Aristegui fuera de W. Explicaciones y sinrazones

Semanario emeequis, 13 de enero de 2008.

   Durante más de una semana después de la cancelación del noticiero de Carmen Aristegui, buena parte de la opinión publicada se debatía acerca de un asunto un tanto volátil: ¿se trató de una acción de censura?

   Definitivamente sí condenaron, de inmediato, muchos de los abundantes radioescuchas que había logrado la emisión matutina de Hoy por Hoy y que se consideraron despojados de una fuente de información y opinión que se había vuelto costumbre cotidiana. Además de un espacio singular, Carmen Aristegui creó un estilo que podía gustarnos o no, pero que no dejaba indiferentes a sus públicos. Junto a los temas que difundía, y que con frecuencia enriquecieron la agenda de los asuntos públicos en este país, el programa de esa periodista se distinguía por el tratamiento, heterodoxo y fresco, que sabe darle a las noticias. Por eso, y desde luego debido al tratamiento de asuntos que no aparecían o no recibían el mismo espacio en otros medios, sus oyentes fieles reaccionaron a la cancelación del noticiero con una indignación poco frecuente ante la desaparición de programas y medios de comunicación.

   No es para tanto estimaron, en cambio, quienes quisieron encontrar en la suspensión del programa un asunto fundamentalmente interno en las decisiones que suele tomar cualquier empresa de comunicación. No hubo censura, se dijo entonces, porque mientras estuvo delante de los micrófonos de W Radio Carmen Aristegui pudo decir todo lo que quiso. Incluso en su repentina despedida, el viernes 4 de enero, expuso durante largo rato la trayectoria del programa y dio a conocer la versión que le habían dejado saber los directivos de la empresa sobre la cancelación del contrato que tenía con Televisa Radio.

 

Disputa por el modelo periodístico

   Así que depende de lo que entendamos por censura. Si consideramos que censura es, como reza una definición en boga, la utilización del poder por parte del Estado o de cualquier grupo de interés para impedir el ejercicio de la libre expresión, es claro que nos encontramos ante una conducta de esa índole. La decisión de Televisa Radio dejó a la periodista Aristegui sin la tribuna radiofónica que ella misma contribuyó a extender y prestigiar durante varios años y, a sus oyentes, sin la oportunidad de escucharla. Desde luego Aristegui tiene otras tribunas en las que se expresa y da cabida a las opiniones de otros –sus artículos en Reforma, el programa nocturno en CNN en español– y es altamente posible que ocupe un nuevo y destacado espacio en la radio. Pero la cancelación de su contrato, que fue una medida empresarial, tuvo consecuencias de índole política.

   Si consideramos que hay censura cuando, como sugieren otras acepciones, el Estado silencia una voz o una opinión que considera impropias, entonces resulta pertinente abrir un compás para examinar con más cuidado la salida de Aristegui de Televisa Radio. La explicación que dio a conocer y que coincide con un comunicado de esa empresa, indicó que “el modelo editorial” de ese consorcio no era compatible con el que ella ponía en práctica en su programa. ¿Cuál era el “modelo” que defendió la empresa? El boletín de Televisa Radio lo dice con claridad: se trata de un esquema “basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”.

   Sin embargo, aunque estaba encabezado por una figura notoria y con amplias atribuciones para tomar decisiones editoriales, el noticiero de Aristegui no podía ser sino consecuencia del trabajo de un equipo. Ningún medio de comunicación funciona a partir de un esfuerzo solitario. En todo noticiero de radio, lo mismo que en cualquier diario o televisora, hay un complejo entramado de redactores, reporteros, comentaristas, productores y operadores, entre otros especialistas sin cuyo concurso los contenidos podrían llegar hasta los públicos interesados en ellos.

   Pero en todo medio de comunicación, al mismo tiempo, existe una estructura jerárquica que para funcionar exige de una disciplina y un mando inevitablemente autoritarios. Ningún medio puede operar a partir de deliberaciones y menos aún de decisiones democráticas. Aunque siempre es deseable el contraste interno, no hay un solo noticiero que no tenga un responsable de las determinaciones fundamentales. A las 6 de la mañana, cuando comenzaba la transmisión de su programa, Carmen Aristegui tenía que contar con el guión, los enlaces telefónicos, los contenidos en audio y el resto de los recursos que le permitían dirigirse a sus radioescuchas. Esos contenidos resultaban de los lineamientos que ella misma había establecido, de acuerdo con sus colaboradores, desde el día anterior y en muchos casos varios días antes.

   Así sucede en todos los noticieros del mundo. En España Hoy por hoy, el noticiero de la Cadena Ser cuyo nombre fue imitado por los noticieros de W Radio en México, es conducido por el periodista catalán Carles Francino que, además de estar ante el micrófono, aparece claramente identificado como “Director” del equipo que hace ese programa. Ese noticiero fue conducido, pero también dirigido, durante 19 años por el periodista Iñaki Gabilondo hasta que en 2005 el Grupo Prisa, propietario de Cadena Ser, lo destinó a conducir –y dirigir– el noticiero del nuevo canal de televisión que estableció ese consorcio en España.

   El “modelo” comunicacional que Prisa ha desplegado en su país de origen se sustenta en la notoriedad de algunos periodistas destacados y que, gracias precisamente a esas capacidades, no son meros lectores de noticias sino que además tienen la responsabilidad de decidir los contenidos que habrán de transmitir. Así que cuando los directivos de Televisa Radio, empresa cuya operación está a cargo de Prisa, manifiestan que la salida de Aristegui se debió a una incompatibilidad en los “modelos de organización y trabajo” periodísticos, no hacen mas que andarse por las ramas o pergeñar una descarada mentira.

 

Dudosas afinidades políticas

   En Televisa Radio no hubo dos “modelos” contradictorios de trabajo periodístico, sino el intento de dicha empresa para modificar las normas que durante varios años funcionaron para los noticieros en la W igual que en las radiodifusoras que Prisa tiene en otros países. Por causas que no han explicado –y en estos casos la ausencia de precisiones suele deberse a motivos incómodos– a los operadores de esa empresa los contenidos que difundían Aristegui y su equipo les resultaron crecientemente molestos. No querían un nuevo modelo sino sustituir a quienes tomaban las decisiones en esos noticieros.

   Aquí es donde resulta inevitable incursionar en el terreno de la especulación. Hay motivos para suponer que el interés de Aristegui para que Andrés Manuel López Obrador acudiera a Hoy por hoy, o para ofrecer versiones distintas a las oficiales en asuntos como la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascencio, pudo haber preocupado a los directivos en México del Grupo Prisa, que habitualmente buscan buenas relaciones con el gobierno en turno en este y otros países. Quizá advirtieron que la alianza que tienen con Televisa y gracias a la cual comparten la propiedad de esas estaciones de radio, se quebrantaba debido al compromiso que Aristegui mantuvo para dar una cobertura plural, invitando a voces que estaban excluidas de las televisoras privadas, en el debate sobre la legislación para los medios de comunicación.

   Hay quienes piensan que las denuncias en ese noticiero contra sacerdotes acusados de pederastia, o la difusión de la charla telefónica que desnudó la intensa ordinariez del gobernador de Puebla, mellaron prejuicios o intereses de Prisa en México o de sus socios comerciales. Pero cuesta trabajo suponer que comunidadores con tanta experiencia como los que encabezan a ese consorcio mediático no entendieran la importancia de tales denuncias, que además de otras consecuencias públicas contribuyeron a extender el prestigio de Aristegui y su noticiero.

   Algunas de las prácticas periodísticas del equipo que hacía Hoy por hoy matutino podían ser irritantes e incluso discutibles. En asuntos como la muerte de la señora Ascencio, o cuando antes de las elecciones de 2006 ese noticiero propagó la versión de presuntas irregularidades en el manejo del padrón electoral, en varias ocasiones hubo más ideologización que información. De cuando en cuando, la adjetivación por parte de algunos reporteros –y reporteras– se imponía a la búsqueda de hechos verificables. El mismo estilo personal de Aristegui, simpático por desenfadado, llegaba a ser innecesariamente desordenado en la presentación de las noticias.

   Con todo y esos defectos el de Carmen Aristegui se consagró, con méritos propios, como un espacio singular en la radio matutina. Gracias a dicho estilo, con todo y sesgos y afinidades, sus oyentes preferían ese a otros noticieros en la radio mexicana.

