empresario Olegario Vázquez Raña, también menudearon comentarios en la prensa de índole financiera pero además en otros espacios periodísticos.

Agencia Proceso, el 18 de julio de 2006: “De manera subrepticia –y a pesar que existe una nueva ley y un nuevo órgano regulador que buscan la transparencia en las concesiones de radio y televisión–, el Grupo Imagen, propiedad de Olegario Vázquez Raña, adquirió por 80 millones de dólares la frecuencia XHRAE Canal 28, concesionada hace más de diez años al empresario Raúl Aréchiga, dueño también de Aerocalifornia… La expansión de las empresas de Vázquez Raña ha ido de la mano con su cercanía hacia Marta Sahagún de Fox”.

Jenaro Villamil, en la edición de agosto de 2006 de la revista Zócalo: “El empresario Olegario Vázquez Raña, muy cercano durante este sexenio a la primera dama Marta Sahagún, confirmó el 18 de julio, dos semanas después de los comicios presidenciales, que adquirió el control accionario de Canal 28, concesionado al empresario Raúl Aréchiga”.

Miguel Ángel Granados Chapa, el 10 de agosto 2006 en Reforma: “El año pasado, Aréchiga consiguió el refrendo de la concesión televisiva que no usaba (para lo cual debió fingir que sí lo hacía, poniendo en pantalla videoclips insulsos en el mejor de los casos). Desde entonces se suponía posible que entrara en negocios con los Vázquez. Quizá la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes que con su manga ancha le permitió mantener ese activo financiero que es una concesión, lo indujo a venderlo para salir de la crisis que la propia SCyT provocó al cancelar durante varios meses la operación de la aerolínea que, de manera casi simultánea con la venta del 28, ha recomenzado sus operaciones”.

Enrique Galván Ochoa, el 15 de junio de 2007 en La Jornada: “El caso de Aerocalifornia es distinto. El 2 de abril de 2006 la Secretaría de Comunicaciones, entonces a cargo de Pedro Cerisola, detuvo sus vuelos con el argumento de que no reunía las condiciones de seguridad básicas. El dueño de la línea, Raúl Aréchiga, en su momento denunció que era una maniobra para obligarlo a ceder el canal 28 de televisión. Le torcieron el brazo y finalmente el canal cayó en manos de un favorecido de la señora Marta: Olegario Vázquez Raña”.

Grupo Ángeles, versiones y correcciones

El acreditado trabajo del maestro Gabriel Sosa Plata quedó intocado con ese incidente que, incluso, fue motivo para que algunos de sus colegas le reiterasen el respeto profesional que se ha ganado. Tanto la revista Zócalo como la Revista Mexicana de Comunicación dieron a conocer sendos mensajes de respaldo a ese investigador.

Por aludir a referencias como las que hemos reproducido acerca del entremetimiento de la pareja que usufructuó la Presidencia durante el sexenio pasado en las transacciones alrededor del Canal 28, a Sosa Plata le cayeron encima descalificaciones e infundios originados en el Grupo Imagen. Los impugnadores de ese laborioso académico podrían preguntar en su propia casa editorial de dónde venían tales versiones, ya que varios de los columnistas antes citados ahora escriben en Excélsior.

Además, las versiones sobre la posible injerencia del ex presidente y su esposa en la venta del Canal 28 han sido tan extendidas que incluso en los sitios web de varias empresas del Grupo Ángeles –Hoteles Camino Real, Reporte 98.5 y las radiodifusoras Imagen- se reproduce una entrevista con Olegario Vázquez Aldir, propietario del mencionado Grupo.

“ – Se ha señalado que el crecimiento del grupo, particularmente en la división de medios, se dio al amparo de Marta Sahagún y Vicente Fox; ¿Cuál es su opinión al respecto?

“– También otra locura producto de la envidia… todas y cada una de las concesiones de radio y TV las compramos a particulares, pagando la cantidad pactada en cada operación”.

En esa declaración, Vázquez Aldir no niega las versiones, reproducidas por sus mismos medios, sobre la influencia de Sahagún y Fox en la maniobra que le permitió comprar el Canal 28. Tampoco lo hicieron Sierra y Rivera en sus destempladas respuestas a Sosa Plata. Ese investigador no ha desconocido el hecho de que Grupo Imagen pagó una suma muy alta por esa frecuencia e incluso revela el monto exacto de acuerdo con documentos oficiales.

No hay motivos para considerar que esa transacción haya sido ilegal. Pero ese caso permite reconocer la enorme discrecionalidad que la legislación les sigue confiriendo a los concesionarios de radiodifusión que trafican a su antojo con las licencias que el Estado les ha otorgado para transmitir por esos medios.

