Al capricho del poder mediático

La Crónica, 12 de junio

Al destituir a Santiago Creel, el PAN y el presidente Calderón se sometieron a un capricho de Televisa. Ni las desmañadas aunque ampulosas explicaciones de Germán Martínez, ni la extendida murmuración mediática, permiten llegar a otra conclusión. La remoción del coordinador de los senadores de Acción Nacional se dio a conocer y fue resuelta de manera inusitadamente descomedida. La insistencia en que se busca dar “un nuevo impulso” a la reforma petrolera confirma la estrecha apreciación que Martínez y su jefe inmediato, el presidente Felipe Calderón, tienen del trabajo legislativo.

La reforma para desarrollar la industria petrolera se encuentra en marcha, aunque por derroteros inciertos. De ello no tienen la culpa los senadores panistas sino la hasta ahora eficaz tarea de entorpecimiento que han desplegado los opositores de esa reforma, especialmente en el ajetreado PRD pero también en convenenciero PRI. Aparentemente el líder nacional del PAN, y quizá también el Presidente de la República, están insatisfechos con el debate sobre la cuestión petrolera que organiza el Senado. Pero el aburrimiento de esas discusiones y especialmente la marginación que en ellas ha tenido la iniciativa presidencial no se ha debido a indolencia de los legisladores panistas sino a circunstancias que los trascienden. El propio Germán Martínez hizo una exaltada pero fútil defensa de la propuesta de reforma presentada por el presidente Calderón.

La organización de ese debate no fue, como algunos han querido creer, resultado de la ocupación de los recintos parlamentarios que mantuvieron durante dos semanas los senadores y diputados del PRD. El debate ya había sido previsto, y anunciado, horas antes de ese bloqueo al trabajo legislativo. Por lo demás, si la iniciativa del presidente Calderón ha dejado de ser referencia central en las discusiones sobre el petróleo no se debe a ineficiencia de los legisladores panistas sino a las dificultades que el gobierno y su partido han tenido para articular una negociación satisfactoria con otras fuerzas políticas.

Si hay reforma petrolera, tendrá que ocurrir merced a un proceso de acercamientos entre posiciones ahora encontradas. Por eso la sustitución del coordinador de los senadores panistas resulta aun más absurda. En varios temas y momentos, especialmente en los meses recientes, Santiago Creel ha demostrado aptitud para negociar –es decir, para hacer política–. Así lo han reconocido, además de correligionarios suyos, legisladores de otros partidos. Así lo confirmó el aplauso que recibió ayer cuando llegó a presidir la sesión de la Comisión Permanente.

De tal forma, si no es por la vía de la concertación y los compromisos como el gobierno y la dirección del PAN confían en lograr la reforma petrolera, y si carecen de las mayorías legislativas necesarias para que sus propuestas avancen sin negociación con otros partidos, entonces no cabe sino suponer que esperan hacerlo respaldados en el poder de los medios de comunicación. Se trata de una apuesta aventurada y en realidad más bien ingenua, porque figurarse que la presión mediática basta para forzar a los legisladores implica olvidar algunas de las lecciones recientes en la relación entre empresas comunicacionales y quehacer político. Cuando los partidos se allanaron a la égida de las televisoras y aprobaron la Ley Televisa, terminaron arrepintiéndose mientras presenciaban el revés que la Suprema Corte imponía a aquellas arbitrarias reformas. Y cuando esas mismas televisoras desplegaron una arrebatada campaña de amedrentamiento contra la reforma en materia de medios y elecciones, los partidos tuvieron motivos adicionales para apoyar dichas modificaciones constitucionales.

De entonces viene la malquerencia que las televisoras le tienen a Santiago Creel. A los dueños de Televisa y Azteca no les bastaron, malagradecidos e insaciables como son, las decisiones de Creel que los favorecieron cuando era Secretario de Gobernación. Al contrario, con ese resentimiento que algunos cultivan contra quienes les han sido más cercanos y deciden distanciarse –y como si considerasen que quien se alínea con ellos debe seguirlo haciendo siempre– las televisoras le tomaron al senador Creel un encono tan público como rústico.

Primero lo sacaron de sus pantallas. Pero aun vetado en la televisión abierta, Creel siguió haciendo política y manteniendo e incluso incrementando la notoriedad que ya tenía. Antes que él algunos otros personajes públicos habían superado la prueba del veto televisivo. Censurado por Azteca y Televisa Santiago Creel es, de acuerdo con varias encuestas, el panista que más adhesiones tendría como candidato presidencial dentro de 4 años. Se trata de ejercicios demasiado anticipados y que valen sobre todo por la nombradía actual que tienen algunos personajes públicos. Y Creel cuenta con ella. Más aun, por lo menos en el mediano plazo esa fama pública muy posiblemente habrá sido reforzada gracias a la represalia que le han impuesto sus dos presidentes –el de su partido Germán Martínez y el de la República, Felipe Calderón–.

La destitución ocurre días después de que las televisoras emprendieron una sucia campaña contra Creel cuando se supo, de manera oficial, que es padre de una niña que no estaba registrada como suya. Ese asunto fue magnificado en numerosos medios, no en atención a la presencia pública del senador sino como venganza por el activo desempeño que ha tenido en la legislación para los medios de comunicación.

Al destituir a Creel de la coordinación senatorial panista inmediatamente después de ese episodio, los dirigentes de su partido y el Presidente de la República se muestran, por decirlo de manera elegante, poco solidarios con ese correligionario suyo.

Pero como además la remoción sobreviene también después de la publicación de varias encuestas acerca de la popularidad de ese legislador no ha sido aventurado sostener que, entre otros motivos, sus malquerientes dentro de Acción Nacional quieren atajar la carrera política de Creel.

Quedan lastimados el propio Creel y las causas con las que se ha comprometido, entre otras la reforma del régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero queda maltratada también la reforma petrolera porque si esperan que el respaldo de la televisión será suficiente para crear un contexto de exigencia social a favor de la apertura a la inversión y otros cambios en PEMEX, el gobierno y su partido están olvidando que más allá de presiones mediáticas y aun sociales, quienes van a decidir esas modificaciones son los senadores y los diputados.

Algunos de ellos están de tal manera embrollados construyendo sus propios compromisos que difícilmente compartirán, al menos de manera espontánea, los requerimientos del PAN y sus presidentes. El senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa para dotar de espacios en Frecuencia Modulada a los radiodifusores que solamente tienen concesiones en Amplitud Modulada. Hay quienes consideran que esa es una pretensión justa porque, se dice, la AM ya no es negocio. Pero otorgar a un particular una concesión adicional simplemente porque la rentabilidad de la concesión que ya tiene no le resulta suficiente, equivale a suponer que el Estado debe resarcir con nuevos privilegios el déficit en los negocios de quienes ya cuentan con alguna licencia para usufructuar un bien nacional.

Si un particular que tiene una franquicia para operar una estación de gasolina exigiera que, solamente por ello, el Estado le asignase otra gasolinera, esa petición parecería excesiva. Pero en el caso de los radiodifusores, ha existido tan escasa apreciación crítica sobre la utilización de las frecuencias que prácticamente se ha vuelto lugar común considerar que, cómo no, los pobrecitos concesionarios de AM se merecen ahora una frecuencia en FM.

Todo ello debiera ser motivo de licitaciones, como sugiere la sentencia que la Suprema Corte dictó hace un año. Pero en vez de abrir concursos para adjudicar nuevas frecuencias (en los cuales el desempeño de quien ya tiene AM podría ser muy importante en la decisión para adjudicarle una FM) la iniciativa de Beltrones propone una asignación automática. Aunque sería necesaria la opinión de la Comisión Federal de Competencia, en esa propuesta no hay reglas para evitar que quienes ya se benefician de muchas concesiones disfruten de otras más. Al contrario, el criterio será darles muchas frecuencias a quienes ya poseen demasiadas.

Magnánima con quienes ya tienen mucho, la iniciativa de Beltrones es discriminatoria con quienes disponen de menos frecuencias o las usufructúan en condiciones más difíciles. En las plazas en donde no haya espacio para darles FM a todos los actuales concesionarios de AM, se dará preferencia a las estaciones comerciales por encima de las radiodifusoras no lucrativas.

La iniciativa Beltrones es de tan grotesca transparencia en esa exaltación de la radiodifusión privada que la incorpora a la Ley Federal de Radio y Televisión: “Dada su estricta dependencia de ingresos por publicidad, los concesionarios tendrán preferencia sobre los permisionarios”.

¡Qué confesión tan vulgar de la preeminencia de la radiodifusión lucrativa sobre la de carácter cultural, de servicio o comunitario! Ni siquiera la Ley Televisa era tan burda en la promoción que hacía del interés privado.

También se propone supeditar el interés público al de los radiodifusores en una adición al artículo 4 de la Ley de Radio y Televisión que compromete al Estado a planear el desarrollo de la radiodifusión “con la participación de concesionarios y permisionarios”. Desde luego cualquier decisión debe tomar en cuenta la opinión de todos los involucrados. Pero con esa adición habría quienes consideren que el Congreso y el Ejecutivo no pueden tomar medidas para la radiodifusión sin el consentimiento de quienes tienen estaciones de televisión o radio.

