Noticieros sin política

Publicado en Zócalo, septiembre 2009

La radio y la televisión hicieron una cobertura exigua de las campañas políticas durante la más reciente temporada electoral. Desplazadas por la discusión en torno a los spots que colmaban los tiempos estatales en los medios electrónicos, las noticias acerca de las actividades proselitistas de los partidos pasaron a segundo plano. Ese relegamiento no se debió necesariamente a la ausencia de interés periodístico de las informaciones que surgían de los actos de campaña sino, al menos en casos notorios, a una política informativa destinada a minimizar la cobertura de los eventos partidarios.

Algunos noticieros de la televisión nacional destinaron únicamente 3 o 4 minutos a esas informaciones en el transcurso de los dos meses de duración que tuvieron ahora las campañas electorales. Los noticieros que transmiten de lunes a viernes pudieron difundirse en 43 ocasiones durante el periodo de campañas, del 3 de mayo al 1 de julio. Algunos de ellos transmitieron, en promedio, menos de 5 segundos diarios de noticias electorales. En otros, particularmente en la radio, hubo más de 10 minutos diarios de noticias electorales.

Esas son algunas apreciaciones que se pueden hacer a partir del Monitoreo de noticieros que hizo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por encargo del Instituto Federal Electoral. Los resultados del Monitoreo, publicados por el IFE en su sitio en Internet, muestran la cantidad de minutos y segundos que ocuparon las informaciones electorales de cada partido durante el mencionado lapso. Con esa información, calculamos el total de minutos de una veintena de noticieros de radio y una decena de noticieros de televisión originados en la ciudad de México.

Radio politizada

En la radio matutina todos los noticieros analizados, excepto tres, le dieron más tiempo a las campañas del PAN que a otros partidos. La diferencia más notoria estuvo en el noticiero que conduce Eduardo Ruiz Healy en Radio Fórmula, con casi 40% de su espacio para noticias de esa índole destinado al partido en el gobierno.

Los noticieros más priistas, si se les evalúa por el espacio a cada partido, fueron los de Pedro Ferriz de Con en el Grupo Imagen (33.6%) y Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula (22.4%). Pulso de Radio Educación, que conduce Hilda Saray, destinó el 22.4% a notas sobre el PRD.

De todos los programas considerados en esta evaluación Antena Radio, que conduce Mario Campos en el IMER, fue el que más tiempo destinó a la cobertura de campañas con un total de 584 minutos. Allí, la asignación de tiempos a los partidos fue notoriamente equilibrada.

El más favorable al Partido Verde fue el noticiero de Carmen Aristegui en MVS Radio, en donde ese partido ocupó 118 de los 361 minutos dedicados a campañas políticas, el 32.7% de dicho espacio.

En los noticieros de media tarde, Fórmula de la Tarde conducido por Ciro Gómez Leyva dedicó 40.7% de esos espacios al PAN, en tanto que Joaquín López Dóriga, también en Radio Fórmula, destinó 33.7% al mismo partido.

En noticieros seleccionados y que se difunden a partir de las 6 de la tarde, las preferencias fueron más variadas. José Cárdenas Informa, en Radio Fórmula, le dio el 42.5% de su espacio a las noticias del PAN y solo 13% al PRD. La tercera emisión de Hoy por Hoy en W Radio, con Salvador Camarena, asignó al PRD casi el 39% de tales informaciones.

Todos estos datos, que hemos organizado en los cuadros adjuntos, han sido tomados y/o calculados a partir de la información del IFE. Colocada en línea desde mediados de julio, esa información no había sido desmentida por ninguna empresa de comunicación varias semanas después.

Televisión ausente

De los noticieros de televisión que elegimos para este cotejo, el más interesado en las campañas fue Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola por las mañanas en el canal 2 de Televisa. Ese programa les dio a las informaciones electorales 102 minutos; de ellos, algo menos del 31% fue para el PAN y una cantidad casi idéntica para el PRI. El noticiero matutino de Canal Once le dio más espacio al PAN (26.9%) que al PRI (22.6%).

Por las tardes, la televisión ignoró las campañas. Info7, de Televisión Azteca, se interesó en las notas sobre ese tema únicamente durante 3 minutos. El Noticiero con Lolita Ayala, en canal 2, destinó 4 minutos a ese asunto durante los dos meses de campañas. Dos de esos minutos fueron para el PRI, pero tratándose de universos tan limitados los porcentajes pueden ser escasamente significativos.

Por las noches, los noticieros de televisión ofrecieron algún contraste. Casi el 30% de las informaciones en el espacio de Joaquín López Dóriga en el canal 2 fueron para el PRD y el 23% para el PRI. Menos del 21% del espacio de esa índole en el noticiero emblemático de Televisa reseñó la información de las campañas panistas.

En cambio las notas en Hechos, que conduce Javier Alatorre en canal 13, fueron en un 27% para el PAN y solamente en 16.8% para el PRI. Las Noticias con Adela, de Adela Micha en el canal 9 de Televisa, destinó al PRD el 39.9% de sus espacios de campañas, al PAN 38.4% y al PRI únicamente 14.1%.

Televisa y Azteca: irritación, impunidad, intolerancia

Otros textos sobre las televisoras y el IFE, en mi blog Sociedad y Poder

El viernes 13 del IFE

Televisoras, bravata contra el Estado

Berrinche de las televisoras

Zócalo, febrero de 2009

Que están encrespados, no cabe duda. Que son arrogantes, resulta evidente. Que la reciente acometida contra la autoridad electoral y los partidos les resultará fructífera, está por verse.

La manipulación que hicieron de los anuncios políticos señala un viraje en el comportamiento de Televisa y Televisión Azteca respecto de la competencia política y sus protagonistas en este país. Hasta ahora, las televisoras aparentaban respeto a la ley y a las instituciones políticas aunque, de diversas maneras, intentaran influir en la aplicación o incluso en la modificación de las normas jurídicas.

Con la llamada clase política, las televisoras tenían una actitud que oscilaba entre la complacencia y la connivencia. Azteca y Televisa, la primera de manera más burda pero ambas en permanente redención de sus intereses por encima del interés público, se servían, sirviéndola, de la política.

Esa relación comenzó a cambiar desde los primeros momentos del gobierno de Vicente Fox cuando, en ausencia de una política gubernamental para los medios, las televisoras encontraron la ocasión para que fuese en sus oficinas corporativas donde se establecieran las reglas que orientarían a la radiodifusión. El decreto presidencial del 10 de octubre de 2002 que abolió el 90% del tiempo estatal en televisión y más tarde la Ley Televisa, fueron expresión de ese afán de las corporaciones mediáticas para transitar de la simulación, al activismo respecto del orden jurídico. Las pautas que habían prevalecido para los medios nunca les gustaron porque garantizaban la administración estatal del espectro radioeléctrico y les imponían obligaciones como el tiempo fiscal.

Influencia e insolencia

Durante más de 4 décadas y media, desde que la Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada en enero de 1960, los propietarios de los consorcios mediáticos toleraron y capotearon esa normatividad. La indolencia del foxismo, junto con el creciente sobrecogimiento de la mayor parte de la clase política mexicana ante la influencia de los poderes comunicacionales, llevaron a los dueños y operadores de Televisa y Azteca a decidir que ya era momento de imponer sus propias reglas.

Pero se les pasó la mano. La insolencia con que presionaron a dirigentes y candidatos de los partidos políticos con el fin de que sus legisladores respaldaran sin chistar las reforma a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión meses antes de las elecciones presidenciales de 2006, tuvo efectos favorables de manera inmediata pero a la postre les resultó contraproducente. La mayoría resignada y acrítica que aprobó por unanimidad la Ley Televisa en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005, se descompuso en las posiciones variadas e incluso de razonado rechazo que se manifestaron durante los primeros meses del siguiente año. Aunque por mayoría, esas reformas fueron aprobadas el 30 de marzo con la objeción de la tercera parte de los senadores.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia para revocar los privilegios más notorios que la Ley Televisa confería a los consorcios mediáticos –que pretendían utilizar a su antojo las concesiones de las que ya disfrutaban– y la existencia de un nuevo contexto político, en donde ya no requerían del respaldo inmediato de las televisoras, les permitieron a los partidos coincidir en una decisión arriesgada y no sin excesos. En septiembre de 2007 los senadores del PAN, el PRI y el PRD aprobaron una iniciativa de reformas constitucionales para abolir la contratación de propaganda política en la televisión y la radio. Había motivos de sobra para ello.

La posibilidad que durante varios años explotaron las empresas mediáticas para ofrecer tarifas discrecionales (había un máximo pero no existían mínimos para los precios que les cobraban a los partidos) implicaba, junto con otras prácticas, la principal fuente de inequidad en las campañas políticas. Los partidos amalgamaron esa decisión junto con otras bastante cuestionables (especialmente la defenestración de los consejeros electorales cuyo desempeño no les gustó a quienes perdieron la elección presidencial de 2006) y a pesar de la azorada protesta de las televisoras, que no concebían una conducta de la clase política capaz de afectar sus intereses, la reforma constitucional fue aprobada a fines de 2007.

Con esas modificaciones a la Constitución, pronto traducidas en abundantes ajustes al Código Electoral, las televisoras y las cadenas de radio más importantes perdían un negocio cercano a 2 mil millones de pesos, que es el monto que los partidos gastaron (siempre con dinero fiscal) en la contratación de espacios en televisión y radio durante las campañas de 2006. Pero además del quebranto financiero, los dueños y operadores de los consorcios mediáticos entendieron que el poder del Estado no siempre se les subordinaba con la benevolencia de antaño. Es la guerra, se dijeron. Y han actuado en consecuencia con ese reconocimiento.

Millones de spots

La reforma de 2007 no les gustó a las televisoras. Sobre ella y las reglas para ponerla en práctica han difundido verdades a medias y sobre todo numerosas mentiras. Han dicho que gracias a esa reforma los partidos se apoderan del tiempo oficial en los medios pero esos espacios, comprimidos durante el gobierno de Fox, siempre han sido para el Estado. Sostienen que los mensajes políticos ahuyentan a las audiencias (como si a televidentes y radioescuchas les encantaran los anuncios comerciales) y que les resta espacio para la publicidad pagada (cuando se trata de segmentos que de cualquier manera tenían obligación de abrir para otros mensajes oficiales).

Como los lectores de Zócalo saben, la reforma constitucional adjudicó al Instituto Federal Electoral la responsabilidad de administrar 48 minutos diarios de mensajes políticos durante la temporada electoral. Ese lapso, en 2009 comenzó el 31 de enero y se extenderá hasta el 4 de julio, víspera de las elecciones que renovarán la Cámara de Diputados –y que coincidirán con numerosos comicios estatales y municipales–.

Durante esos 48 minutos diarios en cada televisora y radiodifusora se deben difundir mensajes de 20 y 30 segundos de todos los partidos, así como de la autoridad electoral. Varios de los concesionarios de la radio y la televisión privada han ofrecido cuentas exorbitantes a partir de esos espacios. Numerosos locutores y comentaristas han deplorado que, a causa de las nuevas reglas electorales, los radioescuchas y televidentes mexicanos tendrán que soportar decenas de millones de spots entre febrero y junio de 2009.

Cualquier ciudadano desprevenido, seguramente se atemorizará y luego se indignará con cifras de ese tamaño. Pero se trata de estimaciones sobre el conjunto del universo que integran todas las estaciones de radio y televisión en el país.

En México tenemos 1488 estaciones de radio (854 en AM y 634 en FM) y 733 canales de televisión. En cada una de esas frecuencias, suponiendo que transmiten durante todo el día, los 48 minutos diarios que establece la legislación electoral significan el 3.3% del tiempo total de transmisión.