La respuesta de Sierra, por otra parte, fue tan grosera que incluso su propio medio, o ella misma, la enmendaron. El mismo miércoles el título de su artículo y las alusiones al hermano del profesor Gabriel Sosa fueron modificados en el sitio de Excélsior.

No es la tercera cadena

El Canal 28 comenzó a transmitir hace un año con el nombre de “Cadena Tres”. Se trata de una denominación ingeniosa, que sugiere que se trata de una opción televisiva equiparable a los dos consorcios nacionales de la televisión, Televisa y Azteca. Pero una cosa son las campañas comerciales de esa emisora y otra, sus dimensiones y capacidades reales. En sus respuestas a Sosa Plata, tanto Rivera como Sierra consideran que el Canal 28 constituye una competencia auténtica ante las dos televisoras nacionales. Se trata de “el esfuerzo más importante que se ha realizado para terminar con el duopolio televisivo en nuestro país” dice autocomplaciente la señorita Sierra. “En cualquier mercado tres opciones son mejor que dos”, estima el director de Grupo Imagen. Rivera tiene razón. El problema es que la que llaman Cadena Tres no es una red nacional de televisión abierta como los canales de Televisa y Azteca sino una estación local cuya señal se repite en otros sitios del país a través de sistema de televisión por cable. No es, por su cobertura, equiparable a las cadenas de esos consorcios.

Y en términos de calidad, los resultados que ofrece Canal 28 son desiguales. En sus noticieros hay periodistas de comprobada aptitud y responsabilidad profesionales –como, entre otros, Jorge Fernández Menéndez y Guillermo Ortega Ruiz– pero no se puede decir lo mismo de otros de sus conductores y colaboradores. Si “Cadena Tres” y el grupo comunicacional del que forma parte quieren construir una imagen respetable, no es con desacreditaciones personales ni auto ensalzándose como podrán distinguirse de otras televisoras.

Crítica del periodismo crítico

Nexos, noviembre de 2007

   “Apenas llegados a Constantinopla, la prensa se encargó de volcar sobre nosotros un torrente de rumores, invenciones y conjeturas que no acababan nunca. La prensa, que no tolera que haya el menor vacío en sus informaciones, no escatima nada para colmarlos. Para que la simiente no se pierda, la naturaleza se encarga de desparramarla pródigamente a los cuatro vientos. La prensa procede de un modo parecido. Coge todos los rumores que encuentra al paso y los echa al voleo, aumentados en tercio y quinto. Y para que se confirme una versión veraz, hay cientos y miles de noticias que mueren en flor. A veces, pasan unos cuantos años hasta que la confirmación llega. Y se daban también casos en que el momento de la verdad no llega nunca”.

   Con documentada amargura, León Trostsky deploraba en esos términos las versiones que aparecían en la prensa europea cuando, expulsado de la Unión Soviética, llegó a Estambul en 1929. Algunos de los diarios más importantes insinuaban que la disputa con Stalin era solamente una mascarada para que el antiguo Comisario de Guerra soviético estableciera un proyecto expansionista en Turquía. Esas versiones le perjudicaban, ocasionándole la animadversión de varios gobiernos en Europa.

   Aquel reproche consignado por Trotsky en su autobiografía (Mi Vida, publicada inicialmente en 1930) pareciera describir la situación del periodismo que tenemos ocho décadas más tarde. A la prensa le resulta más fácil propalar rumores que investigar acontecimientos. Y una vez que la maquinaria del rumor comienza a andar, en esos mismos espacios periodísticos el comentario de versiones parciales, o sin confirmar, magnifica y en ocasiones legitima los chismes consagrados como noticia.

   Cuando el revolucionario ruso escribió aquella lamentación del sensacionalismo periodístico, ya eran conocidas las interrogaciones que es preciso responder para que exista una información completa:

qué, quién, cómo, dónde, cuándo. No hay escuela de periodismo que no enseñe esas cinco divisas y difícilmente habrá reportero que reconozca su desinterés por cumplirlas. Sin embargo la prensa está repleta de informaciones parciales e imprecisas. La sustitución del periodismo por el estrépito y de la información por la crispación son la contraparte de las resistencias que suelen presentar los medios –tan exigentes con todos y con todo– para autocriticarse.

   Dominado por la subyugante aunque por definición efímera compulsión de la primicia, al periodismo le suele interesar más la urgencia informativa que el rigor contextual cuando da a conocer un acontecimiento. Diarios y noticiarios están repletos de notas que no dicen con claridad qué sucedió, pero que sobre todo suelen omitir los sujetos, las formas, el momento y el sitio de los hechos que comunican. Las noticias son, por lo general, enunciados desprovistos de alguno de esos cinco parámetros esenciales. La premura en el trabajo de los reporteros, la costumbre de mantener a los públicos en estado de sobresalto permanente y el interés de algunos de los protagonistas de las noticias para que solamente se den a conocer versiones fragmentarias, influyen para que tengamos informaciones que no reúnen los cinco elementales requerimientos que indican las normas profesionales.

