Populismo mediático /Berlusconi y el poder de la televisión

Zócalo, noviembre de 2009

Sin la televisión, posiblemente Silvio Berlusconi seguiría siendo un ignoto empresario de la construcción. Pero desde que se interesó en ese medio, primero como negocio y más tarde como plataforma política, mantuvo una carrera hasta ahora exitosa, plagada de cinismos y engaños a pesar de los cuales se ha mantenido en la cima del poder en Italia.

Berlusconi no se explica sin la televisión. Pero hay que tener precaución antes de asegurar que todo su éxito se lo debe al acaparamiento de recursos audiovisuales que ha logrado.

Primero, como empresario, Berlusconi controla desde 1984 la televisión privada en ese país. Diez años más tarde, como primer ministro, tuvo bajo su mando además a la televisión pública italiana. Así, el equilibrio o la diversidad que pudiera haber entre la televisión comercial y la gubernamental, quedó difuminado bajo ese control único.

Berlusconi es propietario del consorcio Fininvest, que a su vez tiene el control de más de la tercera parte del grupo Mediaset, que maneja tres cadenas privadas de televisión analógica y otras tres en plataforma digital. Fininvest, además, incluye al diario Il Giornale, influye con una significativa participación accionaria en el grupo Mondadori que edita revistas y libros, y a través de sociedades que se derivan de esos consorcios participa en la producción de películas y en televisoras de otros países europeos. Es propietario de dos bancos y del equipo de futbol Milán.

Exitoso en los negocios, altanero y exigente delante de los candidatos tradicionales, gracias a la televisión, Berlusconi pudo mostrarse a sí mismo como una opción renovadora en las elecciones de 1994. Fue prototipo y en buena medida pionero de la antipolítica contemporánea. En ese modelo se inspiraron personajes de intenso perfil mediático aunque también sean de escaso bagaje conceptual que se han apoyado en la televisión para destacar, con desiguales resultados, en muchos otros procesos electorales en todo el mundo: desde José María Aznar en España y George W. Bush en Estados Unidos, hasta Alberto Fujimori en Perú y, más recientemente, Sebastián Piñera en Chile. También hay ejemplos de ese corte entre políticos o considerados de izquierda.

El éxito o el fracaso de cada uno de esos personajes solamente podrían explicarse en el contexto de los países que han aspirado a gobernar. En la Italia de hace tres lustros, Berlusconi llegó al poder en medio de una drástica crisis de la política institucional. Los escándalos financieros que involucraron a los partidos tradicionales en esa nación y que desembocaron en la investigación de casos de corrupción política denominada “manos limpias”, dejaron en los italianos una sensación de hartazgo y disgusto con la política convencional. Ninguno de los partidos ya existentes supo convencer a los ciudadanos de que no todos los políticos son iguales.

La desafección respecto de la política, como se le ha denominado en Sudamérica a esa combinación de alejamiento, enfado y desesperanza, fue astutamente aprovechada por Berlusconi para alcanzar el control del gobierno italiano. La televisión le permitió propagar una imagen de mando firme que se sobreponía a las denuncias por tráfico de influencias y comportamientos autoritarios que se le hicieron desde entonces. Aquella gestión terminó al año siguiente cuando se quebró la coalición conservadora que lo apoyaba, pero Berlusconi había aprendido la fórmula para llegar al poder.

Telegenia desplaza a la ideología

El segundo triunfo electoral de Berlusconi, en mayo de 2001, estuvo precedido por una todavía más intensa presencia suya en la televisión de la que es propietario. Aunque estuvo apoyado por una alianza de grupos y partidos fundamentalmente orientados hacia la derecha, sus asesores le moldearon una imagen por encima de etiquetas ideológicas. La simpatía fincada en diálogos que le preparaban escritores de comedias, el semblante encendido por el maquillaje y sus desplantes toscos que eran festejados por risas y aplausos previamente grabados, establecieron un estilo que ya era conocido en países como Estados Unidos en donde la mercadotecnia política había echado raíces medio siglo atrás.

El investigador Waddick Doyle, que se ha especializado en el estudio de la política italiana en la Universidad Americana de París, escribió más tarde acerca de aquella campaña de Berlusconi: “Su victoria en las elecciones de 2001 representa no solo un giro fundamental en las fidelidades (del electorado) sino posiblemente la defunción de la clase política italiana tal como la hemos conocido, una clase fundada en el liderazgo intelectual de los partidos sustentados en valores ideológicos (cristianos, marxistas, fascistas y liberales) para ser sustituida por una nueva concepción de liderazgo sustentado en el carisma”.

No se trata de una personalidad intensa, que de suyo resulte atractiva frente a grandes multitudes como las que se entusiasmaban con Perón en Argentina, o Mussolini en Italia. El carisma de Berlusconi es telegénico. Su escenario es el estudio de televisión. Las masas populares a las que se dirige, las encuentra detrás de la pantalla. De acuerdo con Doyle, esos rasgos de Berlusconi “permiten reconsiderar algunas de las distinciones entre texto y contexto, ficción y noticias en la comunicación política. Ficción, particularmente la ficción serial, produce audiencias y esas audiencias pueden ser movilizadas políticamente. La seducción narrativa y la seducción política quedan claramente vinculadas por la construcción del carisma, por la capacidad para producir historias verosímiles y personajes fuertes. Así, las fronteras entre la ficción y la realidad se estrechan cuando consideramos que la política se vuelve, crecientemente, la representación de una ficción”.

Tamizada por la televisión, la impresión que los ciudadanos tienen de la realidad llega a depender intensamente de los argumentos e incluso de los lenguajes audiovisuales. Los medios de comunicación nunca se bastan a sí mismos para condicionar mecánicamente las opiniones políticas ni los comportamientos electorales de los ciudadanos. Pero mientras más homogénea sea la información que reciben, los televidentes tienen menos oportunidad de conocer la diversidad y los contrastes auténticos de la vida pública.

En las sociedades contemporáneas, el ejercicio de la democracia suele ser directamente proporcional a la pluralidad en los medios de comunicación. Cuando en un país predomina una sola versión de los asuntos públicos, los ciudadanos carecen de información suficiente para tomar decisiones  distinguiendo entre varias opciones. En cambio, el acceso a los medios de todas las opiniones o al menos de las más representativas de la diversidad política, permite un ejercicio enterado y, entonces, cabalmente democrático.

Escándalos de telenovela

En Italia, más del 60% de los ciudadanos depende exclusivamente de la televisión como fuente de información política. Los tres canales propiedad de Berlusconi concentran la mitad de la audiencia de la televisión. La otra mitad atiende a la Radiotelevisión Italiana, la entidad gubernamental que también tiene tres canales en televisión analógica y que obedecen de manera fundamental, aunque no exclusivamente, a los intereses del primer ministro.

Ese manejo de recursos comunicacionales le ha permitido a Berlusconi paliar sucesivas cuan escandalosas tormentas políticas. Las más recientes han develado el tráfico de intereses, el abuso en el empleo personal de recursos públicos e incluso la altanería personal y la prepotencia sexista de ese personaje. En muchos otros países, cualquiera de esas denuncias habría bastado para que el presidente o el primer ministro dimitieran. En Italia, si bien debilitan la imagen de Berlusconi, siguen siendo incidentes de telenovela.

Burdo y zafio, lo mismo para referirse a su propia esposa que para comentar sus más recientes reuniones con mandatarios extranjeros como el presidente Barack Obama, Berlusconi se ufana de excesos políticos, retóricos, personales, privados incluso. Uno puede preguntarse cómo es que el país de Dante y Boccaccio, de Visconti y Passolini, de Moravia y Sciascia, se ha dejado convencer por un charlatán con televisión. Los propios italianos se enfrascan en masoquistas coloquios en busca del eslabón que extraviaron en su brillante proceso civilizatorio. La revista MicroMega, que dirige el filósofo Paolo Flores D’Arcais, dedica cada una de sus ediciones bimestrales a difundir autocríticos ensayos siempre filosos con Berlusconi pero, además, azorados con las definiciones que siguen imperando en la sociedad italiana.

Algunos de los autores que colaboran en publicaciones como esa, señalan que durante varios años los partidos derrotados por Berlusconi se han dedicado a quejarse de que, si les gana, es por el manejo que hace de la televisión. Y la influencia de ese medio es fundamental, pero no sería tan avasalladora si hubiera opciones políticas capaces de ofrecer un proyecto que interesara e involucrara a los italianos.

Berlusconi le debe su permanencia en el gobierno al uso y al abuso facciosos que hace de la legalidad, al manejo e incluso la corrupción de algunos jueces, al silencio a veces cómplice y en otras ocasiones impotente de la jerarquía de la iglesia católica, a los intereses de magnates y empresas que se han beneficiado de la adjudicación de contratos y licencias de toda índole, a la debilidad y la dispersión de los partidos políticos que no han llegado a ser una auténtica oposición y, desde luego, al monopolio televisivo.

A comienzos de 2009, Flores D’Arcais y el novelista Andrea Camilleri –autor de la espléndida saga policiaca que protagoniza el detective Salvo Montalbano­­­­­­— publicaron un llamamiento en donde deploraban que el núcleo más significativo de la oposición, el Partido Democrático que tiene sus orígenes en el legendario Partido Comunista Italiano y en el ala de izquierdas de la Democracia Cristiana, “parece preocupado sólo por ‘no demonizar a Berlusconi’, poder dialogar con él, intervenir en la elaboración de leyes ‘de consenso’ junto a Berlusconi. No es casualidad que se haya definido como una oposición discordantemente concorde”.