Si un ciudadano estuviera escuchando radio o mirando televisión todo el día, día y noche, tendría que zamparse el 3.3% de ese tiempo con anuncios de los partidos y el IFE. Durante el horario en el que se transmiten esos mensajes, que va de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, los 48 minutos equivalen al 4.4% de esas 18 horas de transmisión.

Por supuesto, multiplicado por los cinco meses de duración de las campañas, la cantidad de spots que pueden difundirse en la temporada electoral parece muy elevada. En los 155 días que transcurren entre el 31 de enero y el 4 de julio, los 48 minutos diarios ascienden a 7440 minutos, o 124 horas en cada emisora. Son muchas horas, sí. Pero como hemos señalado constituyen el 4% del tiempo de transmisión efectiva en los horarios durante los cuales se difunden tales mensajes.

Esas 124 horas se vuelven decenas de miles cuando se les aprecia de acuerdo con todas las estaciones que difunden el país. En las 1488 radiodifusoras, ascienden a casi 185 mil horas de transmisión. En los 733 canales de televisión, alcanzan casi 91 mil horas. Si ese tiempo fuese utilizado para spots de medio minuto cada uno, permitiría transmitir 22.2 millones de mensajes en radio y 10.9 millones en televisión.

Sólo 43% para los partidos

Para aquilatar esas cifras vale la pena tomar en cuenta dos circunstancias. La primera de ellas es la distribución del tiempo electoral que establece la nueva legislación. Los partidos políticos no utilizarán todos los 48 minutos diarios. De hecho, recibirán menos del 43% de ese tiempo en el transcurso de toda la temporada electoral.

Durante las precampañas, que van del 31 de enero al 11 de marzo, los partidos reciben únicamente 18 de los 48 minutos diarios en cada estación de radio o televisión. Los 30 minutos restantes deben ser utilizados por el IFE y otros organismos electorales, como el Tribunal de esa materia, con mensajes para promover la participación ciudadana y la organización de las elecciones.

Luego, entre el 12 de marzo y el 2 de mayo, se abre un incómodo limbo político durante el cual los partidos designan a sus candidatos pero aún no comienzan formalmente las campañas. Durante esos 52 días todo el tiempo de mensajes electorales –los 48 minutos– solamente puede ser utilizado por el IFE.

Las campañas se desarrollan del 3 de mayo al 1 de julio. Durante esos 60 días, los partidos reciben 41 de los 48 minutos diarios en cada estación. Los 7 restantes serán para mensajes del IFE.

Finalmente, antes de las elecciones del 5 de julio hay un periodo de tres días durante el cual está prohibido el proselitismo de los partidos. El IFE vuelve a disponer de todos los 48 minutos durante ese lapso.

Esas reglas implican que, entre el periodo de precampañas (durante el cual, en 40 días, disfrutan de 720 minutos para propaganda en cada estación) y la fase de campañas (60 días, con 41 minutos cada día, que equivalen a 2460 minutos) los partidos recibirán un total de 3180 minutos, que significan exactamente 53 horas de spots en cada frecuencia. Como hemos apuntado, cada estación está obligada a transmitir mensajes electorales y políticos durante 124 horas, a 48 minutos diarios, entre el 31 de enero y el 4 de julio. Todo ello implica que a los partidos les corresponde el 42.74% del tiempo total administrado por el IFE.

El 30% de esas 53 horas se distribuye entre los partidos de manera igualitaria y el 70% restante según el porcentaje de votos que haya obtenido en la elección para diputados más reciente, en este caso la de 2006.

A la autoridad electoral le corresponde definir los contenidos del 57.25% del tiempo total –es decir, de los 48 minutos diarios considerados durante los 155 días del periodo previo a los comicios–. Ese 57.25% asciende a 4260 minutos, o 71 horas, en cada estación de radio o televisión.

Spots encadenados

El otro factor que es pertinente considerar para justipreciar el tiempo que reciben los partidos es la concentración que impera en la televisión y la radio mexicanas. Aún descontando el tiempo que le corresponde al IFE, las 53 horas que los partidos tendrán en cada frecuencia pueden seguir pareciendo excesivas sobre todo si se les multiplica por las estaciones de radio y televisión. Se trata de 78864 horas de propaganda en radio y 38849 en televisión. Pero no son horas o minutos de difusión autónoma, estación por estación, sino, en la mayoría de los casos, de spots que son transmitidos de manera simultánea en grandes cadenas de televisión y radio.

Una de las redes de radio más grandes del país es, por ejemplo, la Cadena Uno de Radio Fórmula. En esa cadena concurren hasta 76 estaciones de toda la República. Algunas de ellas no se encadenan a todas las transmisiones nacionales de esa emisora pero la mayoría sí. Cuando las estaciones ancla de Radio Fórmula Uno difunden un spot en sus frecuencias de la ciudad de México (970 en AM y 103.3 en FM) ese mensaje puede llegar a otras 74 estaciones, de tal manera que los 48 minutos diarios en cada una de esas emisoras llegan a significar casi 61 horas de difusión cotidiana. En total, las estaciones que se enlazan en la Cadena Uno de Radio Fórmula difundirán casi 1 millón 131 mil spots de medio minuto durante los 155 días de la temporada electoral. Parece demasiado, pero se trata de los mensajes repetidos 75 veces desde una sola señal central.

La concentración de frecuencias es mayor en la televisión. El Canal 2 de Televisa encabeza una cadena nacional de 128 frecuencias. Así que los 48 minutos diarios de contenido electoral que ese canal debe transmitir equivalen a más de 102 horas diarias si se le multiplica por ese número de frecuencias. Al cabo de los 155 días previos a la elección federal, el llamado canal de las estrellas habrá difundido 15872 horas si se toma en cuenta a sus repetidoras. En esas abundantes horas cabría más un millón 900 mil spots de medio minuto cada uno. Pero el Canal 2, o cualquiera de esas repetidoras, habrán difundido únicamente 124 horas de mensajes del IFE y los partidos durante toda la temporada electoral.

TV nacional: más horas en 2006

¿Muchos o pocos? No hay datos exactos para comparar la cantidad de spots que se difundirá en 2009 en tiempos propiedad del Estado con los mensajes que, hasta las elecciones anteriores, se transmitían porque los partidos pagaban por ellos. Pero a partir del monitoreo de promocionales que el IFE realizó en las elecciones federales pasadas se pueden establecer algunas analogías.

Entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006, que era el plazo autorizado para la propaganda electoral, el IFE contabilizó los anuncios de campaña transmitidos en radiodifusoras y televisoras de 20 ciudades del país. Se trató de un ejercicio de verificación que más tarde le permitiría a la autoridad electoral auditar los informes de gastos que le presentaron los partidos e incluso imponer multas cuando no le informaron de la compra de spots que ese monitoreo tenía registrados.

En el seguimiento que hizo de 154 canales de televisión (entre ellos 31 canales de TV por cable) el IFE encontró que se transmitieron 1765 horas de spots televisivos. La autoridad electoral no presentó agregada esta información pero la hemos calculado a partir de diversos documentos de los monitoreos del propio IFE.

Como las televisoras estudiadas en el monitoreo fueron 154, esas 1765 horas equivalen a casi 11 horas y media de spots, en cada frecuencia, durante toda la temporada electoral de 2006. Comparadas con las 53 horas que ahora tendrán los partidos en cada canal de televisión, el incremento es de casi cinco veces.

Pero entre esas televisoras había canales locales, temáticos y de programación nacional y generalista. Por eso es interesante el tiempo que, de todos los spots motivo del monitoreo, se difundió en la televisión de alcance nacional. En las 5 cadenas nacionales (las que encabezan los canales 2, 5, 7, 9 y 13 de la ciudad de México) durante 2006 se transmitieron 303.7 horas de spots y programas políticos pagados (aquí se incluye el programa diario que tenía Andrés Manuel López Obrador y que, con casi 30 minutos diarios, ocupó el 27% de ese tiempo de propaganda política).

Cada una de esas cadenas de televisión transmitió, en promedio, 60 horas con 44 minutos de propaganda política durante la temporada electoral de 2006.

Esas más de 60 horas superan a las 53 que, descontando el tiempo dedicado al IFE y otros organismos electorales, tendrán en 2009 los partidos en cada frecuencia de televisión y radio.

En suma, aunque cuando se incluye a las televisoras locales y temáticas el tiempo para spots en 2006 es mucho menor al que habrá en 2009, esa relación se modifica si nos fijamos solamente en las cadenas nacionales.

La televisión nacional destinó en 2006 más espacio a los spots pagados por los partidos que el que dedicará en 2009 a los spots que se difundan en tiempos oficiales: más de 60 horas en un caso, 53 en el otro.

La diferencia, aparte de las implicaciones financieras, es que en 2006 esa propaganda se distribuyó a lo largo de cinco meses medio de campañas y en 2009 se concentra primero en 40 días de precampañas y luego, con más intensidad, en 60 días de campañas.

Para identificar la propaganda que se transmitió en radio, el monitoreo del IFE siguió el desempeño de 217 estaciones, también en 20 ciudades de la República. En total fueron contabilizadas 3155 horas de spots, que equivalen a 14 horas con 33 minutos en cada emisora. El monitoreo no distingue entre radiodifusoras de alcance nacional y local.

Las 53 horas que tendrán los partidos en cada estación de radio en 2009, son casi 4 veces más que las 14 horas y media que contrataron tres años antes.

Algo de fantasía

El problema para el IFE, además de capotear sus tensiones internas y administrar los abundantes tiempos que les corresponden este año a los partidos, es qué hacer con las 71 horas en cada estación de televisión y radio en todo el país que le son asignadas por la legislación electoral.

El Código de esa materia indica que una vez garantizado el tiempo para los partidos, el espacio restante y hasta llegar a los 48 minutos diarios “quedará a disposición del Instituto para sus fines propios o los de otras autoridades electorales” (artículo 57 – 5 del Cofipe). Ese tiempo no se puede traspasar ni emplear para otros propósitos. Mucho menos puede ser comercializado, según indica expresamente ese mismo artículo.

Pero 71 horas en cada frecuencia durante la temporada electoral y en ocasiones (entre precampañas y campañas y en los días previos a los comicios) la gestión de los contenidos íntegros que deben ocupar los 48 minutos diarios en cada emisora, son demasiados espacios. El IFE se ha visto obligado a repetir, cada hora, varias veces cada hora, los mismos mensajes de promoción del voto que todos hemos conocido durante las semanas recientes.

El IFE podría no utilizar todo ese tiempo, dejando que los radioescuchas y televidentes descansaran de la propaganda electoral en algunas temporadas y horarios. Pero después de la beligerante agresividad de las televisoras, el desaprovechamiento de ese tiempo sería considerado como nueva muestra de debilidad de la autoridad electoral.

Una opción que tendría el IFE sería emplear algunos de esos segmentos, sobre todo en el mes y medio que hay entre precampañas y campañas, para difundir contenidos relacionados con la promoción y quizá el fortalecimiento de la cultura cívica. ¿Cómo resultarían algunos spots que explicaran sintéticamente las limitaciones para el desarrollo de la democracia que implican la concentración de muchos medios en pocas manos y la permanencia de una legislación atrasada? ¿Cómo serían vistos y escuchados breves pero claros mensajes acerca de experiencias de recepción crítica –observatorios ciudadanos, evaluación de contenidos, parámetros éticos– en diversos países? ¿Qué efecto suscitarían cápsulas bien producidas, con datos duros y opiniones categóricas acerca del comportamiento de los medios que acaparan los recursos comunicacionales en México?

IFE acorralado

Claro que estamos fantaseando, porque la displicencia para cumplir con la ley y la complacencia con las televisoras que han tenido varios de los consejeros del IFE no sólo permite reconocer lagunas enormes en la aplicación de la ley, como el viernes 13 de febrero cuando 6 de los 9 consejeros hicieron inaceptables maromas retóricas para negarse a imponer a las televisoras la sanción económica que habían buscado al distorsionar durante varios días la transmisión de los mensajes de los partidos y el propio IFE.

