Las últimas informaciones de Eliseo Barrón

Eliseo Barrón Hernández era un reportero de a pie. Lo suyo eran las notas breves, directas, información pura y dura. Tenía 11 años practicando el qué, quién, cuándo y dónde en las notas policiacas que escribía para la edición en Torreón, Coahuila, del diario Milenio. El cómo y el por qué por lo general se los dejaba a otros periodistas.

De prisa y precisa, la información acerca de crímenes, robos y accidentes no se presta mucho a la especulación. Sin embargo el auge del narcotráfico ha llevado las notas policiacas a la primera plana de los diarios. Quizá esa circunstancia hizo más complejo, y acaso arriesgado, el trabajo de Eliseo Barrón. El lunes por la noche varios hombres armados lo sacaron de su casa por la fuerza. Al día siguiente su cadáver apareció en un predio de Gómez Palacio, ciudad vecina de Torreón. Es evidente que lo torturaron.

Con Eliseo Barrón, son cinco los periodistas mexicanos asesinados en el transcurso de este año. Es posible que no todos hayan sido victimados como resultado de su trabajo informativo pero las parsimoniosas indagaciones judiciales no lo han esclarecido.

El Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, que mantiene un registro de agresiones a periodistas, indica que el 13 febrero Jean Paul Ibarra, fotógrafo de El Correo de Iguala, Guerrero, fue asesinado a tiros cuando viajaba en una motocicleta con otra periodista que resultó herida. Ibarra cubría asuntos policiacos.

El 23 de, febrero en Huayacocotla, Veracruz, Luis Daniel Méndez Hernández, reportero de la radiodifusora “La Poderosa”, murió tiroteado cuando salía de un salón de baile.

El 29 de febrero Juan Carlos Hernández Mundo, director del periódico El Quijote de Taxco, Guerrero, murió cuando le dispararon desde una camioneta.

El 3 de abril Carlos Ortega Samper, de El Tiempo de Durango, fue victimado cuando se resistió a ser secuestrado por cuatro individuos que lo querían sacar de su automóvil en el poblado de Santa María del Oro. Ortega había denunciado al alcalde y otras autoridades de ese municipio por amenazarlo después de que publicó denuncias por hechos de corrupción.

Ninguna de las averiguaciones por esos asesinatos ha sido resuelta. El Commitee to Protect Journalists con sede en Nueva York, indicaba el martes pasado que en el transcurso de 2009 ha registrado 11 casos confirmados de periodistas asesinados en todo el mundo debido a su trabajo como informadores y 12 casos por confirmar, entre ellos 2 mexicanos (Jean Paul Ibarra y Carlos Ortega). Con el nuevo crimen, esa cifra habrá aumentado a 3.

La información de cualquiera de esas muertes posiblemente habría sido cubierta de manera escueta por Eliseo Barrón. Uno de sus últimos reportes periodísticos, si no es que el último, fue acerca de un escolta del jefe de la policía municipal en Torreón a quien despidieron porque el domingo pasado, alcoholizado, se puso a tirar balazos. Días antes, escribió sobre el despido de 302 agentes policiacos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada.

Quién sabe cuál de esas informaciones desató la violencia de sus asesinos. Eliseo Barrón era reportero de notas concisas, sin especulaciones ni florituras. Los títulos de algunas de las más recientes dan cuenta de sus temas cotidianos: “Engañan a vendedora con billete de $500 falso” (25 de abril); “Niña de Matamoros baleada en persecución murió hoy” (1 de mayo); “Con tres impactos de bala asesinan a soldado” (11 de mayo); “Policía asesino sigue prófugo de la justicia”(11 de mayo); “Madre del niño atropellado por chofer pide castigo para el agresor” (19 de mayo). Los que por lo general ocupaban a Barrón no eran asuntos tan estridentes como los  que protagonizan las grandes pandillas de narcotraficantes.

Más que las intimidaciones de capos criminales, lo que Eliseo Barrón había deplorado eran las limitaciones que los compromisos personales y comerciales imponen a la información periodística. El 8 de diciembre pasado apareció, firmada con su nombre, la siguiente opinión en un foro de discusión en línea sobre la censura en la prensa latinoamericana:

“La autocensura se inicia en los medios cuando el funcionario o la persona, son ‘amigos’ de los jefes y por ende no se puede emitir ninguna información en su contra.

“En México ya sea periódicos de circulación nacional o local, no se habla en contra de los alcaldes o gobernadores, debido a que se teme les quite la publicidad, de la cual ya la tienen cobrada por adelantado, o se tienen convenios.

“En lo que respecta a las notas policiacas, el 90 por ciento de ellas no se publican cuando el sospechoso es familiar, amigo o conocido de un funcionario municipal o estatal.

“Esa es una autocensura, que en la realidad tiene que ver con amistades entre los funcionarios y los directivos de los medios, aunque en ocasiones es por un asunto de carácter económico o publicitario”.

Esas, forman parte de las restricciones cotidianas que padecen reporteros como Eliseo Barrón Hernández. A un panorama profesional acotado por diversas formas de censura, se añade ahora el asesinato como instrumento de coacción a los periodistas.

Desde el martes es noticia que Eliseo Barrón Hernández murió torturado, después de que lo secuestraron delante de sus pequeñas hijas. Se sabe el qué y el dónde. Resulta imprescindible conocer además el cómo y el por qué.

Esta nota, ahora actualizada con ligeros cambios, apareció ayer jueves en la edición digital del periódico El País.

Discúlpese, subprocurador

La Crónica, 15 de mayo

Desinformado, ignorante y grosero, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano se comportó con alarmante patanería el día que recibió a los representantes de una docena de organismos internacionales que vinieron a México para indagar atentados recientes contra periodistas y la libertad de expresión.

Era el 21 de abril pasado. Ese día se cumplían dos semanas del asesinato de las jóvenes locutoras, indígenas triquis ambas, de la radiodifusora comunitaria “La voz que rompe el silencio” en San Juan Copala, en Oaxaca. Era natural que ese episodio, hasta el día de hoy impune, dominara el interés de los delegados de organismos como el International Press Institute, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa,

También era explicable que, en vista de que las asesinadas formaban parte de una radiodifusora indígena, una de las voces más atendibles en esa reunión fuera la de Aleida Calleja, la inteligente vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y protagonista central del reciente empeño de esas emisoras para obtener su regularización en México.

Los delegados de la misión internacional que visitaba nuestro país durante la tercera semana de abril se habían entrevistado con periodistas y funcionarios de diversas instituciones. En ese recorrido era de especial importancia su encuentro con la autoridad del gobierno mexicano expresamente responsable de los temas que les interesan. Castro Lozano es subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República. Era posible suponer que pocos, como él, estarían minuciosamente enterados de episodios de persecución a comunicadores como el que desembocó en el asesinato de las locutoras indígenas Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.

Pero no. En aquella reunión el subprocurador Juan de Dios Castro manifestó una inquietante intolerancia, además de una patética ignorancia sobre asuntos en los que tendría obligación de estar bien informado.

Ante la insistencia de la representante de las radios comunitarias para subrayar que el asesinato de las locutoras triquis era una agresión contra periodistas, Castro se empeñó en regatearles esa condición. No eran mas que amas de casa, subrayó. ¿O qué, acaso tenían contrato como periodistas? Con paciencia franciscana, Calleja le explicó que en México para ser periodista no hace falta tener credencial, o una relación contractual formalizada de esa manera.

Esas aclaraciones tendrían que haber sido innecesarias porque entre los derechos humanos, de cuya reivindicación en la PGR es responsable el licenciado Castro, están los derechos de los periodistas. Ahora sabemos que para el subprocurador esa calidad profesional únicamente se alcanza cuando hay un contrato de por medio. Pero no es así como funcionan los medios de comunicación en México en donde, incluso cuando hay grandes sindicatos como en la radiodifusión, es infrecuente la existencia de contratos entre los periodistas y las empresas que difunden su trabajo.

El subprocurador cuestionó entonces la irregularidad de “La voz que rompe el silencio”, que no ha obtenido permiso legal para transmitir. Pero no era esa falta administrativa, sino el asesinato de dos locutoras lo que buscaba indagar la delegación de organismos entre los cuales también había representantes de las organizaciones Artículo 19, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas. Sería terrible que, para Castro Lozano, el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones no haya expedido el permiso de esa estación justificase el crimen contra las dos comunicadoras.

Pillado en falta una y otra vez, Castro Lozano dijo entonces que esos asesinatos ocurrieron en un estado en donde el gobernador forma filas en un partido que apoya a las radios comunitarias. El subprocurador suponía que el crimen por cuyas indagaciones le iban a solicitar explicaciones se había cometido en Guerrero, y no en Oaxaca.