Todo ello sucede, según deploran ambos escritores, “mientras Berlusconi destroza la Constitución republicana nacida de la resistencia antifascista –una de las Constituciones democráticas más avanzadas del mundo–, destruye la autonomía judicial, refuerza su monopolio personal a la búlgara sobre la televisión (y se hace cada vez más fuerte en la prensa escrita), proyecta drásticas restricciones del derecho de huelga y otros derechos sindicales, fomenta la oleada de sentimientos racistas en el país y somete todas las leyes relacionadas con los derechos civiles a la voluntad oscurantista de la Iglesia de Ratzinger”.

Metáfora de los italianos

Esa constelación de circunstancias, que empeoró en la medida en que Berlusconi consolidaba sus redes de poder y connivencias, constituyen las condiciones objetivas que, como recordaban los recetarios marxistas, son el sustento material para los cambios sociales o la ausencia de ellos. Las condiciones subjetivas, soliviantadas también por la televisión, tienen raíces complejas entre las que se encuentra una posible proclividad autoritaria de los italianos que el escritor Michael Wolff describía así en un reciente reportaje: “Y allí está el asunto del carácter italiano. Los italianos persiguen, el lugar de resistirlos, sus propios estereotipos. Berlusconi es su metáfora. Si entiendes a Berlusconi, te entiendes a ti mismo. El empleado de un periódico de Berlusconi –un destino cuyas ironías parecen hechas para la gran comedia y la amargura– explica, ‘los italianos necesitan a alguien como él porque él es precisamente como ellos. Todo mundo tiene una amante. Todos hacen trampa con los impuestos. Todos hacen algo ilegal porque es imposible vivir legalmente. Además, nos encantan los autoritarios. Necesitamos un hombre fuerte. Si no Mussolini, bueno, entonces alguien como Mussolini”.

Se trata, como allí se indica, de estereotipos. Pero allí se encuentra el eje de las capacidades televisivas que con tan reconocibles resultados explotan Berlusconi y sus mercadólogos. La que difunden de ese personaje, es una imagen intencional pero además espontáneamente estereotipada. A Berlusconi no lo inventó una agencia publicitaria. Lo que hace la televisión es propagar, resaltando sus rasgos más burdos y de esa manera reforzando el estereotipo, el perfil ramplón y pendenciero que parece parte de una interminable serie de ficción en las pantallas de Italia.

El efecto Berlusconi no termina allí. Una vez que su presencia se afianzó en la sociedad italiana con el imprescindible concurso de la televisión, Berlusconi ha desarrollado una política que prescinde de las instituciones.

En el ejercicio del gobierno, cuentan más él y su omnipresencia televisiva que los poderes constitutivos del Estado. Umberto Eco lo advirtió con didáctica lucidez: “Ésta es la forma del régimen de populismo mediático que Berlusconi está instaurando, un régimen donde entre el jefe y el pueblo se establece una relación directa, a través de los medios de masas, con la consiguiente desautorización del Parlamento (donde el jefe no necesita ir a buscar un consenso porque lo tiene asegurado, por lo cual el Parlamento tiende a convertirse en el notario que registra los acuerdos tomados entre Berlusconi y el presentador del programa, Bruno Vespa)”. [Amigo personal de Berlusconi, Vespa es conductor del programa político más relevante en la Cadena Uno de la RAI].

El populismo mediático desecha los cauces institucionales para hacer de la televisión ágora y parlamento, vocero y caja de resonancia en la relación del gobernante con la sociedad. Trabado con la pantalla, el telespectador se conecta con la realidad política a través de los mensajes audiovisuales. Si la fuente de tales contenidos es una sola, o si su pluralidad resulta escasa, la información política que los ciudadanos reciban será elemental y unilateral.

La televisión suele formar ciudadanos de baja intensidad. Pero cuando se encuentra en pocas manos, o solamente en un par de ellas como sucede con varios canales italianos, la televisión en vez de ciudadanos tiende a propiciar súbditos. Que eso son, aunque se trate de una república parlamentaria, aquellos que se conforman con información de fuentes tan parciales como las que dominan en el escenario mediático berlusconiano.

Peña Nieto y el canal de las estrellas

¿Y en nuestro país? ¿Es posible un Berlusconi mexicano llegue al poder gracias a la televisión y en un entorno de contrariedad ciudadana e ineficacia de los partidos convencionales? Por lo pronto no parece haber condiciones como las de Italia: a pesar de tantas y tan evidentes ineficiencias, los partidos nacionales mantienen el consenso de los ciudadanos. La gente sigue votando por ellos. Las corporaciones mediáticas sí que están ávidas por hacer política, pero no al margen de los partidos actuales.

Enrique Peña Nieto, como Berlusconi, no tendría presencia pública alguna de no ser por la televisión. Pero a diferencia del empresario italiano, el gobernador mexiquense es un político de carrera y por ello está imposibilitado para desplegar un discurso antipolítico.

Igual que Berlusconi, Peña Nieto es un hombre más de parlamentos preestablecidos en un guión que de improvisaciones que pudieran lesionar su imagen. Pero a diferencia del primer ministro, el político priista no es prototipo de ningún estereotipo social en México. La de Berlusconi es una personalidad de ruptura, de estridencia suficiente para discordar con la monotonía de la política tradicional. Peña Nieto tiene imagen de muchacho bien portado y su mayor audacia ha sido cortejar a la actriz que Televisa le puso a modo.

Para tener una imagen de mayor intensidad, los asesores de Peña Nieto tendrían que apostar por algunos usos del populismo mediático. Las primeras resistencias las encontraría en el ortodoxo PRI y, más tarde, en las encuestas que posiblemente registrarían opiniones adversas a un comportamiento políticamente desparpajado del gobernador.

Aún así, en el romo panorama político que padecemos, Peña Nieto y su cotidiana militancia en el canal de las estrellas van delante de otros personajes y perfiles. Estar en televisión no basta para convencer. Las capacidades de Peña Nieto, si las tiene, se apreciarán solamente en contraste con problemas específicos y sobre todo en el debate con otros aspirantes presidenciales.

Aunque con una carrera propia y con aliados políticos más allá de los medios, Peña Nieto es, en su imagen pública, hechura de la televisión. Él se debe a ese medio, que tantos y tan ostensibles favores le hace. En Italia, en cambio, la televisión se debe a Berlusconi.

En Italia, el primer ministro maneja a la televisión. En México, de ganar en 2012, la televisión aspiraría a manejar a Peña Nieto.

Referencias

- Andrea Camilleri y Paolo Flores D’Arcais, “Italia necesita una oposición a Berlusconi”. El País, Madrid, 15 de febrero de 2009.

- Waddick Doyle, Seducing the Republic: Berlusconi, narrative seduction, commercial television and political power. Ponencia presentada en la reunión anual de la International Communication Association. San Diego, California, mayo de 2003.

- Umberto Eco, “Sobre el régimen de populismo mediático”. El Mundo, Madrid, 22 de abril de 2005

- Michael Wolff, “All Broads Lead to Rome”, Vanity Fair, septiembre 2009.

Contrarreforma en varias pistas

Zócalo, julio de 2009

Propositivos y participativos, o grises y adocenados, los diputados que conformarán la próxima legislatura no tardarán mucho tiempo en demostrar si están al servicio de la sociedad o de los grupos de interés corporativos. El de los medios de comunicación será uno de esos temas definitorios.

Después de unas elecciones acotadas por el desencanto y la desconfianza, los nuevos legisladores enfrentarán un escrutinio y una exigencia sociales que sus predecesores no experimentaron, al menos de manera tan enfática. Más allá de la concurrencia a las urnas y de la preferencia de los ciudadanos en torno a diversas opciones para votar, los comicios del 5 de julio habrán estado circunscritos por un clima de suspicacia al que no fueron ajenos el interés corporativo de los medios de comunicación más importantes pero, también, el reclamo de muchos votantes por una vida pública más abierta y sobre todo con decisiones legislativas menos arbitrarias.

El reproche social, que en otras latitudes ha sido calificado con elegancia y prudencia como desafección de los ciudadanos respecto de la política, se convirtió en el tema de discusión más importante antes de los comicios de julio. Por primera vez en la historia política mexicana el interés de ciudadanos y medios respecto de los comicios no se concentró en los candidatos y sus plataformas, ni en las expectativas en torno a la organización electoral, sino en la pobreza de las opciones partidarias y las iniciativas –contradictorias, pero con la frescura que tienen los temas emergentes– para anular el voto.

Las perspectivas de ese movimiento estarán limitadas por su ausencia de estructura orgánica y por el discurso antipolítico que desplegaron algunos de sus promotores. Pero seguramente alcanzará efectos en el interés que distintos sectores de ciudadanos mantengan sobre la actividad de la clase política, especialmente respecto de los diputados que hayan surgido de esa elección.

