Televisa, estalinista

La Crónica, jueves 17 de julio

La revolución soviética había triunfado y era momento para probar su fuerza en el resto de Europa. Lenin había decidido reclamar por la vía de las armas los territorios que le disputaba Polonia. El 5 de mayo de 1920, delante del célebre teatro Bolshoi, el caudillo ruso arengó a sus tropas antes de que marcharan al campo de batalla. La fotografía de aquel momento circuló ampliamente como emblema de la nueva revolución. Lenin aparece de perfil, inclinado hacia adelante, colocando ambas manos sobre el templete de madera. A sus espaldas, en la escalera que conduce al estrado, aparece el comisario del pueblo para asuntos militares, León Trotsky. Junto a él, con los brazos cruzados, está Lev Kamenev, antiguo presidente del Comité Central.

No pasarían muchos años para que esos tres personajes desaparecieran del escenario soviético. Lenin murió en 1924. Cuatro años más tarde Trotsky fue expulsado del Partido Comunista y luego del territorio ruso. Kamenev sufrió peor suerte una década más tarde. José Stalin quería borrar toda huella de sus antiguos camaradas y a quienes no desterraba, los encarcelaba o mandaba asesinar.

La decisión de Stalin para extirpar cualquier presencia de Trotsky y Kamenev llegó a los registros históricos. La imagen de los viejos bolcheviques fue suprimida de multitud de cuadros y fotografías. Aquella gráfica frente al Bolshoi volvió a circular, pero modificada. En lugar del barbado Kamenev y de Trotsky con su célebre piocha, aparecían vacíos los cinco escalones del templete.

La obsesión de Stalin para borrar a sus antiguos camaradas era parte de una patología absolutista y maniática. Al pretender que podía modificar la historia con la misma petulancia con que reprimía y asesinaba a quienes no se subordinaban a sus caprichos, se construía una realidad a modo y trataba de persuadir a los rusos de que esa era la versión auténtica del pasado y el presente.

En el transcurso de la historia y con diversos recursos técnicos, otros líderes autocráticos y distintos personajes e instituciones, con un empleo desmedido del poder, también han querido alterar la historia como si de esa manera desterrasen de la realidad a quienes les incomodan.

La alteración de fotografías y pinturas fue un recurso reiterado por distintos sátrapas del mal llamado socialismo real –que en rigor debiera ser denominado despotismo real–. Milán Kundera abre con este relato su memorable novela El libro de la risa y el olvido:

“En febrero de 1948, el líder comunista Klement Gottwald salió al balcón de un palacio barroco de Praga para dirigirse a los cientos de miles de personas que llenaban la Plaza de la Ciudad Vieja. Aquel fue un momento crucial de la historia de Bohemia. Uno de esos instantes decisivos que ocurren una o dos veces por milenio.

“Gottwald estaba rodeado por sus camaradas y justo a su lado estaba Clementis. La nieve revoloteaba, hacia frío y Gottwald tenía la cabeza descubierta. Clementis, siempre tan atento, se quitó su gorro de pieles y se lo colocó en la cabeza a Gottwald.

“El departamento de propaganda difundió en cientos de miles de ejemplares la fotografía del balcón desde el que Gottwald, con el gorro en la cabeza y los camaradas a su lado, habla a la nación. En ese balcón comenzó la historia de la Bohemia comunista. Hasta el último niño conocía aquella fotografía que aparecía en los carteles de propaganda, en los manuales escolares y en los museos.

“Cuatro años más tarde a Clementis lo acusaron de traición y lo colgaron. El departamento de propaganda lo borró inmediatamente de la historia y, por supuesto, de todas las fotografías. Desde entonces Gottwald está solo en el balcón. En el sitio en el que estaba Clementis aparece sólo la pared vacía del palacio. Lo único que quedó de Clementis fue el gorro en la cabeza de Gottwald”.

El de Stalin, como el de Gottwald y todos aquellos que de la misma manera han querido dar de baja la imagen de sus adversarios, es un comportamiento intolerante y paranoico. Hay una enorme dosis de prepotencia, pero también de berrinche infantil, en esa inquietud para borrar a sus antagonistas.

A comienzos de los años 70 –claro, del siglo pasado– el historiador David King se dio a la tarea de buscar testimonios gráficos de la represión estalinista y comenzó a interesarse en las fotografías alteradas por disposición de la dictadura soviética. Reunió decenas de miles de imágenes, algunas de las cuales ha mostrado en diferente exhibiciones y en 1997 publicó en Londres el libro El Comisario desaparece La falsificación de fotografías y obras artísticas en la Rusia de Stalin.

Además de la abundancia de esos documentos gráficos, a King le llamó la atención la falta de cuidado con que fueron alterados muchos de ellos. A diferencia de la foto de Lenin arengando a las tropas del Ejército Rojo a punto de ir al frente polaco, en donde hay un trabajo de modificación tan meticuloso que no queda huella de la presencia de Kamenev y Trotsky, en los retratos que ese investigador fue localizando por toda Rusia las enmiendas con frecuencia eran burdas. En algunas, los rostros de aquellos a quienes se quería excluir habían sido difuminados con algún producto químico. En otros casos se trataba de vulgares tijeretazos. Incluso cuando había un trabajo de fotocomposición, para superponer una imagen a otra, quedaban huellas de la alteración.

Esos vestigios llevaron a King a hacerse varias preguntas en la introducción de su libro: “La habilidad en el retoque fotográfico depende, como cualquier artesanía antes del advenimiento de la tecnología de la computación, de la habilidad de la persona que lleve a cabo la tarea y del tiempo que ella o él tengan para terminarla. Pero ¿por qué el estándar del retoque en los libros y periódicos soviéticos era a menudo tan burdo? ¿Querían los estalinistas que sus lectores vieran la eliminación que habían realizado, como una atemorizante y ominosa advertencia? O el ligero rastro de un comisario casi desvanecido, intencionalmente dejado por el retocador, ¿podría convertirse en un fantasmal recordatorio de que el reprimido todavía podría regresar”.

Así de burdo, así de notoria, es la difuminación de la imagen del senador Santiago Creel en el video que el noticiero matutino de Televisa transmitió el pasado miércoles 2 de julio. Se trata de una reseña del foro sobre reforma petrolera que tuvo lugar el día anterior. En una nota de 4 minutos con 50 segundos, se da cuenta de las intervenciones de distintos ponentes. Entre escenas de archivo con vistas de instalaciones petroleras, de cuando en cuando se muestran detalles del público. La cámara recorre el auditorio pero casi siempre de la mitad del presídium hacia la izquierda, o de la mitad hacia la derecha. Y es que en el centro de la mesa está el presidente del Senado, Santiago Creel, a quien las televisoras decidieron excluir de la pantalla.

En dos ocasiones, al minuto con 42 segundos y a los 3 minutos con 31, se abre la toma y aparece casi todo el estrado. Al centro, en donde gracias a otros videos y fotografías sabemos que estaba Creel, aparece una silueta sin rostro. Se ven las caras de otros legisladores y ponentes pero no la del presidente del Senado. Una mancha difusa, como borrón de trabajo escolar, lo ha retirado del video.

Televisa dice que se trata de “un error de edición”. No es cierto. La edición de video suprime o añade segmentos enteros, no porciones de una misma imagen. Tampoco pudo haber sido un defecto de la lente, porque de todas las escenas que fueron tomadas únicamente cuando aparece Creel ocurre ese problema.

Los dos momentos en los que se suprime la imagen del senador panista están tomados, cada uno, desde emplazamientos diferentes. En ambos casos, independientemente del sitio desde donde se le enfocara, el rostro de Creel desaparece. No es error, sino revancha.

Televisa y Televisión Azteca decidieron vetar al senador Creel en represalia por el impulso que contribuyó a dar a las reformas constitucionales que restringen privilegios y negocios de la radiodifusión durante los procesos electorales. La animosidad de las televisoras fue tan notoria que no solamente, durante varios meses, el presidente del Senado ha estado ausente de las cadenas nacionales. Además, atemorizados por esa reacción, el presidente de la República y el presidente del PAN destituyeron a Creel como coordinador de los senadores de ese partido.