Las cortinillas que anunciaban interrupciones de la programación predisponiendo a los televidentes, el encadenamiento de varios spots durante 3 y en algunos casos hasta 6 minutos, la interrupción de partidos de futbol y el bloqueo en la señal que Azteca enviaba al satélite de Sky para que los mensajes políticos no fueran recibidos por los suscriptores de ese servicio, fueron expresiones de provocación política que las televisoras lanzaron al Estado mexicano en los primeros días de las precampañas, a partir del 31 de enero.

A diferencia del talante taimado y marrullero que mantuvieron durante décadas, a la sombra de un Estado en el que no creían pero cuya cúpula política que los cobijó convenencieramente, y en contraste con el afán para cambiar las leyes amagando y presionando pero preocupados por el marco jurídico nacional, ahora los consorcios mediáticos optaron por el enfrentamiento. En esa escaramuza contra los partidos, dejaron en medio al Instituto Federal Electoral.

Para sonrojo y aprensión de quienes entienden las dimensiones de tal desafío, los responsables del Estado se escabulleron para no incomodar a los consorcios mediáticos. Solamente en algunos partidos (PRD, Socialdemócrata) y en algunos segmentos de la sociedad enterada, surgieron voces de reclamo ante el comportamiento de las televisoras y en respaldo a los tres consejeros –entre ellos el presidente del IFE– que ese viernes 13 apoyaron las sanciones a Televisa y Azteca.

Las televisoras se buscaron un nuevo encausamiento cuando, los días 7 y 8 de febrero, de plano suspendieron la transmisión de spots políticos durante algunas horas, en abierta infracción a la legislación electoral. El desempeño que tuvieran al multar esa nueva falta no disiparía el comportamiento de los consejeros que acataron las instrucciones del gobierno federal y, presumiblemente, del PAN y el PRI para exonerar a las televisoras por las infracciones iniciales.

El desafío de las televisoras, que de beneficiarias de la institucionalidad ahora se han comportado como antagonistas de las instituciones, será del tamaño del sobresalto que puedan suscitar en la llamada clase política. A los políticos que desde los partidos y el gobierno han contemporizado con esos nuevos excesos de Televisa y Azteca se les olvida que los televidentes que presencian abusos y manipulaciones son, antes que nada, ciudadanos. Y votan, o dejan de hacerlo.

Rechazamos el indulto a las televisoras / Comunicado de la AMEDI

El IFE elude la aplicación de la ley

El indulto que la mayoría de los consejeros del IFE concedió a las televisoras es ilegal, inmoral y establece un precedente inaceptable para los ciudadanos y las instituciones en este país. El Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió, el viernes 13 de febrero, sobreseer el procedimiento para sancionar a Televisa y Televisión Azteca por las irregularidades con que fueron transmitidos, durante varios días, los spots de los partidos políticos y del propio IFE.
Esas empresas actuaron de manera concertada para colocar cortinillas de advertencia, transmitir los spots en bloque y no de manera separada como ha ocurrido durante años e incluso interrumpieron eventos deportivos para insertar tales mensajes. Todo ello tuvo el propósito de predisponer a los televidentes contra los partidos políticos y la autoridad electoral.
Ese manejo de los mensajes políticos transgredió, entre otras disposiciones, el artículo 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que entre las infracciones de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión a dicho ordenamiento, establece la siguiente: “La manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o para calumniar a los candidatos”. La manipulación de los mensajes fue evidente. Las televisoras quisieron soliviantar a sus audiencias contra esos contenidos y alteraron el sentido de la propaganda electoral.
El Consejo General del IFE tenía la obligación de sancionar esa conducta de las televisoras. Sin embargo 6 de los 9 integrantes con voto en ese organismo consideraron que el asunto ya estaba resuelto porque los spots se estaban transmitiendo de manera regular y, además, dos días antes algunos consejeros del IFE habían suscrito un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión acerca de la difusión de los mensajes políticos.
Al eludir la aplicación de la ley, los consejeros que hicieron mayoría en esa sesión del IFE se excedieron en el ejercicio de sus atribuciones. A ningún infractor se le puede dispensar una falta claramente indicada en la legislación con el subterfugio de que ha dejado de incurrir en esa conducta ilegal. Por otra parte, un acuerdo que establece propósitos mutuos como el que suscribieron algunos consejeros y la CIRT no sustituye y mucho menos debiera cancelar el cumplimiento de la legislación. Esas “bases de colaboración”, por lo demás, tienen una formalidad legal bastante dudosa.
Televisión Azteca cometió una infracción adicional al suprimir los mensajes políticos en la señal que envía al sistema Sky para ser retransmitida a los suscriptores de la televisión satelital. Esa falta sí fue sancionada por el IFE.
La decisión de los consejeros Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez para absolver a Televisa y Televisión Azteca constituye una lamentable y cuestionable expresión de sometimiento a las televisoras. Las violaciones de tales empresas a la legislación electoral e incluso a la Constitución Política que establece los lineamientos para la difusión de spots, fueron palmarias y flagrantes. Los argumentos que esos consejeros emplearon para justificar la absolución de las televisoras son insostenibles.
Frente a la presurosa disposición de esos consejeros para congraciarse con las televisoras, o con quienes hayan abogado ante ellos en defensa de Azteca y Televisa, destacó la actitud del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, que recordó que la autoridad electoral no puede renunciar a la aplicación de la ley. Los consejeros Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade también reivindicaron la defensa de la legalidad.
El desafío de las televisoras a la autoridad electoral se acentuó el fin de semana antepasado, cuando dejaron de transmitir los mensajes del IFE y los partidos durante varias horas. El Consejo General tendrá que enterarse de esas nuevas faltas. Exigimos de todos los consejeros del IFE el cumplimiento de la ley ante esas nuevas contravenciones de Televisa y Azteca.
Las televisoras han querido hacer ostensible su capacidad para manipular y censurar los mensajes políticos con el propósito de amedrentar a la autoridad electoral y a los partidos. Lamentablemente, en este episodio no han encontrado a un gobierno dispuesto a reivindicar el orden jurídico para enfrentar excesos del poder mediático. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, consideró que su papel era de árbitro negándose a advertir que las televisoras desafiaban al conjunto de las instituciones políticas y a la sociedad mexicanas. Esa conducta negligente y esquiva del titular de Gobernación no sería explicable sin una decisión del presidente Felipe Calderón para ser aquiescente (en realidad, termina por ser temeroso) ante las exigencias de las televisoras privadas.
El comportamiento de esas autoridades y de los consejeros del IFE, además de la abdicación que implica en el cumplimiento de sus responsabilidades significa un preocupante retroceso en el esfuerzo para acotar las manipulaciones y la insolencia de las televisoras privadas. Episodios como ése, ratifican la necesidad de una legislación capaz de propiciar la diversidad y la responsabilidad en los medios electrónicos y las telecomunicaciones. El Congreso tiene mucho por hacer al respecto, pero la mayor parte de los partidos y sus legisladores están más preocupados por la política de cortísimo plazo que por el futuro del país. A diferencia de ellos, cada vez más ciudadanos entienden y reprueban las impertinencias de las televisoras.

México D.F., 15 de febrero de 2009

Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Javier Corral Jurado
Presidente del Comité Directivo Nacional

Raúl Trejo Delarbre
Coordinador Adjunto del Consejo Consultivo

Entre la crítica y la calumnia

Zócalo, noviembre de 2008

Es imposible evaluar en blanco, o en negro, a la reforma constitucional en materia electoral que fue aprobada en noviembre del año pasado. Con aquella reforma, los partidos políticos emprendieron una injusta revancha en contra de las autoridades que condujeron el proceso electoral de 2006. Al remover, inmediata o escalonadamente, a los consejeros del IFE, los legisladores quebrantaron la autonomía de la institución federal encargada de organizar nuestros procesos electorales. Otras disposiciones, como la designación de un contralor supeditado al Congreso, contribuyen a debilitar la independencia del IFE. A esa decisión en el plano federal, se han sumado los congresos que en varios estados llevan las represalias contra los organismos electorales a situaciones de intervencionismo en su desempeño cotidiano, como la que fue aprobada recientemente en el Estado de México y que propició la renuncia del presidente del Instituto Electoral de esa entidad.

La reforma constitucional de 2007 significó, al mismo tiempo, el reconocimiento de la desmedida dependencia que el sistema político mexicano y sus procesos electorales han tenido respecto de los consorcios mediáticos. La prohibición a la compra de propaganda electoral y la asignación a los partidos de porciones importantes del tiempo del que ya disponía el Estado en las estaciones de radio y televisión, tienen su origen en la extendida preocupación suscitada por el peso de las empresas comunicacionales, que han dejado de ser intermediarias para erigirse en protagonistas en el escenario político, con intereses que reivindican por encima del interés público.

Denigración, riesgo de discrecionalidad

En la reforma constitucional hay, de esa manera, aristas perversas y otras plausibles. Y en medio de esas dos opciones, supeditada todavía a la interpretación que decidan asignarle los consejeros del IFE, se encuentra la disposición que les permitirá sancionar los mensajes políticos que consideren denigratorios o calumniosos. Nos referimos al mandato con el que comienza el Apartado C de la Base III del nuevo artículo 41 de la Constitución:

En la propaganda política o electoral que difundan [,] los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

El artículo 233 del Cofipe reproduce esa disposición y le confiere al Instituto Federal Electoral la facultad de suspender de inmediato la transmisión, en radio y televisión, de mensajes que considere contrarios a esa norma [1].

La legislación electoral ya contemplaba restricciones a los mensajes de los partidos políticos y sus candidatos. El Código anterior prohibía cualquier expresión que implicase “diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones políticas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas” [2]. Lo que no existía era el señalamiento de facultades específicas para que la autoridad electoral dispusiera la suspensión de los mensajes en donde se incurriera en expresiones de esa índole.

La preocupación por el discurso político negativo se incrementó durante las campañas presidenciales de 2006. Como todos recordamos, en los mensajes de aquella campaña menudearon la animosidad y las descalificaciones. En esa proliferación de los discursos negativos se refleja el deterioro de la cultura política y la frecuente ausencia del debate de ideas en prácticamente todos los asuntos públicos mexicanos.

No hay que olvidar, desde luego, que la sustitución de las propuestas por los adjetivos y las afrentas forma parte de la confrontación política en todo el mundo. En nuestro caso no deja de llamar la atención que esos partidos, que en su propaganda electoral desdeñan las propuestas programáticas, privilegian los improperios y aturden con desacreditaciones mutuas a los ciudadanos, son los mismos partidos que promueven en el Congreso la prohibición a la denigración y las calumnias.

Si estuviéramos ante una expresión de autocrítica franca, habría que aplaudir la ratificación del rechazo a la propaganda negativa que hicieron los partidos nacionales en la reforma constitucional de 2007. Pero mucho nos tememos que en vez de reconocer y remediar el empobrecimiento que padecen el debate y la cultura política, los partidos, con esa reforma al Apartado C del 41 Constitucional, simplemente le endosaron a la autoridad electoral la tarea de regular la expresión habitualmente más conocida del discurso político que es la propaganda electoral. Se trata de una responsabilidad que esos partidos políticos no han sido y no parece que quieran ser capaces de cumplir por sí mismos.