   Por lo demás, las inclinaciones obradoristas de ese noticiero eran más aparentes que reales. Durante las campañas de 2006, de todo el espacio que Hoy por hoy destinó a los candidatos presidenciales López Obrador recibió el 37.6%, Felipe Calderón el 27.9% y Roberto Madrazo el 26.8%. Pero esa proporción era similar, o incluso menos desigual, a la que había en otros noticieros en la radio de la ciudad de México. Por ejemplo en el programa de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el 44.2% de toda la información sobre ese tema fue acerca de la campaña del candidato presidencial del PRD, el 32.7% estuvo destinado al PAN y el 21% al candidato del PRI, de acuerdo con datos que hemos calculado a partir del monitoreo del IFE.  Después de las elecciones de julio y durante todo el año siguiente, fue López Obrador quien decidió identificarse con el programa de Aristegui y acudir a él en algunas ocasiones, al mismo tiempo que se negaba a aceptar las invitaciones que le hacían los conductores de otros noticieros.

   No hay elementos para sostener que la desaparición del Hoy por hoy de Carmen Aristegui se debió a una censura dispuesta por el poder político. Lo que sí se puede documentar es el interés del Grupo Prisa para congraciarse con el gobierno mexicano del cual dependen, entre otros negocios, los cuantiosos contratos de los libros que el área editorial de ese consorcio maquila para la Secretaría de Educación Pública.

   Lo que es indudable, en todo caso, es la inquietud pública que suscitó la decisión de Televisa Radio para cancelar el noticiero de Aristegui. Empresarial o político, se trató de un gravísimo error. El prestigio de dicha empresa y de los negocios del Grupo Prisa en México se han deteriorado en proporción inversa a la reputación de esa querida periodista, cuya voz se ha vuelto indispensable para muchos ciudadanos.

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PRISA, Televisa y Aristegui

Publicado en La Crónica el 10 de enero de 2008

   Orondo y jactancioso, la tarde del domingo 14 de octubre de 2001 Lino Korrodi llegaba a Madrid en el vuelo de Iberia desde la ciudad de México. Mientras bajaba del piso superior en donde estaba la primera clase, anunciaba entusiasmado que horas más tarde se firmaría la participación del Grupo Prisa como copropietario de las estaciones radiofónicas de Televisa.

   En aquel tiempo el fundador de Amigos de Fox todavía no se distanciaba del Presidente de la República. Al contrario, participaba en numerosos asuntos privados y públicos a la sombra del titular del Ejecutivo Federal y hacía notar su influencia en negociaciones como la que esa tarde de otoño culminaría en una ceremonia en la Embajada de México en la capital española.

   Aquel fin de semana el presidente Fox cumplía cuatro días de gira por Europa y Korrodi llegaba justo a tiempo para estar presente en la firma del acuerdo entre las empresas mediáticas más importantes de España y México. El convenio de Prisa y Televisa tenía relevancia específica porque significaba un desembolso de 60 millones de dólares por parte del consorcio encabezado por Jesús de Polanco –­­50 de ellos para comprar la mitad de la propiedad accionaria de las 17 estaciones de radio que Televisa tenía en México y otros 10 millones de dólares para una ampliación de capital–. En virtud de esa transacción, Televisa se encargaría de administrar las finanzas de su división radiofónica en tanto que Prisa sería responsable de los contenidos de tales emisoras.

   Además ese acuerdo, que firmaron De Polanco y Emilio Azcárraga Jean, significaba la formalización de una alianza para la cual ambas empresas habían interpuesto numerosos regateos. Desde tiempo atrás, Televisa tenía un evidente interés para invertir en España pero se había acercado sobre todo a corporaciones mediáticas identificadas con grupos políticamente conservadores. Durante varios años el representante de Televisa en ese país había sido Luis María Ansón, director de ABC, diario conocido por sus posiciones de derechas.

   Cuando Televisa advirtió que la filiación política de esos socios podía obstaculizar sus negocios en España, emprendió un viraje que culminaría aquella noche del 14 de octubre. No era una rectificación fácil porque ocurría en contra de la opinión del gobierno del Partido Popular, encabezado por el presidente José María Aznar.

   El gobierno español hubiera preferido que Televisa se aliara con alguna de las empresas de medios cercanas al PP y no con el Grupo Prisa, cuya simpatía con el Partido Socialista Obrero Español se manifestaba cotidianamente en medios como el diario El País. Pero en el acercamiento de Televisa y Prisa fueron definitivas las gestiones de dos personajes sólo en apariencia disímbolos.

   Carlos Slim, que ya era el hombre más adinerado de México, estaba interesado en auspiciar la expansión internacional de Televisa aparentemente porque pretendía incrementar la participación accionaria que ya tenía en esa empresa. Su principal competidor en negocios de telefonía en América Latina era la Telefónica de España. Y esta corporación, dentro de España misma, estaba asociada con las empresas rivales del Grupo Prisa. Así que respaldar el crecimiento de Prisa era una manera de enfrentar a Telefónica.

   Para manejar ese acercamiento Slim contó con la colaboración de Felipe González, ex presidente del gobierno español. Aunque ideológicamente podría haber parecido que esos dos personajes eran como el agua y el aceite, González era asesor del empresario mexicano y utilizó su ascendiente en las decisiones de Prisa para facilitar el convenio con Televisa. Aquella tarde del 14 de octubre, al ex presidente Felipe González se le podía ver en el vestíbulo del elegante hotel Villa Magna, en el Paseo de la Castellana, haciendo antesala para que lo recibiera Carlos Slim.

   Al comprar la mitad de Televisa Radio, el Grupo Prisa quería apuntalar el crecimiento en América Latina que había iniciado poco antes al adquirir una porción de Radio Caracol en Colombia, entre otras inversiones en la radio del nuevo Continente. También esperaba tener, desde México, una punta de lanza para incursionar en el mercado de la radio en español en Estados Unidos.

   Con tal afán, los directivos de Prisa entendieron el respaldo del presidente Fox como un aval para desplegar ese y otros negocios en México. En el terreno de la radio estaban muy interesados en contratar a José Gutiérrez Vivó, quien para entonces ya había roto con el Grupo Radio Centro.

   Quizá llevados por ese entusiasmo, los empresarios españoles cometieron un error jurídico y otro de índole profesional. El primero, consistió en la ilegalidad del acuerdo que suscribieron con Televisa porque la Ley Federal de Radio y Televisión establece que las empresas de radiodifusión solamente pueden ser propiedad de ciudadanos mexicanos. La operación suscrita aquel 14 de octubre se pertrechaba en un subterfugio pretendidamente legal, que es la llamada inversión neutra establecida en la Ley de Inversiones Extranjeras para socios no mexicanos que tienen derecho a recibir utilidades pero no a participar en las decisiones de las empresas en donde se pone en práctica ese régimen. Y aunque disfrazada como tal, ha resultado clarísimo que la que tiene Prisa en Televisa Radio no es en manera alguna inversión neutra. Desde el acuerdo suscrito por el ahora fallecido Jesús de Polanco y Emilio Azcárraga Jean, quedaba establecido que la parte española estaría a cargo de la programación de las estaciones de radio y de todas las decisiones inherentes a ella. Esa transgresión jurídica solamente pudo ser dispensada gracias al beneplácito del presidente Fox al acuerdo entre Prisa y Televisa.

   El error profesional, resultado en parte de la ignorancia pero también de cierta soberbia, consistió en suponer que las radiodifusoras que manejaría en México, así como en otros países de América Latina, podrían tener contenidos similares, o incluso idénticos, aderezados con algunos espacios de programación local. Los directivos de Prisa imaginaron que los radioescuchas en Colombia, Chile, México o Panamá, entre otros países, recibirían alborozados los programas producidos en España, o con cartabones análogos a los que desarrollaba allí la Cadena Ser, que es el brazo radiofónico original de ese consorcio. Pero los programas de pretensiones continentales, o incluso trasatlánticas, fueron un fracaso rotundo –aunque no sonoro porque tuvieron escasa audiencia–. Y es que la gente de Prisa terminaría constatando que en Colombia prefieren contenidos locales, de la misma manera que en México tiene más éxito la radio hecha por y para mexicanos. No se trata de chovinismo mediático sino de la cercanía cultural y social que distingue a la radio.

   Fue precisamente con programas locales como XEW, la estación emblemática de Televisa Radio, se levantó del marasmo que padecía. Los noticieros de Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y Javier Solórzano (difundidos, respectivamente, por las mañanas, a media tarde y antes de la noche) adquirieron personalidades propias y afianzaron audiencias constatables gracias a la destreza profesional de esos tres comunicadores y a la libertad con que podían trabajar. El hecho de que la gestión de los contenidos en esa emisora no estuviera a cargo de Televisa, sino de Prisa, resultó definitorio para que esa libertad fuera posible. La libertad periodística podría significar un buen negocio comercial y, también, político.

