Palafreneros de las corporaciones mediáticas

El Estado y los medios en el sexenio de Vicente Fox

Publicado en Zócalo, noviembre de 2006

La tentación de asegurar que la política comunicacional del gobierno de Vicente Fox se resume en una frase, resulta abrumadora. Él mismo se encargó de acuñar esa expresión, paradigma de ignorancia y de indolencia ante uno de los dilemas mediáticos más significativos en el sexenio reciente. Aquel “Yo? ¿Por qué?” con que respondió en la sala de prensa de Los Pinos el 6 de enero de 2003 cuando el reportero Roberto López, de Canal 40, le pidió que interviniera para resolver la ilegal incautación de la antena transmisora de esa estación por parte de Televisión Azteca, exhibía la dejadez que Vicente Fox y su gobierno mantuvieron en su relación con los medios.

Desidia y desdén, pero también irresponsabilidad, son algunos de los rasgos de esa impolítica en el terreno de la comunicación por parte de la administración foxista. Y no deja de ser una paradoja, porque quizá ningún presidente en la historia de México hipotecó tanto el consenso de su gobierno y su propia presencia pública a la capacidad propagadora y persuasiva de los medios de comunicación como hizo, deliberada pero también improvisadamente, Vicente Fox.

Quizá él mismo creyó, como se dijo con cierta impremeditación en 2000, que las elecciones de ese año las había ganado gracias a la notoriedad que le dieron los medios de comunicación. La radio y especialmente la televisión dieron cabida a la diversidad de opciones en aquella campaña electoral pero no hubo relación directa entre la exposición mediática que lograron los candidatos presidenciales en 2000 y la votación que obtuvieron. La gente que votó por Fox no lo hizo fundamentalmente por haberlo visto en la televisión y ni siquiera por las propuestas específicas –que eran ciertamente escasas y pobres– que se comprometió a impulsar. El voto favorable al entonces candidato de Acción Nacional incluyó a los ciudadanos que desde tiempo atrás confiaban en el PAN, y estuvo incrementado por muchos mexicanos que simplemente buscaban un cambio en las enmohecidas estructuras de un presidencialismo aherrojado, por siete décadas, a la hegemonía de un solo partido.

Fox no ganó gracias a los medios pero los vio como instrumento insoslayable para gobernar. La pobre apreciación que tenía acerca de la sociedad mexicana le llevó a creer que el país podía dividirse entre una pequeñísima minoría de ciudadanos atentos a los asuntos públicos y una mayoría indolente, manipulable y fundamentalmente conformista. Siguiendo una maniquea explicación que el presidente le escuchó al empresario Ricardo Salinas Pliego, al primer segmento lo denominaba círculo rojo y allí se encontraría la gente que lee periódicos y quienes escriben en ellos, la clase política y algunos sectores de las clases medias ilustradas. Al otro lo llamaba círculo verde y en él se encontraba la mayoría de los mexicanos que atienden solo o fundamentalmente a la televisión.

Con esa esquemática apreciación del país que gobernaba, Fox resolvió hacer de los medios electrónicos la tribuna para anunciar, explicar y proclamar a los ciudadanos las decisiones de su administración. Todo gobierno contemporáneo tiene que entender a los medios como instrumentos fundamentales en la construcción y el sostenimiento de sus relaciones con la sociedad. Para ello los gobiernos diseñan políticas de comunicación que les permitan llegar a la gente a través de tales medios. Sin embargo, en lugar de hilvanar una política auténticamente digna de ese nombre, el gobierno del presidente Fox se echó en brazos de las empresas mediáticas más influyentes. Se trata del gobierno que, en México, más se ha interesado en los medios de comunicación. Y, al mismo tiempo, el que ha tenido una política comunicacional más hueca y débil.

 

Larga relación de conveniencias mutuas

Durante el viejo régimen priista, al menos hasta el inicio de la última década del siglo XX, los medios de comunicación padecieron una sujeción a veces económica y en otras ocasiones jurídica y/o política, al predominio de un Estado esencialmente autoritario. Esa situación comenzó a cambiar hacia 1990 y durante el último gobierno del PRI, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, los medios impresos experimentaron márgenes de libertad que no habían tenido por lo menos desde los años 30 de aquel siglo. En la televisión y la radio también había expresiones de mayor diversidad que en otros tiempos aunque, allí, el dique para una libertad más amplia era impuesto por los intereses corporativos y las conveniencias políticas de sus propietarios.

Esa libertad se mantuvo y en algunos casos se ensanchó durante el gobierno de Vicente Fox, no como grácil concesión del presidente sino porque los propietarios y operadores de los medios encontraron que la pluralidad, especialmente en asuntos de índole política, era mejor negocio que la uniformidad de otras épocas.

Los medios habían ganado, respecto del poder político, márgenes de autonomía. Durante el régimen priista las decisiones principales en materia de comunicación política eran tomadas de común acuerdo con los gobernantes en turno. Tácito y eficaz, el arreglo entre gobierno y medios privados implicaba que el primero mantuviera el monopolio del quehacer político en los espacios comunicacionales –al menos en los de carácter audiovisual– y los otros pudieran expandirse y hacer negocios con escasas o nulas restricciones.

Con la administración de Vicente Fox, en cambio, los propietarios y operadores mediáticos encontraron que no les hacía falta subordinarse a los intereses políticos del gobierno y no solamente por el talante de apertura –que desde luego hubo– en ese gobierno. Además la administración foxista se rehusó a tener una estrategia de comunicación que estableciera las pautas de su relación con los medios privados, las políticas que impulsaría en la relación de esos medios con la sociedad y la orientación que les conferiría a los medios estatales.

En ausencia de esa política de comunicación el gobierno de Fox actuó simplemente a partir de ocurrencias, ciñó sus decisiones mediáticas a veleidades personales, permitió una expansión desbordada y la actuación en ocasiones ilegal de las principales empresas de radiodifusión y, cuando ellas se lo exigieron, incluso hizo suyas las medidas reglamentarias y las reformas de ley que convenían al interés de tales corporaciones privadas.

Ese sí que constituyó un cambio en la relación entre el Estado y los medios. Durante la extensa fase autoritaria bajo la hegemonía del partido único, Estado y medios tenían un trato definido por beneficios mutuos. Uno y otros, conservaban una relación de socios. Pero en el sexenio de Vicente Fox el gobierno se subordinó a los imperios televisivos. El presidente y su administración se comportaron como palafreneros del interés de las corporaciones mediáticas.

 

Complacencia con intereses mediáticos

La obsesiva preocupación del presidente Fox y su gobierno para estar presentes en los escenarios mediáticos a los que atiende el círculo verde los llevó a dispensar excesos e incluso a dejar de aplicar la ley, con tal de beneficiar a las corporaciones comunicacionales, en varios momentos durante el sexenio 2000-2006.

Los episodios más escandalosos fueron ampliamente documentados. El decretazo del 10 de octubre de 2002 cuando el presidente Fox hizo suyos, promulgándolos, dos documentos elaborados por Televisa: se trataba del nuevo reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión que establecía más amplias facilidades para la expansión comercial de las empresas de ese ramo, así como del Decreto que redujo al 10% el tiempo fiscal del cual disponía el Estado en todas las estaciones de radio y televisión. La desidia gubernamental después de que, el 27 de diciembre de 2002, un comando armado enviado por Televisión Azteca asaltó la antena del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite propiciando una crisis que desembocaría, más de tres años después, en la aniquilación de esa opción que había en la televisión mexicana. El desentendimiento también del gobierno cuando, en diciembre de 2005, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que, por beneficiar notoriamente a las empresas de radiodifusión que ya existían, fueron denominadas como Ley Televisa. Esos y otros acontecimientos anunciaron, reiteraron y confirmaron no solamente la ausencia de una política propia en el campo de la comunicación sino, peor aún, la incondicional complacencia que el gobierno del presidente Fox había resuelto mantener respecto de los intereses de los consorcios mediáticos.

 

Dispendios, condescendencias, omisiones

Otros episodios, menos notorios, refrendaron esa decisión.

- El cuantioso gasto del gobierno federal para comprar publicidad en estaciones de televisión y radio, a pesar de los espacios de los que disponía tanto en virtud del tiempo fiscal como gracias a la disposición legal que le otorga al Estado media hora diaria en cada estación, constituye un dispendio injustificado y cuyo monto preciso ha seguido siendo incierto.

