Contrarreforma en varias pistas

Zócalo, julio de 2009

Propositivos y participativos, o grises y adocenados, los diputados que conformarán la próxima legislatura no tardarán mucho tiempo en demostrar si están al servicio de la sociedad o de los grupos de interés corporativos. El de los medios de comunicación será uno de esos temas definitorios.

Después de unas elecciones acotadas por el desencanto y la desconfianza, los nuevos legisladores enfrentarán un escrutinio y una exigencia sociales que sus predecesores no experimentaron, al menos de manera tan enfática. Más allá de la concurrencia a las urnas y de la preferencia de los ciudadanos en torno a diversas opciones para votar, los comicios del 5 de julio habrán estado circunscritos por un clima de suspicacia al que no fueron ajenos el interés corporativo de los medios de comunicación más importantes pero, también, el reclamo de muchos votantes por una vida pública más abierta y sobre todo con decisiones legislativas menos arbitrarias.

El reproche social, que en otras latitudes ha sido calificado con elegancia y prudencia como desafección de los ciudadanos respecto de la política, se convirtió en el tema de discusión más importante antes de los comicios de julio. Por primera vez en la historia política mexicana el interés de ciudadanos y medios respecto de los comicios no se concentró en los candidatos y sus plataformas, ni en las expectativas en torno a la organización electoral, sino en la pobreza de las opciones partidarias y las iniciativas –contradictorias, pero con la frescura que tienen los temas emergentes– para anular el voto.

Las perspectivas de ese movimiento estarán limitadas por su ausencia de estructura orgánica y por el discurso antipolítico que desplegaron algunos de sus promotores. Pero seguramente alcanzará efectos en el interés que distintos sectores de ciudadanos mantengan sobre la actividad de la clase política, especialmente respecto de los diputados que hayan surgido de esa elección.

Después del 5 de julio

El interés ciudadano por las actividades públicas y especialmente por las tareas legislativas estará acotado por dos circunstancias que son, a su vez, paradójicas y contrapuestas. El discurso contra la política se diluirá en nuevas expresiones de irritación y desesperanza en muchos de quienes no se inquietarán por estos asuntos sino hasta las próximas elecciones federales, dentro de tres años. Pero en algunos sectores de la ciudadanía crítica que se ha desarrollado en los años y meses recientes, la antipolítica no tendrá más vía de distensión que una nueva atención, más enterada y quizá menos efímera, en los asuntos públicos.

De manera simultánea serán evidentes los móviles de quienes, desde los medios de comunicación más influyentes, alentaron el alegato de la antipolítica para llevarlo, en algunos casos, a las convocatorias por la anulación del sufragio. Muchos comunicadores, igual que numerosos ciudadanos, estuvieron convencidos de buena fe en esa opción electoral. Pero también parece evidente que la desacreditación de los partidos políticos les conviene a los consorcios mediáticos que no han ocultado la prisa que tienen para que el Congreso revierta las reformas en materia de propaganda política que fueron aprobadas hace dos años.

Los partidos se han ganado, día tras día, una rencilla tras otra, la mala fama que hoy tienen en la sociedad mexicana. De allí se deriva un contexto de exigencia que puede ser saludable para la democracia y, en todo caso, para la rendición de cuentas a la que están obligados gobernantes, legisladores y líderes políticos. La discusión que antecedió a las elecciones de julio podría desencadenar una nueva atención ciudadana a temas como la reforma jurídica para los medios, que solamente la indolencia de los legisladores y la capacidad de amago de los grupos de presión han mantenido estancada.

En esa situación los nuevos diputados, así como los senadores que llegan a la segunda mitad de su encomienda sexenal, tendrán que elegir entre apoyarse en la sociedad o en los grupos de interés corporativos. Aunque haya bastado para asignar las 500 curules y conformar los grupos parlamentarios, la votación del 5 de julio habrá tenido insuficiencias que solamente pueden remediarse con una intensa actividad política en y delante de la sociedad. Es difícil, aunque también posible, que los legisladores sean reacios a reconocer ese reclamo de los ciudadanos.

Amago y persuasión

La revisión de las reglas para la propaganda electoral será el primer tema de definición, y en un primer trecho el más importante, en la actitud del Congreso acerca de los medios y su legislación. Las corporaciones de televisión y radio, que dejaron de recibir varios miles de millones de pesos en cada temporada electoral con la suspensión en la compra de spots, insistirán en una rápida e inopinada derogación de tales reglas.

