Guillotina contra las revistas

Octubre 5, 2009

A menos que la Presidencia de la República haga un desmentido en las próximas horas, se puede considerar que estamos ante una intencionada y grave política de extinción del gobierno federal contra las revistas impresas. La revista etcétera, especializada en medios de comunicación, reveló que la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República ha suspendido toda contratación de publicidad en medios de esa índole.

Marco Levario, director de etcétera, apunta que los responsables de comunicación en varias dependencias federales así se lo confirmaron: “Los funcionarios nos pidieron omitir su nombre y nosotros creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que es al mismo tiempo una denuncia. Desde la oficina de la Presidencia de la República no les expusieron razones o justificaciones, simplemente les ordenaron no contratar publicidad alguna en las revistas y continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos”.

Esa acusación fue apuntalada por Proceso, que en su edición de esta semana considera que hay un “Golpe de Calderón contra las revistas”.

La cancelación de la publicidad federal puede ser mortal para revistas que, a pesar de la calidad de sus contenidos, no tienen lectores ni publicidad comercial suficientes para sufragar sus gastos de edición. Hace un par de años, al comentar las disposiciones constitucionales que hubieran cancelado la propaganda a personajes públicos sufragada con recursos fiscales, hicimos un cálculo del peso que tiene la publicidad de origen estatal en algunas revistas relevantes. En esa estimación incluimos todas las inserciones publicitarias de origen estatal, que comprenden las que paga el gobierno federal pero también gobiernos de los estados y otros organismos.

En aquella evaluación, encontramos que en noviembre de 2007 el 80% de toda la publicidad que tenía la revista Proceso era de origen estatal. De allí surgía también el 94% de los anuncios insertados en el semanario emeequis, el 81% de la publicidad en la revista Nexos y el 69% de los anuncios en Letras Libres.

Aquella disposición constitucional no ha sido aplicada por falta de un reglamento que la haga vigente. Por otra parte, posiblemente los mencionados porcentajes han cambiado pero se puede asegurar que la propaganda estatal, fundamentalmente del gobierno federal, sigue constituyendo el principal respaldo financiero para la mayor parte de las revistas políticas y/o culturales más leídas en México.

No debiera ocurrir así. Lo deseable, sería que cada una de esas publicaciones tuviera lectores y respaldo publicitario de índole comercial suficientes para sufragar sus gastos. Pero a consecuencia de una larga historia de connivencias y simulaciones, durante más de medio siglo el Estado ha sido el patrocinador principal de publicaciones de toda índole en nuestro país.

Nadie o casi nadie se consternaría si varias docenas o centenares de pasquines que no tienen pero que tampoco buscan lectores y que solamente existen como instrumentos de chantaje y/o para facturar publicidad de carácter oficial, dejaran de circular debido a la extinción de su principal fuente de ingresos. Pero la cancelación de la publicidad federal afectaría también a revistas cuya contribución a la información y la reflexión las hace cumplir tareas de servicio y beneficio públicos.

La publicidad estatal tiene un flanco perverso y, otro, de índole virtuosa. Tanto el gobierno federal, como cada oficina de prensa en los gobiernos estatales, en algunos municipios poderosos, en el Congreso e incluso en universidades y organismos públicos, ha sido una herramienta para crear adhesiones o, en otros casos, promover represalias. Y por otro lado, sin esos recursos hay proyectos editoriales que no existirían y cuya pertinencia cultural, profesional, periodística y política es evidente.

En otros países, existen leyes o mecanismos de subsidio a la prensa que toman en cuenta el interés social de publicaciones cuyo arraigo local, o cuya calidad específica, las hacen merecedoras de financiamientos por parte del Estado. Por lo general esas asignaciones son resueltas por comités de ciudadanos, conformados de manera plural y con independencia del gobierno y son otorgadas por plazos específicos. Después, se espera que el periódico o la revista beneficiados con tales subsidios hayan consolidado su administración y no tengan que depender de recursos fiscales.

Un sistema así, permitiría emprender una transición para que la prensa de calidad (tanto las revistas hoy amenazadas por una abrupta cancelación publicitaria, como los periódicos que en cualquier momento pueden padecer la misma situación) pudiera regularizar sus fuentes de ingresos.

Si el gobierno federal quiere ahorrar recursos que ahora se dilapidan contratando publicidad en medios de comunicación, podría comenzar por cancelar los anuncios en televisión y radio que no constituyen servicio alguno a la sociedad y con los cuales se mantiene una ilegítima auto promoción de los funcionarios públicos.

De acuerdo con etcétera, las revistas ocupan únicamente el 2.4% del presupuesto para publicidad del gobierno federal que este año ha sido de 3 mil 704 millones de pesos. La mayor parte de esos casi 4 mil millones de pesos ha sido destinada a contratar espacios en televisión (especialmente en Televisa y TV Azteca) en donde el Estado ya dispone de tiempo suficiente para anunciarse.

Una ley de ayudas a la prensa y la suspensión de la propaganda oficial en medios electrónicos, serían medidas que atenderían a la austeridad financiera indispensable en estos tiempos. Así, además, se remediarían la discrecionalidad y el convenencierismo que suelen determinar la asignación de publicidad del gobierno a los medios de comunicación. Todo ello, sin amenazar a docenas de revistas indispensables para una ciudadanía democrática.

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Cuando comunicar se vuelve un crimen

Junio 24, 2009

Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.

Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.

El primero de junio pasado Camero, que  es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.

Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.

La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.

También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.

El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.

Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.

Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.

Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.

La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.

¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?

Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.

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Televisión Azteca, ¿por sus pistolas?

Mayo 13, 2009

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No hay motivos de sorpresa en el comportamiento sinvergüenza e ilegal de Televisión Azteca. La misma empresa que envió una partida de pistoleros para asaltar y ocupar la antena del Canal 40 y luego quiso sobornar a los trabajadores de aquella emisora, la misma que junto con Televisa organizó una campaña de intimidación contra los inversionistas que pretendían crear una nueva cadena de televisión comercial, la mismísima que escamoteó los mensajes de los partidos políticos para que no fueran enviados a la retransmisión de sus canales que hace la televisión satelital es precisamente la que ahora utiliza de manera ilegal sus frecuencias concesionadas para difundir, sin autorización, un nuevo servicio de programación codificada.

Si la desfachatez de Televisión Azteca no sorprende en absoluto, tampoco resulta novedosa la complacencia del gobierno federal con los abusos de esa empresa. Ricardo Salinas Pliego le tiene tomada la medida al gobierno del presidente Felipe Calderón de la misma forma que manejaba, casi a su antojo, las decisiones comunicacionales de Vicente Fox. Pero no deja de ser muy grave, además de ciertamente patética, la indolencia de la actual administración para hacer que la ley se cumpla en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Azteca, igual que otras televisoras, recibió una frecuencia adicional por cada una de las que ya tenía para, en el nuevo canal, difundir señales de televisión digital de alta definición. El 2 de julio de 2004 el presidente Fox les concedió a las televisoras esa nueva prerrogativa, con la que hipotecó el desarrollo de la televisión mexicana al modelo de televisión digital que existe en Estados Unidos y que solamente ofrece más calidad de imagen pero con las mismas opciones televisivas que ya existen. En el mundo hay otros modelos de televisión digital. En América Latina todos los países están eligiendo otras opciones, especialmente el modelo europeo que propicia la apertura de nuevos canales y no solamente más de la misma televisión.

Aquella decisión de Fox les permitió a las televisoras contar con más frecuencias pero únicamente para transmitir en formato digital la misma programación que difunden los canales de tipo analógico. Como la digitalización de las señales hace posible que además en cada canal se puedan conducir otros servicios de telecomunicaciones, aquel Acuerdo de Fox estableció que, previa autorización del gobierno federal, los concesionarios podrían difundir otros servicios. El apartado 2 del Acuerdo sobre televisión digital terrestre (TDT) publicado el 2 de julio de 2004 en el Diario Oficial indica con toda precisión:

“la solicitud para la prestación de servicios de telecomunicaciones que, en su caso, sea factible prestar por el concesionario o permisionario, a través de los canales asignados a la TDT, sin que de manera alguna implique la interrupción total o parcial de la TDT, estará sujeta y se resolverá conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables. El Gobierno Federal podrá establecer una contraprestación económica y, en tal caso, el concesionario o permisionario estará obligado a cubrir la misma a favor del Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales…”

A los dueños y operadores de las televisoras privadas esa restricción no les gustó porque ahora que con la digitalización de las telecomunicaciones es posible difundir servicios agregados a los de televisión o radio, han querido utilizar toda la capacidad de las frecuencias que tienen concesionadas para vender otros productos. Por eso a fines de 2005 promovieron las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que, por sus implicaciones y autoría, fueron conocidas como “Ley Televisa”.

El aspecto más importante de la Ley Televisa era la cesión, a las televisoras privadas, de las frecuencias que hasta ahora han tenido concesionadas para que hicieran con ellas lo que mejor conviniera a sus intereses de negocios. El artículo 28 de aquellas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión les permitía a los concesionarios utilizar las frecuencias para prestar “servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión” pero siempre y cuando lo solicitasen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa dependencia podría determinar el pago de una cantidad de dinero por el servicio adicional.

Aquella disposición fue muy cuestionada porque les daba a las televisoras la posibilidad de aprovechar las frecuencias tan solo a partir de una autorización administrativa y sin que fuese obligatorio el pago por ese aprovechamiento suplementario. No en balde ese fue el artículo más debatido en la Ley Televisa. Cuando, en junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó buena parte de aquellas reformas, abrogó todo el artículo 28.

En el razonamiento de los ministros de la Corte prevaleció la convicción de que la explotación de las frecuencias concesionadas para usos distintos a la transmisión de televisión abierta debería ser motivo de licitación y del pago de derechos específicos. Y no se trata de montos pequeños. Las empresas de telefonía celular pagan decenas de millones de dólares por el derecho a utilizar pequeños segmentos del espectro radioeléctrico para transmitir las señales de ese servicio. Con las reformas que a la postre fueron abrogadas por la Corte las televisoras querían ahorrarse ese pago.

El Congreso ha dejado baldada la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones porque después de las decisiones de la Corte, hace ya casi dos años, ni los senadores ni los diputados han querido ponerse de acuerdo para aprobar una nueva normatividad. Pero la ausencia de reglas precisas de ninguna manera disculpa el nuevo abuso de Televisión Azteca.