Ahora, el Instituto Federal Electoral tiene que establecer los parámetros con los cuales entenderá y aplicará esa obligación para regular la propaganda política. Cuando la Constitución indica que a los partidos (y sus candidatos, y las coaliciones, añade el Cofipe) les está prohibido denigrar a las instituciones o hacerlo entre ellos mismos, abre la puerta para que la autoridad electoral decida cuándo se incurre en esa conducta. Denigrar es “deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien”. La definición del Diccionario acota, pero no resuelve la discrecionalidad que puede existir para considerar cuándo hay o no denigración. El origen etimológico, que remite al latín denigrare –ennegrecer o poner en negro–, como analogía de la expresión de juicios negativos acerca de alguien, tampoco ayuda demasiado.

El discurso del odio

El quehacer político es construcción de acuerdos, particularmente en sociedades plurales como las que se expresan hoy en día. Pero también es litigio, diferendo, confrontación. La política deseable es aquella que se sostiene en la manifestación de razones, la comparación de programas, la articulación de pactos y el convencimiento de los ciudadanos a partir de hechos, ideas y propuestas. Pero la política realmente existente, a la que no debemos allanarnos pero que resulta inevitable reconocer como tal, abunda en pragmatismo, apuesta al conflicto y no busca persuadir con argumentos sino seducir –o aturdir– con aspavientos a los ciudadanos.

La legislación electoral tiene que prever los comportamientos perversos y no solamente los rasgos virtuosos del quehacer político. Por eso es importante que existan disposiciones capaces de atajar la difusión de calumnias y de toda índole de mentiras en cualquier circunstancia y, desde luego, también cuando se hacen bajo el amparo de las campañas políticas.

En la discusión internacional acerca de estos asuntos se ha reconocido: “Ningún tema es más problemático para quienes están relacionados con la libertad de los medios que el ‘discurso de odio’ –hate speech–. El término es utilizado habitualmente para referirse a la defensa de lo nacional, racial, religioso u otros asuntos matizados por el aborrecimiento. El tema, en esencia, es qué tanto resulta apropiado o aceptable limitar el derecho a la libertad de expresión, cuando los puntos de vista que han sido manifestados apoyan la limitación o la conculcación de los derechos de otros” [3]. El discurso del odio ha sido expresamente prohibido en países que han transitado por experiencias socialmente traumáticas debido a genocidios como los que perpetraron los nazis en Alemania o Francia en los años cuarenta o, hacia fines del siglo XX, los fundamentalistas étnicos en los Balcanes y, en otro caso, entre las etnias de Ruanda[4]. En situaciones como esas, el discurso expresamente promotor del odio y el extermino ha sido vetado y en ocasiones castigado.

Otra es la situación de las elecciones democráticas, o que se pretende que así sean. La democracia electoral se consolida en las urnas pero, antes, se practica y apuntala en las campañas. El proselitismo de los partidos requiere de la más amplia libertad para que manifiesten posiciones y diferendos de la manera más abierta posible. Es conveniente que partidos y candidatos actúen con la mayor responsabilidad para que sus campañas orienten, en vez de confundir y desalentar a los ciudadanos. Pero como la sociedad y el sistema político no pueden confiar en la benevolencia de ningún actor de la vida pública, la auto regulación nunca basta para que partidos o candidatos alternen con suficiente comedimiento.

La tensión entre libertad de expresión y necesidad de regulación está presente en todas las campañas. “Una elección –indica la Red de Conocimiento Electoral ACE– es precisamente el momento en el que debería expresarse una amplia variedad de puntos de vista. Limitar la expresión de algunos de esos puntos de vista limita potencialmente no solo derechos de libre expresión, sino también derechos de participación democrática. Por otra parte, la atmósfera altamente cargada de una campaña electoral puede ser precisamente el momento cuando es probable que las declaraciones exaltadas tengan el efecto de incitar a la gente a la violencia –infringiendo, en consecuencia, los derechos democráticos y de libre expresión de los demás– [5] ” .

Los ciudadanos afectados por la propagación de falsedades acerca de su vida pública o privada, tienen derecho a que sean esclarecidas y, en ocasiones, a una reparación por el daño que esos infundios les puedan haber ocasionado. El problema se encuentra cuando las afirmaciones que algunos consideran calumniosas, otros estiman que son simplemente apreciaciones críticas.

Distinguir información y opinión

Para resolver ese entrampamiento es útil distinguir entre la información y la opinión que se proporciona a los ciudadanos durante las campañas electorales. Se informa, cuando se ofrecen o mencionan datos o hechos que son presentados como auténticos, independientemente de que se ofrezcan evidencias de ellos. Se opina, cuando se manifiestan juicios de valor, es decir, puntos de vista a partir de parámetros que resultan de la perspectiva ideológica, política, ética, etcétera, de cada quien. La información está determinada por hechos que son, o se presume que son, objetivos. La opinión, es por definición subjetiva.

Los contendientes en toda campaña política apuestan a mostrar información, modulada por un enfoque opinativo específico, con la que pretenden convencer a los electores. Los ciudadanos, en una democracia, pueden o deberían poder seleccionar entre las opciones políticas que les presentan hechos objetivos acerca de los cuales proponen interpretaciones, es decir, deducciones o conjeturas de carácter subjetivo.

Por pobre y escasa que sea la deliberación de ideas en la propaganda que difunden los partidos, en los mensajes de toda campaña electoral hay hechos y juicios. Los primeros tendrían que ser incontestablemente ciertos y cuando no lo sean e impliquen mentiras acerca de individuos o instituciones, podría haber lugar a la intervención de la autoridad, en nuestro caso el Instituto Federal Electoral. Los juicios –es decir, la opinión o el parecer de las personas, en este caso de candidatos y dirigentes políticos– tendrían que ser respetados por la ley.

Allí es donde podrían establecerse los límites para la denigración que la reforma constitucional obliga a evitar o, en su caso, a sancionar. En rigor toda opinión crítica, e incluso cualquier punto de vista aunque sea el más generoso o bienintencionado, podría tener connotaciones denigratorias. Todo depende del contexto, o de la colección de valores, con los cuales se le justiprecie. Si de una persona se dice que es magnánima, hermosa o valiente, por lo general se considerará que se le está encomiando porque esos atributos tienen significados habitualmente positivos. Pero en un entorno cultural en donde la magnanimidad, la hermosura o la valentía estén mal vistas, tales apreciaciones podrían llegar a ser denigratorias. Habitualmente el término precioso se asigna a algo de gran valor y que suscita estimación. En México recientemente la picaresca política, favorecida por maledicencia telefónica de algunos tristes personajes, ha conducido a que ese término sea utilizado para subrayar el desprestigio de un cuestionado gobernador.

Esos ejemplos son muy obvios, pero cuando nos encontramos ante el discurso político habitual los linderos entre denigración y descripción suelen ser peliagudamente resbaladizos, porque están matizados por las valoraciones subjetivas de cada quien. Si un candidato dice que su rival es un ladrón y que robó una cantidad específica de dinero, está obligado a sustentar esa acusación con pruebas porque se trata de una afirmación categórica. Pero si dice que se trata de una mala persona, que es inepto políticamente y que su programa de gobierno llevará al país al despeñadero, está expresando juicios de valor que desde luego serán discutibles pero que debería tener derecho a formular. Si el aspirante a gobernar un estado se ufana de contar con un grado académico pero resulta que su título es falso, sus oponentes tendrán motivos objetivos para decirle mentiroso, tramposo y defraudador. Por supuesto hay casos en donde la diferencia entre información y opinión, o entre acusación fundada y descalificación gratuita, resulta menos clara. Pero parámetros como estos pueden contribuir a que la autoridad electoral cuente con elementos de juicio capaces de acotar su propia subjetividad.

Difamar no siempre es calumniar

Distinguir entre hechos y opiniones implica, también, hacerlo entre difamación y calumnia. La primera, existe cuando alguien desacredita a otra persona (o a una institución u organización). Difamar significa afectar la fama pública de alguien, o de algunos. La calumnia en cambio, existe cuando se hace una acusación falsa o se le atribuyen a alguien hechos o acciones que no son ciertos. La diferencia entre ambas puede ser pequeña pero resulta importante.

Sin duda, el debate político debería ser claro, cortés, respetuoso, civilizado en fin. Solo una sociedad educada en la vulgaridad y en donde la involución en los términos de la discusión pública no suscite inquietudes, puede aplaudir a los partidos y candidatos que sistemáticamente prefieren la desacreditación de sus contrarios antes que la discusión razonable de lo que hacen y dicen. Solamente los candidatos y partidos que no tienen propuestas capaces de interesar a los ciudadanos, preferirán denostar a sus rivales para restarles adhesiones en lugar de persuadir a favor suyo.

Como no siempre el debate político se ciñe a esas normas de cortesía y comedimiento que son deseables, resulta pertinente reconocer que la descalificación forma parte del quehacer político. La difamación, entendida como el señalamiento de atributos, yerros u omisiones con el cual se busca afectar la imagen pública de alguien, podría ser admitida salvo cuando implique acusaciones específicas y falsas, que caigan en el terreno de la calumnia. La calumnia, a su vez, tiene que ser sancionada, aclarada y, en su caso, castigada y reparada de la manera más rápida y eficaz posible.

Regalo envenenado

La atribución que los partidos políticos, a través de sus legisladores, le confirieron al Instituto Federal Electoral en la fracción 2 del Artículo 233 del Cofipe [6] es un regalo envenenado. Gracias a esas facultades y a solicitud del partido que se estime agraviado, la autoridad electoral puede ordenar “la suspensión inmediata” de los mensajes en radio o televisión que considere denigren a instituciones o partidos o que calumnien a personas. También puede disponer el retiro de cualquier otra propaganda.

Tales atribuciones pueden hacer de los consejeros del IFE –y junto con ellos de los magistrados del Tribunal Federal Electoral que en última instancia sancionarían sus decisiones–, ya no solamente los organizadores y garantes confiables que han sido de los procesos electorales sino ahora, además, los interventores forzosos de la discusión política mexicana. Consejeros y magistrados, se encuentran ante la posibilidad de definir a la denigración de la manera más acotada posible, para que esa conducta solamente exista en casos de falsedad evidente y flagrante. O pueden eludir esas precisiones para resolver a discreción, en cada caso y de acuerdo con las circunstancias de cada ocasión, cuándo considerarán, y cuándo no, que hay denigración.

De acuerdo como tomen esa decisión, elegirán una conducción reglamentada y clara del proceso electoral, incluyendo la atención a las quejas de los partidos que se consideren denigrados durante las campañas. O, en la otra posibilidad, los consejeros y magistrados cederán a la tentación de convertirse en comisarios de la democracia mexicana.

–0–

---

[1] Artículo 233. Inciso 2: “En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. El Consejo General del Instituto está facultado para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en este Código, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda”. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, enero de 2008.

[2] Artículo 38, 1, p) del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

[3] ACE Encyclopaedia, “Policies on Hate Speech and Defamation”, en:

http://aceproject.org/

[4] Sobre la propagación del discurso de odio en Ruanda y la persecución a quienes lo propalaron, puede verse nuestro artículo “Retrato de un genocida” en Nexos número 358, octubre de 2007.

[5] ACE, http://aceproject.org/

[6] El Título Cuarto del Cofipe, a partir del artículo 367, establece el procedimiento para que el IFE conozca y resuelva acerca de las quejas por denigración o calumnia.

Obama y McCain en línea

Publicado en Nexos, agosto de 2008

La granja

Es imposible saber cuántas simpatías le redituó, pero sin duda la heterodoxia de la campaña protagonizada por el ahora aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos quedó subrayada con el video “I got a crush… on Obama” (algo así como estoy fascinada con Obama) que comenzó a circular en Internet en junio de 2007. Amber Lee Ettinger, una guapísima modelo de 25 años, aparece allí revoloteando alrededor de imágenes de Barack Obama mientras canta su embeleso con una melodía muy pegajosa.