No será tan fácil, porque para ello se requeriría de una nueva reforma constitucional ya que las pautas de la reforma de 2007, incluso con inusual detalle tratándose de ese ordenamiento, fueron establecidas en el artículo 41 de la Constitución.

Solamente con una amplia operación de amago y persuasión, las televisoras podrían alcanzar la mayoría necesaria para una reforma de esa índole. Ante esa dificultad que solo podría resolverse con el respaldo de los tres partidos de presencia nacional, desde hace varios meses tales corporaciones emprendieron tareas de cabildeo y propaganda para desvirtuar y en algunos casos anular las disposiciones constitucionales sobre medios y elecciones, particularmente la prohibición a la compra de propaganda política.

Las corporaciones mediáticas han buscado la revocación en los hechos de tales disposiciones, a través de sentencias judiciales de alcance tanto local como federal. Simultáneamente han promovido el quebrantamiento de la prohibición constitucional a veces de manera pública y, en otras, con culposa discreción.

1. Amparos judiciales. Desde 2008, con el pretexto de reivindicar la libertad de expresión que decían amenazada por la prohibición a la compra de spots en medios electrónicos, las empresas de radiodifusión promovieron, ante jueces de todo el país, amparos contra esa taxativa que establece el artículo 41 Constitucional.

Apoyadas por grupos empresariales como la Coparmex y por los escritores que también se dijeron defensores de la libertad de expresión (aunque más tarde algunos de ellos explicaron que no les interesaba tanto el tema de los medios sino la posibilidad de que los ciudadanos impugnaran la Constitución por vías judiciales) las televisoras presentaron docenas de solicitudes de amparo.

Tales solicitudes no habrían tenido efecto alguno de no ser por una inesperada decisión de la Suprema Corte de Justicia que, en septiembre de 2008, consideró que los juzgados ordinarios podrían recibir y resolver peticiones de amparo contra reformas constitucionales. De esa manera la Corte abrió un enorme flanco de debilidad jurídica de la que algunos ministros ya se han arrepentido.

El amparo que a comienzos de mayo de 2009 otorgó la jueza Florida López Hernández a la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos fue el primer eslabón de una cadena que las televisoras esperaban más nutrida. Alegando irregularidades nimias como la notificación de la hora en la cual los senadores votaron aquella reforma constitucional en septiembre de 2007, esa jueza de Cholula, en Puebla, confirió a la agrupación patronal de Morelos un extraño pero inservible privilegio. Durante el reciente proceso electoral, ese grupo empresarial era la única entidad de todo el país que estaba autorizada a comprar propaganda política en televisión o radio. Pero no lo podía hacer, al menos de manera legal, porque la Constitución y el Código Electoral prohíben vender espacios de esa índole.

2. Decisiones de las autoridades electorales. Más grave aún fue la resolución que, el 8 de mayo, asumió el Tribunal Federal Electoral para revocar la prohibición que el Consejo General del IFE le había impuesto al Partido Verde acerca de los spots en donde algunos de sus diputados, con el pretexto de informar acerca de su actividad legislativa, hacían propaganda electoral.

El IFE había considerado que esos anuncios del PVEM eran de proselitismo electoral. Sin embargo el Tribunal resolvió que se trataba, simplemente, de anuncios con los cuales los diputados del Verde cumplían con su deber de rendir cuentas ante los ciudadanos.

Al hacer suyos los argumentos de los diputados del PVEM, el Tribunal Federal Electoral abrió un boquete severo y quizá irreparable a la reforma electoral de 2007. A partir de esa resolución, cualquier partido podría hacer campaña al margen de las disposiciones electorales tan solo con disfrazarla de mensajes de sus legisladores.

Esa decisión se sumó a otras sentencias, también notoriamente generosas con el interés de las televisoras, que habían aprobado los magistrados electorales. Durante el tortuoso y judicialmente exuberante proceso electoral que tuvimos el primer semestre de 2009, abundaron las acusaciones contra el desempeño de Televisa y Televisión Azteca. En algunas ocasiones el TRIFE enmendó sentencias del Instituto Federal Electoral para disminuir y en algún caso para precisar multas a esas empresas. En otras ocasiones, el Tribunal intervino en esos temas debido a la lenidad de los consejeros del IFE respecto de las televisoras.