   Antes de las elecciones presidenciales de 2006, los directivos de Prisa comprendieron que la cercanía que habían tenido con el gobierno de Fox podía comprometer sus negocios en México en caso de que el vencedor fuera Andrés Manuel López Obrador. Desde el año anterior y durante los primeros meses de las campañas formales, la cobertura que hacía el diario El País de la elección mexicana era notoriamente favorable a ese candidato presidencial. Solamente cuando la postulación de Felipe Calderón fue crecientemente competitiva y especialmente después del 6 de julio, el diario emblemático del Grupo Prisa comenzó a cuestionar a López Obrador.

   El 3 de febrero de 2006, después de buscarlo en varios sitios del país, tres directivos de Prisa se reunieron en Villahermosa con López Obrador. Aparentemente conversaron también con otros candidatos presidenciales. Aquel encuentro era parte de las relaciones publicas que Prisa desplegaba para asegurar sus negocios en México pero además fue visto con interés en algunos segmentos de la clase política de nuestro país.  10 días más tarde el reportero Emilio Viale dio a conocer en La Crónica un correo electrónico que Liévano Sáenz, ex secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, le había enviado el 9 de febrero al representante del Grupo Prisa en México, Antonio Navalón. En aquel mensaje, Sáenz decía que la reunión en Villahermosa había sido “una determinación visionaria y posiblemente magistral”.

   En ese contexto, pero antes que nada gracias al talante profesional de sus conductores, los noticieros de XEW tuvieron una apertura que no había existido en dicha emisora. Pero no sólo ellos. Las principales radiodifusoras del país le dieron a las campañas electorales una cobertura equitativa. En el transcurso de aquella crispada y confusa temporada, López Obrador decidió que el de Carmen Aristegui era de los pocos espacios en los que quería confiar. En realidad no era el único noticiero radiofónico interesado en darle voz al para entonces ex candidato presidencial pero él, como parte del proceso de aislamiento que padeció, se negaba a participar en la mayoría de los medios que lo invitaban.

   Esa preferencia, así como la búsqueda de enfoques distintos a los convencionales e incluso abiertamente contestatarios en algunos temas, le permitieron a Carmen Aristegui singularizar a su noticiero e interesar a una audiencia creciente y significativa. El éxito que había alcanzado, hace inverosímil la versión de que Hoy por hoy de la mañana fue cancelado debido a problemas financieros. El “modelo editorial” que reivindica Prisa para sus noticieros (“basado en el trabajo en equipo y el derecho a la información plural”) no es distinto del que practicaban esa periodista y sus colaboradores.

   La cancelación –lamentable y cuestionable– del noticiero de Aristegui no fue una determinación administrativa sino política. Fue una decisión del Grupo Prisa, independienteme de las complacencias, anuencias o alianzas que pueda haber buscado con ella. Se trata de una decisión que no es distinta a otras que, también por conveniencias de negocios, ha tomado ese consorcio en México y otros sitios de América Latina. Incluso en España, ahora mismo, después de que el actual gobierno ha tenido reticencias con la expansión de algunos negocios de ese consorcio, los espacios periodísticos de Prisa tratan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero con una severidad que no se les conoció en años anteriores.

 

Cómo mejorar la televisión

Nexos, diciembre de 2007

   Ahora sigue la reforma legal para los medios. Después de las modificaciones constitucionales que, entre otras cosas, acabaron con la compra de espacios de propaganda política en televisión y radio, el Congreso mexicano tendrá que emprender la modificación y actualización de las leyes destinadas a los medios de comunicación. Además de regular la administración del espacio radioeléctrico que es propiedad de la Nación y por el cual se difunden las señales abiertas de televisión y radio pero también de Internet inalámbrica y telefonía, la nueva legislación habrá de enfrentar el interminablemente discutido problema de los contenidos en los medios de amplia difusión social.

   En ese debate nada hay tan previsible como las televisoras. No resultaría extraño que en los próximos meses Televisa, pero sobre todo esa versión cerril y ordinaria de los peores vicios y excesos de la televisión mexicana que es Televisión Azteca, insistieran en desvirtuar las propuestas que circularán para nutrir la reforma legal de los medios de comunicación. Las televisoras dirán que la regulación de contenidos es inadmisible como si no se tratara de medios que, además de ejercer una considerable influencia social, disfrutan de una concesión para transmitir a través del espacio radioeléctrico. Distorsionarán esas medidas, equiparándolas con la censura que hay en algunos países. Se arroparán en la bandera de la libertad de expresión como si los televidentes no recordaran las muchas tergiversaciones y manipulaciones que las televisoras han desplegado en defensa de privilegios que ahora comienzan a estar acotados.

   El comportamiento que se les conocía a las televisoras desde tiempo atrás y su desmedida reacción ante las reformas constitucionales, actualizaron la discusión acerca de la necesidad de mejorar los contenidos en esos medios electrónicos. Ahora el Congreso debe revisar las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones para establecer las normas que orientarán el desarrollo de los medios electrónicos y digitales. Lo más pertinente sería que diputados y senadores crearan una nueva ley que sirviera como marco jurídico integral tanto para televisión y radio como para telefonía, servicios de datos e Internet, entre otras opciones de comunicación que se encuentran crecientemente interrelacionadas. A muchos legisladores les interesa, especialmente, que haya medidas para propiciar contenidos de mejor calidad en los medios de difusión masiva.

   La calidad en la televisión y la radio puede ser entendida de diversas maneras. También la objetividad y la veracidad. En una sociedad abierta pueden coexistir diversas concepciones acerca de esos valores siempre y cuando los receptores de mensajes tengan la misma oportunidad para acceder a toda clase de contenidos. El problema en México, especialmente con la televisión, ha sido la excesiva concentración no sólo de muchas frecuencias en pocas manos sino, también, de contenidos de muy discutible calidad en los canales acaparados por las dos empresas privadas. Los telespectadores no han tenido oportunidad de acercarse a otras opciones de televisión.

   Allí radica la importancia de la reforma que el Congreso puede emprender para los medios electrónicos. A fin de que tengamos una mejor televisión lo que hace falta en primer lugar es que contemos con más canales, a cargo de actores con intereses y enfoques diversos. Además de más empresas de comunicación privadas sería necesario que hubiera un auténtico sistema nacional de televisión pública: no una televisión de gobierno ni oficialista, sino canales orientados por criterios plurales, profesionales y no mercantiles.  

   Los contenidos en los medios electrónicos, como en cualquier forma de comunicación, jamás mejorarán estableciendo restricciones ni censuras. Más opciones, en cambio, tenderán a significar mayores contrapesos ante los consorcios que hasta ahora han especulado con las frecuencias que tienen concesionadas, especialmente en el campo de la televisión.

   En la difusión de noticias, por ejemplo, sería inaceptable que a las empresas televisoras y radiodifusoras se les impusiera la obligación de transmitir una sola versión de los acontecimientos o que se les impidiera expresar sus intereses y preferencias. Si los ciudadanos tienen varias opciones para informarse por ese medio, sabrán distinguir entre televisoras que intencionalmente distorsionan y manipulan acontecimientos (como durante largo tiempo han acostumbrado TV Azteca y Televisa) y aquellas que se comportan con otros parámetros profesionales.

 

Normas para los contenidos

   El tema de los contenidos en los medios suscita confusiones, e incluso temores, debido a la posibilidad de que hubiera actitudes de imposición o censura. Se ha incurrido, por descuido pero también a causa de una apreciación parcial, en una falsa disyuntiva. El problema en este caso no es quién resuelve qué han de transmitir los medios de comunicación. La decisión acerca de qué contenidos difunden tiene que ser de los concesionarios, pero con responsabilidades claramente definidas por la ley. La regulación de los medios –que jamás debe implicar censura– estará a cargo de la autoridad que la nueva legislación establezca. El auténtico dilema es cómo propiciar mejor calidad –y, así, diversidad y pluralidad– en los medios electrónicos. Estas son seis medidas que podrían formar parte de una legislación moderna en materia de contenidos para los medios electrónicos. 

   1. Protección de los menores. Entre 6 de la mañana y 10 de la noche (que son los horarios establecidos para este propósito en diversos países) tendría que estar vetados los contenidos para adultos. La clasificación de los programas debiera ser clara, a partir de criterios transparentes y ampliamente conocidos por las audiencias.