El video de la Obama Girl no lo produjo la campaña del senador por Illinois sino el grupo Barely Political, dedicado a realizar parodias con videos en línea. La voz que se escucha en la canción no es de la señorita Ettinger, que hace play back. Pero no importa: nadie contemplaba el video debido a sus peregrinas implicaciones políticas sino por el mundano gusto de ver a la Chica Obama. Ella se convirtió en celebridad instantánea y el entonces precandidato recibió toneladas de propaganda involuntaria. En el transcurso de un año, el video fue visto 9 millones de veces tan solo en YouTube.

La campaña rumbo a las elecciones de noviembre en Estados Unidos evidentemente pasa por Internet. Nadie puede estimar qué tanto influirá la intensa propagación de videos, blogs y sitios en la Red que hacen alusión a los candidatos presidenciales. Pero es claro que gran parte de la publicidad favorable y adversa que reciben esos personajes políticos surge y se desparrama en línea, para en ocasiones brincar después a los medios convencionales.

Dollar$.com

Gracias a Internet, Barack Obama ha podido recaudar más contribuciones que cualquiera de sus contendientes. Tanto así, que en junio pasado anunció que rechazará el financiamiento público al que tendría derecho cuando fuera candidato presidencial y que ascendería a 80 millones de dólares. Al prescindir de esos recursos el aspirante del Partido Demócrata dejará de tener los límites que establece la legislación estadounidense para la recaudación de fondos en las campañas presidenciales. Hasta fines de mayo, Obama había recolectado algo más de 286 millones de dólares gracias a contribuciones individuales. Su contendiente por el Partido Republicano, John McCain, reunió algo menos de 120 millones de dólares.

Parte de ese éxito financiero Obama se lo debe a las cadenas de simpatizantes articuladas en Internet. La existencia de redes que se conforman a partir de recomendaciones de amigos y conocidos ha encajado de manera casi natural con el estilo fresco, contrastante con la política predominante, que ha tenido su campaña. Surgidos como espacios para que se relacionaran los estudiantes en universidades y colegios, los portales de redes sociales se han ampliado a los usos más diversos. La página de Obama en MySpace tenía a fines de junio de este año más de 405 mil “amigos”, es decir, gente que solicitó expresamente formar parte de esa cadena de comunicación en línea. La página de John McCain contaba sólo con 55 mil adherentes.

En Facebook, por las mismas fechas, Barack Obama tenía casi 1 millón 100 mil partidarios. McCain reunía a menos de 153 mil. El rating en Internet puede resultar engañoso y no representa las tendencias electorales de los estadounidenses. Desde que comenzó a desarrollarse a mediados de los años 90, la Red ha sido un territorio más abierto a posiciones contestatarias que a la política institucional. El primer político de ese país que aprovechó con éxito las capacidades propagandísticas de Internet fue el ex luchador (de lucha libre) y comentarista de radio Jesse Ventura, miembro del dudoso Partido de la Reforma. En 1998, en buena medida gracias a la Red, Ventura ganó la gubernatura de Minnesota. Un lustro más tarde Howard Dean, cuando aspiraba a la candidatura presidencial en el Partido Demócrata, recaudó buena parte de sus recursos de campaña a través de su sitio web.

Escaparate

La campaña de Obama ha recuperado esas experiencias en una paradójica interacción con sus simpatizantes. Su equipo de campaña ha tenido éxito para aprovechar extensa e intensamente los recursos de expresión y cohesión que le ofrece Internet para relacionarse con sus partidarios. Y ellos, a su vez, han creado nuevas extensiones de esas redes. La campaña en línea ha sido, fundamentalmente, un recurso para afianzar la presencia pública que Obama consiguió gracias a los medios convencionales, especialmente la televisión.

La recaudación financiera de esa campaña se ha podido propagar en Internet pero los donantes de Obama no son fundamentalmente cibernautas que contribuyen con unos cuantos dólares. A partir de un corte parcial de datos compendiados por el Center for Responsive Politics, podemos estimar que apenas el 8% del dinero recaudado por Obama proviene de donaciones inferiores a 500 dólares. Algo más del 11% de los recursos obtenidos por esa campaña surgió de aportaciones de entre 500 y mil dólares. El 26% de la cosecha financiera de Obama provino de contribuciones de entre mil y 2300 dólares, que es el límite máximo que la legislación estadounidense establece para contribuciones individuales. Y el 55% del dinero que ese candidato había recaudado hasta junio de 2008 surgió de contribuciones mayores a 2300 dólares.

Hasta mediados de 2008, el 6% de los estadounidenses había donado dinero a alguna campaña política a través de Internet. La Red es un escaparate imprescindible para la política en Estados Unidos. Pero su influencia se articula con la exposición de los candidatos en otros medios y, desde luego, con la vigencia de redes de relación e interés tradicionales.

Desinformación

Cuatro de cada 10 ciudadanos en ese país utiliza la Red para buscar información acerca de las campañas electorales. En las campañas de 2004 eran 3 los estadounidenses mayores de 18 años que, de cada 10, le daban ese uso a Internet. Y en 2000 fueron apenas 1.6 de cada 10, de acuerdo con el Pew Research Center.

Esa institución ha constatado que, en 2008, el 35% de los estadounidenses en edad de votar ha mirado en línea videos relacionados con las campañas electorales. Y un 10% de tales ciudadanos utilizan redes como Facebook y MySpace para involucrarse en política.

Sin embargo solamente el 9% de los estadounidenses declara haber leído en línea al menos un discurso completo de algún candidato. En otras palabras, Internet le sirve al 40% de los ciudadanos en ese país para enterarse de asuntos relacionados con las elecciones. Pero no se podría afirmar que la información que obtienen trascienda las apreciaciones generales, o las trivialidades.

A pesar de esa creciente confianza a la Red como fuente de información política el 60% de los estadounidenses, a pregunta expresa en la encuesta del Pew Center, considera que “Internet está llena de desinformación y propaganda que muchos votantes creen que es exacta”. Pero el 22% coincide en reconocer “yo no estaría involucrado tanto en esta campaña si no fuera por Internet”.

Con todo y esas paradojas en su relación con la política, Internet no tendría tanta importancia de no ser por la amplia cobertura que ha alcanzado en dicho país. En Estados Unidos más del el 71% de la población (unas 215, de 301 millones de personas ) tiene acceso a Internet. En México, también a mediados de 2008 y aunque los datos no se actualizan con frecuencia, podía estimarse que menos del 22% de la población contaba con posibilidades para acceder de manera regular a ese recurso y una porción considerable, quizá la tercera parte de esos usuarios, solamente puede hacerlo en sitios de paga como los cibercafés.

Amigos en Facebook

Hoy en día no podría concebirse una campaña política que no estuviera reflejada en Internet. Con frecuencia hemos entendido a la Red de redes como una suerte de colección de espejos de la realidad. Lo que hay en la vida fuera de línea, puede encontrar su correspondiente réplica en Internet. Pero La Red se constituye, cada vez más, en un amplio catálogo de espacios de los que surgen contenidos, actitudes e interacciones que luego son reproducidos en otros espacios fuera de línea, entre ellos medios como la televisión y la prensa. El quehacer político es expresión de esas nuevas interacciones.

Por eso, la importancia de los sitios en línea destinados a las campañas electorales va más allá de la Red. El sitio oficial del candidato presidencial demócrata, www.barackobama.com , se encuentra en el lugar 1489 entre los más visitados en Internet, de acuerdo con la clasificación del portal Alexa.com. De acuerdo con nuestras estimaciones, realizadas a partir de datos de Alexa proyectados con cifras de los usuarios de Internet, eso significa que cada día el sitio de Obama recibió un promedio de 929 mil visitas diarias entre marzo y junio pasados. En cambio el sitio del candidato republicano, www.johnmccain.com, está en el lugar 13365 y habría sido visitado por unas 137 mil personas cada día, en ese lapso.

Los visitantes de barackobama.com consumen más contenidos en ese sitio que quienes se asoman al sitio de McCain: 3.75 páginas frente a 2.67, respectivamente. Quizá sea porque en el de Obama hay mayor oferta de contenidos, o porque los interesados en ese candidato buscan más información, pero la navegación en barackobama.com es más fructífera. También suscita más interés fuera de Estados Unidos. El 14% de los visitantes del sitio de McCain y el 25% de quienes se asoman al sitio de Obama lo hacen desde otros países.

Los “amigos” de Obama en Facebook pueden tener un vistazo a la personalidad de ese candidato que nació el 4 de agosto de 1961 y que, como todos los usuarios, ha registrado allí sus preferencias. Le interesan el basquetbol, escribir y flojear con los niños. Música favorita: Miles Davis, John Coltrane, Bob Dylan, Stevie Wonder, las suites de cello Johann Sebastian Bach y Los Fugees (un grupo de hip hop). Películas: Casablanca, El Padrino, Lawrence de Arabia y Atrapado sin salida. Libros: La canción de Salomón de Toni Morrison, Moby Dick, tragedias de Shakespeare, Partiendo las aguas (de Taylor Branch, sobre Estados Unidos en los años de Martin Luther King), Galaad (una novela de Marylinne Robinson), Autoconfianza de Emerson, La Biblia, las obras completas de Lincoln. Programa de televisión favorito: Sportscenter (el noticiero de la cadena de deportes ESPN). Frase emblemática: “El arco de la moral universal es largo pero se inclina hacia la justicia” (Luther King).

En Facebook, como hemos señalado, John McCain tiene siete veces menos adherentes que Obama. Pero eso no impide que se conozcan algunas preferencias de ese candidato que también nació en agosto, pero de 1936. Intereses: deportes, escalar, pescar, boxear, basquetbol, futbol americano, beisbol, historia. Películas favoritas: Viva Zapata, Cartas de Iwo Jima, Una Eva y dos Adanes. Libro: Por quién tocan las campanas. Programas de televisión: 24, Seinfeld.

Parodias en YouTube

La circulación de videos con temas políticos, aunque no necesariamente serios, ha sido tan intensa que YouTube creó un apartado especial para las campañas estadounidenses. En el canal destinado a Obama hasta junio pasado había 1120 videos disponibles que habían sido vistos, en conjunto, en 14 millones 600 mil ocasiones desde septiembre de 2006. El canal de McCain en YouTube tenía 207 videos, con 750 mil descargas desde febrero de 2007.

El video de la Obama Girl no se encuentra en ese canal porque no forma parte de la campaña formal del candidato demócrata. E igual que ese, hay muchos otros que son considerablemente más vistos que los videos oficiales. El video más popular en el que se hace referencia a Obama es una imitación de otro, en donde la cantante Rihanna interpreta su éxito musical “Umbrella”. En la parodia, un personaje que supuestamente es Obama aparece en jubiloso affaire con una dama que pretendidamente es Hillary Clinton. Habrá quienes lo encuentren divertido y algunos otros considerarán que ese video es ofensivo. Entre febrero y junio había sido visto 14 millones y medio de veces.

–0–

Televisa, estalinista

La Crónica, jueves 17 de julio

La revolución soviética había triunfado y era momento para probar su fuerza en el resto de Europa. Lenin había decidido reclamar por la vía de las armas los territorios que le disputaba Polonia. El 5 de mayo de 1920, delante del célebre teatro Bolshoi, el caudillo ruso arengó a sus tropas antes de que marcharan al campo de batalla. La fotografía de aquel momento circuló ampliamente como emblema de la nueva revolución. Lenin aparece de perfil, inclinado hacia adelante, colocando ambas manos sobre el templete de madera. A sus espaldas, en la escalera que conduce al estrado, aparece el comisario del pueblo para asuntos militares, León Trotsky. Junto a él, con los brazos cruzados, está Lev Kamenev, antiguo presidente del Comité Central.