- La constante displicencia que la Secretaría de Gobernación mantuvo durante todo el sexenio respecto de las cotidianas transgresiones que cometen centenares de empresas de radiodifusión pero muy especialmente las televisoras nacionales cuando, por ejemplo, la publicidad que transmiten rebasa los límites máximos que establece la ley, o cuando se difunden anuncios como si se tratase de contenidos que forman parte de la programación de esas estaciones.-

- En junio de 2004 el gobierno les regaló a los concesionarios de televisión una frecuencia más, por cada una de las que ya tenían, para que emprendieran pruebas de televisión de alta definición. Dos años más tarde la Ley Televisa revalidó ese inusitado obsequio al dejar en la imprecisión los procedimientos y plazos para que los concesionarios le regresen al Estado, algún día, esa frecuencia adicional.

- En junio de 2005 la Secretaría de Gobernación –pocos días antes de que Santiago Creel dejara de encabezarla– le obsequió a Televisa la concesión para instalar 65 casinos.

- También en 2005, la intervención de Comunicaciones y Transportes para impedir que el dueño de Canal 40 recibiera de la empresa General Electric un préstamo que le hubiera permitido resolver la huelga que mantenía cerrada a esa emisora, constituyó un respaldo efectivo a Televisión Azteca que terminó apropiándose de dicha estación.

- Las oficiosas gestiones gubernamentales para que el empresario Olegario Vázquez Raña se quedara con la concesión del Canal 28 en la ciudad de México, a partir del cual quiere establecer una cadena nacional, pudieran entenderse como resultado de un convenenciero tráfico de influencias y están muy distantes de los compromisos de transparencia que tanto abundan en los discursos oficiales.

La enumeración de canonjías que el gobierno les ha procurado a los consorcios mediáticos, así como los excesos que les ha permitido al punto de abstenerse cuando tenía que haber aplicado la ley, hacen imposible considerar que el gobierno de Fox haya tenido una política para los medios de comunicación. La única estrategia fue la ausencia de política y, ante esa omisión, las decisiones más importantes en materia de comunicación no estuvieron determinadas por los principios jurídicos que soportan al Estado mexicano y mucho menos por el interés de la sociedad.

 

Mezcolanza entre vida pública y privada

Un balance más amplio de la relación entre el gobierno de Fox y los medios tendría que incorporar las extravagancias que definieron el comportamiento público –en el cual incorporaron asuntos propios de su vida privada– del presidente y su familia. La irrefrenable atracción que Fox tuvo hacia los micrófonos y las cámaras, la desfachatez con que Marta Sahagún –primero vocera y a la postre esposa presidencial– utilizaba escenas de esa relación personal con fines de propaganda, la contratación de asesores que impusieron a la discusión y al tratamiento de la imagen presidencial recursos de la más estrambótica índole (desde charlas motivacionales hasta invocaciones esotéricas, pasando por un asesor presidencial que estaba convencido de que la llegada de Fox al poder político era resultado de influencias extraterrestres) todo ello fue parte de un pintoresco retablo de torpezas profesionales, inexperiencias políticas e incluso abusos patrimoniales que contribuyeron a definir la impolítica comunicacional de esa administración.

En su afán para congraciarse con los medios pero sobre todo en la confusión que mantuvieron entre presencia política y mediática, así como entre sus ámbitos privado y público, el presidente Fox apareció en cámaras imitando a cómicos de la televisión e incluso rivalizando con ellos y su señora esposa cocinó para los televidentes, aconsejó a las mujeres y aspiró a desempeñar el trabajo de su marido, entre muchas otras comparecencias electrónicas.

Al final del sexenio la relación de los Fox con los medios de comunicación había quedado maltratada por la difuminación de las fronteras entre los ámbitos del gobierno y del interés mediático. Pero

más allá de episodios anecdóticos, el involucramiento personal de la señora Sahagún de Fox para gestionar asuntos según la conveniencia de las corporaciones mediáticas señaló el compromiso o al menos la anuencia del presidente para que el interés de las televisoras prevaleciera sobre el interés público.

 

Medios estatales, libertad sin respaldo

El haz cuestionable de la impolítica comunicacional del gobierno de Vicente Fox está repleto de episodios como esos. En el envés de ese panorama hay momentos de avance –ciertamente muy pocos– en el camino hacia una comunicación de y para la sociedad. Quizá la más importante decisión en ese terreno haya sido el reconocimiento legal de una docena de radiodifusoras comunitarias que debieron enfrentar la ignorancia oficial, el encono de los directivos de la radiodifusión comercial e incluso una vulgar campaña mediática en donde, con distorsiones y engaños, se las presentaba como nidos de subversión. Esas radiodifusoras y sus representantes supieron documentar sus argumentos, presentaron nutridos expedientes para satisfacer complejas exigencias técnicas y jurídicas y mantuvieron una inteligente presencia pública hasta conseguir el reconocimiento oficial. La decisión de presidente Fox para autorizar esos permisos, fue una ligera pero quizá intencional zancadilla a los dirigentes de la radiodifusión privada que habían hecho de la persecución a las comunitarias una desmedida causa política.

Esa decisión para reconocer a las radios comunitarias señaló una vertiente contradictoria con la política de complacencia e incluso subordinación al interés de la radiodifusión privada que fue el rasgo sobresaliente en la administración del presidente Fox. La anuencia para darle autonomía administrativa a la agencia de noticias Notimex y la efectiva libertad con que se desempeñaron los medios propiedad del Estado fueron parte de esa conducta que posiblemente, más que buscar contrapesos a los espacios de comunicación comercial, obedecía al desinterés del gobierno por los medios que se encontraban en sus manos.

Cada una de esas actitudes tiene sus respectivos bemoles. Las radiodifusoras comunitarias no hubieran estado apremiadas para buscar desesperadamente su registro legal de no haber sido por el acoso que, a comienzos del sexenio, el propio gobierno federal emprendió contra ellas y que incluyó amagos directos por parte de efectivos del Ejército Mexicano. La autonomía de Notimex fue larga e incluso tortuosamente discutida dentro del gobierno, en un proceso que desgastó a la agencia y sus defensores aunque desembocó en la aprobación de un nuevo estatuto legal.

El gobierno mismo respetó a los medios que se encuentran ubicados dentro de la administración pública y que, cabe subrayar, estuvieron encabezados por funcionarios que entendieron la importancia de construir una comunicación auténticamente pública. Directivos como Lidia Camacho en Radio Educación, Enrique Strauss en Canal 22, Julio di Bella en Canal 11 y muy especialmente Dolores Béistegui al frente del Instituto Mexicano de la Radio supieron comprometerse, cada uno con matices y contraluces, con proyectos comunicacionales distintos de la voracidad mercantil pero también alejados de la propaganda oficial. El gobierno del presidente Fox reconoció la libertad que se habían ganado esos medios y sus trabajadores pero no hizo esfuerzo alguno para proporcionarles mejores y mayores recursos.

 

Postrados ante el poder mediático

Transcurrido ese sexenio de impolítica comunicacional por parte del Estado, aquella frase con la que el presidente rehuía su responsabilidad para que la ley se aplicara en el caso del Canal 40 resulta diáfanamente característica de tales insuficiencias. Para Fox los medios no eran un problema sino un instrumento. Y ese instrumento no lo quiso entender como recurso de la sociedad sino únicamente como amplificador de sus propias acciones y declaraciones. Cabe decir, no en su descargo sino para precisar el contexto en que se desempeñó, que la complacencia con el predominio de las corporaciones mediáticas no fue un error solamente del Ejecutivo Federal.

En los años recientes, si bien con significativas excepciones el Poder Legislativo, y sin excepción alguna todos los partidos políticos, coincidieron en resguardar el interés de Televisa, Televisión Azteca y otras empresas comunicacionales como si de ello dependieran el escaño, la curul, el registro o las prerrogativas. Como resultado de decisiones y omisiones suyas, el gobierno federal quedó postrado ante la preeminencia mediática. Pero junto con él, legisladores, dirigentes, secretarios de Estado y muy especialmente gobernadores y jefes de gobierno de todas las adscripciones políticas refrendaron, amplificándolo de esa manera, el poder de las televisoras. Prácticamente toda la clase política mexicana ha compartido, aunque no fuese de manera tan palmaria, aquel ¿Yo? ¿Por qué? con el cual se puede definir la relación entre el Estado y los medios en el sexenio de Vicente Fox.