El municipio en donde se encuentra San Juan Copala es Putla de Guerrero. Ese nombre llevó a la confusión de Juan de Dios Castro. Es entendible, pero aun así resulta inadmisible, que hubiera recibido a la delegación que lo visitaba sin documentarse acerca de los asuntos que iban a plantearle. Todavía más preocupante es el hecho de que, siendo responsable del área del gobierno mexicano destinada a indagar agresiones contra periodistas –la Fiscalía Especial de la PGR para esos asuntos depende del subprocurador Castro Lozano– ese funcionario ignorase en qué estado ocurrió el asesinato de las locutoras indígenas.

Encrespado el encuentro debido a los reiterados yerros del subprocurador, sus visitantes querían distender la conversación. Calleja le insistió en la pertinencia de las preocupaciones que le habían ido a manifestar y subrayó: “no veo, licenciado Castro, por qué nos trata como si fuéramos enemigos del Estado”.

En vez de aprovechar esa oportunidad para enderezar la reunión, el subprocurador la utilizó para ahondar sus diferencias con los delegados internacionales que habían acudido a su oficina y especialmente con la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias:

-“¡Usted sí. Usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!”, le recriminó Juan de Dios Castro a Aleida Calleja.

No obstante la estupefacción de sus interlocutores y la incomodidad evidente entre los visitantes internacionales, Castro no quiso entender las dimensiones del despropósito en el que había incurrido. Más tarde, para que no quedase duda –y de acuerdo con la crónica del reportero Álvaro Delgado publicada en Proceso del 4 de mayo– le hizo al representante del organismo internacional Capítulo 19, Darío Ramírez, el siguiente comentario acerca de Calleja; “Porque es mujer le tengo consideración y, además, está hablando con el subprocurador”.

Así que por dictamen del subprocurador de la PGR, la destacada ciudadana Aleida Calleja es enemiga del Estado mexicano.

Difícilmente el licenciado Castro Lozano habría podido enderezar esa descalificación de manera tan desafortunada e injusta.

La trayectoria de Aleida Calleja es pública y no hace falta que se le reivindique recordando episodios como el meritorio esfuerzo que encabezó hace un tres años para obtener la legalización de una docena de radiodifusoras comunitarias. Basta decir que, lejos de la paranoia o la perplejidad del subprocurador, las de esa acreditada luchadora social han sido convicciones plenamente identificadas con la reivindicación de las instituciones públicas y del Estado en nuestro país.

Fue precisamente la confianza en la capacidad del Estado y de las leyes, con todo y sus imperfecciones, lo que llevó a varias radios comunitarias a buscar su regularización jurídica hace algunos años. Ha sido esa certidumbre la que ha orientado el denuedo de Calleja y de muchos de sus compañeros que hoy pugnan por la existencia de una legislación que, entre sus reconocimientos a la diversidad deseable en la radiodifusión, ofrezca garantías a medios de comunicación de naturaleza comunitaria.

Así que lejos de estar enemistada con el Estado, Aleida Calleja es de las ciudadanas gracias a quienes todavía hay esperanzas para que el Estado en México represente de manera cabal a la sociedad.

Por eso las acusaciones que le endosó el subprocurador Juan de Dios Castro resultan especialmente inaceptables. Por eso las organizaciones internacionales cuyos representantes fueron agredidos, junto con Calleja, por ese funcionario, le han dirigido al presidente Felipe Calderón una carta razonadamente indignada en donde exigen una explicación y una disculpa pública del gobierno federal.

“Los miembros de la Misión Internacional –dice esa misiva– desean externar su preocupación ante la acusación realizada por el Subprocurador a una de las delegadas, así como la falta de profesionalismo que denotan los comentarios del titular de la Subprocuraduría, pues sus afirmaciones en torno al caso de las periodistas asesinadas fueron de mucha imprecisión, así como la falta de disposición percibida en la investigación y protección a periodistas. Lo sucedido nos parece grave cuando la acusación fue hecha por un funcionario de alto nivel y es el encargado de los derechos humanos y atención a víctimas del delito”.

Dislate o desliz, la actitud de Juan de Dios Castro Lozano llama la atención, además, a la luz de su trayectoria política. No es un improvisado. Ha sido diputado federal en cuatro ocasiones, fue senador entre 1994 y 2000, en el sexenio anterior fue presidente de la Cámara de Diputados y Consejero Jurídico de la Presidencia de la República. Aunque fuese en honor a esa trayectoria, pero sobre todo porque su conducta le está ocasionando al gobierno del que forma parte más problemas de los que resuelve, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano debería disculparse. O renunciar.

El populismo electrónico de Chávez

Texto publicado en Nexos, mayo de 2007

  Lenguaraz y vanidoso, Hugo Chávez ocupa varias horas a la semana para dirigirse a los venezolanos. Martes y jueves, a las 6 de la tarde, lo hace por radio. Los domingos,          a las 11 de la mañana, utiliza la televisión.

   Surgido en mayo de 1999 –pocos meses después de la primera elección de Chávez– “Aló presidente” es, como el gobierno mismo en Venezuela, el espacio de un sólo hombre. Únicamente Chávez orienta, alecciona, reprende y pontifica en las extensas emisiones de esa interminable serie cuya omnipresencia en la sociedad venezolana ha crecido junto con el dominio unipersonal que ejerce dicho gobernante.

   Los venezolanos ya no se sorprenden, y quizá en ese acostumbramiento se encuentra una de sus peores consecuencias, con esas dilatadas peroratas. Antes de las elecciones de 2006 “Aló presidente” duraba, en promedio, 5 horas y media. Cuando se reeligió Chávez resolvió hablar menos… pero durante más días. En febrero pasado el gobierno anunció que las alocuciones radiofónicas del presidente serían de lunes a viernes pero solamente de 8 a 9.30 de la noche y los jueves además se difundirían por televisión. Luego resolvió que tres veces a la semana eran suficientes.

   “Aló presidente” es la expresión más cruda de una avidez comunicacional que incluye la creación de numerosos medios electrónicos e, incluso, la confiscación de empresas mediáticas con las que Chávez tiene diferencias políticas.

   Hasta abril de 2007, el gobierno de Venezuela contaba con cinco canales televisivos. Venezolana de Televisión es gubernamental desde 1974 y ahora constituye el eje de la política de comunicación del gobierno de Chávez. “Vive TV”, con programación cultural y política, fue creada en 2003. También supeditada a la hegemonía del presidente se encuentra la televisora de la Asamblea Nacional, ANTV, creada en 2005 y que difundía en televisión de paga hasta que en marzo de 2007 comenzó a hacerlo en televisión abierta (la Asamblea Nacional es tan aquiescente con Chávez que en enero lo habilitó para que él decrete las leyes que quiera sin que tengan que pasar por tamiz o deliberación algunos). La cuarta televisora oficial es “Ávila TV”, establecida en 2006 por la administración central y el gobierno de Caracas. Y la quinta es Telesur, que ha sido planteada como una suerte de CNN latinoamericana –aunque es más bien una versión en video de la dogmática Radio Habana— y que comenzó a transmitir en octubre de 2005. La propiedad de Telesur es en un 51% del gobierno de Venezuela y, en porciones menores, de los gobiernos de Argentina, Cuba y Uruguay.

   A esos canales Chávez quiere añadir las frecuencias de Radio Caracas Televisión, RCTV, cuyos propietarios respaldaron en 2002 el golpe de Estado en contra suya. La clausura de RCTV está prevista para fines mayo de 2007 y ha suscitado protestas de periodistas y medios de comunicación de todo el mundo, que la consideran atentatoria de la libertad de expresión.

   RCTV transmite desde 1953 y es la segunda empresa privada de la radiodifusión en ese país. La supera Venevisión, propiedad del poderoso Grupo Cisneros que tiene intereses en medios de casi toda Sudamérica y en Estados Unidos. Aunque durante varios años Venevisión y RCTV tuvieron actitudes políticas similares, el gobierno de Chávez solamente sancionará a esta última. Todo parece indicar que con el Grupo Cisneros llegó a un armisticio: los canales de ese consorcio disminuyeron sustancialmente sus críticas al gobierno bolivariano, y éste los deja hacer negocios como antes.

 

Espiral autoritaria

   No hay político contemporáneo que se niegue al encanto zalamero de los medios de comunicación. Liderazgos carismáticos y medios de comunicación constituyen una mezcla abusiva y peligrosa para las democracias y propician una modalidad, sofisticada y redobladamente autoritaria, de populismo. Los formatos simplificadores de los medios resultan propicios para los liderazgos de ese corte.