   2. Publicidad. Los tiempos máximos que la ley establezca para la difusión de mensajes pagados deben ser cabalmente respetados. El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión indica que la propaganda comercial no debe ocupar más de 18% del horario total de transmisión en televisión. Sin embargo un monitoreo coordinado en mayo de 2007 por la profesora Beatriz Solís Leree para la UAM y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, encontró que la publicidad comercial ocupó 22%, 15% y 23%, respectivamente, de las transmisiones en los canales 2, 5 y 13 de televisión. Es preciso que las infracción a esas y muchas otras disposiciones de la ley para medios electrónicos sean sancionadas con rigor.

   Si se mantuviera el 18% permitido para anuncios comerciales, sería necesario que fueran contabilizados cada hora y no en el total del tiempo transmitido durante todo un día. La misma observación confirmó que hay programas de las cadenas nacionales de televisión durante los cuales se transmite hasta 45% de publicidad durante una hora.

   Los anuncios de productos como bebidas alcohólicas, dirigidos a audiencias de edad adulta, solamente deberían transmitirse, sin excepciones, en los horarios correspondientes. La Ley Federal de Radio y Televisión indica que la publicidad de tales bebidas solamente puede ser presentada a partir de las 22 horas pero con frecuencia el gobierno federal autoriza salvedades a esa norma.

   La publicidad subrepticia (por ejemplo, cuando el personaje de una telenovela abre un paquete de donas Bimbo) debería estar absolutamente prohibida. También la publicidad subliminal.

   3. Proscribir engaños y supercherías. La difusión de mensajes publicitarios o de programas que ofrecen transformaciones o curaciones mágicas, o milagrosas, debería ser vedada. Cada vez más, en la televisión y la radio mexicanas se difunden mensajes de charlatanes como los que prometen aliviar enfermedades con recursos sobrenaturales y que constituyen un cotidiano engaño a la buena fe de muchas personas.

   4. Integridad de los programas. La creación artística y la integridad de los espectáculos debe ser plenamente respetada. Los largometrajes deberían ser difundidos con un mínimo de cortes comerciales (a lo sumo cada 20 o 30  minutos) y de manera completa. Se debería propiciar la transmisión de versiones originales, con subtítulos y con el audio original. Recursos que alteran creaciones artísticas, como la coloración de películas originalmente realizadas en blanco y negro, tendrían que ser evitados.

   Lo mismo, debería impedirse la superposición de anuncios o mensajes que impiden apreciar la difusión completa de un programa: por ejemplo los engendros digitales que afectan la transmisión de los partidos de futbol.

   5. Producción independiente. Un recurso fundamental para propiciar a la vez diversidad y calidad se encuentra en el establecimiento de tiempos mínimos (por ejemplo el 20% sobre el total de la programación de cada televisora) para transmitir programas producidos por empresas distintas a las que disfrutan de concesiones. De esa manera se lograría que hubiera distintas concepciones y orientaciones en la programación de los medios electrónicos.

   6. Pluralidad informativa. Para los programas de noticias, se podrían establecer pautas que propicien la inclusión de todos los actores posibles en la difusión de un acontecimiento. En especial, es pertinente favorecer la cobertura equitativa de las campañas electorales señalando como responsabilidad de los concesionarios la inclusión de todos los partidos y candidatos. Sería imposible, pero sobre todo resultaría absolutamente indeseable, que hubiera intervención alguna sobre los contenidos informativos que difunden radiodifusoras y televisoras. Pero los monitoreos que ya realiza la autoridad electoral acerca de la cobertura de asuntos de esa índole en tiempos de campaña podrían ser ampliamente difundidos. De esa manera los ciudadanos conocerían enfoques y sesgos que cada empresa de radiodifusión y cada programa imprimen a la presentación de noticias políticas. Los resultados de esos monitoreos podrían ser uno de los elementos que tome en cuenta la autoridad reguladora de la radiodifusión al momento de aprobar o rechazar el refrendo de una concesión.

 

Otras decisiones indispensables

   Además de recursos como esos, la equidad en los contenidos de los medios electrónicos podrá ser respaldada con decisiones entre las que se encuentran las siguientes.

   a) Derecho de réplica. Esta prerrogativa de los ciudadanos fue establecida en la reciente reforma constitucional y tiene que ser reglamentada en la legislación federal. Aquellos locutores y concesionarios que gustan de injuriar, mentir y distorsionar sin que hasta ahora hayan encontrado suficientes reconvenciones sabrán que, cuando incurran en esas prácticas, habrá ciudadanos interesados en ejercer su derecho para aclarar informaciones y alusiones que les afecten de manera directa.

   b) Órgano regulador. El organismo que administre esas y otras disposiciones tendría que contar con independencia plena respecto de los poderes públicos y, desde luego, de las empresas concesionarias. Sin una autoridad con autonomía y recursos suficientes cualquier reforma para los medios quedará trunca.

   c) Límites a la concentración. El acaparamiento de muchos medios en pocas manos ha sido el origen del poder hasta ahora desmedido de los consorcios comunicacionales. Televisa y Azteca no deberían recibir una sola concesión más. Tienen que existir reglas que favorezcan la diversidad de opciones y que establezcan límites a la propiedad de medios.

   d) Medios públicos. A los medios de gobierno q         ue ya tenemos en México (canales 11 y 22 y las radiodifusoras del IMER, entre otros) es preciso convertirlos en medios públicos con recursos, autonomía de gestión y mecanismos institucionales que los vinculen con la sociedad. Esos medios y otros más podrían formar parte de una corporación pública manejada por autoridades plenamente independientes y de reconocida competencia profesional.

   e) Alfabetización mediática. Es preciso promover, tanto en la escuela como fuera de ella, programas de divulgación capaces de desarrollar, en los niños y jóvenes, así como en los ciudadanos, la habilidad para relacionarse de manera enterada y crítica con los contenidos de los medios de comunicación.

   Ninguna de las once medidas que hemos enumerado resulta ajena a la regulación que existe para los medios en otros países. Casi todas ellas se encuentran, por ejemplo, en la normatividad para los medios que la Unión Europea acaba de revisar en la directiva denominada Hacia un espacio audiovisual sin fronteras, de mayo de 2007. Cuando los legisladores mexicanos se asomen al derecho comparado en estos temas encontrarán que, en la discusión internacional acerca de los medios, existe coincidencia en la necesidad de que las ventajas de la convergencia tecnológica, que permite difundir más contenidos por una amplia gama de formas de transmisión, beneficie antes que nada a los ciudadanos. Más opciones en materia de contenidos, protección de los menores, defensa de los ciudadanos, promoción de la diversidad y medidas para auspiciar la calidad, son parte de los recursos que los Estados contemporáneos utilizan con ese propósito. Ya es hora de que así ocurra en México.

Crítica del periodismo crítico

Nexos, noviembre de 2007

   “Apenas llegados a Constantinopla, la prensa se encargó de volcar sobre nosotros un torrente de rumores, invenciones y conjeturas que no acababan nunca. La prensa, que no tolera que haya el menor vacío en sus informaciones, no escatima nada para colmarlos. Para que la simiente no se pierda, la naturaleza se encarga de desparramarla pródigamente a los cuatro vientos. La prensa procede de un modo parecido. Coge todos los rumores que encuentra al paso y los echa al voleo, aumentados en tercio y quinto. Y para que se confirme una versión veraz, hay cientos y miles de noticias que mueren en flor. A veces, pasan unos cuantos años hasta que la confirmación llega. Y se daban también casos en que el momento de la verdad no llega nunca”.

   Con documentada amargura, León Trostsky deploraba en esos términos las versiones que aparecían en la prensa europea cuando, expulsado de la Unión Soviética, llegó a Estambul en 1929. Algunos de los diarios más importantes insinuaban que la disputa con Stalin era solamente una mascarada para que el antiguo Comisario de Guerra soviético estableciera un proyecto expansionista en Turquía. Esas versiones le perjudicaban, ocasionándole la animadversión de varios gobiernos en Europa.

   Aquel reproche consignado por Trotsky en su autobiografía (Mi Vida, publicada inicialmente en 1930) pareciera describir la situación del periodismo que tenemos ocho décadas más tarde. A la prensa le resulta más fácil propalar rumores que investigar acontecimientos. Y una vez que la maquinaria del rumor comienza a andar, en esos mismos espacios periodísticos el comentario de versiones parciales, o sin confirmar, magnifica y en ocasiones legitima los chismes consagrados como noticia.

   Cuando el revolucionario ruso escribió aquella lamentación del sensacionalismo periodístico, ya eran conocidas las interrogaciones que es preciso responder para que exista una información completa:

qué, quién, cómo, dónde, cuándo. No hay escuela de periodismo que no enseñe esas cinco divisas y difícilmente habrá reportero que reconozca su desinterés por cumplirlas. Sin embargo la prensa está repleta de informaciones parciales e imprecisas. La sustitución del periodismo por el estrépito y de la información por la crispación son la contraparte de las resistencias que suelen presentar los medios –tan exigentes con todos y con todo– para autocriticarse.

