En el Senado

Intervención durante la reunión de miembros de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, con senadores integrantes de la Comisión Plural para la reforma de las leyes de medios y telecomunicaciones. 20 de febrero de 2007.

Reforma de medios, cuestión de poder

Nexos, abril de 2008

La granja

“Todo es cuestión de poder, desde luego” explicaba el sociólogo británico Roger Silverstone: “En definitiva, el poder que tienen los medios para fijar una agenda. Su poder para destruirla. Su poder para influir en el sistema político y cambiarlo. El poder de facilitar, de informar. El poder de engañar. El poder de modificar el equilibrio de poder: entre el estado y el ciudadano; entre país y país; entre productor y consumidor. Y el poder que les es negado: por el estado, por el mercado, por la audiencia, el ciudadano, el consumidor resistentes u opuestos”.

Debido a que ejercen un poder muy importante, es preciso que existan contrapesos delante de los medios de comunicación. No son un poder ilimitado. En las sociedades contemporáneas resulta factible refrendar o propiciar nuevos poderes delante del que ejercen los grandes medios de comunicación.

Los medios convencionales (televisión, prensa, radio) constituyen un vehículo formidable para propagar mensajes pero en esa virtud, como es harto sabido, radica su riesgo esencial. El acaparamiento comunicacional puede constituirse en una de las peores amenazas para la democracia. La concentración de muchos medios en pocas manos tiende a estrujar la diversidad, así como la calidad de las opciones comunicacionales. Por eso todas las democracias contemporáneas establecen límites a la concentración de los medios.

Ideología y tecnología

A los dueños de las empresas de comunicación no les gusta que haya reglas que delimiten su actividad. Cada vez que se habla de revisar las leyes para la radiodifusión repiten la misma cantinela: normar a los medios, dicen, implica coartar la libertad de expresión.

Al contrario: regular a los medios es el único camino para que la sociedad disfrute de tal libertad. Si no existieran reglas para acotar la propiedad monopólica, propiciar la existencia de medios no comerciales, favorecer la difusión de producción independiente y hacer valer atribuciones de la sociedad como el derecho de réplica, los únicos capaces de ejercer la libertad de expresión serían los propietarios de los medios privados.

También a menudo se dice que, a estas alturas del desarrollo tecnológico en las comunicaciones, el empeño para reglamentar a los medios resulta candoroso porque los mensajes hoy en día se propagan mucho más por las nuevas redes telemáticas que en los canales de radiodifusión convencionales. El futuro de la comunicación, se insiste con afán anti regulatorio, se encuentra en Internet y allí las leyes se enfrentan a una propagación de mensajes sin fronteras.

Las nuevas tecnologías, en efecto, han propiciado el surgimiento de espacios comunicacionales que rompen con la unilateralidad y la estrechez de los medios tradicionales. La profusión de contenidos en Internet hace que la programación de los canales de televisión parezca un estanquillo de revistas comparado con la Biblioteca del Congreso estadounidense. Pero como también sabemos, los contenidos en la Red son tan disímiles en calidad como torrenciales en cantidad y hay amplias franjas de la población que están lejos de acceder a Internet.

Si de veras resultase obsoleto pensar en leyes de esta índole porque las nuevas tecnologías han multiplicado los canales de comunicación uno podría preguntarse por qué, entonces, las empresas televisivas defienden con tanta exaltación los canales que han usufructuado durante tantos años.

Ese era el propósito clave de la Ley Televisa, como con toda escrupulosidad fue denominada la reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en marzo de 2006 y cancelada 15 meses después por la Suprema Corte de Justicia. Gracias a esas disposiciones, los titulares de una concesión de televisión o radio podían disponer a su antojo de la frecuencia que hasta ahora habían utilizado solamente para difundir señales convencionales. En adelante, además de radio o televisión podrían transmitir, en esos espacios, servicios de Internet y otras formas de comunicación digital.

Los empresarios perjudicados con aquella decisión de la Corte han replicado que significó un revés para la convergencia tecnológica porque las señales de radiodifusión no se podrán utilizar plenamente. Pero, al contrario, gracias a esa determinación el espectro radioeléctrico podrá ser aprovechado por la sociedad mexicana de manera más intensa, diversa y creativa. Si la Ley Televisa hubiera prosperado, las empresas que detentan más concesiones de televisión (Televisa y Azteca) hubieran dispuesto de formidables porciones de espectro radioeléctrico para emplearlas como mejor les conviniera. Ahora en cambio, en cada frecuencia se difundirán distintos servicios de comunicación a cargo de diversas empresas. Cada uso y frecuencia tendrán que someterse a licitación.

Agenda legislativa

Para que eso ocurra es preciso que exista una nueva legislación. La decisión de la Corte eliminó párrafos sustanciales de las mencionadas leyes federales. La tarea de sustituirlos le corresponde al Congreso de la Unión. Es urgente que lo hagan porque mientras tanto la renovación de concesiones, la apertura de otras nuevas e incluso la situación jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, designada con sustento en la ahora inválida “Ley Televisa”, se encuentran en la cuerda floja.

El Senado se hizo cargo de esa necesidad y el 7 de septiembre de 2007 creó un “Grupo Plural” para revisar la legislación acerca de telecomunicaciones y radiodifusión. Dos semanas antes el Diario Oficial había publicado la sentencia de la Corte que declaró inconstitucionales las reformas en esas materias. El rebumbio que suscitaron otros asuntos políticos (entre ellos las reformas constitucionales acerca de la propaganda electoral en medios electrónicos) y el desinterés que muchos espacios en radio y televisión decidieron asumir acerca del Grupo Plural, le dieron a su nacimiento un bajo perfil mediático.

Sin embargo ese espacio legislativo tiene una importancia de primer orden: lo integran los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, los presidentes de tres comisiones senatoriales y 10 senadores más: 3 del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 1 del Partido Verde, otro de Convergencia y uno más del Partido del Trabajo.

Durante sus primeros meses el Grupo Plural, presidido por el senador Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, organizó seminarios para entender los alcances técnicos y legislativos de las decisiones de la Corte y escuchó en una docena de audiencias a los principales involucrados en una reforma legal para los medios.

En febrero la presidencia del Grupo fue ocupada por Ángel Heladio Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional. Ese senador manifestó una ostensible reticencia a emprender una pronta reforma legislativa. Tales diferencias de apreciación impedían que hubiera certezas sobre la reforma legal para los medios. El Grupo Plural, en todo caso, trabajó a partir de una agenda con siete grandes temas que tendrían que ser el eje para esa nueva legislación.

El primer asunto es quiénes, con qué atribuciones y cómo regularían a los medios. Las tecnologías digitales han emparentado de tal manera los formatos de los medios convencionales con los espacios y la ubicuidad de los nuevos medios que resulta pertinente pensar en una autoridad para todos ellos. Un solo organismo regulador, con atribuciones para intervenir en asuntos de radiodifusión tanto como de telecomunicaciones, sería congruente con una ley de medios audiovisuales y para las tecnologías digitales en vez de dos ordenamientos como tenemos hasta ahora.

En la medida en que tenga mayor independencia respecto del gobierno y otros poderes, el organismo regulador contaría con mayor fuerza institucional. Por eso sería necesaria una reforma constitucional y no únicamente la aprobación de una nueva legislación federal. En todo caso, otro tema relevante sería el mecanismo para designar al organismo y los requisitos que debieran cumplir sus integrantes, especialmente para garantizar que no tengan conflictos de interés al regular a las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión.

El organismo regulador tendría que licitar las concesiones para cualquier modalidad de explotación del espectro radioeléctrico. Las reglas para esas subastas, en donde la oferta financiera constituiría un factor complementario a la calidad en la programación o los servicios que ofrezca el interesado en disfrutar de concesiones, las normas para refrendar o prorrogar tales autorizaciones y sobre todo el establecimiento de límites a la propiedad de recursos comunicacionales, destacan en el segundo apartado de la agenda que ha discutido el Grupo Plural. Los intereses que pueden ser acotados con esta legislación no resultan menores. Basta recordar que dos empresas detentan el 94% de las concesiones de televisión comercial y otra más, Telmex, ha constituido un monopolio pertinazmente aferrado a esa posición de privilegio en el campo de la telefonía.

