Dos décadas de “El fin justifica a los medios”

Mañana martes por la noche, cuando difundan su emisión de aniversario, los productores del programa “El fin justifica a los medios” tendrán que reconocer que, más allá del lugar común, el argentino Alfredo Le Pera no tenía razón cuando escribió que veinte años no es nada. Claro que son muchos años, sobre todo cuando transcurren de manera creativa pero sin descuidar la continuidad de una labor que para alcanzar sentido ha de mantenerse día tras día, en este caso semana tras semana. 20 años en cualquier actividad profesional son más que considerables. Pero en un medio de comunicación, que exige renovación frecuente para no estancarse, son el indicio de un trabajo sostenido, meritorio y útil.

Tales son los años que, en su emisión de este martes 8 de septiembre, cumple el programa que fundó y dirige desde entonces Graciela Ramírez Romero. Durante dos décadas, “El fin justica a los medios” ha sido un espacio abierto a la reflexión, a la innovación y desde luego a la crítica acerca de los medios de comunicación en este país. Esa labor le ha permitido no solamente ser el programa de ese corte con mayor antigüedad en los medios electrónicos mexicanos sino, además, el más prestigiado y escuchado.

Cierta dosis de audacia y confianza, junto con un interés por el análisis de los medios que ya había manifestado en otras tareas profesionales y políticas, llevaron hace 20 años a Graciela Ramírez a promover con entusiasmo un programa especializado en medios de comunicación. Estábamos en el primer año del gobierno de Carlos Salinas y las políticas mediáticas del Estado mexicano ya comenzaban a ser contradictorias aunque novedosas.

El desarrollo de la sociedad mexicana y la crispación de la clase política que habían conducido a entrampamientos como la elección presidencial de 1988, conducían al gobierno a reconocer la necesidad de admitir e incluso propiciar condiciones para la apertura de los medios de comunicación. El diario del gobierno, El Nacional, experimentaba una renovación inesperada (que duraría unos cuantos años) y en algunos aspectos se desempeñaba más bien como diario del Estado. El gobierno carecía de una política para los medios electrónicos a su cargo, pero en términos generales dejaba hacer a sus directores y productores. Había episodios de censura, tanto en medios estatales como en espacios de carácter comercial, pero también se abrían paso expresiones críticas muy variadas. El gobierno del presidente Salinas terminaría por deshacerse de la mayor parte de las televisoras a su cargo (en 1993 culminó el proceso de venta de Imevisión, que se convertiría en Televisión Azteca) pero conservó las radiodifusoras.

Radio Educación había sido un espacio incómodo pero interesante para los operadores a cargo de los medios en el gobierno federal. Las simpatías políticas de quienes hacían los noticieros y comentarios sobre asuntos de actualidad en esa emisora, estuvieron cargadas a favor de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, a pesar de la disciplina priista que procuraba imponer el entonces director de la emisora, Héctor Murillo. Por eso el nuevo director de Radio Educación, Alejandro Montaño, designado a comienzos del sexenio salinista, tendría que hacer radio pero también política tanto dentro como fuera de la emisora.

En ese contexto, la iniciativa de Graciela Ramírez para crear un nuevo programa, destinado exclusivamente al examen de los medios, era una prueba para la pluralidad de esa radiodifusora pero también para la capacidad analítica que supieran inyectarle sus productores. Desde el principio, se apoyaron en el trabajo y las opiniones de los profesores e investigadores que, desde las universidades, se ocupan de los medios como tema de estudio y que de esa manera han tenido en el programa una respetable tribuna. Productores y radiodifusores, editores y especialistas en asuntos tecnológicos y desde luego periodistas preocupados por los problemas de ese oficio han sido, también, concurrentes habituales a ese espacio que se transmite por martes de 9.30 a 10.30 de la noche.

Cuando “El fin justifica a los medios” comenzó a transmitirse, el dueño de la televisión privada en México se consideraba soldado del PRI, los diarios se nutrían del papel subsidiado por la empresa estatal PIPSA y en la radio apenas despuntaban expresiones aisladas de diversidad política. En esos años la información digital era casi inexistente, los teléfonos celulares eran pesados y voluminosos, Internet no había nacido. Pero ya desde entonces era claro el peso político que adquirían los medios de comunicación, la opacidad y la casi total ausencia de diversidad definía a las televisoras y radiodifusoras mexicanas, Televisa acaparaba audiencias con una programación ramplona.

“El fin justifica a los medios” en realidad ha sostenido lo contrario de la actitud pragmática que su nombre sugiere. Ninguna coartada utilitaria acredita el desempeño unilateral que suelen tener muchos medios de comunicación, sobre todo cuando privilegian el negocio sobre el servicio. Esa ha sido una de las inquietudes del programa, en donde también tienen voz los radioescuchas.

Actualmente, además de transmitirse en Radio Educación (1060 khz en AM) “El fin justifica a los medios” es difundido por Radio XEBCS en Baja California Sur, Radio Torreón en la Comarca Lagunera en Coahuila, Radio Querétaro, UFM Alterna 6.1 de la Universidad Autónoma de Morelos, Radio Altiplano en Tlaxcala y Radio Universidad de Yucatán. Esa señal es propagada por el Canal 2 de Edusat y también se le puede escuchar por Internet (www.radioeducacion.edu.mx.

En estos 20 años, a Graciela Ramírez la han apoyado diversos conductores, asistentes y comentaristas. El programa ha sido, además, una pequeña escuela radiofónica para numerosos estudiantes que han realizado allí su servicio social. Hoy en día la conducción  del “El fin justifica a los medios” está a cargo de Cinthia Lazcano y José Ángel Domínguez, la información del segmento de noticias dentro del programa la prepara Ángeles Medina, en la asistencia de producción se encuentra Karen López y en la musicalización, Vicente Morales. Los comentaristas regulares que actualmente ocupan segmentos en el programa son Aleida Calleja, promotora de las radios comunitarias; Carmen Gómez Mont, especialista en usos sociales de las nuevas tecnologías; Fernando Mejía Barquera, prestigiado estudioso de la radiodifusión mexicana y columnista en Milenio y Jenaro Villamil, enterado periodista de la revista Proceso.

Bien aprovechados como le ha sucedido a ese programa, 20 años son abundante motivo de satisfacción pero seguramente resultan insuficientes. “El fin justifica a los medios” entra a su tercera década en un panorama global de cambios mediáticos que apenas comienzan a experimentarse en México.

Publicado en eje central

La lid por los medios públicos

Participación en un encuentro por videoconferencia organizado por la ATEI para discutir la situación de los medios públicos en varios países de Iberoamérica. Julio de 2005.

En México tenemos medios de comunicación de propiedad estatal pero es difícil asegurar que se trata, en rigor, de medios auténticamente públicos.

En el campo de la radiodifusión el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, cuenta con siete estaciones en la ciudad de México y diez en otras tantas ciudades en el país [ii]. Sin embargo el gobierno carece de una política definida para ellas.

Un decreto expedido en los primeros meses del gobierno del presidente Vicente Fox establecía que esas radiodifusoras, que durante largo tiempo estuvieron controladas por la secretaría de Gobernación –el ministerio del Interior mexicano– deberían ser administradas por la Secretaría de Educación Pública. Ese cambio nunca se puso en práctica de tal manera que, además de encontrarse en un limbo administrativo, las estaciones del IMER están al margen de cualquier política de comunicación por parte del gobierno federal.

La indolencia respecto de esas emisoras puede explicarse con una breve anécdota. Al comienzo de su gobierno el presidente Vicente Fox comenzó a transmitir un programa de radio semanal que era producido por técnicos del Instituto Mexicano de la Radio. Cuando uno de los locutores le comentó que la serie era realizada con recursos de esa institución el presidente preguntó: “¿IMER? ¿Y qué es el IMER?”. Dicho desconocimiento se ha mantenido porque esas radiodifusoras han padecido políticas erráticas y fuertes deficiencias financieras.

El gobierno federal también sostiene a Radio Educación y hay universidades públicas, como la UNAM y la de Guadalajara, que tienen sus propias radiodifusoras. La mayoría de los 32 gobiernos de los estados en México cuenta con alguna expresión propia en las ondas hertzianas.

El gobierno mexicano, por otra parte, cuenta desde 1968 con la Agencia Notimex cuyo desarrollo ha estado repleto de vicisitudes y que en varias ocasiones ha estado a punto de desaparecer. Fundamentalmente financiada con recursos públicos, esa Agencia ha propuesto la modificación de su régimen de propiedad para funcionar como empresa del Estado –incluyendo al Congreso– y no solamente como un recurso informativo del gobierno federal.

En 1993 la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari vendió las dos cadenas de televisión nacional con las que, desde dos décadas antes, contaba el gobierno federal. Aquella decisión, motivada según se dijo por consideraciones de rentabilidad financiera, dejó al Estado mexicano sin presencia significativa en la televisión. El gobierno ha mantenido la propiedad del Canal 11, de carácter cultural, creado en 1958 y que tiene algunas repetidoras. En 1992, además, surgió el Canal 22 también con programación cultural y dependiente del área educativa de la administración pública.

A fines de los años setenta del siglo ya transcurrido surgieron sistemas de televisión regionales financiados por gobiernos locales en varios estados del país. Una reciente investigación de Patricia Ortega Ramírez –que es la estudiosa más relevante de la televisión pública mexicana– encontró que hay 22 televisoras en otras tantas entidades. Todas ellas difunden desde las capitales de cada estado [iii] y algunas tienen repetidoras que les permiten alcanzar otras ciudades y regiones como el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión que cuenta con siete estaciones además de la matriz, o el Sistema Oaxaqueño que dispone de 36 repetidoras.

Aunque cuentan con una esforzada e incluso noble trayectoria, los medios de gobierno en México no significan una competencia apreciable delante de los monopolios comunicacionales de carácter privado –especialmente en el terreno de la televisión–. Algunas de sus dificultades son:

–Erráticas o inexistentes políticas por parte de los gobiernos federal y estatales. Los gobernantes en cuyas manos se encuentran estos medios por lo general no saben qué hacer con ellos. En México, además, no existe un sistema nacional de medios públicos.

–Escaso y a veces incierto financiamiento. Además de constantes restricciones en los presupuestos estatales, la mayoría de estos medios padece una disposición legal que prohíbe la venta de espacios comerciales durante sus transmisiones.

–Inexistencia de una legislación adecuada. La Ley Federal de Radio y Televisión apenas se ocupa de ellos. Los intentos para actualizarla añadiéndole, entre otras reformas, un capítulo destinado a los medios de Estado, han sido constantemente obstaculizados por las más poderosas empresas de radiodifusión privada.

Hablamos de medios de Estado porque, a nuestro juicio, los medios auténticamente públicos tendrían que cumplir por lo menos con tres características: 1) autonomía funcional respecto de los gobiernos en turno; 2) financiamiento total o parcialmente cubierto con recursos fiscales y 3) formas o espacios de consulta y/o retroalimentación con la sociedad. En México no tenemos medios de comunicación auténticamente públicos. Los de gobierno, subsisten sin recibir el impulso que les permitiera ser auténticas opciones delante de la hegemonía de los medios orientados por el interés privado.

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[ii] Las estaciones de la ciudad de México son: XEB La B Grande de México; XEMP Radio 710; XEDTL Canela 660; XEQK La Radio de los Ciudadanos; XHIMR Horizonte 108 FM; XHOF Reactor 105.7 y XHIMER Opus 94.5. Las estaciones en los estados están ubicadas en: Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Acuña, Coahuila; Comitán, Cacahoatán y Chiapa de Corzo en Chiapas; Mérida, Yucatán; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Cananea, Sonora.

[iii] Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Canales para la UNAM y el DF: Condenados a teleaudiencias restringidas

Zócalo, agosto de 2007

   Las adjudicaciones de sendos permisos de televisión al gobierno de la ciudad de México y a la UNAM parecieran buenas noticias. Pero no lo son. Al aceptar canales que difundirán señales digitales de alta definición, ambas instituciones se allanan a la política discriminatoria y concentradora que, con plena complacencia de los consorcios televisivos, estableció el gobierno anterior y ha mantenido la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones.

   Esa política promueve un modelo de televisión digital dedicado exclusivamente a las transmisiones de alta definición, en vez de utilizar la digitalización para que haya más señales y opciones de diferente calidad de imagen y con amplia diversidad de contenidos (al respecto puede verse nuestra colaboración en Zócalo número 89, correspondiente al mes de julio).

   Además, y allí radica el error principal que han cometido las autoridades del Distrito Federal y de la UNAM, los canales que les ofreció la Cofetel solamente podrán ser vistos en televisores de alto costo que tienen decodificadores digitales y que han sido fabricados, precisamente, para reproducir señales de alta definición. Hace algunos meses la propia Cofetel, de acuerdo con informaciones periodísticas, estimaba que en todo el país se habían vendido aproximadamente 10 mil televisores con esas características. Si suponemos que al menos la mitad de ellos se encuentran en la ciudad de México, el auditorio potencial de la señal abierta de los nuevos canales universitario y del DF se limitaría a unos cuantos miles de personas.