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Huelga en Canal 40

La Crónica, mayo 20 de 2005

   Canal 40. Ayer al mediodía estalló la huelga en esa emisora. Las dificultades económicas del Canal 40 son ampliamente conocidas pero los trabajadores tienen razón: por mucho aprecio que tengan por la televisora, ellos viven de sus salarios y no pueden soportar la demora de varios meses en sus pagos. Desde hace varios años el destino del 40 está en litigio. Es posible que el conflicto laboral catalice los muy complejos problemas de esa empresa. Si tuviéramos un gobierno con visión de Estado –como la que con demasiado voluntarismo algunos recientemente quisieron ver en Los Pinos– ahora mismo se encontraría buscando una solución a la suspensión de actividades en esa televisora. La ausencia del Canal 40 como opción independiente, distinta de otras que ya existen en el dial televisivo, lesiona a la sociedad.

El Canal 40

La Crónica y otros diarios, , 8 de junio de 2005

Hoy que cumple 20 días, la huelga en el Canal 40 sigue con perspectivas tan escasas como cuando comenzó. A los trabajadores de CNI, concesionaria de esa frecuencia, no les quedó más remedio que ampararse en el sindicato de la radiodifusión del cual forman parte y desplegar las banderas rojinegras cuando el atraso en sus salarios era de varios meses y no veían perspectivas mejores.

   La huelga parecía tan inevitable que todos en el Canal 40 hablaban de ella desde semanas o meses antes. Nadie, por cierto, lo hacía con gusto. Ese se veía como el desenlace indeseable de una situación crítica que se extendió por varios años, en el transcurso de los cuales empresa y trabajadores batallaron juntos no solo para defender una fuente laboral sino, junto con ello, una idea distinta de hacer televisión.

   Nadie podrá decir que los trabajadores del Canal 40, a menudo literalmente brazo a brazo con sus directivos, no se esforzaron por mantener abierta la empresa a pesar de vicisitudes financieras, legales, políticas e incluso en contra de amenazas y chantajes.

   Muchos de los trabajadores que ahora están en huelga son aquellos que, en diciembre de 2002, encontraron suspendida la señal del 40 cuando un comando armado asaltó la antena en el Cerro del Chiquihuite. Esa acción, ordenada por Ricardo Salinas Pliego el dueño de Televisión Azteca, fue un abierto desafío a la legalidad y a la capacidad del gobierno para hacerla respetar.

   Como parte de esa provocación Televisión Azteca ofreció contratar a los trabajadores que desertaran del Canal 40. Prácticamente ninguno aceptó la oferta.

   Las condiciones para hacer televisión en esa emisora fueron de peor en peor. No había recursos para los insumos más elementales pero el canal se sostenía con la confianza de sus trabajadores. que siempre fue su patrimonio más valioso. Esos trabajadores que hace dos años y medio desdeñaron el chantaje de Salinas Pliego, que durante largo tiempo se afanaron en condiciones muy difíciles y que resistieron pagos escasos y demoras frecuentes en la entrega de sus salarios, finalmente llegaron a la huelga.

   No se les puede culpar, aunque los más lúcidos entre ellos desde el primer día sin señal al aire reconocieron que, para cualquier efecto, el Canal 40 tal y como lo hemos conocido había desaparecido.

   Muchos de sus televidentes no hemos querido darnos cuenta. El vacío que encontramos todas las noches cuando no se difunde el noticiero de Ciro Gómez Leyva no lo hemos querido sustituir. De cuando en cuando, supersticiosamente, volvemos a sintonizar el 40 solo para encontrar el mensaje que anuncia la suspensión de transmisiones.

   La ausencia del 40 significa la inexistencia, mientras tanto, de la perspectiva profesional y fresca –y sobre todo, diferente– en su cobertura noticiosa. Esa opción, ahora fuera del alcance de los espectadores, se ganó por méritos propios un sitio singular en el panorama de la televisión mexicana.

   Desde luego el Canal 40 no se ve en todo el país. Su señal abierta ha estado limitada al Valle de México. Pero en algunas ciudades era tomada por sistemas de cable a incluso en algún momento el noticiero, que constituyó su oferta principal y a veces prácticamente única, fue difundido en canales abiertos fuera del Distrito Federal.

   Las limitaciones en su cobertura hicieron más meritorio el trabajo del Canal 40. Con presupuestos infinitamente menores a los que se derrochan en las grandes cadenas nacionales esa emisora presentaba enfoques imaginativos, y entonces singulares, de la actualidad noticiosa.

   En numerosas ocasiones durante los años recientes una entrevista, un reportaje o alguna nota informativa del 40 alcanzaron tal trascendencia que fueron comentados en muchos otros medios en todo el país. De tal forma las restricciones en el alcance de su señal no siempre evitaron que los contenidos del 40 fueran conocidos en otros sitios del país.

   Por eso la ausencia del 40 resulta más sensible. Junto con el mencionado noticiero esa frecuencia ofrecía programas de discusión y análisis como los que condujeron Denise Maerker, Raúl Cremoux y, por poco tiempo, el recientemente fallecido Adolfo Aguilar Zínser. Por largo tiempo esa fue la casa televisiva de Víctor Trujillo –el creador del discutible pero llamativo “Brozo” que nació precisamente en esa televisora– y de periodistas como Jorge Fernández Menéndez. Libertad y creatividad fueron recursos frecuentes para mantener al aire esa frecuencia que finalmente ha quedado suspendida.

   Ayer en una conferencia en la UNAM el sociólogo Alain Touraine decía que “la democracia supone la existencia de un espacio público en donde la sociedad pueda debatir, proponer y resolver”. En México, el Canal 40 y sus trabajadores indudablemente contribuyeron a la construcción de ese espacio público. Por eso, entre otros motivos, se les extraña.

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Un golpeador en la CIRT

La Crónica, 10 de octubre de 2003

Los empresarios de la radiodifusión reeligieron por otro año a Jorge Mendoza Garza. La actividad pública más notoria durante el primer año de gestión de ese líder gremial, que además es funcionario de Televisión Azteca, ocurrió el 24 de enero pasado en uno de los momentos más álgidos del conflicto que dicha firma desató contra el Canal 40.

Aquella tarde, Mendoza y otros directivos de Azteca quisieron entrar por la fuerza a las instalaciones transmisoras del Canal 40 –que, luego de haber sido asaltadas cuatro semanas antes por una pandilla de delincuentes que envió la misma Televisión Azteca, estaban custodiadas por la Policía Federal Preventiva–. Allí, delante de docenas de fotógrafos y camarógrafos, Mendoza agredió por la espalda a Javier Cortina, uno de los abogados de la empresa propietaria del Canal 40.

Esa noche los noticieros de los canales 13 y 7, mintiendo igual que hicieron durante todo ese conflicto, dijeron que el agredido había sido Mendoza. Sin embargo los videos transmitidos en el Canal 40 mostraron la verdad: el funcionario de Azteca había provocado aquel incidente en el que se comportó, para decirlo elegantemente, de manera nada caballerosa.

Aquel episodio fue sintomático de la prepotencia que TV Azteca y sus funcionarios desplegaron contra el Canal 40. Pero resultaba más notorio debido a la representación que ha tenido Mendoza como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.

Ahora, al reelegirlo para otro año, los grupos más poderosos en ese gremio confirman la connivencia que han mantenido respecto del inusitado abuso que Televisión Azteca perpetró al ocupar ilegalmente las instalaciones del Canal 40.

Cohesionados en torno a intereses corporativos muy distantes del compromiso social que estarían obligados a respetar, los radiodifusores han decidido olvidar aquel exceso de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Tanto así que acaban de premiar a Mendoza con doce meses más al frente de la CIRT.

La reelección de Mendoza y las nuevas definiciones tecnológicas para el desarrollo de la televisión fueron celebradas ayer, en la comida anual de ese organismo, por el presidente Vicente Fox. La supeditación del gobierno federal a los intereses de Televisa y Televisión Azteca había sido refrendada hace exactamente un año con el decretazo que, después de una negociación a escondidas, puso en práctica el presidente de la República.