En un tercer tema se ubican las reglas específicas para auspiciar la modernización de las telecomunicaciones y su convergencia. Allí, lo más pertinente será el establecimiento de principios generales que orienten a la autoridad para regular casos específicos: rectoría del Estado, promoción de la competencia, defensa del interés de los consumidores y/o usuarios, serían algunas de esas pautas.

Las reglas para que los pueblos y comunidades indígenas tengan medios electrónicos, ocupan un cuarto apartado. El quinto, se refiere a los medios de índole pública y comunitaria. Los medios no comerciales más relevantes, entre ellos radios y televisoras de varias universidades públicas, han sugerido la creación de una ley federal específica para medios públicos. Pero un capítulo destinado a ellos dentro de una ley general de medios permitiría reconocerlos como parte del audiovisual nacional y quizá aliviar la marginación que han padecido. Los medios de índole o vocación pública deberían tener autorización para vender espacios de publicidad.

El sexto capítulo del guión que ha organizado la deliberación de los legisladores se refiere a los contenidos de los medios de radiodifusión. Junto con una plena garantía a la libertad de expresión, tendrían que existir reglas para clasificar los programas a fin de que los contenidos para adultos se transmitan únicamente en horarios apropiados para esa audiencia. En ese tema se incluirían los porcentajes de programación nacional, y producida por grupos independientes, que habrían de incluir radiodifusoras y televisoras.

Normas para la publicidad estableciendo límites claros a la cantidad de anuncios permitidos cada hora y, por otra parte, a fin de evitar la difusión de mensajes engañosos o que afecten la integridad de las producciones audiovisuales se encuentran en ese apartado.

También resultaría oportuno terminar con las confusiones e incluso los abusos que desde hace 4 décadas ha significado el llamado tiempo fiscal, resultado de un impuesto especial para la televisión y la radio. Lo más pertinente sería aumentar (quizá duplicándola) la media hora de la cual, además del tiempo fiscal, dispone el Estado todos los días en cada televisora y radiodifusora.

Una nueva legislación en estas materias tendría que ser compatible con las reglas que ahora contiene el Código Electoral para la difusión de mensajes políticos de los partidos. Por otra parte, quizá sea necesaria una legislación específica para normar el derecho de réplica que desde fines de 2007 está expresamente acreditado en la Constitución.

El séptimo de los temas que el Grupo Plural de senadores se propuso estudiar se refiere a las sanciones que habría por el incumplimiento de la legislación (actualmente las multas a los concesionarios que infringen la Ley de Radio y Televisión son absurdamente bajas) y los mecanismos para impugnar resoluciones en estos temas.

Presiones, aspiraciones

En represalia por interesarse en esta ley y por haber modificado las reglas para la propaganda política, los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado fueron vetados en los programas de Televisa y TV Azteca. Varios de los diputados más prominentes, en cambio, alcanzaban notoria presencia mediática. Un escenario indeseable para la reforma legal de los medios sería la aprobación en el Senado de una propuesta sólida que, sin embargo, se empantanara en la Cámara de Diputados.

Y es que, como advirtió el profesor Silverstone (Roger Silverstone, ¿Por qué estudiar a los medios?. Amorrortu, Buenos Aires, 2004) todo es cuestión de poder: “Del poder de escuchar y el poder de hablar y ser escuchado. El poder de incitar y guiar la reflexión y la reflexividad”. De esta reforma depende que esa capacidad quede en las mismas y avaras manos que han controlado a los grandes medios en México o que haya marco para la competencia, la diversidad y la pluralidad. De eso se trata. Nada más que de eso.

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La cuadratura del círculo

La Crónica, 20 de febrero

Otrora tema solamente de especialistas y de los profesionales directamente vinculados con ellos, hoy en día resulta evidente que los medios de comunicación son asunto de todos. Así lo confirma la creación, ayer miércoles 20 de febrero, del Frente Nacional por la Reforma de Medios Electrónicos que reúne a medio centenar de organizaciones. Agrupaciones de la sociedad como Poder del Consumidor, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Salud Integral para la Mujer, participan allí junto a sindicatos y coaliciones sociales como el de Trabajadores de la UNAM y la Unión Nacional de Trabajadores. Están, desde luego, grupos afines al análisis y la docencia alrededor de los medios como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y agrupaciones que defienden usos sociales específicos de la comunicación como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Hay organismos gremiales y profesionales directamente relacionados con los medios como el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y la Asociación Nacional de Documentalistas. Destaca la participación de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes, que tienen entre sus principales fuentes de trabajo a las empresas de radiodifusión cuyo desempeño se pretende regular con una nueva legislación. El Frente se conformó a iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, que encabeza el ex senador Javier Corral Jurado.

Apenas constituido formalmente en un encuentro en el Club de Periodistas, representantes y miembros del Frente caminaron dos calles para llegar al Senado de la República en donde habían solicitado reunirse con los legisladores directamente involucrados en la revisión de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Estuvieron presentes Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado y una decena de legisladores más, miembros de PAN, PRD, PVEM y PRI. El encuentro era pertinente no sólo porque a los senadores tendría que interesarles el nacimiento de una coalición que se propone influir para que se reforme una legislación específica sino porque algunos de ellos, en las semanas recientes, han dicho que a corto plazo no habrá modificación en la normatividad para los medios de comunicación. El senador Creel dijo, en cambio, que tienen hasta el mes de abril para construir una nueva ley de medios.

En ese encuentro Aleida Calleja, dirigente de los radiodifusores comunitarios, relató cómo y con quiénes se conforma el Frente. Miguel Ángel Granados Chapa, presidente del Consejo Consultivo de la AMEDI, recordó los muchos esfuerzos que se han desplegado para actualizar la legislación aplicable a los medios desde que, hace más de tres décadas, el diputado priista Luis M. Farías confesó, considerando que ya no tenía más por hacer en ese tema, que los legisladores no le habían hallado la cuadratura al círculo. El investigador Alberto Aziz Nassif mencionó las demandas principales del nuevo Frente.

Allí también, a invitación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presenté la intervención que transcribo a continuación.

* * *

Hace cuatro décadas un destacado embajador mexicano consideraba que la más importante de las “nuevas formas de participación” de la sociedad de nuestro país tendría que desarrollarse en los medios de comunicación. Ese ciudadano escribía: “Resulta escandaloso que la radio y la televisión sean todavía propiedad privada y que constituyan un negocio como cualquier otro. Al mismo tiempo, su nacionalización no sería un verdadero remedio: el monopolio del Estado en materia de información no es menos peligroso que el de los negociantes. El ejemplo de Rusia y aún el de Francia no recomiendan la nacionalización. Una solución intermedia consistiría en substituir el concepto de propiedad por el de uso: los que deben dirigir la radio y la televisión son aquellos que efectivamente la usan, es decir, los productores y los consumidores. La creación de consejos u otros organismos que se encargasen de la dirección de los programas de radio y televisión, podría ser un experimento en la democracia social de la participación”.

Aquel sobresaliente personaje explicaba: “Esos consejos estarían compuestos por la representación del Estado y, enseguida, por la de los radioyentes y televidentes, los maestros, los hombres de ciencia, los escritores y los poetas, los músicos, los artistas, los técnicos en radio y televisión, los periodistas… en suma, todos aquellos que participan efectivamente en la función informativa, ya sea como emisores o receptores. Se aseguraría así no sólo la libertad de información sino el derecho que todos los ciudadanos tienen a usar de la facultad humana por excelencia: hablar, oír y responder…” [Octavio Paz, Carta del 6 de septiembre de 1968 al C. Secretario de Relaciones Exteriores (Antonio Carrillo Flores). Reproducida en Vuelta No. 256, marzo de 1998].

Aquel mexicano se llamaba Octavio Paz y era embajador en India cuando, el 6 de septiembre de 1968, dejó registro de esas propuestas en una carta al secretario de Relaciones Exteriores. Supongo que los directivos de Televisa, tan proclives como son a descalificar a quienes proponen mecanismos de regulación social para los medios electrónicos, tendrán algún comedimiento antes de emprender contra ese Premio Nobel una campaña como las que han afectado a varios de los legisladores –algunos de ellos están aquí presentes– que se han propuesto reformar el régimen mexicano en materia de comunicación.