   Desde luego, los contenidos de esos dos canales podrán ser propagados en sistemas de televisión de paga como ya sucede con el Canal de la UNAM que desde hace más de un año está incluido en redes de televisión por cable y satelital. Pero para eso no necesitan un canal de difusión abierta.

 

Discutible vanguardia tecnológica

   La utilidad del canal abierto radica en que puede ser sintonizado por quienes no cuentan con suscripción a la televisión de paga. Aproximadamente el 75% de los hogares en todo el país carece de esa televisión, de tal manera que tres cuartas partes de los mexicanos siguen dependiendo, para su entretenimiento doméstico y para informarse, de las señales abiertas y de carácter analógico. Por eso tanto el gobierno de la ciudad de México como, según se ha informado ahora, también la Universidad Nacional, solicitaron canales de televisión abierta a las autoridades de Telecomunicaciones. El único sentido que hoy en día tiene la televisión abierta es la capacidad de llegar a las audiencias mayoritarias. Al aceptar canales digitales y no analógicos, ambas instituciones le dan la espalda a ese teleauditorio.

   Tanto los funcionarios del gobierno de la ciudad de México como las autoridades universitarias directamente encargados de sus respectivos proyectos de televisión, han construido un discurso de presunta modernidad tecnológica para justificar la aceptación de los canales digitales. En ambos casos se ha dicho que con la transmisión de esa índole estarán a la vanguardia del desarrollo comunicacional.

   El hecho de que dos televisoras no comerciales incursionen en la transmisión digital tiene relevancia como parte de la construcción del futuro de la televisión mexicana. Esa decisión permite confirmar que el aprovechamiento de la convergencia tecnológica en el campo de la radiodifusión no es patrimonio de los consorcios comerciales. Pero tanto la UNAM como el gobierno de la Ciudad de México pudieron haber tenido presencia en la televisión digital difundiendo sus respectivas señales en dos canales cada una –analógico y digital–. Así lo harán (algunas ya han comenzado esas transmisiones simultáneas) las televisoras comerciales que han recibido una concesión adicional por cada una de la que ya tenían.

   Pero mientras a cada canal mercantil las autoridades le entregan una nueva frecuencia por cada una de las que ya disfruta, a las nuevas televisoras de vocación pública como las que pretenden instalar la UNAM y el gobierno del DF solamente se les asigna una frecuencia. El discurso de supuesta vanguardia tecnológica, ambas instituciones lo han construido después de la decisión de las autoridades de la Cofetel. Pero no eran canales digitales, que serán sintonizados por muy pocos, los que habían pretendido.

 

Convertidores para ver un canal

   El gobierno de la ciudad de México ha anunciado que, a fin de promover la audiencia de su canal, distribuirá de manera gratuita convertidores que permitirían que esa señal pueda verse en televisores analógicos. Algunas autoridades de esa administración inicialmente dijeron que esa sería una manera para extender la audiencia de la televisión digital y, al menos en privado, manifestaron que comprarían 8 millones de esos dispositivos para distribuirlos no solo en la ciudad de México sino también en los municipios conurbados. En la entrevista con Zócalo que aparece en esta edición Virgilio Caballero, responsable de ese proyecto televisivo –y que es sin duda el más calificado y experimentado promotor de la televisión pública en México– aclara que esos convertidores únicamente permitirían el tránsito, del formato digital al de carácter analógico, del canal del gobierno del DF.

   Aun así, el gasto que tendrá que hacer esa administración no será despreciable. En la ciudad de México existen 2 millones 237 mil hogares (el 98% del total) con al menos un aparato de televisión. Y cada vez hay, en promedio, más viviendas porque la gente tiende a concentrarse en familias más pequeñas. En la mayor parte de los hogares ya no hay cuatro o cinco personas. En promedio, de acuerdo con el INEGI, en la ciudad de México hay 3.8 personas por vivienda.

   Si el gobierno de la ciudad de México quisiera distribuir un convertidor por familia tendría que adquirir casi dos millones y medio. Y si cada uno de esos dispositivos cuesta 12 dólares como se ha informado, el gasto sería de 30 millones de dólares en números redondos. Esa cantidad es diez veces superior al presupuesto que se dijo tendría el canal del gobierno del Distrito Federal y que ascendería a 35 millones de pesos.

   Los más de 300 millones de pesos que la administración encabezada por Marcelo Ebrard gastaría para que su canal digital pudiera ser visto por los habitantes de la ciudad de México alcanzarían apenas para comprar un convertidor por familia. No se ha dicho qué sucedería en las viviendas en donde hay dos o más televisores.

   Toda esa erogación será necesaria porque el canal de televisión que en principio ha admitido el gobierno del DF es de índole digital. Si se tratase de un canal analógico, para cuya recepción está habilitada la gran mayoría de los televisores en el país, ese gasto no haría falta. Desde luego, en algún momento en el transcurso de las siguientes dos décadas todas las transmisiones de televisión tendrán que realizarse en formato digital. Cuando eso ocurra, los televisores analógicos serán obsoletos. Si los planes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se cumplen, ese cambio sucedería dentro de 14 años, a fines de 2021. Mientras tanto las televisoras comerciales seguirán transmitiendo en formato analógico y paulatinamente, en la medida en que haya más mercado para ellas, habrá más señales digitales.

 

Inciertas frecuencias disponibles

   Las actuales autoridades de telecomunicaciones han determinado que las frecuencias digitales solamente serán utilizadas para televisión de alta definición. Así que es de suponerse que el canal del DF –igual que el que tendrá la UNAM– difundirá televisión de esa calidad. Seguramente esas imágenes se verán muy bonitas en los pocos miles de televisores construidos para reproducir en alta definición. Pero se verán igual que el resto de los canales en los televisores analógicos, que son la mayoría.

   Al admitir canales digitales, el gobierno del DF y la administración de la UNAM no se colocan a la vanguardia de la evolución tecnológica. Más bien, son utilizados como avanzada de una transición digital en la cual las empresas de televisión mercantil no han querido arriesgarse demasiado. La Cofetel promueve la televisión digital para ampliar, a costa de las televisoras no comerciales, un mercado que luego aprovecharán, con más recursos –y con dos frecuencias por cada canal– los consorcios privados.

   La Cofetel ha sostenido que, en el dial televisivo para la ciudad de México, ya no hay más espacio para canales abiertos y que además transmitan de manera analógica. Sin embargo cuando presentó su solicitud el gobierno de la ciudad de México dijo que contaba con estudios técnicos que demostraban la posibilidad de que haya más canales, como aquellos en los que difunden las televisoras comerciales. Incluso solicitó, específicamente, la frecuencia del Canal 46 que hace varios años fue asignada a la empresa Cablevisión pero que no ha sido utilizada.

   Al aceptar el canal digital, en otra frecuencia, el gobierno del DF no informó por qué cejó en su reclamo acerca del Canal 46. Desde luego, la obligación de dar cuenta acerca del estado de cada frecuencia concesionada o permisionada es de la Cofetel y las autoridades de la SCT. Pero en esas dependencias prevalece tal opacidad que cualquier información sobre el espectro radioeléctrico se obtiene sólo  después de numerosas gestiones. O, simplemente, resulta que no hay datos suficientes. El investigador Gabriel Sosa Plata, de la UAM Cuajimalpa, demostró recientemente el patético desorden que hay acerca de la situación jurídica del Canal 46 (El Universal, 1 de mayo de 2007). Con datos como esos, el gobierno de la ciudad de México podría insistir en una frecuencia de más alcance que la que le han ofrecido. Lo mismo podrían hacer las autoridades de la UNAM.

   Así que no hay auténticos motivos para que las autoridades del DF estén satisfechas con la adjudicación del Canal 21 para transmitir en formato digital. El 15 de junio los diarios informaron que, al dar a conocer la resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, exclamó, triunfalista: “¿no que no?”. Inicialmente la Cofetel había rechazado la solicitud del gobierno de la capital del país para que le asignaran un canal de televisión. Pero esa solicitud era para un canal de carácter analógico. Ahora Ebrard tendrá que resignarse a que su canal de televisión lo vean únicamente los habitantes del DF que disponen de canales de paga –y que son entre quienes se encuentran los propietarios de pantallas de alta definición–. O, para que lo vea el resto de la población de esta ciudad, tendrá que gastar por lo menos 300 millones de pesos. En realidad, en ese tema, Ebrard no tiene motivo para estar contento.

  

Resignación de la Universidad

   Tampoco lo tienen, en rigor, las autoridades de la UNAM. Pero como en esa institución desde hace algunos años se le da más importancia al bombo que al fondo de las decisiones, la adjudicación del canal 20 fue celebrada con un intenso despliegue de propaganda. Las autoridades universitarias festejaron la asignación de esa frecuencia pero sin explicar para qué y, sobre todo, con quiénes habrán de ser producidos los contenidos del nuevo canal. Esa frecuencia difundirá, por lo pronto, los programas del Canal de la UNAM que ya se transmite en sistemas de televisión de paga.

   Entrevistado, a nombre de esta revista, por la periodista Elvira García, el director de TV UNAM, Ernesto Velázquez, explicó tajantemente los motivos de esa institución para aceptar el canal digital: “si la pregunta es por qué la UNAM no tiene un canal analógico, la respuesta la conocemos todos: porque el gobierno mexicano se lo negó históricamente”.

   Esa afirmación no es del todo exacta porque, como el mismo Velázquez recuerda, hace varias décadas la Universidad había recibido una frecuencia que no utilizó. Pero el hecho de que más tarde el gobierno hubiera regateado la adjudicación de un nuevo canal televisivo, no era causa suficiente para que la UNAM se resignara de manera tan sumisa a dicha decisión.

   Las autoridades encabezan, pero no sustituyen a la Universidad. En ningún momento, ni durante la actual administración ni en las anteriores, la Rectoría de la UNAM hizo público su propósito para conseguir una frecuencia de televisión. Una y otra vez, cuando se les proponía que lo hicieran, esas autoridades respondían con evasivas y de cuando en cuando admitían que no querían tramitar esa frecuencia por temor al uso político que pudiera dársele a un canal de la Universidad.

   No obstante esa reticencia, durante muchos años para importantes núcleos de universitarios la obtención de un canal de televisión tenía que estar entre las prioridades en materia de difusión cultural para la Universidad. El Congreso Universitario que se realizó en mayo de 1990 y cuya deliberación constituye el ejercicio de autorreflexión y prospectiva más importante que se haya emprendido en esa institución, acordó: “Los universitarios de la UNAM hacemos pública nuestra voluntad de contar con un canal de televisión, para desarrollar un proyecto televisivo cultural de servicio a la sociedad, plural, critico, experimental y participativo”.

   Esa, como tantas otras decisiones del Congreso, quedó archivada. Y ahora, no existe la certeza de que el nuevo canal cumplirá con aquellos propósitos de apertura, participación y pluralidad.

 

Desde 2000, fantasmal canal 60

   Si las autoridades de la Universidad Nacional se hubieran respaldado en su comunidad y en la sociedad mexicana para demandar una frecuencia de televisión abierta, competitiva y capaz de ser sintonizada por todos los televidentes al menos en el Valle de México, indudablemente habrían contado con una extensa y sólida simpatía. Pero, a diferencia del gobierno de la ciudad de México, emprendieron esas gestiones con tanta discreción que el gobierno federal les asignó el canal digital que inicialmente, y durante varios años, estará condenado a tener audiencias restringidas.

   De hecho, la UNAM ya contaba con un canal de televisión. Desde diciembre de 2000 –un año después de que comenzó la gestión del rector Juan Ramón de la Fuente– el gobierno federal le asignó a esa institución el canal 60, con las siglas XHUNAM TV. Se trataba de una frecuencia de baja potencia, que aparentemente serviría sólo con propósitos de experimentación. Sin embargo las autoridades de la Universidad nunca informaron a su comunidad acerca de la existencia de ese canal. Solamente en julio de 2003, cuando entró en vigencia la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se vio obligada a informar acerca de las concesiones y los permisos que había expedido, se supo que la UNAM disponía de esa frecuencia.

   Durante varios años, las autoridades universitarias se negaron a solicitar la ampliación de potencia y el registro del canal 60 como estación permisionada para difundir contenidos de interés general. Ahora, en junio pasado, dieron a conocer la permuta de esa frecuencia por la del canal 20 que transmitirá en formato digital. Qué bueno que la Universidad Nacional tenga canal de televisión abierta. Se lo merece y sin duda promoverá una televisión inteligente como la que ya difunde TV UNAM. Qué lástima que no comenzó transmitiendo en televisión analógica para que esos contenidos pudieran llegar a la mayoría de los habitantes de la ciudad de México.