Después del 5 de julio

El interés ciudadano por las actividades públicas y especialmente por las tareas legislativas estará acotado por dos circunstancias que son, a su vez, paradójicas y contrapuestas. El discurso contra la política se diluirá en nuevas expresiones de irritación y desesperanza en muchos de quienes no se inquietarán por estos asuntos sino hasta las próximas elecciones federales, dentro de tres años. Pero en algunos sectores de la ciudadanía crítica que se ha desarrollado en los años y meses recientes, la antipolítica no tendrá más vía de distensión que una nueva atención, más enterada y quizá menos efímera, en los asuntos públicos.

De manera simultánea serán evidentes los móviles de quienes, desde los medios de comunicación más influyentes, alentaron el alegato de la antipolítica para llevarlo, en algunos casos, a las convocatorias por la anulación del sufragio. Muchos comunicadores, igual que numerosos ciudadanos, estuvieron convencidos de buena fe en esa opción electoral. Pero también parece evidente que la desacreditación de los partidos políticos les conviene a los consorcios mediáticos que no han ocultado la prisa que tienen para que el Congreso revierta las reformas en materia de propaganda política que fueron aprobadas hace dos años.

Los partidos se han ganado, día tras día, una rencilla tras otra, la mala fama que hoy tienen en la sociedad mexicana. De allí se deriva un contexto de exigencia que puede ser saludable para la democracia y, en todo caso, para la rendición de cuentas a la que están obligados gobernantes, legisladores y líderes políticos. La discusión que antecedió a las elecciones de julio podría desencadenar una nueva atención ciudadana a temas como la reforma jurídica para los medios, que solamente la indolencia de los legisladores y la capacidad de amago de los grupos de presión han mantenido estancada.

En esa situación los nuevos diputados, así como los senadores que llegan a la segunda mitad de su encomienda sexenal, tendrán que elegir entre apoyarse en la sociedad o en los grupos de interés corporativos. Aunque haya bastado para asignar las 500 curules y conformar los grupos parlamentarios, la votación del 5 de julio habrá tenido insuficiencias que solamente pueden remediarse con una intensa actividad política en y delante de la sociedad. Es difícil, aunque también posible, que los legisladores sean reacios a reconocer ese reclamo de los ciudadanos.

Amago y persuasión

La revisión de las reglas para la propaganda electoral será el primer tema de definición, y en un primer trecho el más importante, en la actitud del Congreso acerca de los medios y su legislación. Las corporaciones de televisión y radio, que dejaron de recibir varios miles de millones de pesos en cada temporada electoral con la suspensión en la compra de spots, insistirán en una rápida e inopinada derogación de tales reglas.

No será tan fácil, porque para ello se requeriría de una nueva reforma constitucional ya que las pautas de la reforma de 2007, incluso con inusual detalle tratándose de ese ordenamiento, fueron establecidas en el artículo 41 de la Constitución.

Solamente con una amplia operación de amago y persuasión, las televisoras podrían alcanzar la mayoría necesaria para una reforma de esa índole. Ante esa dificultad que solo podría resolverse con el respaldo de los tres partidos de presencia nacional, desde hace varios meses tales corporaciones emprendieron tareas de cabildeo y propaganda para desvirtuar y en algunos casos anular las disposiciones constitucionales sobre medios y elecciones, particularmente la prohibición a la compra de propaganda política.

Las corporaciones mediáticas han buscado la revocación en los hechos de tales disposiciones, a través de sentencias judiciales de alcance tanto local como federal. Simultáneamente han promovido el quebrantamiento de la prohibición constitucional a veces de manera pública y, en otras, con culposa discreción.

1. Amparos judiciales. Desde 2008, con el pretexto de reivindicar la libertad de expresión que decían amenazada por la prohibición a la compra de spots en medios electrónicos, las empresas de radiodifusión promovieron, ante jueces de todo el país, amparos contra esa taxativa que establece el artículo 41 Constitucional.

Apoyadas por grupos empresariales como la Coparmex y por los escritores que también se dijeron defensores de la libertad de expresión (aunque más tarde algunos de ellos explicaron que no les interesaba tanto el tema de los medios sino la posibilidad de que los ciudadanos impugnaran la Constitución por vías judiciales) las televisoras presentaron docenas de solicitudes de amparo.

Tales solicitudes no habrían tenido efecto alguno de no ser por una inesperada decisión de la Suprema Corte de Justicia que, en septiembre de 2008, consideró que los juzgados ordinarios podrían recibir y resolver peticiones de amparo contra reformas constitucionales. De esa manera la Corte abrió un enorme flanco de debilidad jurídica de la que algunos ministros ya se han arrepentido.

El amparo que a comienzos de mayo de 2009 otorgó la jueza Florida López Hernández a la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos fue el primer eslabón de una cadena que las televisoras esperaban más nutrida. Alegando irregularidades nimias como la notificación de la hora en la cual los senadores votaron aquella reforma constitucional en septiembre de 2007, esa jueza de Cholula, en Puebla, confirió a la agrupación patronal de Morelos un extraño pero inservible privilegio. Durante el reciente proceso electoral, ese grupo empresarial era la única entidad de todo el país que estaba autorizada a comprar propaganda política en televisión o radio. Pero no lo podía hacer, al menos de manera legal, porque la Constitución y el Código Electoral prohíben vender espacios de esa índole.

2. Decisiones de las autoridades electorales. Más grave aún fue la resolución que, el 8 de mayo, asumió el Tribunal Federal Electoral para revocar la prohibición que el Consejo General del IFE le había impuesto al Partido Verde acerca de los spots en donde algunos de sus diputados, con el pretexto de informar acerca de su actividad legislativa, hacían propaganda electoral.

El IFE había considerado que esos anuncios del PVEM eran de proselitismo electoral. Sin embargo el Tribunal resolvió que se trataba, simplemente, de anuncios con los cuales los diputados del Verde cumplían con su deber de rendir cuentas ante los ciudadanos.

Al hacer suyos los argumentos de los diputados del PVEM, el Tribunal Federal Electoral abrió un boquete severo y quizá irreparable a la reforma electoral de 2007. A partir de esa resolución, cualquier partido podría hacer campaña al margen de las disposiciones electorales tan solo con disfrazarla de mensajes de sus legisladores.

Esa decisión se sumó a otras sentencias, también notoriamente generosas con el interés de las televisoras, que habían aprobado los magistrados electorales. Durante el tortuoso y judicialmente exuberante proceso electoral que tuvimos el primer semestre de 2009, abundaron las acusaciones contra el desempeño de Televisa y Televisión Azteca. En algunas ocasiones el TRIFE enmendó sentencias del Instituto Federal Electoral para disminuir y en algún caso para precisar multas a esas empresas. En otras ocasiones, el Tribunal intervino en esos temas debido a la lenidad de los consejeros del IFE respecto de las televisoras.

Sin criterios claros ni firmes, en la actitud de esas autoridades electorales –tanto el IFE como el TRIFE– predominó a veces el pasmo y en otras ocasiones la complacencia con el interés de Televisa y Azteca. Algunas versiones sugieren que el gobierno federal participó del cabildeo ante el TRIFE para propiciar sentencias como la que absolvió al Partido Verde por hacer propaganda electoral disfrazada de información legislativa. De ser así, se confirmaría la sumisión que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha decidido mantener respecto de las televisoras privadas. Esa subordinación forma parte del contexto en el cual los nuevos diputados deberán cumplir, o no, la responsabilidad que tienen con la reforma legal para los medios de comunicación.

3. Transgresiones públicas a la legislación electoral. El sábado 23 de mayo la narración del partido de futbol entre los Pumas de la UNAM y el Puebla en el canal 2 de Televisa, fue interrumpida por una inesperada entrevista con Demetrio Sodi, candidato del PAN a delegado en Miguel Hidalgo.

Mientras el juego transcurría, durante alrededor de dos minutos un recuadro en la parte inferior de la pantalla mostraba a ese candidato hablando de sus de sus promesas en caso de ser electo.

Sodi aseguró que no había sido un espacio pagado sino resultado de la buena relación que tiene con sus amigos de Televisa. Sin embargo antes dijo que la entrevista no estaba pactada y luego se confirmó que sí. En caso de que haya pagado por esa aparición, tanto el candidato como la televisora habrían infringido la prohibición a la venta de espacios para propaganda.

Y si fue un obsequio, se habría tratado de una donación también ilegal que habría rebasado, con mucho, los límites que tuvieron para sus gastos de campaña los candidatos a delegados en la ciudad de México.

La comparecencia de Sodi durante el futbol resultó escandalosa porque no había justificación alguna ella. Pero la incorporación de imágenes y alocuciones de personajes políticos que pagan por tales espacios o los reciben de las televisoras contrayendo evidentes compromisos, se ha vuelto subterfugio frecuente contra la ley electoral.

Televisa y Azteca, con casi cotidiana asiduidad, presentan en sus noticieros a personajes de anchas ambiciones políticas como Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto en eventos que distan de ser relevantes. En ocasiones esos segmentos aparecen dentro de los cortes comerciales, sin disimulo a su carácter de notas que han sido pagadas por el gobierno de la ciudad de México o por el gobierno del Estado de México.

Tales anuncios violan la disposición constitucional (artículo 134) que prohíbe la contratación de espacios para la “promoción personalizada” de los gobernantes.