Lúcida y previsora como gran parte de sus reflexiones, aquella iniciativa de Octavio Paz subrayaba la influencia de los medios de comunicación que, como no son cualquier negocio, tienen que estar normados por reglas capaces de reivindicar el interés de la sociedad.

La regulación de los medios no atenta contra la libertad, como a veces se dice con lamentable simpleza. Toda libertad, para ser algo más que retórica, necesita reglas. Y el ejercicio de la libertad en los medios y delante de ellos requiere de normas capaces de garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer, en su consumo de mensajes mediáticos, de varias opciones y no solamente una –o dos, casi siempre tan deplorable una como la otra, en el caso de la televisión–. Reglas que protejan derechos como el de réplica, que auspicien la pluralidad y establezcan contrapesos al poder a menudo salvaje de los medios privados favoreciendo la existencia de medios no comerciales como los de índole pública y los comunitarios, son las que desde hace largo rato el Poder Legislativo le ha regateado a la sociedad mexicana.

La diversidad de intereses, experiencias y aspiraciones de esta sociedad no se refleja en los medios, especialmente la televisión. Por eso es preciso que haya más opciones locales y nacionales en el campo del audiovisual mexicano. También hace falta que las concesiones sean otorgadas por concurso y no discrecionalmente como ha sucedido hasta ahora; que sus usufructuarios paguen al Estado el valor real por el aprovechamiento de las frecuencias que les son concesionadas; que haya límites a la concentración de muchos medios en pocas manos que se ha constituido en el dique más importante para la apertura de la comunicación en México.

La amalgama técnica y funcional que hoy existe entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, hace necesario que la nueva legislación unifique y actualice normas que hasta ahora han permanecido disociadas en las leyes federales de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Promover la competencia tiene que ser un recurso para desarrollar y no para abatir la calidad tanto en los contenidos como en los servicios de tales medios. Esas tareas habrían de ser ejercidas por una autoridad regulatoria con autonomía institucional y atribuciones sólidas, pero antes que nada con respetabilidad entre sus interlocutores y en la sociedad cuyos intereses representará. A la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones la integran funcionarios que, en su mayoría, son polichinelas de las corporaciones a las que presuntamente regulan.

La nueva legislación no tiene que ser compleja, ni excesivamente detallada. A fin de que sea una legislación socialmente útil hoy, tanto como mañana, resulta necesario que establezca principios generales lo mismo para el aprovechamiento del espacio radioeléctrico que capaces de propiciar la diversidad, el respeto y la responsabilidad, entre otros valores, en los contenidos de la radiodifusión. Será pertinente que los legisladores no se dejen sorprender con artificios o fundamentalismos tecnológicos como los que el año pasado trajeron al Congreso, y luego quisieron propagar en la Suprema Corte, los promotores de la Ley Televisa. Y tendrán que recordar que en este, como en pocos asuntos nacionales, el tiempo apremia.

Un mes después de que escribió las líneas que mencionamos anteriormente Octavio Paz atestiguó, indignado, la intolerancia de un sistema político que se enredaba en sus propias tinieblas. El país que tenemos 40 años más tarde es distinto en casi todo, pero las reglas para la comunicación siguen siendo las mismas. Peor aún, los medios más relevantes siguen siendo los mismos y continúan atendiendo a los mismos intereses que en aquel 1968.

En ese año el poeta mexicano explicaba, con la llaneza de quienes discurren con claridad, que a los ciudadanos los medios tenían que permitirles hablar, oír y responder. Ese anhelo sigue dificultado hoy por la cerrazón y la arrogancia de los medios de más alcance, especialmente las televisoras privadas. La posibilidad de que con los medios y no a pesar de ellos seamos auténticamente ciudadanos, señores senadores, está en sus manos.

 

Cómo mejorar la televisión

Nexos, diciembre de 2007

   Ahora sigue la reforma legal para los medios. Después de las modificaciones constitucionales que, entre otras cosas, acabaron con la compra de espacios de propaganda política en televisión y radio, el Congreso mexicano tendrá que emprender la modificación y actualización de las leyes destinadas a los medios de comunicación. Además de regular la administración del espacio radioeléctrico que es propiedad de la Nación y por el cual se difunden las señales abiertas de televisión y radio pero también de Internet inalámbrica y telefonía, la nueva legislación habrá de enfrentar el interminablemente discutido problema de los contenidos en los medios de amplia difusión social.

   En ese debate nada hay tan previsible como las televisoras. No resultaría extraño que en los próximos meses Televisa, pero sobre todo esa versión cerril y ordinaria de los peores vicios y excesos de la televisión mexicana que es Televisión Azteca, insistieran en desvirtuar las propuestas que circularán para nutrir la reforma legal de los medios de comunicación. Las televisoras dirán que la regulación de contenidos es inadmisible como si no se tratara de medios que, además de ejercer una considerable influencia social, disfrutan de una concesión para transmitir a través del espacio radioeléctrico. Distorsionarán esas medidas, equiparándolas con la censura que hay en algunos países. Se arroparán en la bandera de la libertad de expresión como si los televidentes no recordaran las muchas tergiversaciones y manipulaciones que las televisoras han desplegado en defensa de privilegios que ahora comienzan a estar acotados.

   El comportamiento que se les conocía a las televisoras desde tiempo atrás y su desmedida reacción ante las reformas constitucionales, actualizaron la discusión acerca de la necesidad de mejorar los contenidos en esos medios electrónicos. Ahora el Congreso debe revisar las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones para establecer las normas que orientarán el desarrollo de los medios electrónicos y digitales. Lo más pertinente sería que diputados y senadores crearan una nueva ley que sirviera como marco jurídico integral tanto para televisión y radio como para telefonía, servicios de datos e Internet, entre otras opciones de comunicación que se encuentran crecientemente interrelacionadas. A muchos legisladores les interesa, especialmente, que haya medidas para propiciar contenidos de mejor calidad en los medios de difusión masiva.

   La calidad en la televisión y la radio puede ser entendida de diversas maneras. También la objetividad y la veracidad. En una sociedad abierta pueden coexistir diversas concepciones acerca de esos valores siempre y cuando los receptores de mensajes tengan la misma oportunidad para acceder a toda clase de contenidos. El problema en México, especialmente con la televisión, ha sido la excesiva concentración no sólo de muchas frecuencias en pocas manos sino, también, de contenidos de muy discutible calidad en los canales acaparados por las dos empresas privadas. Los telespectadores no han tenido oportunidad de acercarse a otras opciones de televisión.

   Allí radica la importancia de la reforma que el Congreso puede emprender para los medios electrónicos. A fin de que tengamos una mejor televisión lo que hace falta en primer lugar es que contemos con más canales, a cargo de actores con intereses y enfoques diversos. Además de más empresas de comunicación privadas sería necesario que hubiera un auténtico sistema nacional de televisión pública: no una televisión de gobierno ni oficialista, sino canales orientados por criterios plurales, profesionales y no mercantiles.  

   Los contenidos en los medios electrónicos, como en cualquier forma de comunicación, jamás mejorarán estableciendo restricciones ni censuras. Más opciones, en cambio, tenderán a significar mayores contrapesos ante los consorcios que hasta ahora han especulado con las frecuencias que tienen concesionadas, especialmente en el campo de la televisión.

   En la difusión de noticias, por ejemplo, sería inaceptable que a las empresas televisoras y radiodifusoras se les impusiera la obligación de transmitir una sola versión de los acontecimientos o que se les impidiera expresar sus intereses y preferencias. Si los ciudadanos tienen varias opciones para informarse por ese medio, sabrán distinguir entre televisoras que intencionalmente distorsionan y manipulan acontecimientos (como durante largo tiempo han acostumbrado TV Azteca y Televisa) y aquellas que se comportan con otros parámetros profesionales.