   Ese periodismo de información deficiente favorece a su vez, entre otros factores, la existencia de un periodismo de opinión rudimentario. A los cinco principios de la información profesional se añade el sustantivo porqué cuando el periodismo, además de enterar, aspira a ofrecer explicaciones de un hecho. Esa es la causa, a la vez que la finalidad, del periodismo de interpretación. Columnas, artículos y editoriales tienen, o al menos eso se supone, tal propósito. Pero en un periodismo tan fallido para responder a las cinco cuestiones esenciales de ese oficio también es frecuente que en vez de explicaciones se ofrezcan admoniciones.

 

Seis desdeñados ayudantes

   Rudyard Kipling recordó esa media docena de requisitos al cabo de un relato para niños publicado cuando comenzaba el siglo XX: Yo tengo seis honestos servidores / que me enseñaron todo lo que sé / sus nombres son qué, dónde y cuándo / y cómo y quién y porqué. / Los mandé por mar y tierra / Los envié al oriente y al poniente; /  y después de que tanto trabajaron / los dejé descansar tranquilamente. En la prensa de opinión de hoy en día, demasiado a menudo, a esos fieles ayudantes se les manda a descansar antes de tiempo.

   El periodismo crítico, tanto en la prensa escrita como en los medios electrónicos, contribuye poco, y por lo general deficientemente, a la comprensión de los sucesos públicos. Igual que el periodismo de información, se sustenta mucho más en dichos que en hechos. Abomina de los datos duros, aparentemente porque fechas, citas y cifras fatigan a los lectores pero quizá fundamentalmente porque es más sencillo borronear una opinión que arriesgar y sobre todo documentar una explicación. Le importunan las comillas acaso porque quienes lo hacen suponen que hemerotecas y documentos son recursos para la historia y no para la crónica del presente que es el periodismo.

   Así realizado, el periodismo de opinión no suele ayudar a entender lo que sucede sino a desconcertarnos o aturdirnos, añadiendo reprimendas, interjecciones o irritaciones a los temas de actualidad. El periodismo, sobre todo en diarios impresos y noticiarios electrónicos, por lo general tiene que ser rápido y breve. Y es peliagudo exponer en 30 líneas, o en menos de dos minutos, una idea compleja como las que se requieren para ubicar a un acontecimiento en su contexto además de interpretarlo y trazar sus posibles escenarios.

   A esos imperativos de espacio y tiempo se debe, en alguna medida, la propensión de los comentaristas a resolver las situaciones más complejas con retahílas de lugares comunes. De la misma forma, es más fácil adjetivar que dilucidar. La crítica en el periodismo está condicionada por los apremios propios del ritmo acelerado con que se procesan y comentan las noticias. Pero quienes hacen ese periodismo, parapetados en los clichés, por lo general no se esfuerzan por dominar tales limitaciones.

   Para la crítica periodística –desde luego hay excepciones, aunque pocas– analizar equivale a elucubrar. Con enorme frecuencia los comentaristas dejan a un lado la exposición de hechos y se dedican a conjeturar. El análisis de casi cualquier acontecimiento requeriría de un entramado argumental que ni el espacio ni el rating parecen estar en condiciones de propiciar. Por eso al razonamiento, en el periodismo, con frecuencia lo suplantan las impresiones.

   El comentarista de asuntos noticiosos a menudo se convierte él mismo en el centro del espectáculo. El tono personal (me parece que… yo creo que… pues yo opino…) habitualmente enmascara como juicios autorizados los que, carentes de hechos y demostraciones, son simplemente impresiones subjetivas. En unas cuantas frases, el periodismo simplificado de esa manera suele otorgar reconocimientos y, sobre todo, asignar sanciones con enorme ligereza. Si un comentarista considera que un gobernante es ruin o tramposo o, por el contrario, si le parece íntegro y auténtico, podrá contribuir a que la gente así lo piense tan solo con echar a andar cualquiera de esos calificativos. Las opiniones privadas, entonces, se convierten en famas públicas.

   Al prescindir de la exposición de hechos en la que forzosamente se apoya cualquier argumentación y limitarse a ofrecer una sentencia, por añadidura casi siempre terminante, el periodista de opinión tiende a convertirse en pontífice: las cosas son así porque lo digo yo. El empleo excesivo de la primera persona del singular tiende a reforzar ese principio de autoridad. El opinador público cuenta con franquicia para dispensar absoluciones y imputaciones gracias al privilegio de expresarse en los medios.