El 10 de octubre del año pasado, como puede recordarse, fue expedido un nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y, mediante un inopinado decreto, el presidente anuló el tiempo del que disponía el Estado en esos medios para transmitir programas y mensajes de índole no comercial. El Ejecutivo Federal se reservó, para su propio usufructo, el 10% del tiempo que el Estado ejercía en televisión y el 20% del que empleaba en la radio.

Aquella medida, con la que el gobierno se burló de las organizaciones sociales y los legisladores federales que tenían varios meses deliberando acerca de la situación jurídica de los medios electrónicos, ratificó la urgencia de una auténtica reforma legal en ese campo. Y corroboró, además, que no será del gobierno de donde surjan iniciativas capaces de lograr una nueva ley de radio y televisión.

La relación de dependencia a la que el gobierno decidió allanarse respecto de esos empresarios le impide, ahora, ejercer las facultades legales y políticas que tiene en el campo de la comunicación electrónica.

Por eso las exhortaciones del secretario Santiago Creel para que la televisión y la radio se fijen más en los consensos que en los enconos políticos, serán simples propósitos testimoniales frente a una industria cuyos usufructuarios más relevantes han aprendido a transgredir la ley (como hizo TV Azteca en el Chiquihuite) o a rehacerla a su modo (como logró Televisa al imponer el decreto expedido hace exactamente un año).

Así, también, la invitación que el presidente de la República hizo ayer cuando convocó a los radiodifusores a construir “miles de plazas públicas de debate honesto y libre” carece de eficacia. Algunos de los espacios más significativos para que ese debate hubiera podido realizarse fueron cancelados hace un año por él mismo. Y el establecimiento de las reglas para que la radiodifusión tenga un desempeño congruente con la democracia que en tantos otros ámbitos ha construido el país, ha sido dificultado por la sujeción del gobierno al interés de los empresarios más influyentes en esa industria.

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La mediocracia y sus rehenes

La Crónica, 12 de enero de 2003

Triunfo –hasta ahora, al menos– de la mediocracia, el golpe al Canal 40 es una gravísima derrota para el Estado de Derecho, la democracia y la sociedad.

   El gobierno está convalidando una de las infracciones más escandalosas que en los años recientes se hayan cometido contra la legalidad.

   Esa decisión política –que se ha tratado de convalidar con discutibles pretextos jurídicos– confirma la subordinación del gobierno al poder de las empresas televisoras más influyentes.

   Si la ley se aplicara de manera estricta, la postura del gobierno federal tendría que haber sido la reintegración de las instalaciones transmisoras y de la señal del Canal 40 a su legítimo usufructuario, que es la empresa a la cual le fue concesionado ese servicio.

   No tendría que haber existido duda alguna al respecto. El 27 de noviembre un comando armado, enviado por Televisión Azteca, asaltó esa propiedad privada en el Cerro del Chiquihuite y usurpó la frecuencia del Canal 40. No hacían falta dictámenes, ni peritajes, ni consideraciones especialmente complejas para advertir que se trataba de un delito –tan culposo, como hemos señalado antes, que Televisión Azteca trató de encubrirlo con la inverosímil versión que difundió en sus noticieros– ante el que simplemente había que sancionar a los culpables y reintegrar instalaciones y señal a sus propietarios.

  

Despojados y luego, castigados

   Sin embargo, después del reposo vacacional, el Presidente de la República y los secretarios de Estado que lo acompañaron en esa decisión resolvieron allanarse a la postura de Televisión Azteca. El poder público rendido a los intereses de una empresa particular: ese es el saldo, hasta ahora, de la conducta gubernamental que ha favorecido la expoliación contra Televisión del Valle de México.

   Numerosos juristas han reconocido la ilegalidad de la decisión que el secretario de Gobernación anunció la noche del jueves 9 de enero.

   El “aseguramiento” es una medida que la legislación contempla para situaciones distintas a las que han existido en torno al Canal 40.

   La Ley Federal de Radio y Televisión contempla ese recurso contra quienes transmiten sin tener concesión o permiso otorgados por el gobierno. Se trata de una medida para impedir el surgimiento de estaciones piratas, que no hayan sido autorizadas para transmitir.

   La sanción, en tales ocasiones, es muy clara: a quienes transmitan sin estar autorizados para ello el gobierno les quita sus instalaciones y equipos, además de imponerles una multa. Eso indica el artículo 104 de la mencionada ley.

   No es esa la situación que ha existido alrededor del Canal 40.

   La empresa que ha transmitido por esa frecuencia sin que le haya sido adjudicada una concesión para ello, ha sido Televisión Azteca.

   La concesión vigente para difundir en ese espacio del espectro radioeléctrico se encuentra a nombre de Televisora del Valle de México.

   Si la secretaría de Gobernación o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendrían que haber dictaminado una sanción en este caso, tendría que haber sido contra TV Azteca que además de ocupar instalaciones que no son suyas invadió una señal en la que no tiene autorización para transmitir.

   Pero a quienes afecta el “aseguramiento” dispuesto el jueves, es al propietario y los trabajadores del Canal 40.

  

Ilegal aseguramiento

   TV Azteca sostiene que la concesión y las instalaciones le pertenecen porque el dueño del Canal 40 le debe dinero e incumplió un contrato de comercialización de esa frecuencia que le daba a la empresa de Ricardo Salinas Pliego la posibilidad de comprar la mayoría de las acciones de Televisora del Valle de México.

   Ese litigio fue llevado a un tribunal comercial establecido en París, cuyas resoluciones han sido motivo de mucha discusión.

   Amparándose en esas resoluciones, Televisión Azteca ocupó la antena transmisora del Canal 40 y comenzó a difundir sus propios contenidos.

   Así que la disputa entre ambas empresas tuvo, entonces, dos frentes en el terreno legal.

   Por una parte se encuentra el diferendo por la interpretación de las resoluciones de la corte internacional. Esas decisiones se refieren a la deuda de Moreno con Salinas y al derecho de compra de este último sobre la empresa beneficiaria de la concesión del Canal 40.

   Por otra, está la averiguación judicial acerca del asalto del 27 de diciembre en El Chiquihuite.

   Las reuniones que a iniciativa del gobierno federal se realizaron durante casi tres días en la secretaría de Gobernación, tenían el propósito de lograr un acuerdo a la disputa de carácter mercantil. Ese acuerdo no se consiguió y el litigio seguirá en los tribunales.

   Sin embargo el “aseguramiento” dispuesto por el gobierno acentúa la debilidad de una de las partes en conflicto. Sin señal de difusión abierta, la empresa del Canal 40 no tiene posibilidades para recibir los ingresos por comercialización de los cuales depende cualquier estación televisora.

 

Indebida intimidación

   Al mismo tiempo se han anunciado dos medidas de carácter penal. El gobierno, de acuerdo con la información periodística, manifestó que solicitaría orden de aprehensión contra Moreno Valle como presunto responsable del delito de robo de fluido electromagnético.

   Sin embargo no puede acusarse a alguien de robar lo que es suyo. Aun si Televisión Azteca tuviese razón en sus exigencias, Moreno Valle estaría obligado a venderle el Canal 40 pero esa operación mercantil no se ha realizado. Aunque las resoluciones del tribunal de París hubieran sido del todo favorables a Salinas Pliego, lo que tendría que ocurrir es que se formalizara la propiedad de ese empresario sobre el Canal 40. Pero nada de eso ha ocurrido.

   No obstante antier el subprocurador de la PGR, Gilberto Higuera, manifestó que la acusación penal contra Moreno Valle se apoyaba, de manera fundamental, en las resoluciones de la Corte de París. Esas resoluciones indican que Salinas Pliego tiene derecho a comprar el Canal 40, no que ya sea propietario de él.

   Así que no puede considerarse que Moreno Valle haya hecho un uso ilegítimo de su propia empresa, ni de la concesión que recibió. Desde luego, le sigue debiendo a Salinas Pliego los 25 millones de dólares que recibió como préstamo para apuntalar al Canal 40 y cuyo pago el mismo Moreno ofreció en las conversaciones en Gobernación.

   De manera paralela, se ha dicho que la PGR habría solicitado órdenes de aprehensión contra el director jurídico y media docena de trabajadores más de Televisión Azteca, por la incursión del 27 de diciembre a las instalaciones de Canal 40. Es entendible que ese despojo sea sancionado, aunque parecería injusto que solo se castigara a los empleados que lo realizaron y no a quienes tomaron la decisión de perpetrar ese asalto.