Televisión Azteca, además,  durante la temporada electoral promovió una campaña a favor de un “México Verde”. La televisora decía estar inquieta por la basura que hay en las calles –aunque, de ser así, su preocupación profiláctica podría haber comenzado con la programación que se difunde en sus canales–. Coincidentemente con esa campaña se desarrollaba la del Partido Verde Ecologista… cuya lista plurinominal en la cuarta circunscripción fue encabezada por la hija de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca.

4. Infracciones legales a trasmano. Desde que fueron promulgadas la reforma constitucional de noviembre de 2007 y las reformas de enero de 2008 al Código Federal Electoral, la compra y la venta de espacios para propaganda política en la radio y la televisión no solamente están expresa y claramente prohibidos. Además, las sanciones a quienes infrinjan esas disposiciones pueden llegar a la cancelación del registro al partido o candidato que compren espacios para propaganda electoral o la suspensión de la concesión a las empresas de radiodifusión que aceptaran tales ventas.

A pesar de esos riesgos, durante las campañas de 2009 algunos partidos y candidatos pagaron para obtener espacios en medios de comunicación, particularmente en algunas entidades del país. Nadie se anima a reconocerlo de manera pública, porque se trata de delitos electorales que implican sanción para ambas partes. Pero en privado, distintos candidatos a diputaciones federales o a presidencias municipales, o algunos operadores políticos de varios partidos, admiten que han tenido que pagar a cambio de ser entrevistados en algunas estaciones de radio y posiblemente también de televisión.

Los partidos y candidatos que compraron espacios de esa índole, cedieron al chantaje de algunos radiodifusores que solamente de esa manera accedían a mencionar sus campañas. Así, se convirtieron en cómplices de la contrarreforma que, en la práctica, han emprendido algunos radiodifusores para esquivar las disposiciones legales en materia de propaganda política.

Es poco lo que se puede esperar, en el terreno de la reforma legal para los medios, de aquellos diputados que con tal de ganar la elección se dejaron extorsionar por algunos empresarios de la radiodifusión y pagaron con tal de ser mencionados o entrevistados. Esos comportamientos forman parte del difícil contexto en el que se desempeñará la LXI Legislatura.

Rechazamos el indulto a las televisoras / Comunicado de la AMEDI

El IFE elude la aplicación de la ley

El indulto que la mayoría de los consejeros del IFE concedió a las televisoras es ilegal, inmoral y establece un precedente inaceptable para los ciudadanos y las instituciones en este país. El Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió, el viernes 13 de febrero, sobreseer el procedimiento para sancionar a Televisa y Televisión Azteca por las irregularidades con que fueron transmitidos, durante varios días, los spots de los partidos políticos y del propio IFE.
Esas empresas actuaron de manera concertada para colocar cortinillas de advertencia, transmitir los spots en bloque y no de manera separada como ha ocurrido durante años e incluso interrumpieron eventos deportivos para insertar tales mensajes. Todo ello tuvo el propósito de predisponer a los televidentes contra los partidos políticos y la autoridad electoral.
Ese manejo de los mensajes políticos transgredió, entre otras disposiciones, el artículo 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que entre las infracciones de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión a dicho ordenamiento, establece la siguiente: “La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos”. La manipulación de los mensajes fue evidente. Las televisoras quisieron soliviantar a sus audiencias contra esos contenidos y alteraron el sentido de la propaganda electoral.
El Consejo General del IFE tenía la obligación de sancionar esa conducta de las televisoras. Sin embargo 6 de los 9 integrantes con voto en ese organismo consideraron que el asunto ya estaba resuelto porque los spots se estaban transmitiendo de manera regular y, además, dos días antes algunos consejeros del IFE habían suscrito un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión acerca de la difusión de los mensajes políticos.
Al eludir la aplicación de la ley, los consejeros que hicieron mayoría en esa sesión del IFE se excedieron en el ejercicio de sus atribuciones. A ningún infractor se le puede dispensar una falta claramente indicada en la legislación con el subterfugio de que ha dejado de incurrir en esa conducta ilegal. Por otra parte, un acuerdo que establece propósitos mutuos como el que suscribieron algunos consejeros y la CIRT no sustituye y mucho menos debiera cancelar el cumplimiento de la legislación. Esas “bases de colaboración”, por lo demás, tienen una formalidad legal bastante dudosa.
Televisión Azteca cometió una infracción adicional al suprimir los mensajes políticos en la señal que envía al sistema Sky para ser retransmitida a los suscriptores de la televisión satelital. Esa falta sí fue sancionada por el IFE.
La decisión de los consejeros Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez para absolver a Televisa y Televisión Azteca constituye una lamentable y cuestionable expresión de sometimiento a las televisoras. Las violaciones de tales empresas a la legislación electoral e incluso a la Constitución Política que establece los lineamientos para la difusión de spots, fueron palmarias y flagrantes. Los argumentos que esos consejeros emplearon para justificar la absolución de las televisoras son insostenibles.
Frente a la presurosa disposición de esos consejeros para congraciarse con las televisoras, o con quienes hayan abogado ante ellos en defensa de Azteca y Televisa, destacó la actitud del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, que recordó que la autoridad electoral no puede renunciar a la aplicación de la ley. Los consejeros Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade también reivindicaron la defensa de la legalidad.
El desafío de las televisoras a la autoridad electoral se acentuó el fin de semana antepasado, cuando dejaron de transmitir los mensajes del IFE y los partidos durante varias horas. El Consejo General tendrá que enterarse de esas nuevas faltas. Exigimos de todos los consejeros del IFE el cumplimiento de la ley ante esas nuevas contravenciones de Televisa y Azteca.
Las televisoras han querido hacer ostensible su capacidad para manipular y censurar los mensajes políticos con el propósito de amedrentar a la autoridad electoral y a los partidos. Lamentablemente, en este episodio no han encontrado a un gobierno dispuesto a reivindicar el orden jurídico para enfrentar excesos del poder mediático. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, consideró que su papel era de árbitro negándose a advertir que las televisoras desafiaban al conjunto de las instituciones políticas y a la sociedad mexicanas. Esa conducta negligente y esquiva del titular de Gobernación no sería explicable sin una decisión del presidente Felipe Calderón para ser aquiescente (en realidad, termina por ser temeroso) ante las exigencias de las televisoras privadas.
El comportamiento de esas autoridades y de los consejeros del IFE, además de la abdicación que implica en el cumplimiento de sus responsabilidades significa un preocupante retroceso en el esfuerzo para acotar las manipulaciones y la insolencia de las televisoras privadas. Episodios como ése, ratifican la necesidad de una legislación capaz de propiciar la diversidad y la responsabilidad en los medios electrónicos y las telecomunicaciones. El Congreso tiene mucho por hacer al respecto, pero la mayor parte de los partidos y sus legisladores están más preocupados por la política de cortísimo plazo que por el futuro del país. A diferencia de ellos, cada vez más ciudadanos entienden y reprueban las impertinencias de las televisoras.

México D.F., 15 de febrero de 2009

Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Javier Corral Jurado
Presidente del Comité Directivo Nacional

Raúl Trejo Delarbre
Coordinador Adjunto del Consejo Consultivo

Televisa, estalinista

La Crónica, jueves 17 de julio

La revolución soviética había triunfado y era momento para probar su fuerza en el resto de Europa. Lenin había decidido reclamar por la vía de las armas los territorios que le disputaba Polonia. El 5 de mayo de 1920, delante del célebre teatro Bolshoi, el caudillo ruso arengó a sus tropas antes de que marcharan al campo de batalla. La fotografía de aquel momento circuló ampliamente como emblema de la nueva revolución. Lenin aparece de perfil, inclinado hacia adelante, colocando ambas manos sobre el templete de madera. A sus espaldas, en la escalera que conduce al estrado, aparece el comisario del pueblo para asuntos militares, León Trotsky. Junto a él, con los brazos cruzados, está Lev Kamenev, antiguo presidente del Comité Central.

No pasarían muchos años para que esos tres personajes desaparecieran del escenario soviético. Lenin murió en 1924. Cuatro años más tarde Trotsky fue expulsado del Partido Comunista y luego del territorio ruso. Kamenev sufrió peor suerte una década más tarde. José Stalin quería borrar toda huella de sus antiguos camaradas y a quienes no desterraba, los encarcelaba o mandaba asesinar.

La decisión de Stalin para extirpar cualquier presencia de Trotsky y Kamenev llegó a los registros históricos. La imagen de los viejos bolcheviques fue suprimida de multitud de cuadros y fotografías. Aquella gráfica frente al Bolshoi volvió a circular, pero modificada. En lugar del barbado Kamenev y de Trotsky con su célebre piocha, aparecían vacíos los cinco escalones del templete.

La obsesión de Stalin para borrar a sus antiguos camaradas era parte de una patología absolutista y maniática. Al pretender que podía modificar la historia con la misma petulancia con que reprimía y asesinaba a quienes no se subordinaban a sus caprichos, se construía una realidad a modo y trataba de persuadir a los rusos de que esa era la versión auténtica del pasado y el presente.

En el transcurso de la historia y con diversos recursos técnicos, otros líderes autocráticos y distintos personajes e instituciones, con un empleo desmedido del poder, también han querido alterar la historia como si de esa manera desterrasen de la realidad a quienes les incomodan.

