Los medios ante el narcoterrorismo

La Crónica, 29 de mayo

Cada vez que colocan un mensaje junto al cadáver de uno de sus ejecutados, o cuando hacen advertencias en anuncios en las calles (como las mantas que colocaron el fin de semana pasado en varios puentes de Ciudad Juárez), e incluso cada vez que suben a Internet un video con alguno de sus crímenes, las bandas de delincuentes quieren exhibirse.

Con esos desplantes, los criminales tratan de intimidar a sus adversarios y buscan reafirmarse a sí mismos dentro de sus peregrinos códigos de comportamiento. Pero sobre todo intentan generar un clima de aprensión en la sociedad. Quieren crear miedo. Y en esa tarea a veces encuentran la desprevenida colaboración de los medios de comunicación.

Cuando un delincuente publicita sus fechorías, aparte de las retorcidas motivaciones siquiátricas que pueda tener busca un efecto social. Y eso es lo que procuran las pandillas delincuenciales cuando alardean de sus crímenes. Los medios de comunicación difunden esas fechorías porque son noticia. En muchas ocasiones la publicación de asesinatos, secuestros y venganzas de las bandas delincuenciales le permite a la sociedad conocer las dimensiones crecientes del crimen organizado y aquilatar su gravedad. Pero la difusión reiterada y atropellada de esos hechos, especialmente cuando se publican imágenes atroces de tales crímenes, puede crear un efecto de aturdimiento.

Mostrados sin jerarquización ni contexto, tales hechos e imágenes llegan ya no a exhibir sino a trivializar esos acontecimientos criminales. Y una cosa es que los atentados del crimen organizado sean desdichadamente cotidianos y otra, que perdamos nuestra capacidad de asombro ante ellos.

En otros casos la presentación sin explicaciones ni marco crítico de dichos sucesos contribuye a propagar un clima de desazón en donde los ciudadanos, hartos de tales asuntos, pueden preferir la indulgencia de los criminales antes que la acción del poder público para enfrentarlos.

Esos efectos paradójicos e indeseables que alcanza la exposición de hechos criminales están despertando una preocupación legítima tanto en algunos medios como en el gobierno mexicanos. El combate al narcotráfico tiene aristas variadas y posiblemente una de las más importantes sea la exposición pública de los actos criminales.

El 12 de mayo pasado el presidente Felipe Calderón se inconformó porque los medios de comunicación, al divulgar sin mayor tamiz las acciones de los criminales, les ayudan a desplegar el terror. La reacción inopinada de varios medios y comentaristas que confundieron esa exhortación con una acusación llana (“¡a mí nadie me dice qué escribir señor presidente!” reclamaron coléricos algunos precipitados columnistas) llevó a Calderón a precisar una semana más tarde: la delincuencia organizada quiere aterrorizar a la sociedad y es pertinente que los medios lo tomen en cuenta “para no consecuentar dicha estrategia”.

Sería inaceptable que, para quitarle foro a los delincuentes, hubiera alguna forma de censura en los medios de comunicación. El presidente Calderón no ha sugerido eso. Pero también resultaría irresponsable que, solamente para reivindicar su derecho a la libertad de expresión, los medios y sus operadores no se plantearan el problema que significa estar en riesgo de hacerles el juego a las pandillas criminales.

Ese dilema ha motivado algunas discusiones y comentarios. El periodista Ricardo Alemán, en su columna de El Universal, mencionó la posibilidad de que haya un pacto de los medios mexicanos para definir criterios que sirvan en el manejo de las informaciones relativas al narcotráfico.

En Colombia hace 9 años, bajo el principio “preferimos perder una noticia antes que una vida”, los directivos de tres docenas de medios de comunicación establecieron un puntual “Acuerdo por la discreción” para elevar la calidad y propiciar la responsabilidad en la cobertura periodística de hechos violentos. Desde luego la situación mexicana no es idéntica a la de aquel apreciado vecino latinoamericano, que además del narcotráfico padece el amago de una despiadada guerrilla y de salvajes grupos paramilitares. Pero aquí ahora, como antes en Colombia, hay grupos delincuenciales que tratan de propagar sus crímenes para sembrar desconcierto y miedo.