Sin criterios claros ni firmes, en la actitud de esas autoridades electorales –tanto el IFE como el TRIFE– predominó a veces el pasmo y en otras ocasiones la complacencia con el interés de Televisa y Azteca. Algunas versiones sugieren que el gobierno federal participó del cabildeo ante el TRIFE para propiciar sentencias como la que absolvió al Partido Verde por hacer propaganda electoral disfrazada de información legislativa. De ser así, se confirmaría la sumisión que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha decidido mantener respecto de las televisoras privadas. Esa subordinación forma parte del contexto en el cual los nuevos diputados deberán cumplir, o no, la responsabilidad que tienen con la reforma legal para los medios de comunicación.

3. Transgresiones públicas a la legislación electoral. El sábado 23 de mayo la narración del partido de futbol entre los Pumas de la UNAM y el Puebla en el canal 2 de Televisa, fue interrumpida por una inesperada entrevista con Demetrio Sodi, candidato del PAN a delegado en Miguel Hidalgo.

Mientras el juego transcurría, durante alrededor de dos minutos un recuadro en la parte inferior de la pantalla mostraba a ese candidato hablando de sus de sus promesas en caso de ser electo.

Sodi aseguró que no había sido un espacio pagado sino resultado de la buena relación que tiene con sus amigos de Televisa. Sin embargo antes dijo que la entrevista no estaba pactada y luego se confirmó que sí. En caso de que haya pagado por esa aparición, tanto el candidato como la televisora habrían infringido la prohibición a la venta de espacios para propaganda.

Y si fue un obsequio, se habría tratado de una donación también ilegal que habría rebasado, con mucho, los límites que tuvieron para sus gastos de campaña los candidatos a delegados en la ciudad de México.

La comparecencia de Sodi durante el futbol resultó escandalosa porque no había justificación alguna ella. Pero la incorporación de imágenes y alocuciones de personajes políticos que pagan por tales espacios o los reciben de las televisoras contrayendo evidentes compromisos, se ha vuelto subterfugio frecuente contra la ley electoral.

Televisa y Azteca, con casi cotidiana asiduidad, presentan en sus noticieros a personajes de anchas ambiciones políticas como Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto en eventos que distan de ser relevantes. En ocasiones esos segmentos aparecen dentro de los cortes comerciales, sin disimulo a su carácter de notas que han sido pagadas por el gobierno de la ciudad de México o por el gobierno del Estado de México.

Tales anuncios violan la disposición constitucional (artículo 134) que prohíbe la contratación de espacios para la “promoción personalizada” de los gobernantes.

Televisión Azteca, además,  durante la temporada electoral promovió una campaña a favor de un “México Verde”. La televisora decía estar inquieta por la basura que hay en las calles –aunque, de ser así, su preocupación profiláctica podría haber comenzado con la programación que se difunde en sus canales–. Coincidentemente con esa campaña se desarrollaba la del Partido Verde Ecologista… cuya lista plurinominal en la cuarta circunscripción fue encabezada por la hija de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca.

4. Infracciones legales a trasmano. Desde que fueron promulgadas la reforma constitucional de noviembre de 2007 y las reformas de enero de 2008 al Código Federal Electoral, la compra y la venta de espacios para propaganda política en la radio y la televisión no solamente están expresa y claramente prohibidos. Además, las sanciones a quienes infrinjan esas disposiciones pueden llegar a la cancelación del registro al partido o candidato que compren espacios para propaganda electoral o la suspensión de la concesión a las empresas de radiodifusión que aceptaran tales ventas.

A pesar de esos riesgos, durante las campañas de 2009 algunos partidos y candidatos pagaron para obtener espacios en medios de comunicación, particularmente en algunas entidades del país. Nadie se anima a reconocerlo de manera pública, porque se trata de delitos electorales que implican sanción para ambas partes. Pero en privado, distintos candidatos a diputaciones federales o a presidencias municipales, o algunos operadores políticos de varios partidos, admiten que han tenido que pagar a cambio de ser entrevistados en algunas estaciones de radio y posiblemente también de televisión.