   Hace algo más de una década el pensador francés Alain Minc subrayó las consecuencias de tal amalgama: “Los medios de comunicación abren el camino a los discursos políticos más sumarios, todos ellos articulados en torno a la imagen y a la comunicación. La opinión pública se entrega en manos del mejor populista que, de hecho, encarna en su persona la fusión con el universo mediático”.  (La borrachera democrática. El nuevo poder de la opinión pública. Temas de Hoy, Madrid, 1995).

   El líder carismático del siglo XXI se refocila con la multiplicación de su imagen en las pantallas televisivas, convertidas en espejos que espolean su  vanidad. Se trata de un síndrome más allá de ideologías. La discutible mixtura de negocios televisivos con el ejercicio del poder político que practicó Berlusconi en Italia, o la supeditación del gobierno a los interesados caprichos de los consorcios mediáticos como hizo Fox en México, son dos facetas del afán para gobernar con los medios y no solamente a través de ellos. En Venezuela esa utilización extensa e intensa de los recursos mediáticos tiene singularidades que han sido enumeradas por Marcelino Bisbal, profesor de Comunicación en la Universidad Central de ese país y que glosamos a continuación.

   – El Estado, en vez de ser el conjunto de instituciones que lo caracteriza en una democracia con juego político y contrapesos, se convierte en aparato para subordinar tales instituciones a un poder autoritario y personal.

   – El protagonismo de las fuerzas armadas se vuelve tan habitual que deja de sorprender en una sociedad abrumada –o encandilada— con otros temas.

   – El desmedido gasto público, que en Venezuela ha sido posible gracias a una sobre utilización del petróleo, no compensa “la inflación, el desempleo, el deterioro del sistema productivo privado”.

   – Al mismo tiempo que se refuerza el impulso a un partido político hegemónico, se intensifica la incultura democrática.

   – La figura del Presidente de la República es ensalzada y reproducida en ejercicio de un desmedido personalismo.

   – La centralización del poder supone que todos los problemas se resolverán en las alturas del mando político unipersonal. Quedaron atrás avances como la descentralización administrativa y la participación de la sociedad en la definición de políticas públicas.

   – La polarización de la vida pública y la intensificación de los conflictos entran en una espiral sin fin que es alimentada por el discurso autoritario, la “retórica de la exclusión, la confrontación y la violencia”.

   – El resentimiento social es alentado y publicitado como respaldo a la estrategia del poder político.

   – La historia republicana es desconocida por el intento para, “de manera insensata y poco responsable, reescribirla desde el personalismo, el caudillismo y el mesianismo”.

   – El proyecto de país desplegado por el líder mesiánico se inspira en experiencias históricamente fallidas. El “socialismo del siglo XXI… tiene como fundamento los parámetros del centralismo, de la ausencia de todo contrapeso, del personalismo de tinte militarista y además con la presencia de un Estado monocolor y tutelar de todas las actividades de la sociedad”. (Marcelino Bisbal, “Cultura y comunicación: entre el vaivén de la realidad y las tensiones necesarias”. Ponencia en el seminario Cooperación Cultura-Comunicación en Iberoamérica. Madrid, marzo de 2007).

 

Oposición silenciada

   El gobierno, en Venezuela, se erige como tutor de una sociedad a la que decide supervisar y dosificarle la información y el entretenimiento que recibe a través de los medios. Además de la intervención de los medios de radiodifusión, Chávez se ha propuesto fiscalizar el acceso a Internet.

   Al pretender que la sociedad es menor de edad el gobierno se atribuye la tarea de resolver los contenidos –y, entonces, los enfoques ideológicos y políticos— que debe conocer. Junto con ello, emprende acciones de censura contra medios que no se ajustan a los parámetros oficiales de información.

   En febrero de 2007 un tribunal de menores le impuso al diario Tal Cual una multa de 19 mil dólares en castigo por la publicación, 15 meses antes, de un texto satírico en donde el humorista Laureano Márquez le pedía a la hija del presidente Chávez que influyera en su padre para que fuera más tolerante con la oposición. El presidente había declarado en su programa de radio que algunas de sus decisiones las consultaba con su hija de 9 años. Sin embargo el tribunal consideró que, al mencionar a la menor, el humorista había atentado contra “el honor, la reputación, la imagen, la vida privada y la intimidad de Rosinés Chávez Rodríguez”, la hija del presidente.

   Tal Cual, dirigido por Teodoro Petkoff que es una de las figuras más notables en la oposición política venezolana, anunció que no estaba en condiciones de pagar la multa. La colecta que se abrió  entonces propició la contribución de miles de ciudadanos y se convirtió en un acto de rechazo a la censura contra ese periódico.

   De la misma forma, la cancelación de las concesiones en las que ha transmitido RCTV ha suscitado protestas, incluso, entre especialistas y críticos de los medios que no suelen estar de acuerdo con la programación de esa emisora.

   Esa fue la posición de medio centenar de profesores y artistas que a fines de marzo dieron a conocer en Caracas un manifiesto en donde consideran que “la reciente decisión presidencial de jubilar autoritariamente a los actuales concesionarios del Canal 2 RCTV” constituye “un  abuso de posición dominante que pudiera ser el punto de no-retorno en la escalada al control de la libre expresión pública y el silenciamiento despótico de la disidencia”.

   Añaden: “Un gobierno genuinamente democrático estaría en la obligación moral y política de ceder el cuarenta por ciento del espacio en radios y televisoras públicas  al cuarenta por ciento opositor del país. En su lugar, este régimen autocrático y militarista declara oficialmente  perseguir un proyecto hegemónico en comunicaciones destinado a reemplazar  la vieja hegemonía comercial por otra ideológica, refuerza cada día su capacidad de emisión impresa y radioeléctrica, persigue una activa política de compras de medios, cooptaciones, escarmientos, chantaje publicitario y financiamiento de medios comunitarios afectos al gobierno, hostiga a la oposición mediática y el acceso del libre periodismo a fuentes públicas de información, persigue puntualmente a periodistas que le son adversos, re-estatiza las telecomunicaciones para garantizarse total discrecionalidad  en controles al ciudadano y flujo de datos, persigue mantener en vida sólo medios políticamente correctos, neutrales u obedientes al régimen”. 

   Esas consideraciones fueron suscritas, entre otros, por Antonio Pasquali –sin duda uno de los más respetados investigadores de la comunicación en América Latina–; Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta; Eleazar Narváez, vicerrector de la Universidad Central de Venezuela; Gustavo Hernández y Elizabeth Safar, director y ex directora del Instituto de Investigación de la Comunicación de la misma Universidad; así como los investigadores Germán Carrera Damas, Héctor Silva Michelena y Heinz Sonntag. Su desaliento y preocupación se condensan en expresiones como ésta:  “No habrá apoyo externo que nos ayude a detener  la regimentación de nuestro cuadro comunicacional. El mundo lleva 48 años aceptando silenciosamente que en Cuba sólo exista una televisión, una radio y un periódico castristas; con mayor razón fingirá ignorar la cubanización del sistema mediático de un país que le vende petróleo”.

   Entre los firmantes de ese documento se encuentran algunos de quienes, por décadas, han cuestionado al duopolio de la televisión venezolana conformado por Venevisión y RCTV. A pesar de esas fortísimas e históricas discrepancias, condenan la posible desaparición de una de esas opciones televisivas: “El chavismo persigue de toda evidencia un control global de la sociedad venezolana, tolerando una oposición sólo en la medida que le permita fingir ante el mundo que vivimos en democracia, pero minimizada y silenciada. Para eso pretende reducir a lo inaudible, simbólico e inútil  nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a disentir  por todos los medios, consagrados en magnas cartas universales, regionales y nacionales”.

   Los chavistas sostienen que los medios bajo su control son de carácter público y están al servicio de la sociedad. Pero no se trata de medios públicos en el sentido cabal del término, es decir, que estando sostenidos con recursos fiscales cuenten con garantías para ejercer un desempeño autónomo respecto del gobierno en turno. Y no son medios que atiendan al interés social sino a un proyecto faccioso y vocinglero como se confirma en cada emisión de “Aló presidente”.