   Dominado por la subyugante aunque por definición efímera compulsión de la primicia, al periodismo le suele interesar más la urgencia informativa que el rigor contextual cuando da a conocer un acontecimiento. Diarios y noticiarios están repletos de notas que no dicen con claridad qué sucedió, pero que sobre todo suelen omitir los sujetos, las formas, el momento y el sitio de los hechos que comunican. Las noticias son, por lo general, enunciados desprovistos de alguno de esos cinco parámetros esenciales. La premura en el trabajo de los reporteros, la costumbre de mantener a los públicos en estado de sobresalto permanente y el interés de algunos de los protagonistas de las noticias para que solamente se den a conocer versiones fragmentarias, influyen para que tengamos informaciones que no reúnen los cinco elementales requerimientos que indican las normas profesionales.

   Ese periodismo de información deficiente favorece a su vez, entre otros factores, la existencia de un periodismo de opinión rudimentario. A los cinco principios de la información profesional se añade el sustantivo porqué cuando el periodismo, además de enterar, aspira a ofrecer explicaciones de un hecho. Esa es la causa, a la vez que la finalidad, del periodismo de interpretación. Columnas, artículos y editoriales tienen, o al menos eso se supone, tal propósito. Pero en un periodismo tan fallido para responder a las cinco cuestiones esenciales de ese oficio también es frecuente que en vez de explicaciones se ofrezcan admoniciones.

 

Seis desdeñados ayudantes

   Rudyard Kipling recordó esa media docena de requisitos al cabo de un relato para niños publicado cuando comenzaba el siglo XX: Yo tengo seis honestos servidores / que me enseñaron todo lo que sé / sus nombres son qué, dónde y cuándo / y cómo y quién y porqué. / Los mandé por mar y tierra / Los envié al oriente y al poniente; /  y después de que tanto trabajaron / los dejé descansar tranquilamente. En la prensa de opinión de hoy en día, demasiado a menudo, a esos fieles ayudantes se les manda a descansar antes de tiempo.

   El periodismo crítico, tanto en la prensa escrita como en los medios electrónicos, contribuye poco, y por lo general deficientemente, a la comprensión de los sucesos públicos. Igual que el periodismo de información, se sustenta mucho más en dichos que en hechos. Abomina de los datos duros, aparentemente porque fechas, citas y cifras fatigan a los lectores pero quizá fundamentalmente porque es más sencillo borronear una opinión que arriesgar y sobre todo documentar una explicación. Le importunan las comillas acaso porque quienes lo hacen suponen que hemerotecas y documentos son recursos para la historia y no para la crónica del presente que es el periodismo.

   Así realizado, el periodismo de opinión no suele ayudar a entender lo que sucede sino a desconcertarnos o aturdirnos, añadiendo reprimendas, interjecciones o irritaciones a los temas de actualidad. El periodismo, sobre todo en diarios impresos y noticiarios electrónicos, por lo general tiene que ser rápido y breve. Y es peliagudo exponer en 30 líneas, o en menos de dos minutos, una idea compleja como las que se requieren para ubicar a un acontecimiento en su contexto además de interpretarlo y trazar sus posibles escenarios.

   A esos imperativos de espacio y tiempo se debe, en alguna medida, la propensión de los comentaristas a resolver las situaciones más complejas con retahílas de lugares comunes. De la misma forma, es más fácil adjetivar que dilucidar. La crítica en el periodismo está condicionada por los apremios propios del ritmo acelerado con que se procesan y comentan las noticias. Pero quienes hacen ese periodismo, parapetados en los clichés, por lo general no se esfuerzan por dominar tales limitaciones.

   Para la crítica periodística –desde luego hay excepciones, aunque pocas– analizar equivale a elucubrar. Con enorme frecuencia los comentaristas dejan a un lado la exposición de hechos y se dedican a conjeturar. El análisis de casi cualquier acontecimiento requeriría de un entramado argumental que ni el espacio ni el rating parecen estar en condiciones de propiciar. Por eso al razonamiento, en el periodismo, con frecuencia lo suplantan las impresiones.

   El comentarista de asuntos noticiosos a menudo se convierte él mismo en el centro del espectáculo. El tono personal (me parece que… yo creo que… pues yo opino…) habitualmente enmascara como juicios autorizados los que, carentes de hechos y demostraciones, son simplemente impresiones subjetivas. En unas cuantas frases, el periodismo simplificado de esa manera suele otorgar reconocimientos y, sobre todo, asignar sanciones con enorme ligereza. Si un comentarista considera que un gobernante es ruin o tramposo o, por el contrario, si le parece íntegro y auténtico, podrá contribuir a que la gente así lo piense tan solo con echar a andar cualquiera de esos calificativos. Las opiniones privadas, entonces, se convierten en famas públicas.

   Al prescindir de la exposición de hechos en la que forzosamente se apoya cualquier argumentación y limitarse a ofrecer una sentencia, por añadidura casi siempre terminante, el periodista de opinión tiende a convertirse en pontífice: las cosas son así porque lo digo yo. El empleo excesivo de la primera persona del singular tiende a reforzar ese principio de autoridad. El opinador público cuenta con franquicia para dispensar absoluciones y imputaciones gracias al privilegio de expresarse en los medios.

 

Trascendidos intrascendentes

   El periodismo admonitorio se respalda en la eficacia del veredicto verbal y las frases hechas. El refranero se convierte en manantial de justificaciones instantáneas. Por ejemplo, no son pocos los comentaristas políticos –incluso algunos habitualmente serios– que se empeñan en considerar que, en esos menesteres, lo que parece es. Si aparentemente ocurrirá o se está fraguando algo, esos analistas le darán visos de certeza a tal posibilidad como si fuera un hecho. Así también, la tendencia a considerar que el que calla otorga puede llevar a conclusiones desacertadas –a veces, quien calla simplemente no quiere decir algo pero no por eso acredita lo que se sospecha de él–.

   Impelidas por el motor de la murmuración, las falsedades se desatan como en espiral. Si de una persona se dice algo que los medios consideran irrefutable, la gran mayoría lo da como cierto aunque no haya evidencias de ello. Si alguien se atreve a formular dudas acerca de esa imagen artificiosamente construida, se le califica como ingenuo, insincero o hasta cómplice. ¿Cuántos casos no hemos conocido de presuntos culpables que a la postre no lo son pero a quienes la habladuría mediática consideró, tachó y sentenció como tales?

   La propagación de versiones incomprobadas llega a ser no únicamente aderezo sino, con frecuencia, la médula de numerosos espacios de presunto análisis en la prensa. En México las columnas políticas han tenido una relevancia que es difícil encontrar en otros países. Durante la segunda mitad del siglo XX la mayoría de ellas fue instrumento de las élites gobernantes para transmitirse mensajes y señales. Siempre constituyeron, además, una suerte de escotilla por la cual los ciudadanos podían asomarse a los vericuetos y cenáculos del poder.

   En un país ahogado entre la ausencia de espacios para la expresión libre y el monopolio de la política a cargo no solo de un partido único sino, con frecuencia, de un totémico y todopoderoso presidente, era entendible que las columnas cumplieran con una función articuladora y en ocasiones incluso relajante entre distintos segmentos del poder. Para la sociedad interesada en los asuntos públicos las revelaciones o trascendidos que ofrecían eran significativas, a falta de información y transparencia. Pero con las transformaciones políticas de los años recientes, que se aunaron a un ejercicio auténtico de la libertad de prensa, las filtraciones dejaron de ser relevantes y en numerosas ocasiones se han convertido en hablillas acerca de la vida privada de los personajes públicos o en simples y flagrantes mentiras.

   Todos los días se publican trascendidos que anuncian nombramientos, destituciones y acciones del poder que nunca llegan a cumplirse. Los autores de esos textos de pretendido análisis político parecieran suponer que los lectores tienen la memoria hueca y prácticamente nunca reconocen cuando equivocan sus pronósticos. Pero cuando aciertan se encargan de recordarle al lector, durante varios días, la primicia que tuvo la ventaja de conocer en ese espacio periodístico.

 

Pobreza de interlocutores

   La fascinación de la prensa por las filtraciones y su admonición desprovista de pruebas son directamente proporcionales a la escasez de parámetros éticos. Cierto corporativismo gremial, pero sobre todo una marcada intolerancia a cualquier escrutinio por parte de la sociedad, han llevado a numerosos colectivos de periodistas y sobre todo a algunos de quienes ejercen la crítica periodística de manera más conspicua, a rechazar la creación de códigos de ética.