No pasarían muchos años para que esos tres personajes desaparecieran del escenario soviético. Lenin murió en 1924. Cuatro años más tarde Trotsky fue expulsado del Partido Comunista y luego del territorio ruso. Kamenev sufrió peor suerte una década más tarde. José Stalin quería borrar toda huella de sus antiguos camaradas y a quienes no desterraba, los encarcelaba o mandaba asesinar.

La decisión de Stalin para extirpar cualquier presencia de Trotsky y Kamenev llegó a los registros históricos. La imagen de los viejos bolcheviques fue suprimida de multitud de cuadros y fotografías. Aquella gráfica frente al Bolshoi volvió a circular, pero modificada. En lugar del barbado Kamenev y de Trotsky con su célebre piocha, aparecían vacíos los cinco escalones del templete.

La obsesión de Stalin para borrar a sus antiguos camaradas era parte de una patología absolutista y maniática. Al pretender que podía modificar la historia con la misma petulancia con que reprimía y asesinaba a quienes no se subordinaban a sus caprichos, se construía una realidad a modo y trataba de persuadir a los rusos de que esa era la versión auténtica del pasado y el presente.

En el transcurso de la historia y con diversos recursos técnicos, otros líderes autocráticos y distintos personajes e instituciones, con un empleo desmedido del poder, también han querido alterar la historia como si de esa manera desterrasen de la realidad a quienes les incomodan.

La alteración de fotografías y pinturas fue un recurso reiterado por distintos sátrapas del mal llamado socialismo real –que en rigor debiera ser denominado despotismo real–. Milán Kundera abre con este relato su memorable novela El libro de la risa y el olvido:

“En febrero de 1948, el líder comunista Klement Gottwald salió al balcón de un palacio barroco de Praga para dirigirse a los cientos de miles de personas que llenaban la Plaza de la Ciudad Vieja. Aquel fue un momento crucial de la historia de Bohemia. Uno de esos instantes decisivos que ocurren una o dos veces por milenio.

“Gottwald estaba rodeado por sus camaradas y justo a su lado estaba Clementis. La nieve revoloteaba, hacia frío y Gottwald tenía la cabeza descubierta. Clementis, siempre tan atento, se quitó su gorro de pieles y se lo colocó en la cabeza a Gottwald.

“El departamento de propaganda difundió en cientos de miles de ejemplares la fotografía del balcón desde el que Gottwald, con el gorro en la cabeza y los camaradas a su lado, habla a la nación. En ese balcón comenzó la historia de la Bohemia comunista. Hasta el último niño conocía aquella fotografía que aparecía en los carteles de propaganda, en los manuales escolares y en los museos.

“Cuatro años más tarde a Clementis lo acusaron de traición y lo colgaron. El departamento de propaganda lo borró inmediatamente de la historia y, por supuesto, de todas las fotografías. Desde entonces Gottwald está solo en el balcón. En el sitio en el que estaba Clementis aparece sólo la pared vacía del palacio. Lo único que quedó de Clementis fue el gorro en la cabeza de Gottwald”.

El de Stalin, como el de Gottwald y todos aquellos que de la misma manera han querido dar de baja la imagen de sus adversarios, es un comportamiento intolerante y paranoico. Hay una enorme dosis de prepotencia, pero también de berrinche infantil, en esa inquietud para borrar a sus antagonistas.

A comienzos de los años 70 –claro, del siglo pasado– el historiador David King se dio a la tarea de buscar testimonios gráficos de la represión estalinista y comenzó a interesarse en las fotografías alteradas por disposición de la dictadura soviética. Reunió decenas de miles de imágenes, algunas de las cuales ha mostrado en diferente exhibiciones y en 1997 publicó en Londres el libro El Comisario desaparece La falsificación de fotografías y obras artísticas en la Rusia de Stalin.

Además de la abundancia de esos documentos gráficos, a King le llamó la atención la falta de cuidado con que fueron alterados muchos de ellos. A diferencia de la foto de Lenin arengando a las tropas del Ejército Rojo a punto de ir al frente polaco, en donde hay un trabajo de modificación tan meticuloso que no queda huella de la presencia de Kamenev y Trotsky, en los retratos que ese investigador fue localizando por toda Rusia las enmiendas con frecuencia eran burdas. En algunas, los rostros de aquellos a quienes se quería excluir habían sido difuminados con algún producto químico. En otros casos se trataba de vulgares tijeretazos. Incluso cuando había un trabajo de fotocomposición, para superponer una imagen a otra, quedaban huellas de la alteración.

Esos vestigios llevaron a King a hacerse varias preguntas en la introducción de su libro: “La habilidad en el retoque fotográfico depende, como cualquier artesanía antes del advenimiento de la tecnología de la computación, de la habilidad de la persona que lleve a cabo la tarea y del tiempo que ella o él tengan para terminarla. Pero ¿por qué el estándar del retoque en los libros y periódicos soviéticos era a menudo tan burdo? ¿Querían los estalinistas que sus lectores vieran la eliminación que habían realizado, como una atemorizante y ominosa advertencia? O el ligero rastro de un comisario casi desvanecido, intencionalmente dejado por el retocador, ¿podría convertirse en un fantasmal recordatorio de que el reprimido todavía podría regresar”.

Así de burdo, así de notoria, es la difuminación de la imagen del senador Santiago Creel en el video que el noticiero matutino de Televisa transmitió el pasado miércoles 2 de julio. Se trata de una reseña del foro sobre reforma petrolera que tuvo lugar el día anterior. En una nota de 4 minutos con 50 segundos, se da cuenta de las intervenciones de distintos ponentes. Entre escenas de archivo con vistas de instalaciones petroleras, de cuando en cuando se muestran detalles del público. La cámara recorre el auditorio pero casi siempre de la mitad del presídium hacia la izquierda, o de la mitad hacia la derecha. Y es que en el centro de la mesa está el presidente del Senado, Santiago Creel, a quien las televisoras decidieron excluir de la pantalla.

En dos ocasiones, al minuto con 42 segundos y a los 3 minutos con 31, se abre la toma y aparece casi todo el estrado. Al centro, en donde gracias a otros videos y fotografías sabemos que estaba Creel, aparece una silueta sin rostro. Se ven las caras de otros legisladores y ponentes pero no la del presidente del Senado. Una mancha difusa, como borrón de trabajo escolar, lo ha retirado del video.

Televisa dice que se trata de “un error de edición”. No es cierto. La edición de video suprime o añade segmentos enteros, no porciones de una misma imagen. Tampoco pudo haber sido un defecto de la lente, porque de todas las escenas que fueron tomadas únicamente cuando aparece Creel ocurre ese problema.

Los dos momentos en los que se suprime la imagen del senador panista están tomados, cada uno, desde emplazamientos diferentes. En ambos casos, independientemente del sitio desde donde se le enfocara, el rostro de Creel desaparece. No es error, sino revancha.

Televisa y Televisión Azteca decidieron vetar al senador Creel en represalia por el impulso que contribuyó a dar a las reformas constitucionales que restringen privilegios y negocios de la radiodifusión durante los procesos electorales. La animosidad de las televisoras fue tan notoria que no solamente, durante varios meses, el presidente del Senado ha estado ausente de las cadenas nacionales. Además, atemorizados por esa reacción, el presidente de la República y el presidente del PAN destituyeron a Creel como coordinador de los senadores de ese partido.

Pero no fue suficiente. Televisa pretendía quitarle poder político pero además despojar de su imagen pública al senador Creel: sacarlo de las pantallas, impedir a los ciudadanos que se enteren de su desempeño legislativo, tacharlo de la historia. Pero lo hizo de manera tan torpe que el resultado se ha convertido en uno de los mayores tropiezos políticos (y ya son varios) de esa televisora.

El borrón a la imagen de Creel causa enojo, risa y lástima. Qué mal que a cualquier ciudadano, pero peor aún a uno de los más destacados legisladores del país, se les vete en la información de una televisora nacional. Qué ridículo el que hace Televisa borroneando la imagen de un personaje político al que pretende estigmatizar. Qué vergüenza que en esa empresa haya quienes consideren que, expulsándolo de sus pantallas, a Creel le restarán ascendiente político –hasta ahora han conseguido precisamente lo contrario–.

Y qué vulgar manera de esconderle al público la imagen del senador. Tanto, que uno no puede sino recordar la observación del historiador King: el retoque es tan burdo que, más que ocultar al personaje así afectado, pareciera que se trataba fundamentalmente de amenazar y atemorizar. Los destinatarios de esa artimaña serían otros legisladores y personajes políticos: si se meten con las televisoras los borrarán de la pantalla.

Creel está demostrando, a pesar de las venganzas de Salinas Pliego y Azcárraga Jean y no obstante los desasosiegos de Felipe Calderón y Germán Martínez, que sí hay vida política a pesar de las televisoras: mientras más lo tratan de borrar, mejor le va en las encuestas.

Medios y política. Alcances de la reforma constitucional

Publicado en Zócalo, octubre de 2007

No fueron únicamente los votos. Además de la unanimidad de los tres partidos principales para respaldar la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral fue muy notorio el discurso, de una inédita exasperación, que en ambas cámaras, y muy especialmente en el Senado, los legisladores manifestaron contra las amenazas de las televisoras.
De la impunidad habitual al chantaje burdo y luego, de la incredulidad exasperada a la desesperación y el desconcierto, los consorcios mediáticos empezaron a cosechar las consecuencias de un comportamiento abusivo y convenenciero. Nunca, como en la segunda semana de septiembre, habían tropezado con los límites de la relación cada vez más desigual que llevaban años de imponerle a una clase política habitualmente apantallada por el poder de los grandes medios. Nunca, durante esos años de creciente supeditación a la influencia política y mercantil de los consorcios comunicacionales, legisladores y dirigentes políticos habían mostrado una actitud como esa.
La subordinación de los políticos mexicanos respecto de los medios de comunicación no ha terminado. Pero el punto de inflexión que encontró cuando las cadenas televisoras y radiodifusoras quisieron impedir la aprobación de las reformas constitucionales tendrá que marcar nuevas formas en el trato entre unos y otras. Al montar el inusitado pero además prepotente espectáculo con el que pretendieron amedrentar a los senadores el martes 11 de septiembre, seguramente los concesionarios más influyentes no supusieron que encontrarían un rechazo categórico por parte de senadores panistas, perredistas y priistas. Al llevar a muchos de los conductores de noticieros más conocidos a la sala de sesiones en la Torre del Caballito, donde el Senado tiene la mayor parte de sus oficinas, los dueños de Azteca, Televisa y varias de las cadenas radiofónicas con más estaciones querían mostrar una advertencia perentoria a los legisladores: o modificaban la propuesta de reformas constitucionales que entre otros cambios cancelaba la contratación de propaganda política en los medios electrónicos, o el poder de los medios se les vendría encima.
Para sorpresa de los jeques mediáticos –y, hay que reconocerlo, para sorpresa también de muchos ciudadanos– los legisladores afrontaron el reto. La iniciativa fue aprobada al día siguiente por el pleno del Senado y lo mismo sucedió el viernes 14 en la Cámara de Diputados. La Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión había exigido la realización de un referéndum acerca de esa reforma constitucional. Con un discurso pendenciero y repleto de mentiras, los radiodifusores más agresivos siguieron diciendo que las modificaciones legales atentaban contra la libertad de expresión y consideraron que los senadores y diputados representaban a una partidocracia que estaba acaparando las decisiones fundamentales en el país.