 

Equivocación política

   En el plano político, también se trata de una decisión equivocada. Y de consecuencias muy ominosas para el país.

   Al convalidar la postura de Televisión Azteca los operadores políticos en el gobierno muy posiblemente consideran que es preferible excederse en la aplicación de la ley antes que enfrentarse al poder de la comunicación electrónica. Después de todo, dicen en privado algunos de ellos, estamos en año de elecciones y no se trata de perjudicar la imagen de la administración actual.

   Esa supeditación a la mediocracia es confesión de patética debilidad por parte del poder político. Los operadores en Los Pinos consideran que no podrían gobernar y mucho menos lograr un resultado favorable en las elecciones de julio sin el respaldo de la televisión.

   A esos operadores políticos y a muchos de nuestros gobernantes, los asesores de imagen les han hecho creer que el gobierno se ejerce a través de los medios y que su arribo al poder ha sido gracias al respaldo que la televisión les dio en la campaña de 2000.

   Los medios constituyen, sin lugar a dudas, el principal instrumento de persuasión e información y ejercen una influencia formidable sobre la sociedad. Pero ni el espacio público se agota en ellos, ni son el único vínculo del gobierno con los ciudadanos.

   La actitud que en este episodio manifiestan respecto de una de las dos televisoras nacionales, permite constatar que el presidente Fox y sus colaboradores consideran imprescindible el beneplácito de la televisión.

  

Ante el poder mediático

   Vamos a suponer que tienen razón. Figurémonos que la mediatización de la sociedad mexicana es tal que sin el oráculo televisivo no hay personaje, política o propuesta capaces de lograr consenso entre los ciudadanos.

   Imaginemos que la política no tiene otras ágoras y que el ejercicio del gobierno ha dejado de contar con los numerosos instrumentos que la ley, el voto de los ciudadanos y la fuerza de las instituciones estatales le han conferido.

   Supongamos que sin televisión propicia, nuestras autoridades y la clase política no podrían mantener la gobernabilidad en México.

   Si el poder político no tuviese más remedio que ser rehén del poder mediático, entonces lo que tendría que buscar serían opciones para que esa sujeción resultase menos abrumadora.

   Esa sería la lógica política de un gobierno consciente de sus responsabilidades y con auténtica visión de Estado. Si no cuenta con recursos suficientes para representar a la sociedad, o cuando queda avasallado por poderes distintos a los genuinamente constituidos, el Estado comienza a inmolarse en beneficio de intereses particulares.

   Si el poder de los medios es tan determinante como por lo visto reconoce nuestro gobierno, entonces lo que hay que hacer es crear normas, recursos y contrapesos para que no se convierta –o para que deje de ser– un poder capaz de avasallar al resto de los intereses nacionales.

  

Estado sobrecogido

   El gobierno federal, sin embargo, está actuando exactamente en contra de esa posibilidad. Lejos de aprovechar la oportunidad que tenía para participar en la modernización de la ley de radio y televisión el 10 de octubre, con el decreto y el reglamento para esa industria se allanó al interés de los empresarios preponderantes en tales medios. Ahora, en vez de aplicar la ley y sancionar los excesos de Televisión Azteca el gobierno, en la práctica, los está legitimando.

   El quebrantamiento de la ley que esa empresa cometió en el asalto en El Chiquihuite constituía una extraordinaria oportunidad para afianzar la autoridad del Estado delante del poder mediático. Era una ocasión ineludible para hacer cumplir la ley y, junto con ello, subrayar la obligación que las empresas de comunicación tienen con el orden jurídico y con la sociedad.

   Además, en la reivindicación de los derechos del Canal 40 el Estado tenía la oportunidad de favorecer una opción televisiva distinta a la que han representado los dos consorcios de ese medio en nuestro país.

   Si el poder de los medios es tan grande como todos admiten, la postura necesaria desde el punto de vista de un Estado democrático no es admitir acríticamente que ya nada hay por hacer ante ellos sino garantizar que se ciñan al marco legal y, dentro de él, propiciar nuevas opciones y equilibrios en el campo de la comunicación.

 

Canal 40, la diferencia

    Como empresa distinta a las dos que dominan la televisión mexicana y, también, gracias al afán de originalidad e independencia que le han aportado muchos de sus trabajadores, el Canal 40 ha contribuido a enriquecer la diversidad de la comunicación electrónica. Su sola presencia, solitaria en el panorama de la televisión abierta (al menos en el Valle de México) junto a los canales de las dos grandes empresas y a las televisoras del gobierno ha sido, por diferente, saludable.

   La experiencia del Canal 40 ha demostrado que sin muchos recursos pero con imaginación y libertad, se puede hacer una televisión que no sea idéntica a la que durante décadas han estado sometidos los mexicanos.

   Ese rasgo, por sí solo, ha hecho meritorio al Canal 40. Pero además, ha indicado el camino pertinente para que en la televisión se reproduzca la variedad de opciones que hay en la sociedad mexicana.

   La existencia de canales distintos a los dos monopolios es benéfica para la sociedad y para el Estado. Canales como el 40 constituyen opciones de pluralidad y en tal sentido, de contrapesos en el panorama de la televisión.

   Por eso, además del derecho que Televisión del Valle de México –su concesionario legítimo– tiene para usufructuar esa señal, la existencia del Canal 40 tendría que ser del mayor interés para el gobierno y el Estado mexicanos.

 

Visión estrecha

   Mientras más opciones existan en el dial televisivo mayor será la posibilidad de que los ciudadanos estén menos supeditados a los mensajes de una o dos empresas mediáticas.

   Mientras más diversos sean los intereses que se expresen en la televisión, menor será la subordinación del poder político a la mediocracia.

   Más canales, en manos más diversas, constituyen el único camino para propiciar la diversidad (que es una de las condiciones de la democracia) en la televisión.

   Sin embargo, además de las inconsistencias legales que padecen las decisiones recientes respecto del Canal 40, el gobierno federal está actuando en contra de la pluralidad en la televisión. No alcanza a advertir la desaparición de esa opción distinta de televisión, al tener como consecuencia el fortalecimiento de Televisión Azteca, sería contrario al interés de la sociedad y del Estado.

   Esa actitud del gobierno está condicionada por una visión estrecha. Quienes han sugerido o resuelto apostar por Azteca a pesar de la ilegalidad que ello significa, piensan en el horizonte electoral de aquí a pocos meses y no en los intereses del país.

   El gobierno parece suponer que, al condescender ante el atropello perpetrado por Televisión Azteca, esa empresa tendrá un comportamiento favorable a sus intereses políticos y electorales. Pero es altamente posible que también en eso se equivoque.

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Porque ése es su trabajo, presidente

La Crónica, 7 de enero de 2003

Ayer por la mañana cuando el presidente Vicente Fox recorría la sala de prensa en Los Pinos el periodista Roberto López, de Canal 40, le pidió que se ocupe del litigio que TV Azteca tiene con ese medio. El presidente siguió de largo, sin responder, pero varios reporteros le insistieron para que expresara su posición sobre ese asunto. El presidente solamente respondió: “¿Yo? ¿Por qué?”.

Las respuestas que podrían ofrecerse para satisfacer la duda del presidente serían numerosas. Existen motivos constitucionales, políticos, éticos e incluso concernientes a la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos que el presidente tiene obligación de cumplir, para que sin mayor tardanza se ocupara del desafío que el 27 de diciembre emprendió Televisión Azteca.

Resulta penoso tener que recordar por qué el titular del Poder Ejecutivo tiene que cumplir con su trabajo. Pero ya que existe esa petición pública podemos mencionar las exigencias que un influyente grupo de empresarios mexicanos dio a conocer en un manifiesto “A la sociedad mexicana” el pasado 13 de diciembre.

Esos empresarios se comprometieron con valores reconocibles como parte de los entendimientos necesarios para que tengamos una convivencia civilizada. Entre tales principios se encuentran:

“Rechazo a la violencia como medida de presión política. La violencia sólo genera división y un clima de confrontación que afecta el desarrollo del país. La violencia no soluciona los conflictos, los agrava.