La empresa de Salinas Pliego ahora ofrece un servicio de televisión codificada que se transmite en un segmento de una de las frecuencias que tiene concesionadas. Para ver esos canales es preciso comprar un equipo sintonizador que se vende en las tiendas Elektra. Desde fines de enero pasado el investigador Gabriel Sosa Plata denunció esa ilegalidad de Televisión Azteca que promovía el nuevo servicio sin autorización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El lunes pasado ese mismo asunto fue difundido en la primera plana del diario Reforma.

A pesar de la negativa expresa de la Cofetel, a pesar de que el decreto de julio de 2002 requiere que haya autorización para cualquier uso adicional de las frecuencias concesionadas con motivo de la digitalización, a pesar incluso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, Televisión Azteca anuncia y vende ese nuevo servicio. No por sus pistolas, sino por la negligencia y debilidad del gobierno federal.


FM además de AM: regalo presidencial a radiodifusores

Octubre 25, 2008

Zócalo, octubre de 2008

En el intento para competir por la preferencia de los radiodifusores, el presidente Felipe Calderón dispuso que los empresarios que ya tienen frecuencias en AM puedan tener, por ese solo hecho, estaciones en FM. El Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que fue publicado el 15 de septiembre en el Diario Oficial tiene ese propósito esencial.

Con esa disposición administrativa, al parecer acordada días antes con los dirigentes de los radiodifusores privados, el gobierno federal quiso inhabilitar la propuesta de reforma legal que tres meses antes, el 4 de junio, habían presentado varios senadores del PRI encabezados por su líder camaral, Manlio Fabio Beltrones.

El Acuerdo gubernamental establece un nuevo procedimiento para que los empresarios de la radio en Amplitud Modulada puedan sustituir esas frecuencias por canales en Frecuencia Modulada. Varios de esos radiodifusores se han quejado de la caída de audiencias y por lo tanto de la disminución en la inversión publicitaria de sus estaciones en AM y han considerado que solamente transmitiendo en FM podrán remediar tales dificultades.

Esa postura de los radiodifusores de AM es discutible, en primer lugar porque en casi todo el mundo dicha frecuencia sigue convocando a auditorios muy amplios. En distintos países, la FM suele estar fundamentalmente destinada a la transmisión de música y la Amplitud Modulada es el espacio en donde se despliegan los programas de información y debate más escuchados. Aquí mismo, durante varios años el “Monitor” de José Gutiérrez Vivó ocupó los primeros lugares de audiencia en la ciudad de México –de acuerdo con los ratings que avalan las empresas de radiodifusión privadas– difundiéndose en dos modestas estaciones de AM. Los problemas que condujeron a la suspensión de ese proyecto radiofónico no se debieron a la falta de oyentes.

La especie de que la AM ha dejado de ser negocio podría ser refutada por numerosas experiencias. Pero en todo caso, es indudable que se volvió motivo de inquietud para muchos radiodifusores. A comienzos de 2006, un importante bloque de empresarios de la radio se manifestó contra la Ley Televisa fundamental, o únicamente, porque esa colección de reformas no satisfacía su pretensión para que a quienes tenían concesiones en AM, se les asignaran otras tantas en FM. Las radios “combos” se volvieron reiterada bandera de diversos radiodifusores.

La discriminatoria

iniciativa Beltrones

Con el afán de reintegrarlos a sus filas, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión compartió y esgrimió esa bandera de los radiodifusores de AM más inquietos en la pretensión por incursionar en la FM. El mismo día que se aprobó la Ley Televisa, algunos senadores propusieron enmiendas legales de última hora, que a la postre no prosperaron, para facilitar la asignación de tales frecuencias.

Las radios “combo” fueron demanda reiterada de los radiodifusores y, de esa manera, elemento de negociación con ellos por parte de la clase política. En junio de 2008 el senador Manlio Fabio Beltrones presentó una descuidada pero muy publicitada iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión para dar FM a quienes tienen AM. La asignación de esas frecuencias no tendría que estar sujeta a licitación alguna, a diferencia de los lineamientos que estableció un año antes la Suprema Corte de Justicia en su decisión acerca de la Ley Televisa. Tampoco tendrían que pagar por esos nuevos canales.

El afán de Beltrones para beneficiar a los radiodifusores privados antes que al interés público, era evidente cuando en esa iniciativa se precisaba que en aquellas plazas en donde no hubiese frecuencias suficientes para otorgarles FM a los actuales concesionarios de AM, se daría preferencia a las estaciones comerciales por encima de las no lucrativas.

“Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”: esa era la contundentemente mercantil explicación de dicha disposición, incorporada en tan explícitos términos a uno de los artículos transitorios de la iniciativa de ley.

Sorprendentemente, esa discriminación en contra de la radio pública no suscitó reclamos, al menos que se conocieran públicamente, por parte de las emisoras agrupadas en la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.

Esa propuesta se encontraba en la agenda del Senado y estaba siendo motivo de una insistente campaña de adhesiones en un spot del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión difundido en emisoras de todo el país. El beneplácito que la “iniciativa Beltrones” suscitaba entre empresarios y otros beneficiarios de esa industria resultaba evidente y no era para menos. A nadie, que ya hace negocio con una concesión de radio, le cae mal la asignación de otra más, sobre todo si se la adjudican sin mediar concurso ni pago de contraprestación alguna como indican las leyes actuales.

El interesado Acuerdo

del 15 de septiembre

El consenso que Beltrones y su partido estaban logrando entre los radiodifusores, preocupó tanto en el gobierno que, en el circuito inmediato al presidente Calderón, se resolvió enfrentar esa iniciativa con una resolución administrativa. El “Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital” permite a quienes tengan AM solicitar un canal en FM.

A diferencia de la iniciativa Beltrones, el Acuerdo gubernamental no propone la adjudicación automática de una nueva frecuencia. Los interesados deberían satisfacer varios requisitos, entre ellos demostrar que tienen capacidad tecnológica y financiera para transmitir por FM.

Además tendrían que pagar por la nueva concesión. Esa contraprestación sería determinada por la Secretaría de Hacienda a partir de una propuesta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que tome en cuenta la población cubierta por la nueva frecuencia y el valor del mercado de la publicidad, entre otros factores. Esos parámetros son relevantes porque es la primera vez que en un documento oficial se establecen criterios para determinar cuánto debiera costarle al beneficiario una concesión para transmitir por radiodifusión.

Otra novedad, en comparación con la iniciativa Beltrones, es que a las estaciones permisionadas que ya difunden en AM no se les margina de la posibilidad de acceder a la FM.

Frecuencias adicionales,

no en reemplazo de AM

El Acuerdo establece que a quienes tienen AM se les autorizaría el cambio de frecuencias para migrar a la FM. Pero tras su largo título y en su críptica formulación, se pretende disimular un engaño. No se trata de una sustitución, sino de la adjudicación de un canal adicional al que ya tienen los radiodifusores de AM.

El artículo 6º. del Acuerdo señala lo siguiente: “El concesionario o permisionario deberá continuar la operación de la frecuencia de AM, estando obligado a transmitir en forma simultánea el mismo contenido de programación en las frecuencias de AM y FM durante un año, contado a partir del cambio de frecuencias, salvo que en la cobertura de la estación de AM se encuentren poblaciones que únicamente reciben el servicio de AM, debiendo transmitir en forma simultánea el mismo contenido en ambas frecuencias por el tiempo que determine la Comisión en cada caso”.

En otras palabras, cuando la frecuencia de AM que ya opera el radiodifusor llegue a localidades que no alcanzan a ser cubiertas por la FM, ese empresario podrá conservar ambos canales. Resulta altamente probable que así ocurrirá en numerosos casos, porque la AM tiene una cobertura mayor que la FM. Así que los canales serían adicionales, no en reemplazo a los que ya tienen los radiodifusores de AM.

Furtiva aprobación del

nuevo estándar digital

El Acuerdo, expedido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene otras implicaciones. La fecha misma de su publicación en el Diario Oficial, el lunes 15 se septiembre, en medio de varios días de asueto nacional, sugiere el propósito para que pasara lo más desapercibido que fuera posible.

Ese documento no fue discutido con todos los interesados, como tendrían que haber sido los representantes de radiodifusoras públicas y comunitarias, así como las organizaciones sociales involucradas en el escrutinio de los medios de comunicación. Pero sí les fue presentado a los directivos de la CIRT, de acuerdo con la versión que al día siguiente, 16 de septiembre, publicó en El Universal Javier Corral Jurado, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información:

“En reunión privada el pasado viernes, el Presidente de la República y los directivos de la CIRT se apalabraron como siempre a espaldas de la sociedad para disponer indebidamente de lo que no es suyo. En encerronas se le ha ido arrancando a la nación enormes pedazos del patrimonio común. Se vuelve a ratificar la visión de que la radiodifusión sólo es asunto entre empresarios y gobierno, porque ni a los permisionarios los tomaron en cuenta”.

El Acuerdo de la SCT, pactado así por el presidente Calderón con los radiodifusores privados, podría tener una legalidad dudosa. Por lo menos su presentación no cumplió con todos los requisitos formales, pues no fue difundido previamente en el sitio web de la Comisión Federal de Mejoras Regulatorias, como establece la legislación al respecto.

Por otra parte, de manera indirecta, el Acuerdo indica que la SCT ya ha tomado una decisión acerca del estándar que tendrá la radiodifusión digital en México. Aquí han estado a discusión fundamentalmente dos opciones para que la radio se transmita en formato digital en vez de la plataforma analógica que ha tenido siempre. Una de ellas es el modelo IBOC (In Band On Channel) diseñado en Estados Unidos y que permite utilizar las mismas bandas de FM y AM que se emplean hasta ahora. El otro estándar es el Eureka 147, denominado también Digital Audio Broadcasting, que funciona en casi toda Europa. El modelo europeo permite mejor calidad de audio y que haya más estaciones, pero requiere el empleo de otras frecuencias, distintas a las actuales, dentro del espectro radioeléctrico (una descripción más detallada de los dos modelos apareció en Zócalo en octubre de 2006).

El Acuerdo del gobierno federal indica, en su artículo 7º: “La Comisión [Federal de Telecomunicaciones] llevará a cabo los trabajos correspondientes para determinar el estándar de radio digital que se utilizará en la banda de FM, a efecto de que en un plazo que no exceda de un año contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, proponga a la Secretaría una Política para que los concesionarios y permisionarios lleven a cabo la transición a la tecnología digital que corresponda”.