El dinero, fuera de la
propaganda electrónica
Los partidos, en efecto, respaldaron las decisiones que tanta aversión suscitaron en algunos de los más importantes empresarios de la radiodifusión. Pero en el discurso mediático había una trampa retórica porque no eran los partidos sino los legisladores que forman parte de ellos los que aprobaron la reforma constitucional. No fue de la “partidocracia” sino en el Congreso de la Unión donde surgieron y fueron votadas esas reformas. Sin embargo la CIRT, con un discurso irritadamente amplificado por Televisión Azteca, clamó contra esa decisión como si hubiera sido tomada al margen de la sociedad y no por los legisladores que (gústenos o no) representan a los ciudadanos que votaron por ellos.
Después de su aprobación en ambas cámaras, la reforma tiene que ser respaldada por al menos la mitad de los congresos estatales para que la Constitución sea modificada. Por eso, apenas transcurrieron las fiestas patrias el nuevo flanco de confrontación entre las televisoras y los partidos se instaló en las cámaras de diputados locales. Ya que no presionaron a los legisladores federales, los radiodifusores más beligerantes tratarían de hacerlo con los diputados en cada entidad federativa y, sobre todo, a través de algunos de los gobernadores más proclives a buscar la promoción que les ofrecen la televisión y la radio.
En ese nuevo espacio de conflicto la CIRT repetiría los argumentos, sin sustento pero intensamente propalados, que presentó delante de los legisladores federales. Los empresarios de la radiodifusión insistieron en que la reforma constitucional vulneraba la libertad de expresión porque una versión preliminar del dictamen, finalmente aprobado en ambas cámaras, incorporaba este párrafo al artículo 41 de la Constitución:
Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona privada o pública, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero (el subrayado es nuestro).
Esa formulación era inquietante porque no solo prohibía la contratación de propaganda política sino, además, podía ser utilizada para impedir la presentación de opiniones críticas respecto de los hechos políticos durante los procesos electorales. Los senadores resolvieron ese riesgo suprimiendo las palabras que subrayamos en la anterior transcripción para que esa modificación diga que ninguna persona podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales…
Más tarde, algunos miembros de la CIRT y de otros grupos empresariales consideraron que la nueva redacción seguía siendo lesiva a la libertad de los particulares para dar a conocer sus opiniones políticas a través de la contratación de espacios de publicidad. Pero no se trata de una restricción a la libertad de expresión de la sociedad sino a la libertad del dinero para sobreponerse a las opiniones políticas de los ciudadanos.
Esa disposición no impide que los ciudadanos se manifiesten por el medio que sea. Lo que prohíbe es que haya propaganda pagada en la televisión y la radio. Y allí radica el cambio más importante en la reforma constitucional: el dinero desaparecerá de la relación entre política y medios. Al quedar prohibida la contratación de espacios de cualquier índole para difundir propaganda política, desaparecerá la subordinación que, a menudo, padecían candidatos y dirigentes de los partidos cuando tenían que contratar espacios en los medios electrónicos. Eso es lo que realmente les inquieta a los dueños de los consorcios de televisión y radio: los partidos dejarán de estar sometidos a los intereses de esas corporaciones privadas.
Por lo demás, la legislación mexicana ya prohíbe la contratación de propaganda política por parte de cualquier entidad o persona a excepción de los partidos. El artículo 48 del Código Federal Electoral establece:
Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo.
Así que los empresarios de la radiodifusión y de otras áreas que se inconforman porque los particulares no pueden contratar mensajes de propaganda electoral están algo atrasados de noticias. Esa disposición se encuentra en el Código Federal Electoral desde septiembre de 1993.
La reforma constitucional que ahora propusieron los senadores del PAN, el PRD y el PRI y que en la Cámara de Diputados fue apoyada además por el Partido del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata, tiene numerosas implicaciones. Allí se encuentra un intento para fortalecer la influencia de los partidos sobre la autoridad electoral y, sobre todo, la decisión para sustituir de inmediato a tres de los actuales nueve consejeros del IFE. Esa es, a nuestro juicio, una medida regresiva que atenta contra la autonomía de la autoridad electoral y para la cual los partidos no ofrecieron justificación alguna. Junto a esas decisiones hay una destacada colección de reformas que afectan la vinculación entre política y medios de comunicación y a las cuales nos referimos en las siguientes páginas.

Los mensajes negativos,
agresividad y subjetividad
Otra de las modificaciones les prohíbe a los partidos hacer propaganda negativa. Como se recuerda, uno de los temas de mayor discusión acerca de las campañas de 2006 fue la abundancia de agravios y descalificaciones entre los principales partidos. La propaganda negra, como algunos le han llamado, deteriora la vida pública y es síntoma, a la vez que acicate, de una cultura política en donde prevalecen los impulsos y recursos más primitivos. En vez de argumentos y propuestas, la descalificación de los contrarios, sobre todo cuando se injuria o se propagan difamaciones, propicia una competencia electoral que acaba desacreditando a la competencia política y a todos sus actores.
Sin embargo es difícil pensar en una campaña electoral en donde no haya descalificaciones. La propaganda negativa forma parte de la lucha política misma. En un contexto de insuficiente cultura cívica, con actores políticos que no se respetan unos a otros ese recurso será utilizado con más intensidad y, sobre todo, con mayor rispidez.
Es difícil sancionar a la propaganda negativa porque, antes que nada, resulta inevitable que haya alguna dosis de subjetividad para definir en qué momento una campaña traspone la tenue línea entre la competencia limpia y los recursos que no lo son. Siempre habrá quienes consideren que calificar a un candidato como peligro para México es un recurso de propaganda negativa pero también habrá aquellos que, con otros argumentos, sostengan que esa apreciación puede formularse en ejercicio de la libertad de expresión. O, en otro caso que todos recordamos, decir que el cuñado de un candidato presidencial se ha beneficiado ilegítimamente con recursos públicos será una muestra de honestidad y valentía para algunos, en tanto que para otros constituirá una difamación si no hay pruebas que respalden tal acusación.
Si la reforma constitucional prospera, la autoridad electoral tendrá la responsabilidad de resolver cuándo las campañas son limpias, o no. En una de las adiciones al artículo 41 de la Carta Magna se propone establecer:
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

Spots, en tiempos estatales
administrados por el IFE
La prohibición a la contratación de propaganda política va acompañada por una detallada explicación, también en la nueva redacción propuesta para el 41 Constitucional, para que los partidos y el IFE dispongan de una parte importante del tiempo de transmisiones en las radiodifusoras y televisoras que la actual legislación le confiere al Estado.
Como se sabe desde hace casi medio siglo, gracias a la Ley de Radio y Televisión de 1960, el gobierno tiene derecho a ocupar media hora diaria en cada estación. Adicionalmente, en virtud del llamado tiempo fiscal creado en 1969 y reducido en un 90% por el presidente Fox hace cinco años, el Estado puede ocupar 18 minutos diarios en cada estación de televisión y 35 en cada radiodifusora. Esos tiempos ascienden, en total, a 48 minutos diarios en cada televisora y 65 en cada estación de radio.
La reforma que votaron senadores y diputados establece que desde las temporadas de precampañas y hasta el día de cada elección federal, el IFE tendrá derecho a 48 minutos diarios de esos segmentos. Es decir, ocupará todo el tiempo del que dispone actualmente el Estado en las televisoras y el 74% del espacio que hay, para esos fines, en cada radiodifusora. Esos 48 minutos no se ejercerán de manera continua: tendrán que ser distribuidos en porciones de entre 2 y 3 minutos cada hora.
No todo ese tiempo será para los partidos. El 15% podrá ser reservado por el IFE para difundir mensajes de promoción electoral de tal manera que entre todos los partidos tendrán derecho a, por lo menos, 41 minutos diarios en cada estación tele o radiodifusora.
De esos 41, habrá 29 minutos (el 70%) que se distribuirán entre los partidos de acuerdo con los resultados de la elección de diputados federales más reciente. Los otros 12 minutos serán prorrateados de manera igual entre todos los partidos. Otra innovación establece que las campañas presidenciales durarán 90 días (actualmente alcanzan casi seis meses) y, cuando únicamente sean para legisladores federales, 60 días. Las precampañas durarán, cuando mucho, 60 y 40 días, respectivamente.
En otras palabras, durante los 3 meses de una campaña presidencial los partidos, en su conjunto, dispondrán de 61 horas y media en cada radiodifusora o televisora. Es tiempo más que suficiente para que den a conocer sus mensajes. Los spots no desaparecerán de la competencia política mexicana. Pero, por un lado, ya no nos costarán a los ciudadanos. Y por otro, los partidos no tendrán que negociar con los medios las tarifas para esos anuncios ni la asignación de horarios para transmitirlos. También desaparece la mediación entre las empresas de radio y televisión y la autoridad electoral que hasta ahora cumple, a veces tomando posición a favor de los consorcios privados, la Secretaría de Gobernación. Ahora toda la gestión para ocupar con propaganda electoral los espacios estatales quedará a cargo del Instituto Federal Electoral.

Fin a la promoción personal;
cambio en publicidad política
Una más de las reformas que podrían modificar sustancialmente la relación entre política y medios establece, en el multicitado artículo 41, que durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Esa disposición afecta no solamente a la televisión y a la radio sino además a los medios impresos.
Cada vez parece más claro que una gran cantidad de revistas y diarios –entre los que hay mucha paja, trivia y bodrios pero también publicaciones serias y que difunden contenidos de calidad– tienen que plantearse nuevas opciones de financiamiento porque la publicidad estatal –proveniente tanto del gobierno federal como de gobiernos locales e instituciones públicas de toda índole– será cada vez menor.
Esa tendencia es reforzada por otra de las adiciones constitucionales aprobadas por el Congreso, en este caso al artículo 134:
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Como puede apreciarse, tal medida se refiere a cualquier medio de comunicación (incluso nuevas formas de difusión como Internet o mensajes por celulares). Y no está restringida a los periodos de campañas electorales. Eso implica que la gran mayoría de los anuncios que difunden ahora los gobiernos y muchas instituciones públicas tendrían que desaparecer y, en algunos casos, ser sustituidos por mensajes informativos pero no de promoción personal.
Lo que no indica esa adición constitucional es a qué autoridad le corresponderá evaluar la propaganda estatal, ni con qué recursos de apremio para que dicha disposición se cumpla cabalmente. Todo ello tendría que precisarse en la legislación reglamentaria de la reforma constitucional. Allí hay margen para que los legisladores le den mayores atribuciones poder al IFE o, quizá, a alguna otra institución estatal que podría encargarse de la supervisión de los mensajes gubernamentales. En todo caso parece evidente que, de aprobarse la reforma constitucional, nos encontraremos no solamente en un panorama muy diferente en la relación entre partidos y medios de comunicación. Además, habrá nuevas pautas para la relación entre el gobierno y los medios, incluyendo a la prensa escrita.

Derecho de réplica,
en el 6º. Constitucional
Una mejora adicional y de enorme importancia es la reforma que se propone para incorporar el derecho de réplica. De aprobarse, el artículo 6º. Constitucional quedaría así:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
La novedad sería la frase que hemos subrayado en el párrafo anterior y, desde luego, cobraría sentido en la medida en que las leyes secundarias establecieran mecanismos para el ejercicio del derecho de réplica.
Hoy en día el derecho de los ciudadanos para responder o aclarar contenidos, menciones o informaciones que los afectan y que han sido difundidos en medios de comunicación, es reconocido por la Ley de Imprenta de 1917 aunque por lo general los diarios y revistas no cumplen al pie de la letra con la obligación de publicar rectificaciones establecida en ese ordenamiento. La actual legislación electoral les permite a partidos y candidatos tener derecho de réplica en medios electrónicos durante temporadas de campañas, pero esa prerrogativa por lo general no es invocada cuando los actores políticos quieren inconformarse por lo que se ha dicho de ellos en algún medio. Y en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión expedido por el presidente Fox en octubre de 2002 se establece un tortuoso y desventajoso procedimiento, sujeto a la decisión discrecional de cada televisora o radiodifusora, para ejercer el derecho de réplica en esos medios.
Si se le reglamenta con pulcritud ese derecho podría constituir un contrapeso fundamental a las versiones parciales, las alusiones irresponsables y las agresiones interesadas que pululan en medios de comunicación de toda índole. Allí se encuentra una de las varias asignaturas para la elaboración de la nueva Ley de Radio y Televisión.