La desafortunada iniciativa de Beltrones y algunos otros senadores del PRI no parece constituir una medida aislada. Ayer mismo, el secretario de Gobernación anunció el refrendo de 131 concesiones de radiodifusión que no se habían renovado debido a la indefinición legal sobre el procedimiento para hacerlo. La inquietud de los beneficiarios de esas concesiones resulta entendible. Pero la justificación legal para otorgar tales refrendos es inadmisible. Hace un año la Corte estableció que todo refrendo debe realizarse mediante licitación. El mecanismo para ello sigue sin ser definido debido a la indolencia que en este asunto mantienen los legisladores que no han reformado la Ley de Radio y Televisión para atender a las indicaciones de la Corte.

Si realmente estuviera interesado en resolver ese y otros rezagos en los medios de comunicación, el senador Beltrones podría haber invertido más interés en las reformas para la radiodifusión y las telecomunicaciones. Pero solo busca congraciarse con algunos empresarios de la radio. Igual que el líder del PAN y el presidente Calderón, ahora encandilados con el embaucador resplandor del Canal de las Estrellas.

Azcárraga Jean, protegido por Zedillo

Zócalo, marzo de 2008

  Emilio Azcárraga Milmo vivía sus últimos días, víctima de una enfermedad terminal. Antes del desenlace inminente dispuso que su hijo se hiciera cargo del consorcio Televisa. A comienzos de marzo de 1997 llamó a Jacobo Zabludovsky para que fuera a su casa en Los Ángeles, California, a grabar sus últimas declaraciones públicas.

   Azcárraga Milmo, El Tigre, trataba de mostrarse sonriente en aquella conversación que sería transmitida la noche del lunes 3 de marzo en el noticiero 24 Horas. A su derecha estaba, serio y nervioso, Emilio Azcárraga Jean que acababa de ser designado presidente del Grupo Televisa. A un costado de ellos se sentaron Zabludovsky y José Antonio Cañedo White, heredero de una de las familias que por décadas habían acompañado a los Azcárraga en la operación de Televisa y que fue nombrado presidente del Consejo de Administración.

   Azcárraga Milmo había cumplido 66 años y durante casi un cuarto de siglo fue el hombre más influyente en los medios de comunicación mexicanos. En su despedida electrónica apelaba al público de Televisa: “la programación va a ser siempre (para) las clases populares, así, quiero pedirles que nos vean, que nos apoyen y no se sentirán defraudados sino orgullosos de lo que hacemos”. Pero también advertía: “Y claro, no podemos evitar a los que tenemos mucho dinero, pero no nos interesa mucho” (Ovaciones, 4 de marzo de 1997).

   Aquellas palabras contrastaban con la tristemente célebre declaración de El Tigre el 10 de febrero de 2003 cuando, de buen humor y después de entregar reconocimientos a los protagonistas de la telenovela “Los ricos también lloran”, se acercó a conversar con varios periodistas, actitud que contrastaba con su habitual desdén a quienes no formaban parte de su círculo inmediato. Entonces dijo: “Aquí se juega mucho con la palabra poder, política… El poder y la política están fuera de nuestra compañía. Estamos en el negocio del entretenimiento, de la información, y podemos educar, pero fundamentalmente entretener”.

   La concepción que el dueño de Televisa tenía de la diversión que procuraba para su público quedó transparentemente definida de esta manera: “México es un país de una clase modesta muy jodida… que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil” (Alejandro Salazar Hernández, “Conversación con Emilio Azcárraga”. El Nacional, 11 de febrero de 1993).

   Aquella declaración fue tomada como muestra del desprecio que Azcárraga Milmo tenía por la sociedad mexicana. Incluso, de cuando en cuando ha sido tergiversada. El entonces dueño del consorcio mediático nunca dijo que hiciera televisión para “los jodidos”. Lo que hizo fue describir, en su ramplón vocabulario, la condición de la mayoría de los mexicanos y considerar que los pobres están condenados a seguirlo siendo siempre.

   La estrecha cuan mecánica visión de Azcárraga Milmo lo llevaba a justificar, para sí mismo, el papel de Televisa. En un país repleto de pobres irremediablemente pobres, creía, la televisión tiene la tarea de entretenerlos.

 

Desdenes y traiciones

   Quizá Azcárraga nunca quiso descalificar a los jodidos, como él les llamaba, sobre todo porque reconocía que sus negocios estaban dirigidos a ellos. Aquella “clase fabulosa y digna”, como también denominó a quienes constituían la audiencia fundamental de sus canales de televisión, tendría oportunidad de mirar cuatro años después la despedida de El Tigre.

   Aquel 3 de marzo, lejos de los estudios al sur de la ciudad de México en donde se grababan las telenovelas para los irremediablemente pobres, protagonista ahora de su propio drama, el habitualmente despótico Azcárraga Milmo dejaba en manos de su hijo el imperio mediático que había contribuido a expandir desde que murió su padre, a fines de 1972.

  Esa decisión no de debía sólo a sus limitaciones personales. La noticia de la hospitalización de El Tigre en California había golpeado a las acciones de Televisa en la Bolsa de Valores y uno de los copropietarios de consorcio, el senador Miguel Alemán Velasco, había tenido que asegurar que Azcárraga Milmo no era imprescindible.

   Quizá Azcárraga Milmo entendió la necesidad de modificar el funcionamiento descomunalmente vertical que había consolidado dentro de Televisa. Era fama pública que aún las más nimias decisiones dentro del consorcio pasaban por su oficina. Ese estilo de mando resultaba ineficaz en una corporación con las ramificaciones y alianzas que Televisa había construido en todo el mundo. La tensión entre mando unipersonal y redes corporativas, que se presenta en todo grupo empresarial cuando se expande, Azcárraga Milmo no la había podido resolver a causa de su tendencia a controlarlo directamente todo. Posiblemente por ello, al mismo tiempo que puso a su hijo al frente de la operación ejecutiva del consorcio estableció un contrapeso al designar a Guillermo Cañedo White como presidente del Consejo.

   Guillermo Cañedo de la Bárcena había sido uno de los amigos más cercanos de Azcárraga Milmo. Entre otras áreas, se ocupó del desarrollo de las empresas de Televisa relacionadas con el futbol y de la presencia internacional del consorcio. Fue presidente de la Organización Iberoamericana de Televisión, OTI, y vicepresidente de la Federación Internacional de Futbol, FIFA. Había muerto el 20 de enero de 1997, después de una enfermedad. A la sazón su hijo, Guillermo Cañedo White, era presidente del Club América y se ocupaba de las finanzas internacionales del Grupo Televisa. Su hermano José Antonio estaba a cargo de Televicentro, la empresa controladora de las acciones de Televisa.

      A la muerte de Cañedo, El Tigre dispuso que el Estadio Azteca llevara el nombre de ese amigo suyo aunque pocos años después todo el mundo, incluso los comentaristas deportivos de esa empresa, volvieron a identificar a ese recinto con su denominación original. El hecho de que Cañedo de la Bárcena y Azcárraga Milmo hubieran sido tan cercanos amigos no garantizaría que con sus hijos sucediera lo mismo. Y antes de que las tensiones entre las concepciones empresariales de uno y otro entraran en contradicción, el gobierno intervino dentro de Televisa a favor de Emilio Azcárraga Jean.

 

1997: aval del gobierno

   Unas horas después de aquella designación corporativa a través del noticiero de Jacobo Zabludovsky, los accionistas de Televisa formalizaron los acuerdos anunciados por Emilio Azcárraga Milmo en una sesión formal del Consejo de Administración. Y luego, lo primero que hicieron fue ir a Los Pinos con el presidente Ernesto Zedillo.

   Hay varias versiones acerca de aquella entrevista, en donde en representación de Televisa participaron Emilio Azcárraga Jean, Guillermo y José Antonio Cañedo White, y Miguel Alemán Velasco –todos ellos propietarios de acciones en Televisa–. Una de las más completas fue difundida por los periodistas estadounidenses Julia Preston y Samuel Dillon en su libro Opening Mexico. The making of a Democracy (Farrar, Status and Giroux, New York, 2004). “Los cuatro informaron a Zedillo –relatan– que habían acordado actuar, en el futuro, como un colectivo en su relación con el gobierno. Pero el presidente no estuvo de acuerdo. Volteó hacia el joven Azcárraga: ‘Emilio, tu padre me pidió que te ayudara y que mirase por ti’, le dijo. ‘Entre el gobierno y la familia Azcárraga siempre ha existido un pacto, comenzando por tu abuelo, luego con tu padre. Ahora tú tienes esa responsabilidad… Pero la situación está cambiando, y necesitamos ajustarnos a la nueva realidad”.

   De acuerdo con ese texto, el presidente Zedillo les dijo a los entonces accionistas de Televisa que él solamente trataría con una persona de esa empresa y que nadie en esa habitación debiera tener dudas acerca de a quién se refería.

 

“Como los viejos políticos”

   El presidente Zedillo había resuelto que su única interlocución con Televisa sería a través de Azcárraga Jean. Pero también decidió que el hijo de El Tigre tuviera todo el control de ese consorcio.

   A la muerte de Azcárraga Milmo, la propiedad de Grupo Televisa se distribuía en 4 familias. Emilio Azcárraga Jean controlaba el 62% de las acciones, incluyendo las que pertenecían a su hermana Laura y otros miembros de su familia. Alejandro Burillo, primo de Emilio Azcárraga, tenía el 14%. La familia Alemán, representada por Miguel Alemán Velasco, alcanzaba otro 14%. Los Cañedo White tenían el 10%. Esa composición reflejaba los acuerdos familiares y las alianzas que había tejido El Tigre, pero también le daba entrada en la administración de Televisa a posiciones que podrían no coincidir con la política mantenida durante al menos dos décadas por aquel empresario.