 

Normas para los contenidos

   El tema de los contenidos en los medios suscita confusiones, e incluso temores, debido a la posibilidad de que hubiera actitudes de imposición o censura. Se ha incurrido, por descuido pero también a causa de una apreciación parcial, en una falsa disyuntiva. El problema en este caso no es quién resuelve qué han de transmitir los medios de comunicación. La decisión acerca de qué contenidos difunden tiene que ser de los concesionarios, pero con responsabilidades claramente definidas por la ley. La regulación de los medios –que jamás debe implicar censura– estará a cargo de la autoridad que la nueva legislación establezca. El auténtico dilema es cómo propiciar mejor calidad –y, así, diversidad y pluralidad– en los medios electrónicos. Estas son seis medidas que podrían formar parte de una legislación moderna en materia de contenidos para los medios electrónicos. 

   1. Protección de los menores. Entre 6 de la mañana y 10 de la noche (que son los horarios establecidos para este propósito en diversos países) tendría que estar vetados los contenidos para adultos. La clasificación de los programas debiera ser clara, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por las audiencias.

   2. Publicidad. Los tiempos máximos que la ley establezca para la difusión de mensajes pagados deben ser cabalmente respetados. El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión indica que la propaganda comercial no debe ocupar más de 18% del horario total de transmisión en televisión. Sin embargo un monitoreo coordinado en mayo de 2007 por la profesora Beatriz Solís Leree para la UAM y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, encontró que la publicidad comercial ocupó 22%, 15% y 23%, respectivamente, de las transmisiones en los canales 2, 5 y 13 de televisión. Es preciso que las infracción a esas y muchas otras disposiciones de la ley para medios electrónicos sean sancionadas con rigor.

   Si se mantuviera el 18% permitido para anuncios comerciales, sería necesario que fueran contabilizados cada hora y no en el total del tiempo transmitido durante todo un día. La misma observación confirmó que hay programas de las cadenas nacionales de televisión durante los cuales se transmite hasta 45% de publicidad durante una hora.

   Los anuncios de productos como bebidas alcohólicas, dirigidos a audiencias de edad adulta, solamente deberían transmitirse, sin excepciones, en los horarios correspondientes. La Ley Federal de Radio y Televisión indica que la publicidad de tales bebidas solamente puede ser presentada a partir de las 22 horas pero con frecuencia el gobierno federal autoriza salvedades a esa norma.

   La publicidad subrepticia (por ejemplo, cuando el personaje de una telenovela abre un paquete de donas Bimbo) debería estar absolutamente prohibida. También la publicidad subliminal.

   3. Proscribir engaños y supercherías. La difusión de mensajes publicitarios o de programas que ofrecen transformaciones o curaciones mágicas, o milagrosas, debería ser vedada. Cada vez más, en la televisión y la radio mexicanas se difunden mensajes de charlatanes como los que prometen aliviar enfermedades con recursos sobrenaturales y que constituyen un cotidiano engaño a la buena fe de muchas personas.

   4. Integridad de los programas. La creación artística y la integridad de los espectáculos debe ser plenamente respetada. Los largometrajes deberían ser difundidos con un mínimo de cortes comerciales (a lo sumo cada 20 o 30  minutos) y de manera completa. Se debería propiciar la transmisión de versiones originales, con subtítulos y con el audio original. Recursos que alteran creaciones artísticas, como la coloración de películas originalmente realizadas en blanco y negro, tendrían que ser evitados.

   Lo mismo, debería impedirse la superposición de anuncios o mensajes que impiden apreciar la difusión completa de un programa: por ejemplo los engendros digitales que afectan la transmisión de los partidos de futbol.

   5. Producción independiente. Un recurso fundamental para propiciar a la vez diversidad y calidad se encuentra en el establecimiento de tiempos mínimos (por ejemplo el 20% sobre el total de la programación de cada televisora) para transmitir programas producidos por empresas distintas a las que disfrutan de concesiones. De esa manera se lograría que hubiera distintas concepciones y orientaciones en la programación de los medios electrónicos.

   6. Pluralidad informativa. Para los programas de noticias, se podrían establecer pautas que propicien la inclusión de todos los actores posibles en la difusión de un acontecimiento. En especial, es pertinente favorecer la cobertura equitativa de las campañas electorales señalando como responsabilidad de los concesionarios la inclusión de todos los partidos y candidatos. Sería imposible, pero sobre todo resultaría absolutamente indeseable, que hubiera intervención alguna sobre los contenidos informativos que difunden radiodifusoras y televisoras. Pero los monitoreos que ya realiza la autoridad electoral acerca de la cobertura de asuntos de esa índole en tiempos de campaña podrían ser ampliamente difundidos. De esa manera los ciudadanos conocerían enfoques y sesgos que cada empresa de radiodifusión y cada programa imprimen a la presentación de noticias políticas. Los resultados de esos monitoreos podrían ser uno de los elementos que tome en cuenta la autoridad reguladora de la radiodifusión al momento de aprobar o rechazar el refrendo de una concesión.

 

Otras decisiones indispensables

   Además de recursos como esos, la equidad en los contenidos de los medios electrónicos podrá ser respaldada con decisiones entre las que se encuentran las siguientes.

   a) Derecho de réplica. Esta prerrogativa de los ciudadanos fue establecida en la reciente reforma constitucional y tiene que ser reglamentada en la legislación federal. Aquellos locutores y concesionarios que gustan de injuriar, mentir y distorsionar sin que hasta ahora hayan encontrado suficientes reconvenciones sabrán que, cuando incurran en esas prácticas, habrá ciudadanos interesados en ejercer su derecho para aclarar informaciones y alusiones que les afecten de manera directa.

   b) Órgano regulador. El organismo que administre esas y otras disposiciones tendría que contar con independencia plena respecto de los poderes públicos y, desde luego, de las empresas concesionarias. Sin una autoridad con autonomía y recursos suficientes cualquier reforma para los medios quedará trunca.

   c) Límites a la concentración. El acaparamiento de muchos medios en pocas manos ha sido el origen del poder hasta ahora desmedido de los consorcios comunicacionales. Televisa y Azteca no deberían recibir una sola concesión más. Tienen que existir reglas que favorezcan la diversidad de opciones y que establezcan límites a la propiedad de medios.

   d) Medios públicos. A los medios de gobierno q         ue ya tenemos en México (canales 11 y 22 y las radiodifusoras del IMER, entre otros) es preciso convertirlos en medios públicos con recursos, autonomía de gestión y mecanismos institucionales que los vinculen con la sociedad. Esos medios y otros más podrían formar parte de una corporación pública manejada por autoridades plenamente independientes y de reconocida competencia profesional.

   e) Alfabetización mediática. Es preciso promover, tanto en la escuela como fuera de ella, programas de divulgación capaces de desarrollar, en los niños y jóvenes, así como en los ciudadanos, la habilidad para relacionarse de manera enterada y crítica con los contenidos de los medios de comunicación.

   Ninguna de las once medidas que hemos enumerado resulta ajena a la regulación que existe para los medios en otros países. Casi todas ellas se encuentran, por ejemplo, en la normatividad para los medios que la Unión Europea acaba de revisar en la directiva denominada Hacia un espacio audiovisual sin fronteras, de mayo de 2007. Cuando los legisladores mexicanos se asomen al derecho comparado en estos temas encontrarán que, en la discusión internacional acerca de los medios, existe coincidencia en la necesidad de que las ventajas de la convergencia tecnológica, que permite difundir más contenidos por una amplia gama de formas de transmisión, beneficie antes que nada a los ciudadanos. Más opciones en materia de contenidos, protección de los menores, defensa de los ciudadanos, promoción de la diversidad y medidas para auspiciar la calidad, son parte de los recursos que los Estados contemporáneos utilizan con ese propósito. Ya es hora de que así ocurra en México.