Los partidos y candidatos que compraron espacios de esa índole, cedieron al chantaje de algunos radiodifusores que solamente de esa manera accedían a mencionar sus campañas. Así, se convirtieron en cómplices de la contrarreforma que, en la práctica, han emprendido algunos radiodifusores para esquivar las disposiciones legales en materia de propaganda política.

Es poco lo que se puede esperar, en el terreno de la reforma legal para los medios, de aquellos diputados que con tal de ganar la elección se dejaron extorsionar por algunos empresarios de la radiodifusión y pagaron con tal de ser mencionados o entrevistados. Esos comportamientos forman parte del difícil contexto en el que se desempeñará la LXI Legislatura.

HiTV, el nuevo atraco de TV Azteca

Zócalo, junio  de 2009

“Aunque no les guste…”: con la misma bravuconería con que ha emprendido una ilegalidad tras otra, la televisora de Ricardo Salinas Pliego advirtió que mantendría el sistema de televisión codificada que puso en marcha en contra de una decisión expresa de las autoridades y transgrediendo la legislación en materia de radiodifusión.

El servicio llamado “Hi-TV” que puede recibirse con un decodificador que se vende en las tiendas Elektra, utiliza las frecuencias que Televisión Azteca tiene concesionadas exclusivamente para televisión abierta. Es decir, Azteca hace de esas frecuencias una utilización que no ha sido aprobada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Televisión Azteca ha mentido al asegurar que “la operación de HiTV es legal” y que su título de concesión le permite transmitir señales paralelas a las de televisión abierta. Que lo diga de esa manera y sin respaldo documental alguno, es parte del comportamiento mendaz que desde hace años se le conoce a esa empresa. Pero en este episodio varios comentaristas, sobre todo en las secciones financieras de los periódicos, han reiterado esas afirmaciones permitiendo que Televisión Azteca actúe como ventrílocuo suyo.

Una ilegalidad tras otra

Televisión Azteca comete varias transgresiones legales con el sistema HiTV.  En primer término, al propagar señales adicionales a las que tiene permitidas incumple con sus títulos de concesión, que solamente la autorizan a propagar televisión abierta.

En segundo lugar, esa utilización de las frecuencias viola el Acuerdo que expidió el presidente Vicente Fox el 2 de julio de 2004 para otorgar a las televisoras un canal adicional por cada uno de los que ya tenían con el propósito de impulsar la televisión digital.

En tercer término, esa actitud viola doblemente las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Lo hace en primer lugar porque esas disposiciones requieren de una autorización específica por cada uso que se haga de las frecuencias que componen el espectro radioeléctrico. Y las infringe porque desde el 5 de septiembre de 2008 la Cofetel había rechazado la petición de TV Azteca para ofrecer servicios de video bajo demanda utilizando las frecuencias que tiene concesionadas para televisión abierta.

En cuarto lugar, y por eso la postura de Azteca ha resultado especialmente provocadora, la utilización de frecuencias concesionadas para televisión con el propósito de difundir a través de ellas otros servicios contradice la resolución que tomó en junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se ocupó de la llamada Ley Televisa.

El núcleo de aquellas reformas a las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión era el afán de las televisoras para explotar las frecuencias concesionadas conduciendo y vendiendo otros servicios gracias a las posibilidades técnicas que ahora ofrece la digitalización de la señales.

La principal impugnación presentada contra la Ley Televisa radicaba en ese aprovechamiento indiscriminado. Los concesionarios de televisión y radio se convertirían prácticamente en dueños de esas frecuencias porque las podrían utilizar a su antojo.

Eso no significa que las frecuencias no deban ser empleadas para difundir la mayor cantidad posible de señales y servicios. Al contrario. Aquellas objeciones a la Ley Televisa consideraban que cualquier uso adicional al que fue expresamente concesionado debería ser puesto a licitación y que, en cualquier caso, la empresa beneficiaria de una nueva adjudicación debería pagarle al Estado una retribución por ese aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Indebido privilegio

Precisamente, cuando la Corte dispuso la abrogación del artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión que consagraba esa discrecionalidad de las empresas concesionarias, consideró que la posibilidad de utilizar las frecuencias cuando y como quisieran era un privilegio indebido que aquella reforma les entregaba a las empresas privadas de televisión y radio. Las estaciones no comerciales y cualquier otro interesado en difundir señales adjuntas a las de televisión abierta, tendrían que pasar por un proceso de licitación y autorización.