 

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   En la conversación con Elvira García que aparece en esta edición de Zócalo el muy respetado y apreciado director de TV UNAM, Ernesto Velázquez, responde disgustado cuando la reportera le pregunta, citando una frase aparentemente mía, por qué la Universidad no tendrá “un canal de verdad”. En realidad esa expresión no es mía sino de la redacción de esta revista, como queda claro en la nota que aparece en la página 7 de la edición anterior. Así que no discutiré la réplica de Ernesto ante una frase que no dije. Sin embargo la objeción del director de TV UNAM permite recalar en un tema que al menos en México no hemos podido resolver de manera clara para todos: ¿cuál es la televisión pública que queremos? Definiciones hay muchas. Pero el colega Velázquez estará de acuerdo en que todos los modelos relevantes y reivindicables de televisión pública pretenden, entre otras características, llegar a la mayor parte de la población para la cual existen. Se trata, según una expresión española que ha venido ganando presencia en América Latina, de lograr que la televisión pública sea generalista. Y eso, con el estándar tecnológico que utilizarán, no lo van a conseguir la televisión de la UNAM ni la televisión del gobierno de la ciudad de México por lo menos durante los próximos diez años.

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Calderón ante los medios

El nuevo presidente –si quisiera– podría modificar inercias y connivencias

 

   Esta es una versión ligeramente más amplia de un texto aparecido en la edición de diciembre de la revista Zócalo

 
   Si quisiera, el nuevo presidente de México podría establecer una relación de mejor transparencia y mayor responsabilidad con los medios de comunicación. Felipe Calderón asume el gobierno del país en un panorama de casi irreductible crispación del que forma parte una actitud cada vez más crítica, por parte de segmentos importantes de la sociedad y el mundo político, hacia las grandes empresas mediáticas. Nunca como ahora, los medios son reconocidos en México como una dificultad en nuestra democracia. Es cierto, también, que nunca como ahora los grandes grupos comunicacionales, especialmente Televisa, han alcanzado tanta influencia social y tanto poder político. Precisamente por ello el nuevo gobierno, si logra mirar al país y hacia el futuro con una perspectiva de Estado y más allá de los diferendos y las ambiciones circunstanciales, podría reconocer que los medios se han convertido en un problema que es ineludible atender.

   Calderón llega al gobierno con una ventaja nada desdeñable. No les debe nada a Televisa ni a otras corporaciones mediáticas. Si se reconoce que en la cobertura de la campaña electoral esa y otras empresas, lejos de apoyar expresamente al candidato del PAN como en algunas ocasiones se ha llegado a suponer otorgaron espacios similares a los principales candidatos presidenciales –e incluso con ligera ventaja para Andrés Manuel López Obrador– se podrá advertir, entonces, que ni Televisa ni cualquiera de las firmas radiofónicas de alcance nacional tienen motivos para esperar del nuevo presidente un comportamiento propicio a sus intereses. Después de las elecciones, es cierto, la mayor parte de los medios respaldó el resultado del 2 de julio y puso en evidencia las exageraciones del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Pero es difícil sostener que su apretadísimo triunfo electoral el nuevo presidente se lo deba al respaldo mediático.

   Quizá en la contratación de publicidad el PAN y su entonces candidato presidencial se beneficiaron de algún comportamiento discrecional de los grandes medios. Es altamente posible que Televisa y otros grupos le hayan vendido a ese partido espacios de promoción política a precios menores a los que establecen en sus tarifas. Pero suponemos, a reserva de confirmarlo dentro de algunos meses cuando se haga pública información del gasto de los partidos durante la campaña de 2006, que esa actitud la tuvieron también con el PRD y el PRI. Por lo pronto, se ha conocido el enorme y posiblemente ilegal descuento que Televisión Azteca le ofreció a López Obrador al venderle el espacio para el programa que tenía todas las mañanas a un precio 40 veces menor a las tarifas que esa emisora le había entregado a la autoridad electoral.

   Así que, si quisiera, Calderón podría actuar sin ataduras ante los medios de comunicación. Otra cosa es que esté dispuesto a hacerlo. Nunca cuestionó la Ley Televisa y el de los medios no ha sido un tema sustancial ni en sus propuestas de campaña ni en los diagnósticos que ha presentado de la situación nacional después de las elecciones. Que se sepa, no ha reprochado la irregular composición de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones, la mayoría de cuyos integrantes favorecieron abiertamente los dictados de Televisa cuando se discutieron aquellas reformas en el primer trimestre del año.

   Todo pareciera indicar que el nuevo presidente no querrá enemistarse con los grandes medios y preferirá mantener la situación actual. Allí se podrá apreciar en qué medida el proyecto de Calderón implica una auténtica renovación política o simplemente la continuación, quizá con un oficio gubernamental que su predecesor nunca quiso ni supo tener, en la conducción y gestión de los asuntos públicos.

 

Poder de los monopolios

   La concentración de excesivos recursos en pocas manos es, por definición, atentatoria para la democracia. Más aún, se trata del desafío principal que hoy enfrentan las economías de mercado en todo el mundo. Dos semanas antes del inicio del nuevo gobierno en México la revista británica The Economist, en su edición fechada el 18 de noviembre, apuntaba que Calderón tendría la oportunidad de avanzar en el terreno de la democracia así como en el crecimiento económico siempre y cuando quisiera arriesgarse más que su antecesor enfrentando al poder de los monopolios, tanto públicos como privados. Entre ellos dicha publicación identifica al sindicato de maestros, a Pemex, a Telmex y a las empresas privadas de telecomunicaciones. Todos ellos, dice, son “vestigios del viejo orden que todavía detienen al país… bastiones de un poder incomprensible”.

   Si no quiere solamente administrar un país en donde las grandes corporaciones trafican, incrementándolos, con los privilegios que han solidificado durante décadas, el nuevo gobierno tendría que hacer lo posible para acotarlas creando espacios de regulación eficaces, favoreciendo el escrutinio público ante el desempeño de esos grupos y

sobre todo, auspiciando el surgimiento de nuevos actores. Televisa es, sin duda, la más poderosa de las empresas de telecomunicaciones a las que alude The Economist. El poder que acapara ese consorcio entorpece el desarrollo cabal de la sociedad y de la democracia pero, también, la gobernabilidad y las atribuciones del Estado.

   Si se decidiera, Calderón podría contribuir a establecer nuevos contrapesos ante ese poder comunicacional tomando medidas en temas como los siguientes.

 

   1. Nuevas concesiones de radio y televisión. Desde su campaña, el ahora presidente Calderón anticipó que entre sus primeras decisiones estaría la apertura de nuevas frecuencias. Una de las 100 medidas de su gobierno establece: “Se identificarán las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión, tanto comercial como cultural, educativa, comunitaria y oficial, a efecto de iniciar los procedimientos de licitación pública o permisionarios, según se trate, durante el primer semestre del 2007”. Es pertinente que en ese compromiso se reconozca la diversidad de opciones que hay y que debiera incrementarse en la televisión y la radio. Pero la necesidad de nuevas emisoras no existe únicamente en las localidades del país en donde no hay pocas frecuencias activas. Incluso en las ciudades y regiones más grandes, la preponderancia de unos cuantos grupos radiofónicos limita la pluralidad de opciones a la que tienen derecho televidentes y radioescuchas.

   Las nuevas frecuencias tendrán que ser asignadas por licitación. Las actuales disposiciones en esa materia, resultado de la Ley Televisa, le permiten al gobierno decidir las reglas y los beneficiarios de tales subastas tomando en cuenta únicamente la postura económica que presenten los interesados. Si así ocurriese, el gobierno de Calderón estaría convalidando la preponderancia del dinero sobre cualquier otra consideración para acceder al derecho a comunicar en nuestro país.

   El gobierno, sin embargo, puede añadir otros criterios para definir el resultado de las licitaciones de frecuencias. Se podrían considerar el perfil profesional, la experiencia en materia de comunicación, el carácter innovador y sobre todo la diversidad en las propuestas que presenten los interesados en tales concesiones. Aun con la retorcida legislación actual, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene facultades para orientar la realización de esas licitaciones e incluso para suspenderlas si considera que no se han presentado propuestas satisfactorias.

 

   2. Frecuencias para quienes realmente quieren operarlas. Varios grupos de radiodifusores que tienen frecuencias en la banda de Amplitud Modulada han insistido para que, además, se les asignen canales en Frecuencia Modulada. Las radios “combos”, como sus posibles beneficiarios le han llamado al otorgamiento de una frecuencia en FM por cada una de las que tienen en AM, se han convertido en exigencia pertinaz que, sin embargo, no tiene sustento legal alguno. El hecho de tener una frecuencia no le confiere a nadie el privilegio, solamente por esa circunstancia, de contar con otra más.

   Los radiodifusores interesados en ese beneficio sostienen que la banda de AM ya no es negocio. Tanto por calidad en la recepción como por la existencia, dicen, de audiencias más numerosas, el negocio ahora se encuentra en la FM. Aunque en otros sitios del mundo la Amplitud Modulada no ha sido desdeñada como espacio de comunicación y negocio, podríamos suponer que a los radiodifusores mexicanos les va mejor en la FM. De ser así, ¿por qué se empeñan, entonces, en conservar las frecuencias que tienen en Amplitud Modulada? Ante esas peticiones, el nuevo gobierno federal podría asignarles frecuencias de FM a los radiodifusores que ya no consideran redituable a la AM. Pero no habría motivo para que se quedasen con las estaciones en AM. Esas frecuencias podrían ser reasignadas a otros empresarios, o a grupos e instituciones culturales y comunitarios que quisieran aventurarse a difundir en la menospreciada banda de Amplitud Modulada.

 

   3. Reglamentar traspasos y “ventas” de concesiones. La Ley Federal de Radio y Televisión permite el traspaso de concesiones siempre y cuando sea autorizado por el gobierno federal. En los hechos, la autoridad se ha limitado a consentir esas transacciones sin vigilar escrupulosamente el cumplimiento, en todos los casos, de las disposiciones que existen para ellas. A menudo los empresarios que compran y venden estaciones simplemente informan de ello al gobierno. Apenas en julio pasado el Grupo Imagen le compró al empresario Raúl Aréchiga la concesión del Canal 28 de la ciudad de México, a partir del cual ese consorcio mediático quiere establecer una cadena nacional de televisión. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se limitó a tomar nota de una operación harto discutible. Si la ley se hubiera aplicado con esmero, desde tiempo atrás Aréchiga habría perdido esa concesión que nunca utilizó y cuya inutilidad ha implicado el despilfarro de un bien nacional como son las frecuencias radioeléctricas.

  

   4. Acotar a la COFETEL.   En el terreno de la regulación, el gobierno mexicano dispone de un amplio margen frente a la Comisión de Telecomunicaciones. Uno de los defectos de la Ley Televisa era, precisamente, la autonomía de pacotilla que se le otorgaba a esa Comisión la cual, en cada una de sus atribuciones relevantes,  continúa supeditada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A través de esa dependencia, si quisiera, el nuevo gobierno podría moderar las decisiones previsiblemente afines a los intereses de Televisa que tome la mayoría de los miembros de la Comisión. Lo deseable sería, desde luego, que tuviéramos una Cofetel verdaderamente independiente. La que existe hoy no lo es porque sigue orgánica y jurídicamente supeditada al gobierno pero, sobre todo, porque varios de sus integrantes son reconocidos personeros de Televisa.

 

   5. Recuperar tiempo fiscal y emplear racionalmente el tiempo estatal. Con el decreto del 10 de octubre de 2002, el presidente Vicente Fox privó al Estado mexicano del 90% del tiempo del cual disponía en la televisión y del 80% del tiempo al que tenía derecho en la radio. Con otro decreto –si quisiera– el nuevo gobierno podría recuperar todo ese tiempo o parte de él. Como es altamente posible que no quiera, de cualquier manera hay mucho por hacer tanto para reglamentar como para organizar el uso de ese tiempo. Esos espacios son del Estado y no solamente del gobierno, como con oportunidad la Cámara de Diputados le recordó al presidente Fox. Pero si está claro quiénes pueden usar el tiempo fiscal, lo que sigue siendo ambiguo es para qué se debe aprovechar ese espacio que, en los términos actuales, significa 18 minutos diarios en cada televisora y 35 en cada estación de radio.

   El tiempo fiscal se añade, como es sabido, a los 30 minutos que, de acuerdo con la Ley vigente, cada estación de radio y televisión debe otorgar para programas oficiales o culturales. La administración de ese tiempo siempre se ha realizado con la mayor arbitrariedad y el gobierno de Fox no fue la excepción. El tiempo fiscal y estatal podría organizarse de manera racional y eficaz para difundir contenidos distintos a los de índole únicamente comercial. Sería preciso, antes que nada, dejar de utilizarlo en la difusión de obras y logros de instituciones estatales como sugerimos en el punto siguiente.