No está mal ponerle plazos a la Cofetel para que resuelva de una vez por todas cuál de los estándares de radio digital se va a emplear en todo el país. Desde julio de 1999 una Comisión de la SCT recibió esa encomienda. Apenas hace unos cuantos meses la Cofetel autorizó a emplear el estándar estadounidense en la frontera mexicana con ese país, a fin de que las emisoras de esa zona puedan ofrecer servicios digitales a sus audiencias habituales. Pero el mencionado artículo 7º. ya ofrece una decisión al indicar que el nuevo estándar digital empleará la banda de FM. De los modelos que han estado a discusión únicamente el IBOC, que se emplea en Estados Unidos, es el que se difunde por Frecuencia Modulada. Esa manera para resolver una discusión que lleva más de 9 años, no solamente es burocrática y opaca sino, además, autoritaria.

Tener una concesión no

da derecho a otra más

De espaldas a la sociedad y especialmente a escondidas de todos los interesados en el tema, por la vía del decretazo y no a partir de una deliberación franca y con razones, el gobierno del presidente Calderón insiste en congraciarse con los radiodifusores a costa del patrimonio nacional. No es otra la implicación principal del Acuerdo del 15 de septiembre. La adjudicación de nuevas concesiones, ahora en FM, a quienes ya tienen espacios de radiodifusión en otra banda, no obedece al interés de la sociedad sino a presiones de esos empresarios.

Entregar una nueva autorización a quien ya disfruta de la posibilidad de explotar comercialmente un recurso público, resulta irresponsable y de dudosa legalidad. En otro sitio escribimos recientemente que confiarle a un particular una concesión adicional simplemente porque la rentabilidad de la concesión que ya tiene no le resulta suficiente, equivale a suponer que el Estado debe resarcir con nuevos privilegios el déficit en los negocios de quienes ya cuentan con alguna licencia para usufructuar un bien nacional.

Si un particular que tiene una concesión para explotar una mina de cobre exigiera que, solamente porque ese mineral se ha agotado o porque su precio ha disminuido el Estado, le asignase ahora una concesión para usufructuar una mina de plata, esa petición parecería excesiva. Pero en el caso de los radiodifusores, ha existido tan escasa apreciación crítica sobre la utilización de las frecuencias que prácticamente se ha vuelto lugar común considerar que, cómo no, los pobrecitos concesionarios de AM se merecen ahora una frecuencia en FM. Ese contexto ha beneficiado, indirectamente, la propuesta Beltrones que no tuvo empacho para discriminar de manera expresa a los medios públicos y el Acuerdo del gobierno federal que enmascara el obsequio de una nueva frecuencia a quienes ya tienen AM.


1968: retórica de la descalificación

Octubre 25, 2008

Zócalo, septiembre de 2008

Antes de la noche de Tlatelolco, la sociedad mexicana recibió a través de los medios de comunicación constantes e intencionados mensajes consagrados a descalificar al movimiento estudiantil de 1968. Desde el primer día después de la violenta intervención policiaca para dispersar dos manifestaciones el 26 de julio por la tarde, hasta las semanas posteriores a la terrible represión del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, numerosos medios desplegaron una campaña de distorsiones y confusiones.

El movimiento estudiantil, según esa campaña, era alentado por agentes extranjeros que manipulaban a los jóvenes mexicanos con propósitos de sedición política. Esa era la versión del gobierno. A fuerza de repetirla cotidianamente, se convirtió en una versión extendida aunque no unánime en los medios de aquel 1968. No es exagerado suponer que además de contribuir a desconcertar y atemorizar a la sociedad, esa interpretación alentó la paranoia y el autoritarismo de un gobierno que nunca quiso ni pudo entender las motivaciones políticas de la protesta estudiantil –las cuales, lejos de atentar contra las instituciones legales, exigían que se les respetase–.

Ojalá algún día pueda hacerse el recuento documental del comportamiento de los medios electrónicos en 1968. Tal vez no haya grabaciones suficientes de las transmisiones de la radio la cual, por lo demás, en aquel tiempo carecía casi por completo de programas de noticias y en donde quizá no existía un solo espacio de discusión política. Pero seguramente se conservan filmaciones de los escasos y rudimentarios noticieros que había en la televisión mexicana de hace cuatro décadas.

Conjura, que algo queda

De la prensa escrita, en cambio, hay testimonio en las hemerotecas aunque en varias de ellas las colecciones de entre julio y octubre de 1968 están incompletas y mutiladas. Más que el afán del gobierno para aniquilar esas constancias documentales de los acontecimientos de aquel año, el deterioro de dichas colecciones se debe al descuido y la depredación que han perpetrado algunos de quienes las han consultado. El espléndido trabajo de la investigadora Aurora Cano Andaluz, 1968. Antología periodística (UNAM, 1998) que reúne en casi 500 páginas una selección de reproducciones facsimilares de las notas periodísticas publicadas en ese año acerca del movimiento estudiantil, constituye un útil acercamiento a ese tema. De allí hemos tomado las transcripciones que aparecen a continuación.

La versión de la conjura extranjera se mostraba en reseñas como la que el sábado 27 de julio ofreció el reportero Antonio Lara Barragán en la primera plana de El Universal, bajo el título “El foco de la agitación”:

“Agitadores del Partido Comunista Mexicano, de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, de la Línea Trostquista, del ‘Movimiento de Liberación Nacional’, del Movimiento ’28 de julio’ y las ‘células’ de la Juventud Comunista del Instituto Politécnico Nacional y de las escuelas de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvieron a su cargo los desórdenes que se registraron después de las 20 horas en la Avenida Juárez.

“A esa hora, núcleos estudiantiles, dirigidos por los miembros de las ‘células’ comunistas, se unieron a los grupos castristas que habían marchado desde la fuente del Salto del Agua hasta el Palacio de Bellas Artes.

“En la esquina de 5 de mayo y San Juan de Letrán se unieron las 2 corrientes.

“Muchas mujeres y varios hombres de definido físico cubano, portando banderas castristas, lanzando ‘¡mueras’ al gobierno de México, insultos a la policía y ‘¡vivas!’ a Demetrio Vallejo, Dionisio Encina y Valentín Campa, se mezclaron a los estudiantes”.

Esos párrafos, con los que comienza la nota de Lara Barragán, son paradigmáticos del tono que desde entonces y durante más de dos meses mantendría la mayor parte de los diarios de la ciudad de México. Adjudicar el enfrentamiento del 26 de julio a la actuación de grupos políticos, y por añadidura de una izquierda que en aquel entonces era semi ilegal, tendía a suscitar la alarma y el disgusto de los lectores pero además les ocultaba el hecho más importante de aquel enfrentamiento, que era la intervención violenta del cuerpo de granaderos contra las movilizaciones de aquella tarde. En la refriega, al reportero le dieron una pedrada en la cabeza pero ese hecho no disculpaba la deliberada parcialidad de la información. La alusión a la apariencia física, que ese reportero considera coincide con rasgos cubanos, es para una antología del despropósito periodístico.

Aquellos enfrentamientos, con los que se iniciaba una escalada que desembocaría en la matanza de Tlatelolco, fueron acompañados por una prensa notoriamente parcial. El Sol de México, por ejemplo, publicó el lunes 29 de julio un editorial titulado “Una demostración de barbarie” en donde aseguraba:

“Desde luego hay que señalar que en la acción depredatoria de los manifestantes hubo grupos de escolares azuzados por agitadores de etiqueta roja; pero que principalmente el desorden fue provocado por extranjeros de filiación comunista, en su mayor parte huéspedes ilegales de nuestro país y sobre quienes debe recaer con mayor rigor el castigo por las fechorías realizadas. Aparte sus pasaportes, unos auténticos y otros falsos, los motineros se identificaron plenamente como peones de ajedrez del marxismo-leninismo por sus arengas, sus excitativas de destrucción y los cartelones en los que hacían profesión de fe a favor del Che Guevara, Fidel Castro, Mao y demás apóstoles del odio y la anarquía”.

A esa prensa alineada a la visión del poder político pero antes que nada de suyo profundamente conservadora, le parecía imposible que los estudiantes universitarios y politécnicos se manifestaran por decisión propia y a partir de sus propias inquietudes. Tenían que ser engañados y la manipulación resultaba más verosímil, y más ominosa, si se decía que era perpetrada por extranjeros. Hoy esas frases pueden parecernos insostenibles e incluso ridículas. Pero formaban parte de una retórica de la descalificación que carecía de contrapesos eficaces. En comparación con las notas aliñadas con una intensa carga ideológica y las posiciones editoriales claramente arbitrarias, las voces que proponían otras explicaciones eran escasas aunque no inexistentes en el panorama de la prensa mexicana.

“Reprimir el desenfreno”

Esa retórica, que terminaría justificando la acción armada contra el movimiento estudiantil, era utilizada para dotar de una cobertura, impostada pero muy publicitada, a las acciones del gobierno. La madrugada del 30 de julio, el ejército ocupó los planteles 1, 2, 3 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y de la Vocacional 5 del IPN. La información que ese día proporcionó El Universal, en una nota sin firma titulada “El Orden fue Restablecido”, tiene una intencionalidad transparente. Estos son sus primeros párrafos:

“En una inmediata maniobra soldados de infantería, pertenecientes a la Primera Zona Militar, tomaron posesión en las primeras horas de este día, de los edificios escolares que de habían convertido en reducto de agitadores y estudiantes alborotadores.

“Al mando del general José Hernández Toledo, los miembros del Ejército Nacional, procedentes del Campo Militar número Uno, se dirigieron al primer cuadro de la ciudad, circulando por el Anillo Periférico (tramo sur), hasta la glorieta de Petróleos, para seguir por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Juan Ruiz de Alarcón y Santa María la Ribera.

“El convoy, integrado por tanques ligeros y ‘jeep’ equipados con bazookas y cañones de 101 milítros (sic), y camiones transportadores de tropa, salieron del Campo Militar número Uno a las 0 horas de hoy.

“A su paso, el pueblo hizo los más variados comentarios acerca de que la presencia del Ejército Nacional iba, por fin, a poner punto final a la crisis planteada por agitadores y estudiantes mal orientados”.

En unas cuantas líneas, esa información presentaba la ocupación militar de los planteles universitarios como una acción de gran popularidad. “El pueblo” que aplaudía al paso del convoy del ejército era bastante peregrino porque, como allí mismo se decía, al traslado había ocurrido durante la madrugada. Se buscaba mostrar a la intervención militar como resultado de abusos de los estudiantes pero no se les daba voz a quienes habían sido desalojados de los planteles de bachillerato.