 

Trascendidos intrascendentes

   El periodismo admonitorio se respalda en la eficacia del veredicto verbal y las frases hechas. El refranero se convierte en manantial de justificaciones instantáneas. Por ejemplo, no son pocos los comentaristas políticos –incluso algunos habitualmente serios– que se empeñan en considerar que, en esos menesteres, lo que parece es. Si aparentemente ocurrirá o se está fraguando algo, esos analistas le darán visos de certeza a tal posibilidad como si fuera un hecho. Así también, la tendencia a considerar que el que calla otorga puede llevar a conclusiones desacertadas –a veces, quien calla simplemente no quiere decir algo pero no por eso acredita lo que se sospecha de él–.

   Impelidas por el motor de la murmuración, las falsedades se desatan como en espiral. Si de una persona se dice algo que los medios consideran irrefutable, la gran mayoría lo da como cierto aunque no haya evidencias de ello. Si alguien se atreve a formular dudas acerca de esa imagen artificiosamente construida, se le califica como ingenuo, insincero o hasta cómplice. ¿Cuántos casos no hemos conocido de presuntos culpables que a la postre no lo son pero a quienes la habladuría mediática consideró, tachó y sentenció como tales?

   La propagación de versiones incomprobadas llega a ser no únicamente aderezo sino, con frecuencia, la médula de numerosos espacios de presunto análisis en la prensa. En México las columnas políticas han tenido una relevancia que es difícil encontrar en otros países. Durante la segunda mitad del siglo XX la mayoría de ellas fue instrumento de las élites gobernantes para transmitirse mensajes y señales. Siempre constituyeron, además, una suerte de escotilla por la cual los ciudadanos podían asomarse a los vericuetos y cenáculos del poder.

   En un país ahogado entre la ausencia de espacios para la expresión libre y el monopolio de la política a cargo no solo de un partido único sino, con frecuencia, de un totémico y todopoderoso presidente, era entendible que las columnas cumplieran con una función articuladora y en ocasiones incluso relajante entre distintos segmentos del poder. Para la sociedad interesada en los asuntos públicos las revelaciones o trascendidos que ofrecían eran significativas, a falta de información y transparencia. Pero con las transformaciones políticas de los años recientes, que se aunaron a un ejercicio auténtico de la libertad de prensa, las filtraciones dejaron de ser relevantes y en numerosas ocasiones se han convertido en hablillas acerca de la vida privada de los personajes públicos o en simples y flagrantes mentiras.

   Todos los días se publican trascendidos que anuncian nombramientos, destituciones y acciones del poder que nunca llegan a cumplirse. Los autores de esos textos de pretendido análisis político parecieran suponer que los lectores tienen la memoria hueca y prácticamente nunca reconocen cuando equivocan sus pronósticos. Pero cuando aciertan se encargan de recordarle al lector, durante varios días, la primicia que tuvo la ventaja de conocer en ese espacio periodístico.

 

Pobreza de interlocutores

   La fascinación de la prensa por las filtraciones y su admonición desprovista de pruebas son directamente proporcionales a la escasez de parámetros éticos. Cierto corporativismo gremial, pero sobre todo una marcada intolerancia a cualquier escrutinio por parte de la sociedad, han llevado a numerosos colectivos de periodistas y sobre todo a algunos de quienes ejercen la crítica periodística de manera más conspicua, a rechazar la creación de códigos de ética.

   Esos inventarios de reglas y compromisos para hacer periodismo son un recurso para precisar y eventualmente impulsar parámetros de calidad profesional. En ausencia de ellos y sin leyes capaces de reconocerles derechos a los ciudadanos en el terreno de los medios, cuando una persona se considera afectada por una opinión malinformada, o dolosa, puede enviar una rectificación al medio en cuestión. Entonces tiene que resignarse a padecer regateos y desdenes a veces interminables. Durante todo el siglo XX, la legislación mexicana privó al ciudadano prácticamente de cualquier recurso delante de los medios aunque recientemente, con motivo de las reformas en materia electoral, el derecho de réplica quedó establecido en la Constitución.

   Quizá la proclividad al denuesto y las murmuraciones comience a declinar gracias a la reglamentación del derecho de réplica, junto con el desatascamiento de los procedimientos judiciales para que los ciudadanos se inconformen ante difamaciones o calumnias en la prensa (en 2007 los delitos de prensa fueron despenalizados y, ahora, afrentar o desacreditar les podrá costar dinero a medios y periodistas que lucren con esas prácticas). Pero las indigencias profesionales del periodismo en México no se resolverán con acciones judiciales sino en un proceso de creciente contraste y diversidad entre los medios y, sobre todo, gracias a la exigencia que el periodismo crítico encuentre en sus principales interlocutores.