El Acuerdo de los medios colombianos, suscrito en noviembre de 1999 a iniciativa de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad de La Sabana en Bogotá, establece los siguientes seis compromisos:

“ 1. El cubrimiento informativo de actos violentos –ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos– será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.

“ 2. No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.

“ 3. Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.

“ 4. Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.

“ 5. Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.

“ 6. Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político. Utilizaremos expresiones que contribuyan a la convivencia entre los colombianos ”.

¿Qué medio mexicano, sensata y explícitamente, podría negarse a compromisos como esos? Desde luego todos podemos pensar de inmediato en los medios más notoriamente singularizados por la explotación del sensacionalismo y de las desgracias ajenas que hacen todos los días. Pero la sola existencia de un acuerdo en torno a principios básicos sería útil tanto para que los periodistas orientaran la cobertura de hechos suscitados por la delincuencia organizada como para que los televidentes, lectores y radioescuchas evalúen el desempeño de los medios.

La situación mexicana es distinta a la de Colombia. Qué bueno. Pero en los amagos de la delincuencia, el peso que alcanzan en los medios y la insuficiente reacción social ante el crimen organizado, tenemos similitudes que ameritarían una seria y extendida preocupación. En 1995 el profesor Manuel Vidal Noguera, de la Universidad Javeriana en Bogotá, ofreció una conferencia en donde después de calificar como narcoterroristas a las acciones criminales con las que el narcotráfico busca amedrentar a la sociedad y el Estado, explica: “El narcoterrorismo necesita la publicación espectacular de los hechos, y dentro de ella da la bienvenida a los adjetivos que se empleen, aún para condenarla, pues ellos potencian sus nefastos efectos”.

Más adelante el profesor Noguera puntualiza, en esa exposición que luego fue publicada en la revista Signo y sociedad: “Yo jamás sería partidario de la censura a la prensa, por ningún motivo y en ninguna circunstancia… Pero sí esperaría de los medios de comunicación que, justo en el momento en que más lo necesito como ser humano aterrorizado y horripilado por los actos de terror, me ayudaran a comprender la situación, a hacerme conciente de ella, a encontrar los asideros racionales del terror a otra serie de hechos, sucesos, datos y fenómenos, de manera que pudiera reducir y manejar la angustia que provocan. Esperaría de los medios que me ofrecieran toda la gama de posibles explicaciones, pues lo que necesito en esos momentos, durante la larga ola narcoterrorista, por ejemplo, es reducir la incertidumbre, recordemos que ‘a nada teme más el ser humano, que a ser tocado por lo desconocido’ ”.

Después de esa referencia a Elías Canetti, el profesor colombiano reclama de los medios: “Esperaría que los medios de comunicación, depositarios de la confianza ciudadana expresada en forma de libertad política, ejercieran un importante liderazgo de la opinión pública para restituir los lazos de cohesión social que busca deshacer el terrorismo. La evidencia empírica… demuestra consistentemente que el narcoterrorismo victimiza sistemáticamente a la población civil cuando se dirige al Estado para modificar sus políticas, ensañándose contra ella para deslegitimarlo, desestabilizarlo y volver a la sociedad contra el garante de su seguridad, a quien cobardemente han reducido a la impotencia, pues cuentan a su favor con la sorpresa, la sevicia calculada, la vulnerabilidad de los múltiples blancos civiles, urbanos y rurales”.

Una de las varias vías para reaccionar ante el narcoterrorismo se encuentra en los medios de comunicación. Claro, para emprender esa acción conjunta tendríamos que reconocer que hay problemas superiores a las querellas políticas y al estruendo mediático. Una decisión así, más allá de sus consecuencias inmediatas, subrayaría que por encima de diferencias y ambiciones circunstanciales la sociedad –y en este caso sus medios de comunicación– pueden tener causas comunes, nacionales. Aunque sea por elemental necesidad de supervivencia.