Por eso la Corte señaló: “Ni en la iniciativa de ley, ni en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora se expresó razón válida alguna que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicación sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente, lo que, en términos de competencia económica y libre concurrencia, constituye un claro trato discriminatorio que provoca, entre otras cosas, para los permisionarios de radiodifusión, concesionarios en telecomunicaciones y terceros interesados en una nueva concesión, una significativa barrera a la entrada a este mercado, de carácter tanto regulatorio como económico, que evidentemente obstaculiza la libre concurrencia y propicia las prácticas monopólicas de los agentes que pretendan hacer uso del poder sustancial que tienen en el sector de la radiodifusión”.

El razonamiento de los ministros reivindicaba la equidad con la que se encuentra obligado el Estado. Permitir que quienes ya disfrutan de un beneficio otorgado por el Estado –es decir, de una concesión– puedan tener otro más únicamente porque ya han sido favorecidos con el primero, significa engrosar los privilegios y discriminar al resto de la población.

La Corte insistió en que ese artículo 28 era anticonstitucional porque vulneraba la capacidad del Estado para disponer de un recurso natural como las frecuencias de radiodifusión y porque propiciaría la concentración de recursos comunicacionales, “lo que evidentemente se contrapone a un régimen que asegure una efectiva pluralidad de concesionarios que evite la formación de grupos de poder en una actividad que tiene una influencia decisiva en la sociedad, pues debe tomarse en cuenta que es un hecho notorio que los actuales concesionarios de servicios de radiodifusión tienen un poder sustancial en el mercado de la radio y televisión abiertas, por lo que el otorgamiento de mayores privilegios para la obtención de concesiones en materia de telecomunicaciones, implicará la traslación de su posición preponderante en su mercado, al segmento de los servicios de telecomunicaciones, provocándose así que las actividades tanto de radiodifusión como de servicios adicionales de telecomunicaciones se concentren en unos cuantos agentes económicos, en lugar de que se abran a la competencia y se logre una mayor diversidad y pluralidad tanto en los medios masivos de comunicación, como en materia de telecomunicaciones”.

Indolentes legisladores

Esos fueron, entre otros, los argumentos de la Corte para declarar inconstitucional aquel artículo 28 en la revisión que hizo de la Ley Televisa en junio de 2007. Desde entonces quedaron invalidados varios artículos de las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Se hubiera supuesto que, en atención a esa resolución de la Suprema Corte, el Poder Legislativo tendría que haber reemplazado esos artículos con nuevas disposiciones que atendieran a las decisiones de los ministros y permitieran el desarrollo de la radiodifusión con pleno acceso a la convergencia digital y con reglas capaces de propiciar la diversidad de opciones comunicacionales.

Lo más adecuado hubiera sido que la Cámara de Diputados y el Senado, en reconocimiento al interés público que suscitaron las impugnaciones a la Ley Televisa y la resolución de la Corte, diseñara y aprobara una nueva ley de medios, que involucrara tanto a la radiodifusión como a las telecomunicaciones. Pero el Congreso no quiso ponerse de acuerdo en ese tema. Los senadores y diputados de PAN, PRD y PRI, pudieron construir decisiones conjuntas para reformar en septiembre de 2007 la Constitución y luego la legislación electoral y crear un nuevo régimen para la relación entre medios de comunicación y partidos. Pero los arreglos políticos no fueron suficientes para conducir a una nueva ley de medios.

A esa indecisión e indolencia del Congreso se debe el vacío jurídico que Televisión Azteca ha querido aprovechar para decidir por su propia cuenta el aprovechamiento de las frecuencias que le han concesionado para TV abierta. La legislación actual prohíbe de manera expresa esa utilización. Pero no precisa los conductos jurídicos que debieran seguir los interesados en transmitir señales adicionales a las de TV abierta por los canales hasta ahora habilitados para ese servicio. Esos cauces no existen porque el Poder Legislativo no ha querido hacer suyo, pero tampoco rechazar, el criterio ya establecido por la Corte a fin de que quienes tienen concesiones deban concursar por cualquier nuevo uso que hagan de ellas.