La industria de lo televisable

Publicado en Nexos, junio de 2007

 

   El canciller Otto von Bismarck tuvo motivos para considerar que la política es el arte de lo posible. Pero si hubiera vivido un siglo más tarde, el unificador de Alemania quizá habría estimado que la política es la industria de lo televisable. El reconocimiento al carácter indispensable, omnipresente e incluso inevitable que los medios de comunicación de masas alcanzan en la propalación de los hechos y la formación de los consensos políticos es tan fundado como extendido. Pero además de las capacidades propagadoras y a veces persuasoras que sin duda tienen, a los medios de comunicación y muy especialmente a la televisión con frecuencia se les sobredimensiona, atribuyéndoles el carácter de escenarios prácticamente únicos y en ocasiones de actores virtualmente inapelables de los asuntos públicos.

   En tanto la política y sus protagonistas padecen un desprestigio creciente, los medios de comunicación por lo general disfrutan de márgenes de credibilidad estables, o al menos no son tan cuestionados como los gobernantes y dirigentes partidarios. Hay al menos tres motivos para esa legitimidad mediática que se mantiene tan a contrapelo del descrédito del resto de las instituciones de la vida pública contemporánea.

   Los medios tienen acceso constante a la existencia cotidiana de los ciudadanos. Conectados a la televisión o la radio lo mismo en ratos de ocio que en buena parte de nuestras jornadas laborales, vivimos con los medios. A los políticos los vemos y escuchamos a ratos y en todos los casos, por cierto, merced al tamiz de los medios de comunicación.

   En segundo término los medios, especialmente en circunstancias de extrema concentración mediática como la que padecemos en México, constituyen la única institución de la vida pública que se autolegitima continuamente. A los gobernantes y legisladores, los ciudadanos los sancionan refrendando o retirándoles el voto, o con la opinión que registran las encuestas. A las iglesias, las escuelas e incluso a los equipos de futbol, sus fieles, alumnos o aficionados les confieren distintos niveles de confianza, según se reconozcan o no como miembros o simpatizantes de esas colectividades. Podría decirse que el mecanismo más viable para que los espectadores amonesten o aprueben a la televisión consiste en, simple y sencillamente, cambiar de canal. Pero las opciones en la televisión mexicana son tan escasas, y por lo general de tan palmaria indigencia en materia de contenidos, que sus espectadores carecen de auténtica libertad de elección.

   Nuestros políticos, en tercer lugar, suelen contemplar a los medios con un arrobo casi parroquial e idealizan, porque literalmente los apantalla, las capacidades de la televisión. Otros más, forjados en una cultura política en donde el bombo y la simulación son recursos frecuentes porque no aspiran a persuadir sino a impresionar, exaltan a la televisión porque en ningún espacio, como en ella, pueden apantallar  a otros políticos y al resto de los ciudadanos. Todos ellos, vanidosos como suelen ser, quieren congraciarse con los medios porque consideran que dejar de estar en ellos equivale a dejar de ser en términos políticos. La importancia de la televisión es insoslayable. Pero los políticos, al mitificarla, la magnifican.

 

Rezago reformador

   Los políticos, por lo general, no entienden y tampoco respetan a los medios. Pero les tienen, especialmente a la televisión, una mezcla de codicia y recelo. Como temen las represalias mediáticas nuestros políticos –con excepciones notables y aun insuficientes– prefieren padecer la artificiosa omnipresencia e incluso los abusos de la televisión antes que acotarla con decisiones capaces de aprovechar la formidable capacidad comunicacional que tienen ese y otros medios.

   Sin medios de comunicación simple y sencillamente no hay democracia, entendida como un proceso de interacciones en donde se combinan reglas y mecanismos para la representación, la expresión y la participación de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos. De la misma forma que el funcionamiento de las elecciones, el desempeño del poder legislativo y la eficacia o no de la división de poderes son parte de los factores que determinan la calidad de la democracia, la situación de los medios de comunicación también contribuye a profundizarla o deteriorarla. Y así como no todos los legisladores, o no todos los partidos o los gobernantes actúan de manera idéntica, también en los medios de comunicación hay comportamientos muy variados. Cada vez resulta más impreciso hablar de los medios cuando entre ellos existe una señalada diversidad de trayectorias, intereses y actitudes. Pero si se busca definir reglas capaces de auspiciar la contribución de los medios de comunicación en la democracia es preciso atender a los rasgos generales del sistema mediático, independientemente de que haya medios responsables y nobles mientras que otros actúan con imprudencia y voracidad.

   A la democracia solamente se la construye, preserva y enmienda en un camino de avances, revisiones y nuevas determinaciones. Sin embargo, respecto de los medios, la reforma de la democracia mexicana implica en varios sentidos partir prácticamente de cero. Las reglas que tenemos para las elecciones son ejemplares y han funcionado razonablemente bien –a pesar de la ideologización y la confusión que, por motivos políticos, fueron promovidas acerca de la elección presidencial reciente–. En cambio  las normas vigentes para el desempeño de los medios no impulsan la equidad, ni la claridad y mucho menos la deliberación ni el mejoramiento en la cultura de los ciudadanos.

 

Bonificaciones y gacetillas

   Los medios de comunicación más poderosos han impuesto, por cauces formales e informales, sus propias reglas. Las normas que establece la legislación electoral para favorecer una competencia equilibrada entre los partidos son distorsionadas por el interés mercantil y en ocasiones por decisiones políticas que se toman en esos medios de comunicación o incluso en el gobierno.

   El Código Federal Electoral establece en su Título Tercero las reglas para que los partidos accedan de manera permanente a espacios en radio y televisión y para que, en épocas de campaña, además puedan comprar tiempo en esos medios. El primero de esos derechos por lo general es respetado –aunque en las campañas presidenciales de 2000 los radiodifusores privados se negaban a transmitir mensajes de promoción del voto que auspiciaba el Instituto Federal Electoral–. A comienzos de 2007, el gobierno federal se rehusó a transmitir un programa del PRD alegando que la información que allí se presentaba era “falsa”. Esa acción de censura previa fue rectificada. Pero sigue siendo preocupante que el gobierno se haya considerado con derecho a decidir los contenidos políticos que, a su juicio, podemos ver y escuchar los ciudadanos. De allí que una reforma necesaria a la ley en esa materia es el establecimiento de plenas garantías para que se cumpla sin reservas el derecho del Instituto Federal Electoral y de los partidos que concurren en él a la difusión de programas y anuncios en los medios electrónicos.

   Cada temporada electoral, concesionarios y permisionarios de radio y televisión están obligados a entregarle al IFE las tarifas para que los partidos puedan contratar espacios de publicidad política. Sin embargo esos precios son alterados de dos maneras. Las empresas de televisión y radio, de manera discrecional, hacen descuentos a los partidos de acuerdo con el volumen de la publicidad que contratan pero también de acuerdo con el respaldo político que quieran otorgarles. Por otra parte, otorgan “bonificaciones” en especie que ensanchan artificiosamente el tiempo comprado por los partidos y que se ha convertido en una manera de engaño a radioescuchas y televidentes. Cuando un partido compra publicidad distintas radiodifusoras y televisoras le ofrecen, de manera adicional, espacios para que sus candidatos sean entrevistados o incluso comentarios expresamente favorables a ellos. Sin embargo tales entrevistas o menciones no son reconocidas como parte de la publicidad pagada. Descuentos y bonificaciones son formas de respaldo ilegal a los partidos y podrían ser consideradas como delitos electorales si no han sido reportadas como donaciones en los informes financieros que los propios partidos deben entregar a la autoridad electoral.  

   Gracias al monitoreo de medios electrónicos que desde hace varias elecciones realiza el IFE, podemos saber con detalle cuántos segundos de publicidad contrataron los partidos y cuántos les asignó cada noticiero de radio y televisión. Lo que no sabemos es cuántos ni cuáles de esos espacios fueron adjudicados, por parte de las radiodifusoras y televisoras, no debido a decisiones de carácter periodístico sino a convenios mercantiles. En televisión y radio se ha extendido la venta de espacios en programas de entrevistas en donde comparecen quienes han pagado para aparecer como invitados, cuando en realidad se trata de marchantes de tales espacios. A los radioescuchas y telespectadores nunca se les informa que esas presentaciones se deben al interés mercantil y no a criterios propiamente editoriales. Con esas prácticas, se reproduce en los medios electrónicos una de las más tristes tradiciones de la prensa escrita en México que han sido las gacetillas –es decir, la publicación de espacios pagados pero que no son reconocidos como tales–.

   Todas esas costumbres atropellan el profesionalismo de los medios pero además, constituyen factores de oscuridad e inequidad respecto de la competencia electoral. El único recurso práctico para remediar esos subterfugios, al menos en el plano de las campañas políticas, radicará en que solamente la autoridad electoral esté facultada para, en representación de los partidos, contratar espacios en radio y televisión. Así desaparecerían los acuerdos a trasmano con las empresas de medios.

  

Cancelar compra de espacios

   En la temporada electoral más reciente nuestros partidos gastaron, para contratar espacios en radio y televisión, más del 65% de los recursos que recibieron del Estado para financiar esas campañas.  Si tales erogaciones no sirven para la promoción de ideas y propuestas sino para la generalización del encono y las campañas “negativas” como sucedió en 2006, es tiempo de que modifiquemos el esquema fundamental de propaganda que ha hecho, del proselitismo político, una triste arena de enfrentamientos y resentimientos.

   Ya es hora de que en México establezcamos la imposibilidad para que los partidos políticos compren espacio en los medios electrónicos. Esa es la única vía tanto para aligerar el injustificado gasto electoral que pesa sobre los recursos públicos, como para que nuestros partidos se pongan a hacer política en vez de limitarse a hacer propaganda en televisión y radio.

   La prohibición a la compra de espacios en los medios electrónicos ha funcionado bien en varios países europeos. En América Latina, Brasil y Chile emplean con provecho ese esquema, complementado con el acceso de los partidos a espacios gratuitos en televisión y radio. En Brasil, durante las temporadas de campaña existe una franja diaria en la cual se presentan los mensajes de los partidos. En Chile los partidos también tienen espacios públicos en televisión y les está prohibido comprar tiempo en ese medio pero pueden hacerlo en estaciones de radio y televisoras de cable (Steven Griner y Daniel Zovatto  Funding of Political Parties and Election Campaigns in the Americas. OEA e IDEA. San José, Costa Rica, 2005).

   En México, además de cuantiosos espacios que compran con dinero público, los partidos disponen de amplios segmentos gratuitos en los medios electrónicos. Esos espacios, si fueran organizados por la autoridad electoral y estuvieran ubicados en tiempos preferentes, podrían bastar para que los partidos dieran a conocer sus propuestas. Al dejar de disponer de dinero público para gastar en medios electrónicos seguramente harían un uso más creativo y, en todo caso, menos costoso de tales segmentos.

   Una reforma de esa índole no enfrentaría el problema principal que tenemos en los medios electrónicos y que es la excesiva concentración de muchos recursos comunicacionales en pocas manos. Tampoco resolvería los muchos y cada vez más evidentes defectos de nuestros partidos. Pero quizá le daría al quehacer político un contexto de mayor exigencia o, dicho de otra manera, con menos recursos para la autocomplacencia de los partidos. Acaso no logremos hacer de la política el ejercicio de realismo que proclamaba Bismarck. Pero quién sabe si, al menos, estemos en condiciones de seguir a John Kenneth Galbraith cuando decía que “la política no es el arte de lo posible. Consiste en elegir entre lo desastroso y lo desagradable”.

– 0 –