En el Senado

Intervención durante la reunión de miembros de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, con senadores integrantes de la Comisión Plural para la reforma de las leyes de medios y telecomunicaciones. 20 de febrero de 2007.

Discúlpese, subprocurador

La Crónica, 15 de mayo

Desinformado, ignorante y grosero, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano se comportó con alarmante patanería el día que recibió a los representantes de una docena de organismos internacionales que vinieron a México para indagar atentados recientes contra periodistas y la libertad de expresión.

Era el 21 de abril pasado. Ese día se cumplían dos semanas del asesinato de las jóvenes locutoras, indígenas triquis ambas, de la radiodifusora comunitaria “La voz que rompe el silencio” en San Juan Copala, en Oaxaca. Era natural que ese episodio, hasta el día de hoy impune, dominara el interés de los delegados de organismos como el International Press Institute, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa,

También era explicable que, en vista de que las asesinadas formaban parte de una radiodifusora indígena, una de las voces más atendibles en esa reunión fuera la de Aleida Calleja, la inteligente vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y protagonista central del reciente empeño de esas emisoras para obtener su regularización en México.

Los delegados de la misión internacional que visitaba nuestro país durante la tercera semana de abril se habían entrevistado con periodistas y funcionarios de diversas instituciones. En ese recorrido era de especial importancia su encuentro con la autoridad del gobierno mexicano expresamente responsable de los temas que les interesan. Castro Lozano es subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad en la Procuraduría General de la República. Era posible suponer que pocos, como él, estarían minuciosamente enterados de episodios de persecución a comunicadores como el que desembocó en el asesinato de las locutoras indígenas Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores.

Pero no. En aquella reunión el subprocurador Juan de Dios Castro manifestó una inquietante intolerancia, además de una patética ignorancia sobre asuntos en los que tendría obligación de estar bien informado.

Ante la insistencia de la representante de las radios comunitarias para subrayar que el asesinato de las locutoras triquis era una agresión contra periodistas, Castro se empeñó en regatearles esa condición. No eran mas que amas de casa, subrayó. ¿O qué, acaso tenían contrato como periodistas? Con paciencia franciscana, Calleja le explicó que en México para ser periodista no hace falta tener credencial, o una relación contractual formalizada de esa manera.

Esas aclaraciones tendrían que haber sido innecesarias porque entre los derechos humanos, de cuya reivindicación en la PGR es responsable el licenciado Castro, están los derechos de los periodistas. Ahora sabemos que para el subprocurador esa calidad profesional únicamente se alcanza cuando hay un contrato de por medio. Pero no es así como funcionan los medios de comunicación en México en donde, incluso cuando hay grandes sindicatos como en la radiodifusión, es infrecuente la existencia de contratos entre los periodistas y las empresas que difunden su trabajo.

El subprocurador cuestionó entonces la irregularidad de “La voz que rompe el silencio”, que no ha obtenido permiso legal para transmitir. Pero no era esa falta administrativa, sino el asesinato de dos locutoras lo que buscaba indagar la delegación de organismos entre los cuales también había representantes de las organizaciones Artículo 19, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas. Sería terrible que, para Castro Lozano, el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones no haya expedido el permiso de esa estación justificase el crimen contra las dos comunicadoras.

Pillado en falta una y otra vez, Castro Lozano dijo entonces que esos asesinatos ocurrieron en un estado en donde el gobernador forma filas en un partido que apoya a las radios comunitarias. El subprocurador suponía que el crimen por cuyas indagaciones le iban a solicitar explicaciones se había cometido en Guerrero, y no en Oaxaca.

El municipio en donde se encuentra San Juan Copala es Putla de Guerrero. Ese nombre llevó a la confusión de Juan de Dios Castro. Es entendible, pero aun así resulta inadmisible, que hubiera recibido a la delegación que lo visitaba sin documentarse acerca de los asuntos que iban a plantearle. Todavía más preocupante es el hecho de que, siendo responsable del área del gobierno mexicano destinada a indagar agresiones contra periodistas –la Fiscalía Especial de la PGR para esos asuntos depende del subprocurador Castro Lozano– ese funcionario ignorase en qué estado ocurrió el asesinato de las locutoras indígenas.