En el mismo tenor y con el encabezado “El Estado no puede permitir”, el editorial de Excélsior consideraba el miércoles 31 de julio:

“Si el Estado permitiera procesos que llevan al desorden social, éste sería, sin duda, un Estado en vías de desintegración. Su razón de ser consiste principalmente en garantizar la convivencia ordenada, pacífica y justa de la comunidad nacional. Si algo hay que esencialmente le completa, tal cosa es ejercer su autoridad para reprimir el desenfreno de unos, que lesiona a los demás y hace imposible la coexistencia con lo cual la vida humana retorna al caos primitivo”.

En aquellos días Excélsior todavía era dirigido por Manuel Becerra Acosta (padre del periodista del mismo nombre que una década después encabezó la creación de unomásuno). Un mes más tarde, el 31 de agosto de 1968, la dirección de ese diario sería ocupada por Julio Scherer García. No puede decirse que a partir de entonces Excélsior haya experimentado un viraje drástico en su cobertura del movimiento estudiantil, pero evidentemente se alejó de la intolerancia que definió a casi toda la prensa del Distrito Federal.

Esas definiciones fueron reiteradas cuando, en su informe del 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz sugirió que, de considerarlo necesario, incrementaría el uso de la fuerza para contener al movimiento estudiantil. La nota de ocho columnas que El Universal publicó el lunes 2 de septiembre, firmada por el redactor Demetrio Bolaños Espinosa y bajo el encabezado “Toda la Energía si es Necesario”, recogía esa adhesión al gobierno:

“El pueblo de México escuchó ayer con profunda emoción e interés creciente el Informe rendido por el Presidente Díaz Ordaz ante el Congreso de la Unión, en donde con tono enérgico y a la vez conciliador, precisó la posición del gobierno ante los problemas del país…”

Hoy en día sería impensable encontrar en la prensa mexicana una información periodística supeditada a la actitud reverencial que transpiraba aquella nota que, más adelante, describía así el informe del presidente:

“Con profundo conocimiento de los problemas de la Patria y haciendo a un lado estériles resentimientos…”

Incluso el periódico El Día, dirigido a la sazón por Enrique Ramírez y Ramírez y que era el único diario en donde miembros y simpatizantes del movimiento estudiantil podían encontrar espacio para publicar inserciones pagadas, se plegaba a la decisión del gobierno para atajar a los estudiantes. En un editorial titulado “¡Lo que cuenta es México!”, publicado el 2 de septiembre, El Día consideraba:

“[El Presidente] sabe que la confusión tiene su origen en el deliberado propósito de ‘crear un clima de intranquilidad social, propicio para disturbios callejeros o para acciones de mayor envergadura, de las más encontradas tendencias políticas e ideológicas y de los más variados intereses, en curiosa coincidencia o despreocupado contubernio’. Y a las justas respuestas de orden académico añade la decisión de utilizar todos los instrumentos y recursos que la Constitución ha puesto en sus manos para defender el orden jurídico: ‘lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos’ ”.

-“¡Prensa vendida!” –“No todos”

No todas las definiciones en la prensa eran adversas al movimiento estudiantil ni la tesis de la conjura suscitaba unanimidades. Aun en periódicos cuya línea editorial era opuesta a los estudiantes, había expresiones de sensatez como la que manifestaba Jacobo Zabludovsky, aludiendo a la marcha del 27 de agosto, en un artículo titulado “Causas profundas”, el 10 de septiembre en Novedades:

“En el movimiento estudiantil de que hemos sido testigos en México y cuya fuerza ha sido innegable, debemos separar las causas aparentes o inmediatas de las causas profundas. Para ello debemos dejar de atribuirlo todo a la intervención de comunistas porque no fueron comunistas quienes movieron a 200 mil muchachos en esa gran manifestación, aun cuando no se puede negar que hayan querido llevar agua a su molino”.

Zabludovsky era, en aquel año, conductor del Diario Nescafé, noticiero matutino en el canal 2. Desde entonces los conductores de noticieros televisivos expresaban en otros medios puntos de vista que no podían o no querían manifestar en la pantalla.

Otras voces, más notables en calidad que cantidad pero con una presencia sin duda importante, manifestaron, en diversos tonos y momentos, opiniones discrepantes con la versión que el gobierno insistía en propagar acerca de un movimiento manipulado por intereses foráneos y de una colectividad estudiantil engañada. Entre otros, pueden recordarse los artículos de José Alvarado, Froylán M. López Narváez, Alfonso Noriega, F. Carmona Nenclares y Hugo Hiriart en Excélsior; Francisco Martínez de la Vega y María Luisa Mendoza en El Día; José Muñoz Cota en Novedades y Luis Suárez en El Heraldo.

Cuando en cada manifestación por el centro de la ciudad de México los estudiantes del 68 gritaban “¡Prensa vendida!” al pasar frente a los edificios de los periódicos, había reporteros y articulistas con motivos para considerar que ese reclamo no les tocaba a ellos. Don Francisco Carmona Nenclares, un viejo luchador de la República Española, reseñó el jueves 29 de agosto, en su colaboración para Excélsior, este episodio de la manifestación ocurrida dos días antes y que fue la más concurrida y emblemática del movimiento de 1968:

“La ciudad entera inmovilizada en los balcones, en las azoteas, en las banquetas. Entramos ya por Cinco de Mayo. Aplausos. En la Asociación de Periodistas, esquina de Filomeno Mata, un cartel lacónico: ‘no todos’ ”.

Aquella marcha del 27 de agosto recibió amplia cobertura en los diarios especialmente porque después de que concluyó, en el Zócalo, varios centenares de estudiantes se quedaron en ese sitio y fueron desalojados horas más tarde. En cambio otra gran marcha, realizada el 13 de septiembre y de manera silenciosa, ocupó menos espacios en la prensa.

Los diarios enjuiciaron sin pruebas

El 18 septiembre el Ejército ocupa Ciudad Universitaria. La cercanía de los Juegos Olímpicos, que se inaugurarían el 12 de octubre, así como la perseverancia de la movilización estudiantil, aumentaban la intranquilidad del gobierno pero también la percepción, en otros circuitos de influencia, de que estaba en curso un enfrentamiento político que iba más allá de las reivindicaciones estudiantiles. El viernes 20 de septiembre, con el título “¡Todavía es tiempo!”, El Día publica un editorial en donde sentencia:

“Lo sobresaliente en esta lucha no ha sido propiamente la problemática de la juventud o de la educación nacional, sino cuestiones de orden político. Y no es realmente apropiado hablar ya de un conflicto estudiantil, sino de un choque político en el que participan en primer plano estudiantes y maestros enfrentados al gobierno; pero en el cual es indiscutible también la intervención de otras muchas fuerzas políticas de los más variados signos, sin exclusión de influencias o agencias extranjeras”.

Ese mismo 20 de septiembre, en el diario, apareció un desplegado dirigido al presidente de la República y suscrito por 200 escritores, artistas y académicos que consideraban que la ocupación militar del campus universitario significaba “la clausura oficial de todo proceso democrático en el país”.

También el 20 de septiembre tiene lugar un vivaz debate en la Cámara de Diputados. Al día siguiente, en El Universal, Demetrio Bolaños E. ofrece una crónica cargada de intencionalidad y subjetividad. Por ejemplo:

“No faltó un joven bisoño de la C.N.C. que abusando de la libertad que priva en los partidos, subiera a la tribuna a salir en defensa del rector Barros Sierra, ‘persona muy honorable al que ni siquiera conozco’ y como universitario pidió entre aplausos de los panistas y estudiantes, que se pidiera la inmediata desocupación militar de las universidades. Este héroe civil es el diputado Guillermo Morfín García, del 9º. Distrito de Michoacán”.

La tensión aumenta y la intolerancia también. En varios sitios de la ciudad se suscitan enfrentamientos entre brigadas de estudiantes y policías que buscan dispersarlos. El domingo 22 de septiembre un encabezado de Novedades consigna, en referencia a una larga zacapela en la Unidad Nonoalco-Tlatelolco: “Por 6 Horas Grupos de Jóvenes Hacen Frente a la Fuerza Pública; un Granadero Muerto”.

Ese titular sugería que el granadero había fallecido a consecuencia de una agresión de estudiantes. Solamente en el interior de una nota más pequeña se explica: “Informes proporcionados por la Cruz Roja revelan que un granadero, Julio Adame González, falleció hoy a las 0.45 horas, como resultado de las heridas de bala que recibió en el abdomen. Fue balaceado (al igual que otros tres granaderos) por el teniente del Ejército Benjamín Uriza, cuando los miembros del cuerpo policiaco entraban al edificio 11 de Tlatelolco, donde se habían refugiado grupos de jóvenes”.

Luego se sabría que el teniente Uriza disparó contra los policías después de que golpearon a su madre, a la que él visitaba en la unidad habitacional.

Ese mismo domingo 22 de septiembre El Sol de México dedica los siguientes encabezados a tales incidentes: “Barrió el Ejército con un Foco de Subversión en Tlatelolco”. “Usaron Táctica de Guerrillas los Buscabullas”.

Sin evidencias de que los estudiantes tuvieran armas ni de que hubieran agredido a los cuerpos policiacos la prensa, azuzada por el gobierno, enjuiciaba anticipadamente y forjaba un panorama de rebelión armada.

La posición de Excélsior

El discurso periodístico anticipaba la represión. Pero también describía visos de arreglo, acaso con más voluntarismo que realismo. El lunes 30 de septiembre el editorial de Excélsior estima que hay posibilidades de acercamiento entre estudiantes y gobierno:

“Una actitud absolutamente cerrada en las partes en cuestión no se ha dado propiamente… En el mismo orden de ideas puede anotarse la circunstancia de que el número de estudiantes consignados es evidentemente menor que el de aprehendidos, y puede redondearse la consideración con el dato de la insistencia porfiada de muchos huelguistas de buena fe que han querido iniciar el diálogo en términos apartados de los argumentos de fuerza”.