Pero no fue suficiente. Televisa pretendía quitarle poder político pero además despojar de su imagen pública al senador Creel: sacarlo de las pantallas, impedir a los ciudadanos que se enteren de su desempeño legislativo, tacharlo de la historia. Pero lo hizo de manera tan torpe que el resultado se ha convertido en uno de los mayores tropiezos políticos (y ya son varios) de esa televisora.

El borrón a la imagen de Creel causa enojo, risa y lástima. Qué mal que a cualquier ciudadano, pero peor aún a uno de los más destacados legisladores del país, se les vete en la información de una televisora nacional. Qué ridículo el que hace Televisa borroneando la imagen de un personaje político al que pretende estigmatizar. Qué vergüenza que en esa empresa haya quienes consideren que, expulsándolo de sus pantallas, a Creel le restarán ascendiente político –hasta ahora han conseguido precisamente lo contrario–.

Y qué vulgar manera de esconderle al público la imagen del senador. Tanto, que uno no puede sino recordar la observación del historiador King: el retoque es tan burdo que, más que ocultar al personaje así afectado, pareciera que se trataba fundamentalmente de amenazar y atemorizar. Los destinatarios de esa artimaña serían otros legisladores y personajes políticos: si se meten con las televisoras los borrarán de la pantalla.

Creel está demostrando, a pesar de las venganzas de Salinas Pliego y Azcárraga Jean y no obstante los desasosiegos de Felipe Calderón y Germán Martínez, que sí hay vida política a pesar de las televisoras: mientras más lo tratan de borrar, mejor le va en las encuestas.

Medios y política. Alcances de la reforma constitucional

Publicado en Zócalo, octubre de 2007

No fueron únicamente los votos. Además de la unanimidad de los tres partidos principales para respaldar la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral fue muy notorio el discurso, de una inédita exasperación, que en ambas cámaras, y muy especialmente en el Senado, los legisladores manifestaron contra las amenazas de las televisoras.
De la impunidad habitual al chantaje burdo y luego, de la incredulidad exasperada a la desesperación y el desconcierto, los consorcios mediáticos empezaron a cosechar las consecuencias de un comportamiento abusivo y convenenciero. Nunca, como en la segunda semana de septiembre, habían tropezado con los límites de la relación cada vez más desigual que llevaban años de imponerle a una clase política habitualmente apantallada por el poder de los grandes medios. Nunca, durante esos años de creciente supeditación a la influencia política y mercantil de los consorcios comunicacionales, legisladores y dirigentes políticos habían mostrado una actitud como esa.
La subordinación de los políticos mexicanos respecto de los medios de comunicación no ha terminado. Pero el punto de inflexión que encontró cuando las cadenas televisoras y radiodifusoras quisieron impedir la aprobación de las reformas constitucionales tendrá que marcar nuevas formas en el trato entre unos y otras. Al montar el inusitado pero además prepotente espectáculo con el que pretendieron amedrentar a los senadores el martes 11 de septiembre, seguramente los concesionarios más influyentes no supusieron que encontrarían un rechazo categórico por parte de senadores panistas, perredistas y priistas. Al llevar a muchos de los conductores de noticieros más conocidos a la sala de sesiones en la Torre del Caballito, donde el Senado tiene la mayor parte de sus oficinas, los dueños de Azteca, Televisa y varias de las cadenas radiofónicas con más estaciones querían mostrar una advertencia perentoria a los legisladores: o modificaban la propuesta de reformas constitucionales que entre otros cambios cancelaba la contratación de propaganda política en los medios electrónicos, o el poder de los medios se les vendría encima.
Para sorpresa de los jeques mediáticos –y, hay que reconocerlo, para sorpresa también de muchos ciudadanos– los legisladores afrontaron el reto. La iniciativa fue aprobada al día siguiente por el pleno del Senado y lo mismo sucedió el viernes 14 en la Cámara de Diputados. La Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión había exigido la realización de un referéndum acerca de esa reforma constitucional. Con un discurso pendenciero y repleto de mentiras, los radiodifusores más agresivos siguieron diciendo que las modificaciones legales atentaban contra la libertad de expresión y consideraron que los senadores y diputados representaban a una partidocracia que estaba acaparando las decisiones fundamentales en el país.

El dinero, fuera de la
propaganda electrónica
Los partidos, en efecto, respaldaron las decisiones que tanta aversión suscitaron en algunos de los más importantes empresarios de la radiodifusión. Pero en el discurso mediático había una trampa retórica porque no eran los partidos sino los legisladores que forman parte de ellos los que aprobaron la reforma constitucional. No fue de la “partidocracia” sino en el Congreso de la Unión donde surgieron y fueron votadas esas reformas. Sin embargo la CIRT, con un discurso irritadamente amplificado por Televisión Azteca, clamó contra esa decisión como si hubiera sido tomada al margen de la sociedad y no por los legisladores que (gústenos o no) representan a los ciudadanos que votaron por ellos.
Después de su aprobación en ambas cámaras, la reforma tiene que ser respaldada por al menos la mitad de los congresos estatales para que la Constitución sea modificada. Por eso, apenas transcurrieron las fiestas patrias el nuevo flanco de confrontación entre las televisoras y los partidos se instaló en las cámaras de diputados locales. Ya que no presionaron a los legisladores federales, los radiodifusores más beligerantes tratarían de hacerlo con los diputados en cada entidad federativa y, sobre todo, a través de algunos de los gobernadores más proclives a buscar la promoción que les ofrecen la televisión y la radio.
En ese nuevo espacio de conflicto la CIRT repetiría los argumentos, sin sustento pero intensamente propalados, que presentó delante de los legisladores federales. Los empresarios de la radiodifusión insistieron en que la reforma constitucional vulneraba la libertad de expresión porque una versión preliminar del dictamen, finalmente aprobado en ambas cámaras, incorporaba este párrafo al artículo 41 de la Constitución:
Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona privada o pública, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero (el subrayado es nuestro).
Esa formulación era inquietante porque no solo prohibía la contratación de propaganda política sino, además, podía ser utilizada para impedir la presentación de opiniones críticas respecto de los hechos políticos durante los procesos electorales. Los senadores resolvieron ese riesgo suprimiendo las palabras que subrayamos en la anterior transcripción para que esa modificación diga que ninguna persona podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales…
Más tarde, algunos miembros de la CIRT y de otros grupos empresariales consideraron que la nueva redacción seguía siendo lesiva a la libertad de los particulares para dar a conocer sus opiniones políticas a través de la contratación de espacios de publicidad. Pero no se trata de una restricción a la libertad de expresión de la sociedad sino a la libertad del dinero para sobreponerse a las opiniones políticas de los ciudadanos.
Esa disposición no impide que los ciudadanos se manifiesten por el medio que sea. Lo que prohíbe es que haya propaganda pagada en la televisión y la radio. Y allí radica el cambio más importante en la reforma constitucional: el dinero desaparecerá de la relación entre política y medios. Al quedar prohibida la contratación de espacios de cualquier índole para difundir propaganda política, desaparecerá la subordinación que, a menudo, padecían candidatos y dirigentes de los partidos cuando tenían que contratar espacios en los medios electrónicos. Eso es lo que realmente les inquieta a los dueños de los consorcios de televisión y radio: los partidos dejarán de estar sometidos a los intereses de esas corporaciones privadas.
Por lo demás, la legislación mexicana ya prohíbe la contratación de propaganda política por parte de cualquier entidad o persona a excepción de los partidos. El artículo 48 del Código Federal Electoral establece:
Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo.
Así que los empresarios de la radiodifusión y de otras áreas que se inconforman porque los particulares no pueden contratar mensajes de propaganda electoral están algo atrasados de noticias. Esa disposición se encuentra en el Código Federal Electoral desde septiembre de 1993.
La reforma constitucional que ahora propusieron los senadores del PAN, el PRD y el PRI y que en la Cámara de Diputados fue apoyada además por el Partido del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata, tiene numerosas implicaciones. Allí se encuentra un intento para fortalecer la influencia de los partidos sobre la autoridad electoral y, sobre todo, la decisión para sustituir de inmediato a tres de los actuales nueve consejeros del IFE. Esa es, a nuestro juicio, una medida regresiva que atenta contra la autonomía de la autoridad electoral y para la cual los partidos no ofrecieron justificación alguna. Junto a esas decisiones hay una destacada colección de reformas que afectan la vinculación entre política y medios de comunicación y a las cuales nos referimos en las siguientes páginas.