Encrespado el encuentro debido a los reiterados yerros del subprocurador, sus visitantes querían distender la conversación. Calleja le insistió en la pertinencia de las preocupaciones que le habían ido a manifestar y subrayó: “no veo, licenciado Castro, por qué nos trata como si fuéramos enemigos del Estado”.

En vez de aprovechar esa oportunidad para enderezar la reunión, el subprocurador la utilizó para ahondar sus diferencias con los delegados internacionales que habían acudido a su oficina y especialmente con la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias:

-“¡Usted sí. Usted es enemiga del Estado por las afirmaciones que hace!”, le recriminó Juan de Dios Castro a Aleida Calleja.

No obstante la estupefacción de sus interlocutores y la incomodidad evidente entre los visitantes internacionales, Castro no quiso entender las dimensiones del despropósito en el que había incurrido. Más tarde, para que no quedase duda –y de acuerdo con la crónica del reportero Álvaro Delgado publicada en Proceso del 4 de mayo– le hizo al representante del organismo internacional Capítulo 19, Darío Ramírez, el siguiente comentario acerca de Calleja; “Porque es mujer le tengo consideración y, además, está hablando con el subprocurador”.

Así que por dictamen del subprocurador de la PGR, la destacada ciudadana Aleida Calleja es enemiga del Estado mexicano.

Difícilmente el licenciado Castro Lozano habría podido enderezar esa descalificación de manera tan desafortunada e injusta.

La trayectoria de Aleida Calleja es pública y no hace falta que se le reivindique recordando episodios como el meritorio esfuerzo que encabezó hace un tres años para obtener la legalización de una docena de radiodifusoras comunitarias. Basta decir que, lejos de la paranoia o la perplejidad del subprocurador, las de esa acreditada luchadora social han sido convicciones plenamente identificadas con la reivindicación de las instituciones públicas y del Estado en nuestro país.

Fue precisamente la confianza en la capacidad del Estado y de las leyes, con todo y sus imperfecciones, lo que llevó a varias radios comunitarias a buscar su regularización jurídica hace algunos años. Ha sido esa certidumbre la que ha orientado el denuedo de Calleja y de muchos de sus compañeros que hoy pugnan por la existencia de una legislación que, entre sus reconocimientos a la diversidad deseable en la radiodifusión, ofrezca garantías a medios de comunicación de naturaleza comunitaria.

Así que lejos de estar enemistada con el Estado, Aleida Calleja es de las ciudadanas gracias a quienes todavía hay esperanzas para que el Estado en México represente de manera cabal a la sociedad.

Por eso las acusaciones que le endosó el subprocurador Juan de Dios Castro resultan especialmente inaceptables. Por eso las organizaciones internacionales cuyos representantes fueron agredidos, junto con Calleja, por ese funcionario, le han dirigido al presidente Felipe Calderón una carta razonadamente indignada en donde exigen una explicación y una disculpa pública del gobierno federal.

“Los miembros de la Misión Internacional –dice esa misiva– desean externar su preocupación ante la acusación realizada por el Subprocurador a una de las delegadas, así como la falta de profesionalismo que denotan los comentarios del titular de la Subprocuraduría, pues sus afirmaciones en torno al caso de las periodistas asesinadas fueron de mucha imprecisión, así como la falta de disposición percibida en la investigación y protección a periodistas. Lo sucedido nos parece grave cuando la acusación fue hecha por un funcionario de alto nivel y es el encargado de los derechos humanos y atención a víctimas del delito”.

Dislate o desliz, la actitud de Juan de Dios Castro Lozano llama la atención, además, a la luz de su trayectoria política. No es un improvisado. Ha sido diputado federal en cuatro ocasiones, fue senador entre 1994 y 2000, en el sexenio anterior fue presidente de la Cámara de Diputados y Consejero Jurídico de la Presidencia de la República. Aunque fuese en honor a esa trayectoria, pero sobre todo porque su conducta le está ocasionando al gobierno del que forma parte más problemas de los que resuelve, el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano debería disculparse. O renunciar.