   Esos inventarios de reglas y compromisos para hacer periodismo son un recurso para precisar y eventualmente impulsar parámetros de calidad profesional. En ausencia de ellos y sin leyes capaces de reconocerles derechos a los ciudadanos en el terreno de los medios, cuando una persona se considera afectada por una opinión malinformada, o dolosa, puede enviar una rectificación al medio en cuestión. Entonces tiene que resignarse a padecer regateos y desdenes a veces interminables. Durante todo el siglo XX, la legislación mexicana privó al ciudadano prácticamente de cualquier recurso delante de los medios aunque recientemente, con motivo de las reformas en materia electoral, el derecho de réplica quedó establecido en la Constitución.

   Quizá la proclividad al denuesto y las murmuraciones comience a declinar gracias a la reglamentación del derecho de réplica, junto con el desatascamiento de los procedimientos judiciales para que los ciudadanos se inconformen ante difamaciones o calumnias en la prensa (en 2007 los delitos de prensa fueron despenalizados y, ahora, afrentar o desacreditar les podrá costar dinero a medios y periodistas que lucren con esas prácticas). Pero las indigencias profesionales del periodismo en México no se resolverán con acciones judiciales sino en un proceso de creciente contraste y diversidad entre los medios y, sobre todo, gracias a la exigencia que el periodismo crítico encuentre en sus principales interlocutores.

   Los políticos, por lo general, evitan confrontarse con la prensa aunque los haya descalificado y calumniado. En vez de ello tratan de mostrarse obsequiosos (a veces literalmente) con los periodistas que los han hecho víctimas de versiones inexactas. En lugar de enviar aclaraciones, prefieren el reproche discreto y establecer una relación de mutuos compromisos con el periodista y/o con el medio que los han maltratado.

   Los propietarios de los medios suelen tener relaciones difíciles con los periodistas que comentan asuntos públicos, sobre todo cuando consideran que las opiniones críticas afectan a sus negocios. Quizá no hay un solo diario o medio electrónico de relevancia en México que no arrastre una cauda de renuncias y despidos de periodistas de opinión que han tenido apreciaciones distintas a las que son dictadas por el interés corporativo de las empresas de comunicación.

   Y con sus públicos el periodismo crítico mantiene una relación débil, con escasa interlocución a pesar de los recursos que ofrecen el correo electrónico y otros espacios de interacción en línea. Numerosos lectores de la prensa de opinión y sobre todo radioescuchas y televidentes aplauden cuando encuentran que los comentaristas coinciden con sus puntos de vista y reprenden cuando no es así. El público por lo general no busca elementos de juicio sino ratificar el criterio que ya tiene sobre los asuntos públicos.

   En ausencia no sólo de un entorno político capaz de constituirse en interlocutor (y no en comparsa ni rehén del periodismo crítico) y sobre todo a falta de públicos razonablemente exigentes, el periodismo de opinión con frecuencia es refractario a la crítica. Todo eso está cambiando, pero en México todavía hay conductores y periodistas que ejercen despiadadamente el periodismo de opinión pero que no admiten que su trabajo esté bajo la lupa de los ciudadanos o de aquellos a quienes afecta lo que dicen y dejan de decir.

   La creación de observatorios de medios de comunicación y la apertura de sitios y blogs en donde incluso otros periodistas hacen la crítica del periodismo supuestamente crítico, se pueden constituir en recursos para nutrir de contrastes y, eventualmente, de retroalimentación a una prensa habitualmente arisca a discutirse a sí misma. Mientras tanto, el periodismo de opinión seguirá siendo un ejercicio abusivo y sin contrapesos o, en otros casos, inevitablemente ingrato. Recientemente el español Javier Marías, que además de espléndidas novelas escribe textos de opinión, describía la sensación de publicar en el vacío que con frecuencia deja el periodismo de ese género (entrevistado por Juan Cruz en El País Semanal del 23 de septiembre de 2007): “Lo que sí hago es decir lo que opino y no callarme las cosas que me parece que están muy mal. Hay gente que lo agradece mucho. Una de las peores cosas que tiene el ser columnista es la sensación de fracaso permanente, y eso no ocurre con la literatura”. Y, ni modo, no todos podemos escribir novelas.

Retrato de un genocida

Nexos, octubre de 2007

 
   Quienes vieron Hotel Ruanda, la cinta de Terry George que reconstruye el acoso a centenares de refugiados que buscaban salvarse de la matanza que ocurrió en ese país entre abril y julio de 1994, se habrán estremecido ante la crueldad que allí se muestra. Paul Rusesabagina, el gerente del hotel en cuya hazaña está inspirada la película, dice que la historia real “fue mucho peor que lo que se vio en la pantalla”. Las escenas más crudas fueron evitadas para que la película tuviera una clasificación accesible a los jóvenes.

   Gracias a la película, en el mundo occidental se ha recordado que en Ruanda hubo una atrocidad descomunal aunque muchas de las historias de esa pesadilla siguen sin ser contadas. En aquellos meses de 1994 fueron asesinadas entre 800 mil y un millón de personas. Las viejísimas rencillas entre las etnias Hutu y Tutsi fueron utilizadas por grupos políticos que azuzaron el aborrecimiento racial. El asesinato del presidente Juvenal Habyarimana el 6 de abril de 1994 detonó una extensa movilización de los grupos más radicales de la etnia Hutu (especialmente las milicias denominadas Interahamwe) para asesinar a los miembros de la etnia Tutsi que durante largo tiempo gobernaron en Ruanda. Varios meses más tarde el Frente Patriótico Ruandés, controlado por tutsis, se impuso militarmente. Para entonces había ocurrido uno de los mayores genocidios en la historia.

   Uno de los momentos más dramáticos en la película ocurre cuando algunos de los refugiados salen del hotel escoltados por tropas de Naciones Unidas pero no logran llegar al aeropuerto de Kigali, la capital de Ruanda, porque centenares de hutus comienzan a cercarlos instigados por un locutor de radio. Algunas versiones sostienen que ese locutor era George Ruggiu, un ciudadano belga que trabajaba en tareas de propaganda para el gobierno de mayoría hutu. La emisora en donde Ruggiu colaboraba, Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) fue uno de los instrumentos principales que tuvieron los grupos radicales de filiación hutu para espolear el odio racial contra los tutsis.

 

La radio del odio

   La historia de Georges Henri Yvon Joseph Ruggiu es sintomática de la ofuscación colectiva que, entre otros factores, podría explicar una matanza tan inconcebible como la que ocurrió hace 13 años en Ruanda. Nació en octubre de 1957 en Verviers, un pequeño pueblo al sur de Bélgica. Su padre era italiano y él adquirió la nacionalidad belga a los 18 años. Al parecer fue profesor de escuela durante breve tiempo pero su actividad principal fue la de trabajador social. Estuvo en la Administración Belga para la Seguridad Social y fue voluntario en la Cruz Roja, en donde ayudó a cuidar niños con problemas de salud mental. Algunos de sus colegas de entonces lo describieron como “retraído e inadaptado, un cruzado para los más desafortunados, alguien que estaba en busca de una causa” (de acuerdo con un reporte de La Voz de América en mayo de 2000).

   Esa motivación la halló hacia 1990, cuando conoció a varios estudiantes de Ruanda que eran vecinos suyos en Bélgica. Pero la causa que abrigó llegaría a ser profundamente equivocada y perversa. Pobre, dividido y por añadidura martirizado debido a frecuentes asonadas y a la segmentación racial, las complejidades de ese país africano conmovieron a Ruggiu. Ruanda fue colonia de Bélgica y aun después de la independencia, ocurrida en 1961, ambos países mantenían  vínculos estrechos.

   En 1992 Ruggiu se relacionó con diplomáticos de Ruanda que vivían en Bélgica, precisamente en la época en la que hutus y tutsis  suscribieron los “Acuerdos de Arusha” que pusieron fin a una prolongada guerra civil y confirmaron la permanencia de los hutus en el poder. En esas fechas viajó por primera vez a Ruanda para asistir a la boda de un amigo suyo. Cuando conoció los suburbios de Kigali, recordó las favelas que había visitado en Brasil y comentó su deseo de ayudar a los pobres. De regreso en su país, colaboró en la creación de un “Grupo de reflexión ruando-belga” que difundía los Acuerdos.

   Ruggiu adquiría creciente animadversión contra el Frente Patriótico manejado por tutsis. En mayo de 1993 el presidente Habyarimana lo invitó a Ruanda. Pocos meses después Ruggiu se fue a vivir a ese país a trabajar con el Movimiento Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo, el partido en el gobierno. El presidente gestionó su contratación como productor en la naciente RTLM.