   Los políticos, por lo general, evitan confrontarse con la prensa aunque los haya descalificado y calumniado. En vez de ello tratan de mostrarse obsequiosos (a veces literalmente) con los periodistas que los han hecho víctimas de versiones inexactas. En lugar de enviar aclaraciones, prefieren el reproche discreto y establecer una relación de mutuos compromisos con el periodista y/o con el medio que los han maltratado.

   Los propietarios de los medios suelen tener relaciones difíciles con los periodistas que comentan asuntos públicos, sobre todo cuando consideran que las opiniones críticas afectan a sus negocios. Quizá no hay un solo diario o medio electrónico de relevancia en México que no arrastre una cauda de renuncias y despidos de periodistas de opinión que han tenido apreciaciones distintas a las que son dictadas por el interés corporativo de las empresas de comunicación.

   Y con sus públicos el periodismo crítico mantiene una relación débil, con escasa interlocución a pesar de los recursos que ofrecen el correo electrónico y otros espacios de interacción en línea. Numerosos lectores de la prensa de opinión y sobre todo radioescuchas y televidentes aplauden cuando encuentran que los comentaristas coinciden con sus puntos de vista y reprenden cuando no es así. El público por lo general no busca elementos de juicio sino ratificar el criterio que ya tiene sobre los asuntos públicos.

   En ausencia no sólo de un entorno político capaz de constituirse en interlocutor (y no en comparsa ni rehén del periodismo crítico) y sobre todo a falta de públicos razonablemente exigentes, el periodismo de opinión con frecuencia es refractario a la crítica. Todo eso está cambiando, pero en México todavía hay conductores y periodistas que ejercen despiadadamente el periodismo de opinión pero que no admiten que su trabajo esté bajo la lupa de los ciudadanos o de aquellos a quienes afecta lo que dicen y dejan de decir.

   La creación de observatorios de medios de comunicación y la apertura de sitios y blogs en donde incluso otros periodistas hacen la crítica del periodismo supuestamente crítico, se pueden constituir en recursos para nutrir de contrastes y, eventualmente, de retroalimentación a una prensa habitualmente arisca a discutirse a sí misma. Mientras tanto, el periodismo de opinión seguirá siendo un ejercicio abusivo y sin contrapesos o, en otros casos, inevitablemente ingrato. Recientemente el español Javier Marías, que además de espléndidas novelas escribe textos de opinión, describía la sensación de publicar en el vacío que con frecuencia deja el periodismo de ese género (entrevistado por Juan Cruz en El País Semanal del 23 de septiembre de 2007): “Lo que sí hago es decir lo que opino y no callarme las cosas que me parece que están muy mal. Hay gente que lo agradece mucho. Una de las peores cosas que tiene el ser columnista es la sensación de fracaso permanente, y eso no ocurre con la literatura”. Y, ni modo, no todos podemos escribir novelas.

El magisterio de Granados Chapa

Publicado en Zócalo, septiembre de 2007

El aniversario de un espacio periodístico suele pasar inadvertido, incluso para sus lectores. Por eso, entre otras circunstancias, fue prácticamente insólita la coincidencia de periodistas de muy distintas adscripciones profesionales, así como de lectores emplazados en las más variadas perspectivas políticas, para festejar las tres primeras décadas de Plaza Pública, la columna de Miguel Ángel Granados Chapa.

   El 13 de julio de 1977 las páginas de Cine Mundial, dirigido por Luis Javier Solana, acogieron la primera entrega de la que hoy en día es, sin duda, la más importante de las columnas políticas en México. En aquellos años la columna Red Privada, de Manuel Buendía, estaba ganando espacio para un ejercicio más analítico en ese tipo de espacios periodísticos. Durante varias décadas, en una costumbre que persistiría casi hasta finalizar el siglo, las columnas en los diarios eran fundamentalmente espacios de notas breves, muchas de ellas tomadas de los boletines de las oficinas de prensa y algunas otras con informaciones real o presuntamente reservadas.

   El valor fundamental de aquellas columnas era la indiscreción anónima, por lo general intencionada, de alguna fuente vinculada con el poder político. Tales columnas hacían las veces de ojos de las cerraduras de la política palaciega a las cuales, de cuando en cuando, los lectores tenían el supuesto privilegio de asomarse gracias a la confidencia que difundían los autores de esos espacios periodísticos. A menudo esas columnas también eran instrumentos de interlocución entre distintos segmentos de la clase política que se enviaban recados –a veces con la forma de supuestos anticipos, en otras incluso mediante habladurías o incluso calumnias–. Esas columnas y sus autores llegaban a ser, de tal forma, correveidiles de personajes del poder político.