Ese mismo día, 30 de septiembre, el Ejército sale de Ciudad Universitaria. El 1 de octubre Excélsior encuentra en esa acción motivos para congratularse: “El ejército desocupó la Ciudad Universitaria con el aplauso y el alivio de todo el mundo, incluido el ejército mismo… En el difícil camino de la tranquilización, de la reconciliación, este no es solo un paso más, sino un adelanto trascendental… La salida del ejército muestra –uno entre otros signos– la urgencia de lograr cuanto antes que la paz vuelva a reinar entre la clase estudiantil”.

Pero dos días después, ese mismo espacio editorial tenía que deplorar los acontecimientos de la noche anterior. El 3 de octubre de 1968 Excélsior dijo en su editorial, bajo el título “Tlatelolco sangriento”:

“La desolación ha vuelto a invadir la capital mexicana, el corazón de la República. La presencia del Ejército demandada para dispersar un mitin que se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas, dejó un atroz saldo de muerte y sangre allí. Y en la conciencia de los ciudadanos sensibles una infinita desesperación, una severa, turbadora congoja”.

A diferencia de la versión del gobierno que denunciaba una provocación armada como causa de la masacre en Tlatelolco, el diario que para entonces ya dirigía Julio Scherer adjudicó desde ese primer y difícil momento la responsabilidad al ejército. Y añadía:

“Porque los hechos de anoche nada aclaran ni a nada responden. Por lo contrario, han creado nuevos agravios. La intransigencia y la fuerza sólo sirven para ampliar la brecha del resentimiento, para alejar las posibilidades de la reconciliación”.

Aquel editorial cuestionaba el maximalismo del movimiento estudiantil que había exigido que el presidente Díaz Ordaz se presentara a un diálogo público a la mitad del Zócalo. Pero también descalificaba la actitud del gobierno:

“Si bien es cierto que el comportamiento estudiantil –y el de buen número de maestros– rebasó por momentos los límites de la sensatez, y llegó a la insolencia y al reto inconsciente, sobrestimando las propias fuerzas, no es menos verdad que la respuesta a tal desbordamiento no ha sido prudente ni adecuada.

“El desborde de prepotencia –que llegó a exigir al Presidente de la República que compareciese en el Zócalo a dialogar con los inconformes el mismo día que tenía que rendir su informe a la nación– era propio de adolescentes pueriles y soberbios”.

Aquel editorial de Excélsior fue escrito en momentos de profunda conmoción. Varios reporteros, incluso algunos de ese diario, estaban heridos o desaparecidos. Esa noche las redacciones de varios diarios fueron allanadas por elementos policiacos o militares para incautar rollos fotográficos con imágenes del asesinato en Tlatelolco. En esa circunstancia resulta especialmente apreciable el esfuerzo de mesura que hay en dicho editorial:

“La sangre derramada exige, con dramática vehemencia, una reconsideración de rumbos. Porque no es matándonos entre nosotros como habremos de edificar el México que todos –aun dentro de las más acres discrepancias– amamos y deseamos disfrutar en paz.

“Pero el Gobierno está formado por adultos, por personas que saben cómo suele cegar el orgullo, cómo suele resentir el amor propio. Esos adultos saben que el ardor y la pasión juveniles llevan a fútiles y peligrosas insolencias. Sin embargo, tal adultez tendrá que funcionar en el futuro –y así lo esperamos– en toda su grandeza”.

Justificar la represión

No era ese el tono de otros diarios. El mismo jueves 3 de octubre, Novedades consideró en su espacio editorial:

“Los trágicos y dolorosos hechos ocurridos anoche en Tlatelolco no pueden ser interpretados más que como un nuevo eslabón de la conjura que pretende socavar los cimientos institucionales de México”.

Y más adelante: “Los agresivos grupos insurrectos, cuya actitud antipatriótica queda a la vista en consideración al inminente compromiso mundial que México tiene por delante, dejaron en su aleve ataque al ejército un saldo todavía indeterminado de soldados muertos…”.

No había, en esas líneas, una sola mención a los estudiantes asesinados en Tlatelolco.

El Heraldo, en su editorial del 3 de octubre, no comentó los acontecimientos de la Plaza de las Tres Culturas pero recalcó en la versión conspiratoria: “Antes que en México y en muchas naciones con mayor intensidad, se han producido violentas conmociones que aunque con un matiz estudiantil integran una mixtura de estudiantes, extremistas de izquierda, a los que en muchos casos se suman activamente los anarquistas y en México un conocido grupo de resentidos políticos y no obstante que sus ideologías y sus objetivos finales sean diferentes, hacen un frente común para después, ver a cuál de esas facciones corresponden en definitiva el poder y el mando”.

Aquel texto editorial no mencionaba a quiénes se refería. Solamente se limitaba a denunciar un revoltijo de espantajos pretendidamente anti mexicanos. El texto se titulaba “El Prestigio de México por Encima de sus Enemigos”.

El Universal el viernes 4 de octubre, bajo el encabezado “Técnica de desorden”, reedita el mismo discurso maniqueo –estudiantes soliviantados y engañados, conjura extranjera contra México, instituciones en riesgo, patria salvaguardada–:

“Inútiles fueron los intentos que desde todos los sectores responsables se han estado haciendo a la juventud estudiosa, a fin de que no continúe sirviendo de cortina de humo tras de la cual maniobran, arteramente, sórdidos intereses al servicio de intrigas extranjeras.

“Aunque buena parte de esta juventud engañada atendió esas juiciosas reflexiones, un numeroso grupo de estudiantes, decididamente ya marxistas algunos de ellos, y muchos más pertenecientes a esa categoría que hace acto de presencia en todas partes, ya sea por el afán de vivir agitadas sensaciones, ya por temor a ser juzgado cobarde al no responder a una invitación de esta clase, o sencillamente por pueril imitación, acudieron a un mitin cuya celebración no sería permitida, como ya sabían perfectamente los organizadores del mismo…

“Esta persistencia en el mal, esta tenacidad para mantener en vigencia el desorden y la inquietud, son técnicas bien estudiadas y ensayadas por estos provocadores, como lo demuestran lamentables sucesos ocurridos en otros países”.

Y El Sol de México, en su editorial del sábado 5 de octubre, sintetiza ese discurso justificatorio de la represión:

“Se ha estado realizando un movimiento subversivo contra México, su pueblo y su Gobierno, cuidadosamente planeado de antemano. Los agitadores se han puesto al descubierto, ya sin tapujos ni pretextos seudo-estudiantiles. Por ello la inmensa mayoría de los mexicanos los repudia con indignación”.

* * *

En la prensa de 1968 se pueden encontrar huellas rastros de una sociedad crítica que apreciaba con enorme preocupación el enfrentamiento drástico del gobierno contra las demostraciones estudiantiles. La vitalidad y, cabe decirlo, la valentía de articulistas y editores que rompían el discurso único que pretendía generalizar el gobierno, tiene más expresiones de las que a menudo se supone.

Pero ante esas posiciones, que van de la prevención a la adhesión, destaca abrumadoramente la retórica descalificatoria que distorsiona acciones y pretensiones de la movilización estudiantil. Ese discurso intolerante contribuye a crear las condiciones en las cuales el presidente Díaz Ordaz ordena la masacre del 2 de octubre de 1968.


Al capricho del poder mediático

Junio 12, 2008

La Crónica, 12 de junio

Al destituir a Santiago Creel, el PAN y el presidente Calderón se sometieron a un capricho de Televisa. Ni las desmañadas aunque ampulosas explicaciones de Germán Martínez, ni la extendida murmuración mediática, permiten llegar a otra conclusión. La remoción del coordinador de los senadores de Acción Nacional se dio a conocer y fue resuelta de manera inusitadamente descomedida. La insistencia en que se busca dar “un nuevo impulso” a la reforma petrolera confirma la estrecha apreciación que Martínez y su jefe inmediato, el presidente Felipe Calderón, tienen del trabajo legislativo.

La reforma para desarrollar la industria petrolera se encuentra en marcha, aunque por derroteros inciertos. De ello no tienen la culpa los senadores panistas sino la hasta ahora eficaz tarea de entorpecimiento que han desplegado los opositores de esa reforma, especialmente en el ajetreado PRD pero también en convenenciero PRI. Aparentemente el líder nacional del PAN, y quizá también el Presidente de la República, están insatisfechos con el debate sobre la cuestión petrolera que organiza el Senado. Pero el aburrimiento de esas discusiones y especialmente la marginación que en ellas ha tenido la iniciativa presidencial no se ha debido a indolencia de los legisladores panistas sino a circunstancias que los trascienden. El propio Germán Martínez hizo una exaltada pero fútil defensa de la propuesta de reforma presentada por el presidente Calderón.

La organización de ese debate no fue, como algunos han querido creer, resultado de la ocupación de los recintos parlamentarios que mantuvieron durante dos semanas los senadores y diputados del PRD. El debate ya había sido previsto, y anunciado, horas antes de ese bloqueo al trabajo legislativo. Por lo demás, si la iniciativa del presidente Calderón ha dejado de ser referencia central en las discusiones sobre el petróleo no se debe a ineficiencia de los legisladores panistas sino a las dificultades que el gobierno y su partido han tenido para articular una negociación satisfactoria con otras fuerzas políticas.

Si hay reforma petrolera, tendrá que ocurrir merced a un proceso de acercamientos entre posiciones ahora encontradas. Por eso la sustitución del coordinador de los senadores panistas resulta aun más absurda. En varios temas y momentos, especialmente en los meses recientes, Santiago Creel ha demostrado aptitud para negociar –es decir, para hacer política–. Así lo han reconocido, además de correligionarios suyos, legisladores de otros partidos. Así lo confirmó el aplauso que recibió ayer cuando llegó a presidir la sesión de la Comisión Permanente.

De tal forma, si no es por la vía de la concertación y los compromisos como el gobierno y la dirección del PAN confían en lograr la reforma petrolera, y si carecen de las mayorías legislativas necesarias para que sus propuestas avancen sin negociación con otros partidos, entonces no cabe sino suponer que esperan hacerlo respaldados en el poder de los medios de comunicación. Se trata de una apuesta aventurada y en realidad más bien ingenua, porque figurarse que la presión mediática basta para forzar a los legisladores implica olvidar algunas de las lecciones recientes en la relación entre empresas comunicacionales y quehacer político. Cuando los partidos se allanaron a la égida de las televisoras y aprobaron la Ley Televisa, terminaron arrepintiéndose mientras presenciaban el revés que la Suprema Corte imponía a aquellas arbitrarias reformas. Y cuando esas mismas televisoras desplegaron una arrebatada campaña de amedrentamiento contra la reforma en materia de medios y elecciones, los partidos tuvieron motivos adicionales para apoyar dichas modificaciones constitucionales.