“El respeto al Estado de Derecho es la responsabilidad primera de las autoridades, pues es la base de la democracia y el progreso. Nadie puede estar por encima de la Ley; su aplicación no es negociable”.

“La diversidad de opiniones y la expresión libre de puntos de vista son síntomas de una democracia plena. El diálogo es la mejor vía para dirimir diferencias y encontrar puntos de acuerdo”.

“La normalidad democrática es resultado de un gran esfuerzo de la sociedad. Su defensa es compromiso y responsabilidad compartida para todos. Cualquier intento por debilitar nuestras instituciones democráticas, debe ser condenado y rechazado categóricamente”.

Esos son algunos de los compromisos que suscribió el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Inicialmente fueron el eje de un desplegado que ese organismo dio a conocer en rechazo a la irrupción violenta de varios grupos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Luego, esos principios formaron parte del discurso que el presidente de esa Cámara leyó en una reunión con los consejeros del Instituto Federal Electoral.

Exactamente dos semanas después de que la Cámara que reúne a los empresarios de los medios electrónicos propalara tales preceptos, uno de sus asociados más relevantes envió a un grupo de asaltantes para ocupar las instalaciones transmisoras de otra empresa de radiodifusión, también miembro de la CIRT.

Si los directivos de la Cámara de los radiodifusores son congruentes con las plausibles definiciones que asumieron el mes pasado, ahora tendrían que condenar la involución a la ley de la selva que ha perpetrado TV Azteca. No deja de ser contradictorio, sin embargo, el hecho de que el actual presidente de la CIRT sea Jorge Mendoza Garza, prominente funcionario de Televisión Azteca.

A los empresarios de la radiodifusión siempre les ha preocupado la legalidad de sus acciones. Incluso se han empeñado en torcer la ley para ajustarla a sus intereses pero no suelen pasar por encima de ella. No deben estar tranquilos con la exhibición de prepotencia que ha ofrecido TV Azteca.

Ayer por la tarde el gobierno dijo que en pocas horas más anunciaría una posición sobre ese litigio. Si le hicieran falta en los compromisos que hemos citado, igual que en muchas otras expresiones recientes, el presidente Fox y sus secretarios encontrarían suficientes motivos para interesarse en la usurpación de la señal y la antena del Canal 40.

No ausencia, sino connivencia

La Crónica, 27 de enero de 2003

La decisión para entregarle a un juez y no al canal 40 las instalaciones transmisoras y el control de la señal de esa televisora dejó, inicialmente, una sensación de impericia y ausencia de autoridad por parte de gobierno. En varios medios en el transcurso del fin de semana se consideró que con esa medida la administración del presidente Fox se apartó del litigio, o que se lavó las manos.

   En realidad el comportamiento gubernamental ha sido peor. No estamos ante una demostración de incapacidad para tomar decisiones, sino ante una determinación intencional para favorecer los intereses de una de las televisoras en conflicto.

   Al postergar la devolución a Televisora del Valle de México del patrimonio del cual fue despojada en el asalto armado del 27 de diciembre, el gobierno federal le hace el juego a los planes de la empresa del señor Ricardo Salinas Pliego. Cada día que pasa sin que el Canal 40 difunda sus programas en señal abierta para el Valle de México, es un día más en el acoso que padecen esa televisora y sus trabajadores. Por eso ayer la versión dominical de esta columna se titulaba “Gobierno, cómplice de TV Azteca”.

   La decisión de la juez Luz María Díaz Barriga señaló que el aseguramiento de las instalaciones ha perjudicado a la parte quejosa –es decir, Televisora del Valle de México– la cual le había solicitado un amparo contra esa medida del gobierno.

   Así que solamente con mala fe y con el propósito de cobijar a Televisión Azteca, el gobierno pudo condescender con la interpretación mañosa que esa televisora propagó acerca del acuerdo judicial.

   El viernes por la tarde dos de los directivos más notorios de TV Azteca se presentaron en las instalaciones transmisoras del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite como si su empresa hubiera sido beneficiaria de la decisión judicial. Entre sus desplantes de arbitrariedad estuvo la agresión que el vicepresidente de Televisión Azteca, Jorge Mendoza, cometió contra Javier Cortina, uno de los abogados del CNI.

   El video de ese episodio que ha difundido el Canal 40 muestra a Mendoza arremetiendo contra el abogado. Ese no hubiera pasado de ser un incidente menor si no fuese porque Televisión Azteca intentó falsearlo, diciendo que su directivo había sido víctima y no provocador del enfrentamiento como realmente ocurrió.

   Mendoza es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Aunque muchos empresarios de ese ramo no compartan las actitudes de Televisión Azteca ni los modos de ese funcionario, mientras él los encabece están inevitablemente implicados en el diferendo con el Canal 40.

   Los directivos de Azteca encabezados por el dueño de esa empresa también acudieron, según se ha publicado, a varias oficinas del gobierno federal. Buscaron, y consiguieron, presionar en favor de una versión distorsionada de la decisión judicial. La inicial perplejidad del gobierno fue campo fértil para que prosperase esa interpretación, según la cual la suspensión dispuesta por la juez no era suficientemente explícita a favor de Televisora del Valle de México.

   Así que no hubo imparcialidad, sino el interés para respaldar a una de las partes, en la decisión que tomaron los secretarios de Gobernación y Comunicaciones y Transportes.

   A esa decisión no fue ajeno el Presidente de la República. Aunque se encontraba en Davos, estuvo permanentemente enterado de ese asunto según la información que proporcionó el sábado Rodolfo Elizondo, responsable de Comunicación de Los Pinos.

   Lejos de lavarse las manos, el gobierno se las enfangó todavía más al ratificar el favoritismo que ha decidido dispensarle a Televisión Azteca.

 

Gobierno, cómplice de TV Azteca

La Crónica de Hoy, 26 de enero de 2003

Hasta el último minuto, en ostensible exhibición de su complicidad con Televisión Azteca, el gobierno federal regateó el cumplimiento de la disposición judicial para que Televisora del Valle de México recuperase el control de la antena y la señal del Canal 40.

   En los últimos momentos del plazo de 24 horas que estableció la juez séptima de Distrito para que la Secretaría de Comunicaciones le informara que había cumplido la instrucción de levantar el aseguramiento en el Cerro del Chiquihuite, esa dependencia lo único que hizo fue transferir a otra autoridad la decisión acerca de tales instalaciones.

   Al poner esas instalaciones en manos del juez de distrito penal que atiende la denuncia por despojo en ese litigio, el gobierno federal ha seguido rehuyendo su responsabilidad para aplicar la ley.

   No se trata de una decisión imparcial, ni ajustada al orden jurídico. Se trata de una manifestación más de connivencia con los intereses de Televisión Azteca.

   Mientras más persista el embargo de las instalaciones y la señal del Canal 40, más difícil será la situación financiera de Televisora del Valle de México que ha sido despojada de su principal fuente de recursos, que es la venta de espacios publicitarios en las transmisiones por esa frecuencia.

 

Nuevo abuso contra Canal 40

   A esa asfixia a la que se somete a los propietarios y trabajadores del Canal 40 –y también a sus televidentes– contribuye el gobierno del presidente Vicente Fox al incumplir la instrucción que la juez de Distrito había indicado el viernes por la mañana.

   El gobierno ha considerado que el acto de suspensión dispuesto por esa juez no resolvía a quién corresponde la posesión de los bienes que habían sido asegurados por la SCT. Sin embargo el fallo judicial reconocía que tal aseguramiento le estaba ocasionando perjuicio a la parte demandante, es decir, a Televisora del Valle de México.

   La resolución de la juez Luz María Díaz Barriga estaba tan claramente destinada a beneficiar la demanda interpuesta por esa empresa, que allí se reconoce que acreditó el título de concesión sobre el Canal 40. Más aun, tomando en cuenta que Televisión Azteca ha requerido el pago del dinero que le entregó hace varios años a Televisora del Valle de México, la juez dispuso que la concesionaria del Canal 40 depositara una fianza.

   Así que no había duda sobre la empresa a la cual debía beneficiar la suspensión del aseguramiento.

   Las instalaciones en el Chiquihuite y la operación regular del Canal 40 tendrían que haber sido entregadas ayer a Televisora del Valle de México. Sin embargo el gobierno federal decidió seguirle haciendo el juego a Televisión Azteca.