Los mensajes negativos,
agresividad y subjetividad
Otra de las modificaciones les prohíbe a los partidos hacer propaganda negativa. Como se recuerda, uno de los temas de mayor discusión acerca de las campañas de 2006 fue la abundancia de agravios y descalificaciones entre los principales partidos. La propaganda negra, como algunos le han llamado, deteriora la vida pública y es síntoma, a la vez que acicate, de una cultura política en donde prevalecen los impulsos y recursos más primitivos. En vez de argumentos y propuestas, la descalificación de los contrarios, sobre todo cuando se injuria o se propagan difamaciones, propicia una competencia electoral que acaba desacreditando a la competencia política y a todos sus actores.
Sin embargo es difícil pensar en una campaña electoral en donde no haya descalificaciones. La propaganda negativa forma parte de la lucha política misma. En un contexto de insuficiente cultura cívica, con actores políticos que no se respetan unos a otros ese recurso será utilizado con más intensidad y, sobre todo, con mayor rispidez.
Es difícil sancionar a la propaganda negativa porque, antes que nada, resulta inevitable que haya alguna dosis de subjetividad para definir en qué momento una campaña traspone la tenue línea entre la competencia limpia y los recursos que no lo son. Siempre habrá quienes consideren que calificar a un candidato como peligro para México es un recurso de propaganda negativa pero también habrá aquellos que, con otros argumentos, sostengan que esa apreciación puede formularse en ejercicio de la libertad de expresión. O, en otro caso que todos recordamos, decir que el cuñado de un candidato presidencial se ha beneficiado ilegítimamente con recursos públicos será una muestra de honestidad y valentía para algunos, en tanto que para otros constituirá una difamación si no hay pruebas que respalden tal acusación.
Si la reforma constitucional prospera, la autoridad electoral tendrá la responsabilidad de resolver cuándo las campañas son limpias, o no. En una de las adiciones al artículo 41 de la Carta Magna se propone establecer:
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

Spots, en tiempos estatales
administrados por el IFE
La prohibición a la contratación de propaganda política va acompañada por una detallada explicación, también en la nueva redacción propuesta para el 41 Constitucional, para que los partidos y el IFE dispongan de una parte importante del tiempo de transmisiones en las radiodifusoras y televisoras que la actual legislación le confiere al Estado.
Como se sabe desde hace casi medio siglo, gracias a la Ley de Radio y Televisión de 1960, el gobierno tiene derecho a ocupar media hora diaria en cada estación. Adicionalmente, en virtud del llamado tiempo fiscal creado en 1969 y reducido en un 90% por el presidente Fox hace cinco años, el Estado puede ocupar 18 minutos diarios en cada estación de televisión y 35 en cada radiodifusora. Esos tiempos ascienden, en total, a 48 minutos diarios en cada televisora y 65 en cada estación de radio.
La reforma que votaron senadores y diputados establece que desde las temporadas de precampañas y hasta el día de cada elección federal, el IFE tendrá derecho a 48 minutos diarios de esos segmentos. Es decir, ocupará todo el tiempo del que dispone actualmente el Estado en las televisoras y el 74% del espacio que hay, para esos fines, en cada radiodifusora. Esos 48 minutos no se ejercerán de manera continua: tendrán que ser distribuidos en porciones de entre 2 y 3 minutos cada hora.
No todo ese tiempo será para los partidos. El 15% podrá ser reservado por el IFE para difundir mensajes de promoción electoral de tal manera que entre todos los partidos tendrán derecho a, por lo menos, 41 minutos diarios en cada estación tele o radiodifusora.
De esos 41, habrá 29 minutos (el 70%) que se distribuirán entre los partidos de acuerdo con los resultados de la elección de diputados federales más reciente. Los otros 12 minutos serán prorrateados de manera igual entre todos los partidos. Otra innovación establece que las campañas presidenciales durarán 90 días (actualmente alcanzan casi seis meses) y, cuando únicamente sean para legisladores federales, 60 días. Las precampañas durarán, cuando mucho, 60 y 40 días, respectivamente.
En otras palabras, durante los 3 meses de una campaña presidencial los partidos, en su conjunto, dispondrán de 61 horas y media en cada radiodifusora o televisora. Es tiempo más que suficiente para que den a conocer sus mensajes. Los spots no desaparecerán de la competencia política mexicana. Pero, por un lado, ya no nos costarán a los ciudadanos. Y por otro, los partidos no tendrán que negociar con los medios las tarifas para esos anuncios ni la asignación de horarios para transmitirlos. También desaparece la mediación entre las empresas de radio y televisión y la autoridad electoral que hasta ahora cumple, a veces tomando posición a favor de los consorcios privados, la Secretaría de Gobernación. Ahora toda la gestión para ocupar con propaganda electoral los espacios estatales quedará a cargo del Instituto Federal Electoral.

Fin a la promoción personal;
cambio en publicidad política
Una más de las reformas que podrían modificar sustancialmente la relación entre política y medios establece, en el multicitado artículo 41, que durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Esa disposición afecta no solamente a la televisión y a la radio sino además a los medios impresos.
Cada vez parece más claro que una gran cantidad de revistas y diarios –entre los que hay mucha paja, trivia y bodrios pero también publicaciones serias y que difunden contenidos de calidad– tienen que plantearse nuevas opciones de financiamiento porque la publicidad estatal –proveniente tanto del gobierno federal como de gobiernos locales e instituciones públicas de toda índole– será cada vez menor.
Esa tendencia es reforzada por otra de las adiciones constitucionales aprobadas por el Congreso, en este caso al artículo 134:
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Como puede apreciarse, tal medida se refiere a cualquier medio de comunicación (incluso nuevas formas de difusión como Internet o mensajes por celulares). Y no está restringida a los periodos de campañas electorales. Eso implica que la gran mayoría de los anuncios que difunden ahora los gobiernos y muchas instituciones públicas tendrían que desaparecer y, en algunos casos, ser sustituidos por mensajes informativos pero no de promoción personal.
Lo que no indica esa adición constitucional es a qué autoridad le corresponderá evaluar la propaganda estatal, ni con qué recursos de apremio para que dicha disposición se cumpla cabalmente. Todo ello tendría que precisarse en la legislación reglamentaria de la reforma constitucional. Allí hay margen para que los legisladores le den mayores atribuciones poder al IFE o, quizá, a alguna otra institución estatal que podría encargarse de la supervisión de los mensajes gubernamentales. En todo caso parece evidente que, de aprobarse la reforma constitucional, nos encontraremos no solamente en un panorama muy diferente en la relación entre partidos y medios de comunicación. Además, habrá nuevas pautas para la relación entre el gobierno y los medios, incluyendo a la prensa escrita.