   El presidente Zedillo se sentía más cómodo tratando con Azcárraga Jean, que apenas tenía 29 años, y no con otros propietarios del consorcio. Aparentemente también consideró que a la estabilidad del sistema político le convenía más una empresa televisiva sólida y no afectada por tensiones internas. Como quiera que fuese distintos testimonios confirman que en el transcurso de aquel 1997 (por cierto, en vísperas de las elecciones intermedias que habría en julio) Zedillo se erigió en mandamás de las decisiones en Televisa.

   El periodista Roberto Zamarripa escribió años más tarde que, en esa reunión del 4 de marzo de 1997, José Antonio Cañedo White manifestó que al Grupo Televisa le interesaba renovar “el pacto histórico entre la empresa y el Estado mexicano”. Zedillo lo corrigió de inmediato cuando dijo que el pacto había sido entre el Estado “y la familia Azcárraga” y manifestó su sorpresa por la presencia de los Cañedo en esa reunión (Reforma, 21 de mayo de 2001). Fue entonces cuando le anunció a Azcárraga Jean que la relación entre Televisa y el gobierno la resolverían ellos dos y nadie más. Zedillo explicó que unas semanas antes, en febrero, Azcárraga Milmo le había pedido que en el futuro protegiera a su hijo Emilio.

   De acuerdo con esa versión, antes de que se fueran el presidente Zedillo les pidió a los accionistas de Televisa que visitaran esa tarde a Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación. Así lo hicieron y en esa entrevista, en Bucareli, Chuayffet les comunicó a los hermanos Cañedo que deberían retirarse de Televisa, “como los viejos políticos”.

 

Recomposición financiera

   Así lo hicieron. Emilio Azcárraga Milmo murió el 16 de abril de 1997. Tres meses más tarde Guillermo Cañedo White renunció al Consejo de Administración y le vendió a Azcárraga Jean las acciones de Televisa que tenían él y su familia. Las tensiones entre las familias propietarias de Televisa eran tan intensas que no escapaban al escrutinio público. Azcárraga Jean intentaba organizar a su propio equipo que con frecuencia entraba en contradicción con Alejandro Burillo. El diario británico Financial Times llegó a comentar: “La batalla por el control en Televisa parece una telenovela”.

   Lo era, y aun había episodios por conocerse. En octubre de 1998 Azcárraga transfiere un 21% de sus acciones a sus primos de la familia Díez Barroso, hijos de Laura Azcárraga, hermana de El Tigre, con quienes Televisa tenía una deuda de 300 millones de dólares. El adeudo queda saldado y la mayoría de las acciones permanece en manos de Azcárraga Jean. El 6 de abril de 1999 la familia Alemán le vende a Azcárraga Jean el 14% de acciones que tenía de Televicentro, la empresa controladora de Televisa y Miguel Alemán Magnani –hijo de Miguel Alemán Velasco, que para entonces ya era gobernador de Veracruz– deja el cargo ejecutivo que tenía en el consorcio.

   Azcárraga Jean prosigue el reordenamiento de las acciones de Televisa y el 6 de mayo de 1999 el magnate Carlos Slim compra el 24% de Televicentro en una operación con valor de 350 millones de dólares. Emilio Azcárraga se queda con el 51% de la empresa y sigue presidiendo el Consejo de Administración; las acciones de Alejandro Burillo aumentan del 14% al 25% y la financiera Inbursa, propiedad de la familia Slim, se queda con el restante 24%, incluyendo las acciones que tenía la familia Díez Barroso.

   A punto de terminar su sexenio, Zedillo había cumplido con creces la promesa que le hizo a El Tigre para velar por el futuro de Emilio Azcárraga Jean. Televisa había reorganizado sus finanzas, buena parte de la deuda que tenía fue amortizada de diversas maneras, el control real y accionario del consorcio estaba en manos de Azcárraga Jean y, sobre todo, el gobierno había decidido mantener esa vieja relación.

   El 18 de octubre de 1999 Alejandro Burillo renuncia a la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales, que era la posición que tenía dentro del corporativo Televisa. Nueve meses más tarde Burillo  vendió la mayor parte de su paquete accionario a un grupo encabezado por María Asunción Aramburuzabala, copropietaria de la Cervecería Modelo. El resto de las acciones las compraron Azcárraga Jean y la operadora financiera de Carlos Slim.

   Paulatinamente, por otro lado, buena parte de las acciones de Televisa había ingresado al mercado de valores de tal manera que el peso de los paquetes accionarios de los inversionistas más importantes se fue diluyendo, aunque el control del consorcio siguió en manos de Azcárraga Jean. Entre 2005 y 2006 los empresarios Roberto Hernández y Alfredo Harp, ex propietarios de Banamex, compraron parte de las acciones de Aramburuzabala y Slim. Por otro lado, el empresario e innovador informático estadounidense Bill Gates compró paquetes accionarios que en 2007 ascendían a poco más del 5% del capital de Televisa.

 

Estancamiento político

   Al terminar su gobierno, el presidente Ernesto Zedillo había contribuido de varias formas a consolidar la hegemonía de Emilio Azcárraga Jean en Televisa. Por motivos que nunca ha explicado, ese ahora ex mandatario mexicano prefirió salvaguardar el viejo modelo de relaciones de conveniencia entre el poder político y Televisa antes que acceder a la diversificación en el panorama de la televisión mexicana.

   El apego de Zedillo a Azcárraga Jean desde luego no se debía a la petición que supuestamente le formuló Azcárraga Milmo para que amparase a su hijo. Zedillo consideró que apuntalar política y materialmente a Azcárraga Jean era vital para los intereses del Estado mexicano, al menos tal y como él los entendía.

   Hay una extensa historia que no ha sido escrita acerca de los soportes políticos e incluso las gestiones financieras que el gobierno del presidente Zedillo impulsó, primero para dejarle al heredero de “El Tigre” el campo libre dentro de esa empresa –propiciando o forzando el desplazamiento de sus competidores dentro de la misma Televisa– y luego para permitirle saldar la deuda y recibir capital fresco.  

   Sin el respaldo de Zedillo, hubiera sido altamente posible que Azcárraga Jean no se mantuviera al frente de Televisa. Esa es una de las muchas circunstancias que se le olvidan al hijo de El Tigre cuando asegura que su empresa no les debe favores a los políticos mexicanos.

  

  

Límites al poder del dinero en los medios

Zócalo, enero de 2007

   Maltratado por sus propias inconsistencias, el Congreso de la Unión dejó un saldo contradictorio después de la intensa temporada de reformas a la legislación electoral y en las cuales hay cambios muy importantes para la relación entre los medios de comunicación y la política en México. Atrapada en el vértigo de los intereses partidarios, la Cámara de Diputados no consiguió designar a los consejeros del Instituto Federal Electoral que reemplazarían a los tres funcionarios, incluyendo al consejero presidente, destituidos por una medida muy cuestionable de los mismos legisladores.

   La decisión misma de echar sin razones legales a tres de los consejeros designados en 2003 para un encargo de siete años fue ampliamente discutida en los meses recientes. Luego, el proceso para designar a quienes los sucederán estuvo repleto de irregularidades. Aun con ellas es deseable que quienes habrán de conducir a la autoridad electoral tengan no solamente el aval de los partidos mayores sino, antes que nada, capacidad profesional y política suficiente. En esta ocasión, el nombramiento de la autoridad electoral cobra mayor importancia debido a las nuevas facultades que las reformas legales le confieren al IFE, especialmente en la administración de los espacios que los partidos tendrán para hacer campaña en los medios de comunicación y para sancionar a las estaciones de televisión y radio que no cumplan con las reglas para la difusión de tales mensajes.

 

En prensa escrita,

propaganda a salvo

   Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobadas en los primeros días de diciembre por las dos cámaras del Congreso ratificaron las nuevas disposiciones constitucionales que habían sido promulgadas el mes anterior. El nuevo régimen electoral prohíbe la compra de espacios para propaganda política en la televisión y la radio y transfiere al IFE el empleo del tiempo del cual dispone el Estado en esos medios de comunicación. Además limita severamente la propaganda que las instituciones del Estado hagan acerca de sus propio desempeño.

   Aunque la disposición constitucional estableció un explícito veto a la propaganda que muestre obras o imágenes de los servidores públicos en “cualquier modalidad de comunicación social”, la reforma a la ley reglamentaria solamente establece sanciones para los canales de televisión y las estaciones de radio que infrinjan esa disposición. Es decir, la contratación e incluso el abuso de la propaganda que muestre a funcionarios públicos (gobernadores, legisladores, rectores, etcétera) en medios de carácter impreso, no podrá ser sancionada al menos con las reformas al Código Electoral.

   La norma constitucional (específicamente la disposición establecida en la reciente adición al Artículo 134) es por ahora imperfecta. Las consecuencias que esa innovación tendría para los diarios y revistas cuyas finanzas dependen en alguna o mucha magnitud de la venta de publicidad a instituciones estatales y que comentamos en la edición anterior de Zócalo, por ahora no ocurrirán. No quedó claro si los senadores que redactaron las nuevas disposiciones del Código Electoral, o los diputados que las revisaron y también aprobaron, decidieron expresamente no afectar a los medios escritos o si se trató de un descuido. En todo caso, aunque la Constitución prohíbe la propaganda en medios de toda índole, incluso escritos, por ahora los editores de revistas y diarios –y sus lectores, desde luego– pueden estar tranquilos.