La alteración de fotografías y pinturas fue un recurso reiterado por distintos sátrapas del mal llamado socialismo real –que en rigor debiera ser denominado despotismo real–. Milán Kundera abre con este relato su memorable novela El libro de la risa y el olvido:

“En febrero de 1948, el líder comunista Klement Gottwald salió al balcón de un palacio barroco de Praga para dirigirse a los cientos de miles de personas que llenaban la Plaza de la Ciudad Vieja. Aquel fue un momento crucial de la historia de Bohemia. Uno de esos instantes decisivos que ocurren una o dos veces por milenio.

“Gottwald estaba rodeado por sus camaradas y justo a su lado estaba Clementis. La nieve revoloteaba, hacia frío y Gottwald tenía la cabeza descubierta. Clementis, siempre tan atento, se quitó su gorro de pieles y se lo colocó en la cabeza a Gottwald.

“El departamento de propaganda difundió en cientos de miles de ejemplares la fotografía del balcón desde el que Gottwald, con el gorro en la cabeza y los camaradas a su lado, habla a la nación. En ese balcón comenzó la historia de la Bohemia comunista. Hasta el último niño conocía aquella fotografía que aparecía en los carteles de propaganda, en los manuales escolares y en los museos.

“Cuatro años más tarde a Clementis lo acusaron de traición y lo colgaron. El departamento de propaganda lo borró inmediatamente de la historia y, por supuesto, de todas las fotografías. Desde entonces Gottwald está solo en el balcón. En el sitio en el que estaba Clementis aparece sólo la pared vacía del palacio. Lo único que quedó de Clementis fue el gorro en la cabeza de Gottwald”.

El de Stalin, como el de Gottwald y todos aquellos que de la misma manera han querido dar de baja la imagen de sus adversarios, es un comportamiento intolerante y paranoico. Hay una enorme dosis de prepotencia, pero también de berrinche infantil, en esa inquietud para borrar a sus antagonistas.

A comienzos de los años 70 –claro, del siglo pasado– el historiador David King se dio a la tarea de buscar testimonios gráficos de la represión estalinista y comenzó a interesarse en las fotografías alteradas por disposición de la dictadura soviética. Reunió decenas de miles de imágenes, algunas de las cuales ha mostrado en diferente exhibiciones y en 1997 publicó en Londres el libro El Comisario desaparece La falsificación de fotografías y obras artísticas en la Rusia de Stalin.

Además de la abundancia de esos documentos gráficos, a King le llamó la atención la falta de cuidado con que fueron alterados muchos de ellos. A diferencia de la foto de Lenin arengando a las tropas del Ejército Rojo a punto de ir al frente polaco, en donde hay un trabajo de modificación tan meticuloso que no queda huella de la presencia de Kamenev y Trotsky, en los retratos que ese investigador fue localizando por toda Rusia las enmiendas con frecuencia eran burdas. En algunas, los rostros de aquellos a quienes se quería excluir habían sido difuminados con algún producto químico. En otros casos se trataba de vulgares tijeretazos. Incluso cuando había un trabajo de fotocomposición, para superponer una imagen a otra, quedaban huellas de la alteración.

Esos vestigios llevaron a King a hacerse varias preguntas en la introducción de su libro: “La habilidad en el retoque fotográfico depende, como cualquier artesanía antes del advenimiento de la tecnología de la computación, de la habilidad de la persona que lleve a cabo la tarea y del tiempo que ella o él tengan para terminarla. Pero ¿por qué el estándar del retoque en los libros y periódicos soviéticos era a menudo tan burdo? ¿Querían los estalinistas que sus lectores vieran la eliminación que habían realizado, como una atemorizante y ominosa advertencia? O el ligero rastro de un comisario casi desvanecido, intencionalmente dejado por el retocador, ¿podría convertirse en un fantasmal recordatorio de que el reprimido todavía podría regresar”.

Así de burdo, así de notoria, es la difuminación de la imagen del senador Santiago Creel en el video que el noticiero matutino de Televisa transmitió el pasado miércoles 2 de julio. Se trata de una reseña del foro sobre reforma petrolera que tuvo lugar el día anterior. En una nota de 4 minutos con 50 segundos, se da cuenta de las intervenciones de distintos ponentes. Entre escenas de archivo con vistas de instalaciones petroleras, de cuando en cuando se muestran detalles del público. La cámara recorre el auditorio pero casi siempre de la mitad del presídium hacia la izquierda, o de la mitad hacia la derecha. Y es que en el centro de la mesa está el presidente del Senado, Santiago Creel, a quien las televisoras decidieron excluir de la pantalla.

En dos ocasiones, al minuto con 42 segundos y a los 3 minutos con 31, se abre la toma y aparece casi todo el estrado. Al centro, en donde gracias a otros videos y fotografías sabemos que estaba Creel, aparece una silueta sin rostro. Se ven las caras de otros legisladores y ponentes pero no la del presidente del Senado. Una mancha difusa, como borrón de trabajo escolar, lo ha retirado del video.

Televisa dice que se trata de “un error de edición”. No es cierto. La edición de video suprime o añade segmentos enteros, no porciones de una misma imagen. Tampoco pudo haber sido un defecto de la lente, porque de todas las escenas que fueron tomadas únicamente cuando aparece Creel ocurre ese problema.

Los dos momentos en los que se suprime la imagen del senador panista están tomados, cada uno, desde emplazamientos diferentes. En ambos casos, independientemente del sitio desde donde se le enfocara, el rostro de Creel desaparece. No es error, sino revancha.

Televisa y Televisión Azteca decidieron vetar al senador Creel en represalia por el impulso que contribuyó a dar a las reformas constitucionales que restringen privilegios y negocios de la radiodifusión durante los procesos electorales. La animosidad de las televisoras fue tan notoria que no solamente, durante varios meses, el presidente del Senado ha estado ausente de las cadenas nacionales. Además, atemorizados por esa reacción, el presidente de la República y el presidente del PAN destituyeron a Creel como coordinador de los senadores de ese partido.

Pero no fue suficiente. Televisa pretendía quitarle poder político pero además despojar de su imagen pública al senador Creel: sacarlo de las pantallas, impedir a los ciudadanos que se enteren de su desempeño legislativo, tacharlo de la historia. Pero lo hizo de manera tan torpe que el resultado se ha convertido en uno de los mayores tropiezos políticos (y ya son varios) de esa televisora.

El borrón a la imagen de Creel causa enojo, risa y lástima. Qué mal que a cualquier ciudadano, pero peor aún a uno de los más destacados legisladores del país, se les vete en la información de una televisora nacional. Qué ridículo el que hace Televisa borroneando la imagen de un personaje político al que pretende estigmatizar. Qué vergüenza que en esa empresa haya quienes consideren que, expulsándolo de sus pantallas, a Creel le restarán ascendiente político –hasta ahora han conseguido precisamente lo contrario–.

Y qué vulgar manera de esconderle al público la imagen del senador. Tanto, que uno no puede sino recordar la observación del historiador King: el retoque es tan burdo que, más que ocultar al personaje así afectado, pareciera que se trataba fundamentalmente de amenazar y atemorizar. Los destinatarios de esa artimaña serían otros legisladores y personajes políticos: si se meten con las televisoras los borrarán de la pantalla.

Creel está demostrando, a pesar de las venganzas de Salinas Pliego y Azcárraga Jean y no obstante los desasosiegos de Felipe Calderón y Germán Martínez, que sí hay vida política a pesar de las televisoras: mientras más lo tratan de borrar, mejor le va en las encuestas.

Al capricho del poder mediático

La Crónica, 12 de junio

Al destituir a Santiago Creel, el PAN y el presidente Calderón se sometieron a un capricho de Televisa. Ni las desmañadas aunque ampulosas explicaciones de Germán Martínez, ni la extendida murmuración mediática, permiten llegar a otra conclusión. La remoción del coordinador de los senadores de Acción Nacional se dio a conocer y fue resuelta de manera inusitadamente descomedida. La insistencia en que se busca dar “un nuevo impulso” a la reforma petrolera confirma la estrecha apreciación que Martínez y su jefe inmediato, el presidente Felipe Calderón, tienen del trabajo legislativo.

La reforma para desarrollar la industria petrolera se encuentra en marcha, aunque por derroteros inciertos. De ello no tienen la culpa los senadores panistas sino la hasta ahora eficaz tarea de entorpecimiento que han desplegado los opositores de esa reforma, especialmente en el ajetreado PRD pero también en convenenciero PRI. Aparentemente el líder nacional del PAN, y quizá también el Presidente de la República, están insatisfechos con el debate sobre la cuestión petrolera que organiza el Senado. Pero el aburrimiento de esas discusiones y especialmente la marginación que en ellas ha tenido la iniciativa presidencial no se ha debido a indolencia de los legisladores panistas sino a circunstancias que los trascienden. El propio Germán Martínez hizo una exaltada pero fútil defensa de la propuesta de reforma presentada por el presidente Calderón.