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Libertad de expresión: los nuevos obstáculos

Publicado en Nexos 351, marzo de 2007

Hace algún tiempo dejamos atrás la época en la que era frecuente discutir si en México había, o no, libertad de prensa. Las prácticas de censura, coacción e incluso persecución con que el viejo régimen amagaba a periodistas y medios para moldear o atajar informaciones y opiniones de acuerdo con la conveniencia del poder político, nunca han desaparecido del todo pero evidentemente son distintas y tienen menor relevancia. Hoy en México, aunque sigan existiendo, las presiones del poder político se enfrentan a una libertad de maniobra que los medios no tenían antes de los años 90 del siglo XX.     Hay quienes discuten a quién corresponde el mérito de haber consagrado la libertad que hoy disfrutan los medios de comunicación mexicanos. El gobierno anterior, tan afecto como era a realizar caravanas con sombreros ajenos, con frecuencia se refería a las libertades que los mexicanos ahora sí disfrutábamos sugiriendo, de esa manera, que tales condiciones no las teníamos cuando Vicente Fox no estaba a cargo del Poder Ejecutivo.  

   En realidad, la libertad en los medios de comunicación no surgió en ese gobierno ni de la noche a la mañana. Resulta imposible establecer con toda precisión cuándo nuestros medios y periodistas pudieron desempeñarse sin las ataduras que el autoritarismo presidencial y –también– la complacencia de numerosas empresas de comunicación imponían sobre su trabajo cotidiano. Pero si tuviéramos que establecer una fecha habría que reconocer que hubo un cambio durante los últimos años de la gestión de Carlos Salinas. Esa libertad no fue resultado de la concesión de presidente alguno: cristalizó junto con la maduración de los segmentos más inquietos de la sociedad y al mismo tiempo que el sistema político avanzaba hacia una pluralidad que se traduciría en partidos crecientemente competitivos.    Cuando en 1994 irrumpió el conflicto zapatista los medios se desempeñaron, con pocas excepciones, en un contexto en el cual tuvieron libertad tanto para informar de aquel conflicto como, con frecuencia, para equivocarse y distorsionar acontecimientos. Gracias a esa libertad los medios se han afianzado no solo como espacios insustituibles para que los sectores de la sociedad y el mundo político interactúen entre sí. Además se han convertido, ellos mismos, en protagonistas de los acontecimientos públicos.  

   Escenarios y actores, los medios con frecuencia son jueces y parte de la vida pública. El espacio mediático acapara casi todo el espacio público y llega a tamizar, si no es que a condicionar, la apreciación que los ciudadanos tienen de los asuntos que allí se ventilan. La subordinación que los medios tenían respecto del poder político experimentó en estos años un viraje notoriamente drástico.     Si antes la prensa era reconocida –incluso, a menudo, por quienes la hacían– como instrumento del poder, con el cual mantenía vínculos plagados de complicidades y beneficios mutuos, ahora en no pocas ocasiones los medios más relevantes se sirven del poder. O, para decirlo de manera más clara, han llegado a sustituir al poder político por lo menos en las decisiones más relacionadas con los intereses de las corporaciones mediáticas. 

   No nos referimos, desde luego, a todos los medios. Es preciso distinguir entre escasas empresas de comunicación comprometidas con un trabajo profesional y muchas otras que subordinan ese parámetro a los intereses mercantiles y/o corporativos de los consorcios de los que forman parte. En ese inacabado pero notorio tránsito que han experimentado los medios mexicanos prescindieron de antiguas ataduras, accedieron a una inédita y amplia libertad y, de inmediato, comenzaron a experimentar nuevas presiones, limitaciones y sujeciones.     La libertad en la cual se desempeñan los medios de comunicación mexicanos es evidente. Pero padece condiciones que la ciñen, limitan e incluso desfiguran. Mencionaremos una decena de ellas. 

   Uno. Represión directa. México no es territorio de riesgo total para el periodismo, como a veces se dice con cierta afectación gremial, pero eso no disminuye la enorme gravedad que tienen los casos de periodistas amenazados, maltratados e incluso desaparecidos y asesinados debido al ejercicio de su profesión. La insuficiente y sobre todo inconstante denuncia ante esos atentados ha contribuido a que se mantenga la impunidad de poderes caciquiles –a veces asociados al narcotráfico o a otras pandillas delincuenciales– que amagan a periodistas en algunas regiones del país.   

Dos. Legislación arcaica y arbitraria. La legislación para los medios es notoriamente atrasada. La Ley de Imprenta, aparte de la imposición de una moral conservadora y el intervencionismo gubernamental que implicaría su aplicación, puede convertirse en instrumento de persecución contra los periodistas. Al establecer sanciones corporales a quienes en opinión del juez han cometido ataques “a la vida privada”, “contra la moral” o “al orden o a la paz pública” dicha Ley, que este abril cumple 90 años, lejos de garantizarla puede significar un amago para la libertad de prensa. La despenalización de los delitos de opinión (que comentamos en Nexos de julio de 2006) inicialmente aprobada por la Cámara de Diputados, quedó luego atorada en el Senado. 

    Tres. Concentración mediática. Toda libertad está supeditada al contexto de quien la ejerce. “Mi libertad la ejerzo yo de acuerdo a mi circunstancia” podríamos decir exprimiendo la siempre citable frase de Ortega. Pero en el caso de la comunicación la libertad para difundir informaciones y expresar ideas, así como la posibilidad de que esos mensajes lleguen a quienes nos interesa alcanzar, suelen estar sometidas a prioridades corporativas que no necesariamente se encuentran orientadas por criterios de veracidad ni por el interés de la sociedad.     La fórmula más eficaz para evitar que las exigencias de una empresa se conviertan en fuente de censura o distorsión de los acontecimientos se encuentra en la diversidad: mientras más medios haya será mayor la competencia entre ellos y así, más eficaz el contraste y el contrapeso que puedan ejercer unos respecto de otros. Sin embargo la tendencia contemporánea es a concentrar y no a diversificar la propiedad de los medios de comunicación. El surgimiento de corporaciones cada vez más acaparadoras, que concentran cada vez más medios bajo los mismos intereses empresariales, se ha convertido en la primordial amenaza para la libertad de expresión en el mundo actual.  

   Las dos televisoras privadas han acumulado tanta influencia que, a menudo, se han considerado con impunidad suficiente para defender sus privilegios corporativos aún a costa de transgredir las leyes. El secuestro que Televisión Azteca hizo de la señal y luego de la concesión del Canal 40, los amagos de Televisa para controlar la transmisión de eventos como el futbol y las presiones para lograr reformas favorables al interés de esas empresas como sucedió en 2006, son ejemplos de tales conductas.   

   Cuatro. Concentración publicitaria. La libertad de un medio de comunicación está directamente relacionada con la diversidad de sus fuentes de ingresos. Mientras más concentradas sean tales fuentes, sobre todo en la contratación de espacios de publicidad, más limitados serán los márgenes de maniobra de ese medio. Durante demasiado tiempo, gran parte de la prensa mexicana estuvo atada  a los intereses gubernamentales porque de allí provenían prácticamente todas sus ganancias. Ahora, antes de que esa situación desaparezca, los medios experimentan otra fuente de posibles restricciones debido a la concentración de la inversión publicitaria en unas cuantas firmas.  

   Una sola corporación, el Grupo Carso, determina contratos de publicidad en los medios impresos y electrónicos de nuestro país con tanta o más influencia que la que llegó a tener el gobierno federal en los momentos de mayor dominio sobre la prensa mexicana. De la sujeción al poder político, los medios han experimentado un preocupante tránsito a la dependencia respecto de un segmento del poder económico.   

   Cinco. Acaparamiento del mercado. Junto a las condiciones antes descritas, los consorcios comunicacionales no sólo encuentran vía libre para controlar cada vez más medios. Además, acudiendo incluso a maniobras de acaparamiento y desinformación que serían inaceptables en otros mercados, se empeñan en impedir el acceso de nuevos competidores. Así sucede con el afán de Televisa para monopolizar el mercado de la televisión de paga en el país o en la campaña de las televisoras privadas para oponerse a la creación de una nueva cadena nacional. 

  

   Seis. Desigual relación con la sociedad. A sus públicos, los medios suelen entenderlos como consumidores pero no como ciudadanos. Sin embargo, paradójicamente, a menudo no les reconocen derechos como unos, ni como otros. La relación que por lo general mantienen con lectores, televidentes y radioescuchas, es entre el proveedor ante el cual no suele haber recursos de queja y el usuario de servicios respecto de cuya calidad no es frecuente que pueda inconformarse. Peor aun: cuando una persona es aludida, o de plano calumniada en un medio de comunicación, los instrumentos que tiene para exigir una reparación son débiles y supeditados a tortuosos vericuetos jurídicos.     Es muy importante que a los medios el Estado les garantice plena libertad. Pero también resulta fundamental, para cualquier convivencia democrática, que los ciudadanos puedan defenderse de los medios cuando su fama pública o privacía han sido afectadas.  