 

Tramposa información sobre

lineamientos del IFE a medios

   Durante su discusión en el Senado, las reformas a la ley electoral fueron tema de una intencionada especulación por parte de las cadenas de televisión privada y de los diarios que han resultado más proclives a ellas. Los noticieros de Televisión Azteca con la gritonería que se ha vuelto sello de esa casa y, simultáneamente, diarios como Milenio y Excélsior, propagaron versiones incompletas o falsas de los documentos de trabajo previos al dictamen de las comisiones senatoriales encargadas de estudiar esa reforma.

   Se dijo, así, que en las nuevas reglas para la relación entre medios y campañas políticas habría disposiciones que censuraban la libertad de opinión de los periodistas. Esa sería la consecuencia, se aseguraba, de los lineamientos que la autoridad electoral les impondría a los medios de comunicación para la cobertura de campañas.

   Tales lineamientos en realidad forman parte de la legislación electoral desde 1996 y hasta ahora han implicado que, antes de cada proceso electoral federal, los partidos sugieran que los medios electrónicos cubran sus campañas políticas con pluralidad, equidad, respeto a la vida privada y respetando el derecho de réplica, entre otros atributos. Esas exhortaciones siempre han tenido un valor emblemático, en primer lugar porque no hay –ni debería haber– sanciones a los medios que las incumplan y desde luego porque, como es sabido, los partidos mismos son los primeros en quebrantar cualquier posibilidad de respeto entre sus candidatos.

   Durante un par de semanas, a contracorriente de las cotidianas aclaraciones que hacían algunos de los senadores, en varios medios se repitió la misma cantinela. Finalmente la modificación a la fracción modificada del artículo 49 del Código Electoral estableció, refiriéndose a la autoridad del IFE:

   El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.

   En la versión anterior que estuvo vigente durante más de una década esa disposición, contenida en el artículo 48 del Cofipe, le asignaba un rango menor a la mencionada reunión ya que sería convocada por el Director de Prerrogativas y no por el Consejo General del IFE. Se mencionaba expresamente que a tal encuentro sería invitada la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, lo cual siempre implicó alguna parcialidad porque no todos los radiodifusores están inscritos en ese organismo. Anteriormente no se hablaba de precampañas porque esa fase del proceso electoral no estaba reglamentada y ahora sí. Ahora se especifica, además, la posibilidad de que haya acuerdos entre la autoridad electoral y los radiodifusores. Por lo demás, el artículo relativo a los lineamientos de cobertura de campañas es idéntico al que ya existía.

 

Quisieron confundir libertad de

expresión con capacidad de compra

   La otra disposición, esa sí nueva, que los medios disgustados con la reforma electoral impugnaron con más estruendo que argumentos, fue la prohibición para la contratación de propaganda en radio y televisión.

   Quizá los concesionarios aspiraban a que el Código Electoral no estableciera sanciones para que la infracción a esa nueva regla pudiera ser frecuente. Pero en sus alegatos soslayaron que esa norma ya había sido incorporada a la Constitución, en el Artículo 41, que indica con toda claridad: Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

   En atención a ese principio, ahora el Código Electoral establece en su artículo 49  que ni los partidos, ni precandidatos ni candidatos, “podrán contratar, contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”. Esa taxativa se extiende a los dirigentes y miembros de los partidos “o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales”. La única propaganda política autorizada será la que el IFE gestione en los tiempos de Estado en radio y televisión.

   El mismo artículo reproduce, letra por letra, la disposición constitucional que transcribimos antes y que instaura el impedimento para que ninguna persona, “física o moral”, contrate en radio o televisión propaganda “dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”.

   Esa fue la disposición en la que, cuando resultó fallido el rechazo a los lineamientos, se apoyaron los concesionarios para descalificar la reforma electoral. Con impostada enjundia, algunos locutores y comentaristas aseguraron que esa modificación atentaba contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Algunos, incluso, dijeron mentiras al señalar que dicha reforma haría imposible la publicación los periódicos de inserciones pagadas por ciudadanos.

   El impedimento a la contratación de propaganda en televisión y radio es muy claro: se refiere expresamente a esos medios y comprende cualquier transacción mercantil destinada a pactar la difusión de anuncios políticos. No se afecta la difusión de noticias ni de opinión política alguna. Lo que sí se limita es la contratación de spots como los que al finalizar la campaña presidencial de 2006 pagó el Consejo Coordinador Empresarial con mensajes destinados a perjudicar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

 

Multa y bloqueo de publicidad

a quienes vendan spots

   La contratación de propaganda por parte de particulares ya estaba prohibida en la legislación electoral, pero no había sanción específica para quienes trasgredieran esa disposición. Por eso en la elección de 2006 ni el IFE ni el Tribunal Electoral pudieron hacer algo contra los empresarios que infringieron esa norma. Ahora, merced a las reformas al Cofipe, la contratación de propaganda podría conducir a la cancelación de su registro en el caso de los partidos políticos que reincidieran en esa falta y con multas de hasta 500 días de salario mínimo a los ciudadanos y de cien mil días a las empresas que hicieran tal contratación.

   Las empresas de televisión o radio que vendan espacios para la difusión de propaganda política, en una primera falta serían amonestadas y luego recibirían multa de hasta 100 mil días de salario mínimo. De reincidir, la autoridad electoral podría suspender hasta por 36 horas los espacios destinados a publicidad sin afectar el resto de la programación. También se contempla la posibilidad de gestionar la revocación de la concesión de la empresa que persistiera en esa infracción. Aunque el Cofipe no se refiere expresamente a esa revocación, la reforma Constitucional sí abre tal posibilidad.

   Decir que el impedimento para contratar propaganda en medios electrónicos vulnera la libertad de expresión equivale a considerar que solamente con el poder del dinero, pagando por espacios en radio y televisión, se puede ejercer esa libertad. No es la libertad de opinión o de prensa lo que se limita sino, si acaso, la libertad mercantil de las empresas de radiodifusión para lucrar con las campañas políticas y desde luego el poder del dinero para influir sobre los ciudadanos. Por eso no ha sido extraño que algunos de los beneficiarios de ese poder del dinero se hayan manifestado contra la reforma electoral con tanta vehemencia como lo hicieron algunos dirigentes empresariales, locutores y concesionarios. No son esas, desde luego, las únicas reformas que hacen falta. Ya veremos, en los primeros meses de 2008, si la enjundia legislativa de los senadores y los diputados alcanza para que tengamos una nueva y moderna legislación para los medios y las telecomunicaciones.

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Los nuevos diques a la propaganda oficial

Zócalo, diciembre de 2007

La utilización de recursos públicos para difundir la imagen de los funcionarios ha sido una de las más notorias y costosas perversiones en la tortuosa relación que se ha mantenido entre política y medios en nuestro país. Más aún: la compra de espacios en medios de toda índole para promover discursos, inauguraciones, congratulaciones y sobre todo la efigie de gobernadores, presidentes, secretarios, rectores y directores de las más variadas instituciones públicas, ha constituido uno de los ejes de un sistema político apuntalado más en la iconografía que en las ideologías. Nuestros políticos han procurado difundir sus imágenes por encima de sus ideas. Hemos tenido un sistema político en buena medida totémico.

En ningún otro país que se precie de ser democrático existe la propaganda estatal que conocemos en México. Resulta imposible imaginar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero contratando spots en Antena 3 con cargo al presupuesto del gobierno español, o al francés Nicolás Sarkozy gastando dinero público para anunciarse en Le Monde. En México, sin embargo, la propaganda en medios de toda índole ha sido una práctica tan extendida que incluso nos cuesta trabajo suponer que la vida pública podría ser de otra manera.

Y lo será, si se cumple cabalmente la nueva disposición constitucional que prohíbe la contratación de espacios publicitarios para difundir la imagen de los funcionarios o para fines que no sean de información, orientación o educación. Desde el pasado 14 de noviembre, cuando entró en vigor la reforma en materia electoral que modificó y creó varias disposiciones constitucionales, los principios que rigen la propaganda del gobierno cambiaron de tal manera que, si se aplican de manera rigurosa, habrá una modificación sustancial en cantidad y calidad.

Aunque ya lo hicimos en la edición de Zócalo de octubre pasado, cuando reseñamos toda la reforma constitucional, vale la pena reproducir nuevamente el texto incorporado al artículo 134 de la Constitución:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Esa disposición, como queda claro en el párrafo anterior: a) vale para todos los medios de comunicación y no solamente para la televisión y la radio como han supuesto algunos informadores y comentaristas; b) tiene vigencia en todo momento y no únicamente en temporadas electorales; c) debe ser acatada por cualquier organismo del Estado mexicano que ejerza recursos públicos –gobierno federal, gobiernos estatales, municipios, el Congreso de la Unión y las cámaras de diputados locales, organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, universidades públicas y empresas del Estado, etcétera–.

 

Ambigüedades e imprecisiones

Ninguna de esas entidades está autorizada para comprar espacios, en ningún medio de comunicación, a no ser para los fines que se precisan en la mencionada reforma. A primera vista parece claro a qué se refiere el Artículo 134 Constitucional cuando indica que las únicas promociones mediáticas permitidas son las de índole institucional y con propósitos de información, educación y orientación. Una campaña de vacunación o para recabar fondos de ayuda a los damnificados de un desastre natural, o la lista de sitios en donde podemos solicitar una licencia de manejo, por ejemplo, cumplen claramente con esos requisitos. Pero con la coartada de los fines informativos podría disfrazarse de mensaje institucional un anuncio de propaganda a favor de un secretario de Estado o un gobernador, por ejemplo. Imaginemos que la Secretaría de Educación Pública quiere dar a conocer la gran cantidad de alumnos que se benefician con la Enciclomedia, o que el gobierno de Coahuila contrata un anuncio en donde se ufana de las maquiladoras que hay en esa entidad. En rigor esa sería información. Pero el propósito de publicarla puede ser reconocido como parte de la propaganda para prestigiar a un funcionario público aunque en ese anuncio no se imprima o mencione su nombre.

