La cuadratura del círculo

La Crónica, 20 de febrero

Otrora tema solamente de especialistas y de los profesionales directamente vinculados con ellos, hoy en día resulta evidente que los medios de comunicación son asunto de todos. Así lo confirma la creación, ayer miércoles 20 de febrero, del Frente Nacional por la Reforma de Medios Electrónicos que reúne a medio centenar de organizaciones. Agrupaciones de la sociedad como Poder del Consumidor, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Salud Integral para la Mujer, participan allí junto a sindicatos y coaliciones sociales como el de Trabajadores de la UNAM y la Unión Nacional de Trabajadores. Están, desde luego, grupos afines al análisis y la docencia alrededor de los medios como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y agrupaciones que defienden usos sociales específicos de la comunicación como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Hay organismos gremiales y profesionales directamente relacionados con los medios como el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y la Asociación Nacional de Documentalistas. Destaca la participación de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes, que tienen entre sus principales fuentes de trabajo a las empresas de radiodifusión cuyo desempeño se pretende regular con una nueva legislación. El Frente se conformó a iniciativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, que encabeza el ex senador Javier Corral Jurado.

Apenas constituido formalmente en un encuentro en el Club de Periodistas, representantes y miembros del Frente caminaron dos calles para llegar al Senado de la República en donde habían solicitado reunirse con los legisladores directamente involucrados en la revisión de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. Estuvieron presentes Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado y una decena de legisladores más, miembros de PAN, PRD, PVEM y PRI. El encuentro era pertinente no sólo porque a los senadores tendría que interesarles el nacimiento de una coalición que se propone influir para que se reforme una legislación específica sino porque algunos de ellos, en las semanas recientes, han dicho que a corto plazo no habrá modificación en la normatividad para los medios de comunicación. El senador Creel dijo, en cambio, que tienen hasta el mes de abril para construir una nueva ley de medios.

En ese encuentro Aleida Calleja, dirigente de los radiodifusores comunitarios, relató cómo y con quiénes se conforma el Frente. Miguel Ángel Granados Chapa, presidente del Consejo Consultivo de la AMEDI, recordó los muchos esfuerzos que se han desplegado para actualizar la legislación aplicable a los medios desde que, hace más de tres décadas, el diputado priista Luis M. Farías confesó, considerando que ya no tenía más por hacer en ese tema, que los legisladores no le habían hallado la cuadratura al círculo. El investigador Alberto Aziz Nassif mencionó las demandas principales del nuevo Frente.

Allí también, a invitación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presenté la intervención que transcribo a continuación.

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Hace cuatro décadas un destacado embajador mexicano consideraba que la más importante de las “nuevas formas de participación” de la sociedad de nuestro país tendría que desarrollarse en los medios de comunicación. Ese ciudadano escribía: “Resulta escandaloso que la radio y la televisión sean todavía propiedad privada y que constituyan un negocio como cualquier otro. Al mismo tiempo, su nacionalización no sería un verdadero remedio: el monopolio del Estado en materia de información no es menos peligroso que el de los negociantes. El ejemplo de Rusia y aún el de Francia no recomiendan la nacionalización. Una solución intermedia consistiría en substituir el concepto de propiedad por el de uso: los que deben dirigir la radio y la televisión son aquellos que efectivamente la usan, es decir, los productores y los consumidores. La creación de consejos u otros organismos que se encargasen de la dirección de los programas de radio y televisión, podría ser un experimento en la democracia social de la participación”.

Aquel sobresaliente personaje explicaba: “Esos consejos estarían compuestos por la representación del Estado y, enseguida, por la de los radioyentes y televidentes, los maestros, los hombres de ciencia, los escritores y los poetas, los músicos, los artistas, los técnicos en radio y televisión, los periodistas… en suma, todos aquellos que participan efectivamente en la función informativa, ya sea como emisores o receptores. Se aseguraría así no sólo la libertad de información sino el derecho que todos los ciudadanos tienen a usar de la facultad humana por excelencia: hablar, oír y responder…” [Octavio Paz, Carta del 6 de septiembre de 1968 al C. Secretario de Relaciones Exteriores (Antonio Carrillo Flores). Reproducida en Vuelta No. 256, marzo de 1998].

Aquel mexicano se llamaba Octavio Paz y era embajador en India cuando, el 6 de septiembre de 1968, dejó registro de esas propuestas en una carta al secretario de Relaciones Exteriores. Supongo que los directivos de Televisa, tan proclives como son a descalificar a quienes proponen mecanismos de regulación social para los medios electrónicos, tendrán algún comedimiento antes de emprender contra ese Premio Nobel una campaña como las que han afectado a varios de los legisladores –algunos de ellos están aquí presentes– que se han propuesto reformar el régimen mexicano en materia de comunicación.