De entonces viene la malquerencia que las televisoras le tienen a Santiago Creel. A los dueños de Televisa y Azteca no les bastaron, malagradecidos e insaciables como son, las decisiones de Creel que los favorecieron cuando era Secretario de Gobernación. Al contrario, con ese resentimiento que algunos cultivan contra quienes les han sido más cercanos y deciden distanciarse –y como si considerasen que quien se alínea con ellos debe seguirlo haciendo siempre– las televisoras le tomaron al senador Creel un encono tan público como rústico.

Primero lo sacaron de sus pantallas. Pero aun vetado en la televisión abierta, Creel siguió haciendo política y manteniendo e incluso incrementando la notoriedad que ya tenía. Antes que él algunos otros personajes públicos habían superado la prueba del veto televisivo. Censurado por Azteca y Televisa Santiago Creel es, de acuerdo con varias encuestas, el panista que más adhesiones tendría como candidato presidencial dentro de 4 años. Se trata de ejercicios demasiado anticipados y que valen sobre todo por la nombradía actual que tienen algunos personajes públicos. Y Creel cuenta con ella. Más aun, por lo menos en el mediano plazo esa fama pública muy posiblemente habrá sido reforzada gracias a la represalia que le han impuesto sus dos presidentes –el de su partido Germán Martínez y el de la República, Felipe Calderón–.

La destitución ocurre días después de que las televisoras emprendieron una sucia campaña contra Creel cuando se supo, de manera oficial, que es padre de una niña que no estaba registrada como suya. Ese asunto fue magnificado en numerosos medios, no en atención a la presencia pública del senador sino como venganza por el activo desempeño que ha tenido en la legislación para los medios de comunicación.

Al destituir a Creel de la coordinación senatorial panista inmediatamente después de ese episodio, los dirigentes de su partido y el Presidente de la República se muestran, por decirlo de manera elegante, poco solidarios con ese correligionario suyo.

Pero como además la remoción sobreviene también después de la publicación de varias encuestas acerca de la popularidad de ese legislador no ha sido aventurado sostener que, entre otros motivos, sus malquerientes dentro de Acción Nacional quieren atajar la carrera política de Creel.

Quedan lastimados el propio Creel y las causas con las que se ha comprometido, entre otras la reforma del régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero queda maltratada también la reforma petrolera porque si esperan que el respaldo de la televisión será suficiente para crear un contexto de exigencia social a favor de la apertura a la inversión y otros cambios en PEMEX, el gobierno y su partido están olvidando que más allá de presiones mediáticas y aun sociales, quienes van a decidir esas modificaciones son los senadores y los diputados.

Algunos de ellos están de tal manera embrollados construyendo sus propios compromisos que difícilmente compartirán, al menos de manera espontánea, los requerimientos del PAN y sus presidentes. El senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa para dotar de espacios en Frecuencia Modulada a los radiodifusores que solamente tienen concesiones en Amplitud Modulada. Hay quienes consideran que esa es una pretensión justa porque, se dice, la AM ya no es negocio. Pero otorgar a un particular una concesión adicional simplemente porque la rentabilidad de la concesión que ya tiene no le resulta suficiente, equivale a suponer que el Estado debe resarcir con nuevos privilegios el déficit en los negocios de quienes ya cuentan con alguna licencia para usufructuar un bien nacional.

Si un particular que tiene una franquicia para operar una estación de gasolina exigiera que, solamente por ello, el Estado le asignase otra gasolinera, esa petición parecería excesiva. Pero en el caso de los radiodifusores, ha existido tan escasa apreciación crítica sobre la utilización de las frecuencias que prácticamente se ha vuelto lugar común considerar que, cómo no, los pobrecitos concesionarios de AM se merecen ahora una frecuencia en FM.

Todo ello debiera ser motivo de licitaciones, como sugiere la sentencia que la Suprema Corte dictó hace un año. Pero en vez de abrir concursos para adjudicar nuevas frecuencias (en los cuales el desempeño de quien ya tiene AM podría ser muy importante en la decisión para adjudicarle una FM) la iniciativa de Beltrones propone una asignación automática. Aunque sería necesaria la opinión de la Comisión Federal de Competencia, en esa propuesta no hay reglas para evitar que quienes ya se benefician de muchas concesiones disfruten de otras más. Al contrario, el criterio será darles muchas frecuencias a quienes ya poseen demasiadas.

Magnánima con quienes ya tienen mucho, la iniciativa de Beltrones es discriminatoria con quienes disponen de menos frecuencias o las usufructúan en condiciones más difíciles. En las plazas en donde no haya espacio para darles FM a todos los actuales concesionarios de AM, se dará preferencia a las estaciones comerciales por encima de las radiodifusoras no lucrativas.

La iniciativa Beltrones es de tan grotesca transparencia en esa exaltación de la radiodifusión privada que la incorpora a la Ley Federal de Radio y Televisión: “Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”.

¡Qué confesión tan vulgar de la preeminencia de la radiodifusión lucrativa sobre la de carácter cultural, de servicio o comunitario! Ni siquiera la Ley Televisa era tan burda en la promoción que hacía del interés privado.

También se propone supeditar el interés público al de los radiodifusores en una adición al artículo 4 de la Ley de Radio y Televisión que compromete al Estado a planear el desarrollo de la radiodifusión “con la participación de concesionarios y permisionarios”. Desde luego cualquier decisión debe tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados. Pero con esa adición habría quienes consideren que el Congreso y el Ejecutivo no pueden tomar medidas para la radiodifusión sin el consentimiento de quienes tienen estaciones de televisión o radio.

La desafortunada iniciativa de Beltrones y algunos otros senadores del PRI no parece constituir una medida aislada. Ayer mismo, el secretario de Gobernación anunció el refrendo de 131 concesiones de radiodifusión que no se habían renovado debido a la indefinición legal sobre el procedimiento para hacerlo. La inquietud de los beneficiarios de esas concesiones resulta entendible. Pero la justificación legal para otorgar tales refrendos es inadmisible. Hace un año la Corte estableció que todo refrendo debe realizarse mediante licitación. El mecanismo para ello sigue sin ser definido debido a la indolencia que en este asunto mantienen los legisladores que no han reformado la Ley de Radio y Televisión para atender a las indicaciones de la Corte.

Si realmente estuviera interesado en resolver ese y otros rezagos en los medios de comunicación, el senador Beltrones podría haber invertido más interés en las reformas para la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero solo busca congraciarse con algunos empresarios de la radio. Igual que el líder del PAN y el presidente Calderón, ahora encandilados con el embaucador resplandor del Canal de las Estrellas.


Azcárraga Jean, protegido por Zedillo

Marzo 20, 2008

Zócalo, marzo de 2008

  Emilio Azcárraga Milmo vivía sus últimos días, víctima de una enfermedad terminal. Antes del desenlace inminente dispuso que su hijo se hiciera cargo del consorcio Televisa. A comienzos de marzo de 1997 llamó a Jacobo Zabludovsky para que fuera a su casa en Los Ángeles, California, a grabar sus últimas declaraciones públicas.

   Azcárraga Milmo, El Tigre, trataba de mostrarse sonriente en aquella conversación que sería transmitida la noche del lunes 3 de marzo en el noticiero 24 Horas. A su derecha estaba, serio y nervioso, Emilio Azcárraga Jean que acababa de ser designado presidente del Grupo Televisa. A un costado de ellos se sentaron Zabludovsky y José Antonio Cañedo White, heredero de una de las familias que por décadas habían acompañado a los Azcárraga en la operación de Televisa y que fue nombrado presidente del Consejo de Administración.

   Azcárraga Milmo había cumplido 66 años y durante casi un cuarto de siglo fue el hombre más influyente en los medios de comunicación mexicanos. En su despedida electrónica apelaba al público de Televisa: “la programación va a ser siempre (para) las clases populares, así, quiero pedirles que nos vean, que nos apoyen y no se sentirán defraudados sino orgullosos de lo que hacemos”. Pero también advertía: “Y claro, no podemos evitar a los que tenemos mucho dinero, pero no nos interesa mucho” (Ovaciones, 4 de marzo de 1997).

   Aquellas palabras contrastaban con la tristemente célebre declaración de El Tigre el 10 de febrero de 2003 cuando, de buen humor y después de entregar reconocimientos a los protagonistas de la telenovela “Los ricos también lloran”, se acercó a conversar con varios periodistas, actitud que contrastaba con su habitual desdén a quienes no formaban parte de su círculo inmediato. Entonces dijo: “Aquí se juega mucho con la palabra poder, política… El poder y la política están fuera de nuestra compañía. Estamos en el negocio del entretenimiento, de la información, y podemos educar, pero fundamentalmente entretener”.

   La concepción que el dueño de Televisa tenía de la diversión que procuraba para su público quedó transparentemente definida de esta manera: “México es un país de una clase modesta muy jodida… que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil” (Alejandro Salazar Hernández, “Conversación con Emilio Azcárraga”. El Nacional, 11 de febrero de 1993).

   Aquella declaración fue tomada como muestra del desprecio que Azcárraga Milmo tenía por la sociedad mexicana. Incluso, de cuando en cuando ha sido tergiversada. El entonces dueño del consorcio mediático nunca dijo que hiciera televisión para “los jodidos”. Lo que hizo fue describir, en su ramplón vocabulario, la condición de la mayoría de los mexicanos y considerar que los pobres están condenados a seguirlo siendo siempre.

   La estrecha cuan mecánica visión de Azcárraga Milmo lo llevaba a justificar, para sí mismo, el papel de Televisa. En un país repleto de pobres irremediablemente pobres, creía, la televisión tiene la tarea de entretenerlos.

 

Desdenes y traiciones

   Quizá Azcárraga nunca quiso descalificar a los jodidos, como él les llamaba, sobre todo porque reconocía que sus negocios estaban dirigidos a ellos. Aquella “clase fabulosa y digna”, como también denominó a quienes constituían la audiencia fundamental de sus canales de televisión, tendría oportunidad de mirar cuatro años después la despedida de El Tigre.

   Aquel 3 de marzo, lejos de los estudios al sur de la ciudad de México en donde se grababan las telenovelas para los irremediablemente pobres, protagonista ahora de su propio drama, el habitualmente despótico Azcárraga Milmo dejaba en manos de su hijo el imperio mediático que había contribuido a expandir desde que murió su padre, a fines de 1972.