Derecho de réplica,
en el 6º. Constitucional
Una mejora adicional y de enorme importancia es la reforma que se propone para incorporar el derecho de réplica. De aprobarse, el artículo 6º. Constitucional quedaría así:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
La novedad sería la frase que hemos subrayado en el párrafo anterior y, desde luego, cobraría sentido en la medida en que las leyes secundarias establecieran mecanismos para el ejercicio del derecho de réplica.
Hoy en día el derecho de los ciudadanos para responder o aclarar contenidos, menciones o informaciones que los afectan y que han sido difundidos en medios de comunicación, es reconocido por la Ley de Imprenta de 1917 aunque por lo general los diarios y revistas no cumplen al pie de la letra con la obligación de publicar rectificaciones establecida en ese ordenamiento. La actual legislación electoral les permite a partidos y candidatos tener derecho de réplica en medios electrónicos durante temporadas de campañas, pero esa prerrogativa por lo general no es invocada cuando los actores políticos quieren inconformarse por lo que se ha dicho de ellos en algún medio. Y en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión expedido por el presidente Fox en octubre de 2002 se establece un tortuoso y desventajoso procedimiento, sujeto a la decisión discrecional de cada televisora o radiodifusora, para ejercer el derecho de réplica en esos medios.
Si se le reglamenta con pulcritud ese derecho podría constituir un contrapeso fundamental a las versiones parciales, las alusiones irresponsables y las agresiones interesadas que pululan en medios de comunicación de toda índole. Allí se encuentra una de las varias asignaturas para la elaboración de la nueva Ley de Radio y Televisión.

La industria de lo televisable

Publicado en Nexos, junio de 2007

 

   El canciller Otto von Bismarck tuvo motivos para considerar que la política es el arte de lo posible. Pero si hubiera vivido un siglo más tarde, el unificador de Alemania quizá habría estimado que la política es la industria de lo televisable. El reconocimiento al carácter indispensable, omnipresente e incluso inevitable que los medios de comunicación de masas alcanzan en la propalación de los hechos y la formación de los consensos políticos es tan fundado como extendido. Pero además de las capacidades propagadoras y a veces persuasoras que sin duda tienen, a los medios de comunicación y muy especialmente a la televisión con frecuencia se les sobredimensiona, atribuyéndoles el carácter de escenarios prácticamente únicos y en ocasiones de actores virtualmente inapelables de los asuntos públicos.

   En tanto la política y sus protagonistas padecen un desprestigio creciente, los medios de comunicación por lo general disfrutan de márgenes de credibilidad estables, o al menos no son tan cuestionados como los gobernantes y dirigentes partidarios. Hay al menos tres motivos para esa legitimidad mediática que se mantiene tan a contrapelo del descrédito del resto de las instituciones de la vida pública contemporánea.

   Los medios tienen acceso constante a la existencia cotidiana de los ciudadanos. Conectados a la televisión o la radio lo mismo en ratos de ocio que en buena parte de nuestras jornadas laborales, vivimos con los medios. A los políticos los vemos y escuchamos a ratos y en todos los casos, por cierto, merced al tamiz de los medios de comunicación.

   En segundo término los medios, especialmente en circunstancias de extrema concentración mediática como la que padecemos en México, constituyen la única institución de la vida pública que se autolegitima continuamente. A los gobernantes y legisladores, los ciudadanos los sancionan refrendando o retirándoles el voto, o con la opinión que registran las encuestas. A las iglesias, las escuelas e incluso a los equipos de futbol, sus fieles, alumnos o aficionados les confieren distintos niveles de confianza, según se reconozcan o no como miembros o simpatizantes de esas colectividades. Podría decirse que el mecanismo más viable para que los espectadores amonesten o aprueben a la televisión consiste en, simple y sencillamente, cambiar de canal. Pero las opciones en la televisión mexicana son tan escasas, y por lo general de tan palmaria indigencia en materia de contenidos, que sus espectadores carecen de auténtica libertad de elección.

   Nuestros políticos, en tercer lugar, suelen contemplar a los medios con un arrobo casi parroquial e idealizan, porque literalmente los apantalla, las capacidades de la televisión. Otros más, forjados en una cultura política en donde el bombo y la simulación son recursos frecuentes porque no aspiran a persuadir sino a impresionar, exaltan a la televisión porque en ningún espacio, como en ella, pueden apantallar  a otros políticos y al resto de los ciudadanos. Todos ellos, vanidosos como suelen ser, quieren congraciarse con los medios porque consideran que dejar de estar en ellos equivale a dejar de ser en términos políticos. La importancia de la televisión es insoslayable. Pero los políticos, al mitificarla, la magnifican.

 

Rezago reformador

   Los políticos, por lo general, no entienden y tampoco respetan a los medios. Pero les tienen, especialmente a la televisión, una mezcla de codicia y recelo. Como temen las represalias mediáticas nuestros políticos –con excepciones notables y aun insuficientes– prefieren padecer la artificiosa omnipresencia e incluso los abusos de la televisión antes que acotarla con decisiones capaces de aprovechar la formidable capacidad comunicacional que tienen ese y otros medios.

   Sin medios de comunicación simple y sencillamente no hay democracia, entendida como un proceso de interacciones en donde se combinan reglas y mecanismos para la representación, la expresión y la participación de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos. De la misma forma que el funcionamiento de las elecciones, el desempeño del poder legislativo y la eficacia o no de la división de poderes son parte de los factores que determinan la calidad de la democracia, la situación de los medios de comunicación también contribuye a profundizarla o deteriorarla. Y así como no todos los legisladores, o no todos los partidos o los gobernantes actúan de manera idéntica, también en los medios de comunicación hay comportamientos muy variados. Cada vez resulta más impreciso hablar de los medios cuando entre ellos existe una señalada diversidad de trayectorias, intereses y actitudes. Pero si se busca definir reglas capaces de auspiciar la contribución de los medios de comunicación en la democracia es preciso atender a los rasgos generales del sistema mediático, independientemente de que haya medios responsables y nobles mientras que otros actúan con imprudencia y voracidad.

   A la democracia solamente se la construye, preserva y enmienda en un camino de avances, revisiones y nuevas determinaciones. Sin embargo, respecto de los medios, la reforma de la democracia mexicana implica en varios sentidos partir prácticamente de cero. Las reglas que tenemos para las elecciones son ejemplares y han funcionado razonablemente bien –a pesar de la ideologización y la confusión que, por motivos políticos, fueron promovidas acerca de la elección presidencial reciente–. En cambio  las normas vigentes para el desempeño de los medios no impulsan la equidad, ni la claridad y mucho menos la deliberación ni el mejoramiento en la cultura de los ciudadanos.

 

Bonificaciones y gacetillas

   Los medios de comunicación más poderosos han impuesto, por cauces formales e informales, sus propias reglas. Las normas que establece la legislación electoral para favorecer una competencia equilibrada entre los partidos son distorsionadas por el interés mercantil y en ocasiones por decisiones políticas que se toman en esos medios de comunicación o incluso en el gobierno.

   El Código Federal Electoral establece en su Título Tercero las reglas para que los partidos accedan de manera permanente a espacios en radio y televisión y para que, en épocas de campaña, además puedan comprar tiempo en esos medios. El primero de esos derechos por lo general es respetado –aunque en las campañas presidenciales de 2000 los radiodifusores privados se negaban a transmitir mensajes de promoción del voto que auspiciaba el Instituto Federal Electoral–. A comienzos de 2007, el gobierno federal se rehusó a transmitir un programa del PRD alegando que la información que allí se presentaba era “falsa”. Esa acción de censura previa fue rectificada. Pero sigue siendo preocupante que el gobierno se haya considerado con derecho a decidir los contenidos políticos que, a su juicio, podemos ver y escuchar los ciudadanos. De allí que una reforma necesaria a la ley en esa materia es el establecimiento de plenas garantías para que se cumpla sin reservas el derecho del Instituto Federal Electoral y de los partidos que concurren en él a la difusión de programas y anuncios en los medios electrónicos.