   Esos espacios podrían tener dos propósitos esenciales. El primero, sería difundir los mensajes de los partidos en temporadas de campaña electoral siempre y cuando sustituyeran a la compra de propaganda en televisión y radio. Una segunda y más frecuente utilización sería su aprovechamiento por parte de grupos de productores y organismos de la sociedad que no suelen tener acceso a los medios comerciales. Los espacios estatales podrían ser licitados entre grupos de esa índole en concursos discernidos por jurados de indudable imparcialidad. Ya existe el antecedente de los certámenes que organizó el IMER para asignar espacios en la Radio Ciudadana cuya programación, hoy en día, está definida por una reconocible variedad de voces, posiciones y preocupaciones.

 

   6. Terminar con la propagada gubernamental. México es uno de los poquísimos países en el mundo en donde el gobierno anuncia en los medios de comunicación sus proyectos y logros. La utilización y en muchos casos la compra de tiempo y páginas para ello sigue formando parte de un comportamiento autoritario y un tanto patrimonialista pero, también, jactancioso y provinciano.

   Al anunciar sus realizaciones el gobierno presenta solamente una parte de la realidad social y política porque nunca destina espacios a reconocer, o a discutir, lo mucho que ha dejado de hacer. Y en realidad lo único que consigue con tales espacios es manifestar que ha cumplido con su obligación porque las obras y acciones que anuncia las ha efectuado en ejercicio de sus responsabilidades.

   Suponer que al pregonar que los hospitales públicos atienden a los enfermos o que las carreteras tienen menos baches los ciudadanos aprobarán de manera automática al gobierno, implica creer que la publicidad moldea voluntades al margen del contexto en el que vive la gente. Y si así fuera, esos anuncios se justificarían todavía menos porque entonces formarían parte de una operación de manipulación por parte del poder político.

   Gran parte de esos espacios se difunden en ejercicio del tiempo fiscal y estatal. Otra, con un gasto cada vez más cuantioso, requiere de la contratación de publicidad comercial en la televisión y la radio –de la misma manera que en periódicos y revistas–. La compra y utilización de espacios para que el gobierno se haga publicidad no tiene justificación alguna. Pero no se trata de una práctica exclusiva de la administración federal. Gobiernos estatales y a veces también municipales, las cámaras del Congreso Federal, organismos como la Comisión de Derechos Humanos y las universidades públicas más importantes, destinan a la contratación de espacios publicitarios una porción a veces cuantiosa de sus presupuestos.

   La contratación de espacios de auto promoción se ha convertido, además, en una fuente de presiones, complacencias y connivencias entre esos gobiernos e instituciones estatales y los medios de comunicación.

   Modificar esa práctica tendría que ser resultado de una decisión tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales y las instituciones que hoy en día gastan miles de millones de pesos para ufanarse de los edificios que inauguran, los mexicanos pobres a los que piadosamente socorren o de los premios que han recibido, todo ello con cargo a recursos fiscales.

 

   7. Resolver situaciones irregulares. Desde hace varios meses la frecuencia del Canal 40 en la ciudad de México es manejada por Televisión Azteca sin que a esa empresa le haya sido asignada tal concesión. La confiscación que el consorcio de Ricardo Salinas Pliego hizo de esa frecuencia fue un despojo al concesionario original pero, también, al patrimonio de la Nación porque está utilizando esa señal sin autorización legal. La complicidad del gobierno del presidente Vicente Fox con Televisión Azteca, confirmada en el tortuoso desempeño de la SCT en el litigio alrededor del Canal 40, hizo posible esa apropiación. Si quisiera diferenciarse de tales prácticas, el nuevo gobierno federal simplemente podría emprender una revisión rigurosa de ese y de los casos similares que puedan existir y aplicar la ley.

 

   8. Medios auténticamente públicos. Sofocados por ingentes carencias presupuestales y sometidos a la posibilidad de que una decisión burocrática modifique sus derroteros o sustituya a sus autoridades, los medios de radiodifusión del Estado se mantendrán en una situación precaria mientras no tengan garantías institucionales para vivir con recursos suficientes y con la autonomía que requiere su trabajo profesional. Aunque esas limitaciones se deben en parte a la discriminación que les impone la Ley Federal de Radio y Televisión que les prohíbe apuntalar sus finanzas con la venta de espacios publicitarios, los medios del Estado podrían tener nuevo aliento si el gobierno del presidente Calderón viera en ellos un recurso para promover la diversidad mediática.

 

   9. Medios comunitarios. El desarrollo de las radiodifusoras comunitarias tendrá que ser resultado, fundamentalmente, del respaldo y la adhesión que encuentren en los núcleos sociales en los cuales y para los cuales han surgido. Pero el gobierno podría reconocer de varias maneras esa expresión saludable de una sociedad que quiere expresarse y que apuesta por la comunicación. Exenciones fiscales, créditos y facilidades para la compra de equipos, becas y apoyos para sus productores y sobre todo la eliminación de obstáculos administrativos como los que con tanta pertinacia se les impusieron a esas radiodifusoras en los años recientes, serían formas de respaldar su desarrollo. Tales medios, por su parte, además de ofrecer contenidos más profesionales podrían incursionar en otros espacios como la creación de canales de audio y video en Internet y (¿por qué no?) el establecimiento de televisoras comunitarias como hay en otros sitios de América Latina.

 

   10. Publicidad y contenidos en radio y TV: aplicar la ley. La legislación ahora vigente –tanto la Ley de 1960 como el reglamento que Fox expidió en 2002– son harto discutibles pero, con todo y sus abundantes defectos, tienen disposiciones cuya aplicación sería ventajosa para la sociedad. Actualmente no hay auténtica fiscalización sobre el tiempo permitido para la difusión de mensajes comerciales. La clasificación de programas suele ser desconocida por los televidentes. Muchos programas de concurso no respetan la dignidad de las personas. Los recursos de “baja comicidad” –prohibidos por la Ley– son el verdadero precepto que rige en numerosos espacios de Televisa y TV Azteca.

   Sería preciso revisar las multas establecidas para sancionar a los concesionarios que infringen tales disposiciones. Y aun sin esos cambios el gobierno podría inducir, con la ley en la mano, un comportamiento de las televisoras menos descomedido hacia la sociedad.

 

   11. Informar sobre los medios. En buena medida la discrecionalidad, la inmoderación e incluso la impunidad de muchos medios en México se ha debido al secreto en el que se desarrollan y se relacionan con otros poderes. El gobierno federal está obligado a mantener un Registro Federal de Telecomunicaciones en el que, además de los datos de cada concesión, podrían darse a conocer informes sobre las audiencias reales y el carácter de los programas que difunden los medios electrónicos. El gobierno federal también podría respaldar proyectos sociales y académicos para el estudio y la observación de los medios de comunicación.

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Una televisora para la ciudad de México

El centralismo mexicano ha permeado todos los intersticios del tejido nacional. En la ciudad de México se comercia y especula, se delibera y se decide para todo el país. Ese síndrome centralista ha sido reforzado por los medios de comunicación. No contamos con un solo diario que tenga presencia en toda la República pero a los que se editan en esta capital, por ese sólo hecho, se les llama “periódicos nacionales”. La radio es el único medio en donde pareciera haber algún equilibrio entre las dimensiones local y nacional. En cambio la mayor parte de la televisión que ven los mexicanos tiene origen, rasgos, prioridades y contenidos chilangos.

Todas las mañanas los televidentes de Mérida, Hermosillo, Tepic o Villahermosa tienen que desayunar, si quieren ver televisión nacional, mientras contemplan los incidentes del tránsito, las consecuencias del clima y los atropellos del crimen en la capital del país. En ese terreno sin embargo, la ciudad de México en el pecado lleva la penitencia. Nuestras vicisitudes y obsesiones las exportamos electrónicamente al resto del país. Pero no contamos con una televisión que tenga el espacio, el interés, la densidad y la vocación suficientes para hospedar contenidos de índole específicamente local.

Los intentos para hacer televisión intencionalmente destinada a la ciudad de México por lo general han quedado abrumados por un localismo ramplón o por el comercialismo voraz. Cuando la televisión privada ha tenido proyectos destinados a esta ciudad ha sido, por lo general, para vender aquí los mismos programas que antes han circulado en el mercado nacional. O, en otras ocasiones, se ha buscado explotar mercantilmente una suerte de provincianismo defeño. En todo caso de parte de la televisión privada no ha existido el propósito para retratar, más allá de los estereotipos, la inmensa variedad de preocupaciones, personajes, experiencias y enfoques que hay en la ciudad de México. En algunas ocasiones la televisión del Estado, en espacios fundamentales como el de Cristina Pacheco en Canal Once, se ha ocupado de esos temas.

 

Una televisión de servicio… y algo más

Por varios motivos sería pertinente la existencia de una televisión propia para la ciudad de México. Las necesidades de comunicación de una capital como esta requieren del empleo intensivo de todos los medios posibles. Un canal dedicado al DF podría dar espacio, con mucha mayor holgura que los canales nacionales, a asuntos relacionados con la seguridad, el medio ambiente, las campañas de salud y educacionales y la cultura cívica entre otros temas. Tendría que ser, antes que nada, una televisora comprometida con el servicio.

Al mismo tiempo un canal como ese podría difundir, y de esa manera solidificar, rasgos de la cultura propia de cada zona de la ciudad de México. Ferias, mercados, parques, calles, auditorios, que son de por sí zonas del espacio público abiertas a la gente, encontrarían en él un instrumento de propagación audiovisual. Y como corresponde a una urbe versátil, cambiante y repleta de contrastes como es el DF, el canal tendría que reflejar todas las posiciones pero especialmente la cultura de los jóvenes que constituyen su segmento más numeroso y activo.

Una televisora así, tendría que contar con un perfil claramente distinto de las emisoras específicamente culturales como los canales 11, 22 y el canal por cable que ahora tiene la UNAM. Debería, desde luego, estar nutrido por contenidos sustancialmente disímiles de los que suelen difundir las televisoras privadas.

Al reconocer la densidad y diversidad poblacionales, culturales y sociales de la ciudad de México, una televisora de esa índole tendría que tomar en cuenta la imbricación del Distrito Federal con su entorno. Sería inevitable reconocer que, independientemente de las demarcaciones formales, nos encontramos en una metrópoli cuyas contornos alcanzan a varias entidades distintas del DF.

 

 

La posibilidad de que la ciudad de México cuente con un canal de televisión propio abre expectativas muy amplias. Los productores independientes contarían con un espacio propicio a la imaginación y la originalidad. El debate entre las opciones políticas que hay en esta ciudad encontraría un foro necesariamente abierto al intercambio. Los acontecimientos más variados que a diario ocurren en esta urbe podrían ser comunicados de manera profesional –es decir, sin incurrir en el oficialismo pero tampoco en el sensacionalismo–. Los asuntos locales podrían ser plataforma para una televisión distinta, afianzada en el servicio, respaldada en la creatividad y comprometida con las ideas.

Todas esas, desde luego, son buenas intenciones. Sin ellas sería imposible –incluso, creemos, sería indeseable– la discusión de un canal de televisión para la ciudad de México. Deliberadamente no me refiero a la propuesta para crear, también, una radiodifusora. Creo que si bien resultaría de alguna utilidad, una estación de radio propiedad de la Ciudad no es tan necesaria como la televisora. El dial radiofónico en el Distrito Federal tiene una amplia variedad de opciones y contenidos.

La radiodifusora de la que también se habla podría ser complemento al canal de televisión pero este es, me parece, el proyecto de auténtica importancia. En todo el país hay sistemas estatales de televisión y radio que amalgaman los dos medios. Abundan experiencias al respecto, varias de las cuales tienen ya varias décadas –en Michoacán, Tabasco, Tlaxcala y otros sitios– de trabajo fructífero y perseverante. La existencia de esos sistemas estatales confirma la precariedad en la que se ha mantenido a la ciudad de México en materia comunicacional. Mientras en otras entidades desde hace tiempo se desarrollan sólidos y útiles sistemas de televisión y radio, aquí apenas ahora se discute seriamente dicha posibilidad.

Esa marginación también se experimenta respecto de las tendencias mundiales más fructíferas. En distintos países, las cadenas nacionales de televisión pública se han complementado con la creación de televisoras locales. Esa propensión a imbricar lo global con lo nacional y a su vez con lo específicamente local, está respondiendo a uno de los nuevos derechos de los ciudadanos en materia de información y comunicación. De la misma manera que requieren programas producidos en diversas latitudes, los ciudadanos necesitan la densidad cultural y social que –cuando está bien hecha– propicia la televisión de carácter nacional. Y al mismo tiempo, tienen derecho a una televisión que rescate y exponga sus inquietudes de carácter local.