Por otro lado, aunque también es clara la indicación acerca de los recursos icónicos y textuales que están prohibidos –nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de algún funcionario– pueden suscitarse casos en los que se requiera una interpretación de esa regla general. Antes de las lecciones locales de septiembre pasado en Veracruz, por ejemplo, la campaña promovida por el gobernador Fidel Herrera para favorecer al PRI coloreó de rojo todo lo que pudiera ser visto por los ciudadanos directamente o a través de los medios: la escenografía de los mítines, los empaques en los que se distribuía la ayuda social del gobierno federal, las corbatas y el resto de la vestimenta de los conductores de televisión, pancartas y volantes en las calles, etc. etc. Cualquier uso de ese color podía tener implicaciones proselitistas aunque fuese de la manera más aparentemente anodina posible.

La nueva disposición constitucional se enfrentará a situaciones como esa. Por ello es preciso que haya una autoridad con capacidad suficiente tanto para interpretar como para aplicar la ley. Allí radica el hueco inicial, aunque no imprevisto, que tiene la reforma al 134. El mismo párrafo añadido a ese artículo advierte: Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Esas leyes son en primer lugar el Código Federal Electoral y, posiblemente también, las leyes específicas para regular a los medios de comunicación. El Cofipe tiene que ser reformado en breve para ofrecer precisiones a los diversos cambios que implica la reforma constitucional. Allí tendrían que estar previstos mecanismos y sanciones para que la autoridad electoral castigue a los funcionarios públicos y a los medios de comunicación que infringieran las nuevas reglas en materia de propaganda política e institucional. Pero como, a diferencia del resto de las disposiciones involucradas en la reforma constitucional, la adición al artículo 134 se refiere a propaganda que pudiera ser difundida en cualquier momento y no sólo en temporada de campañas electorales, su observancia podría estar a cargo no únicamente del Instituto Federal Electoral sino, eventualmente, de la autoridad que fiscalice a los medios de radiodifusión. Esa autoridad tendrá que ser establecida en la nueva legislación para los medios si es que el Congreso, como se ha propuesto, decide reformarla el año próximo.

Mientras tanto, apenas entró en vigor la reforma constitucional el gobierno federal y distintos gobiernos locales suspendieron la difusión de spots que habían contratado en radio y televisión. Aun faltan precisiones para la propaganda oficial desaparezca de los medios.

 

Propaganda oficial en medios impresos

Los efectos de esas disposiciones en la prensa escrita han sido menos publicitados que sus consecuencias iniciales para la televisión y la radio. Sin embargo es posible que la suspensión de la propaganda institucional en diarios y revistas tenga, proporcionalmente, consecuencias financieras más relevantes que para las empresas de radiodifusión.

No es un secreto que en México los recursos que recibe una gran cantidad de medios impresos depende, de manera muy importante, de la publicidad que contratan instituciones estatales. Y un importante segmento de esas inserciones pagadas suele buscar el enaltecimiento de funcionarios públicos más que el servicio a la sociedad. En los años recientes algunos de los diarios y revistas de mayor circulación invirtieron mayor atención en la búsqueda de publicidad comercial y en los recursos derivados de la venta de ejemplares que en las inserciones pagadas por instituciones oficiales. Sin embargo todavía es frecuente que la mayor parte de la prensa diaria y al menos las revistas de información política o de carácter cultural –es decir, buena parte de la prensa que en contraste con la de vocación sensacionalista podríamos considerar como seria– dependan de la publicidad oficial o de instituciones públicas.

Un sencillo ejercicio de exploración en algunos diarios y revistas permite constatar el significativo peso que alcanza en ellos la publicidad institucional, u oficial. El jueves 15 de noviembre de 2007, al día siguiente de que entró en vigor la reforma constitucional que establece las taxativas en materia de propaganda estatal, contamos los espacios de publicidad en siete diarios de la ciudad de México. De esa manera encontramos que, por lo menos en las ediciones de ese día, la propaganda que difunde la imagen de funcionarios públicos o que no reúne las características ahora autorizadas para inserciones pagadas de esa índole alcanza entre el 10% y el 30% de toda la publicidad de algunos periódicos. En el caso de algunas revistas, según explicamos más adelante, la propaganda que ahora puede ser considerada ilegal puede significar el 50% o incluso más de todas sus inserciones pagadas.

De acuerdo con la contabilidad que hicimos el diario La Crónica de Hoy publicó en esa fecha 4.15 planas de inserciones pagadas. De ellas 0.65 fueron de publicidad comercial y 3.5 de inserciones contratadas por instituciones estatales. En estas últimas incluimos tanto anuncios de gobiernos federal y estatales como de instituciones autónomas, legislativas y universidades públicas. De las 3.5 planas con ese carácter consideramos que el espacio equivalente a 0.6 era ocupado por propaganda que sería ilegal de aplicarse al pie de la letra la nueva disposición constitucional.

El Financiero publicó ese día 12 planas de publicidad pagada. 8.25 de ellas eran de origen comercial y 3.75 de instituciones estatales. De estas últimas, el equivalente a una plana era de inserciones que publicitaban la imagen personal de distintos funcionarios.

También revisamos Impacto, un diario de escasísima circulación y, por ello, representativo de la prensa que a pesar de su débil presencia pública obtiene propaganda oficial. Allí encontramos inserciones por el equivalente a 2.6 planas. De ellas 8 décimos de plana (0. eran de origen comercial y casi dos planas (1. de procedencia estatal. De estas, tres cuartos de plana podrían ajustarse a la descripción de la propaganda ahora vetada.

Al día siguiente de la vigencia de la reforma constitucional, La Jornada tenía 14.2 planas de publicidad. Cabe subrayar que en este, como en todos los diarios y revistas analizados, no contabilizamos las inserciones que suponemos resultado de intercambios con otros medios de difusión (por ejemplo las carteleras de televisoras) o los anuncios que promueven servicios de las casas editoras de cada una de esas publicaciones (campañas de suscripciones, por ejemplo). Después de soslayar esas inserciones identificamos 7.4 planas de publicidad comercial y 6.8 de contenidos oficiales. De esos últimos, al menos el equivalente a 2 planas estaba integrado por espacios de promoción personal o institucional.

El diario Milenio reunía, según nuestra exploración, 24.3 páginas pagadas. De ellas, 12.8 fueron de publicidad comercial. El restante 11.5 era, clara o presumiblemente, pagado por instituciones oficiales. En este, igual que en otros periódicos, contabilizamos como inserciones pagadas las notas y fotografías que aun cuando no eran expresamente identificadas como pagadas nos pareció que habían sido resultado de un acuerdo publicitario y no de una decisión de la redacción del diario. Las gacetillas siguen siendo fuente de ingresos en casi todos los periódicos. De las 11.5 planas ocupadas por distintos materiales de instituciones públicas, encontramos 4 con propaganda personal o institucional que podría ser objetada de acuerdo con los lineamientos constitucionales.

En Reforma y El Universal únicamente revisamos la primera sección, que es la destinada a información general. Esos diarios, como es sabido, incorporan en sus ediciones una gran cantidad de anuncios de carácter comercial que se distribuyen en distintas secciones y suplementos. En Reforma, siempre en la primera sección, encontramos un total de 9.9 planas de publicidad. De ellas 7 y media eran de carácter comercial y 2.4 de origen institucional. De estas últimas, el espacio equivalente a 9/10 de plana (0.9) era de propaganda personal de funcionarios públicos.

En El Universal, ese 15 de noviembre contabilizamos 25.6 planas de contenidos pagados. La mayor parte, 21.12, estaba integrada por anuncios de empresas comerciales, instituciones privadas y ciudadanos diversos. Solamente 4.5 planas eran ocupadas por propaganda estatal. De ellas, media plana podía hacer encajado en la descripción de la publicidad que ya no está permitida.

En la tabla adjunta presentamos los porcentajes que, respecto del conjunto de la publicidad identificada en las mencionadas ediciones, ocupan las inserciones de carácter oficial y, específicamente, la propaganda que podría ser cuestionada a partir de las nuevas reglas para el gasto público en esa materia. Como puede apreciarse, los diarios más grandes (Reforma, El Universal) y el especializado en finanzas dependen menos que los otros de la publicidad que contratan gobiernos e instituciones públicas. De toda la publicidad que contabilizamos (tanto comercial como oficial) las inserciones controvertibles ocupan los porcentajes incluidos en la última columna del cuadro.

Peso de la publicidad oficial en diarios del DF
Periódico	% de publicidad estatal (1)	% de publicidad controvertible (2)
La Crónica	84.6 %	14.5 %
El Financiero	31.3	8.3
Impacto	69.0	29.0
La Jornada	48.0	14.0
Milenio	47.0	16.5
Reforma	24.2	9.0
El Universal	18.0	2.0
(1) Porcentaje de la publicidad estatal sobre el conjunto de la publicidad identificada en cada diario. (2) Porcentaje, respecto de toda la publicidad en esa edición, de la propaganda que podría contravenir el Art. 134 Constitucional. Cómputo de inserciones publicitarias en las ediciones del jueves 15 de noviembre de 2007. En Reforma y El Universal únicamente se contabilizó la publicidad aparecida en la primera sección.

