Cuando comunicar se vuelve un crimen

Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.

Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.

El primero de junio pasado Camero, que  es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.

Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.

La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.

También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.

El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.

Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.

Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.

Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.

La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.

¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?

Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.

Publicado en eje central

Periodismo de investigación

Cuando la prensa no sólo transmite hechos sino además busca explicarlos, entonces se hace necesario el periodismo de investigación. Más aún: cuando los hechos que se pretende transmitir no pueden ser entendidos sólo a partir de un ángulo, sino en su dimensión más amplia, es cuando la investigación periodística resulta indispensable. Allí se encuentra la clave del periodismo moderno. Si bien el género esencial en cualquier diario es la nota informativa, las aristas complejas de una sociedad moderna sólo pueden ser retratadas, y entonces quizá explicadas, a partir del reportaje.

El periodismo de investigación ha venido a ser el recurso con que la prensa moderna, en todo el mundo, busca competir con los medios electrónicos pero además, ganarse la confianza de sus lectores. Hoy en día la gente se entera de los acontecimientos a través de la televisión, que muestra las imágenes climáticas de hechos que a menudo se olvidan o no son presentados en contexto. Luego, en la radio, se obtiene una explicación instantánea; tanto, que a menudo el comentario radiofónico no es mas que improvisación y superficialidad, aunque tenga el mérito de la apuesta temeraria a favor del compromiso con un punto de vista. En la prensa, se encuentra o debería hallarse la información con mayor detalle, el acopio de cifras y opiniones junto con su cotejo para aquilatarlas, el contraste entre el hecho crudo y su ubicación social e incluso histórica, la búsqueda en profundidad de los ángulos del acontecimiento.

El periodismo de investigación es búsqueda, mientras más esmerada mejor, aunque tiene como exigencia, limitación y restricción, el apremio dictatorial del tiempo y la pertinencia de una exposición sin recovecos, capaz de ser entendida por todos los lectores. Si la publicación de un buen reportaje se demora tanto que el tema del cual se ocupa deja de ser noticia, corre el peligro de transitar del periodismo, a la crónica de hechos sociales o a la historia reciente. Si hace tanta gala de afeites y guiños retóricos que la forma se sobrepone al contenido, entonces esa pieza deja de ser accesible y quizá, tenga valor literario pero no periodístico.

El periodismo de investigación busca darle al lector algo más que los otros medios y que las páginas ordinarias del diario. Esa oferta editorial es el valor agregado con el que todo buen periódico quiere competir dentro del mercado de los mensajes. En México, la competencia real entre las publicaciones periodísticas es tan reciente que entre otros rezagos ha padecido la falta –con poquísimas y a veces por desdicha efímeras excepciones– de un auténtico periodismo de investigación.

Durante largas y tortuosas décadas, gran parte de la prensa mexicana existió para un solo patrocinador y, de hecho, para un solo y omnímodo lector que era el poder político. Las cosas van cambiando, a veces más despacio de lo que se podría esperar y la prensa mexicana experimenta una transición bamboleante e incluso contradictoria, pero con cambios y avances reales. Entre los más importantes, está la presencia de publicaciones que pretenden  que el periodismo de investigación sea parte central de su propuesta editorial.

Un inventario completo sería tan engorroso como injusto. Pero es indiscutible que aún con todo el sensacionalismo vindicativo con que se ocupa de los asuntos públicos, la revista Proceso ha ofrecido algunos de los grandes aunque no abundantes momentos del periodismo de investigación en el México de los años recientes. Diarios de la ciudad de México como unomásuno, La Jornada y más recientemente Reforma, El Universal y Crónica, han ido por delante de los acontecimientos en diversas ocasiones, gracias a que han tenido reporteros que buscan y no sólo repiten, así como editores capaces de arriesgar publicando reportajes y no nadamás declaraciones. Tanto en el DF como en provincia, los esfuerzos de periodismo de investigación tropiezan con la indolencia de reporteros y editores y sobre todo, con la tacañería de empresarios periodísticos que no invierten en la búsqueda de noticias porque se conforman con llenar planas de material de relleno, que es más barato aunque a la postre, ahuyenta a los públicos. El periodismo de investigación es, indudablemente, más costoso. Pero nadie ha dicho que la preferencia de los lectores se gane con facilidad.

Cuando no se conforman con las afirmaciones oficiales, cuando van más allá de los boletines, cuando las entrevistas de banqueta son meras referencias circunstanciales, cuando hacen trabajo de hemeroteca y sobre todo cuando aportan materiales documentales que enriquecen, matizan e incluso desmienten la versión hasta entonces oficial de un acontecimiento, los periodistas que hacen investigación desarrollan una prensa útil y, entonces, trascendente. Todo eso está muy bien. Pero a menudo al periodismo de investigación se le confunde con el sensacionalismo que exprime los hechos llamativos para aturdir más que explicar a los lectores, lo mismo que con la publicación de  chismes y murmuraciones.

Ejerciendo una alevosa impunidad a menudo ese periodismo, con el pretexto de indagar, se entromete en las vidas privadas. Esa es una dificultad de la prensa en todo el mundo, pero nosotros tenemos la desventaja adicional de que, en México, tales rasgos no suelen ser entendidos como problemas que pueden tener solución, sino como defectos inevitables del periodismo. No pocas publicaciones, entre ellas algunas de las antes mencionadas, llegan a difundir como noticias simples especulaciones o, peor, han presentado como resultado del trabajo de investigación de sus reporteros meros rumores sin fuente acreditable.

Filtración no es investigación. El periodismo de búsqueda no es de versiones a trasmano sino el que presenta hechos verificables y con datos sólidos. Algo avanzamos ya con la existencia de grupos de periodistas, en distintos sitios del país, que practican un diarismo que, sin estridencias ni engreimientos, busca la miga de los hechos. Al periodismo de investigación, para crecer, le faltan más buenos periodistas, más editores rigurosos y antes que nada, lectores exigentes. Unos, producen a los otros. Eso esperamos.

(Este texto lo escribí en 1997 para una edición especial de Siglo 21 de Guadalajara y luego se publicó en Correo de Guanajuato. En algún momento estuvo en mi sitio web. Una amable colega cubana me preguntó por él y lo he encontrado ampliamente citado, pero sin mencionar la fuente,  en algún texto sobre el tema. Gracias a ello advertí que ya no estaba en línea. Por eso lo pongo aquí).

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