  

   Siete. Derecho a la comunicación. El derecho a responder ante los medios forma parte de la normatividad esencial en cualquier sociedad moderna. Pero no es suficiente. Junto con él, los ciudadanos tendrían que ejercer el derecho a la comunicación no solo cuando son personalmente afectados por lo que dicen los medios sino cuando tienen algo que decir. Esa tendría que ser una tarea que cumplieran especialmente los medios públicos –a los que es preciso no confundir con los medios del Estado o del gobierno– y, en parte, los medios comunitarios que han sido tan injustamente perseguidos por los acaparadores radiodifusores privados.    

  

   Ocho. Ausencia de parámetros éticos. La ética, como se ha dicho en numerosas ocasiones, no sustituye a las leyes. Pero constituye un recurso insuperable para que los medios se comprometan a manejar sus contenidos a partir de normas explícitas. La ética no propicia la libertad pero contribuye de manera importante a darle sentido. En otros países la calidad en los medios y los criterios para medirla han sido motivo de fructíferas discusiones. Pero en México esos temas no forman parte de la agenda pública. 

   

  Nueve. Murmuración en vez de información. Con creciente frecuencia, los medios están repletos de suposiciones que son presentadas como noticias. Alusiones, afirmaciones oblicuas, habladurías, se confunden con auténticos acontecimientos. Con la coartada de anticipar decisiones o develar confidencias, los medios publican informaciones sin confirmar cuyo aparente mérito radica en que se trata de revelaciones a las que no se tendría acceso de otra forma. A semejanza de las antiguas columnas que distintos personajes del poder político aprovechaban para intercambiar mensajes entre sí en la prensa del viejo régimen, el periodismo mexicano del siglo XXI sigue dando cabida a rumores que serían inaceptables en la prensa de la mayor parte del mundo contemporáneo. Las columnas de trascendidos son parte de ese viejo periodismo.    Emparentada con la anterior es la costumbre, sobre todo en el periodismo de opinión, de aludir a hechos, declaraciones o conductas presuntamente conocidas y de los que no se proporciona la fuente. Expresar “se dice que….” sin mencionar el origen de tales dichos se ha convertido en una muletilla con la cual a menudo se hacen afirmaciones sin sustento suficiente, o sin sustento alguno.  

   Esas prácticas pueden ser entendidas como ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Pero sobre todo, son resultado de la ausencia de una sociedad capaz de exigir suficiente escrupulosidad a sus medios.    

   Diez. Estrechas concepciones de la realidad. La preponderancia en el espacio mediático de unas cuantas empresas –especialmente la que controla más frecuencias de televisión– ha devenido en la propagación de una suerte de pensamiento único que sofoca a la sociedad mexicana. Junto a la estética vulgar y a la indigencia de ideas que campea en sus contenidos los medios mexicanos, especialmente la televisión y la radio, suelen difundir una visión muy pobre –escasamente inquisitiva, irremisiblemente esquemática– de la realidad del país y del mundo. En ese páramo comunicacional hay escasos espacios para la diferencia y el contraste. Televisa es el principal dique para el ejercicio de la libertad de expresión en México. 

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Jesús Blancornelas

Apenas en mayo pasado, cuando recibió la distinción especial que le otorgó el Premio Nacional de Periodismo, lo escuchamos reivindicar el oficio a menudo ingrato de los reporteros en provincia. Nadie ha tenido, como él, la autoridad profesional y moral con que exigía una acción del Estado más firme en contra de los asesinos de informadores. El mismo, en 1997, había sufrido un atentado en el cual fue herido de gravedad. Sus frecuentes denuncias contra el narcotráfico lo hicieron blanco de sicarios que por fortuna no lo acallaron pero que le cambiaron la vida. Jesús Blancornelas tuvo que vivir sus últimos años acompañado de una severa escolta militar que no lo descuidaba un solo instante. Y en los meses recientes, fue minado por una enfermedad terminal que tuvo su desenlace este 23 de noviembre cuando murió en Tijuana a los 70 años.
Aquel premio especial era uno más de los reconocimientos que recibía Blancornelas, que pocas semanas antes había dejado la dirección del semanario Zeta. En el jurado que le propuso recibir aquel Premio no hubo una sola vacilación cuando alguien propuso el nombre de ese admirado y respetado periodista.

Ese 3 de mayo, al recibir el premio, Blancornelas dijo entre otras cosas lo siguiente:
“Hoy los periodistas, especialmente de la frontera norte, se mueven en un ambiente de incertidumbre. Hay ciudades donde caminan como si lo hicieran sobre campos minados. Otros compañeros viven diariamente la vigilia de la tragedia. Se ha llegado al triste punto de mejor no escribir sobre narcotráfico, temiendo ser víctimas de la mafia. Debemos ser solidarios con ellos. Viven momentos difíciles.
“Desgraciadamente en México, la solidaridad entre periodistas es superada por el interés de informar. Nos gana el celo nacido en los logotipos. La competencia nos vuelve indiferentes. La víctima no es motivo de solidaridad. Solamente y a veces en su tierra. La víctima es más motivo de noticias”.

Hoy Blancornelas es noticia. Su tayectoria y valentía forman parte de la historia de los medios de comunicación en México.
Hace nueve años, el 28 de noviembre de 1997, cuando el atentado con el que quisieron matar a don Jesús, publiqué en La Crónica el siguiente texto.

Jesús Blancornelas es un periodista peculiar. Se sabe de su afición para establecer distancia respecto del poder, con el cual sin embargo no cultiva rupturas. Ha levantado y publicado terribles denuncias y se ha considerado perseguido. Hace nueve años y medio fue asesinado su principal colaborador, Héctor Félix Miranda. Ayer en Tijuana, a Blancornelas lo tirotearon. Un ayudante suyo y uno de los agresores quedaron muertos, luego de una nutrida balacera. Blancornelas recibió varios impactos.
J. Jesús Blancornelas tiene más de cuatro décadas haciendo periodismo. Dicen que comenzó como reportero deportivo en San Luis Potosí, aunque se le conoció nacionalmente cuando, en los años setenta dirigía, ya en Tijuana, el diario ABC. Las críticas fortísimas e incluso a veces destempladas que dirigía al entonces gobernador Roberto De la Madrid, tenían tan incómoda a la clase política local que para expulsar a Blancornelas, la CTM bajacaliforniana organizó un sindicato distinto del que ya existía en ese diario. Con un solo trabajador afiliado al gremio cetemista, se inició una huelga que sólo concluiría cuando los dueños de ABC prescindieron de aquel director.
Anticipándose a cualquier otra vicisitud abecedárica, Blancornelas bautizó con la última letra del alfabeto al semanario que apareció el 11 de abril de 1980. Con un estilo agresivo y respondón, quizá con más adjetivación que investigación y apoyado en publicidad de tiendas de San Diego, Zeta se convirtió en referencia indispensable en la vida pública de Baja California. Sus críticas a los políticos locales, sobre todo priistas aunque no únicamente de ese partido, calaron en una sociedad que ya experimentaba una rauda renovación. Entre los espacios más leídos en el semanario estaba la columna “Un poco de algo”, del sinaloense –tiempo atrás avecinado en Tijuana, ciudad de paso que se ha vuelto crisol de paisanajes– Héctor Félix Miranda.
“El Gato” Félix era co-director de Zeta pero su enjundia y agresividad las concentraba en su columna. Se vuelve interlocutor lo mismo de gobernantes y políticos locales que de negociantes de los más diversos giros, incluso algunos poco recomendables o dañinos para la salud. Aunque durante algún tiempo mantiene amistad con el poderoso Carlos Hank Rohn, dueño del hipódromo local y de muchos otros negocios, Félix comienza a criticarlo con notoria aspereza.
En marzo de 1987, el edificio de Zeta es balaceado y Blancornelas atribuye el atentado a “algún resentido”. Un año después, el 20 de abril de 1988, Héctor Félix es emboscado y asesinado cuando conducía su Ford LTD modelo 1980. Un guardaespaldas de Hank Rohn y un ex agente judicial, fueron encarcelados por el crimen. Sin embargo, Blancornelas y su periódico han sostenido que el autor intelectual fue ese empresario.
Cada semana desde entonces, Zeta publica una plana entera de fondo negro y en donde, con la firma de Héctor Félix Miranda, se repite la misma pregunta: “Hank: ¿por qué me asesinaron dos de tus guaruras?”. Blancornelas asegura que, hace unos ocho años, un enviado de Carlos Hank González, padre del empresario a quien él acusa de la muerte de su amigo, intentó sobornarlo para que dejara de insistir en esa versión.
El periodismo de “El Gato” Félix no era de los más defendibles. Quizá tampoco lo sea el de Blancornelas. De hecho, a Félix Miranda se le atribuye haber discurrido la frase “Haga patria, mate a un chilango”. Pero una cosa son los cuestionamientos ordinarios en ejercicio incluso exagerado de la libertad de prensa y otra, las represalias criminales.
Tijuana se ha vuelto un hervidero delincuencial, debido a los abusos y rencillas del narcotráfico. Quizá entre esos intereses sería preciso buscar a los culpables del atentado de ayer contra Blancornelas y, acaso también, los orígenes del crimen de Héctor Félix. Allí mismo, no hay que olvidarlo, mataron a Luis Donaldo Colosio.
Precisamente, en la indagación del asesinato de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, se aprecia la heterodoxia de Blancornelas, un periodista que no atiende más que a sus convicciones. En medio de un clima que, mezcla de linchamiento catártico y estupefacción crispadora atribuyó la muerte de Colosio a una conspiración del poder político, Blancornelas mentuvo un diagnóstico impopular: Mario Aburto actuó sólo, considera el director de Zeta, que ha sido el único periodista que ha logrado entrevistar, en Almoloya, al asesino confeso del ex candidato presidencial del PRI.
Blancornelas ha hecho de Zeta un espacio en el que se reconoce buena parte de la sociedad bajacaliforniana. Sus denuncias de las pandillas del narcotráfico, han sido aplaudidas por su valentía. Ayer fue emboscado, a una calle de su periódico. Es un desafío que no sólo toca a la sociedad y el gobierno de Baja California. Por la presencia pública de ese periodista, la emboscada trató de golpear más lejos. Con esa relevancia hay que reconocer como urgente el esclarecimiento y el castigo del atentado contra Jesús Blancornelas, a quien sus compañeros en Zeta y sus lectores en todo el país, aguardan para que siga dirigiendo ese semanario aguerrido y singular.
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Alfredo Jiménez Mota