Hace casi una década, cuando en España comenzaban a cumplirse las disposiciones legales para que se desarrollase la televisión local, el periodista Antoni Esteve advertía que esas emisoras no tendrían sentido si, antes que nada, no afianzaban su compromiso con la gente. “La información –decía– no hay que entenderla sólo como las noticias puntuales del día o las convocatorias de actos, detrás de la actualidad muchas veces no se puede distinguir la realidad…… En los reportajes se ha de recoger la voz y la imagen de muchos ciudadanos, no sólo de aquellos que tienen un grado de representatividad política o social, sino también de la gente que nunca sería protagonista en ninguna otra televisión. Se han de buscar los vínculos afectivos entre la televisión y la ciudad. Tanto por la presencia constante en la calle como por su participación en campañas cívicas. Ha de promover todas las iniciativas que permitan la interactividad y la bidireccionalidad. Dar la voz a los ciudadanos siempre que sea posible, que hagan preguntas, que puedan visitar los estudios y participar en los programas. La gente ha de hacerse suya la televisión, que también ha de ser un instrumento de promoción de la ciudad, así como de sus actividades comerciales y empresariales” [1].

Añadía ese periodista, que además es profesor en la Universidad Pompeu Fabra: “La audiencia no ha de ser una obsesión, pero no hay ningún medio de comunicación que no busque el máximo de lectores, oyentes o espectadores. Por tanto hay que pensar en quién estará mirando, en sus intereses, y en el mejor lenguaje para que pueda entendernos. Con una fuerte competencia entre cadenas de televisión, donde se juegan miles de millones, sería un objetivo suicida plantearse conseguir espectadores que sólo vean la televisión local. Es la cultura del zapping la que permitirá subsistir a estos canales que tendrán que aprovechar todos los resquicios que deja el panorama audiovisual y, sin duda, el principal es el de la especialización en cuestiones locales. Ha de ser, por tanto, una televisión temática que se plantea como complementaria. Es por esto que su programación se ha de repetir muchas veces para hacer posible que los ciudadanos puedan seguirla en diferentes momentos de la jornada o de la semana. Una fórmula que hace que la audiencia no se concentre en un horario determinado, pero los programas la van acumulando gracias a la multidifusión”.

Las opciones de programación para una televisora urbana y de cobertura geográficamente acotada son muy diversas. En la capital de Argentina el Canal Abierto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recientemente comenzó a transmitir en una banda de televisión de paga, presenta segmentos cortos con videos de variadas temáticas. Su director de contenidos, Gabriel Reches, explica en una entrevista reciente: “lo que intentamos es que el canal sirva para mostrar una ciudad que en realidad contiene a muchas ciudades distintas, contradictorias entre sí, con muchos discursos sociales diferentes. Creemos que debemos compensar cierta cosa salvaje que tiene el mercado, que por un lado, repite fórmulas; y que por otro lado, recurre para promocionar a determinados artistas del establishment, que sin considerar si son interesantes o no, forman parte de una gran maquinaria comercial, dejando de lado a una serie de artistas que para nosotros son sumamente interesantes, en algunos casos más interesantes, que no tienen pantalla y que en el canal encuentran un lugar de expresión, de promoción, etcétera” [2] .

En la programación, un canal de la ciudad de México tendría la oportunidad para diferenciarse de otras televisoras. Pero en su régimen legal, debería contar con las garantías necesarias para sobrevivir. A fin de estar auténticamente al servicio de los habitantes de la ciudad, esa tendría que ser una televisora con estructura, financiamiento y régimen jurídico capaces de certificarle una permanente independencia respecto de los poderes políticos locales y federales.

La tentación que pueden tener el grupo o los funcionarios a cargo del gobierno de la ciudad de México para considerar que la televisora local se constituya en recurso de propaganda y legitimación políticas, sería uno de los riesgos primordiales de un canal como el que mencionamos. Por eso es absolutamente indispensable que además de contenidos y opciones técnicas, la reflexión acerca del canal de televisión para la ciudad de México incluya todas las previsiones legales y políticas para que estuviera al margen de las vicisitudes y/o las ambiciones que pudiese despertar en el gobierno local. Ese constituye un requisito para la supervivencia pero, además, para la respetabilidad de los medios de vocación pública en todo el mundo. Pero sería una condición especialmente necesaria si, como indican las preferencias de voto que se pueden conocer en este mes de marzo, las elecciones del 2 de julio ratifican al Partido de la Revolución Democrática en el gobierno de la ciudad de México.

Más allá de cuestionamientos y, si se quiere, reconocimientos que se le puedan hacer en otros terrenos, en el campo de la comunicación de masas el gobierno de ese partido en la capital del país se ha singularizado por considerar a los medios como instrumentos de un proyecto político faccioso y no como mecanismos de interlocución de y con la sociedad. El gasto discrecional, excesivo y, peor aún, en muchos rubros secreto que se ha realizado para difundir la imagen del gobierno de la ciudad de México; la resistencia a acatar las más elementales reglas de transparencia; la falta de respeto a los reporteros cuyas preguntas en las conferencias de prensa, cuando eran incómodas, suscitaban desaires y burlas del hasta hace pocos meses jefe de Gobierno, así como las amenazas e intimidaciones a medios y comunicadores que no se allanaban a la mansedumbre o la complicidad periodísticas que exigía esa administración, definieron el comportamiento comunicacional del gobierno de la ciudad de México cuando lo encabezó Andrés Manuel López Obrador.

Si el Distrito Federal llega a contar con una televisora propia sería imperioso que se le mantuviera a salvo de afanes de manipulación y coacción como esos. Tendría que ser concebida como una estación no de gobierno, ni de grupo alguno sino, en el más ambicioso sentido del término, como una televisora pública.

 

México D.F., marzo 16 de 2006

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[1] Antoni Esteve, “La televisión prometeica”. La Factoría, Número 2, Barcelona, febrero de 1997. Disponible en: http://www.lafactoriaweb.com/default-2.htm

[2] Luis Barreras y Juan Manuel Bellini, “Canal abierto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la estética de lo urbano y lo callejero”. Revista Question, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, verano 2006. Disponible en: http://perio.unlp.edu.ar/question/

Medios públicos: ser y parecer

 

Participación en el Segundo Congreso Internacional Los Medios Públicos de Cara a la Democracia. 30 de septiembre de 2005.

Aunque hay cada vez mejor acuerdo sobre su significado, el los medios de radiodifusión públicos todavía es un término que se emplea con magnánima laxitud. Televisoras descentralizadas, autónomas o controladas verticalmente por los gobiernos, radiodifusoras de gobiernos locales y universitarias, medios autoritarios y otros de funcionamiento abierto a sus audiencias, empresas de comunicación respaldadas con fondos públicos pero con muy contradictorias formas de relación con la sociedad, incluso pequeñas estaciones comunitarias o grandes consorcios estatales: todos ellos suelen ser estimados como medios públicos.

Lo más significativo no es que se les catalogue en ese rubro sino que, de manera casi unánime, los directivos de todos esos medios quieren que a esas radiodifusoras y televisoras se les considere públicas. Más allá de las formas organizativas, de financiamiento, evaluación y de los perfiles de programación que tengan, en todo el mundo hay medios como los que hemos descrito y cuyos operadores se identifican, a veces sin discutirla siquiera, con esa denominación.

En un mundo en donde se han extraviado las coordenadas de toda índole, llama la atención ese afán por decirse públicos. Hoy en día las referencias ideológicas, políticas, administrativas e incluso culturales y lúdicas, tienden a difuminarse con tanto apresuramiento que las personas, pero también las instituciones, cambian de perfil frecuentemente o de plano carecen de él. Por ejemplo, ya casi nadie se reconoce como de “izquierda” y menos aún de “derecha”. Las categorías para describir los fenómenos sociales y económicos se han vuelto tan peyorativas que muchos las consideran malas palabras: mercado, neoliberalismo, liberalismo, estado, corporativismo, suelen ser etiquetas más que caracterizaciones. Incluso las afinidades deportivas, las corrientes artísticas o las preferencias en la cultura popular son por lo general tan resbaladizas que cambian antes de convertirse en referencias estables. Modernidad líquida le ha llamado Zygmunt Bauman, con implicaciones más vastas, a esa labilidad de las identidades y los proyectos.

En ese frecuente vacío de compromisos es notable la propensión en numerosos medios de radiodifusión para denominarse públicos. A pesar del descrédito que han llegado a tener el sector estatal de las economías y el poder político –con los cuales suele equipararse a lo público– y a pesar del acaparamiento del espacio público por parte de consorcios comunicacionales privados, la radiodifusión pública sigue teniendo un aura de munificencia y nobleza. Ese término, aunque se abuse en su utilización, implica y obliga a quienes lo adoptan. Lo público en la comunicación es sinónimo, antes que nada, de operación no comercial.

En esa reivindicación de lo público delante de la radiodifusión mercantil coinciden emisoras de gobierno, universitarias, parlamentarias, locales, regionales, comunitarias, de grupos sociales, etcétera. La sola confluencia en torno a ese término indica el interés y la necesidad para que la comunicación no esté ceñida, toda ella, a prioridades comerciales. Los motivos para que existan esas radio y televisoras son muy variados. Algunas, desde hace décadas forman parte de la historia de la comunicación en sus países. Muchas de ellas fueron creadas como instrumentos de propaganda; algunas más han estado dedicadas a la educación, al servicio a sus comunidades o a difundir contenidos para grupos sociales específicos. Todas, tienen en común el propósito de ser diferentes de la radiodifusión comercial.

El problema en muchos casos es que esa diferencia no siempre es perceptible, o no llega a ser claramente singular delante de la radiodifusión de la cual los medios que se pretenden públicos quieren distinguirse. No son pocos los medios de esta índole que, para no naufragar en el océano de ofertas comunicacionales que hay en sus países, llegan a mimetizarse con los estilos de la radiodifusión comercial. Entonces la única diferencia entre unos y otros medios es que los de carácter comercial se sostienen exclusivamente de la publicidad que venden y los reputados como públicos les cuestan dinero a los contribuyentes.

En otras ocasiones el interés del gobierno se sobrepone a cualquier otra consideración y los medios calificados como públicos son simplemente espacios de promoción para el poder político. Los directivos de estos medios suelen estar al garete de los intereses e incluso los caprichos de los gobernantes. O acontece que, sofocados por las limitaciones presupuestales, los medios de este tipo apenas sobreviven y no pueden desplegar toda la creatividad y el servicio que podrían ofrecerle a la sociedad si tuvieran mejores condiciones financieras.

 

Tres rasgos indispensables

Todo eso sucede cuando los medios, aunque se pretendan públicos, no lo son del todo. No basta con que una radiodifusora y televisora estén financiados con recursos fiscales para que sean cabalmente públicos. Tampoco es suficiente que tengan vocación e incluso programación de servicio o que se reclamen como parte de la sociedad.

A estas alturas de la intensa deliberación que se ha realizado en foros como este durante los últimos años, parece haber coincidencia en por lo menos tres rasgos que sería pertinente que alcanzaran los medios de carácter público: 1) autonomía funcional respecto de los gobiernos en turno; 2) financiamiento total o parcialmente cubierto con recursos fiscales y 3) formas o espacios de consulta y/o retroalimentación con la sociedad.

Muy pocos de los que se consideran públicos son medios de radiodifusión con estas características. La ausencia de cualquiera de ellas impide que la radio o la televisión públicas puedan cumplir con sus objetivos esenciales. El primero de esos objetivos es distinguirse de los medios de carácter comercial que no tienen interés, o no lo tienen de manera suficiente, para ofrecer contenidos que no son necesariamente rentables en términos mercantiles pero que ofrecen réditos culturales, sociales, cívicos, etcétera.

En países como México no tenemos medios de comunicación auténticamente públicos. Contamos con medios de gobierno, o con medios en algunas instituciones educativas, que se desempeñan con gran mérito pero que suelen estar acotados por los gobiernos y administraciones de los cuales dependen, que padecen frecuentes privaciones financieras y que no suelen tener mecanismos formales de vinculación con la sociedad.

Esos medios en su gran mayoría, si no es que todos, insisten en denominarse públicos. Pero los responsables de algunos de ellos advierten que el carácter público es un propósito más que una definición puntual de su situación actual [1]. En muchos de estos medios, tanto en México como en otros países de América Latina y en Europa, se reconoce que su destino, para no desaparecer, es convertirse en radiodifusoras y televisoras auténticamente públicas.

Si no lo consiguen, más temprano que tarde serán afectados por los vaivenes de las burocracias gubernamentales y sobre todo, por la voracidad de los consorcios privados que en países como el nuestro acaparan frecuencias y audiencias de televisión y radio. Así lo entienden operadores y trabajadores de los medios de aspiración pública en todo el mundo que intensifican el intercambio de experiencias y afinan la discusión sobre sus posibilidades.