Televisa no apoyará estas propuestas

La Crónica de Hoy, 8 de noviembre de 2007

La próxima reforma legal para los medios de comunicación tiene que ser integral, incluyente y ambiciosa. De otra manera no tendría sentido la extensa discusión que se mantiene ahora mismo y que se reavivó hace algunos meses cuando la Suprema Corte de Justicia desechó los artículos más importantes de la ley Televisa. A raíz de aquella decisión judicial, el Senado de la República conformó un “grupo de trabajo plural” integrado por los coordinadores y varios legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios así como por los presidentes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos. El Grupo elaboró una agenda de temas a discutir en la revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión y desde el mes pasado ha invitado a varias organizaciones e instituciones a que presenten puntos de vista al respecto.
Ayer, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) entregó en el Senado sus propuestas para esa reforma legal. Junto con otros miembros de la Asociación tuve el privilegio de acompañar a Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación, en la presentación de ese documento.
En ese texto manifestamos que la reforma legal para los medios y las telecomunicaciones no tendría sentido si no se la reconoce como uno de los pasos más importantes para construir en México una auténtica sociedad de la información. Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político. Los contenidos en muchos de esos medios han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social. El acaparamiento y la incapacidad para enfrentar el contraste y la diversidad han llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse militantemente a cualquier apertura que propicie la competencia, especialmente en la televisión abierta.

La acumulación de muchos recursos comunicacionales en pocas manos reforzó el poder que de por sí confiere siempre el privilegio de acceder a una concesión de radio o televisión. Y esa capacidad de influencia, convirtió a los principales concesionarios en un poder que en ocasiones se ha colocado al margen del Estado y ha querido sobresalir por encima de las instituciones legales. Ese afán acaparador les permitió incluso, a los consorcios comunicacionales, promover y lograr la aprobación de una reforma legal que ampliaba los privilegios que ya tenían.
Aquellos excesos, sumados a los que han cometido cuando han tratado de subordinar a sus designios a segmentos importantes de la clase política mexicana, han encontrado resistencias y respuestas muy importantes. Hace año y medio, cuando estaba a discusión la contrarreforma a las leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones a las que no resultó exagerado denominar como ley Televisa, no fueron pocos los legisladores que, especialmente en el Senado de la República, se manifestaron en contra. La acción de inconstitucionalidad promovida por casi medio centenar de ellos permitió que, un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara los puntos más relevantes de aquellas modificaciones legales.
Esa histórica decisión de la Corte contribuyó a crear un contexto propicio a la reforma constitucional en materia electoral que en septiembre pasado aprobó el Congreso de la Unión y la cual, a pesar del tosco rechazo que le opusieron algunos concesionarios de televisión y radio, fue impulsada por los partidos políticos más importantes. La consecuencia necesaria de tales decisiones es ahora la instauración de una auténtica reforma para las leyes que regulan a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Esa, lejos del abuso en beneficio de unos cuantos que constituía la ley Televisa, tendrá que propiciar una modificación decisiva y en beneficio de la pluralidad y la democracia en el panorama actual de los medios de comunicación en México.
El avance tecnológico de los años recientes ha favorecido la existencia de nuevos y cada vez más difundidos recursos para almacenar, propagar y reproducir cantidades de información crecientemente cuantiosas. Sin embargo, el desarrollo en nuestro país de esos recursos ha sido limitado y desigual. No han existido políticas públicas suficientemente amplias y capaces de proporcionar a la mayoría de los mexicanos acceso franco, constante y de calidad lo mismo a tecnologías interactivas como Internet y la telefonía que a medios de difusión como la televisión y la radio. La brecha digital se ha añadido a otros factores de escisión social que ya padecíamos. Los proyectos estatales para utilizar Internet se han limitado a promover la administración y la gestión electrónicas pero no han propiciado el aprovechamiento de tales recursos por parte de los ciudadanos. La telefonía, tanto fija como celular, ha tenido una expansión considerable aunque hay zonas del país en donde se han desarrollado de manera irregular. También en esta área de las comunicaciones el interés monopólico ha obstaculizado la diversificación de empresas que, junto con una auténtica y eficaz regulación estatal, podría mejorar la calidad y reducir los precios al consumidor de tales servicios.
La revisión de la legislación para las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene que estar orientada por la búsqueda de un auténtico proyecto de sociedad de la información para este país. Por tal proyecto, entendemos al contexto de normas jurídicas y políticas públicas que pretenda la equidad, la participación, la construcción del conocimiento y la solidificación de la cultura cívica de los mexicanos.
En su propuesta de reforma integral para los medios de comunicación y las telecomunicaciones, la Amedi reivindica antes que nada derechos de los ciudadanos como los de réplica, expresión e información. También considera que a la radiodifusión se la debe reconocer como servicio público.
El espectro radioeléctrico es y debe seguir siendo propiedad de la nación: cualquier usufructo con propósitos comerciales tiene que ser a cambio de una contraprestación económica pero los criterios para asignar la concesión deben tomar en cuenta, antes que nada, el servicio que recibirá la sociedad.
A la convergencia digital se la debe aprovechar plenamente, siempre a partir de las políticas que establezca la autoridad reguladora y privilegiando, por encima de cualquier otro, el interés público. Y para que haya congruencia entre el desarrollo tecnológico que hoy amalgama formatos, canales y modalidades para la difusión de los mensajes, se propone la creación de una sola ley federal tanto para la radiodifusión como para las telecomunicaciones.
La regulación de tales áreas tendría que estar a cargo, siempre en concordancia con esos principios, por un órgano autónomo respecto de los poderes estatales como, por supuesto, de las empresas a las que normaría. La creación de ese organismo haría necesaria una reforma constitucional para que la asignación de concesiones no sea privilegio del Ejecutivo Federal sino responsabilidad de la nueva entidad autónoma.
Acceso, conectividad y diversidad son otros principios que normarían el nuevo marco legal, siempre de acuerdo con la propuesta de la Amedi. La garantía de acceso universal requiere políticas de Estado a fin de diversificar la educación, el aprovechamiento y los recursos para acceder a Internet y aprovechar creativa y participativamente sus contenidos, así como la obligación para que los contenidos de televisión y radio que se propagan en señales abiertas sean incluidos en todos los servicios que difunden a esos medios de manera codificada o de paga. La conectividad, exige de la mayor flexibilidad posible para la interconexión de las redes digitales, independientemente del formato o de los contenidos que propaguen. La diversidad, implica entre otras consecuencias que en la asignación de concesiones se tomen en cuenta requerimientos de grupos étnicos, universidades e instituciones educativas y organismos comunitarios.
La legislación deberá garantizar los principios de pluralidad, libertad de expresión y derecho a la información con responsabilidad. Se sugiere, por ejemplo, que en la radiodifusión haya pautas para clasificar la programación. También hacen falta reglas para que el derecho de réplica recientemente consagrado en la Constitución sea realidad. En otro tema, se considera que los productores tienen derecho a que los contenidos de su autoría sean difundidos sin censura, modificaciones o confiscaciones de cualquier índole.
La Amedi propone que en la radiodifusión pueda haber inversión extranjera directa, con límites precisos, con lo cual terminaría la simulación que significa la inversión enmascarada a la que hoy en día acuden empresas extranjeras para participar en medios de nuestro país.
Y de manera especial, la Asociación promueve la existencia de medios de radiodifusión auténticamente públicos: con autonomía funcional respecto del resto del Estado, financiamiento versátil que incluya recursos fiscales junto con el derecho a comercializar espacios y vinculación con la sociedad que sea un referente para afianzar calidad y variedad de sus contenidos.
Esos son los principios que orientan las propuestas de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información entregadas ayer, en un documento de 66 cuartillas, al Grupo Plural de senadores. El texto completo estará disponible en los sitios del grupo senatorial: http://www.senado.gob.mx/telecom_radiodifusion/ y de la propia Amedi: http://www.amedi.org.mx Estas propuestas seguramente no ganarán consenso en Televisa ni en Televisión Azteca. Pero ya se ha demostrado que la animosidad de esas empresas (que, por cierto, cada vez tienen menos respaldo entre otros radiodifusores) no es indispensable para abrir espacios a la democracia. Lo que se requiere es decisión y cohesión de los legisladores para completar la delimitación del poder mediático que iniciaron en junio pasado los ministros de la Corte al invalidar la contrarreforma del año pasado y prosiguieron en septiembre los propios senadores y diputados con las reformas constitucionales que moderan la influencia política de la radio y la televisión.