  Esa decisión no de debía sólo a sus limitaciones personales. La noticia de la hospitalización de El Tigre en California había golpeado a las acciones de Televisa en la Bolsa de Valores y uno de los copropietarios de consorcio, el senador Miguel Alemán Velasco, había tenido que asegurar que Azcárraga Milmo no era imprescindible.

   Quizá Azcárraga Milmo entendió la necesidad de modificar el funcionamiento descomunalmente vertical que había consolidado dentro de Televisa. Era fama pública que aún las más nimias decisiones dentro del consorcio pasaban por su oficina. Ese estilo de mando resultaba ineficaz en una corporación con las ramificaciones y alianzas que Televisa había construido en todo el mundo. La tensión entre mando unipersonal y redes corporativas, que se presenta en todo grupo empresarial cuando se expande, Azcárraga Milmo no la había podido resolver a causa de su tendencia a controlarlo directamente todo. Posiblemente por ello, al mismo tiempo que puso a su hijo al frente de la operación ejecutiva del consorcio estableció un contrapeso al designar a Guillermo Cañedo White como presidente del Consejo.

   Guillermo Cañedo de la Bárcena había sido uno de los amigos más cercanos de Azcárraga Milmo. Entre otras áreas, se ocupó del desarrollo de las empresas de Televisa relacionadas con el futbol y de la presencia internacional del consorcio. Fue presidente de la Organización Iberoamericana de Televisión, OTI, y vicepresidente de la Federación Internacional de Futbol, FIFA. Había muerto el 20 de enero de 1997, después de una enfermedad. A la sazón su hijo, Guillermo Cañedo White, era presidente del Club América y se ocupaba de las finanzas internacionales del Grupo Televisa. Su hermano José Antonio estaba a cargo de Televicentro, la empresa controladora de las acciones de Televisa.

      A la muerte de Cañedo, El Tigre dispuso que el Estadio Azteca llevara el nombre de ese amigo suyo aunque pocos años después todo el mundo, incluso los comentaristas deportivos de esa empresa, volvieron a identificar a ese recinto con su denominación original. El hecho de que Cañedo de la Bárcena y Azcárraga Milmo hubieran sido tan cercanos amigos no garantizaría que con sus hijos sucediera lo mismo. Y antes de que las tensiones entre las concepciones empresariales de uno y otro entraran en contradicción, el gobierno intervino dentro de Televisa a favor de Emilio Azcárraga Jean.

 

1997: aval del gobierno

   Unas horas después de aquella designación corporativa a través del noticiero de Jacobo Zabludovsky, los accionistas de Televisa formalizaron los acuerdos anunciados por Emilio Azcárraga Milmo en una sesión formal del Consejo de Administración. Y luego, lo primero que hicieron fue ir a Los Pinos con el presidente Ernesto Zedillo.

   Hay varias versiones acerca de aquella entrevista, en donde en representación de Televisa participaron Emilio Azcárraga Jean, Guillermo y José Antonio Cañedo White, y Miguel Alemán Velasco –todos ellos propietarios de acciones en Televisa–. Una de las más completas fue difundida por los periodistas estadounidenses Julia Preston y Samuel Dillon en su libro Opening Mexico. The making of a Democracy (Farrar, Status and Giroux, New York, 2004). “Los cuatro informaron a Zedillo –relatan– que habían acordado actuar, en el futuro, como un colectivo en su relación con el gobierno. Pero el presidente no estuvo de acuerdo. Volteó hacia el joven Azcárraga: ‘Emilio, tu padre me pidió que te ayudara y que mirase por ti’, le dijo. ‘Entre el gobierno y la familia Azcárraga siempre ha existido un pacto, comenzando por tu abuelo, luego con tu padre. Ahora tú tienes esa responsabilidad… Pero la situación está cambiando, y necesitamos ajustarnos a la nueva realidad”.

   De acuerdo con ese texto, el presidente Zedillo les dijo a los entonces accionistas de Televisa que él solamente trataría con una persona de esa empresa y que nadie en esa habitación debiera tener dudas acerca de a quién se refería.

 

“Como los viejos políticos”

   El presidente Zedillo había resuelto que su única interlocución con Televisa sería a través de Azcárraga Jean. Pero también decidió que el hijo de El Tigre tuviera todo el control de ese consorcio.

   A la muerte de Azcárraga Milmo, la propiedad de Grupo Televisa se distribuía en 4 familias. Emilio Azcárraga Jean controlaba el 62% de las acciones, incluyendo las que pertenecían a su hermana Laura y otros miembros de su familia. Alejandro Burillo, primo de Emilio Azcárraga, tenía el 14%. La familia Alemán, representada por Miguel Alemán Velasco, alcanzaba otro 14%. Los Cañedo White tenían el 10%. Esa composición reflejaba los acuerdos familiares y las alianzas que había tejido El Tigre, pero también le daba entrada en la administración de Televisa a posiciones que podrían no coincidir con la política mantenida durante al menos dos décadas por aquel empresario.

   El presidente Zedillo se sentía más cómodo tratando con Azcárraga Jean, que apenas tenía 29 años, y no con otros propietarios del consorcio. Aparentemente también consideró que a la estabilidad del sistema político le convenía más una empresa televisiva sólida y no afectada por tensiones internas. Como quiera que fuese distintos testimonios confirman que en el transcurso de aquel 1997 (por cierto, en vísperas de las elecciones intermedias que habría en julio) Zedillo se erigió en mandamás de las decisiones en Televisa.

   El periodista Roberto Zamarripa escribió años más tarde que, en esa reunión del 4 de marzo de 1997, José Antonio Cañedo White manifestó que al Grupo Televisa le interesaba renovar “el pacto histórico entre la empresa y el Estado mexicano”. Zedillo lo corrigió de inmediato cuando dijo que el pacto había sido entre el Estado “y la familia Azcárraga” y manifestó su sorpresa por la presencia de los Cañedo en esa reunión (Reforma, 21 de mayo de 2001). Fue entonces cuando le anunció a Azcárraga Jean que la relación entre Televisa y el gobierno la resolverían ellos dos y nadie más. Zedillo explicó que unas semanas antes, en febrero, Azcárraga Milmo le había pedido que en el futuro protegiera a su hijo Emilio.

   De acuerdo con esa versión, antes de que se fueran el presidente Zedillo les pidió a los accionistas de Televisa que visitaran esa tarde a Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación. Así lo hicieron y en esa entrevista, en Bucareli, Chuayffet les comunicó a los hermanos Cañedo que deberían retirarse de Televisa, “como los viejos políticos”.

 

Recomposición financiera

   Así lo hicieron. Emilio Azcárraga Milmo murió el 16 de abril de 1997. Tres meses más tarde Guillermo Cañedo White renunció al Consejo de Administración y le vendió a Azcárraga Jean las acciones de Televisa que tenían él y su familia. Las tensiones entre las familias propietarias de Televisa eran tan intensas que no escapaban al escrutinio público. Azcárraga Jean intentaba organizar a su propio equipo que con frecuencia entraba en contradicción con Alejandro Burillo. El diario británico Financial Times llegó a comentar: “La batalla por el control en Televisa parece una telenovela”.

   Lo era, y aun había episodios por conocerse. En octubre de 1998 Azcárraga transfiere un 21% de sus acciones a sus primos de la familia Díez Barroso, hijos de Laura Azcárraga, hermana de El Tigre, con quienes Televisa tenía una deuda de 300 millones de dólares. El adeudo queda saldado y la mayoría de las acciones permanece en manos de Azcárraga Jean. El 6 de abril de 1999 la familia Alemán le vende a Azcárraga Jean el 14% de acciones que tenía de Televicentro, la empresa controladora de Televisa y Miguel Alemán Magnani –hijo de Miguel Alemán Velasco, que para entonces ya era gobernador de Veracruz– deja el cargo ejecutivo que tenía en el consorcio.

   Azcárraga Jean prosigue el reordenamiento de las acciones de Televisa y el 6 de mayo de 1999 el magnate Carlos Slim compra el 24% de Televicentro en una operación con valor de 350 millones de dólares. Emilio Azcárraga se queda con el 51% de la empresa y sigue presidiendo el Consejo de Administración; las acciones de Alejandro Burillo aumentan del 14% al 25% y la financiera Inbursa, propiedad de la familia Slim, se queda con el restante 24%, incluyendo las acciones que tenía la familia Díez Barroso.

   A punto de terminar su sexenio, Zedillo había cumplido con creces la promesa que le hizo a El Tigre para velar por el futuro de Emilio Azcárraga Jean. Televisa había reorganizado sus finanzas, buena parte de la deuda que tenía fue amortizada de diversas maneras, el control real y accionario del consorcio estaba en manos de Azcárraga Jean y, sobre todo, el gobierno había decidido mantener esa vieja relación.

   El 18 de octubre de 1999 Alejandro Burillo renuncia a la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales, que era la posición que tenía dentro del corporativo Televisa. Nueve meses más tarde Burillo  vendió la mayor parte de su paquete accionario a un grupo encabezado por María Asunción Aramburuzabala, copropietaria de la Cervecería Modelo. El resto de las acciones las compraron Azcárraga Jean y la operadora financiera de Carlos Slim.

   Paulatinamente, por otro lado, buena parte de las acciones de Televisa había ingresado al mercado de valores de tal manera que el peso de los paquetes accionarios de los inversionistas más importantes se fue diluyendo, aunque el control del consorcio siguió en manos de Azcárraga Jean. Entre 2005 y 2006 los empresarios Roberto Hernández y Alfredo Harp, ex propietarios de Banamex, compraron parte de las acciones de Aramburuzabala y Slim. Por otro lado, el empresario e innovador informático estadounidense Bill Gates compró paquetes accionarios que en 2007 ascendían a poco más del 5% del capital de Televisa.

 

Estancamiento político

   Al terminar su gobierno, el presidente Ernesto Zedillo había contribuido de varias formas a consolidar la hegemonía de Emilio Azcárraga Jean en Televisa. Por motivos que nunca ha explicado, ese ahora ex mandatario mexicano prefirió salvaguardar el viejo modelo de relaciones de conveniencia entre el poder político y Televisa antes que acceder a la diversificación en el panorama de la televisión mexicana.

   El apego de Zedillo a Azcárraga Jean desde luego no se debía a la petición que supuestamente le formuló Azcárraga Milmo para que amparase a su hijo. Zedillo consideró que apuntalar política y materialmente a Azcárraga Jean era vital para los intereses del Estado mexicano, al menos tal y como él los entendía.