   Es una decisión política, y no jurídica. Se trata de una decisión del Presidente de la República que durante todo el día de ayer, de acuerdo con la información que proporcionó en Davos su vocero, atendió varias consultas del secretario de Comunicaciones acerca de ese asunto.

   Es una decisión más a favor de la impunidad.

   Mientras tanto, no puede soslayarse el hecho de que unas horas antes de ese comportamiento del gobierno la esposa del presidente de la República se benefició de la hospitalidad de Televisión Azteca para promover una iniciativa de la fundación privada –Vamos México– que ella encabeza.

 

Extendido respaldo a CNI

   La de ayer, es una decisión más que el gobierno toma, en este conflicto, en contra de la opinión del resto de la sociedad y el mundo político. A excepción del gobierno, todas las fuerzas políticas importantes se han expresado en contra del asalto armado que Televisión Azteca perpetró la madrugada del 27 de diciembre y a favor de los derechos de Televisora del Valle de México sobre las instalaciones y la frecuencia del Canal 40.

   En la prensa escrita, a excepción de quizá un par de empleados de TV Azteca –que se quejan, sin argumentos, de una conspiración– no se ha conocido una sola defensa de las posiciones de esa televisora. Columnistas y articulistas, lectores que se expresan en cartas a las redacciones e incluso posiciones editoriales que representan el punto de vista oficial de algunos diarios, han exigido la restitución del Estado de Derecho en ese conflicto y, por lo tanto, sanción al abuso perpetrado por la empresa de Ricardo Salinas Pliego. De manera insistente se ha deplorado la desaparición de las pantallas de una opción distinta a las convencionales como la que significa el Canal 40.

   En la radio, abiertas muchas de sus frecuencias a esta discusión, la defensa del Canal 40 ha sido generalizada. Sin soslayar el diferendo mercantil que se mantiene entre Televisión Azteca y la empresa de Javier Moreno Valle, numerosos periodistas y conductores han reconocido un comportamiento parcial del gobierno frente al derecho del Canal 40 y sus trabajadores a seguir haciendo televisión independiente.

   Quizá si el gobierno no hubiese actuado de manera tan indolente, convirtiéndose en cómplice de Televisión Azteca al mantener el secuestro de las instalaciones del 40, no se habría extendido una reacción de simpatía tan amplia a favor de CNI. Pero mientras más desfachatada ha sido la actitud de la televisora del Ajusco, más complacientes con sus posiciones resultan las decisiones y omisiones del gobierno federal.

  

Reproches a Cerisola

    El rechazo de las fuerzas políticas nacionales al abuso de Televisión Azteca y la preocupación ante la incuria del gobierno se expresaron el martes 21 de enero en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes en el Senado. Pedro Cerisola intentó descalificar las posiciones de los legisladores diciendo que se trataba de “juicios de valor”.

   En efecto lo eran y por eso tendrían que haber resultado más preocupantes para el secretario. Se trataba de juicios muy críticos de los senadores de los tres principales partidos nacionales acerca del descuido, o incluso la insuficiente legalidad, con que él ha realizado su trabajo. Entre todos los legisladores que intervinieron en esa reunión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado no hubo uno solo que aprobara el comportamiento del gobierno y de ese funcionario en el conflicto alrededor del Canal 40.

   El senador Moisés Castro Cervantes, del PRD, le preguntó acerca de la disposición que tomó la SCT el 9 de enero: “¿Cómo se explica la figura del aseguramiento si quienes fueron emplazados en el momento no fueron los titulares de la concesión ya que nada tienen que perder en beneficio de la nación, pues las instalaciones no son de su propiedad?”. Luego, cuando Cerisola confirmó “no tengo duda, el concesionario es Televisora del Valle de México”, ese legislador  pudo replicar: “si saben quién es el titular de la concesión, ¿por qué no se le entrega como depositario de las instalaciones?”.

   Emilio Gamboa Patrón, senador del PRI, consideró que “la intervención de la secretaría, que es ilegal, es un claro ataque a la libertad de expresión”.

   Del mismo partido, Eric Rubio Bartell le reclamó a Cerisola: “Despojaron de la señal al que tiene la concesión”.

   Jesús Galván Muñoz, senador de Acción Nacional, argumentó: “Si la señal como aquí reiteradamente se ha dicho es un bien del dominio público y esa señal sólo puede ser explotada por una concesión, le pregunto ¿se puede transferir por un contrato privado la explotación de la concesión?”. A esa inquietud el secretario de Comunicaciones respondió que “la señal no es transferible por un simple acuerdo entre particulares”, con lo cual admitía que Televisión Azteca no ha tenido la razón cuando ha sostenido que tiene derecho a transmitir en la frecuencia del Canal 40.

   César Jáuregui Robles, también del PAN, expresó inquietud por saber cómo va el gobierno a defender el interés público.

   Mariano González Zarur, PRI, fue más allá y denunció: “Es un problema de gobernabilidad y no de carácter judicial”.

   Javier Corral Jurado, senador del PAN y presidente de la Comisión que convocó a Cerisola, le dijo al secretario que el artículo 104 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, que presuntamente legitimaba el aseguramiento de las instalaciones, había sido utilizado de manera incorrecta pues fue establecido para casos de piratería o cuando se explota, sin permiso de la autoridad, una frecuencia del espectro radioeléctrico.

   Más adelante Corral puso en aprietos al secretario preguntándole si la actitud de la SCT ante el conflicto en torno al 40  “¿significaría que el día que se tome una carretera o una caseta de peaje, cerrarían la caseta, sellarían las cajas y no se dejaría pasar ningún carro más?”.

   Y luego, en la frase que sería más difundida entre todo lo que se dijo en aquella sesión, Corral le pidió a Cerisola que le transmitiera al presidente los puntos de vista que había escuchado a fin de “cuidarlo en un momento fundamental como éste, y que el asunto de Canal 40 no lo marque para la historia como en su momento le ocurrió a Luis Echeverría con el puñetazo contra Excélsior”.

 

Exigencias del Congreso

   El profundo disgusto que ha ocasionado la sumisión del gobierno ante la prepotencia de Televisión Azteca se expresó el miércoles en la Comisión Permanente del Congreso cuando, de manera unánime, diputados y senadores aprobaron un punto de acuerdo que “exhorta al Ejecutivo federal a que, en estricto apego al Estado de derecho, restituya a la mayor brevedad la señal del Canal 40 al legítimo titular de la concesión y a salvaguardar así los intereses de la sociedad”.

   También se alienta en esa resolución, propuesta por el senador panista Felipe de Jesús Vicencio, a que “los legítimos intereses de la contraparte, Televisión Azteca no sean conculcados de manera alguna, habida cuenta que en un auténtico Estado de derecho la autoridad legítima debe velar por la salvaguarda de los derechos de todos”.

   Para ello Televisión Azteca deberá demostrar, ante autoridad judicial competente, cuáles son esos derechos legítimos. Pero cuando los legisladores recuerdan que la salvaguarda del orden jurídico se encuentra a cargo de “la autoridad legítima”, descalifican el abuso que cometió TV Azteca al apropiarse de un patrimonio que la justicia no le ha adjudicado.

   Media docena de legisladores intervinieron acerca del conflicto entre las televisoras. Inicialmente el diputado priista Salvador Cosío Gaona presentó un punto de acuerdo, respaldado por 15 legisladores, para solicitarle al gobierno información acerca de ese diferendo. Allí se dice que Televisión Azteca “asumió, al parecer en forma violenta, el control de las instalaciones”.

   Esos hechos “provocaron que en la opinión pública se señalaran con indignación la absurda dilación y la ausencia de firmeza y de claridad legal en cuanto a la intervención de la autoridad federal correspondiente al suscitarse los acontecimientos y, más aún, se ha tildado de poco clara en el sustento legal la determinación posterior asumida, hace sólo unos días, acerca de la orden oficial de interrupción forzosa de la señal radiodifundida de televisión y el aseguramiento de las instalaciones y el equipo técnico con que venía operando Canal 40”, se dice en esa propuesta.

   La ilegalidad en la acción de la SCT se añadió a la transgresión cometida por TV Azteca de tal manera que: “ante una concesión federal de radiodifusión debidamente otorgada, no impugnada y vigente, y con una autorización legal del gobierno para transmitir una señal televisiva que tiene carácter de servicio público, con poca claridad legal o incluso sin el fundamento cierto, se está privando que se ejerza el servicio concesionado, con graves consecuencias sociales, mercantiles y laborales”.