La organización de ese debate no fue, como algunos han querido creer, resultado de la ocupación de los recintos parlamentarios que mantuvieron durante dos semanas los senadores y diputados del PRD. El debate ya había sido previsto, y anunciado, horas antes de ese bloqueo al trabajo legislativo. Por lo demás, si la iniciativa del presidente Calderón ha dejado de ser referencia central en las discusiones sobre el petróleo no se debe a ineficiencia de los legisladores panistas sino a las dificultades que el gobierno y su partido han tenido para articular una negociación satisfactoria con otras fuerzas políticas.

Si hay reforma petrolera, tendrá que ocurrir merced a un proceso de acercamientos entre posiciones ahora encontradas. Por eso la sustitución del coordinador de los senadores panistas resulta aun más absurda. En varios temas y momentos, especialmente en los meses recientes, Santiago Creel ha demostrado aptitud para negociar –es decir, para hacer política–. Así lo han reconocido, además de correligionarios suyos, legisladores de otros partidos. Así lo confirmó el aplauso que recibió ayer cuando llegó a presidir la sesión de la Comisión Permanente.

De tal forma, si no es por la vía de la concertación y los compromisos como el gobierno y la dirección del PAN confían en lograr la reforma petrolera, y si carecen de las mayorías legislativas necesarias para que sus propuestas avancen sin negociación con otros partidos, entonces no cabe sino suponer que esperan hacerlo respaldados en el poder de los medios de comunicación. Se trata de una apuesta aventurada y en realidad más bien ingenua, porque figurarse que la presión mediática basta para forzar a los legisladores implica olvidar algunas de las lecciones recientes en la relación entre empresas comunicacionales y quehacer político. Cuando los partidos se allanaron a la égida de las televisoras y aprobaron la Ley Televisa, terminaron arrepintiéndose mientras presenciaban el revés que la Suprema Corte imponía a aquellas arbitrarias reformas. Y cuando esas mismas televisoras desplegaron una arrebatada campaña de amedrentamiento contra la reforma en materia de medios y elecciones, los partidos tuvieron motivos adicionales para apoyar dichas modificaciones constitucionales.

De entonces viene la malquerencia que las televisoras le tienen a Santiago Creel. A los dueños de Televisa y Azteca no les bastaron, malagradecidos e insaciables como son, las decisiones de Creel que los favorecieron cuando era Secretario de Gobernación. Al contrario, con ese resentimiento que algunos cultivan contra quienes les han sido más cercanos y deciden distanciarse –y como si considerasen que quien se alínea con ellos debe seguirlo haciendo siempre– las televisoras le tomaron al senador Creel un encono tan público como rústico.

Primero lo sacaron de sus pantallas. Pero aun vetado en la televisión abierta, Creel siguió haciendo política y manteniendo e incluso incrementando la notoriedad que ya tenía. Antes que él algunos otros personajes públicos habían superado la prueba del veto televisivo. Censurado por Azteca y Televisa Santiago Creel es, de acuerdo con varias encuestas, el panista que más adhesiones tendría como candidato presidencial dentro de 4 años. Se trata de ejercicios demasiado anticipados y que valen sobre todo por la nombradía actual que tienen algunos personajes públicos. Y Creel cuenta con ella. Más aun, por lo menos en el mediano plazo esa fama pública muy posiblemente habrá sido reforzada gracias a la represalia que le han impuesto sus dos presidentes –el de su partido Germán Martínez y el de la República, Felipe Calderón–.

La destitución ocurre días después de que las televisoras emprendieron una sucia campaña contra Creel cuando se supo, de manera oficial, que es padre de una niña que no estaba registrada como suya. Ese asunto fue magnificado en numerosos medios, no en atención a la presencia pública del senador sino como venganza por el activo desempeño que ha tenido en la legislación para los medios de comunicación.

Al destituir a Creel de la coordinación senatorial panista inmediatamente después de ese episodio, los dirigentes de su partido y el Presidente de la República se muestran, por decirlo de manera elegante, poco solidarios con ese correligionario suyo.

Pero como además la remoción sobreviene también después de la publicación de varias encuestas acerca de la popularidad de ese legislador no ha sido aventurado sostener que, entre otros motivos, sus malquerientes dentro de Acción Nacional quieren atajar la carrera política de Creel.

Quedan lastimados el propio Creel y las causas con las que se ha comprometido, entre otras la reforma del régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero queda maltratada también la reforma petrolera porque si esperan que el respaldo de la televisión será suficiente para crear un contexto de exigencia social a favor de la apertura a la inversión y otros cambios en PEMEX, el gobierno y su partido están olvidando que más allá de presiones mediáticas y aun sociales, quienes van a decidir esas modificaciones son los senadores y los diputados.

Algunos de ellos están de tal manera embrollados construyendo sus propios compromisos que difícilmente compartirán, al menos de manera espontánea, los requerimientos del PAN y sus presidentes. El senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa para dotar de espacios en Frecuencia Modulada a los radiodifusores que solamente tienen concesiones en Amplitud Modulada. Hay quienes consideran que esa es una pretensión justa porque, se dice, la AM ya no es negocio. Pero otorgar a un particular una concesión adicional simplemente porque la rentabilidad de la concesión que ya tiene no le resulta suficiente, equivale a suponer que el Estado debe resarcir con nuevos privilegios el déficit en los negocios de quienes ya cuentan con alguna licencia para usufructuar un bien nacional.

Si un particular que tiene una franquicia para operar una estación de gasolina exigiera que, solamente por ello, el Estado le asignase otra gasolinera, esa petición parecería excesiva. Pero en el caso de los radiodifusores, ha existido tan escasa apreciación crítica sobre la utilización de las frecuencias que prácticamente se ha vuelto lugar común considerar que, cómo no, los pobrecitos concesionarios de AM se merecen ahora una frecuencia en FM.

Todo ello debiera ser motivo de licitaciones, como sugiere la sentencia que la Suprema Corte dictó hace un año. Pero en vez de abrir concursos para adjudicar nuevas frecuencias (en los cuales el desempeño de quien ya tiene AM podría ser muy importante en la decisión para adjudicarle una FM) la iniciativa de Beltrones propone una asignación automática. Aunque sería necesaria la opinión de la Comisión Federal de Competencia, en esa propuesta no hay reglas para evitar que quienes ya se benefician de muchas concesiones disfruten de otras más. Al contrario, el criterio será darles muchas frecuencias a quienes ya poseen demasiadas.

Magnánima con quienes ya tienen mucho, la iniciativa de Beltrones es discriminatoria con quienes disponen de menos frecuencias o las usufructúan en condiciones más difíciles. En las plazas en donde no haya espacio para darles FM a todos los actuales concesionarios de AM, se dará preferencia a las estaciones comerciales por encima de las radiodifusoras no lucrativas.

La iniciativa Beltrones es de tan grotesca transparencia en esa exaltación de la radiodifusión privada que la incorpora a la Ley Federal de Radio y Televisión: “Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”.

¡Qué confesión tan vulgar de la preeminencia de la radiodifusión lucrativa sobre la de carácter cultural, de servicio o comunitario! Ni siquiera la Ley Televisa era tan burda en la promoción que hacía del interés privado.

También se propone supeditar el interés público al de los radiodifusores en una adición al artículo 4 de la Ley de Radio y Televisión que compromete al Estado a planear el desarrollo de la radiodifusión “con la participación de concesionarios y permisionarios”. Desde luego cualquier decisión debe tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados. Pero con esa adición habría quienes consideren que el Congreso y el Ejecutivo no pueden tomar medidas para la radiodifusión sin el consentimiento de quienes tienen estaciones de televisión o radio.

La desafortunada iniciativa de Beltrones y algunos otros senadores del PRI no parece constituir una medida aislada. Ayer mismo, el secretario de Gobernación anunció el refrendo de 131 concesiones de radiodifusión que no se habían renovado debido a la indefinición legal sobre el procedimiento para hacerlo. La inquietud de los beneficiarios de esas concesiones resulta entendible. Pero la justificación legal para otorgar tales refrendos es inadmisible. Hace un año la Corte estableció que todo refrendo debe realizarse mediante licitación. El mecanismo para ello sigue sin ser definido debido a la indolencia que en este asunto mantienen los legisladores que no han reformado la Ley de Radio y Televisión para atender a las indicaciones de la Corte.

Si realmente estuviera interesado en resolver ese y otros rezagos en los medios de comunicación, el senador Beltrones podría haber invertido más interés en las reformas para la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero solo busca congraciarse con algunos empresarios de la radio. Igual que el líder del PAN y el presidente Calderón, ahora encandilados con el embaucador resplandor del Canal de las Estrellas.

Calderón: ocasión desperdiciada

Zócalo, noviembre de 2007

   Si se le evaluara a partir del comportamiento de los legisladores de su partido en la reciente reforma constitucional, podría considerarse que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto tener una postura crítica, reclamante e incluso reformadora respecto de los grandes consorcios de la radiodifusión. Es imposible suponer que la muy activa participación de los senadores del PAN en el diseño y la defensa de la reforma constitucional en materia electoral, que incluyó un amplio y novedoso apartado para disminuir el poder que los medios habían alcanzado como espacios y árbitros de la competencia política, no haya tenido la anuencia del titular del Poder Ejecutivo. Aunque la responsabilidad de lo que dijeron e hicieron hay que atribuírselas plenamente a esos legisladores, se puede presumir que durante el proceso de discusión en el Congreso mantuvieron una estrecha comunicación con el presidente Calderón.