   Manuel Buendía fue de los primeros en romper con ese estilo, tan congruentemente sintonizado con el periodismo que se ejercía en aquellos años. Junto a las revelaciones que obtenía gracias a su epidérmica habilidad reporteril, Buendía incorporaba juicios y críticas que hacían de Red Privada un espacio de discusión más allá de la información que ofrecía. Cuando el director de Cine Mundial y el creador de Plaza Pública convinieron en publicar la nueva columna tenían como modelo el periodismo que publicaba Buendía a cuya trayectoria, por lo demás, no era ajeno Granados Chapa.

 

“Soy un liberal de izquierda”

   Miguel Ángel Granados Chapa se inició como periodista profesional en Crucero, semanario fundado por Manuel Buendía en 1964. El entonces novel reportero, que tenía 22 años, había estudiado simultáneamente las licenciaturas en Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional. Luego se encargó de la redacción en la agencia Informac creada por su antiguo profesor Fernando Solana y en 1966 comenzó a trabajar en Excélsior, de donde saldría una década más tarde con el grupo encabezado por Julio Scherer.

   En el entonces llamado Periódico de la Vida Nacional, Granados Chapa transitó de la secretaría de redacción a tareas cada vez más relacionadas con la política editorial. Sus artículos, que llegaron a aparecer varias veces por semana, eran paradigmas de precisión tanto en el análisis como en la escritura. En esa práctica se va depurando el estilo pero sobre todo la vocación política de Granados Chapa quien dos décadas más tarde se ubicaba a sí mismo “en el centro izquierda, soy un liberal de izquierda, liberal en el sentido decimonónico, es decir, alguien que busca el respeto a la persona, la tolerancia y a la expresión de las ideas en una sociedad” (Rosa María Valles, La legitimación social de la opinión periodística, tesis de maestría, UNAM, 1997).

   En buena medida, la renovación que Excélsior experimentó hacia la mitad de los años setenta en el terreno del análisis se debió a la mano de Granados Chapa, quien llegó a ejercer la tarea de subdirector editorial. Aquellos eran, no hay que olvidarlo, tiempos de incesante tensión política: aunque se manifestaba por la apertura, el gobierno de Echeverría persistía en influir sobre los escasos medios en donde se expresaban posiciones críticas y para superar tales apremios el periodismo de opinión a menudo tenía que acudir a la metáfora elegante, al cuestionamiento oblicuo o a la ironía. Excélsior no era un diario de oposición, pero el hecho de que allí aparecieran enfoques distintos de los oficiales lo distinguió del marasmo que dominaba en la prensa mexicana de aquellas épocas.

   Cuando salió de Excélsior, Granados Chapa se incorporó con notorio compromiso en la creación del semanario Proceso en donde ocupó dos cargos fundamentales aunque finalmente contradictorios: durante los primeros seis meses de la revista fue director-gerente hasta que, hacia mayo de 1977, se alejó de ella. Fue entonces cuando inició la aventura de publicar una columna diaria, con la que se encuentra embarcado hasta la fecha.

   Las numerosas tareas que ha cumplido desde entonces, sin dejar de escribir la columna, dan cuenta de la vitalidad personal pero además del horizonte amplio que anima a Granados Chapa. Tuvo un desempeño fructífero en medios oficiales cuando en 1977 coordinó  los noticieros de Canal Once y entre 1977 y 1980 dirigió Radio Educación. Fue subdirector en los diarios más innovadores en aquellos años: unomásuno entre 1982 y 1983 y La Jornada de 1984 a 1988, diario este último de cuya dirección también estuvo a cargo entre 1988 y 1990.

   Las inquietudes editoriales de Granados Chapa lo han llevado a fundar publicaciones como la revista Mira, que daba preferencia a la imagen fotográfica y que dirigió de 1990 a 1994, cuando dejó esa labor para ser consejero en el IFE. En 1997 creó Hoja por hoja, el suplemento mensual de libros que se distribuye encartado en varios diarios con un tiraje superior al de la mayoría de las revistas no frívolas que se publican en el país. En 1994 fue designado consejero en el Instituto Federal Electoral, cargo que desempeñó por dos años y medio y que solamente aceptó cuando los representantes de los partidos políticos le dieron garantías de que no había incompatibilidad legal entre esa responsabilidad y seguir escribiendo su columna periodística.