   Hay una extensa historia que no ha sido escrita acerca de los soportes políticos e incluso las gestiones financieras que el gobierno del presidente Zedillo impulsó, primero para dejarle al heredero de “El Tigre” el campo libre dentro de esa empresa –propiciando o forzando el desplazamiento de sus competidores dentro de la misma Televisa– y luego para permitirle saldar la deuda y recibir capital fresco.  

   Sin el respaldo de Zedillo, hubiera sido altamente posible que Azcárraga Jean no se mantuviera al frente de Televisa. Esa es una de las muchas circunstancias que se le olvidan al hijo de El Tigre cuando asegura que su empresa no les debe favores a los políticos mexicanos.


  

  


Límites al poder del dinero en los medios

Enero 10, 2008

Zócalo, enero de 2007

   Maltratado por sus propias inconsistencias, el Congreso de la Unión dejó un saldo contradictorio después de la intensa temporada de reformas a la legislación electoral y en las cuales hay cambios muy importantes para la relación entre los medios de comunicación y la política en México. Atrapada en el vértigo de los intereses partidarios, la Cámara de Diputados no consiguió designar a los consejeros del Instituto Federal Electoral que reemplazarían a los tres funcionarios, incluyendo al consejero presidente, destituidos por una medida muy cuestionable de los mismos legisladores.

   La decisión misma de echar sin razones legales a tres de los consejeros designados en 2003 para un encargo de siete años fue ampliamente discutida en los meses recientes. Luego, el proceso para designar a quienes los sucederán estuvo repleto de irregularidades. Aun con ellas es deseable que quienes habrán de conducir a la autoridad electoral tengan no solamente el aval de los partidos mayores sino, antes que nada, capacidad profesional y política suficiente. En esta ocasión, el nombramiento de la autoridad electoral cobra mayor importancia debido a las nuevas facultades que las reformas legales le confieren al IFE, especialmente en la administración de los espacios que los partidos tendrán para hacer campaña en los medios de comunicación y para sancionar a las estaciones de televisión y radio que no cumplan con las reglas para la difusión de tales mensajes.

 

En prensa escrita,

propaganda a salvo

   Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobadas en los primeros días de diciembre por las dos cámaras del Congreso ratificaron las nuevas disposiciones constitucionales que habían sido promulgadas el mes anterior. El nuevo régimen electoral prohíbe la compra de espacios para propaganda política en la televisión y la radio y transfiere al IFE el empleo del tiempo del cual dispone el Estado en esos medios de comunicación. Además limita severamente la propaganda que las instituciones del Estado hagan acerca de sus propio desempeño.

   Aunque la disposición constitucional estableció un explícito veto a la propaganda que muestre obras o imágenes de los servidores públicos en “cualquier modalidad de comunicación social”, la reforma a la ley reglamentaria solamente establece sanciones para los canales de televisión y las estaciones de radio que infrinjan esa disposición. Es decir, la contratación e incluso el abuso de la propaganda que muestre a funcionarios públicos (gobernadores, legisladores, rectores, etcétera) en medios de carácter impreso, no podrá ser sancionada al menos con las reformas al Código Electoral.

   La norma constitucional (específicamente la disposición establecida en la reciente adición al Artículo 134) es por ahora imperfecta. Las consecuencias que esa innovación tendría para los diarios y revistas cuyas finanzas dependen en alguna o mucha magnitud de la venta de publicidad a instituciones estatales y que comentamos en la edición anterior de Zócalo, por ahora no ocurrirán. No quedó claro si los senadores que redactaron las nuevas disposiciones del Código Electoral, o los diputados que las revisaron y también aprobaron, decidieron expresamente no afectar a los medios escritos o si se trató de un descuido. En todo caso, aunque la Constitución prohíbe la propaganda en medios de toda índole, incluso escritos, por ahora los editores de revistas y diarios –y sus lectores, desde luego– pueden estar tranquilos.

 

Tramposa información sobre

lineamientos del IFE a medios

   Durante su discusión en el Senado, las reformas a la ley electoral fueron tema de una intencionada especulación por parte de las cadenas de televisión privada y de los diarios que han resultado más proclives a ellas. Los noticieros de Televisión Azteca con la gritonería que se ha vuelto sello de esa casa y, simultáneamente, diarios como Milenio y Excélsior, propagaron versiones incompletas o falsas de los documentos de trabajo previos al dictamen de las comisiones senatoriales encargadas de estudiar esa reforma.

   Se dijo, así, que en las nuevas reglas para la relación entre medios y campañas políticas habría disposiciones que censuraban la libertad de opinión de los periodistas. Esa sería la consecuencia, se aseguraba, de los lineamientos que la autoridad electoral les impondría a los medios de comunicación para la cobertura de campañas.

   Tales lineamientos en realidad forman parte de la legislación electoral desde 1996 y hasta ahora han implicado que, antes de cada proceso electoral federal, los partidos sugieran que los medios electrónicos cubran sus campañas políticas con pluralidad, equidad, respeto a la vida privada y respetando el derecho de réplica, entre otros atributos. Esas exhortaciones siempre han tenido un valor emblemático, en primer lugar porque no hay –ni debería haber– sanciones a los medios que las incumplan y desde luego porque, como es sabido, los partidos mismos son los primeros en quebrantar cualquier posibilidad de respeto entre sus candidatos.

   Durante un par de semanas, a contracorriente de las cotidianas aclaraciones que hacían algunos de los senadores, en varios medios se repitió la misma cantinela. Finalmente la modificación a la fracción modificada del artículo 49 del Código Electoral estableció, refiriéndose a la autoridad del IFE:

   El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.

   En la versión anterior que estuvo vigente durante más de una década esa disposición, contenida en el artículo 48 del Cofipe, le asignaba un rango menor a la mencionada reunión ya que sería convocada por el Director de Prerrogativas y no por el Consejo General del IFE. Se mencionaba expresamente que a tal encuentro sería invitada la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, lo cual siempre implicó alguna parcialidad porque no todos los radiodifusores están inscritos en ese organismo. Anteriormente no se hablaba de precampañas porque esa fase del proceso electoral no estaba reglamentada y ahora sí. Ahora se especifica, además, la posibilidad de que haya acuerdos entre la autoridad electoral y los radiodifusores. Por lo demás, el artículo relativo a los lineamientos de cobertura de campañas es idéntico al que ya existía.

 

Quisieron confundir libertad de

expresión con capacidad de compra

   La otra disposición, esa sí nueva, que los medios disgustados con la reforma electoral impugnaron con más estruendo que argumentos, fue la prohibición para la contratación de propaganda en radio y televisión.

   Quizá los concesionarios aspiraban a que el Código Electoral no estableciera sanciones para que la infracción a esa nueva regla pudiera ser frecuente. Pero en sus alegatos soslayaron que esa norma ya había sido incorporada a la Constitución, en el Artículo 41, que indica con toda claridad: Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

   En atención a ese principio, ahora el Código Electoral establece en su artículo 49  que ni los partidos, ni precandidatos ni candidatos, “podrán contratar, contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”. Esa taxativa se extiende a los dirigentes y miembros de los partidos “o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales”. La única propaganda política autorizada será la que el IFE gestione en los tiempos de Estado en radio y televisión.

   El mismo artículo reproduce, letra por letra, la disposición constitucional que transcribimos antes y que instaura el impedimento para que ninguna persona, “física o moral”, contrate en radio o televisión propaganda “dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”.

   Esa fue la disposición en la que, cuando resultó fallido el rechazo a los lineamientos, se apoyaron los concesionarios para descalificar la reforma electoral. Con impostada enjundia, algunos locutores y comentaristas aseguraron que esa modificación atentaba contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Algunos, incluso, dijeron mentiras al señalar que dicha reforma haría imposible la publicación los periódicos de inserciones pagadas por ciudadanos.

   El impedimento a la contratación de propaganda en televisión y radio es muy claro: se refiere expresamente a esos medios y comprende cualquier transacción mercantil destinada a pactar la difusión de anuncios políticos. No se afecta la difusión de noticias ni de opinión política alguna. Lo que sí se limita es la contratación de spots como los que al finalizar la campaña presidencial de 2006 pagó el Consejo Coordinador Empresarial con mensajes destinados a perjudicar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

 

Multa y bloqueo de publicidad

a quienes vendan spots

   La contratación de propaganda por parte de particulares ya estaba prohibida en la legislación electoral, pero no había sanción específica para quienes trasgredieran esa disposición. Por eso en la elección de 2006 ni el IFE ni el Tribunal Electoral pudieron hacer algo contra los empresarios que infringieron esa norma. Ahora, merced a las reformas al Cofipe, la contratación de propaganda podría conducir a la cancelación de su registro en el caso de los partidos políticos que reincidieran en esa falta y con multas de hasta 500 días de salario mínimo a los ciudadanos y de cien mil días a las empresas que hicieran tal contratación.

   Las empresas de televisión o radio que vendan espacios para la difusión de propaganda política, en una primera falta serían amonestadas y luego recibirían multa de hasta 100 mil días de salario mínimo. De reincidir, la autoridad electoral podría suspender hasta por 36 horas los espacios destinados a publicidad sin afectar el resto de la programación. También se contempla la posibilidad de gestionar la revocación de la concesión de la empresa que persistiera en esa infracción. Aunque el Cofipe no se refiere expresamente a esa revocación, la reforma Constitucional sí abre tal posibilidad.

   Decir que el impedimento para contratar propaganda en medios electrónicos vulnera la libertad de expresión equivale a considerar que solamente con el poder del dinero, pagando por espacios en radio y televisión, se puede ejercer esa libertad. No es la libertad de opinión o de prensa lo que se limita sino, si acaso, la libertad mercantil de las empresas de radiodifusión para lucrar con las campañas políticas y desde luego el poder del dinero para influir sobre los ciudadanos. Por eso no ha sido extraño que algunos de los beneficiarios de ese poder del dinero se hayan manifestado contra la reforma electoral con tanta vehemencia como lo hicieron algunos dirigentes empresariales, locutores y concesionarios. No son esas, desde luego, las únicas reformas que hacen falta. Ya veremos, en los primeros meses de 2008, si la enjundia legislativa de los senadores y los diputados alcanza para que tengamos una nueva y moderna legislación para los medios y las telecomunicaciones.

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