 

Polarizada discusión

Los esfuerzos para consolidar auténticos medios públicos –como sucede ahora en España con las reformas legales que le darán estabilidad financiera y autonomía orgánica a la Radiotelevisión Española– han sido parte de un nuevo debate internacional sobre el tema. En esa discusión hay dos coordenadas que tienden a permanecer polarizadas. Por un lado, quienes abogan por los medios públicos expresan razones como las siguientes:

ü “La televisión pública es la única fuente nacional y universalmente accesible que utiliza el poder y la accesibilidad de la televisión para educar, ilustrar, enlazar e informar. Debido a su misión de servicio público, la televisión pública es más esencial que nunca en el desordenado panorama mediático” [2]. (Declaración de los miembros del PBS estadounidense).

ü “Ni comercial ni controlada por el Estado, la radiodifusión pública es la única razón de ser del servicio público. Es la organización de radiodifusión pública la que le habla a todos como ciudadanos. Los radiodifusores públicos alientan el acceso a y la participación en la vida pública. Desarrollan el conocimiento, amplían los horizontes y hacen posible que la gente se entienda mejor a sí misma para entender mejor al mundo y a los demás… Como no está sujeta a los dictados de la rentabilidad, la radiodifusión pública debe ser temeraria e innovadora y correr riesgos. Y cuando tiene éxito al desarrollar géneros o ideas sobresalientes, puede imponer sus altos parámetros y dar el tono para otros radiodifusores” [3]. (Consejo Mundial de Radio y Televisión).

ü “La existencia de medios públicos independientes, proveedores y generadores de contenidos de calidad alternativos a los ofrecidos por las emisoras privadas, puede ser considerada como un derecho de la ciudadanía… El propósito de la emisora pública debe ser proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural y de entretenimiento al público en general, que sea independiente y de calidad… Los ciudadanos necesitan acceder a un medio capaz de proporcionarles información confiable, tanto en relación con los temas de relevancia pública como de otro tipo de cuestiones ligadas a actividades culturales y de entretenimiento”[4]. (Asociaciones y ciudadanos argentinos por una radiodifusión pública).

En el esfuerzo para tener un perfil más preciso y sobre todo mejor razonado, la radiodifusión de vocación pública se ha definido como accesible a toda la población, independiente de poderes mercantiles y políticos, comprometida con la educación y la formación de los ciudadanos así como con el desarrollo del conocimiento. La creatividad y la búsqueda se encuentran entre los atributos que ha de tener para diseñar una programación capaz de informar, formar y entretener.

Eso dicen de sí mismos los radiodifusores públicos y sus promotores. Pero como todos sabemos, no son ésas las únicas opiniones que circulan acerca de tales medios. La radiodifusión pública se encuentra sometida a un intenso y a menudo maniqueo debate. Sus impugnadores forman filas en la radiodifusión comercial en donde se expresan posiciones como las siguientes:

“La televisión pública ha dejado de ser pública, entendiendo esta como la que emite programas de servicio público y se financia básicamente con recursos públicos o a través de un canon, para pasar a ser también comercial como las privadas en los contenidos y glotona y acaparadora en lo económico al financiarse por tres vías: mercado, subvención y deuda. Y si la TV pública ha cambiado, también lo han hecho los programas y los gustos, y han aparecido nuevos y preocupantes problemas que ensombrecen el futuro…”: Eso dijo en 2003 Alejandro Echevarría, dirigente de los radiodifusores comerciales en España. Ese dirigente de radiodifusores españoles impugnaba también “el camaleónico comportamiento de las emisoras públicas, que invaden el mercado publicitario de las privadas, carecen de autenticas obligaciones de servicio publico y generan déficit de explotación cada vez mas insostenibles para las siempre escasas arcas públicas… En el siglo XXI la televisión privada que utiliza el espectro radioeléctrico tiene que dejar de ser un servicio publico esencial y pasar a ser una actividad que se preste en régimen de competencia, sometida a autorización renovable automáticamente salvo casos de incumplimiento de las condiciones establecidas en aquélla” [5].

“No entiendo por qué le dicen radiodifusión pública. Hasta donde puedo apreciar no hay nada público en ella; es una empresa elitista. Rush Limbaugh es radiodifusión pública” [6]. Newt Gingrich, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Limbaugh es un locutor de radio cuyos programas tienen audiencia nacional y es muy conocido por sus posiciones conservadoras.

“Yo no entiendo –dije con falsa candidez– por qué le dicen ‘pública’ a una televisión que se financia con los impuestos de todos los contribuyentes para hacer programas que sólo le interesan a una minoría. En cambio llaman comercial y desprecian a una televisión que gratuitamente ofrece programación que una enorme mayoría de la gente quiere ver” [7]. Sergio Sarmiento, periodista y funcionario de Televisión Azteca, al describir la posición que sostuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Un mundo de medios de gobierno

Es comprensible que operadores y simpatizantes de los medios de vocación pública reaccionen con irritación cuando conocen opiniones como ésas. En el otro flanco de este diferendo, sus impugnadores suelen comportarse como si de la cruzada contra los medios públicos dependiera el destino de sus sociedades o de sus negocios. En ese diálogo de sordos los adversarios de la radiodifusión pública suelen tener una rígida y sintomática intolerancia. El rechazo a los medios públicos desde el campo de la radiodifusión privada supone que el espectro radioeléctrico debiera estar supeditado, todo, a las pulsiones y los intereses del mercado.

Esa pretensión es absurda. Los medios públicos tienen responsabilidades sustantivas que hacen necesaria su existencia. Una de las más importantes es servir como contrapesos a la influencia y el poder, que en algunos países alcanza una imperiosa prepotencia, de los consorcios de la comunicación privada. Otra cosa ocurre cuando en un país los medios de carácter privado no existen o tienen una presencia muy limitada. Entonces, los medios públicos no sólo no son contrapesos. Cuando los medios en manos de los gobiernos dominan todo el panorama comunicacional nos encontramos ante situaciones tan autoritarias como cuando la televisión o la radio están en manos privadas.

A diferencia de lo que a veces creemos, en el mundo son más las naciones en donde los medios no comerciales son fundamental y a veces exclusivamente propiedad del Estado. Una investigación del Banco Mundial y la Universidad de Harvard realizada en 2000 con información de 97 países [8] indagó en cuáles de ellos las cinco principales estaciones de televisión estaban en manos del Estado o de empresas privadas. En un 64% de esos casos, las cinco televisoras de mayor audiencia eran propiedad estatal.

El área del mundo en donde el Estado controla mayores segmentos de la audiencia televisiva es la zona del Medio Oriente y el Norte de África con el 94%. Le siguen el resto de África, con un 85% y la región Asia-Pacífico hay una tasa del 70%. En Europa Occidental la presencia de la televisión de Estado es del 55%. y en los países de Europa Oriental, del 53%.

De todas las regiones estudiadas en esa indagación, solamente en América las televisoras de mayor audiencia son propiedad de empresas privadas. En esta zona la mencionada indagación estudió los casos de nueve países. En ellos, en promedio, el Estado controla el 11% de las televisoras con más público y las empresas privadas el 85%.

Esos datos permiten aquilatar la presencia de los medios no comerciales en el mundo. En la gran mayoría de los casos no se trata de televisoras que puedan considerarse auténticamente públicas si las evaluamos con criterios como los antes señalados en este texto. Son, primordialmente, televisoras en manos de los gobiernos y que en muchas ocasiones son prácticamente la única fuente de entretenimiento e información para sus sociedades.

Las televisoras privadas dominan las audiencias nacionales en un 36%. Y solamente en cuatro de los 97 países estudiados el 100% de las televisoras de mayor audiencia son controladas por empresas privadas. Tres de esos cuatro países de hegemonía privada son americanos: México, Perú y Estados Unidos. El otro es Turquía.

La investigación de Djankov y sus colegas muestra un escenario global que pocas veces se toma en cuenta cuando se discute la situación de los medios públicos en una sola región, o en un país. En naciones de intenso control mediático por parte del Estado la búsqueda de medios auténticamente públicos tiene sentido para construir equilibrios ante la hegemonía del pensamiento y los intereses oficiales. En países en donde la empresa privada ha acaparado el escenario mediático, la reivindicación de los medios públicos también tiene relevancia para crear contrapesos delante de las televisoras y radiodifusoras ceñidas a intereses mercantiles,

Excesos pequeños y grandes

Los empresarios que pretenden acaparar las frecuencias radiofónicas y que se oponen a la sobrevivencia de los medios públicos soslayan prerrogativas de la sociedad como el derecho a la comunicación. Pero en la defensa de los medios públicos también hay que reconocer que, en no pocas ocasiones, sus funciones primordiales han sido distorsionadas por el lucro que hace con ellos el poder político y, también, debido a inercias y inconsecuencias de esos medios.

Valerio Fuenzalida, uno de los especialistas de nuestra región que con mayor consistencia ha estudiado este asunto, apuntó recientemente: “La TV Pública latinoamericana en lugar de organizarse como un servicio del Estado ha sido jurídicamente constituida y operada como canales gubernamentales, propagandísticos de los caudillos y gobiernos militares o civiles de turno. … Esta situación se ha tornado en una contradicción que vuelve inviable al canal, pues no goza de credibilidad en la información, ni de legitimidad social por una programación sentida útil por la audiencia, ni se comporta como empresa pública económicamente responsable ante los ciudadanos” [9].

Junto con esa dislocación de sus principios esenciales, los operadores y trabajadores de los medios públicos en ocasiones se mimetizan de tal manera a costumbres burocráticas –propias de las administraciones gubernamentales de las que forman parte– que sustituyen el servicio –a la sociedad– por el beneficio –para unos cuantos–. Una de las expresiones de ese comportamiento es el empleo de más recursos de los que son necesarios. A los medios de compromiso público no les sobra el dinero. Sin embargo en su funcionamiento no siempre despuntan la austeridad y la racionalidad en el ejercicio de recursos. Ese comportamiento lo puedo explicar mejor con un ejemplo personal. De cuando en cuando algunos reporteros de televisión me buscan para pedirme alguna declaración. A Televisa nunca le he dado entrevistas y con Televisión Azteca dejé de hacerlo hace tres años. Cuando van a verme los enviados de alguna cadena internacional o de alguna empresa privada (como el Canal 52, o antes el Canal 40 que ha sido víctima de una feroz persecución por parte del gobierno mexicano) suelen llegar el reportero y el camarógrafo: ellos dos se hacen cargo de toda la grabación. Pero cuando me buscan colegas de alguna televisora cultural, universitaria o gubernamental, casi siempre llega un tropel de técnicos y periodistas: reportero, camarógrafo, sonidista, iluminador, maquillista, productor, ayudante, chofer y a veces uno o dos ayudantes que les cargan el equipo. Se trata de pequeños excesos, pero excesos al fin, en una televisión que quiere decirse pública aunque no siempre sabe actuar en consecuencia con esa vocación.

 

Producción y productores

La radiodifusión de propósito público tiene que ser y, también, parecer precisamente eso. Y desde luego tiene que consolidar autonomía funcional, finanzas estables y formas de relación con la sociedad que constituyen, como apuntamos antes, rasgos esenciales para los medios de servicio público. Sus necesidades, sin embargo, no se limitan a cubrir con esos requisitos.

La radiodifusión que se pretenda pública necesita advertir los cambios que hay a su alrededor, entre ellos la diversificación de las audiencias, la multiplicación de opciones en la oferta audiovisual, la emergencia de las tecnologías digitales y la transformación que implican en el panorama mediático.

La abundancia de canales en la televisión de paga –que no llega a todas nuestras sociedades pero sí a segmentos crecientemente significativos en ellas– ha irrumpido en terrenos que antaño estaban reservados a la televisión pública. Cada vez con mayor frecuencia algunas de las mejores o al menos de las más atractivas producciones en temas científicos o históricos son realizadas por corporaciones privadas. Discovery Channel y Animal Planet han desplazado, en cierta medida, a los equipos de producción de las televisoras financiadas con fondos públicos.

En contraparte, las radiodifusoras de vocación pública con frecuencia asumen estilos, acuden a temas y contratan personajes que antes tuvieron presencia en la televisión y la radio privadas. En palabras de un investigador de los medios en Suecia: “se podría decir que los medios de servicio público se han ligado más estrechamente al campo económico del poder. así que ese éxito dentro de ese campo es dictado por una racionalidad más económica que cultural. Una consecuencia de esto es que ha llegado a ser crecientemente difícil distinguir entre programas producidos dentro del servicio público y aquellos producidos dentro del sector comercial” [10].