Clientelismo televisivo

Lo que TV Azteca hizo fue desatender la ley y actuar como si las frecuencias que tiene concesionadas fueran suyas. Significativamente en ese nuevo atraco (que se aúna a los muchos otros que ha cometido la televisora de Salinas Pliego) Azteca no contó con la connivencia de otros consorcios comunicacionales.

Aunque las operaciones de HiTV se conocían desde enero, cuando fue mencionado por varios columnistas (Gabriel Sosa Plata publicó en El Universal una explicación muy clara de ese servicio y de la ilegalidad que implicaba) el asunto no inquietó a mucha gente hasta que el 11 de mayo fue difundido en su primera plana por el diario Reforma. Desde el campo de los medios, hubo entonces reacciones de tres tipos.

Algunos comentaristas críticos expresaron indignación con ese nuevo abuso de Televisión Azteca. Por otra parte, varias empresas de televisión por cable exigieron que el gobierno atajara esa ilegalidad porque la televisión codificada de Azteca competiría con los servicios que ellos ofrecen. Y por otro lado, la empresa de Salinas Pliego replicó en un agresivo comunicado (publicado como inserción pagada el 14 de mayo en varios diarios) que formulaba reproches personales al dueño de Reforma, aseguraba que HiTV funciona de manera legal (lo cual es mentira) y sugería que ese servicio lleva la televisión de paga a segmentos de la población que no han tenido recursos para acceder a ella.

Con demagogia, pero con cierta astucia barata, Televisión Azteca ha buscado colocarse como benefactora de los televidentes de menos recursos económicos que gastarían menos en la compra del convertidor para ver HiTV que suscribiéndose a la televisión por cable o satelital a las tarifas hasta ahora vigentes.

Lo que no dice Azteca es que el menú de canales de HiTV es notoriamente más pobre y de menor calidad que la programación habitual en los sistemas de televisión de paga. Tampoco explica que quienes compren su decodificador quedarán sujetos a las tarifas y modalidades que posteriormente les imponga esa empresa, con mayor discrecionalidad si no está sujeta a regulación alguna. Y tampoco recuerda que en cualquier momento las autoridades de Comunicaciones y Transportes, con la ley en la mano, podrán clausurar el funcionamiento de HiTV debido a las muchas infracciones que ha cometido.

Efectivamente, la existencia de un nuevo servicio de televisión de paga afecta a las empresas que hasta ahora han acaparado ese mercado. Muchas de ellas han sido adquiridas por Televisa en los años recientes, de tal manera que este diferendo entre los operadores de televisión por cable y HiTV es antes que nada un nuevo episodio de tensiones entre Televisa y TV Azteca que se distancian y alían según les conviene.

Posibles sanciones

Los regateos alrededor de HiTV manifiestan intereses de negocios distintos entre las televisoras pero, antes que nada, la apropiación que TV Azteca hace de esas frecuencias expresa un intencionalmente alevoso desprecio por las leyes y las autoridades encargadas de hacerlas cumplir.

Por eso fue pertinente que el viernes 15 de mayo la Comisión Federal de Telecomunicaciones anunciara el inicio de un proceso para imponer sanciones a Televisión Azteca por violaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión. Además trasladó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revisión del mismo asunto para determinar qué infracciones cometió Azteca a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Es deseable que esos procedimientos concluyan pronto con multas e inhabilitaciones claras a dicha televisora y que no se enreden en vericuetos administrativos en los que con frecuencia queda estancada la aplicación de la ley en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. En la decisión de esas autoridades tendría que pesar el desafío que TV Azteca hizo público cuando alardeó: “Aunque no les guste, venderemos las cajas de HiTV…”

En este diferendo, a los únicos que nadie toma en cuenta es a los televidentes.

TV Azteca los engaña ofreciéndoles un servicio de paga de calidad y legalidad dudosas.

Los operadores de televisión por cable se postulan como defensores del orden jurídico y del interés del público cuando, durante varios años, se han opuesto a que el gobierno autorice a Teléfonos de México para ofrecer televisión por la red telefónica.

Las autoridades en materia de telecomunicaciones tratan de arbitrar entre las corporaciones pero no propician un mercado más abierto y plural, con más opciones televisivas pero además con precios menos altos, para el consumo de la televisión de paga.

La convergencia tecnológica no está siendo aprovechada para que los mexicanos tengan mejores y más baratos servicios de telecomunicaciones.