   Pero si se le justiprecia a partir de las intervenciones públicas que tuvo en las semanas posteriores a la votación de esas reformas constitucionales, particularmente en la conmemoración anual de los radiodifusores, habría que considerar que el discurso de Calderón es tan complaciente con esos industriales que resulta contradictorio con las reformas que han impulsado los legisladores del suyo y el resto de los partidos nacionales.

   La Semana Nacional de la Radio y la Televisión ha sido siempre momento de reiteraciones o definiciones en la relación entre los empresarios de ese gremio y el gobierno. El pasado 10 de octubre se cumplían 5 años del decretazo que el presidente Vicente Fox y su esposa forzaron con tanto apremio que incluso dispusieron la publicación de una edición vespertina del Diario Oficial para que aquellas reformas fuesen un hecho a la hora en que se realizaba la comida auspiciada por los dueños de Televisa y otras empresas. La expedición de un nuevo (y todavía vigente) reglamento de Radio y Televisión así como la disminución del llamado tiempo fiscal a la décima parte de los espacios que había significado desde 1969, fueron un inopinado obsequio del matrimonio Fox a los dueños de la televisión privada.

   Quizá por la coincidencia de esa fecha, pero sobre todo debido a que la reforma constitucional acerca de los procesos electorales estaba muy reciente y no se habían conocido definiciones suyas acerca de esos cambios, el discurso se Calderón era muy esperado este 10 de octubre. Acaso tal expectativa creó un contexto de exigencias con las que ese mensaje no cumplió.

   Buena parte de aquel discurso estuvo aderezado de lugares comunes que en nada resultaron diferentes a los discursos que cada año, en las mismas fechas, les ofrecían a los radiodifusores los presidentes priistas. “Su labor contribuye a la construcción de identidad, a la unidad y a la integración de todos los mexicanos”, “la libertad de expresión debe estar asociada íntimamente al respeto a los demás y a la responsabilidad con México”, “la relación del Estado con los medios de comunicación debe basarse en el respeto mutuo”, “estamos obligados a escuchar la voz de la ciudadanía”, etcétera. Cada uno de tales postulados es reivindicable desde las posiciones políticas más diversas. Pero se quedan en palabras huecas, o escasamente útiles, cuando no están acompañados por medidas específicas para que esas responsabilidades de la radiodifusión puedan cumplirse.

 

Intenciones sin proyecto

   Y eso es, precisamente, lo que se está dirimiendo ahora en México. Después de la reforma constitucional, que implicó un fuerte enfrentamiento entre la clase política y el poder mediático, el Congreso tiene que revisar el Código Electoral –en donde habrá un capítulo destinado a regular la utilización de tiempos oficiales para difundir mensajes de propaganda política– y más adelante, de acuerdo con el calendario anunciado por los legisladores, vendrá la actualización de las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.

   Podría suponerse que el presidente Calderón quiso ser en extremo discreto y por eso no aludió a esos procesos legislativos en su encuentro con los radiodifusores. Pero también es posible considerar que el titular del Ejecutivo, tan dispuesto como se encuentra recientemente para exigir (a veces no sin razones) que distintos sectores de la sociedad asuman responsabilidades jurídicas y éticas, no quiso responsabilizarse él mismo con una posición definida en este debate.

   Calderón recordó los tres principios que en otra ocasión había señalado para el desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones: cobertura, convergencia y competencia. Así planteados, sin precisiones, resultan incuestionables. El crecimiento de ese sector en México y especialmente de las nuevas tecnologías en las que puede apoyarse hacen pertinente una visión integral, capaz de amalgamar capacidades de difusión con distintos cauces para la transmisión de mensajes.

   Pero sin un marco legal a la vez moderno y que contenga principios generales para la regulación de los medios independientemente de las modalidades específicas que asuma la propagación de sus contenidos, seguiremos estando a la zaga no sólo del desarrollo tecnológico en otros países sino, antes que nada, del desempeño que ya mantienen las principales empresas de telecomunicaciones en México. Y si ese marco legal no tiene el explícito propósito de impulsar cobertura y convergencia para beneficio de la sociedad y no como vías para aumentar la exacción de sus recursos, no será la comunicación para la sociedad sino el negocio para quienes acaparan muchos medios en pocas manos lo que veamos ensancharse durante los años siguientes.

   El presidente Calderón dijo que su gobierno desarrollará “la       ampliación de las redes de Internet y de telefonía” pero no ha precisado cómo ni con qué parámetros. Recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que cuando termine el actual sexenio al menos 70% de los mexicanos tendrá acceso a Internet. Hoy en día apenas 20% de los habitantes en este país disfruta de ese privilegio.

   Aumentar a la vez que mejorar la cobertura de la Red de redes parece fundamental. Si México lograse triplicar el acceso a Internet en los próximos 5 años habría alcanzado un hito mundial. Sin embargo tales metas quedarán ahogadas en la retórica, así como en el endémico mal de los proyectos sin contenido, a menos que existiera una auténtica política de Estado para desarrollar esa y otras áreas de las telecomunicaciones.

   Para que nuestro país alcanzara ese objetivo en el siguiente lustro se necesitaría reorientar drásticamente la política de desarrollo de las telecomunicaciones y sustituir a Telmex por un esfuerzo que conjuntara recursos públicos con inversiones muy diversas. Pero más allá de los buenos propósitos del presidente Calderón y los anuncios triunfalistas de la SCT no se advierten, en el panorama actual, decisión ni propuestas gubernamentales para emprender esa revolución comunicacional.

 

Caravanas con refrendo ajeno

   En vez de ofrecer una política de amplio aliento, al presidente Calderón le ha interesado paliar inquietudes de corto plazo de los radiodifusores. En su alocución del 10 de octubre les ofreció hacer “todo lo que esté a mi alcance para que puedan adoptarse los mejores estándares tecnológicos-digitales en los servicios de radiodifusión” y, por otra parte, establecer “procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones”.

   El primer ofrecimiento se refiere a la indecisión que ha existido acerca del estándar que México adoptará para la conversión hacia la radio digital. Ni el gobierno, ni los radiodifusores mismos, han asumido una definición clara acerca de los modelos europeo y estadounidense (que describimos someramente en Zócalo de octubre de 2006) que suponen distintas tecnologías en cada caso. No es un asunto que pueda resolverse con la sola voluntad presidencial.

   La promesa para que sean renovados los títulos de concesión que se encuentran vencidos, o que terminarán próximamente, tampoco depende de la decisión del titular del Ejecutivo. Aunque la decisión última acerca de esas renovaciones es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existe un procedimiento que debe ser promovido por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Si bien la Cofetel no es autónoma respecto del gobierno, sus comisionados tampoco están obligados a seguir puntualmente las instrucciones del presidente.

   Además, una de las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia tomó en junio pasado acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estableció que los refrendos de concesiones no serán automáticos. En una extensa argumentación a propósito del artículo 16 de la ley de Radio y Televisión, los ministros de la Corte establecieron que de la misma manera que el otorgamiento de nuevas concesiones tiene que pasar por una licitación, también en su renovación es necesario abrir la posibilidad de que concursen empresas distintas a las que son titulares de tales licencias. La evaluación que se realice acerca de su desempeño, le daría al concesionario una ventaja razonable al tramitar el refrendo del título de concesión. Pero no hay renovaciones inmediatas. El procedimiento para el refrendo tiene que ser conducido por la Cofetel a partir de reglas que deberán ser precisadas en la nueva legislación. El presidente Calderón no tiene en sus manos la capacidad administrativa ni existen los instrumentos jurídicos para que pueda cumplir con la promesa de revalidar todas las concesiones pendientes. Quiso lucirse con los radiodifusores haciendo caravana con refrendo ajeno.

 

Legalidad o advertencia

   El presidente les obsequió otro guiño retórico a los concesionarios cuando se ufanó de haber cerrado, en los meses recientes, “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal”. Durante largo tiempo esos empresarios han considerado que el espectro radioeléctrico es patrimonio suyo y se han encrespado cuando algunos ciudadanos o grupos sociales establecieron emisoras sin propósitos comerciales y que no siempre cumplieron los escabrosos procedimientos administrativos para obtener permiso de transmisiones. La mezquina causa contra las radiodifusoras comunitarias fue uno de los temas que cohesionó y le dio identidad a la CIRT durante los años recientes.

   La aplicación de la ley siempre es deseable. Pero antes que nada es preciso que exista una legislación capaz de promover la diversidad y la equidad y eso es lo que apenas está por construirse para la radiodifusión.

   Calderón afirmó: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

   Los radiodifusores que le aplaudieron la tarde del 10 de octubre, en la conmemoración de la CIRT, pensaron que hacía alusión a las emisoras que hace varios meses fueron ocupadas por la APPO en Oaxaca. Pero en una lectura voluntarista, ingenua o pícara, La Jornada del día siguiente consideró que Calderón se refería al asalto que Televisión Azteca emprendió contra la antena del Canal 40 en diciembre de 2002.

   La afirmación del presidente vale contra cualquier transgresión de la ley. Pero si tuviera la decisión de cumplir parejo con ese orden jurídico, de la misma manera que desalojó las estaciones ocupadas por militantes de oposición en Oaxaca el presidente Calderón tendría motivos de sobra para acotar los excesos propagandísticos, los engaños a televidentes y clientes de sus empresas, la promoción de la intolerancia y la distorsión de los acontecimientos que se han vuelto habituales en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego.