   Cada temporada electoral, concesionarios y permisionarios de radio y televisión están obligados a entregarle al IFE las tarifas para que los partidos puedan contratar espacios de publicidad política. Sin embargo esos precios son alterados de dos maneras. Las empresas de televisión y radio, de manera discrecional, hacen descuentos a los partidos de acuerdo con el volumen de la publicidad que contratan pero también de acuerdo con el respaldo político que quieran otorgarles. Por otra parte, otorgan “bonificaciones” en especie que ensanchan artificiosamente el tiempo comprado por los partidos y que se ha convertido en una manera de engaño a radioescuchas y televidentes. Cuando un partido compra publicidad distintas radiodifusoras y televisoras le ofrecen, de manera adicional, espacios para que sus candidatos sean entrevistados o incluso comentarios expresamente favorables a ellos. Sin embargo tales entrevistas o menciones no son reconocidas como parte de la publicidad pagada. Descuentos y bonificaciones son formas de respaldo ilegal a los partidos y podrían ser consideradas como delitos electorales si no han sido reportadas como donaciones en los informes financieros que los propios partidos deben entregar a la autoridad electoral.  

   Gracias al monitoreo de medios electrónicos que desde hace varias elecciones realiza el IFE, podemos saber con detalle cuántos segundos de publicidad contrataron los partidos y cuántos les asignó cada noticiero de radio y televisión. Lo que no sabemos es cuántos ni cuáles de esos espacios fueron adjudicados, por parte de las radiodifusoras y televisoras, no debido a decisiones de carácter periodístico sino a convenios mercantiles. En televisión y radio se ha extendido la venta de espacios en programas de entrevistas en donde comparecen quienes han pagado para aparecer como invitados, cuando en realidad se trata de marchantes de tales espacios. A los radioescuchas y telespectadores nunca se les informa que esas presentaciones se deben al interés mercantil y no a criterios propiamente editoriales. Con esas prácticas, se reproduce en los medios electrónicos una de las más tristes tradiciones de la prensa escrita en México que han sido las gacetillas –es decir, la publicación de espacios pagados pero que no son reconocidos como tales–.

   Todas esas costumbres atropellan el profesionalismo de los medios pero además, constituyen factores de oscuridad e inequidad respecto de la competencia electoral. El único recurso práctico para remediar esos subterfugios, al menos en el plano de las campañas políticas, radicará en que solamente la autoridad electoral esté facultada para, en representación de los partidos, contratar espacios en radio y televisión. Así desaparecerían los acuerdos a trasmano con las empresas de medios.

  

Cancelar compra de espacios

   En la temporada electoral más reciente nuestros partidos gastaron, para contratar espacios en radio y televisión, más del 65% de los recursos que recibieron del Estado para financiar esas campañas.  Si tales erogaciones no sirven para la promoción de ideas y propuestas sino para la generalización del encono y las campañas “negativas” como sucedió en 2006, es tiempo de que modifiquemos el esquema fundamental de propaganda que ha hecho, del proselitismo político, una triste arena de enfrentamientos y resentimientos.

   Ya es hora de que en México establezcamos la imposibilidad para que los partidos políticos compren espacio en los medios electrónicos. Esa es la única vía tanto para aligerar el injustificado gasto electoral que pesa sobre los recursos públicos, como para que nuestros partidos se pongan a hacer política en vez de limitarse a hacer propaganda en televisión y radio.

   La prohibición a la compra de espacios en los medios electrónicos ha funcionado bien en varios países europeos. En América Latina, Brasil y Chile emplean con provecho ese esquema, complementado con el acceso de los partidos a espacios gratuitos en televisión y radio. En Brasil, durante las temporadas de campaña existe una franja diaria en la cual se presentan los mensajes de los partidos. En Chile los partidos también tienen espacios públicos en televisión y les está prohibido comprar tiempo en ese medio pero pueden hacerlo en estaciones de radio y televisoras de cable (Steven Griner y Daniel Zovatto  Funding of Political Parties and Election Campaigns in the Americas. OEA e IDEA. San José, Costa Rica, 2005).

   En México, además de cuantiosos espacios que compran con dinero público, los partidos disponen de amplios segmentos gratuitos en los medios electrónicos. Esos espacios, si fueran organizados por la autoridad electoral y estuvieran ubicados en tiempos preferentes, podrían bastar para que los partidos dieran a conocer sus propuestas. Al dejar de disponer de dinero público para gastar en medios electrónicos seguramente harían un uso más creativo y, en todo caso, menos costoso de tales segmentos.

   Una reforma de esa índole no enfrentaría el problema principal que tenemos en los medios electrónicos y que es la excesiva concentración de muchos recursos comunicacionales en pocas manos. Tampoco resolvería los muchos y cada vez más evidentes defectos de nuestros partidos. Pero quizá le daría al quehacer político un contexto de mayor exigencia o, dicho de otra manera, con menos recursos para la autocomplacencia de los partidos. Acaso no logremos hacer de la política el ejercicio de realismo que proclamaba Bismarck. Pero quién sabe si, al menos, estemos en condiciones de seguir a John Kenneth Galbraith cuando decía que “la política no es el arte de lo posible. Consiste en elegir entre lo desastroso y lo desagradable”.

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El populismo electrónico de Chávez

Texto publicado en Nexos, mayo de 2007

  Lenguaraz y vanidoso, Hugo Chávez ocupa varias horas a la semana para dirigirse a los venezolanos. Martes y jueves, a las 6 de la tarde, lo hace por radio. Los domingos,          a las 11 de la mañana, utiliza la televisión.

   Surgido en mayo de 1999 –pocos meses después de la primera elección de Chávez– “Aló presidente” es, como el gobierno mismo en Venezuela, el espacio de un sólo hombre. Únicamente Chávez orienta, alecciona, reprende y pontifica en las extensas emisiones de esa interminable serie cuya omnipresencia en la sociedad venezolana ha crecido junto con el dominio unipersonal que ejerce dicho gobernante.

   Los venezolanos ya no se sorprenden, y quizá en ese acostumbramiento se encuentra una de sus peores consecuencias, con esas dilatadas peroratas. Antes de las elecciones de 2006 “Aló presidente” duraba, en promedio, 5 horas y media. Cuando se reeligió Chávez resolvió hablar menos… pero durante más días. En febrero pasado el gobierno anunció que las alocuciones radiofónicas del presidente serían de lunes a viernes pero solamente de 8 a 9.30 de la noche y los jueves además se difundirían por televisión. Luego resolvió que tres veces a la semana eran suficientes.

   “Aló presidente” es la expresión más cruda de una avidez comunicacional que incluye la creación de numerosos medios electrónicos e, incluso, la confiscación de empresas mediáticas con las que Chávez tiene diferencias políticas.

   Hasta abril de 2007, el gobierno de Venezuela contaba con cinco canales televisivos. Venezolana de Televisión es gubernamental desde 1974 y ahora constituye el eje de la política de comunicación del gobierno de Chávez. “Vive TV”, con programación cultural y política, fue creada en 2003. También supeditada a la hegemonía del presidente se encuentra la televisora de la Asamblea Nacional, ANTV, creada en 2005 y que difundía en televisión de paga hasta que en marzo de 2007 comenzó a hacerlo en televisión abierta (la Asamblea Nacional es tan aquiescente con Chávez que en enero lo habilitó para que él decrete las leyes que quiera sin que tengan que pasar por tamiz o deliberación algunos). La cuarta televisora oficial es “Ávila TV”, establecida en 2006 por la administración central y el gobierno de Caracas. Y la quinta es Telesur, que ha sido planteada como una suerte de CNN latinoamericana –aunque es más bien una versión en video de la dogmática Radio Habana— y que comenzó a transmitir en octubre de 2005. La propiedad de Telesur es en un 51% del gobierno de Venezuela y, en porciones menores, de los gobiernos de Argentina, Cuba y Uruguay.

   A esos canales Chávez quiere añadir las frecuencias de Radio Caracas Televisión, RCTV, cuyos propietarios respaldaron en 2002 el golpe de Estado en contra suya. La clausura de RCTV está prevista para fines mayo de 2007 y ha suscitado protestas de periodistas y medios de comunicación de todo el mundo, que la consideran atentatoria de la libertad de expresión.