Reforma de medios, cuestión de poder

Nexos, abril de 2008

La granja

“Todo es cuestión de poder, desde luego” explicaba el sociólogo británico Roger Silverstone: “En definitiva, el poder que tienen los medios para fijar una agenda. Su poder para destruirla. Su poder para influir en el sistema político y cambiarlo. El poder de facilitar, de informar. El poder de engañar. El poder de modificar el equilibrio de poder: entre el estado y el ciudadano; entre país y país; entre productor y consumidor. Y el poder que les es negado: por el estado, por el mercado, por la audiencia, el ciudadano, el consumidor resistentes u opuestos”.

Debido a que ejercen un poder muy importante, es preciso que existan contrapesos delante de los medios de comunicación. No son un poder ilimitado. En las sociedades contemporáneas resulta factible refrendar o propiciar nuevos poderes delante del que ejercen los grandes medios de comunicación.

Los medios convencionales (televisión, prensa, radio) constituyen un vehículo formidable para propagar mensajes pero en esa virtud, como es harto sabido, radica su riesgo esencial. El acaparamiento comunicacional puede constituirse en una de las peores amenazas para la democracia. La concentración de muchos medios en pocas manos tiende a estrujar la diversidad, así como la calidad de las opciones comunicacionales. Por eso todas las democracias contemporáneas establecen límites a la concentración de los medios.

Ideología y tecnología

A los dueños de las empresas de comunicación no les gusta que haya reglas que delimiten su actividad. Cada vez que se habla de revisar las leyes para la radiodifusión repiten la misma cantinela: normar a los medios, dicen, implica coartar la libertad de expresión.

Al contrario: regular a los medios es el único camino para que la sociedad disfrute de tal libertad. Si no existieran reglas para acotar la propiedad monopólica, propiciar la existencia de medios no comerciales, favorecer la difusión de producción independiente y hacer valer atribuciones de la sociedad como el derecho de réplica, los únicos capaces de ejercer la libertad de expresión serían los propietarios de los medios privados.

También a menudo se dice que, a estas alturas del desarrollo tecnológico en las comunicaciones, el empeño para reglamentar a los medios resulta candoroso porque los mensajes hoy en día se propagan mucho más por las nuevas redes telemáticas que en los canales de radiodifusión convencionales. El futuro de la comunicación, se insiste con afán anti regulatorio, se encuentra en Internet y allí las leyes se enfrentan a una propagación de mensajes sin fronteras.

Las nuevas tecnologías, en efecto, han propiciado el surgimiento de espacios comunicacionales que rompen con la unilateralidad y la estrechez de los medios tradicionales. La profusión de contenidos en Internet hace que la programación de los canales de televisión parezca un estanquillo de revistas comparado con la Biblioteca del Congreso estadounidense. Pero como también sabemos, los contenidos en la Red son tan disímiles en calidad como torrenciales en cantidad y hay amplias franjas de la población que están lejos de acceder a Internet.

Si de veras resultase obsoleto pensar en leyes de esta índole porque las nuevas tecnologías han multiplicado los canales de comunicación uno podría preguntarse por qué, entonces, las empresas televisivas defienden con tanta exaltación los canales que han usufructuado durante tantos años.

Ese era el propósito clave de la Ley Televisa, como con toda escrupulosidad fue denominada la reforma a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en marzo de 2006 y cancelada 15 meses después por la Suprema Corte de Justicia. Gracias a esas disposiciones, los titulares de una concesión de televisión o radio podían disponer a su antojo de la frecuencia que hasta ahora habían utilizado solamente para difundir señales convencionales. En adelante, además de radio o televisión podrían transmitir, en esos espacios, servicios de Internet y otras formas de comunicación digital.