Medios y política. Alcances de la reforma constitucional

Publicado en Zócalo, octubre de 2007

No fueron únicamente los votos. Además de la unanimidad de los tres partidos principales para respaldar la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral fue muy notorio el discurso, de una inédita exasperación, que en ambas cámaras, y muy especialmente en el Senado, los legisladores manifestaron contra las amenazas de las televisoras.
De la impunidad habitual al chantaje burdo y luego, de la incredulidad exasperada a la desesperación y el desconcierto, los consorcios mediáticos empezaron a cosechar las consecuencias de un comportamiento abusivo y convenenciero. Nunca, como en la segunda semana de septiembre, habían tropezado con los límites de la relación cada vez más desigual que llevaban años de imponerle a una clase política habitualmente apantallada por el poder de los grandes medios. Nunca, durante esos años de creciente supeditación a la influencia política y mercantil de los consorcios comunicacionales, legisladores y dirigentes políticos habían mostrado una actitud como esa.
La subordinación de los políticos mexicanos respecto de los medios de comunicación no ha terminado. Pero el punto de inflexión que encontró cuando las cadenas televisoras y radiodifusoras quisieron impedir la aprobación de las reformas constitucionales tendrá que marcar nuevas formas en el trato entre unos y otras. Al montar el inusitado pero además prepotente espectáculo con el que pretendieron amedrentar a los senadores el martes 11 de septiembre, seguramente los concesionarios más influyentes no supusieron que encontrarían un rechazo categórico por parte de senadores panistas, perredistas y priistas. Al llevar a muchos de los conductores de noticieros más conocidos a la sala de sesiones en la Torre del Caballito, donde el Senado tiene la mayor parte de sus oficinas, los dueños de Azteca, Televisa y varias de las cadenas radiofónicas con más estaciones querían mostrar una advertencia perentoria a los legisladores: o modificaban la propuesta de reformas constitucionales que entre otros cambios cancelaba la contratación de propaganda política en los medios electrónicos, o el poder de los medios se les vendría encima.
Para sorpresa de los jeques mediáticos –y, hay que reconocerlo, para sorpresa también de muchos ciudadanos– los legisladores afrontaron el reto. La iniciativa fue aprobada al día siguiente por el pleno del Senado y lo mismo sucedió el viernes 14 en la Cámara de Diputados. La Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión había exigido la realización de un referéndum acerca de esa reforma constitucional. Con un discurso pendenciero y repleto de mentiras, los radiodifusores más agresivos siguieron diciendo que las modificaciones legales atentaban contra la libertad de expresión y consideraron que los senadores y diputados representaban a una partidocracia que estaba acaparando las decisiones fundamentales en el país.

El dinero, fuera de la
propaganda electrónica
Los partidos, en efecto, respaldaron las decisiones que tanta aversión suscitaron en algunos de los más importantes empresarios de la radiodifusión. Pero en el discurso mediático había una trampa retórica porque no eran los partidos sino los legisladores que forman parte de ellos los que aprobaron la reforma constitucional. No fue de la “partidocracia” sino en el Congreso de la Unión donde surgieron y fueron votadas esas reformas. Sin embargo la CIRT, con un discurso irritadamente amplificado por Televisión Azteca, clamó contra esa decisión como si hubiera sido tomada al margen de la sociedad y no por los legisladores que (gústenos o no) representan a los ciudadanos que votaron por ellos.
Después de su aprobación en ambas cámaras, la reforma tiene que ser respaldada por al menos la mitad de los congresos estatales para que la Constitución sea modificada. Por eso, apenas transcurrieron las fiestas patrias el nuevo flanco de confrontación entre las televisoras y los partidos se instaló en las cámaras de diputados locales. Ya que no presionaron a los legisladores federales, los radiodifusores más beligerantes tratarían de hacerlo con los diputados en cada entidad federativa y, sobre todo, a través de algunos de los gobernadores más proclives a buscar la promoción que les ofrecen la televisión y la radio.
En ese nuevo espacio de conflicto la CIRT repetiría los argumentos, sin sustento pero intensamente propalados, que presentó delante de los legisladores federales. Los empresarios de la radiodifusión insistieron en que la reforma constitucional vulneraba la libertad de expresión porque una versión preliminar del dictamen, finalmente aprobado en ambas cámaras, incorporaba este párrafo al artículo 41 de la Constitución:
Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona privada o pública, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero (el subrayado es nuestro).
Esa formulación era inquietante porque no solo prohibía la contratación de propaganda política sino, además, podía ser utilizada para impedir la presentación de opiniones críticas respecto de los hechos políticos durante los procesos electorales. Los senadores resolvieron ese riesgo suprimiendo las palabras que subrayamos en la anterior transcripción para que esa modificación diga que ninguna persona podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales…
Más tarde, algunos miembros de la CIRT y de otros grupos empresariales consideraron que la nueva redacción seguía siendo lesiva a la libertad de los particulares para dar a conocer sus opiniones políticas a través de la contratación de espacios de publicidad. Pero no se trata de una restricción a la libertad de expresión de la sociedad sino a la libertad del dinero para sobreponerse a las opiniones políticas de los ciudadanos.
Esa disposición no impide que los ciudadanos se manifiesten por el medio que sea. Lo que prohíbe es que haya propaganda pagada en la televisión y la radio. Y allí radica el cambio más importante en la reforma constitucional: el dinero desaparecerá de la relación entre política y medios. Al quedar prohibida la contratación de espacios de cualquier índole para difundir propaganda política, desaparecerá la subordinación que, a menudo, padecían candidatos y dirigentes de los partidos cuando tenían que contratar espacios en los medios electrónicos. Eso es lo que realmente les inquieta a los dueños de los consorcios de televisión y radio: los partidos dejarán de estar sometidos a los intereses de esas corporaciones privadas.
Por lo demás, la legislación mexicana ya prohíbe la contratación de propaganda política por parte de cualquier entidad o persona a excepción de los partidos. El artículo 48 del Código Federal Electoral establece:
Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo.
Así que los empresarios de la radiodifusión y de otras áreas que se inconforman porque los particulares no pueden contratar mensajes de propaganda electoral están algo atrasados de noticias. Esa disposición se encuentra en el Código Federal Electoral desde septiembre de 1993.
La reforma constitucional que ahora propusieron los senadores del PAN, el PRD y el PRI y que en la Cámara de Diputados fue apoyada además por el Partido del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata, tiene numerosas implicaciones. Allí se encuentra un intento para fortalecer la influencia de los partidos sobre la autoridad electoral y, sobre todo, la decisión para sustituir de inmediato a tres de los actuales nueve consejeros del IFE. Esa es, a nuestro juicio, una medida regresiva que atenta contra la autonomía de la autoridad electoral y para la cual los partidos no ofrecieron justificación alguna. Junto a esas decisiones hay una destacada colección de reformas que afectan la vinculación entre política y medios de comunicación y a las cuales nos referimos en las siguientes páginas.