   La Radio Télévision Libre des Mille Collines (cuyo nombre recuerda que, debido a su orografía verde y sinuosa, Ruanda es conocida como la tierra de las mil colinas) fue creada en 1993 por medio centenar de líderes políticos y empresarios para propagar la supremacía de la etnia Hutu. A diferencia de la radiodifusora del gobierno, que tenía un discurso que en Ruanda parecía arcaico porque se refería a los tutsi como “la monarquía feudal”, la RTLM era tan directa que llegaba a notorios extremos de vulgaridad y rispidez.

   Esa emisora describía a los Tutsi como enemigos a los que era preciso aniquilar. Un reporte de Artículo 19, organización dedicada a defender la libertad de expresión en el mundo, explicó años más tarde acerca del odio racial contra los Tutsi promovido en dicha estación : “Las ideas habían estado allí durante años. RTLM las presentaba de manera más apetitosa para la generación más joven. RTML usaba el lenguaje de la calle”. A los Tutsi, sin más rodeos, les llamaba “cucarachas”. Lo que había que hacer para que imperase la “mayoría del pueblo” era, simplemente, “eliminarlos”.

   Se le atribuye a Ruggiu la transmisión de soflamas como esta: “¿Qué están esperando? Las tumbas están vacías. ¡Agarren sus machetes y partan a sus enemigos en pedazos!”.

 

Hombre blanco al micrófono

   Ruggiu no era periodista ni tenía experiencia en el manejo radiofónico. Mucho menos hablaba kinyarwanda, el idioma local. Diversos testimonios consideran que al presidente Habyarimana le interesó contratarlo porque era blanco. “La presencia de un muzuungu u hombre blanco en la RTLM daba la apariencia de fortaleza, quizá incluso de respaldo internacional” dice, acerca de Ruggiu, una indagación sobre el uso de los medios en el genocidio en Ruanda.

   El ex cooperante belga, habilitado como conductor de radio, transmitía en su idioma natal. Una mujer acusada de participar en el genocidio, explicó años más tarde: “A los que entendían francés les gustaba escuchar al muzuungu y saber que estaba del lado de los hutu y que hablaba tan bien contra los tutsi. La gente educada y los bourgmestres podían explicarles las transmisiones en francés a los otros”.

   Entre enero y julio de 1994 Ruggiu convocaba todos los días al odio racial desde RTLM. Más tarde, cuando fue juzgado por el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, recordó que en abril de aquel año, una semana después del asesinato del presidente y del inicio de la matanza contra tutsis y contra todo aquel que fuera considerado colaborador de ellos, recorrió Kigali escoltado por miembros del Ejército. Entonces comprobó que las transmisiones de Radio Mil Colinas “estaban contribuyendo a las masacres perpetradas contra los tutsis”.

   Su papel en RTLM, dijo en otra ocasión, era difundir “la ideología y los planes de los extremistas hutus en Ruanda”. Se han conocido testimonios de que “Ruggiu personalmente transmitió programas incitando a los hutus a perpetrar asesinatos o agresiones graves contra los rebeldes tutsis, a los que él calificaba como ‘cucarachas’. También incitó la persecución de esos tutsis y de los hutus moderados, así como de ciudadanos belgas en esa área”. Sus arengas las enderezaba, además, contra la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Ruanda.

  En una de las audiencias del Tribunal que lo juzgó años después, Ruggiu declaró que en una ocasión, por instrucciones del Ejército de Ruanda, difundió un mensaje para que fuera detenido un Vokswagen rojo. A través de la radio proporcionó las placas y la ubicación del automóvil pero, dijo, nunca supo qué ocurrió con el vehículo y sus ocupantes.

   Durante varios meses la masacre en todo Ruanda fue escasamente difundida por los medios de comunicación internacionales, que casi no disponían de corresponsales en ese país. El desinterés de las empresas globales de comunicación acerca de dicho conflicto era correspondiente a la decisión de Estados Unidos, Francia y otros países para no intervenir militarmente, con lo cual permitieron que continuara el sangriento ajuste de cuentas entre los viejos rivales étnicos en esa nación africana.

   Georges Ruggiu, sin embargo, estaba muy al tanto de las dimensiones catastróficas de la matanza. Por eso cuando algunos medios en su país natal dijeron que él contribuía a instigar los asesinatos, envió un fax a la Radio Televisión Francófona de Bélgica en donde rechazaba haber llamado a la violencia. Eso no evitó que el ministro de Justicia iniciara una averiguación sobre la participación de Ruggiu en el hostigamiento a ciudadanos belgas en Ruanda.

   Aun cuando quería defenderse, el locutor de Radio Mil Colinas manifestaba su intolerancia contra la tribu en cuyo exterminio participaba. En una entrevista explicó que si en una comuna habían sido asesinadas 50 personas, apenas representaban al 9% de la población de esa colectividad y seguramente esa había sido la proporción de gente que había ayudado al Frente Patriótico que defendía el interés de los Tutsi. En otras palabras, para Ruggiu esa “erradicación” era normal. Y acerca de la “población furiosa” a la que había incitado, Ruggiu consideraba “¿acaso Robespierre no hizo exactamente lo mismo en Francia?”.

 

Genocida confeso

   A fines de 1994, cuando ya había sido propalada la aterradora magnitud de ese genocidio, el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda. Ruggiu, que estaba entre los más buscados por el Tribunal, quiso escapar y durante algún tiempo viajó con pasaporte sudafricano. En julio de 1997 lo arrestaron en Mombasa, Kenia y fue conducido a la sede del Tribunal en Arusha, al norte de Tanzania.

   El ex locutor de RTLM fue, entre docenas de inculpados, el único que no era ciudadano de Ruanda. El Tribunal lo acusó de “incitación directa y pública para cometer genocidio” y de “crímenes contra la humanidad”. El proceso duró tres años, al cabo de los cuales Ruggiu reconoció: “Indudablemente fui un genocida y desafortunadamente tomé parte en ello”. Admitió que había “incitado asesinatos y causado serias agresiones contra el bienestar físico y mental de los miembros de la población Tutsi con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo étnico o racial”.

   En mayo de 2000 el Tribunal Internacional lo sentenció a 12 años de prisión por incitación al homicidio. Esa pena no fue más extensa porque Ruggiu aceptó ser testigo contra tres acusados de genocidio. Cuando la sentencia se difundió, el gobierno de Ruanda protestó porque, dijo, no había correspondencia entre ese castigo y los crímenes que Ruggiu confesó.

   Hasta agosto de 2007 el Tribunal había expedido condenas a 27 acusados de genocidio –de los cuales 11 fueron sentenciados a cadena perpetua– y tenía más de 40 decisiones pendientes.

   En el libro La crisis de Ruanda. Historia de un genocidio, el investigador francés Gerard Prunier estima que, en 1994, el 80% de las víctimas en ese país fueron asesinadas durante las primeras seis semanas de la masacre. Se trata, indica, de una tasa de exterminio cinco veces mayor a la que hubo en los campos de concentración nazis.

   Ya en prisión, Ruggiu se convirtió al islamismo y decidió llamarse Omar. Georges Omar Ruggiu viste los hábitos musulmanes, lleva el cabello casi a rape y muestra una larga barba. En las pocas fotografías suyas que se conocen aparece con una mirada dura, quizá extraviada. Es la mirada de un ofuscado que con el subterfugio de ayudar a los pobres terminó siendo cómplice de genocidio. O quizá es simplemente la mirada de un miserable que no tuvo empacho para convocar al odio criminal.

 

Referencias

-Article 19, Broadcasting Genocide: Censorship, propaganda & state- sponsored violence in Rwanda 1990-1994.

-Allan Thompson, editor. The media and the Rwanda Genocide. Pluto Press, London, 2007, 450 pp.

-International Criminal Tribunal for Ruanda,

http://69.94.11.53/default.htm

 

Límites al poder del dinero en los medios

Zócalo, enero de 2007

   Maltratado por sus propias inconsistencias, el Congreso de la Unión dejó un saldo contradictorio después de la intensa temporada de reformas a la legislación electoral y en las cuales hay cambios muy importantes para la relación entre los medios de comunicación y la política en México. Atrapada en el vértigo de los intereses partidarios, la Cámara de Diputados no consiguió designar a los consejeros del Instituto Federal Electoral que reemplazarían a los tres funcionarios, incluyendo al consejero presidente, destituidos por una medida muy cuestionable de los mismos legisladores.