En ese nuevo mercado comunicacional y aun cuando sus prioridades no estén definidas por el afán mercantil, a los medios de objetivos públicos les resulta imprescindible definir qué ubicación buscan, con qué oferta y, en cada caso, para qué segmentos de la sociedad. En esa determinación es importante que no pierdan de vista que el carácter público hace necesario buscar una cobertura territorial más amplia posible.

Nada de eso se puede hacer sin los trabajadores de los medios públicos. Con frecuencia los planes, la orientación y la deliberación misma acerca de estos medios quedan a cargo solamente de sus directivos y no siempre se enriquecen con el concurso de sus trabajadores. Ningún medio público puede tener éxito sin la creatividad y el compromiso de quienes laboran en ellos. Los trabajadores son el alma de los medios de vocación pública y a menudo su principal patrimonio.

 

El desafío digital

Por otra parte, si quiere desarrollarse en el nuevo entorno mediático la radiodifusión de interés público tiene que aprovechar los espacios y formas de interlocución que ofrecen las recientes tecnologías. La Internet es un foro de la mayor utilidad, no sólo para que la radiodifusión pública entable una relación extensa e intensa con sus audiencias sino, además, como espacio para la propagación de contenidos e intercambios específicos. Cada vez parece más claro que, para sintonizarse con las nuevas realidades de sus posibles audiencias, la radio y la televisión de vocación pública tienen que hacer algo más que radio y algo más que televisión.

El proyecto de interacción digital que la BBC británica ha impulsado para propiciar la participación ciudadana es uno de los más consistentes que se puede hallar en la Internet [11]. Allí hay foros para discutir no únicamente la programación y las incidencias alrededor de los canales de radiodifusión de la BBC sino, junto con ello, los más variadas cuestiones. Debates sobre temas de ciencia y arte, política y asuntos públicos o internacionales, alternan con intercambios sobre el mundo de los espectáculos, cocina, jardinería o el cuidado de los niños. El consorcio británico de radiodifusión ha abierto, así, una nueva línea de actividad que tiende a lograr una importancia casi equiparable a la de los medios de radiodifusión tradicionales.

La Internet, además de ser reconocida como un medio con características propias –y por lo tanto contenidos propios– puede tener una gran utilidad como plataforma para difundir los contenidos de la radio y la televisión. En ella, el tiempo y la distancia dejan de ser un obstáculo para alcanzar a sus audiencias. Gracias a su intemporalidad e inmensidad, la Red puede ser consultada en cualquier momento y convertirse en inagotable reservorio de la producción radio y televisiva.

En 2006, la BBC tendrá en la Internet programas de televisión y radio que los usuarios podrán descargar en sus computadoras para verlos y escucharlos cuando quieran. También habrá programas en directo y acceso al archivo radiofónico [12].

Antes de eso, en julio de 2004, varios de los principales medios de radiodifusión estatal en Argentina –Canal 7, Radio Nacional, Radio Folklórica, Radio Clásica y Radio Faro– anunciaron que comenzarían a difundir sus contenidos en Internet gracias a un convenio que entablaron con empresas com Microsoft e Intel [13]. Esos son unos cuantos de los variados usos que la Internet puede tener en beneficio de los medios de vocación pública y su relación con la sociedad.

Dilema del dinosaurio

El otro tema que los medios públicos sólo pueden ignorar a riesgo de quedarse petrificados, es la transición a la radio y televisión de carácter digital. Allí también, varias de las corporaciones europeas de comuncación pública son ejemplo para las estaciones latinoamericanas. Si en los años próximos no tienen y ponen en práctica un plan para incursionar creativa y activamente en el cambio digital, los medios públicos de nuestros países retrocederán el equivalente a varias décadas.

Los medios de propensión pública tienen que resolver tres necesidades básicas que hemos señalado antes: financiamiento suficiente, autonomía funcional y vinculación con la sociedad. Pero ello no basta. Si se quedaran solamente con esos objetivos nuestros medios estarían imitando a la BBC británica –pero a la BBC de los años cuarenta del siglo pasado y no a la que hoy en día encara con inteligencia y audacia la circunstancia del nuevo milenio–. Estos medios, para tener futuro, no pueden sino involucrarse en distintos frentes de la comunicación regida por las nuevas tecnologías, desde la Internet hasta las frecuencias digitales.

El experto español más avezado en el tema de la televisión pública, ha explicado qué sería de ella si se atrincherase “en la televisión generalista y monocanal” y se alejara de “las necesidades fragmentadas de múltiples minorías que componen el público mayoritario”. El resultado sería que “la televisión pública se convertiría así en pocos años en un dinosaurio destinado indefectiblemente a perecer lentamente, no ya sólo por razones financieras, sino también por el decrecimiento de su capacidad vocacional de atender a los gustos y demandas múltiples de su público y, en consecuencia, de su propia legitimidad política y social” [14].

Así que para tener futuro los medios públicos debieran ser, valga la perogrullada, precisamente medios públicos. Tienen que darle un sentido actual y con nuevo reconocimiento social a ese término y a la función de los medios públicos. Si no lo consiguen avanzarán a una indefectible extinción. Para evitarla, para ser cabalmente públicos, necesitan respaldarse, pero también nutrirse, identificarse y sumergirse, en una sociedad que hoy en día les falta y en cuyo nombre producen, programan y transmiten pero la cual, con frecuencia, les tiene indiferencia o los coloca solamente en posiciones marginales. Ganarse a la sociedad, apuntalarse en ella para no depender exclusivamente del sostén estatal ni del patrocinio comercial, es la única opción de futuro para los medios públicos.

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[1] En uno de los mensajes promocionales para este Congreso la directora de Radio Educación, Lidia Camacho, decía en esa emisora que, en México, la calidad de públicos es, para estos medios, aún “aspiracional”.

[2] “Why public television?” . Declaración adoptada por los miembros del Public Broadcasting Service el 23 de febrero de 2004. En: http://www.current.org/pbpb/documents/ptvmission2004.html

[3] World Radio and Television Council, Public Broadcasting. Why? Who?. Quebec, 2000.

[4] Asociación por los Derechos Civiles y otras agrupaciones, Una radiodifusión pública para la democracia. Principios básicos sobre el funcionamiento de la radio y la televisión públicas. Buenos Aires, 2003.

[5] Alejandro Echevarría, presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas de España, “La posición de los operadores españoles de televisión” en el Primer Encuentro de las Televisiones. El modelo televisivo español en la Unión Europea. El Escorial, 2 de septiembre de 2003.

[6] James Ledbetter, “pox–populi”. Salon, revista electrónica, 10 de noviembre de 1997. Disponible en: http://www.salon.com/media/1997/11/10media.html

[7] Sergio Sarmiento, “Tele de élite”. Reforma, 27 de enero de 2004.

[8] Simeon Djankov, Caralee McLiesh, Tatiana Nenova y Andrei Shleifer, Who Owns the Media? Background paper for World Development Report 2002. The World Bank, Washington, 2001.

[9] Valerio Fuenzalida, “La TV Pública de América Latina”. Documento para la Reunión Técnica de la UNESCO en Santo Domingo, República Dominicana, agosto de 2004.

[10] Göran Bolin, “The value of being public service: the shifting of power relations un Swedish television production”. Media, Culture & Society, Volumen 26, Número 2. Londres, marzo de 2004, p. 282.

[11] Esos foros funcionan en el sitio http://www.bbc.co.uk/communicate/

[12] “La BBC permitirá descargar sus programas a través de Internet”: El Mundo, Madrid, Lunes, 29 de agosto de 2005.

[13] “Los medios estatales emitirán sus programas por Internet”. Nota en Infobae.com aparecida el 30 de julio de 2004. Disponible en:

http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=129182&IdxSeccion=100533

[14] Enrique Bustamante, Nuevas fronteras del servicio público y su función en el espacio público mundial”. En José Vidal Beneyto, La ventana global. Taurus, Madrid, 2002, p. 188.

 

Las sin permiso

La Crónica, 19 de enero de 2005

En México hay 1471 estaciones radiodifusoras que transmiten con autorización legal y aproximadamente un centenar que lo hacen sin consentimiento del gobierno federal. A esas emisoras que no han podido o no han querido recabar el permiso o la concesión oficiales, los líderes de los empresarios de la radiodifusión privada las llaman  “piratas”, el presidente Fox les ha dicho “clandestinas” y algunas de ellas se denominan a sí mismas como estaciones “libres” y, en otros casos, “comunitarias”.

   En todo el mundo el de las radiodifusoras que transmiten sin permiso es expresión a veces de búsquedas comunicacionales de carácter social y, en otras, de abusos de algunos particulares que simplemente infringen la ley. En nuestro país, se trata de un panorama con tantas complejidades que resulta excesivo –e injusto– agrupar a todas esas radiodifusoras en una misma clasificación.

   Entre tales estaciones, se encuentran las de carácter comunitario que han difundido sin autorización legal pero no por gusto sino debido a las tortuosidades impuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No existe un instructivo que indique cómo gestionar una autorización de esa índole. Incluso, hasta hace poco tiempo la SCT exigía una fianza de un millón de pesos a los grupos interesados en tener una radiodifusora.

   Recientemente ocho de esas estaciones obtuvieron su reconocimiento legal, después de varios años de insistencia y algunos kilos de documentación que debieron llevar a la SCT. Cinco de ellas forman parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que ha sostenido una ejemplar insistencia por la legalización de tales emisoras.

   La AMARC entregó hace varios meses al gobierno los expedientes completos de otras cinco emisoras cuya legalización sigue pendiente. Esa Asociación representa en México a 16 radiodifusoras comunitarias.

   Además de ellas, en todo el país hay una cantidad hasta ahora indeterminada de estaciones de carácter social. Algunas están gestionando su reconocimiento legal como Radio Huayacocotla que tiene una larga y acreditada trayectoria en Chicontepec, Veracruz. Otras son de muy reciente surgimiento como radio Ra Ñomndaa’ creada por el ayuntamiento de Xochixtlahuaca, Guerrero. Hace poco, también, el EZLN anunció que instalaría estaciones de radio en los municipios ubicados en su área de influencia.

   En todo el mundo las radios comunitarias son una forma de expresión y cohesión de la sociedad y su reconocimiento constituye una tendencia que se generaliza. El año pasado en Bolivia el gobierno expidió un Decreto para la Radio Comunitaria. En Brasil, en donde algunas fuentes hablan de un millar de radiodifusoras de ese corte, el presidente Lula creó un Grupo de Trabajo Interministerial para regularizar y promover esas estaciones. También en 2004 en Chile –en donde hay 180 estaciones comunitarias con autorización legal y de cobertura limitada– la AMARC propuso revisar el marco regulatorio de la radiodifusión para responder a las preocupaciones de los empresarios que se han quejado de la proliferación de estaciones sin permiso.

   La promoción de las radios comunitarias es una de las prioridades de la UNESCO, que desde hace años difunde el manual How to do community radio. Publicado en varios idiomas, hace un par de meses apareció la versión en árabe de ese documento.

   Por otra parte, con propósitos muy diferentes a los que animan a las comunitarias, se encuentran las radios con fines de lucro y que transmiten sin autorización legal. En México el gobierno nunca ha proporcionado una relación completa de esas estaciones. En marzo de 2004 la revista etcétera publicó datos de algunas de ellas. Cool FM en Chalco, por ejemplo, recibía publicidad no solo de firmas comerciales sino incluso del gobierno del Estado de México.  

   Confundir a las estaciones comunitarias que no tienen permiso legal porque el gobierno se los ha regateado con las emisoras comerciales que no tramitan autorización alguna para lucrar fuera de la ley, sería un despropósito. Sin embargo con frecuencia la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión se ha referido, sin distinciones, a unas y otras. No lo hace por ignorancia sino por mala fe. Para algunos empresarios de ese gremio la acometida contra las radios comunitarias se convirtió en causa y obsesión –especialmente cuando al frente de la CIRT estuvo Jorge Mendoza, vicepresidente de Televisión Azteca–.

   La distorsionada y esquemática visión que los radiodifusores han querido propagar acerca de las radios sin permiso convenció en mayo pasado al presidente Fox que en un congreso del sindicato de la radio y la televisión, en Culiacán, dijo que el gobierno cerraría un centenar de estaciones “clandestinas”.

   Ese término además de impreciso (porque resulta imposible difundir señales de radio sin que las autoridades puedan determinar en dónde se originan) pudo tener implicaciones persecutorias. Pero gracias a la insistencia de las radiodifusoras comunitarias más responsables el gobierno otorgó algunas autorizaciones. De esa manera se demostró que, entre las que han difundido sin permiso, hay emisoras con pleno derecho al reconocimiento legal.

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Pensar en la videoesfera

La Crónica, 27 de febrero de 2005

Mientras en México la discusión sobre la ley deseable y posible para la televisión y la radio es entorpecida por los empresarios de esa industria y sus voceros, en otros sitios del mundo se reconoce que los medios electrónicos tienen tal importancia que resulta indispensable que cuenten con reglas actuales y capaces de propiciar la pluralidad en las opciones de difusión y sus contenidos.