   Ese punto de acuerdo expresa especial preocupación por los trabajadores del Canal 40 que “son quizá la parte más afectada y son, por supuesto, a quienes debe atenderse prioritariamente en sus reclamos. En cuanto a ellos, no ha existido hasta este día ninguna determinación de las autoridades competentes para salvaguardarles sus derechos”.

 

“Desafío al Estado”

   Posteriormente el senador Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, de Acción Nacional, presentó su propuesta adicional. Allí se condena de manera enfática a la concesionaria de los canales 7 y 13. En las consideraciones para respaldar ese punto de acuerdo, que también fue aceptado por todos los legisladores presentes en la Comisión Permanente se dice:

   “El pasado 27 de diciembre el Estado de derecho fue seriamente vulnerado por la ocupación de las instalaciones del Canal 40 por parte de Televisión Azteca, en una acción que pudiera encuadrar en la figura de despojo prevista en el Código Penal. Este hecho representa un desafío a la responsabilidad del Estado de custodiar el espacio radioeléctrico para el interés público. Lo que debió ser una inmediata acción del gobierno, demoró más de diez días y, lejos de contribuir a la solución del problema, lo complicó al recurrir indebidamente al aseguramiento de las instalaciones y cancelación de la señal del Canal 40”.

   En respuesta a explicaciones como la que el día anterior había ofrecido el secretario Cerisola acerca del aseguramiento, los senadores y diputados replican: “Cuando se argumenta que tal medida se funda en lo dispuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión, se pasa por alto que la frecuencia en cuestión ha sido concesionada legalmente a Televisora del Valle de México y que la transmisión a través de la misma cuenta con la correspondiente autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.”

   Las consecuencias jurídicas y políticas de esa acción del gobierno federal son señaladas en estos términos: “Al despojo por parte de un particular se sumó la acción de la autoridad, que obró en sentido contrario a lo que el estado de derecho exige y fortaleció la impunidad. Estos hechos han convertido el conflicto en asunto de legítima preocupación social y de debate en la opinión pública, y ponen en entredicho la legitimidad de las acciones del gobierno. La autoridad tiene la obligación de preservar el interés público así como evitar que éste sea afectado por un litigio privado entre empresas de telecomunicación. Independientemente del curso que el mismo deba llevar por la vía de los tribunales y de la resolución que esa instancia emita respecto a las responsabilidades de las partes, resulta imperiosa la necesidad de restituir en los hechos la primacía del interés público”.

   A partir de esas premisas los legisladores hicieron las exhortaciones antes transcritas para que el Ejecutivo federal restituyera la señal del Canal 40 a su legítimo concesionario, sin demérito de los derechos que Televisión Azteca pueda acreditar.

  

Retirar concesiones a Azteca

   En la discusión de ese tema la Comisión Permanente escuchó al senador Raymundo Cárdenas, del PRD, quien precisó la gravedad del abuso que ha cometido Televisión Azteca y la sanción a la que esa televisora se ha hecho acreedora:

   “Deberíamos exigir respuesta al secretario de Gobernación a la pregunta siguiente, ¿si la televisora Azteca violó el artículo 72 de la Ley Federal de Telecomunicaciones –que dice que las personas que presten servicios de telecomunicaciones, sin contar con la concesión o el permiso a que se refieren los artículos 11 y 31 de esta ley, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectiva– no perdería en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones?”.

   La cancelación de las concesiones que ahora benefician a Televisión Azteca podría decidirse también con apego al artículo 31 de la Ley Federal de Radio y Televisión que, entre las causas para revocar una prerrogativa de esa índole, señala “cambiar la ubicación del equipo transmisor sin previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, “cambiar la o las frecuencias asignadas…”, o “cualquier falta de cumplimiento a la concesión”.

   Televisión Azteca, sin contar con autorización para ello, ocupó las instalaciones de otra empresa televisora, usurpó una señal que no le ha sido concesionada y durante varios días la utilizó para retransmitir programación de otro de sus canales.

   En su turno el diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde, censuró la actitud inicial de las autoridades que no quisieron alterar sus vacaciones de fin de año para atender el desafío que les impuso Televisión Azteca y explicó: “El interés que tiene mi grupo parlamentario en que el Estado cumpla con su labor y regule –no controle ni manipule– a la televisión, es con el fin de que los ciudadanos elijan entre varias opciones de información y entretenimiento”.

   Luego el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, encontró que en este caso hay complicidad entre los transgresores y la autoridad y recordó que el alquiler y la compra-venta de concesiones se ha convertido en una práctica de diversos empresarios de la radiodifusión que violenta el marco jurídico.

   Al otro día, el jueves 23, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados recibió, en sendas sesiones, a representantes de las dos televisoras en conflicto.

 

Diego y Madrazo, preocupados

   De esa manera, la dejadez gubernamental ante un asunto cuya gravedad preocupó a muy diversos espacios de la sociedad mexicana llevó al Congreso a interesarse y expresarse en ese tema. Los legisladores deploraron la ausencia de la señal del Canal 40 en el dial televisivo del Valle de México, exigieron la restitución de antena y frecuencia a esa empresa y criticaron muy duramente el comportamiento del gobierno federal.

   Otras voces del mundo político insistieron en tales cuestionamientos. El viernes Crónica dio a conocer el punto de vista del senador Diego Fernández de Cevallos, para quien resulta “verdaderamente grave que después de que TV Azteca hizo uso de su derecho a reclamar su dinero, cometa la brutalidad de realizar un asalto a mano armada. Ahí es donde debe estar la ley, distinguiendo (entre) los verdaderos derechos de TV Azteca y los excesos y prepotencia con la que se comportaron para hacerse justicia”.

   Ese día por la tarde el presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo, consideró que una tarea fundamental del gobierno “es abrir espacios de comunicación, mas no cerrarlos”. Sin embargo en el caso del Canal 40 la autoridad “se tardó en intervenir”. Madrazo dijo también que “legislar en torno a los medios de comunicación es un tema pendiente de la agenda nacional, y que hay un gran reclamo para avanzar en la revisión de la actual ley”.

 

Inmolación en el Ajusco

   Así que sus propios excesos han llevado a Televisión Azteca a favorecer, involuntariamente, una causa contra la que durante años ha militado con obstinación. Esa empresa y sus directivos, igual que otros medios, se han opuesto a la reforma legal para la comunicación de masas en nuestro país. Sin embargo los abusos de TV Azteca en las semanas recientes han propiciado que, como nunca, hoy en día la sociedad mexicana y sus principales fuerzas políticas compartan la convicción de que es urgente actualizar la legislación para los medios electrónicos. De esa manera se propiciaría que las concesiones de televisión y radio estuvieran manejadas por empresas capaces de cumplir con los compromisos sociales y el apego a la legalidad que esa responsabilidad les impone.

   En esa escalada autodestructiva que solo pueden propiciar la ambición desmedida, la arrogancia desbordada y un petulante sentimiento de impunidad, Televisión Azteca también parece empeñada en devastar su mejor patrimonio que no son las concesiones y las antenas sino la confianza de la sociedad.

   La desfachatada utilización de los canales que tiene concesionados y que ha aprovechado para defender sus intereses particulares, la difusión impúdica de mentiras para tratar de justificar los abusos que ha cometido y la presentación parcial y fragmentada de opiniones que manipula en esa campaña para distorsionar la realidad, le han restado a Televisión Azteca gran parte de su ya discutible credibilidad.

   Como en los peores tiempos de los medios adosados al poder político cuyo respaldo les resultaba imprescindible, pareciera que a Televisión Azteca no le interesa el público, ni la sociedad, sino un solo telespectador: el obsequioso televidente que la favorece desde Los Pinos (o incluso desde Europa, como sucedió ayer).

   Esa alianza es tan manifiesta que la señora Martha Sahagún de Fox no tuvo escrúpulo alguno para presentarse hace unos cuantos días en los canales de TV Azteca, sabiendo que hay un litigio de intereses entre esa y otra televisora, para solicitar contribuciones a su extravagante campaña para que los niños campesinos tengan bicicletas. 

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