 

Explicar los hechos políticos

   La de Granados Chapa ha sido, desde que comenzó, una columna atenta a las novedades de la vida pública pero escudriñando sus contextos. Se nutre de la prensa, pero también en la investigación bibliográfica y desde luego en las indagaciones y el conocimiento personales de su autor. A diferencia de la que singularizaba al viejo periodismo, la columna que escribe Granados Chapa no busca aplaudir ni propagandizar sino explicar y discutir.

   Ese ejercicio, admitió alguna vez Granados Chapa al explicar el sentido que busca para su columna, significa un riesgo permanente: “El columnista está más, por decirlo así, entre las patas de los caballos, está menos a salvo que el articulista de entrar en las complicaciones de la política real. El articulista tiene una mayor distancia respecto de los hechos concretísimos de las personas, de los actores que la que pueda tener el columnista. Esto ofrece toda clase de riesgos, de todo género. Las inducciones, en las que uno puede caer sin advertirlo respecto de ciertas posiciones, es decir, que le hagan a uno expresar opiniones interesadas por los informes que le transmiten a uno las personas con las que habla y por lo tanto, termina uno sirviendo a intereses a los que no quería servir, si no se tiene capacidad de advertirlo. La creación de enemistades muy concretas; el riesgo de halago, también muy concreto, de los funcionarios. Es un camino riesgoso pero que también por eso significa un desafío. Y significó, por otro lado, la oportunidad de contribuir, en la medida que esto ocurra, a la explicación de los hechos políticos nacionales, con un propósito político que es un propósito de democratización. La columna política creo que puede servir muy específicamente a propósitos políticos y periodísticos. En este caso, la búsqueda de las claves que permitan saber que el fenómeno político no es algo reservado a los iniciados, que no es algo ajeno al público en general, sino que el público puede comprender y en lo que debe participar” (entrevista con Otto Granados Roldán publicada inicialmente en 1981 y reproducida en el libro de Miguel Ángel Granados Chapa Comunicación y política. Océano, 1986).

   Granados Chapa ha vivido y eludido los riesgos que señala y contribuye a la desacralización de un quehacer político que, por lo demás, a menudo resulta distante de los requerimientos de la sociedad.

   Plaza Pública se publicó en Cine Mundial entre julio de 1977 y septiembre de 1979. “En ese momento –relató el propio Granados Chapa cuando esa columna cumplió 20 años– Luis Javier Solana, que manejaba el periódico, fue nombrado por López Portillo director de Comunicación Social de la Presidencia. Al autor de esta columna le pareció inconveniente escribir para el diario de quien en ese momento se convertía en vocero del gobierno federal (aunque Solana mantuvo netamente la distinción entre ambas funciones) y aceptó la invitación de Manuel Becerra Acosta para, su antiguo compañero de tareas en Excélsior, para incorporar la columna a las páginas de Unomásuno, nacido en noviembre de 1977” (“Veinte años”. Reforma, 13 de julio de 1997).

 

Fuerza de la columna sindicada

   La renuncia de Granados Chapa y otros directivos de unomásuno lo dejó, en noviembre de 1983, sin espacio en la prensa de la ciudad de México. Para entonces, Plaza Pública aparecía cotidianamente en varias docenas de periódicos en todo el país, distribuida por la Agencia Mexicana de Información. La sindicación de los textos periodísticos se convirtió, durante aquellos años y hasta comienzos del nuevo siglo, en recurso tanto para propagar con notable amplitud el trabajo de algunos de los periodistas más destacados como para conferirles una autonomía adicional.

   Un columnista cuyos textos aparecen en varios diarios en el país deja de tener la dependencia estrecha que, de otra manera, puede experimentar respecto del periódico para el que trabaja en la ciudad de México. En 1983, cuando salió de unomásuno, Granados Chapa pudo seguir escribiendo su columna para los numerosos diarios que ya la reproducían en los estados. Hoy en día las posibilidades de la sindicación han declinado ante el predominio de agencias de contenidos informativos que tienen como ancla a algún diario de la ciudad de México y cuyos servicios son contratados en paquete por los cada vez más escasos periódicos de los estados que no forman parte de alguna cadena periodística nacional.

   Aunque no era en un diario, durante varios meses Plaza Pública se publicó en el semanario Punto que, dirigido por Benjamín Wong, alojó con singular generosidad a los periodistas exiliados de unomásuno. La aparición en septiembre de 1984 de La Jornada, dirigida por Carlos Payán, le dio un nuevo hogar a la columna. Allí estuvo hasta que, casi ocho años después, los desacuerdos que tenía con la conducción del periódico llevaron a Granados Chapa a salir de La Jornada. Disfrutó durante 15 meses, a partir de agosto de 1992, la hospitalidad de El Financiero. Y desde noviembre de 1993 se publica en Reforma y el resto de los diarios del grupo periodístico que encabeza Alejandro Junco de la Vega.