La Crónica, 13 de abril de 2005

El sábado 2 de abril alrededor de las 9 de la noche el joven periodista Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Hermosilllo, le habló a una colega suya en la redacción del diario para avisarle que llegaría tarde a una cita que tenían. Le dijo que debía encontrarse con un informante suyo que estaba “muy nervioso”.

   Esa es la última noticia que se tuvo del reportero de 25 años que se dedicaba a informar sobre asuntos policiacos, entre ellos los que se relacionan con el narcotráfico.

   Alfredo Jiménez nació en Empalme, Sonora, y estudio periodismo en Sinaloa. En Culiacán, fue Jefe de Prensa de la Policía Estatal Preventiva y luego reportero en los diarios Noroeste y El Debate. Recientemente había vuelto a su estado natal para trabajar en El Imparcial.

   Corpulento y vistoso –mide 1.85 metros y pesa 110 kilos– sus amigos le dicen Alfredón. Uno de ellos, el también periodista Sergio García, ha escrito para el semanario sonorense Primera Plana acerca del trabajo de Jiménez Mota: “ha atacado a todos los grupos de narcos en Sonora, lo que no tiene precedente por su empuje y calidad.
Los Güeritos, Los Números, Los Salazar, Don Adán Salazar, El Cuarto Pasajero, y muchos temas parecidos fueron tratados en meteórica carrera de apenas 25 años”.

   Sus colegas en Sonora estiman que Alfredo Jiménez iba tras una de esas informaciones cuando desapareció hace 11 días. Su padre, Alfredo Jiménez Hernández, ha recordado que cuando el muchacho trabajaba en El Debate tuvo problemas con algunas de sus notas. “Le llamaban los emisarios de los narcos, pero hasta ahí, le decían que le bajara dos rayitas, incluso llegaron a ofrecerle dinero y nunca aceptó”.  

   “Él todo el tiempo andaba a la defensiva, le aconsejaba que no dejara pasar nada de lo que ocurría a su alrededor y que no tratara de atacarlos tan seguido” –dice el padre del reportero desaparecido–.    “Le decíamos que cambiara de sección, que se fuera a deportes, a espectáculos o política, pero no lo convencimos, a él le gustaba o le gusta la policiaca”.

   En contra de los estereotipos que se han fraguado sobre los reporteros que cubren esas fuentes, Jiménez Mota es un joven moderado. Casi –lamentan sus camaradas– adverso a las francachelas. El periodista García ha precisado: “Alfredo es un joven que acude regularmente a los servicios religiosos, sin necesidad de que lo anden arreando, como decimos en Sonora. Varias veces desdeñó un trago de cerveza, porque tendría que leer La Biblia en casa, y no se diga cuando le tocaba ir a la Iglesia”.

   En la iglesia que frecuenta, forma parte del coro. De hecho, la amiga con la que iba a salir el sábado 2 por la noche lo acompaña en esa actividad.

   La Sociedad Interamericana de Prensa y el grupo Reporteros sin Fronteras se encuentran entre las organizaciones que han exigido que se investigue y resuelva de inmediato la desaparición de Alfredo Jiménez. Periodistas, dirigentes políticos, congresistas y distintos sectores de la sociedad de Sonora comparten esa preocupación que ahora se extiende por todo el país.

   La desaparición del reportero Jiménez Mota ha coincidido con los atentados contra otros periodistas. El fin de semana pasado fue asesinado Raúl Gibb Guerrero, director de La Opinión de Poza Rica, Veracruz. Unos días antes fue baleada la reportera María Guadalupe García, en Nuevo Laredo.

   Esos atentados dan cuenta de la expansión de poderes incontrolados como los del crimen organizado pero también del rezago que se está acumulando en el combate a los delitos que perpetran dichos grupos.

   El padre de Alfredo Jiménez implora que lo regresen con vida (“que no me lo lastimen, no anda armado, sólo tiene la pluma”). Su amigo Sergio García deja este testimonio de esperanza: “El bar de la esquina, ahí cerquita de Radio Sonora, donde disfrutamos de la charla amena, donde se forman los reporteros, según los cánones antiguos, lo está esperando con un tarro de cerveza Indio y la risa franca, las preguntas inquisidoras, en espera de la frase que calme sus dudas y sus temores. Todos, Alfredo, te estamos esperando”. Todos queremos que Alfredo Jiménez cumpla con esa cita.

  

Escrutinio sobre la libertad de expresión

La Crónica, 24 de agosto de 2003

Durante varios años el presidente Vicente Fox se dijo identificado con la reivindicación de los derechos humanos. Ahora se manifiesta incómodo cuando observadores internacionales llegan a México para verificar el respeto o las infracciones que se practican respecto de ese tema.

   El viernes de la semana pasada el presidente de la República aseguró que su gobierno “no tiene esqueletos escondidos en el desván”, unos cuantos días antes de las críticas de Amnistía Internacional por la deficiente atención que esta administración –igual que las anteriores– han brindado a los centenares de asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez. Poco después de esa afirmación presidencial llegaría a nuestro país otro calificado observador internacional, el doctor Eduardo Bertoni, que es Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

   La visita oficial de Bertoni comenzó el lunes 18 y terminará pasado mañana. Ese abogado argentino se ha entrevistado con docenas de periodistas, funcionarios del gobierno, investigadores académicos y defensores de derechos humanos que han acudido, algunos prácticamente en tropel, a ofrecerle sus respectivas apreciaciones sobre las dificultades que experimenta el ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país.

   El miércoles Bertoni estuvo en Guerrero y antier, en Chihuahua. Estados diferentísimos, con circunstancias económicas, sociales y geográficas muy distantes entre sí, ambas entidades representan la variedad de vicisitudes que padecen la prensa, así como quienes la hacen y los destinatarios de sus mensajes. En Guerrero la persecución a reporteros ha sido parte de un más amplio panorama de intimidaciones y autoritarismo. En Chihuahua la confrontación entre los partidos políticos mayores y los intereses que de ella se derivan, a menudo se ha traducido en represalias a periodistas que quieren informar con independencia.

  

Ejercicio cotidiano

   Con frecuencia los amagos a la libertad de expresión no provienen del gobierno, como a menudo denuncian distintos periodistas, sino de los criterios estrechos o de la intolerancia de algunos propietarios de medios de comunicación. De hecho hoy es difícil sostener que, a diferencia de otras épocas, en México no haya libertad de expresión. Ella es ejercida cotidiana e intensamente y se mantiene –salvo excepciones, siempre preocupantes pero por fortuna escasas– no gracias a una concesión del gobierno sino en virtud de la decisión profesional de los comunicadores y el interés de la sociedad para respaldarlos en ese empeño.