   RCTV transmite desde 1953 y es la segunda empresa privada de la radiodifusión en ese país. La supera Venevisión, propiedad del poderoso Grupo Cisneros que tiene intereses en medios de casi toda Sudamérica y en Estados Unidos. Aunque durante varios años Venevisión y RCTV tuvieron actitudes políticas similares, el gobierno de Chávez solamente sancionará a esta última. Todo parece indicar que con el Grupo Cisneros llegó a un armisticio: los canales de ese consorcio disminuyeron sustancialmente sus críticas al gobierno bolivariano, y éste los deja hacer negocios como antes.

 

Espiral autoritaria

   No hay político contemporáneo que se niegue al encanto zalamero de los medios de comunicación. Liderazgos carismáticos y medios de comunicación constituyen una mezcla abusiva y peligrosa para las democracias y propician una modalidad, sofisticada y redobladamente autoritaria, de populismo. Los formatos simplificadores de los medios resultan propicios para los liderazgos de ese corte.

   Hace algo más de una década el pensador francés Alain Minc subrayó las consecuencias de tal amalgama: “Los medios de comunicación abren el camino a los discursos políticos más sumarios, todos ellos articulados en torno a la imagen y a la comunicación. La opinión pública se entrega en manos del mejor populista que, de hecho, encarna en su persona la fusión con el universo mediático”.  (La borrachera democrática. El nuevo poder de la opinión pública. Temas de Hoy, Madrid, 1995).

   El líder carismático del siglo XXI se refocila con la multiplicación de su imagen en las pantallas televisivas, convertidas en espejos que espolean su  vanidad. Se trata de un síndrome más allá de ideologías. La discutible mixtura de negocios televisivos con el ejercicio del poder político que practicó Berlusconi en Italia, o la supeditación del gobierno a los interesados caprichos de los consorcios mediáticos como hizo Fox en México, son dos facetas del afán para gobernar con los medios y no solamente a través de ellos. En Venezuela esa utilización extensa e intensa de los recursos mediáticos tiene singularidades que han sido enumeradas por Marcelino Bisbal, profesor de Comunicación en la Universidad Central de ese país y que glosamos a continuación.

   – El Estado, en vez de ser el conjunto de instituciones que lo caracteriza en una democracia con juego político y contrapesos, se convierte en aparato para subordinar tales instituciones a un poder autoritario y personal.

   – El protagonismo de las fuerzas armadas se vuelve tan habitual que deja de sorprender en una sociedad abrumada –o encandilada— con otros temas.

   – El desmedido gasto público, que en Venezuela ha sido posible gracias a una sobre utilización del petróleo, no compensa “la inflación, el desempleo, el deterioro del sistema productivo privado”.

   – Al mismo tiempo que se refuerza el impulso a un partido político hegemónico, se intensifica la incultura democrática.

   – La figura del Presidente de la República es ensalzada y reproducida en ejercicio de un desmedido personalismo.

   – La centralización del poder supone que todos los problemas se resolverán en las alturas del mando político unipersonal. Quedaron atrás avances como la descentralización administrativa y la participación de la sociedad en la definición de políticas públicas.

   – La polarización de la vida pública y la intensificación de los conflictos entran en una espiral sin fin que es alimentada por el discurso autoritario, la “retórica de la exclusión, la confrontación y la violencia”.

   – El resentimiento social es alentado y publicitado como respaldo a la estrategia del poder político.

   – La historia republicana es desconocida por el intento para, “de manera insensata y poco responsable, reescribirla desde el personalismo, el caudillismo y el mesianismo”.

   – El proyecto de país desplegado por el líder mesiánico se inspira en experiencias históricamente fallidas. El “socialismo del siglo XXI… tiene como fundamento los parámetros del centralismo, de la ausencia de todo contrapeso, del personalismo de tinte militarista y además con la presencia de un Estado monocolor y tutelar de todas las actividades de la sociedad”. (Marcelino Bisbal, “Cultura y comunicación: entre el vaivén de la realidad y las tensiones necesarias”. Ponencia en el seminario Cooperación Cultura-Comunicación en Iberoamérica. Madrid, marzo de 2007).

 

Oposición silenciada

   El gobierno, en Venezuela, se erige como tutor de una sociedad a la que decide supervisar y dosificarle la información y el entretenimiento que recibe a través de los medios. Además de la intervención de los medios de radiodifusión, Chávez se ha propuesto fiscalizar el acceso a Internet.

   Al pretender que la sociedad es menor de edad el gobierno se atribuye la tarea de resolver los contenidos –y, entonces, los enfoques ideológicos y políticos— que debe conocer. Junto con ello, emprende acciones de censura contra medios que no se ajustan a los parámetros oficiales de información.

   En febrero de 2007 un tribunal de menores le impuso al diario Tal Cual una multa de 19 mil dólares en castigo por la publicación, 15 meses antes, de un texto satírico en donde el humorista Laureano Márquez le pedía a la hija del presidente Chávez que influyera en su padre para que fuera más tolerante con la oposición. El presidente había declarado en su programa de radio que algunas de sus decisiones las consultaba con su hija de 9 años. Sin embargo el tribunal consideró que, al mencionar a la menor, el humorista había atentado contra “el honor, la reputación, la imagen, la vida privada y la intimidad de Rosinés Chávez Rodríguez”, la hija del presidente.

   Tal Cual, dirigido por Teodoro Petkoff que es una de las figuras más notables en la oposición política venezolana, anunció que no estaba en condiciones de pagar la multa. La colecta que se abrió  entonces propició la contribución de miles de ciudadanos y se convirtió en un acto de rechazo a la censura contra ese periódico.

   De la misma forma, la cancelación de las concesiones en las que ha transmitido RCTV ha suscitado protestas, incluso, entre especialistas y críticos de los medios que no suelen estar de acuerdo con la programación de esa emisora.

   Esa fue la posición de medio centenar de profesores y artistas que a fines de marzo dieron a conocer en Caracas un manifiesto en donde consideran que “la reciente decisión presidencial de jubilar autoritariamente a los actuales concesionarios del Canal 2 RCTV” constituye “un  abuso de posición dominante que pudiera ser el punto de no-retorno en la escalada al control de la libre expresión pública y el silenciamiento despótico de la disidencia”.

   Añaden: “Un gobierno genuinamente democrático estaría en la obligación moral y política de ceder el cuarenta por ciento del espacio en radios y televisoras públicas  al cuarenta por ciento opositor del país. En su lugar, este régimen autocrático y militarista declara oficialmente  perseguir un proyecto hegemónico en comunicaciones destinado a reemplazar  la vieja hegemonía comercial por otra ideológica, refuerza cada día su capacidad de emisión impresa y radioeléctrica, persigue una activa política de compras de medios, cooptaciones, escarmientos, chantaje publicitario y financiamiento de medios comunitarios afectos al gobierno, hostiga a la oposición mediática y el acceso del libre periodismo a fuentes públicas de información, persigue puntualmente a periodistas que le son adversos, re-estatiza las telecomunicaciones para garantizarse total discrecionalidad  en controles al ciudadano y flujo de datos, persigue mantener en vida sólo medios políticamente correctos, neutrales u obedientes al régimen”. 

   Esas consideraciones fueron suscritas, entre otros, por Antonio Pasquali –sin duda uno de los más respetados investigadores de la comunicación en América Latina–; Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta; Eleazar Narváez, vicerrector de la Universidad Central de Venezuela; Gustavo Hernández y Elizabeth Safar, director y ex directora del Instituto de Investigación de la Comunicación de la misma Universidad; así como los investigadores Germán Carrera Damas, Héctor Silva Michelena y Heinz Sonntag. Su desaliento y preocupación se condensan en expresiones como ésta:  “No habrá apoyo externo que nos ayude a detener  la regimentación de nuestro cuadro comunicacional. El mundo lleva 48 años aceptando silenciosamente que en Cuba sólo exista una televisión, una radio y un periódico castristas; con mayor razón fingirá ignorar la cubanización del sistema mediático de un país que le vende petróleo”.