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El principio del fin

La Crónica, 13 de septiembre 2007

  Desafiados por las televisoras, los senadores manifestaron una cohesión jamás vista al menos en los años recientes. Con alusiones a la entereza de Belisario Domínguez invocada por el perredista Carlos Navarrete o recordatorios del panista Santiago Creel y el priista Manlio Fabio Beltrones al poder fáctico de los consorcios comunicacionales, la sesión de anoche en Xicoténcatl se convirtió en enfática respuesta del poder político a las bravatas de la mediocracia.

   Horas antes, los jeques del poder mediático, ahora acompañados por algunos jeques empresariales, habían reiterado y profundizado sus reproches contra los legisladores. Igual que el día anterior, les sobró retórica y les faltaron argumentos. El presidente de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión advirtió que, de aprobarse, la reforma constitucional “acotaría la libertad de expresión”. El presidente de la Concamín denunció que “los legisladores están agarrando de rehén a este país”. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial consideró “inaceptable que se pretenda privar a la sociedad de la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista”. Y dos voceros de TV Azteca exigieron posponer la aprobación de esa reforma.

   Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

   Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.

   Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º. Constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora solo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país.

   La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamente”, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”.

   Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.

   El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.

   Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidos” de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.

   Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.

   El otro polo de esta reforma es el esfuerzo de los partidos para tener mayores controles sobre la autoridad electoral. La creación de una contraloría designada por la Cámara de Diputados y de un “órgano técnico” para fiscalizar a los partidos nombrado por el Consejo del IFE pero separado de él son dos medidas que limitan la independencia de la autoridad electoral. Y sobre todo la destitución de tres de los actuales consejeros, entre ellos el Presidente del IFE, sigue siendo una decisión caprichosa e inopinada.

   En los artículos transitorios del dictamen se dice cuándo deberán ser designados, de manera escalonada, los consejeros que tendrá el organismo electoral durante los siguientes seis años. Pero no se establece con qué procedimiento serán seleccionados los tres que dejarán el cargo en cuanto la reforma constitucional sea aprobada y los otros 3 cuya gestión, en vez de concluir en 2010 como estaba previsto, llegará únicamente hasta el año próximo.

   Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.

   Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poder”.

   El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.

   Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros 7 minutos diarios.

   Y ya que no gastarán en la contratación de medios electrónicos, es pertinente que los partidos reciban menos dinero. La nueva fórmula para definir cuántos pesos le entregará el Estado a cada partido implica ahorros como los que también anoche, al refutar las mentiras de un asesor jurídico de Televisa, explicaba en la tribuna de Xicoténcatl en senador Ricardo García Cervantes. Si la reforma no se aprueba, en las campañas de 2009 los partidos recibirán 2670 millones de pesos (que significarían, con campañas de 71 días, casi 38 millones de pesos diarios). Con las nuevas reglas, dentro de dos años los partidos recibirán 800 millones de pesos que, gracias a la reducción en los plazos para campañas, equivaldrán a 13.3 millones de pesos diarios.

   La reforma constitucional tiene otras consecuencias sobre las que será preciso detenerse más adelante. Entre ellas se encuentran la reglamentación de precampañas, nuevas atribuciones del IFE para organizar elecciones locales y prohibición para que los sindicatos puedan formar partidos políticos.

   Cara y cruz de una reforma contradictoria: por un lado es preciso advertir la iniquidad que cometen los partidos con el árbitro electoral. Y al mismo tiempo, se puede reconocer un saludable desplante de emancipación de esos partidos respecto de la inmoderada mediocracia. Quizá sea, decía anoche el senador Pablo Gómez, “el principio del fin del miedo de la clase política a los concesionarios de la televisión”. Quizá.

Desenfocados

La Crónica, miércoles 12 de septiembre de 2007

 

 

  Desangelados y despistados, parapetados en una soberbia que ya no intimida con facilidad, ayer los dueños del espectáculo mediático y sus voceros ofrecieron el peor show de su vida. La vieja prepotencia, que tan notorios beneficios les rendía cuando casi no había legislador o gobernante que no se doblara ante el amago para dejarlos fuera de los noticieros, ha perdido al menos parte de aquella eficacia. Los senadores que ayer recibieron a los directivos de la radiodifusión no se quedaron callados ante reproches y bravatas de los patrones del poder mediático. Y los quejosos quedaron enredados en su propio, confuso y equívoco discurso.

   La sesión en las oficinas del Senado estaba planteada más como recurso testimonial que como espacio de interlocución. Acostumbrados a hacer política en el regateo tras bambalinas y nunca en la deliberación abierta, los jeques mediáticos apostaron en esa sesión sus últimas cartas contra las reformas constitucionales relativas a la competencia electoral. Estimaron que con un desplante de apantallamiento mediático impresionarían a los senadores. Quizá por eso atendieron, como diría el clásico, a la forma y no al fondo.

   La forma en su comparecencia la aportaron los radiodifusores con una insólita cobertura mediática. Tan reacios como son a las cadenas nacionales, ellos hicieron la suya propia con la transmisión simultánea en todas las televisoras y prácticamente todas las radiodifusoras afiliadas a algún consorcio comunicacional. Pero el fondo del discurso que buscaron difundir con tanto estruendo resultó patéticamente endeble.

   Algunos miembros de la CIRT se refirieron a temas de la reforma electoral distintos del que los había convocado: reelección de los legisladores, candidaturas independientes. Otros, recalcaron los riesgos que la iniciativa de reformas constitucionales podía implicar para la libertad de expresión. La premura con que ha sido redactada deslizó en la iniciativa un párrafo que habría podido ser interpretado para vulnerar los derechos de opinión y crítica. Nadie “podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”, se decía en una de las adiciones propuestas al artículo 41 Constitucional.

   Con esa disposición se pretende evitar mensajes como los que patrocinó el Consejo Coordinador Empresarial poco antes de la elección presidencial del año pasado. Los senadores reformaron esa propuesta para que diga que nadie “podrá contratar la difusión de mensajes…” Asunto resuelto. Estará prohibida la propaganda electoral que no sea producida por los partidos y esa disposición no será pretexto para censura alguna.

   Cuando el senador Ricardo Monreal les dio a conocer esa modificación los dirigentes de la CIRT se quedaron sin el argumento central de su comparecencia. Pero estaban encarrerados y siguieron como si no hubieran escuchado. No defendían prerrogativas de la sociedad sino sus propios intereses.

   El desasosiego de los representantes de TV Azteca y Televisa no se debía al afán de reivindicar la libertad de expresión de los ciudadanos sino al dinero que dejarán de recibir gracias a la decisión de los legisladores para evitar cualquier contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Esa es la causa que movilizó ayer a los dueños del poder mediático. Se trataba de una batalla de antemano perdida porque la víspera, en un comunicado que difundieron en sus noticieros, los radiodifusores habían admitido el fin de la propaganda pagada en medios electrónicos.

   Así que, extraviado el foco de sus reclamos, los radiodifusores comenzaron hablando de todo y nada. Y cuando entendieron que las cadenas nacionales que estaban difundiendo esa sesión desde la Torre del Caballito lejos de amilanar a los senadores les daban más ánimo, involucionaron a un discurso insolente y ramplón. El hecho de que, hacia ese segmento de la comparecencia, eligieran como voceros a personajes de tan cuestionada fama pública como Ferriz De Con y Paty Chapoy, da cuenta del extravío de los concesionarios. Y cuando, instalado en la histeria, el abogado de Televisa Javier Tejado aseguró fuera de cualquier proporción jurídica o histórica que los senadores “están estatizando” a los medios electrónicos, era evidente quiénes habían perdido esa partida.

   El escenario quedó perfectamente adecuado para que Pablo Gómez les encajara a los radiodifusores una contundente lección de derecho constitucional pero, sobre todo, de claridad política. Cuando los invitó a que se preguntaran por qué fuerzas tan distintas como PAN, PRI y PRD se ponen de acuerdo para impulsar una reforma que acota el hasta ahora desmedido poder de los medios respecto de la política, ese senador perredista les hizo a los patrones mediáticos un inestimable obsequio. Pero no será sencillo que, tras un ejercicio de poder atrabiliario tan sostenido como impune, los dueños y directivos mediáticos hagan ese ejercicio de conciencia al que Gómez los convocó.

   Los temas plausibles de la reforma electoral no opacan los abusos que al amparo de ellos quieren cometer los partidos, comenzando por la destitución de los consejeros del IFE que a estas alturas no ha sido justificada por un solo legislador. La remoción de los consejeros será resultado de una injusta venganza política. La cancelación de la propaganda pagada será consecuencia de una desigual y ahora, por lo visto, insostenible relación de subordinación de las fuerzas políticas respecto de la radiodifusión comercial.

   Dueños y voceros de ese poder mediático ayer lucieron  desquiciados, sin maquillaje, desenfocados. No tardarán en recuperar la figura sin abandonar el viejo estilo: severas advertencias en privado, dosificadas menudencias de rating en público. No pasarán muchas horas para que sepamos si esos gastados recursos todavía atemorizan a la clase política.