Lúcida y previsora como gran parte de sus reflexiones, aquella iniciativa de Octavio Paz subrayaba la influencia de los medios de comunicación que, como no son cualquier negocio, tienen que estar normados por reglas capaces de reivindicar el interés de la sociedad.

La regulación de los medios no atenta contra la libertad, como a veces se dice con lamentable simpleza. Toda libertad, para ser algo más que retórica, necesita reglas. Y el ejercicio de la libertad en los medios y delante de ellos requiere de normas capaces de garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer, en su consumo de mensajes mediáticos, de varias opciones y no solamente una –o dos, casi siempre tan deplorable una como la otra, en el caso de la televisión–. Reglas que protejan derechos como el de réplica, que auspicien la pluralidad y establezcan contrapesos al poder a menudo salvaje de los medios privados favoreciendo la existencia de medios no comerciales como los de índole pública y los comunitarios, son las que desde hace largo rato el Poder Legislativo le ha regateado a la sociedad mexicana.

La diversidad de intereses, experiencias y aspiraciones de esta sociedad no se refleja en los medios, especialmente la televisión. Por eso es preciso que haya más opciones locales y nacionales en el campo del audiovisual mexicano. También hace falta que las concesiones sean otorgadas por concurso y no discrecionalmente como ha sucedido hasta ahora; que sus usufructuarios paguen al Estado el valor real por el aprovechamiento de las frecuencias que les son concesionadas; que haya límites a la concentración de muchos medios en pocas manos que se ha constituido en el dique más importante para la apertura de la comunicación en México.

La amalgama técnica y funcional que hoy existe entre la radiodifusión y las telecomunicaciones, hace necesario que la nueva legislación unifique y actualice normas que hasta ahora han permanecido disociadas en las leyes federales de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Promover la competencia tiene que ser un recurso para desarrollar y no para abatir la calidad tanto en los contenidos como en los servicios de tales medios. Esas tareas habrían de ser ejercidas por una autoridad regulatoria con autonomía institucional y atribuciones sólidas, pero antes que nada con respetabilidad entre sus interlocutores y en la sociedad cuyos intereses representará. A la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones la integran funcionarios que, en su mayoría, son polichinelas de las corporaciones a las que presuntamente regulan.

La nueva legislación no tiene que ser compleja, ni excesivamente detallada. A fin de que sea una legislación socialmente útil hoy, tanto como mañana, resulta necesario que establezca principios generales lo mismo para el aprovechamiento del espacio radioeléctrico que capaces de propiciar la diversidad, el respeto y la responsabilidad, entre otros valores, en los contenidos de la radiodifusión. Será pertinente que los legisladores no se dejen sorprender con artificios o fundamentalismos tecnológicos como los que el año pasado trajeron al Congreso, y luego quisieron propagar en la Suprema Corte, los promotores de la Ley Televisa. Y tendrán que recordar que en este, como en pocos asuntos nacionales, el tiempo apremia.

Un mes después de que escribió las líneas que mencionamos anteriormente Octavio Paz atestiguó, indignado, la intolerancia de un sistema político que se enredaba en sus propias tinieblas. El país que tenemos 40 años más tarde es distinto en casi todo, pero las reglas para la comunicación siguen siendo las mismas. Peor aún, los medios más relevantes siguen siendo los mismos y continúan atendiendo a los mismos intereses que en aquel 1968.

En ese año el poeta mexicano explicaba, con la llaneza de quienes discurren con claridad, que a los ciudadanos los medios tenían que permitirles hablar, oír y responder. Ese anhelo sigue dificultado hoy por la cerrazón y la arrogancia de los medios de más alcance, especialmente las televisoras privadas. La posibilidad de que con los medios y no a pesar de ellos seamos auténticamente ciudadanos, señores senadores, está en sus manos.

 

Mentiroso Azcárraga

La Crónica, 14 de febrero

Emilio Azcárraga Jean fracasa en su intento para torcer la historia cuando dice que Televisa no le debe nada a la clase política mexicana. Habla de la relación entre esa empresa y el Estado como si su padre no hubiera afirmado, desfachatado como solía comportarse, que en Televisa todos eran soldados del PRI. Soslaya la inmensa cantidad de favores que cada uno de los gobiernos, priistas y panistas, le han dispensado a Televisa desde que hace casi seis décadas surgió la televisión en este país. Pretende que la hegemonía mediática que usufructúa se debe al esfuerzo de esa corporación y no a la relación de conveniencias mutuas que ha mantenido con cada uno de los presidentes que gobernaron durante dicho lapso. Pero ese ejercicio de desmemoria es fallido.