   Incluso algunas de las más importantes empresas mediáticas han reconocido que el ejercicio de la libertad de expresión puede ser buen negocio y por ello, más que movidas por auténtica convicción de apertura, manifiestan más flexibilidad que antaño en sus políticas informativas.

   Sin embargo con frecuencia el gobierno, comenzando por el presidente, se ufanan de la libertad de expresión que “hoy” disfrutamos los mexicanos. Hay que reconocer que por lo general, la administración actual cumple con su obligación de respetar la diversidad de opiniones que se manifiestan en los medios, incluso con aquellas que son agudamente críticas hacia el gobierno mismo.

   Pero esa libertad ya existía en México, por lo menos desde hace una década. Quizá desde la segunda mitad del gobierno del presidente Carlos Salinas y durante todo el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, en los medios de nuestro país se pudo practicar una libertad para informar y opinar que no había existido durante el medio siglo anterior.  Así que cuando se adjudica el mérito de haber logrado esa libertad el presidente Fox no habla con la verdad.

 

Cuestionamientos

   A inconsecuencias como esa y otras de mayor gravedad, posiblemente se deba la incomodidad del presidente con la visita de comisiones y funcionarios internacionales encargados de apreciar el cumplimiento de los derechos humanos. A estas alturas del gobierno es posible contrastar los compromisos que Fox hizo como candidato con las dificultades o el desinterés para cumplir con ellos.

   En de los derechos humanos se está convirtiendo en un campo especialmente resbaloso para este gobierno. Más allá de la defensa de tales derechos en el plano internacional (asumiendo una actitud responsable en casos como el de Cuba) la administración del presidente Fox no ha tenido logros notables en el plano doméstico.

   En ocasiones esa administración ha sido perjudicada por infracciones y atentados cuya indagación no le corresponde directamente, como la muerte de la abogada Digna Ochoa.

   En otras ha actuado con negligencia, o sin invertir todos los recursos materiales y el interés político que hubiesen ameritado crímenes como los de Ciudad Juárez.

   Esos descuidos han suscitado duros cuestionamientos en la prensa internacional. La semana pasada la revista británica The Economist publicó una fuerte crítica ocasionada a la remoción de Mariclaire Acosta, la subsecretaria de Relaciones Exteriores encargada de los derechos humanos. Más allá del balance que pueda hacerse del desempeño como funcionaria de esa activista interesada en el tema desde hace años, parece que el gobierno mexicano ha decidido conferirle un perfil más bajo a su compromiso con la defensa internacional de tales derechos.

   Ayer sábado, The New York Times dio a conocer un agrio editorial en donde considera que el presidente Fox ha resuelto replegarse en dicho tema. Ese diario sugiere que la necesidad de llegar a acuerdos parlamentarios con el PRI está llevado al gobierno mexicano a interesarse menos en la defensa de los derechos humanos.

 

Riesgosa subjetividad

   La de expresión es una libertad cuya apreciación, en casos no extremos, puede estar supeditada a apreciaciones subjetivas. No hay duda que existen persecuciones en contra de ella cuando a un gobierno clausura un periódico en represalia por contenidos que ha publicado, o cuando impone censura previa. Pero cuando a un periodista lo despiden de un medio no siempre se puede considerar que se debe a una imposición del gobierno. O, en casos de otra índole, cuando un reportero sufre un asalto o es lesionado, no siempre se puede considerar que padeció ese incidente debido a su condición de periodista.

   Hay ocasiones, desde luego, en las que resulta indudable la comisión de atentados contra periodistas como sucedió hace varios años contra Jesús Blancornelas, el director del semanario Zeta de Tijuana. Pero aun en esas circunstancias es importante precisar la responsabilidad del gobierno o de las instituciones estatales.

   Aquella agresión contra Blancornelas –que para fortuna de sus lectores se recuperó y con gran valentía sigue trabajando en el mismo sitio y acerca de los mismos temas– fue perpetrada por una banda de narcotraficantes cuyos capos estaban descontentos con las denuncias que ha publicado. En ese caso el gobierno mexicano no tenía culpa alguna, pero ha cumplido con el cometido de dotar de protección al periodista.

   La necesidad de distinguir entre distintos niveles de responsabilidad en las infracciones a la libertad de expresión exige que el diagnóstico sobre ella tenga que acudir a fuentes muy diversas para luego contrastarlas, en una tarea que sin duda no es fácil. Ahora mismo el doctor Bertoni, después de haber escuchado docenas de incidentes y versiones sobre las restricciones a la prensa en México, debe estar apreciando un panorama repleto de contradicciones.

   Además, en ocasiones, la preeminencia de versiones parciales e incluso prejuiciadas, puede distorsionar la evaluación de los observadores internacionales. En no pocas ocasiones las evaluaciones que distintos organismos internacionales –tanto intergubernamentales como no gubernamentales– han hecho de la situación política y social en México, han estado definidas por una notoria parcialidad.

 

Misión del PEN Club

   Hace algo más de diez años pudimos conocer un caso de parcialidad, incluso cercana a la charlatanería, con motivo del estudio que vinieron a hacer a México varios importantes organismos internacionales interesados en la defensa de la libertad de prensa.

   En octubre de 1991 una delegación del PEN Club Internacional vino a México para conocer el ejercicio de la libertad de expresión. El grupo, de cuatro escritores y periodistas, estaba integrado por el periodista John Farrell y Linda Merle Wolin, reportera radicada en Los Angeles, así como por el escritor argentino Alberto Manguel que venía en representación del PEN canadiense y la periodista Ellen Saenger del Comité Canadiense para la Protección a los Periodistas.

   Los cuatro, se reunieron con numerosos periodistas, funcionarios y dirigentes de partidos políticos. Grabaron centenares de horas con esas versiones acerca de las condiciones de los medios en México. Tomaron kilómetros de notas. Reunieron material como para un libro, o más.

   Desgraciadamente todo ese trabajo resultó infructuoso y en el caso de alguno o algunos no era mas que una pantalla, porque por lo menos uno de los integrantes de la misión antes de llegar a México ya tenía preparadas las conclusiones que presentaría al organismo internacional que lo envió.

   John Farrell venía con el propósito de presentar un panorama absolutamente desfavorable acerca de la libertad de prensa en México. A varios de los mexicanos con quienes se entrevistó, así como al resto de los miembros de la misión, les mostró el documento que luego publicaría como resultado de la visita.

   El propósito de Farrell, que acabó siendo convalidado por otros miembros del grupo, no era inocente. En aquellos meses en Estados Unidos y Canadá se discutía la pertinencia de incorporar a México al acuerdo comercial de esos países. Farrell proponía rechazar el intento mexicano para establecer el NAFTA, o TLC, debido a que los estadounidenses y canadienses no podían asociarse con un país en donde se asesinaba, perseguía y censuraba impunemente a los periodistas.

   En México había persecuciones a la prensa. Pero pocas de ellas podían atribuírsele al gobierno federal. Concluir, a partir de esa situación, que nuestro país estaba inmaduro para la apertura comercial con los vecinos del norte, constituía una posición autoritaria y discriminatoria pero, además, interesada.

 

Reconocida parcialidad

   Afortunadamente no todos los miembros de la misión compartían los prejuicios de Farrell. La periodista Merle Linda Wolin se escandalizó cuando supo que las conclusiones de la investigación de la que formaba parte habían sido preparadas antes de conocer los testimonios que recogerían en México y se negó a suscribirlas. Además denunció esa parcialidad tanto en la prensa de nuestro país como ante el PEN Club Internacional.

   Este columnista siguió muy de cerca aquel asunto. Durante varias horas conversé con tres de los miembros de la misión cuando estaban recabando opiniones. Desde entonces me percaté de que más que indagar, algunos de ellos querían enjuiciar a los medios y al gobierno mexicanos. Por ejemplo, las muertes de algunos periodistas que habían ocurrido por motivos ajenos a su desempeño profesional querían mostrarlas como resultado de la represión estatal contra los informadores.

   En noviembre de aquel 1991 el Pen Club Internacional aprobó en Viena una resolución sobre la libertad de prensa en México sumamente agresiva contra el país y el gobierno. Sin embargo la protesta de algunos de los integrantes de esa organización logró que se designara un comité especial para investigar el asunto mexicano.

   Ese comité lo integraron Max Benavides y Kathleen Hendrix, colaborador y editora de Los Angeles Times; Eleen Lutz, directora de Human Rights Watch en California; Douglas Anne Munson, abogada y miembro del PEN; Allan Parachini, director de asuntos públicos de la Fundación californiana ACLU y Clara A. “Zazzi” Pope, abogada del departamento legal de la Warner Bros.