Los mensajes negativos,
agresividad y subjetividad
Otra de las modificaciones les prohíbe a los partidos hacer propaganda negativa. Como se recuerda, uno de los temas de mayor discusión acerca de las campañas de 2006 fue la abundancia de agravios y descalificaciones entre los principales partidos. La propaganda negra, como algunos le han llamado, deteriora la vida pública y es síntoma, a la vez que acicate, de una cultura política en donde prevalecen los impulsos y recursos más primitivos. En vez de argumentos y propuestas, la descalificación de los contrarios, sobre todo cuando se injuria o se propagan difamaciones, propicia una competencia electoral que acaba desacreditando a la competencia política y a todos sus actores.
Sin embargo es difícil pensar en una campaña electoral en donde no haya descalificaciones. La propaganda negativa forma parte de la lucha política misma. En un contexto de insuficiente cultura cívica, con actores políticos que no se respetan unos a otros ese recurso será utilizado con más intensidad y, sobre todo, con mayor rispidez.
Es difícil sancionar a la propaganda negativa porque, antes que nada, resulta inevitable que haya alguna dosis de subjetividad para definir en qué momento una campaña traspone la tenue línea entre la competencia limpia y los recursos que no lo son. Siempre habrá quienes consideren que calificar a un candidato como peligro para México es un recurso de propaganda negativa pero también habrá aquellos que, con otros argumentos, sostengan que esa apreciación puede formularse en ejercicio de la libertad de expresión. O, en otro caso que todos recordamos, decir que el cuñado de un candidato presidencial se ha beneficiado ilegítimamente con recursos públicos será una muestra de honestidad y valentía para algunos, en tanto que para otros constituirá una difamación si no hay pruebas que respalden tal acusación.
Si la reforma constitucional prospera, la autoridad electoral tendrá la responsabilidad de resolver cuándo las campañas son limpias, o no. En una de las adiciones al artículo 41 de la Carta Magna se propone establecer:
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

Spots, en tiempos estatales
administrados por el IFE
La prohibición a la contratación de propaganda política va acompañada por una detallada explicación, también en la nueva redacción propuesta para el 41 Constitucional, para que los partidos y el IFE dispongan de una parte importante del tiempo de transmisiones en las radiodifusoras y televisoras que la actual legislación le confiere al Estado.
Como se sabe desde hace casi medio siglo, gracias a la Ley de Radio y Televisión de 1960, el gobierno tiene derecho a ocupar media hora diaria en cada estación. Adicionalmente, en virtud del llamado tiempo fiscal creado en 1969 y reducido en un 90% por el presidente Fox hace cinco años, el Estado puede ocupar 18 minutos diarios en cada estación de televisión y 35 en cada radiodifusora. Esos tiempos ascienden, en total, a 48 minutos diarios en cada televisora y 65 en cada estación de radio.
La reforma que votaron senadores y diputados establece que desde las temporadas de precampañas y hasta el día de cada elección federal, el IFE tendrá derecho a 48 minutos diarios de esos segmentos. Es decir, ocupará todo el tiempo del que dispone actualmente el Estado en las televisoras y el 74% del espacio que hay, para esos fines, en cada radiodifusora. Esos 48 minutos no se ejercerán de manera continua: tendrán que ser distribuidos en porciones de entre 2 y 3 minutos cada hora.
No todo ese tiempo será para los partidos. El 15% podrá ser reservado por el IFE para difundir mensajes de promoción electoral de tal manera que entre todos los partidos tendrán derecho a, por lo menos, 41 minutos diarios en cada estación tele o radiodifusora.
De esos 41, habrá 29 minutos (el 70%) que se distribuirán entre los partidos de acuerdo con los resultados de la elección de diputados federales más reciente. Los otros 12 minutos serán prorrateados de manera igual entre todos los partidos. Otra innovación establece que las campañas presidenciales durarán 90 días (actualmente alcanzan casi seis meses) y, cuando únicamente sean para legisladores federales, 60 días. Las precampañas durarán, cuando mucho, 60 y 40 días, respectivamente.
En otras palabras, durante los 3 meses de una campaña presidencial los partidos, en su conjunto, dispondrán de 61 horas y media en cada radiodifusora o televisora. Es tiempo más que suficiente para que den a conocer sus mensajes. Los spots no desaparecerán de la competencia política mexicana. Pero, por un lado, ya no nos costarán a los ciudadanos. Y por otro, los partidos no tendrán que negociar con los medios las tarifas para esos anuncios ni la asignación de horarios para transmitirlos. También desaparece la mediación entre las empresas de radio y televisión y la autoridad electoral que hasta ahora cumple, a veces tomando posición a favor de los consorcios privados, la Secretaría de Gobernación. Ahora toda la gestión para ocupar con propaganda electoral los espacios estatales quedará a cargo del Instituto Federal Electoral.

Fin a la promoción personal;
cambio en publicidad política
Una más de las reformas que podrían modificar sustancialmente la relación entre política y medios establece, en el multicitado artículo 41, que durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Esa disposición afecta no solamente a la televisión y a la radio sino además a los medios impresos.
Cada vez parece más claro que una gran cantidad de revistas y diarios –entre los que hay mucha paja, trivia y bodrios pero también publicaciones serias y que difunden contenidos de calidad– tienen que plantearse nuevas opciones de financiamiento porque la publicidad estatal –proveniente tanto del gobierno federal como de gobiernos locales e instituciones públicas de toda índole– será cada vez menor.
Esa tendencia es reforzada por otra de las adiciones constitucionales aprobadas por el Congreso, en este caso al artículo 134:
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Como puede apreciarse, tal medida se refiere a cualquier medio de comunicación (incluso nuevas formas de difusión como Internet o mensajes por celulares). Y no está restringida a los periodos de campañas electorales. Eso implica que la gran mayoría de los anuncios que difunden ahora los gobiernos y muchas instituciones públicas tendrían que desaparecer y, en algunos casos, ser sustituidos por mensajes informativos pero no de promoción personal.
Lo que no indica esa adición constitucional es a qué autoridad le corresponderá evaluar la propaganda estatal, ni con qué recursos de apremio para que dicha disposición se cumpla cabalmente. Todo ello tendría que precisarse en la legislación reglamentaria de la reforma constitucional. Allí hay margen para que los legisladores le den mayores atribuciones poder al IFE o, quizá, a alguna otra institución estatal que podría encargarse de la supervisión de los mensajes gubernamentales. En todo caso parece evidente que, de aprobarse la reforma constitucional, nos encontraremos no solamente en un panorama muy diferente en la relación entre partidos y medios de comunicación. Además, habrá nuevas pautas para la relación entre el gobierno y los medios, incluyendo a la prensa escrita.

Derecho de réplica,
en el 6º. Constitucional
Una mejora adicional y de enorme importancia es la reforma que se propone para incorporar el derecho de réplica. De aprobarse, el artículo 6º. Constitucional quedaría así:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
La novedad sería la frase que hemos subrayado en el párrafo anterior y, desde luego, cobraría sentido en la medida en que las leyes secundarias establecieran mecanismos para el ejercicio del derecho de réplica.
Hoy en día el derecho de los ciudadanos para responder o aclarar contenidos, menciones o informaciones que los afectan y que han sido difundidos en medios de comunicación, es reconocido por la Ley de Imprenta de 1917 aunque por lo general los diarios y revistas no cumplen al pie de la letra con la obligación de publicar rectificaciones establecida en ese ordenamiento. La actual legislación electoral les permite a partidos y candidatos tener derecho de réplica en medios electrónicos durante temporadas de campañas, pero esa prerrogativa por lo general no es invocada cuando los actores políticos quieren inconformarse por lo que se ha dicho de ellos en algún medio. Y en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión expedido por el presidente Fox en octubre de 2002 se establece un tortuoso y desventajoso procedimiento, sujeto a la decisión discrecional de cada televisora o radiodifusora, para ejercer el derecho de réplica en esos medios.
Si se le reglamenta con pulcritud ese derecho podría constituir un contrapeso fundamental a las versiones parciales, las alusiones irresponsables y las agresiones interesadas que pululan en medios de comunicación de toda índole. Allí se encuentra una de las varias asignaturas para la elaboración de la nueva Ley de Radio y Televisión.

El principio del fin

La Crónica, 13 de septiembre 2007

  Desafiados por las televisoras, los senadores manifestaron una cohesión jamás vista al menos en los años recientes. Con alusiones a la entereza de Belisario Domínguez invocada por el perredista Carlos Navarrete o recordatorios del panista Santiago Creel y el priista Manlio Fabio Beltrones al poder fáctico de los consorcios comunicacionales, la sesión de anoche en Xicoténcatl se convirtió en enfática respuesta del poder político a las bravatas de la mediocracia.

   Horas antes, los jeques del poder mediático, ahora acompañados por algunos jeques empresariales, habían reiterado y profundizado sus reproches contra los legisladores. Igual que el día anterior, les sobró retórica y les faltaron argumentos. El presidente de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión advirtió que, de aprobarse, la reforma constitucional “acotaría la libertad de expresión”. El presidente de la Concamín denunció que “los legisladores están agarrando de rehén a este país”. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial consideró “inaceptable que se pretenda privar a la sociedad de la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista”. Y dos voceros de TV Azteca exigieron posponer la aprobación de esa reforma.

   Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

   Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.

   Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º. Constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora solo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país.

   La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamente”, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”.

   Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.

   El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.

   Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidos” de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.

   Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.

   El otro polo de esta reforma es el esfuerzo de los partidos para tener mayores controles sobre la autoridad electoral. La creación de una contraloría designada por la Cámara de Diputados y de un “órgano técnico” para fiscalizar a los partidos nombrado por el Consejo del IFE pero separado de él son dos medidas que limitan la independencia de la autoridad electoral. Y sobre todo la destitución de tres de los actuales consejeros, entre ellos el Presidente del IFE, sigue siendo una decisión caprichosa e inopinada.

   En los artículos transitorios del dictamen se dice cuándo deberán ser designados, de manera escalonada, los consejeros que tendrá el organismo electoral durante los siguientes seis años. Pero no se establece con qué procedimiento serán seleccionados los tres que dejarán el cargo en cuanto la reforma constitucional sea aprobada y los otros 3 cuya gestión, en vez de concluir en 2010 como estaba previsto, llegará únicamente hasta el año próximo.

   Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.

   Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poder”.

   El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.

   Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros 7 minutos diarios.

   Y ya que no gastarán en la contratación de medios electrónicos, es pertinente que los partidos reciban menos dinero. La nueva fórmula para definir cuántos pesos le entregará el Estado a cada partido implica ahorros como los que también anoche, al refutar las mentiras de un asesor jurídico de Televisa, explicaba en la tribuna de Xicoténcatl en senador Ricardo García Cervantes. Si la reforma no se aprueba, en las campañas de 2009 los partidos recibirán 2670 millones de pesos (que significarían, con campañas de 71 días, casi 38 millones de pesos diarios). Con las nuevas reglas, dentro de dos años los partidos recibirán 800 millones de pesos que, gracias a la reducción en los plazos para campañas, equivaldrán a 13.3 millones de pesos diarios.

   La reforma constitucional tiene otras consecuencias sobre las que será preciso detenerse más adelante. Entre ellas se encuentran la reglamentación de precampañas, nuevas atribuciones del IFE para organizar elecciones locales y prohibición para que los sindicatos puedan formar partidos políticos.

   Cara y cruz de una reforma contradictoria: por un lado es preciso advertir la iniquidad que cometen los partidos con el árbitro electoral. Y al mismo tiempo, se puede reconocer un saludable desplante de emancipación de esos partidos respecto de la inmoderada mediocracia. Quizá sea, decía anoche el senador Pablo Gómez, “el principio del fin del miedo de la clase política a los concesionarios de la televisión”. Quizá.

Desenfocados

La Crónica, miércoles 12 de septiembre de 2007

 

 

  Desangelados y despistados, parapetados en una soberbia que ya no intimida con facilidad, ayer los dueños del espectáculo mediático y sus voceros ofrecieron el peor show de su vida. La vieja prepotencia, que tan notorios beneficios les rendía cuando casi no había legislador o gobernante que no se doblara ante el amago para dejarlos fuera de los noticieros, ha perdido al menos parte de aquella eficacia. Los senadores que ayer recibieron a los directivos de la radiodifusión no se quedaron callados ante reproches y bravatas de los patrones del poder mediático. Y los quejosos quedaron enredados en su propio, confuso y equívoco discurso.

   La sesión en las oficinas del Senado estaba planteada más como recurso testimonial que como espacio de interlocución. Acostumbrados a hacer política en el regateo tras bambalinas y nunca en la deliberación abierta, los jeques mediáticos apostaron en esa sesión sus últimas cartas contra las reformas constitucionales relativas a la competencia electoral. Estimaron que con un desplante de apantallamiento mediático impresionarían a los senadores. Quizá por eso atendieron, como diría el clásico, a la forma y no al fondo.

   La forma en su comparecencia la aportaron los radiodifusores con una insólita cobertura mediática. Tan reacios como son a las cadenas nacionales, ellos hicieron la suya propia con la transmisión simultánea en todas las televisoras y prácticamente todas las radiodifusoras afiliadas a algún consorcio comunicacional. Pero el fondo del discurso que buscaron difundir con tanto estruendo resultó patéticamente endeble.

   Algunos miembros de la CIRT se refirieron a temas de la reforma electoral distintos del que los había convocado: reelección de los legisladores, candidaturas independientes. Otros, recalcaron los riesgos que la iniciativa de reformas constitucionales podía implicar para la libertad de expresión. La premura con que ha sido redactada deslizó en la iniciativa un párrafo que habría podido ser interpretado para vulnerar los derechos de opinión y crítica. Nadie “podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”, se decía en una de las adiciones propuestas al artículo 41 Constitucional.

   Con esa disposición se pretende evitar mensajes como los que patrocinó el Consejo Coordinador Empresarial poco antes de la elección presidencial del año pasado. Los senadores reformaron esa propuesta para que diga que nadie “podrá contratar la difusión de mensajes…” Asunto resuelto. Estará prohibida la propaganda electoral que no sea producida por los partidos y esa disposición no será pretexto para censura alguna.

   Cuando el senador Ricardo Monreal les dio a conocer esa modificación los dirigentes de la CIRT se quedaron sin el argumento central de su comparecencia. Pero estaban encarrerados y siguieron como si no hubieran escuchado. No defendían prerrogativas de la sociedad sino sus propios intereses.

   El desasosiego de los representantes de TV Azteca y Televisa no se debía al afán de reivindicar la libertad de expresión de los ciudadanos sino al dinero que dejarán de recibir gracias a la decisión de los legisladores para evitar cualquier contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Esa es la causa que movilizó ayer a los dueños del poder mediático. Se trataba de una batalla de antemano perdida porque la víspera, en un comunicado que difundieron en sus noticieros, los radiodifusores habían admitido el fin de la propaganda pagada en medios electrónicos.

   Así que, extraviado el foco de sus reclamos, los radiodifusores comenzaron hablando de todo y nada. Y cuando entendieron que las cadenas nacionales que estaban difundiendo esa sesión desde la Torre del Caballito lejos de amilanar a los senadores les daban más ánimo, involucionaron a un discurso insolente y ramplón. El hecho de que, hacia ese segmento de la comparecencia, eligieran como voceros a personajes de tan cuestionada fama pública como Ferriz De Con y Paty Chapoy, da cuenta del extravío de los concesionarios. Y cuando, instalado en la histeria, el abogado de Televisa Javier Tejado aseguró fuera de cualquier proporción jurídica o histórica que los senadores “están estatizando” a los medios electrónicos, era evidente quiénes habían perdido esa partida.

   El escenario quedó perfectamente adecuado para que Pablo Gómez les encajara a los radiodifusores una contundente lección de derecho constitucional pero, sobre todo, de claridad política. Cuando los invitó a que se preguntaran por qué fuerzas tan distintas como PAN, PRI y PRD se ponen de acuerdo para impulsar una reforma que acota el hasta ahora desmedido poder de los medios respecto de la política, ese senador perredista les hizo a los patrones mediáticos un inestimable obsequio. Pero no será sencillo que, tras un ejercicio de poder atrabiliario tan sostenido como impune, los dueños y directivos mediáticos hagan ese ejercicio de conciencia al que Gómez los convocó.

   Los temas plausibles de la reforma electoral no opacan los abusos que al amparo de ellos quieren cometer los partidos, comenzando por la destitución de los consejeros del IFE que a estas alturas no ha sido justificada por un solo legislador. La remoción de los consejeros será resultado de una injusta venganza política. La cancelación de la propaganda pagada será consecuencia de una desigual y ahora, por lo visto, insostenible relación de subordinación de las fuerzas políticas respecto de la radiodifusión comercial.

   Dueños y voceros de ese poder mediático ayer lucieron  desquiciados, sin maquillaje, desenfocados. No tardarán en recuperar la figura sin abandonar el viejo estilo: severas advertencias en privado, dosificadas menudencias de rating en público. No pasarán muchas horas para que sepamos si esos gastados recursos todavía atemorizan a la clase política.