 

También contabilizamos la publicidad aparecida en cuatro revistas: los semanarios Proceso y emeequis en sus ediciones del domingo 11 y el lunes 12 de noviembre respectivamente y las mensuales Letras Libres y Nexos correspondientes a noviembre de 2007. Proceso tenía 14.6 planas de publicidad, identificada con los mismos criterios que utilizamos con los diarios. De ellas 3 eran de índole comercial y 11.6 de instituciones estatales. De esos espacios, encontramos anuncios equivalentes a 7.9 planas de propaganda personal o no justificada de acuerdo con las nuevas reglas.

El semanario emeequis incluía 5.33 planas de publicidad. 5 era de instituciones estatales. De tales anuncios, 4 eran de propaganda posiblemente controvertible según las recientes disposiciones.

Las revistas mensuales incluyeron en sus ediciones de noviembre 25.7 y 21.65 planas, respectivamente. En Letras Libres había 8 páginas de espacios comerciales y 17.7 con inserciones a cargo de instituciones oficiales. De ellas, 7 y cuarto eran potencialmente controvertibles de acuerdo con los multicitados criterios.

Nexos comprendía en la mencionada edición 4 planas comerciales y 17.65 oficiales. De ellas, 8.6 eran de propaganda que podría considerarse ajena al servicio, la mera información y la difusión cultural.

El cuadro adjunto muestra, como en el caso de los diarios, los porcentajes de publicidad oficial respecto de todas las inserciones pagadas identificadas en las cuatro revistas, así como el peso que sobre ese universo publicitario tiene la propaganda personal o no justificable.

Peso de la publicidad oficial en revistas del DF
Revista	% de publicidad estatal (1)	% de publicidad controvertible (2)
Emeequis	94 %	75 %
Letras Libres	69	28
Nexos	81	40
Proceso	80	54
(1) Porcentaje de la publicidad estatal sobre el conjunto de la publicidad identificada en cada diario. (2) Porcentaje de la propaganda que podría contravenir el Art. 134 Constitucional sobre el conjunto de la publicidad estatal Cómputo de inserciones publicitarias en las ediciones del 11 y 12 de noviembre Proceso y emeequis, respectivamente y del mes de noviembre de 2007 en el caso de Letras Libres y Nexos que son mensuales.

Las nuevas taxativas a la propaganda oficial pueden contribuir a despejar el espacio público y quizá, por lo tanto, a que en los medios de comunicación haya más atención al fondo del discurso político y no únicamente a las imágenes de los funcionarios públicos o al dinero que antes podían gastar en contratos de publicidad. Pero una consecuencia indeseable de esa reforma legal podría ser la restricción de recursos financieros que hasta ahora han respaldado la publicación de diarios y revistas cuyos contenidos son pertinentes tanto para solidificar la cultura política como en la formación literaria y artística de los ciudadanos. Es indispensable que los diarios y revistas que aspiran a ofrecer un servicio auténticamente público se afanen para diversificar sus fuentes de financiamiento publicitario. Pero también puede ser necesario que el Congreso de la Unión, como parte de las nuevas reglas que está expidiendo para regular la competencia política y los medios de comunicación, diseñe una ley de ayudas a la prensa como las que existen desde hace tiempo en algunos países europeos. De esa forma podría garantizarse un financiamiento público capaz de resguardar a las publicaciones de calidad.

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Calderón: ocasión desperdiciada

Zócalo, noviembre de 2007

   Si se le evaluara a partir del comportamiento de los legisladores de su partido en la reciente reforma constitucional, podría considerarse que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto tener una postura crítica, reclamante e incluso reformadora respecto de los grandes consorcios de la radiodifusión. Es imposible suponer que la muy activa participación de los senadores del PAN en el diseño y la defensa de la reforma constitucional en materia electoral, que incluyó un amplio y novedoso apartado para disminuir el poder que los medios habían alcanzado como espacios y árbitros de la competencia política, no haya tenido la anuencia del titular del Poder Ejecutivo. Aunque la responsabilidad de lo que dijeron e hicieron hay que atribuírselas plenamente a esos legisladores, se puede presumir que durante el proceso de discusión en el Congreso mantuvieron una estrecha comunicación con el presidente Calderón.

   Pero si se le justiprecia a partir de las intervenciones públicas que tuvo en las semanas posteriores a la votación de esas reformas constitucionales, particularmente en la conmemoración anual de los radiodifusores, habría que considerar que el discurso de Calderón es tan complaciente con esos industriales que resulta contradictorio con las reformas que han impulsado los legisladores del suyo y el resto de los partidos nacionales.

   La Semana Nacional de la Radio y la Televisión ha sido siempre momento de reiteraciones o definiciones en la relación entre los empresarios de ese gremio y el gobierno. El pasado 10 de octubre se cumplían 5 años del decretazo que el presidente Vicente Fox y su esposa forzaron con tanto apremio que incluso dispusieron la publicación de una edición vespertina del Diario Oficial para que aquellas reformas fuesen un hecho a la hora en que se realizaba la comida auspiciada por los dueños de Televisa y otras empresas. La expedición de un nuevo (y todavía vigente) reglamento de Radio y Televisión así como la disminución del llamado tiempo fiscal a la décima parte de los espacios que había significado desde 1969, fueron un inopinado obsequio del matrimonio Fox a los dueños de la televisión privada.

   Quizá por la coincidencia de esa fecha, pero sobre todo debido a que la reforma constitucional acerca de los procesos electorales estaba muy reciente y no se habían conocido definiciones suyas acerca de esos cambios, el discurso se Calderón era muy esperado este 10 de octubre. Acaso tal expectativa creó un contexto de exigencias con las que ese mensaje no cumplió.

   Buena parte de aquel discurso estuvo aderezado de lugares comunes que en nada resultaron diferentes a los discursos que cada año, en las mismas fechas, les ofrecían a los radiodifusores los presidentes priistas. “Su labor contribuye a la construcción de identidad, a la unidad y a la integración de todos los mexicanos”, “la libertad de expresión debe estar asociada íntimamente al respeto a los demás y a la responsabilidad con México”, “la relación del Estado con los medios de comunicación debe basarse en el respeto mutuo”, “estamos obligados a escuchar la voz de la ciudadanía”, etcétera. Cada uno de tales postulados es reivindicable desde las posiciones políticas más diversas. Pero se quedan en palabras huecas, o escasamente útiles, cuando no están acompañados por medidas específicas para que esas responsabilidades de la radiodifusión puedan cumplirse.

 

Intenciones sin proyecto

   Y eso es, precisamente, lo que se está dirimiendo ahora en México. Después de la reforma constitucional, que implicó un fuerte enfrentamiento entre la clase política y el poder mediático, el Congreso tiene que revisar el Código Electoral –en donde habrá un capítulo destinado a regular la utilización de tiempos oficiales para difundir mensajes de propaganda política– y más adelante, de acuerdo con el calendario anunciado por los legisladores, vendrá la actualización de las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión.

   Podría suponerse que el presidente Calderón quiso ser en extremo discreto y por eso no aludió a esos procesos legislativos en su encuentro con los radiodifusores. Pero también es posible considerar que el titular del Ejecutivo, tan dispuesto como se encuentra recientemente para exigir (a veces no sin razones) que distintos sectores de la sociedad asuman responsabilidades jurídicas y éticas, no quiso responsabilizarse él mismo con una posición definida en este debate.

   Calderón recordó los tres principios que en otra ocasión había señalado para el desarrollo de la radiodifusión y las telecomunicaciones: cobertura, convergencia y competencia. Así planteados, sin precisiones, resultan incuestionables. El crecimiento de ese sector en México y especialmente de las nuevas tecnologías en las que puede apoyarse hacen pertinente una visión integral, capaz de amalgamar capacidades de difusión con distintos cauces para la transmisión de mensajes.

   Pero sin un marco legal a la vez moderno y que contenga principios generales para la regulación de los medios independientemente de las modalidades específicas que asuma la propagación de sus contenidos, seguiremos estando a la zaga no sólo del desarrollo tecnológico en otros países sino, antes que nada, del desempeño que ya mantienen las principales empresas de telecomunicaciones en México. Y si ese marco legal no tiene el explícito propósito de impulsar cobertura y convergencia para beneficio de la sociedad y no como vías para aumentar la exacción de sus recursos, no será la comunicación para la sociedad sino el negocio para quienes acaparan muchos medios en pocas manos lo que veamos ensancharse durante los años siguientes.

   El presidente Calderón dijo que su gobierno desarrollará “la       ampliación de las redes de Internet y de telefonía” pero no ha precisado cómo ni con qué parámetros. Recientemente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aseguró que cuando termine el actual sexenio al menos 70% de los mexicanos tendrá acceso a Internet. Hoy en día apenas 20% de los habitantes en este país disfruta de ese privilegio.

   Aumentar a la vez que mejorar la cobertura de la Red de redes parece fundamental. Si México lograse triplicar el acceso a Internet en los próximos 5 años habría alcanzado un hito mundial. Sin embargo tales metas quedarán ahogadas en la retórica, así como en el endémico mal de los proyectos sin contenido, a menos que existiera una auténtica política de Estado para desarrollar esa y otras áreas de las telecomunicaciones.