Los empresarios perjudicados con aquella decisión de la Corte han replicado que significó un revés para la convergencia tecnológica porque las señales de radiodifusión no se podrán utilizar plenamente. Pero, al contrario, gracias a esa determinación el espectro radioeléctrico podrá ser aprovechado por la sociedad mexicana de manera más intensa, diversa y creativa. Si la Ley Televisa hubiera prosperado, las empresas que detentan más concesiones de televisión (Televisa y Azteca) hubieran dispuesto de formidables porciones de espectro radioeléctrico para emplearlas como mejor les conviniera. Ahora en cambio, en cada frecuencia se difundirán distintos servicios de comunicación a cargo de diversas empresas. Cada uso y frecuencia tendrán que someterse a licitación.

Agenda legislativa

Para que eso ocurra es preciso que exista una nueva legislación. La decisión de la Corte eliminó párrafos sustanciales de las mencionadas leyes federales. La tarea de sustituirlos le corresponde al Congreso de la Unión. Es urgente que lo hagan porque mientras tanto la renovación de concesiones, la apertura de otras nuevas e incluso la situación jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, designada con sustento en la ahora inválida “Ley Televisa”, se encuentran en la cuerda floja.

El Senado se hizo cargo de esa necesidad y el 7 de septiembre de 2007 creó un “Grupo Plural” para revisar la legislación acerca de telecomunicaciones y radiodifusión. Dos semanas antes el Diario Oficial había publicado la sentencia de la Corte que declaró inconstitucionales las reformas en esas materias. El rebumbio que suscitaron otros asuntos políticos (entre ellos las reformas constitucionales acerca de la propaganda electoral en medios electrónicos) y el desinterés que muchos espacios en radio y televisión decidieron asumir acerca del Grupo Plural, le dieron a su nacimiento un bajo perfil mediático.

Sin embargo ese espacio legislativo tiene una importancia de primer orden: lo integran los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, los presidentes de tres comisiones senatoriales y 10 senadores más: 3 del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 1 del Partido Verde, otro de Convergencia y uno más del Partido del Trabajo.

Durante sus primeros meses el Grupo Plural, presidido por el senador Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, organizó seminarios para entender los alcances técnicos y legislativos de las decisiones de la Corte y escuchó en una docena de audiencias a los principales involucrados en una reforma legal para los medios.

En febrero la presidencia del Grupo fue ocupada por Ángel Heladio Aguirre, del Partido Revolucionario Institucional. Ese senador manifestó una ostensible reticencia a emprender una pronta reforma legislativa. Tales diferencias de apreciación impedían que hubiera certezas sobre la reforma legal para los medios. El Grupo Plural, en todo caso, trabajó a partir de una agenda con siete grandes temas que tendrían que ser el eje para esa nueva legislación.

El primer asunto es quiénes, con qué atribuciones y cómo regularían a los medios. Las tecnologías digitales han emparentado de tal manera los formatos de los medios convencionales con los espacios y la ubicuidad de los nuevos medios que resulta pertinente pensar en una autoridad para todos ellos. Un solo organismo regulador, con atribuciones para intervenir en asuntos de radiodifusión tanto como de telecomunicaciones, sería congruente con una ley de medios audiovisuales y para las tecnologías digitales en vez de dos ordenamientos como tenemos hasta ahora.

En la medida en que tenga mayor independencia respecto del gobierno y otros poderes, el organismo regulador contaría con mayor fuerza institucional. Por eso sería necesaria una reforma constitucional y no únicamente la aprobación de una nueva legislación federal. En todo caso, otro tema relevante sería el mecanismo para designar al organismo y los requisitos que debieran cumplir sus integrantes, especialmente para garantizar que no tengan conflictos de interés al regular a las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión.