En un evento para empresarios realizado el viernes pasado el dueño de Televisa trató de abolir 60 años de privilegios que propiciaron el crecimiento de ese consorcio: “A nosotros no nos han regalado nada –afirmó, de acuerdo con la información de Blanca Estela Botello en Crónica–. O sea, que si tenemos el canal nueve es porque los del ocho no pudieron, y si Sky está sólo porque Directv no pudo, entonces ¿ahora me van a castigar porque soy competitivo o porque gano? Creo que eso está mal. Necesitamos darle la vuelta y decidir y pensar en que exista más competencia y cómo fortalecemos las posiciones de México afuera”.

Azcárraga Jean esquiva la historia de esos “triunfos” corporativos. El canal 8, propiedad de empresarios regiomontanos, había surgido en 1968 para competir con Telesistema Mexicano, la empresa propiedad de la familia Azcárraga. Logró tener una producción original pero no resistió las presiones del consorcio que para entonces ya tenía 3 canales en la ciudad de México. El gobierno mexicano influyó en esas presiones y autorizó expresamente la fusión de ambas empresas en diciembre de 1972. No es cierto, como dice Azcárraga Jean, que “los del 8” no hayan podido. Su padre y su abuelo no los dejaron, con la complicidad del gobierno.

El otro caso fue similar. Sky se quedó con el mercado de la televisión satelital mexicana cuando DirectTV no resistió argucias acaparadoras como las que condujeron a retirarle los derechos a las transmisiones de partidos de futbol. En México, a diferencia de lo que sucede en todo el mundo, las empresas de televisión abierta no están obligadas a proporcionar sus señales a todos los sistemas de televisión de paga. Ese intencionado proteccionismo le impidió a DirecTV ofrecer un servicio completo a sus suscriptores mexicanos y por eso tuvo que cerrar operaciones en nuestro país.

Esos son los laureles que reivindica Azcárraga Jean. Ahora convoca a crear condiciones para que haya más competencia. Si lo dijera en serio estaríamos ante un viraje de 180 grados en la conducta de su empresa que siempre ha pugnado por evitar, a toda costa, la presencia de otros actores en el campo de la televisión mexicana.

Así sucedió recientemente cuando la empresa estadounidense Telemundo, asociada con un grupo de inversionistas mexicanos, pretendió que el gobierno mexicano abriera licitaciones para una nueva cadena de televisión. En complicidad con TV Azteca, la empresa de Azcárraga desató una sucia campaña de desinformación en sus noticieros acerca de la intermediación en la venta de medicamentos. Con esa repentina inquietud por los productos farmacéuticos, las televisoras quisieron golpear los intereses del socio mexicano de Telemundo que entre otras cosas es propietario de una firma distribuidora de medicinas.

Ahora, sin embargo, Azcárraga Jean proclama (según la versión que de esas declaraciones publicó La Jornada): “así como Telemundo ha querido entrar a México, yo he querido entrar a Estados Unidos. A mí me corrieron de Estados Unidos. Ahí vemos como los americanos (sic) y su gobierno defienden a las empresas americanas”.

La historia de Televisa en Estados Unidos es distinta a la de Telemundo en México. En Estados Unidos sí está permitida la inversión extranjera en medios de comunicación pero limitada a un máximo del 25%. Lo que Azcárraga quiso fue primero sobrepasar ese máximo y las autoridades de aquel país se lo impidieron. Luego, asociado con otras empresas de medios, participó en el intento para comprar Univisión y su propuesta financiera fue inferior a la que finalmente ganó. Si Televisa salió de la operación directa de televisión abierta en Estados Unidos fue porque sus cálculos financieros fallaron.

En México en cambio, la inversión extranjera directa está prohibida en medios de comunicación y hay quienes acuden al subterfugio de la inversión neutra, como el grupo español Prisa en su alianza radiofónica con Televisa. Lo más saludable sería, por ello, que en nuestro país hubiera reglas claras, y desde luego límites, para la inversión foránea directa en medios de comunicación de toda índole. Si hubiera reciprocidad como pretende Azcárraga, el mercado mediático en este país debiera abrirse a la inversión extranjera. Pero lo que han él y Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, han procurado, es mantener el monopolio que ejercen sobre la industria audiovisual. Quieren competencia afuera, pero no dentro del país.

Quizá la congruencia no sea la mejor virtud de Azcárraga Jean. Pero la jactancia que manifiesta no se compadece de la realidad, ni de la historia de su familia y de la empresa que encabeza. El dueño de Televisa aseguró: “No sé qué haya pasado en otras (empresas), pero en Televisa, a nosotros no nos regalaron nada, nosotros nos hemos topado con varias crisis, varios presidentes y varios políticos que sí se han robado muchísimo dinero”.