   Durante más de un año ese comité estudió el trabajo de la delegación que había venido a México y las protestas que ocasionó su desempeño. Sus conclusiones fueron presentadas a la directiva del PEN Club a comienzos de 1993 y se publicaron por primera vez el 28 de marzo de aquel año en esta columna, que en esa época aparecía en el diario unomásuno.

   La comisión especial de ese organismo internacional consideraba que “muchos aspectos de la misión son y siguen siendo puntos de controversia que hacen desdeñable la resolución. Muchos aspectos de la controversia sobre la misión a México resultan de diferencias de opinión y de interpretación fundamentales para el propósito de la misión en general, las circunstancias que rodearon a esa misión en particular y el antagonismo personal que, desde un principio, dominaron la conducta de la misión a México”.

   Allí se apunta que tanto Farell como John Ralston Saul, del Centro Canadiense del PEN Club, desde el inicio de la misión querían presentar una resolución desfavorable a México con el propósito de que los parlamentos de Canadá y Estados Unidos rechazaran la propuesta de Tratado de Libre Comercio.

 

Dilemas de Bertoni

   En opinión de la comisión especial, el informe final de la misión a México no debía ser publicado debido a la ausencia de indagaciones sólidas y la parcialidad de sus consideraciones. “El reporte de una misión de derechos humanos –decía la comisión– es precisamente una de las varias maneras de presionar a un gobierno para prevenir o detener abusos a los derechos humanos. Un reporte no es necesariamente un éxito de una misión sobre derechos humanos –aunque la publicación del reporte sea uno de los objetivos establecidos para tal misión–. Un reporte de la misión debería ser publicado solo si: a) amplía el conocimiento acerca de las violaciones a los derechos humanos y b) contribuye a presionar a un gobierno para que suspenda tales violaciones”.

   El fracaso de aquella misión a México no descalifica los esfuerzos serios para preocuparse por los derechos humanos y específicamente por la libertad de expresión en nuestro país. Pero obliga a tomar con una pizca de sal los resultados de cualquier delegación que con unos cuantos días de estancia pretenda tener una apreciación completa y confiable sobre la compleja situación de los medios, los periodistas y sus vinculaciones con el poder político y la sociedad.

   Sin duda el doctor Bertoni, con experiencia internacional en este asunto, ha tomado prevenciones para someter a un cernidor racional muchas de las opiniones que habrá escuchado en los días recientes. La Relatoría de la que es titular, creada hace cinco años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene la responsabilidad de conocer y denunciar violaciones a la libertad de expresión que deben ser de muy diversa índole.

   En México la persecución directa a periodistas es, por fortuna, poco frecuente. Ello no significa que, cuando ocurre, no sea grave. Sin embargo los informadores dentro de cada medio a menudo están supeditados a insuficientes condiciones laborales y profesionales. Y sobre todo la libertad de expresión se encuentra condicionada a un régimen legal autoritario, así como al favoritismo que el gobierno federal y varias de las principales fuerzas políticas manifiestan a los consorcios mediáticos más influyentes.

   La concentración en la propiedad de los medios, especialmente en el campo de la televisión, atenta contra la diversidad de opciones comunicacionales a la que tiene derecho la sociedad y constituye el principal dique para un auténtico ejercicio de la libertad de expresión en México. Junto al acaparamiento de concesiones por parte de Televisa, destaca el comportamiento atrabiliario de Televisión Azteca que violentó el orden jurídico al asaltar las instalaciones del Canal 40, uno de sus competidores en el Valle de México.

   La inerme condición jurídica y política en la que se encuentran las radiodifusoras comunitarias, la inexistencia de un auténtico sistema de medios públicos, las iniciales tortuosidades con que se aplica la Ley de Acceso a la Información Pública y la persistencia de un sistema jurídico en donde los delitos de prensa pueden ser sancionados con medidas penales y no de carácter civil como sugiere la tendencia internacional, se encuentran entre los temas que el relator Bertoni habrá conocido en estos días.

   Seguramente ese Relator se ha percatado de que un panorama tan complejo como es el de los medios en México no puede ser entendido a partir de prejuicios, ni diagnosticado con posiciones maniqueas.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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Derecho al análisis crítico

La Crónica, 14 de mayo de 2003

El Acuerdo de la Procuraduría General de Justicia del DF en respuesta a la demanda penal que el señor Pedro Ferriz de Con presentó en mi contra puede ser entendido como un logro en la permanente causa por la libertad de expresión y el derecho a la crítica. No se trata de un aval a la difamación, ni a la intrusión de la prensa en la vida privada. Nada de eso había en los comentarios publicados en este espacio los días 5 y 13 de noviembre y que suscitaron la demanda de Ferriz.

   En aquellos textos escribí acerca del diferendo que ese locutor había tenido en el Grupo Imagen con los periodistas Carmen Aristegui y Javier Solórzano. La descomedida conducta de Ferriz en ese episodio se aunaba, recordé, a otros comportamientos discutibles en el transcurso de su carrera profesional.

   Nada dije, entonces, que no se hubiera publicado antes acerca de la trayectoria de Ferriz. Él, sin embargo, consideró que mis apreciaciones lesionaban su reputación personal y atentaban contra su vida privada.

   Con esos discutibles argumentos, Ferriz presentó el 11 de noviembre una denuncia penal en la Procuraduría General de la República. Yo me enteré de esa demanda el 8 de enero del presente año, cuando acudí a esa dependencia en atención a un citatorio.

   En variados medios, además de informar acerca de esa querella numerosos conductores de noticieros y comentaristas tomaron posición contra ella. No defendían únicamente la integridad física de este columnista (causa, me parece, suficientemente noble y perentoria) sino junto con ello, y antes de ello incluso, la libertad de expresión.

   Con motivo de esa denuncia, en una carta abierta dirigida al Procurador General de la República que apareció publicada el 14 de enero varias docenas de periodistas, académicos y legisladores hacían una precisión de principio: “Consideramos que la difamación y la calumnia deben ser castigadas con todo rigor cuando existan, y afianzar así una práctica jurídica que proteja la vida privada y la honra de las personas. Sin embargo, una cosa es difamar y otra muy distinta es el ejercicio crítico del periodismo”.

   Los firmantes de ese desplegado decían que, a diferencia del periodismo que busca sustentarse en principios éticos, “conocemos también el ejercicio de un periodismo frívolo, siempre cercano al poder en turno y en no pocas ocasiones, difamatorio que practica el señor Ferriz de Con”.

   Allí se consideraba: “Dados los antecedentes del denunciante, hay razones para temer que esta denuncia penal sea una respuesta vindicativa a los artículos que Raúl Trejo Delarbre ha publicado sobre importantes personajes del grupo gobernante en nuestro país”.

   Ese mismo día la PGR se declaró incompetente para atender la denuncia y trasladó el expediente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El 31 de marzo esa dependencia acordó el no ejercicio de la acción penal. Yo recibí copia de la resolución, después de solicitarla formalmente, la semana pasada.

   Allí se establece que en los comentarios impugnados por Ferriz no existió el dolo que la ley considera necesario para que haya difamación. En cambio, se dice, el contenido de mis columnas fue publicado “en ejercicio de la garantía de libertad de comunicación y prensa consagrada en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

   En esa resolución se considera que el denunciante presentó “apreciaciones subjetivas” y no “pruebas que no den lugar a duda” para, como demandaba, acreditar el ejercicio de la acción penal. Extenso y apoyado en varias tesis jurisprudenciales, el Acuerdo de la PGJDF forma parte de los precedentes útiles para normar el criterio de la autoridad en caso de nuevas denuncias que pretendan limitar las libertades de expresión y crítica.

   Ha sido pertinente subrayar que la libertad de expresión se puede ejercer a plenitud con la protección de las leyes. De la misma manera que ese derecho no implica impunidad para lesionar la vida privada de los ciudadanos tampoco es válido que con el pretexto de proteger la vida privada –como argumentaba Ferriz– se pretenda censurar el análisis acerca del desempeño público de los personajes públicos.

 

ALACENA: Gracias

Estoy profundamente agradecido con todos quienes con motivo de este asunto escribieron, hablaron o me expresaron su simpatía de distintas maneras. La defensa jurídica de mi caso que con espontánea disposición asumieron los doctores Luis de la Barreda Solórzano y Alicia Azzolini Bincaz, así como la licenciada Norma Angélica Ortiz, ha sido motivo de confianza y orgullo. El presidente de La Crónica don Jorge Kahwagi Gastine y el director general del diario, Pablo Hiriart, me ofrecieron un respaldo por el que estoy muy reconocido.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/