   Entre los firmantes de ese documento se encuentran algunos de quienes, por décadas, han cuestionado al duopolio de la televisión venezolana conformado por Venevisión y RCTV. A pesar de esas fortísimas e históricas discrepancias, condenan la posible desaparición de una de esas opciones televisivas: “El chavismo persigue de toda evidencia un control global de la sociedad venezolana, tolerando una oposición sólo en la medida que le permita fingir ante el mundo que vivimos en democracia, pero minimizada y silenciada. Para eso pretende reducir a lo inaudible, simbólico e inútil  nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a disentir  por todos los medios, consagrados en magnas cartas universales, regionales y nacionales”.

   Los chavistas sostienen que los medios bajo su control son de carácter público y están al servicio de la sociedad. Pero no se trata de medios públicos en el sentido cabal del término, es decir, que estando sostenidos con recursos fiscales cuenten con garantías para ejercer un desempeño autónomo respecto del gobierno en turno. Y no son medios que atiendan al interés social sino a un proyecto faccioso y vocinglero como se confirma en cada emisión de “Aló presidente”.

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Dinero, eje de las campañas electorales

Publicado en Zócalo, abril de 2007 

Publicidad política, fuente de inequidad y subterfugios 

    La compra de espacios destinados a propaganda política en los medios electrónicos se ha convertido en fuente de conveniencias a-legales y posiblemente también ilegales. Ese gasto ha sido reconocido como uno de los dispendios menos justificables en nuestro sistema político. Y por añadidura, se trata de un gasto cuyos rendimientos son escandalosamente exiguos. Igual que en comicios anteriores, los votos logrados en las elecciones federales de 2006 parecieran haber sido inversamente proporcionales a la cantidad de espacios pagados por los candidatos y partidos en los medios de comunicación. En otras palabras: más presencia –pagada o gratuita– en la televisión y la radio no fue garantía de votaciones más altas. Más bien, sucedió todo lo contrario.    Los partidos políticos, sin embargo, no han entendido esa situación de rendimientos decrecientes que está significando su presencia en los medios de comunicación. Al considerar a tales medios como el espacio ya no preferente sino ahora prácticamente único de contraste y confrontación entre ellos mismos, los partidos han descuidado otras formas de proselitismo y, en buena medida, han dejado de hacer política. Al disponer de amplias sumas de dinero para gastar en la adquisición de espacios pagados, partidos y candidatos, como hemos subrayado en otras oportunidades, se han convertido en clientes y en buena medida han dejado de ser interlocutores de los medios de comunicación. 

   Desde hace varias elecciones, la mayor parte de las erogaciones que hacen los partidos ha sido destinada a la contratación de espacios en medios electrónicos. En 1994 solamente el 25.3% de los gastos de los partidos en sus campañas estuvo orientado a la compra de tiempos en esos medios. En 1997 esa proporción creció al 55%. En 2000 el 54.3% del dinero que recibieron los partidos fue a parar a las chequeras de radiodifusoras y televisoras (1) . En 2003 el 49% de las erogaciones de los partidos tuvo el mismo destino  (2) . Y todo parece indicar que en las campañas de 2006 el porcentaje del gasto en contratación de espacios mediáticos habrá sido aún mayor.    Para las campañas de 2006 la autoridad electoral aprobó un financiamiento por 4 mil 136.76 millones de pesos. La mitad de ese monto, como se indica en el Cuadro Uno, corresponde al financiamiento para actividades ordinarias y la otra al dinero que se entrega para gastos de campaña de los partidos.
 

Cuadro UnoFinanciamiento público a los partidos en 2006(millones de pesos)
	Financiamiento total	Financiamiento para campañas
PAN	1111.74	555.87
PRI y PVEM	1608.14	804.07
PRD, PT y Convergencia	1257.76	628.88
Nueva Alianza	79.56	39.78
Alternativa	79.56	39.78
Totales	4136.76	2068.38
Fuente: Datos calculados a partir de IFE, Elecciones federales 2006. Organización del proceso electoral federal 2005 - 2006. Página 102.

   Además del financiamiento público, como es sabido, los partidos reciben aportaciones privadas que tienen límites establecidos por la ley y de las cuales deben informar a la autoridad electoral. Cuando esos informes sean conocidos y auditados, sabremos de cuánto dinero dispusieron las campañas de 2006. Mientras tanto disponemos de la información que los mismos partidos, en cumplimiento de otra obligación legal, han debido entregar al IFE con los montos de los gastos que hicieron en medios de comunicación en el transcurso de esas campañas (3) .

   Se trata de información preliminar, que no ha sido contrastada con las facturas que amparen esos gastos y que los propios partidos deben proporcionar y nos ofrece un panorama seguramente representativo de las prioridades que definieron esas erogaciones durante las campañas recientes. 

   Con estos datos se puede constatar el significativo peso que los partidos le confieren a la contratación de espacios en televisión y radio. Cabe subrayar que esos espacios son adicionales a los que, en ejercicio de una de sus prerrogativas legales, los partidos pueden ocupar en los tiempos estatales en los medios electrónicos.  

Creciente gasto en radio y TV    

En el Cuadro Dos hemos sumado los gastos reportados por los partidos para todas sus campañas federales: las que realizaron por la Presidencia de la República, así como para senadores y diputados. De esta manera tenemos un panorama más completo acerca del total del dinero que invirtieron en la contratación de medios de comunicación. Es evidente la concentración del gasto –y, así, del interés comunicacional de los partidos– en los medios de carácter electrónico y muy especialmente en la adquisición de espacios en televisión.  
 

Cuadro DosGasto en medios realizado por los partidos políticos en las campañas de 2006(suma de gastos en campañas para presidente, senadores y diputados)
	Televisión	Radio	Prensa	Otros (1)
PAN	182 289 429.10	134 696 761.30	13 860 445.82	57 656 671.03
Alianza por México (PRI, PVEM)	372 795 780.70	104 845 094.30	42 202 419.56	109 645 220.6
Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia)	414 211 701.40	116 279 197.30	3 982 797.16	28 642 734.78
Nueva Alianza	19 634 037.27	2 832 978.14	1 152 833.60	3 367 316.19
Alternativa (2)	4 881 474.00	1 752 036.70	0	0
Totales	993 812 422.47	360 405 967.74	61 198 496.14	199 311 942.5
(1) Anuncios espectaculares, salas de cine e Internet. (2) La información de los gastos de Alternativa no aparece de manera completa. FUENTE: Datos calculados a partir de los informes bimestrales que los partidos presentaron al IFE acerca de sus campañas para la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados y publicada en el sitio web del Instituto Federal Electoral.

   El Cuadro Tres muestra, sumados todos los rubros, el gasto total que, de acuerdo con sus propios informes, hicieron los partidos en la contratación de recursos y espacios mediáticos. Esos montos se pueden comparar, en el mismo cuadro, con el gasto para radio y televisión y, por otra parte, en medios de otra índole. De toda la erogación hasta ahora reportada en medios de comunicación, Acción Nacional destinó casi el 82% de sus gastos en ese rubro a la contratación de espacios en medios electrónicos. La Alianza por México el 76%. La Coalición por el Bien de Todos, casi el 95%.  