 

Política, aulas, radio, libros

   La estabilidad profesional y editorial que encontró en Grupo Reforma –en donde Plaza Pública ha transcurrido casi 14 de sus 30 años– le han permitido a Granados Chapa afianzar la respetabilidad y la influencia que construyó en el no siempre sosegado paso de un periódico a otro. Aunque es evidente que sus puntos de vista no siempre coinciden con las posiciones de Reforma, la columna ha mantenido un sitio emblemático tanto en las páginas del diario como en el ánimo de sus lectores.

   Igual que las de ese periódico, o las de cualquier otro, las opiniones de Miguel Ángel Granados Chapa son discutibles –a veces, sobremanera–. Se puede discrepar con ellas pero siempre es innegable la claridad de los juicios que las sustentan y que forman parte tanto del talante personal como de la fama pública de su autor. En 1998, cuando fue postulado por el PRD como candidato al gobierno de Hidalgo, Granados Chapa afianzó una simpatía política que sin embargo está lejos de las incondicionalidades que suele exigir la vida partidaria. En aquella ocasión quiso ser abanderado de una coalición integrada por el PAN y el PRD pero cuando advirtió numerosas irregularidades en la selección dentro de Acción Nacional se retiró de ese proceso y, a la postre, quedó únicamente como candidato del llamado partido del sol azteca. Quizá desde entonces, aunque no de manera constante, el habitualmente afilado juicio crítico de Granados Chapa ha sido más benévolo con el PRD y algunos de sus personajes que con la mayor parte de las instituciones, figuras y decisiones públicas a las que suele referirse.

   Hombre dedicado fundamentalmente a la palabra escrita, Granados Chapa además ha mantenido durante ya doce años el programa que, con el mismo nombre de su columna, se difunde todas las mañanas, de lunes a viernes, en Radio UNAM. No son pocos los radioescuchas que, enfadados o fatigados por la sosería que (quizá con un par de excepciones) singulariza a la radio informativa de las mañanas, prefieren sintonizar el 860 de AM o el 96.1 de FM para oír el nada trivial e inteligente programa de Granados Chapa. Allí, el autor de Plaza Pública continúa el magisterio que ejerció en las aulas universitarias primero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y luego en la entonces ENEP de Acatlán.

   Autor de una docena de libros, Granados Chapa mantiene tareas académicas y editoriales menos conocidas que su Plaza Pública. Recientemente fundó una firma destinada a la publicación de libros. Y desde hace varios años escribe, también de lunes a viernes, el “Diario de un espectador” que aparece en Metro, el periódico de sesgo popular que Grupo Reforma imprime para la ciudad de México. En esa columna puede encontrarse al lector, melómano, cinéfilo y paseante que es Granados Chapa. Redactada con menos formalidad e, imagino, a veces con más gozo que la Plaza Pública, el Diario de un espectador merecería una difusión más amplia para que llegase –por ejemplo, en el sitio de Reforma en Internet– a otros lectores.

 

Escribir una columna a diario

   Los 30 años de su columna emblemática han refrendado el reconocimiento que Granados Chapa suscita en espacios muy diversos de la vida pública y el periodismo en México. Han sido, además, una ocasión para que sus lectores festejemos la perseverancia de ese autor.

   Escribir una columna diaria –cuando se hace en serio– es una de las tareas más arduas, pero también más gratificantes, que puede tener la oportunidad de cumplir un periodista. Hay que lidiar con el fárrago de chabacanerías y exageraciones que pueblan las páginas de los diarios para desbrozar lo importante de lo accesorio. Hay que investigar en fuentes de lo más diversas y saber ponderar la confiabilidad de las informaciones que se encuentran. Hay que tener buen archivo, aunque Granados Chapa en lo que se apoya es fundamentalmente en una memoria portentosa. Hay que encontrar algún equilibrio entre la solemnidad y la frivolidad, entre la reiteración y la explicación. Hay que eludir el tedio que impone la reincidencia de actores, temas y comportamientos en la vida pública y encontrar el sesgo, el contraste, la comparación o la primicia que le den frescura a temas no siempre nuevos. Hay que leer y pensar, sobre todo antes de escribir. Hay que sorprender al lector y eso únicamente es posible cuando el columnista tiene los ojos, los oídos y la imaginación despiertos a la realidad. Granados Chapa lo hace todos los días. Aunque no siempre estemos de acuerdo con él –y precisamente, porque expresa razones y posiciones respecto de las que es posible tener diferencias– leerlo cotidianamente es una costumbre que se ha vuelto parte de nuestra vida cívica.