Así que ahora resulta que las numerosas concesiones, las facilidades en materia de telecomunicaciones, la aplicación laxa de una legislación de por sí magnánima con los consorcios comunicacionales que ya existen y la decisión política para impedir que surja una competencia eficaz delante de Televisa y ahora de Azteca, no han sido resultado de una sostenida condescendencia del gobierno federal. Azcárraga Jean miente cuando dice que a esa empresa el gobierno no les regaló nada.

Los creadores de Televisa quedaron en deuda con el presidente Miguel Alemán Valdés que, a fines de su sexenio, resolvió que el modelo para la televisión mexicana sería comercial y que en 1950 le obsequió la concesión del canal 2 a Emilio Azcárraga Vidaurreta.

Ese empresario y su familia fueron favorecidos por el presidente Adolfo Ruiz Cortines que, en 1955, permitió el surgimiento del monopolio de la televisión mexicana cuando los propietarios del 2 y los canales 4 y 5 se fusionaron en Telesistema Mexicano.

Adolfo López Mateos le brindó a la empresa de los Azcárraga abiertas facilidades para explotar la red nacional de microondas y en 1960 auspició una Ley Federal de Radio y Televisión tendenciosamente favorable al interés de los empresarios privados.

Gustavo Díaz Ordaz estaba tan a gusto con la alianza que mantenía con la familia propietaria de Televisa que en 1967 designó consejero suyo a Emilio Azcárraga, aunque a fines del año siguiente se distanció de él.

Luis Echeverría Álvarez fue el presidente que con más claridad entendió los riesgos que implicaba el poder desmedido de la televisión privada e intentó establecer un contrapeso con una televisión de propiedad estatal que, sin embargo, nunca tuvo recursos ni autonomía suficientes. Pero en 1972 aprobó personalmente la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente ( propietaria del canal 8 ) para crear Televisa.

Con José López Portillo, durante el auge petrolero el gobierno gastó como nunca antes en la compra de publicidad en los canales de Televisa. Eran de antología los regalos que Emilio Azcárraga Milmo le enviaba al presidente de la República, entre ellos un Mercedes Benz blindado (según el relato de Claudia Fernández y Andrew Paxman en la excelente biografía El Tigre. Grijalbo, 2000).

A Miguel de la Madrid, Televisa le debe servicios como la creación de un sistema de comunicaciones satelitales que fue ampliamente aprovechado por esa empresa y la negativa a autorizar concesiones a empresas que pudieran competir con Azcárraga.

A Carlos Salinas de Gortari Televisa le debe la venta, por 100 millones de dólares, de 62 concesiones con las que armó la cadena nacional del canal 9. Poco antes, el nuevo dueño de Televisión Azteca había pagado seis veces y media más por las cadenas nacionales encabezadas por los canales 7 y 13. Las relaciones de Televisa con Carlos Salinas resultaron tan fructuosas que la noche del 23 de febrero de 1993, cuando ese presidente encabezó una cena para pedirle a los hombres más adinerados del país que apoyaran las finanzas del PRI, después de que cada banquero o empresario allí presentes ofrecía medio millón o un millón de dólares Azcárraga Milmo sorprendió a todos comprometiéndose a aportar 70 millones de dólares.

A Ernesto Zedillo no solamente esa empresa sino su actual propietario, le deben un servicio enorme. A la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, el presidente Zedillo gestionó personalmente la operación financiera y política que le permitió a Emilio Azcárraga Jean quedarse con el control accionario de Televisa que era disputado por las familias Burillo y Cañedo.

Y qué no puede decirse de la sumisión que tuvo respecto de Televisa el presidente Vicente Fox Quesada. Uno tras otro, accedió a todos los caprichos que le planteaba esa empresa incluyendo la promulgación en 2002 de un Reglamento de la Ley de Radio y Televisión elaborado por esa empresa y el apadrinamiento en 2006 de la malhadada Ley Televisa.

Cada uno de los presidentes mexicanos, desde hace seis décadas, respaldaron o al menos permitieron la expansión del poder económico y político de Televisa. El presidente Felipe Calderón, hasta ahora, no ha sido la excepción. Quién sabe qué sabe, o qué teme Azcárraga Jean, que hace declaraciones tan aventuradas. Es absolutamente falso que a su empresa no le hayan regalado nada. Al contrario. Y si Televisa ha tenido tratos con políticos que han robado mucho dinero, por lo menos ha sido cómplice de ellos al contar con esa información y no denunciarlos.