Cuadro Tres Gasto total en medios / gasto en radio y TV durante las campañas de 2006 (suma de gastos en campañas para presidente, senadores y diputados)
	Gasto total en medios	Televisión yradio	Otros (incluye prensa) (1)	% Radio y TV
PAN	388 503 307.40	316 986 190.40	71 517 116.85	81.6%
Alianza por México (PRI, PVEM)	629 488 515.20	477 640 875.00	151 847 640.10	75.88%
Coalición por el Bien de Todos (PRD, PT, Convergencia)	563 116 430.60	530 490 898.70	32 625 531.94	94.21%
Nueva Alianza	26 987 065.20	22 466 915.71	4 520 149.79	83.25%
Alternativa (2)	6 633 510.70	6 633 510.70	0	100%
Totales	1 614 728 828	1 354 218 390	260 510 438.68
(1) Prensa, espectaculares, cine e Internet. (2) La información de los gastos de Alternativa no aparece de manera completa. FUENTE: Datos calculados a partir de los informes bimestrales que los partidos presentaron al IFE acerca de sus campañas para la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados y publicada en el sitio web del Instituto Federal Electoral.

   Más de mil 354 millones de pesos gastados en televisión no les aseguraron a los partidos, necesariamente, mejores posiciones electorales. Y como todos sabemos, ese gasto no se tradujo en campañas más propositivas, más racionales ni capaces de mejorar el entendimiento público de los asuntos políticos. Todo lo contrario, en la sociedad mexicana hay pleno convencimiento por una parte en que un gasto tan elevado resulta innecesario. Y sobre todo, parece existir consenso en la agresividad, el maniqueísmo e incluso la descompostura con que los partidos utilizaron los recursos públicos cuando contrataron espacios en televisión y radio. El único remedio tanto para acotar ese dispendio como para lograr que las campañas no se conviertan en batallas por el spot, será impedir la contratación de propaganda política en televisión y radio.–0–

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   (1) Datos calculados por Luis Emilio Giménez-Cacho en “La hora de las cuentas. Para saber cuánto gastan los partidos”. Configuraciones número 12-13, abril-septiembre de 2003, p. 69.

   (2) Ciro Murayama, “Dinero, medios y elecciones”. Nexos 331. Julio de 2005, p. 51.

 

    (3) Cada bimestre, durante la primera mitad de 2006, los partidos entregaron al IFE sendos informes de los gastos realizados en las campañas presidenciales, para diputados y para senadores. Esos informes se encuentran disponibles en el sitio web de la autoridad electoral: www.ife.org.mx

Necedad y censura

Publicado en Zócalo, marzo de 2007 

No fue un error ni hubo confusión. Tampoco fue solamente un asunto de torpeza política. La decisión que en diciembre pasado tomó el gobierno federal para impedir la transmisión de uno de los programas de televisión del Partido de la Revolución Democrática fue un caso de flagrante censura política.  

   La rectificación tomada varias semanas después, cuando numerosas voces se habían levantado contra el veto a dicho programa, fue una medida sin duda saludable. Pero ni la censura, ni el estruendo que ocasionó, hubieran ocurrido de no existir un preocupante síndrome de intolerancia en los circuitos más altos del gobierno federal.  

   Allí se encuentra el rasgo más preocupante de la decisión que tomó y mantuvo durante varias semanas, respaldado por sus jefes inmediatos y superiores, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.  

   El impedimento que dispuso para que fuese transmitido el programa “Toma de protesta del presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador” no se debió únicamente a una parcial interpretación de las leyes que ese funcionario tiene la responsabilidad de atender. Por encima de sus altamente discutibles coartadas jurídicas, el titular de RTC y el gobierno que compartió esa medida se consideraron con capacidades para determinar qué contenidos políticos puede ver y escuchar, y cuáles no, la sociedad mexicana.  

   Esas buenas pero en realidad profundamente intolerantes conciencias –para recordar aquel paradigmático retrato que Carlos Fuentes escribió hace casi medio siglo acerca de la doble moral que suele haber en los personajes autoritarios– se arrogan un carácter de guías espirituales que la sociedad mexicana no les ha pedido ni querría jamás consentirles. 

 

Desperdiciada prerrogativa 

   Los partidos políticos tienen derecho a contar con acceso permanente a espacios en la radio y la televisión. “Cada partido disfrutará de 15 minutos mensuales en cada uno de estos medios de comunicación”, establece el artículo 44 del Código Federal Electoral. Los programas que se difunden en tales espacios tienen una mala fama tan amplia como merecida. En ellos no suele haber argumentos sino propaganda. No parecen estar destinados a persuadir a los ciudadanos sino simplemente a servir de autocomplacientes espejos a las fuerzas políticas cuyos dirigentes gustan de verse reflejados mediáticamente en los términos y condiciones que ellos mismos establecen. 

   Los partidos, incluso, por lo general toman con tan poco interés la factura y propagación de esos programas que no suelen insistir para que tengan horarios de transmisión preferentes. Con frecuencia, los programas de los partidos cumplen funciones de relleno en algunos de los horarios de menor audiencia en las estaciones de televisión y radio. 

   Peor aún, esa dejadez de los partidos respecto de sus programas es tal que no han querido percatarse de la enorme cantidad de espacios que podría proporcionarles una lectura estricta de la disposición establecida en el artículo 44 –inciso 1– del Código Electoral. Los 15 minutos mensuales en cada uno de los medios de radiodifusión tendrían que significar precisamente eso: un cuarto de hora en cada estación de radio y en cada canal de televisión del país. Sin embargo los partidos se conformar con 15 minutos en algunas radiodifusoras y en unas cuantas televisoras. Por ejemplo, en febrero de 2007 el PRD tenía asignados, en distintos días, 15 minutos en los canales 5, 7, 11 y 22 de la ciudad de México. Pero no contaría con un solo espacio en los canales 2 y 13 que tienen mayor cobertura y audiencia, ni en los canales 4, 9 y 40 que también transmiten en la capital del país. 

   Limitados y discutibles esos programas son, sin embargo y antes que nada, un derecho de los partidos. Cada organismo político puede producir sus programas como quiera (aunque el IFE  los auxilia en esas tareas cuando se lo solicitan) y la Dirección de Prerrogativas del propio Instituto Federal tiene la tarea de establecer fechas y horarios para su transmisión.  

   En ese cometido, la autoridad electoral tiene que coordinarse con la Dirección de RTC de la Secretaría de Gobernación que es la entidad responsable de administrar los llamados tiempos estatales en radio y televisión. Pero igual que las autoridades del IFE, las de Gobernación desempeñan funciones exclusivamente de administración y mediación para que se transmitan los programas de los partidos. Ninguna autoridad tiene derecho para supervisar y menos aún vetar contenidos de esos programas.   

Censor desde el año pasado 

   A Eduardo Garzón Valdés le ha parecido, sin embargo, que su función como titular de RTC no es facilitar la difusión de los programas de los partidos sino, antes que nada, inspeccionarlos para determinar si se acomodan o no a la interpretación que él decida hacer de la ley. Antes de impedir que se difundieran los 15 minutos producidos por PRD acerca del mitin que López Obrador encabezó en el Zócalo el 20 de noviembre del año pasado, dicho funcionario ya había censurado otros programas, de ese y otro partido. 

   A mediados de septiembre de 2006, Garzón dispuso que no fuesen transmitidos los programas “Convención Nacional Democrática” y “Medidas de resistencia civil” del PRD, así como “No nos vamos a dejar” y “Postura del PT ante el sexto informe de gobierno” del Partido del Trabajo. La abundancia de asuntos que pululaban en la agenda pública del país seguramente influyó para que la censura a esos cuatro programas no desatara una protesta política como la que ocurriría tres meses más tarde. De cualquier manera el Instituto Federal Electoral y los partidos afectados exigieron que aquellos programas fuesen transmitidos y, a fines de octubre, Garzón tuvo que aceptar. Los dirigentes del PRD no se consideraron satisfechos porque, para entonces, los contenidos que querían difundir en septiembre habían envejecido y perdieron el efecto político que buscaban inicialmente. 

   Los reclamos de los partidos y la autoridad electoral no le bastaron a Garzón en las últimas semanas del gobierno de Vicente Fox. Quizá alentado por su ratificación como titular de RTC, ese funcionario repitió la fórmula censora a fines de 2006. La protesta de los partidos y el IFE se multiplicó en las primeras semanas del nuevo año.