El organismo regulador tendría que licitar las concesiones para cualquier modalidad de explotación del espectro radioeléctrico. Las reglas para esas subastas, en donde la oferta financiera constituiría un factor complementario a la calidad en la programación o los servicios que ofrezca el interesado en disfrutar de concesiones, las normas para refrendar o prorrogar tales autorizaciones y sobre todo el establecimiento de límites a la propiedad de recursos comunicacionales, destacan en el segundo apartado de la agenda que ha discutido el Grupo Plural. Los intereses que pueden ser acotados con esta legislación no resultan menores. Basta recordar que dos empresas detentan el 94% de las concesiones de televisión comercial y otra más, Telmex, ha constituido un monopolio pertinazmente aferrado a esa posición de privilegio en el campo de la telefonía.

En un tercer tema se ubican las reglas específicas para auspiciar la modernización de las telecomunicaciones y su convergencia. Allí, lo más pertinente será el establecimiento de principios generales que orienten a la autoridad para regular casos específicos: rectoría del Estado, promoción de la competencia, defensa del interés de los consumidores y/o usuarios, serían algunas de esas pautas.

Las reglas para que los pueblos y comunidades indígenas tengan medios electrónicos, ocupan un cuarto apartado. El quinto, se refiere a los medios de índole pública y comunitaria. Los medios no comerciales más relevantes, entre ellos radios y televisoras de varias universidades públicas, han sugerido la creación de una ley federal específica para medios públicos. Pero un capítulo destinado a ellos dentro de una ley general de medios permitiría reconocerlos como parte del audiovisual nacional y quizá aliviar la marginación que han padecido. Los medios de índole o vocación pública deberían tener autorización para vender espacios de publicidad.

El sexto capítulo del guión que ha organizado la deliberación de los legisladores se refiere a los contenidos de los medios de radiodifusión. Junto con una plena garantía a la libertad de expresión, tendrían que existir reglas para clasificar los programas a fin de que los contenidos para adultos se transmitan únicamente en horarios apropiados para esa audiencia. En ese tema se incluirían los porcentajes de programación nacional, y producida por grupos independientes, que habrían de incluir radiodifusoras y televisoras.

Normas para la publicidad estableciendo límites claros a la cantidad de anuncios permitidos cada hora y, por otra parte, a fin de evitar la difusión de mensajes engañosos o que afecten la integridad de las producciones audiovisuales se encuentran en ese apartado.

También resultaría oportuno terminar con las confusiones e incluso los abusos que desde hace 4 décadas ha significado el llamado tiempo fiscal, resultado de un impuesto especial para la televisión y la radio. Lo más pertinente sería aumentar (quizá duplicándola) la media hora de la cual, además del tiempo fiscal, dispone el Estado todos los días en cada televisora y radiodifusora.

Una nueva legislación en estas materias tendría que ser compatible con las reglas que ahora contiene el Código Electoral para la difusión de mensajes políticos de los partidos. Por otra parte, quizá sea necesaria una legislación específica para normar el derecho de réplica que desde fines de 2007 está expresamente acreditado en la Constitución.

El séptimo de los temas que el Grupo Plural de senadores se propuso estudiar se refiere a las sanciones que habría por el incumplimiento de la legislación (actualmente las multas a los concesionarios que infringen la Ley de Radio y Televisión son absurdamente bajas) y los mecanismos para impugnar resoluciones en estos temas.

Presiones, aspiraciones

En represalia por interesarse en esta ley y por haber modificado las reglas para la propaganda política, los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado fueron vetados en los programas de Televisa y TV Azteca. Varios de los diputados más prominentes, en cambio, alcanzaban notoria presencia mediática. Un escenario indeseable para la reforma legal de los medios sería la aprobación en el Senado de una propuesta sólida que, sin embargo, se empantanara en la Cámara de Diputados.

Y es que, como advirtió el profesor Silverstone (Roger Silverstone, ¿Por qué estudiar a los medios?. Amorrortu, Buenos Aires, 2004) todo es cuestión de poder: “Del poder de escuchar y el poder de hablar y ser escuchado. El poder de incitar y guiar la reflexión y la reflexividad”. De esta reforma depende que esa capacidad quede en las mismas y avaras manos que han controlado a los grandes medios en México o que haya marco para la competencia, la diversidad y la pluralidad. De eso se trata. Nada más que de eso.

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