   Para que nuestro país alcanzara ese objetivo en el siguiente lustro se necesitaría reorientar drásticamente la política de desarrollo de las telecomunicaciones y sustituir a Telmex por un esfuerzo que conjuntara recursos públicos con inversiones muy diversas. Pero más allá de los buenos propósitos del presidente Calderón y los anuncios triunfalistas de la SCT no se advierten, en el panorama actual, decisión ni propuestas gubernamentales para emprender esa revolución comunicacional.

 

Caravanas con refrendo ajeno

   En vez de ofrecer una política de amplio aliento, al presidente Calderón le ha interesado paliar inquietudes de corto plazo de los radiodifusores. En su alocución del 10 de octubre les ofreció hacer “todo lo que esté a mi alcance para que puedan adoptarse los mejores estándares tecnológicos-digitales en los servicios de radiodifusión” y, por otra parte, establecer “procedimientos claros y asequibles para quienes buscan la renovación de sus concesiones”.

   El primer ofrecimiento se refiere a la indecisión que ha existido acerca del estándar que México adoptará para la conversión hacia la radio digital. Ni el gobierno, ni los radiodifusores mismos, han asumido una definición clara acerca de los modelos europeo y estadounidense (que describimos someramente en Zócalo de octubre de 2006) que suponen distintas tecnologías en cada caso. No es un asunto que pueda resolverse con la sola voluntad presidencial.

   La promesa para que sean renovados los títulos de concesión que se encuentran vencidos, o que terminarán próximamente, tampoco depende de la decisión del titular del Ejecutivo. Aunque la decisión última acerca de esas renovaciones es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existe un procedimiento que debe ser promovido por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Si bien la Cofetel no es autónoma respecto del gobierno, sus comisionados tampoco están obligados a seguir puntualmente las instrucciones del presidente.

   Además, una de las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia tomó en junio pasado acerca de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estableció que los refrendos de concesiones no serán automáticos. En una extensa argumentación a propósito del artículo 16 de la ley de Radio y Televisión, los ministros de la Corte establecieron que de la misma manera que el otorgamiento de nuevas concesiones tiene que pasar por una licitación, también en su renovación es necesario abrir la posibilidad de que concursen empresas distintas a las que son titulares de tales licencias. La evaluación que se realice acerca de su desempeño, le daría al concesionario una ventaja razonable al tramitar el refrendo del título de concesión. Pero no hay renovaciones inmediatas. El procedimiento para el refrendo tiene que ser conducido por la Cofetel a partir de reglas que deberán ser precisadas en la nueva legislación. El presidente Calderón no tiene en sus manos la capacidad administrativa ni existen los instrumentos jurídicos para que pueda cumplir con la promesa de revalidar todas las concesiones pendientes. Quiso lucirse con los radiodifusores haciendo caravana con refrendo ajeno.

 

Legalidad o advertencia

   El presidente les obsequió otro guiño retórico a los concesionarios cuando se ufanó de haber cerrado, en los meses recientes, “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal”. Durante largo tiempo esos empresarios han considerado que el espectro radioeléctrico es patrimonio suyo y se han encrespado cuando algunos ciudadanos o grupos sociales establecieron emisoras sin propósitos comerciales y que no siempre cumplieron los escabrosos procedimientos administrativos para obtener permiso de transmisiones. La mezquina causa contra las radiodifusoras comunitarias fue uno de los temas que cohesionó y le dio identidad a la CIRT durante los años recientes.

   La aplicación de la ley siempre es deseable. Pero antes que nada es preciso que exista una legislación capaz de promover la diversidad y la equidad y eso es lo que apenas está por construirse para la radiodifusión.

   Calderón afirmó: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

   Los radiodifusores que le aplaudieron la tarde del 10 de octubre, en la conmemoración de la CIRT, pensaron que hacía alusión a las emisoras que hace varios meses fueron ocupadas por la APPO en Oaxaca. Pero en una lectura voluntarista, ingenua o pícara, La Jornada del día siguiente consideró que Calderón se refería al asalto que Televisión Azteca emprendió contra la antena del Canal 40 en diciembre de 2002.

   La afirmación del presidente vale contra cualquier transgresión de la ley. Pero si tuviera la decisión de cumplir parejo con ese orden jurídico, de la misma manera que desalojó las estaciones ocupadas por militantes de oposición en Oaxaca el presidente Calderón tendría motivos de sobra para acotar los excesos propagandísticos, los engaños a televidentes y clientes de sus empresas, la promoción de la intolerancia y la distorsión de los acontecimientos que se han vuelto habituales en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego.

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Poder diferido

La Crónica, 11 de octubre 2007

  Quién sabe si el presidente Calderón sabía, mientras hablaba ayer ante los radiodifusores, que su discurso no estaba siendo transmitido en directo por la mayoría de las estaciones de televisión y radio. Tan prestas como fueron hace exactamente un mes para encadenarse mientras protagonizaban ante los senadores el patético espectáculo que tantas recriminaciones les ha propiciado, ayer los dueños de las radios y televisoras privadas dispusieron que la comida anual de la Cámara Nacional que las reúne, y en la que es tradición la presencia del titular del Ejecutivo Federal, fuese difundida con hora y media de retraso.

   Únicamente una de las frecuencias de Radio Fórmula y XEW y quizá alguna otra emisora transmitieron, en la ciudad de México, el discurso presidencial mientras ocurría. Muchas otras estaciones y un canal de cada una de las televisoras privadas lo hicieron de manera diferida. En ningún caso, hasta donde pudimos apreciar, esas estaciones advirtieron a sus audiencias que no se trataba de una transmisión en vivo.

   Tan desusado tratamiento al discurso presidencial puede tener varias explicaciones. Quizá los radiodifusores decidieron no alterar la hora de la comida de la mayoría de los televidentes y radioescuchas y por eso dejaron el mensaje del presidente Felipe Calderón para después de los postres. Pero es inevitable suponer que tal decisión estuvo relacionada con las secuelas de la fallida campaña que esos empresarios levantaron contra las reformas constitucionales que los dejaron sin el gasto que hacían los partidos en la contratación de propaganda electoral.

   Posiblemente los radiodifusores quisieron supervisar el discurso presidencial antes de transmitirlo. Quizá temían que el presidente de la República apoyara el proceso de reformas constitucionales que acaba de terminar con el voto favorable de 30 legislaturas estatales y que fue impulsado por los tres partidos más importantes del país. De haber sabido que sería tan complaciente con ellos, es altamente probable que lo hubieran difundido en directo y por muchas más frecuencias.

   El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.

   Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral –en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación– y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.

   El presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional –y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano– Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

   Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido de la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma –por ejemplo, por parte de Televisión Azteca– hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.

   Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.

   La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de amplitud modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.

   La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.

   Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la Ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.

   Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.

   Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “C”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?

   Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.

   No tenía por qué ser agresivo. Pero el presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante suyo sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.

   Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusores comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.

   El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

   Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de 5 años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.

   Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aun no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.

   Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.

 

¿Cuánto costó el decretazo de 2002?

Un colega investigador me ha preguntado a cuánto ascendió el dinero que los radiodifusores se ahorraron gracias al decreto del 10 de octubre de 2002 con el cual el presidente Fox abolió alrededor del 90% del tiempo fiscal que le permitía al Estado disponer del 12.5% de los espacios de transmisión en televisión y radio. Gracias a esa pregunta encontré en mi archivo un texto que no había incluido en este blog y que apareció inicialmente en el número de noviembre de 2002 de la revista etcétera.

la granja

La abdicación

El gobierno formalizó el desaprovechamiento

de los tiempos estatales en radio y TV

Al presidente Fox nunca le gustó el tiempo fiscal en los medios electrónicos. No lo entendía cuando llegó a la presidencia de la República. No sabía como usarlo. Muy pronto hizo suyos los argumentos de los empresarios de la radio y la televisión.

El decreto y el reglamento que expidió el 10 de octubre no fueron resultado de una nueva política del gobierno para ejercer los espacios a su disposición en los medios electrónicos sino la expresión de un drástico viraje en la relación entre el poder político y el poder mediático en México. José Carreño Carlón ha descrito esa situación con conocimiento e ironía: si antes los magnates de la televisión privada, como se llegó a ufanar el Tigre Emilio Azcárraga Milmo eran soldados del PRI, ahora el presidente actúa como soldado de los radiodifusores más poderosos.

El presidente Vicente Fox apenas llevaba un mes en Los Pinos cuando, en enero de 2001, manifestó su coincidencia con los argumentos de los radiodifusores en una entrevista con el diario Reforma:

“Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que le saquemos a los medios de comunicación el 12.5 por ciento de su tiempo total. Es una bestialidad eso”.

Los entrevistadores, Lázaro Ríos y Martha A. Treviño, replicaron:

“¿Y van a modificar la ley en eso?

“No, la ley está muy clara o, si no está clara, la gente razonable entendemos muy bien la ley, que se trata del 12.5 por ciento del tiempo comercial, del tiempo que un canal de televisión destina a lo comercial.

“La ley dice ‘de tiempo de transmisión’.

“Bueno, pues, de tiempo de transmisión de comerciales, digo… Bueno, de todos modos no voy a pedir ese tiempo. ¿Yo para qué quiero ese tiempo? Yo soy una persona lógica, práctica y que si la ley está ahí por un acuerdo que hicieron entre medios y eso, yo encantado de disponer de ese tiempo, de usarlo, y lo vamos a disponer y lo vamos a usar.

“Pero si tiene ese tiempo, ¿qué necesidad hay de invertir un solo peso en ese renglón?