   En estos días los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en todo el país están recibiendo una carta de los dirigentes de ese organismo para alertarlos contra la posible reforma de la ley federal en esa materia. Se trata de un documento repleto de falsedades y que repite muchos de los prejuicios y distorsiones que los dirigentes de la CIRT y sus asesores han manifestado en diversos foros. Sin embargo los concesionarios de estaciones de radio y repetidoras de televisión que quieran estar realmente enterados, cuentan con otras opciones para conocer el proyecto de ley elaborado por varios senadores y la discusión que se desarrolla sobre ese documento.

 

El Informe español

   Esos empresarios y el resto de la sociedad mexicana, además, podrían ampliar sus horizontes si se asoman sin aprensiones a la discusión internacional sobre la radiodifusión y sus reglas. Recientemente, uno de los argumentos de los dirigentes de la CIRT para oponerse al anteproyecto de ley del Senado fue la especie de que un consejo como el que se propone para la televisión y la radio mexicanas resultaría atrasado en comparación con las actuales tendencias internacionales. Esos ignorantes –y desinformadores– líderes empresariales podrían revisar el “Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado” que esta semana presentó en España el Consejo integrado por cinco destacados académicos y periodistas y que fue creado por el gobierno para definir qué hacer con la televisión estatal en ese país.

   Designado el 23 de abril de 2004, ese Consejo ha estado presidido por el filósofo Emilio Lledó. El resto de sus integrantes son Enrique Bustamante, profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y autor de varios libros fundamentales sobre industrias mediáticas y culturales; la profesora de filosofía, especialmente preocupada por temas de ética y ex senadora europea Victoria Camps; el periodista y profesor Fernando González Urbaneja, colaborador de la cadena radiofónica Onda Cero y presidente de la Asociación de Periodistas de Madrid y el también filósofo Fernando Savater, uno de los pensadores más perspicaces y más leídos en lengua española.

 

El trato con la pantalla

   El Informe está precedido de una fructuosa reflexión de Lledó sobre la importancia de que existan reglas y equilibrios en la televisión. Ese medio, dice, nos resulta hoy tan habitual que casi no reparamos en su influencia. “es tal la familiaridad con la que nos hemos instalado en los hábitos que condicionan nuestro trato cotidiano con la inmensa pantalla, que el olvido y la ausencia de reflexión sobre este hecho, limita y condiciona, en buena parte, nuestras ideas y opiniones. Tal limitación y condicionamiento hace que dejemos de tener en cuenta lo reciente y novedoso de este cambio, en el horizonte de nuestra mirada, y perdamos de vista la mutación fenomenal que, desde tan corto tiempo, se ha producido en la manera de oír, de ver y, en definitiva, de experimentar el mundo que vivimos”.

   Supeditada exclusivamente a las reglas del mercado, la televisión no cumple los propósitos de servicio público que debiera tener en las sociedades contemporáneas. El presidente de la mencionada Comisión señala: “El mundo de las imágenes, o lo que se suele llamar videoesfera, puede haber caído en este territorio y verse sometido, igualmente, a los principios que rigen la doctrina de la ‘mayor ganancia’ económica, sin apenas tener en cuenta el delicado material que constituye ese mundo. Un material que, con independencia de la maravillosa maquinaria tecnológica que lo sustenta, y que podría constituir un bien social maneja, como decíamos, ideologías, opiniones, prejuicios, ignorancias, que levantan, de ese mundo entrevisto en la pasiva e inerme experiencia de la mirada, un universo de ‘visiones’ que pueden confundir nuestros deseos y nuestra forma de interpretar la realidad. Este, por otra parte, sorprendente y, en muchos casos, estimulante fenómeno, da lugar a una de las grandes transformaciones de nuestro tiempo y, precisamente por ello, no debe ser ajeno a quienes tienen el deber de administrar, honrada y equitativamente, la política”.

  

Pragmático poder mediático

   El gobierno y quienes lo ejercen, considera el doctor Lledó, incurrirían en un comportamiento irresponsable si se desentendieran del papel de la televisión y cedieran al poder mediático: “Es lógico, pues, que una administración política que sea consciente de la importancia que adquiere, para el desarrollo y el bien social, el cultivo de la sensibilidad y la inteligencia de las personas, tenga que plantearse en qué manos pueda caer la forja de una ciudadanía que debe sustentarse en los principios elementales de la democracia. Se olvida, a veces, este carácter ‘pedagógico’ de los medios de comunicación, y la responsabilidad que, en ellos, tiene la administración política. Hay, pues, que estimular y facilitar la práctica de aquellos principios, repetidos hasta la saciedad, que como la veracidad, la objetividad, la imparcialidad, por ejemplo, parecen ser ideales irrenunciables de la sociedad, por mucho que la doctrina del ‘realismo’, de la pragmacia, instalada en ciertos torreones del poder mediático y en otros poderes, pretendan imponer hábitos mentales y de comportamiento que, en ningún momento, responden a un proyecto democrático”.

 

Nueva televisión pública

   El Informe, avalado plenamente por cuatro de los cinco miembros de la Comisión, propone reestructuraciones administrativas y la designación de autoridades con autonomía gerencial y editorial respecto del gobierno para la empresa Radio Televisión Española –RTVE– y la agencia de noticias EFE. El apartado sobre los fines de la televisión pública resulta especialmente sustancioso.

   Además se sugiere la cancelación de la deuda de RTVE y, en lo sucesivo, su financiamiento con recursos públicos, venta de publicidad que se reduciría de manera gradual y venta de productos. Habría una política de transparencia y el desempeño de la televisión y la radio públicas estaría orientado por un Consejo de Administración de ocho integrantes, de los cuales cuatro serían electos por el Congreso de los Diputados y el Senado, dos por los sindicatos de esa empresa y otros dos por el Consejo del Audiovisual, un nuevo organismo que regularía a la televisión y la radio españolas.

   Uno de los miembros del Consejo que elaboró el Informe, Fernando González Urbaneja, no compartió algunas de las propuestas, especialmente acerca del financiamiento y la designación de autoridades para RTVE. Por eso emitió un voto particular. Pero sí respalda una de las sugerencias centrales del documento que es la creación del organismo regulador de los medios electrónicos –tanto públicos como aquellos que son exclusivamente comerciales–.

 

Consejo de lo Audiovisual

   Aunque el mandato que recibieron por Decreto Real no incluía el diseño de un mecanismo de regulación para los medios no públicos, los miembros del Consejo estimaron que si no atendían esa carencia la reforma que proponían sería insuficiente.

   El “Consejo Audiovisual” propuesto para la radiodifusión española tiene muchas similitudes con el que sugiere el proyecto de ley que actualmente discute el Senado en nuestro país. Los impugnadores del Consejo planteado para la radiodifusión en México, que han sostenido que un organismo de esa índole es contrario a los mecanismos de regulación de la televisión y la radio en el mundo y aconsejan supeditar esos medios a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que depende del gobierno federal, quizá refrenarían sus tremendistas enfoques si leyeran consideraciones como las siguientes.

   “En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión en su Comunicación de 1999 sobre los principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital, en el apartado referido a los organismos reguladores, señalaba: ‘los organismos reguladores no deben depender del Gobierno ni de los operadores’.

   “Y en las Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros (punto 10), relativas a esta comunicación, se subrayaba que ‘la regulación de los contenidos dirigida hacia objetivos de interés general tales como la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad cultural o la protección de los consumidores, debería basarse en principios fundamentales tales como (…) la independencia de las autoridades reguladoras…’

   “En el ámbito de del Consejo de Europa, en su Recomendación (2000) adoptada por el Comité de Ministros el 20 de diciembre de 2000, se insta a los Gobiernos de los Estados miembros a: ‘Instaurar, si no lo han hecho ya, autoridades independientes de regulación del sector de la radiodifusión’”.

   Los comisionados para diseñar la reforma de los medios públicos en España recuerdan que “actualmente, en prácticamente todos los Estados de la Unión Europea, existe algún tipo de Consejo independiente para regular el sector audiovisual. Y el fenómeno trasciende incluso a la UE, ya que la EPRA, asociación que reúne a los reguladores independientes europeos, cuenta con 48 miembros que representan a 37 Estados”.

 

Organismo independiente

   El documento de 229 páginas entregado al gobierno español y a partir del cual tendrá que emprenderse una reforma legal acompañada de profundos cambios administrativos, deplora que ese país sea el único de la Unión Europea que todavía no tiene un Consejo Audiovisual de ámbito estatal.

   “El principal argumento a favor de la constitución de un órgano regulador, desvinculado jerárquicamente de la Administración del Estado, apunta a la necesidad de independizar de las coyunturas políticas el control y la aplicación de una regulación en la que entran en conflicto derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y de información y la defensa de la dignidad humana y la protección a la infancia”, señalan los especialistas designados para estudiar los regímenes de radiodifusión contemporáneos.

   Con una argumentación diametralmente distinta a la que han esgrimido quienes se oponen en México a la creación de un organismo colegiado e independiente para la regulación de la televisión y la radio, los intelectuales y académicos españoles explican:

   “Las dificultades para actuar sobre un sector extremadamente sensible, en el que las intervenciones del Estado suscitan inmediatamente el recuerdo y la sospecha de censura o manipulación política, y el plus de flexibilidad que se le permite a un órgano independiente, son así los argumentos más frecuentes para justificar la creación del mismo.

   “A ello debe añadirse una razón, manejada frecuentemente por la Comisión Europea, que señala como riesgo para la libre competencia que el Estado sea a la vez competidor – como titular de los servicios públicos de televisión – y regulador de su propia competencia.

   “Finalmente, no cabe olvidar que el traspaso de las competencias del Estado sobre los contenidos de la televisión a un órgano independiente, se inscribiría dentro de las tendencias más recientes del Derecho Administrativo, que buscan ‘despolitizar’ la defensa del interés público en ciertos sectores más sensibles, mediante la creación de órganos independientes o el reforzamiento de la independencia de los existentes”.

 

Competencia y tecnología

   Igual que en la mayor parte de las experiencias de regulación internacionales más recientes, en España no se ha considerado la creación de un solo organismo para todas las telecomunicaciones. Tampoco se teme que la existencia de un consejo destinado a la televisión y la radio sea obstáculo para el desarrollo tecnológico. En el Informe del Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado, el término “convergencia” –que en nuestro país algunos asesores de los radiodifusores, con desconocimiento de sus auténticos alcances, han esgrimido como palabra mágica para oponerse a la legislación– solamente se emplea una vez, para enfatizar la importancia que alcanzaría el portal de RTVE en Internet.

   En cambio, el documento señala: “Ni los cambios tecnológicos ni la internacionalización mediática debilitan la necesidad de unos medios gestionados públicamente”.

   Al contrario, el desarrollo tecnológico tendría mayores alicientes en una situación de competencia entre los medios y no con el mercado estrangulado que hoy en México le imponen a la televisión la hegemonía y el patrimonialismo de Televisa y Televisión Azteca.

   En España, como en otros sitios del mundo, hay empresas privadas que quisieran que no hubiera reglas precisas para ese campo y que solamente el albedrío de los radiodifusores determinara el cumplimiento, o no, de sus responsabilidades sociales.

   El documento que hemos mencionado explica con toda claridad por qué la autorregulación, si bien útil, no es suficiente: “La función básica de todos los Consejos audiovisuales, más allá de las singularidades de cada uno de ellos, es la de velar por la garantía y protección de los derechos fundamentales. En ese sentido, constituyen una especie de defensor último del telespectador. Dicho cometido han de llevarlo a cabo tanto al procurar que la legislación audiovisual se aplique correctamente, como impulsando la autorregulación a fin de que ésta se base en una efectiva toma de conciencia de las obligaciones y responsabilidades de quienes gestionan y operan en los medios de comunicación. Es decir, para que la autorregulación sea operativa y tenga la máxima eficacia, ha de contar con el impulso y el control o la supervisión de un organismo que sea política y mediáticamente independiente”.

 

Reforma pendiente

   El documento para reformar la televisión pública española no abunda en peculiaridades del Consejo que propone para las industrias audiovisuales. Pero considera que la designación de sus integrantes debería ser con dos tercios de los votos en el Congreso de los Diputados.

   También se considera que los consejeros han de reunir “un perfil adecuado al desempeño de sus funciones en el Consejo, demostrado ante comparecencia en el Parlamento. Y que se sometan a un régimen de incompatibilidades estricto que garantice su independencia de intereses económicos en el sector”. También en esos requisitos el nuevo modelo propuesto para la radiodifusión española se asemeja a la propuesta que hoy en día –y nadie sabe hasta cuándo– se mantiene en el Senado mexicano.

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