“Voy a hacer las dos cosas: voy a usar ese tiempo y voy a invertirlo.

¿Agotar el 12.5?

Porque si no hay (inversión), en el 12.5 me dan tiempo por ahí en la madrugada…”

Más adelante el presidente insistió: “Yo ni tengo la obligación de consumir el 12.5 total, es una propuesta de disponibilidad de tiempo que está ahí, pero yo puedo usar tiempos comerciales, en tiempos triple A de otra manera” (Reforma, 7 de enero de 2001).

El presidente, desde entonces, estaba decidido a lograr espacios preferentes en la televisión y si para ello tenía que gastar dinero público no le importaría hacerlo, a pesar del tiempo fiscal al que tenía derecho el Estado. Si los concesionarios se oponían a que parte de ese tiempo fiscal se ejerciera en horarios triple A, el titular del Ejecutivo preferiría pagar antes que negociar. Si esos empresarios decían que el 12.5% se contabilizaba a partir del tiempo de comercialización y no del tiempo total de transmisión, no sería Fox quien quisiera desmentirlos.

Esa interpretación favorable a los concesionarios había prevalecido en el gobierno aunque no tenía sustento legal. El Acuerdo presidencial del 27 de junio de 1969, que ofrecía la posibilidad de pagar con tiempo de transmisión el impuesto especial establecido medio año antes decía que los concesionarios podían solicitar “se les admita el pago de su importe con el doce y medio por ciento del tiempo diario de transmisión de cada estación”. Sin embargo la indolencia del gobierno y quizá también el desacuerdo con ese impuesto que era ciertamente muy discutible propiciaron que, en la práctica, se impusiera la interpretación de los empresarios de la televisión y la radio. Así que el 12.5% se veía calculando a partir del tiempo de comercialización y no del tiempo total de transmisión.

Esa costumbre significó una abdicación del Estado de casi dos horas y media diarias del espacio al que tenía derecho en cada televisora y radiodifusora. El gobierno federal nunca ha explicado con claridad cómo definía el llamado tiempo fiscal. Pero a partir de los informes sobre el ejercicio de ese recurso de difusión pueden dilucidarse esos parámetros. En los anexos del II Informe de Gobierno se dice que en el transcurso de un año, entre septiembre de 2001 y agosto de 2002, el tiempo fiscal en televisión ascendió a 97 mil 844 horas. Según ese documento en el país había, en dicho lapso, 518 canales concesionados de televisión.

Para cada uno de esos canales el gobierno estimó un tiempo diario de transmisión de 23 horas, es decir, mil 380 minutos. Allí había una irregularidad adicional ya que en prácticamente todo el país las televisoras transmiten todo el día.

De esos minutos se calculaba el tiempo de comercialización que según el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión era del 18% sobre el tiempo de transmisión, pero con una salvedad. A partir de las 8 de la noche las televisoras solo tenían derecho a comercializar el 9% de sus tiempos. Sin embargo el cálculo que hacía el gobierno para delimitar el tiempo fiscal suponía que la comercialización era, durante todo el día, equivalente al 18% de los espacios de transmisión. Ningún radiodifusor protestó por ese pequeño abuso porque en realidad esa estimación reconocía la costumbre, cada vez más extendida en las televisoras, para desatender la limitación legal que reducía la comercialización durante los horarios nocturnos de mayor audiencia. De hecho en el nuevo Reglamento, que el presidente Fox expidió el 10 de octubre, ya no aparece esa restricción.

Así que calculando un tiempo diario de transmisión de 23 horas y una comercialización del 18% durante todo el día, el gobierno concluyó que cada televisora concesionada debía transmitir 31 minutos diarios de mensajes oficiales. Todo ello además de la media hora diaria que según otra disposición, contenida en la Ley Federal de Radio y Televisión, las estaciones concesionadas tienen que destinar a mensajes del Estado. En este artículo nos referimos solo al tiempo fiscal y no a esos 30 minutos adicionales.

En la radio con un procedimiento similar aunque con un tiempo de comercialización del 40% del espacio diario que es el que establecía el Reglamento, el tiempo fiscal ascendía a un poco más de 55 minutos diarios.

A pesar de la reticencia del presidente Fox para utilizar el tiempo fiscal, su gobierno aprovechó cada segundo de esos espacios. Desde luego se trataba de un tiempo fiscal rasurado al 17% y al 30% de los segmentos a los que el Estado tenía derecho en la televisión y la radio. Pero era un recurso de difusión para asuntos públicos que, ahora, el gobierno tenía obligación de ejercer. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos para 2002, determinó que las dependencias y entidades públicas solo podrán contratar espacios comerciales en la radio y la televisión “una vez que hayan agotado los tiempos de transmisión asignados, tanto en los medios de difusión del sector público, como en aquéllos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal”.

Además la Secretaría de Hacienda está obligada a comunicar a los diputados cómo ejerce dicho tiempo y qué valor monetario tendría. En su informe más reciente Hacienda notificó que durante el primer semestre de 2002, el tiempo fiscal fue utilizado en su totalidad. Ese documento contradice a quienes han dicho que el tiempo fiscal solo se ejercía de manera parcial. Allí se confirma, además, que durante el gobierno actual ese tiempo fue aprovechado casi exclusivamente por la administración central. Descontando los anuncios del Instituto Federal Electoral y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que el Ejecutivo Federal utilizó el 91.51% del tiempo fiscal. El cuadro que incluimos con este texto, tomado del informe de la Secretaría de Hacienda, detalla el uso del tiempo fiscal en el primer semestre de 2002.

 

 

TELEVISIÓN

TIEMPFISCAL

El uso del tiempo fiscal en la radio, en el mismo periodo, fue similar. Al IFE le correspondió solamente el 7.99% de las 216 mil 375 horas disponibles en ese lapso y a otras instituciones no dependientes del gobierno federal porcentajes mucho menores. La administración central ejerció el 88.59% de todo ese tiempo.

La Secretaría de Hacienda estimó que ese tiempo en radio hubiese costado 169 millones 551 mil 789 pesos con 56 centavos. Es decir, algo más de 339 millones de pesos al año. Se trata de 12 millones 982 mil 526 minutos de transmisión que, de acuerdo con ese monto, han sido tasados a 13 pesos cada uno.

En televisión, las horas de transmisión disponibles (cuyo ejercicio se detalla en el cuadro adjunto) sumaron 2 millones 715 mil 715 minutos.

Para la autoridad hacendaria ese espacio tuvo un valor comercial de mil 155 millones 319 mil 475 pesos con 20 centavos. Es decir, algo más de 2 mil 310 millones de pesos al año. Eso significa que se estimó un valor de 425.42 pesos por cada minuto de difusión de los mensajes gubernamentales.

Hacienda no explica a partir de qué parámetros estima esos precios por el minuto de transmisión. Las tarifas de publicidad comercial son muy variadas según la cobertura y el horario en cada estación tele o radiodifusora. La apreciación de 13 y 425 pesos por minuto en radio y televisión resulta exageradamente baja. De cualquier manera a partir de esas estimaciones se puede establecer cuánto pierde el gobierno, según sus propios parámetros, con las nuevas reglas que estableció para los espacios oficiales en radio y televisión.

El gobierno federal afirma que hasta ahora sus mensajes, en ejercicio del 12.5% de tiempo fiscal, eran transmitidos en horarios de escasa audiencia. Sin embargo no había motivo legal para que así ocurriera. Ya era demasiado irregular que en vez de los 180 minutos a que tenía derecho en cada estación de radio y televisión solamente empleara, como hemos visto, 55 y 31 minutos. En comparación con esos espacios el Decreto presidencial del 10 de octubre limita los tiempos fiscales a 35 y 18 minutos diarios. Se trata de una disminución del 36.4% y del 42%, respectivamente.

Si hasta ahora el tiempo fiscal significaba para el gobierno espacios, en números redondos, por 339 millones de pesos en el caso de la radio y 2310 millones de pesos para la televisión, la pérdida habría sido de 123 y 970 millones de pesos, respectivamente. Ese es el quebranto mínimo que sufre el gobierno debido al decreto del presidente Fox: mil cien millones de pesos.

Se trata, como hemos insistido, de una estimación muy a la baja, tomando en cuenta que desde hace casi dos años el gobierno utilizaba una porción mínima del tiempo fiscal al que tenía derecho. Si consideramos a cuánto hubiera ascendido el tiempo fiscal si el gobierno lo hubiese ejercido plenamente, tasándolo al precio que utiliza la Secretaría de Hacienda en su informe, tenemos que en radio habría tenido un costo de más de mil 222 millones de pesos al año. Y en televisión, de más de 14 mil millones de pesos anuales.

Esos tiempos no se ejercían más que de forma mínima. Por eso el gobierno considera que no ha perdido casi nada con las reformas del 10 de octubre y en cambio, afianzó el aprecio de los principales dueños de la televisión y la radio. Lo que el decreto y el reglamento presidenciales establecieron fue la formalización de situaciones de hecho que ocurrían desde hace algún tiempo y una cesión de espacios todavía mayor en beneficio de los empresarios de la televisión y la radio. El gobierno en vez de 180 minutos a los que tenía derecho empleaba solamente 31 en la televisión y ahora dispondrá de 18. Más que Estado mínimo como a veces se ha pretendido, tenemos un gobierno voluntariamente disminuido ante grupos empresariales que imponen la formalización y el empeoramiento de situaciones de hecho de las que ya se beneficiaban.