   La decisión misma de echar sin razones legales a tres de los consejeros designados en 2003 para un encargo de siete años fue ampliamente discutida en los meses recientes. Luego, el proceso para designar a quienes los sucederán estuvo repleto de irregularidades. Aun con ellas es deseable que quienes habrán de conducir a la autoridad electoral tengan no solamente el aval de los partidos mayores sino, antes que nada, capacidad profesional y política suficiente. En esta ocasión, el nombramiento de la autoridad electoral cobra mayor importancia debido a las nuevas facultades que las reformas legales le confieren al IFE, especialmente en la administración de los espacios que los partidos tendrán para hacer campaña en los medios de comunicación y para sancionar a las estaciones de televisión y radio que no cumplan con las reglas para la difusión de tales mensajes.

 

En prensa escrita,

propaganda a salvo

   Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobadas en los primeros días de diciembre por las dos cámaras del Congreso ratificaron las nuevas disposiciones constitucionales que habían sido promulgadas el mes anterior. El nuevo régimen electoral prohíbe la compra de espacios para propaganda política en la televisión y la radio y transfiere al IFE el empleo del tiempo del cual dispone el Estado en esos medios de comunicación. Además limita severamente la propaganda que las instituciones del Estado hagan acerca de sus propio desempeño.

   Aunque la disposición constitucional estableció un explícito veto a la propaganda que muestre obras o imágenes de los servidores públicos en “cualquier modalidad de comunicación social”, la reforma a la ley reglamentaria solamente establece sanciones para los canales de televisión y las estaciones de radio que infrinjan esa disposición. Es decir, la contratación e incluso el abuso de la propaganda que muestre a funcionarios públicos (gobernadores, legisladores, rectores, etcétera) en medios de carácter impreso, no podrá ser sancionada al menos con las reformas al Código Electoral.

   La norma constitucional (específicamente la disposición establecida en la reciente adición al Artículo 134) es por ahora imperfecta. Las consecuencias que esa innovación tendría para los diarios y revistas cuyas finanzas dependen en alguna o mucha magnitud de la venta de publicidad a instituciones estatales y que comentamos en la edición anterior de Zócalo, por ahora no ocurrirán. No quedó claro si los senadores que redactaron las nuevas disposiciones del Código Electoral, o los diputados que las revisaron y también aprobaron, decidieron expresamente no afectar a los medios escritos o si se trató de un descuido. En todo caso, aunque la Constitución prohíbe la propaganda en medios de toda índole, incluso escritos, por ahora los editores de revistas y diarios –y sus lectores, desde luego– pueden estar tranquilos.

 

Tramposa información sobre

lineamientos del IFE a medios

   Durante su discusión en el Senado, las reformas a la ley electoral fueron tema de una intencionada especulación por parte de las cadenas de televisión privada y de los diarios que han resultado más proclives a ellas. Los noticieros de Televisión Azteca con la gritonería que se ha vuelto sello de esa casa y, simultáneamente, diarios como Milenio y Excélsior, propagaron versiones incompletas o falsas de los documentos de trabajo previos al dictamen de las comisiones senatoriales encargadas de estudiar esa reforma.

   Se dijo, así, que en las nuevas reglas para la relación entre medios y campañas políticas habría disposiciones que censuraban la libertad de opinión de los periodistas. Esa sería la consecuencia, se aseguraba, de los lineamientos que la autoridad electoral les impondría a los medios de comunicación para la cobertura de campañas.

   Tales lineamientos en realidad forman parte de la legislación electoral desde 1996 y hasta ahora han implicado que, antes de cada proceso electoral federal, los partidos sugieran que los medios electrónicos cubran sus campañas políticas con pluralidad, equidad, respeto a la vida privada y respetando el derecho de réplica, entre otros atributos. Esas exhortaciones siempre han tenido un valor emblemático, en primer lugar porque no hay –ni debería haber– sanciones a los medios que las incumplan y desde luego porque, como es sabido, los partidos mismos son los primeros en quebrantar cualquier posibilidad de respeto entre sus candidatos.

   Durante un par de semanas, a contracorriente de las cotidianas aclaraciones que hacían algunos de los senadores, en varios medios se repitió la misma cantinela. Finalmente la modificación a la fracción modificada del artículo 49 del Código Electoral estableció, refiriéndose a la autoridad del IFE:

   El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con las organizaciones que agrupen a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue serán formalizados por las partes y se harán del conocimiento público.

   En la versión anterior que estuvo vigente durante más de una década esa disposición, contenida en el artículo 48 del Cofipe, le asignaba un rango menor a la mencionada reunión ya que sería convocada por el Director de Prerrogativas y no por el Consejo General del IFE. Se mencionaba expresamente que a tal encuentro sería invitada la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, lo cual siempre implicó alguna parcialidad porque no todos los radiodifusores están inscritos en ese organismo. Anteriormente no se hablaba de precampañas porque esa fase del proceso electoral no estaba reglamentada y ahora sí. Ahora se especifica, además, la posibilidad de que haya acuerdos entre la autoridad electoral y los radiodifusores. Por lo demás, el artículo relativo a los lineamientos de cobertura de campañas es idéntico al que ya existía.

 

Quisieron confundir libertad de

expresión con capacidad de compra

   La otra disposición, esa sí nueva, que los medios disgustados con la reforma electoral impugnaron con más estruendo que argumentos, fue la prohibición para la contratación de propaganda en radio y televisión.

   Quizá los concesionarios aspiraban a que el Código Electoral no estableciera sanciones para que la infracción a esa nueva regla pudiera ser frecuente. Pero en sus alegatos soslayaron que esa norma ya había sido incorporada a la Constitución, en el Artículo 41, que indica con toda claridad: Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

   En atención a ese principio, ahora el Código Electoral establece en su artículo 49  que ni los partidos, ni precandidatos ni candidatos, “podrán contratar, contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”. Esa taxativa se extiende a los dirigentes y miembros de los partidos “o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales”. La única propaganda política autorizada será la que el IFE gestione en los tiempos de Estado en radio y televisión.

   El mismo artículo reproduce, letra por letra, la disposición constitucional que transcribimos antes y que instaura el impedimento para que ninguna persona, “física o moral”, contrate en radio o televisión propaganda “dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”.

   Esa fue la disposición en la que, cuando resultó fallido el rechazo a los lineamientos, se apoyaron los concesionarios para descalificar la reforma electoral. Con impostada enjundia, algunos locutores y comentaristas aseguraron que esa modificación atentaba contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Algunos, incluso, dijeron mentiras al señalar que dicha reforma haría imposible la publicación los periódicos de inserciones pagadas por ciudadanos.

   El impedimento a la contratación de propaganda en televisión y radio es muy claro: se refiere expresamente a esos medios y comprende cualquier transacción mercantil destinada a pactar la difusión de anuncios políticos. No se afecta la difusión de noticias ni de opinión política alguna. Lo que sí se limita es la contratación de spots como los que al finalizar la campaña presidencial de 2006 pagó el Consejo Coordinador Empresarial con mensajes destinados a perjudicar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

 

Multa y bloqueo de publicidad

a quienes vendan spots

   La contratación de propaganda por parte de particulares ya estaba prohibida en la legislación electoral, pero no había sanción específica para quienes trasgredieran esa disposición. Por eso en la elección de 2006 ni el IFE ni el Tribunal Electoral pudieron hacer algo contra los empresarios que infringieron esa norma. Ahora, merced a las reformas al Cofipe, la contratación de propaganda podría conducir a la cancelación de su registro en el caso de los partidos políticos que reincidieran en esa falta y con multas de hasta 500 días de salario mínimo a los ciudadanos y de cien mil días a las empresas que hicieran tal contratación.

   Las empresas de televisión o radio que vendan espacios para la difusión de propaganda política, en una primera falta serían amonestadas y luego recibirían multa de hasta 100 mil días de salario mínimo. De reincidir, la autoridad electoral podría suspender hasta por 36 horas los espacios destinados a publicidad sin afectar el resto de la programación. También se contempla la posibilidad de gestionar la revocación de la concesión de la empresa que persistiera en esa infracción. Aunque el Cofipe no se refiere expresamente a esa revocación, la reforma Constitucional sí abre tal posibilidad.

   Decir que el impedimento para contratar propaganda en medios electrónicos vulnera la libertad de expresión equivale a considerar que solamente con el poder del dinero, pagando por espacios en radio y televisión, se puede ejercer esa libertad. No es la libertad de opinión o de prensa lo que se limita sino, si acaso, la libertad mercantil de las empresas de radiodifusión para lucrar con las campañas políticas y desde luego el poder del dinero para influir sobre los ciudadanos. Por eso no ha sido extraño que algunos de los beneficiarios de ese poder del dinero se hayan manifestado contra la reforma electoral con tanta vehemencia como lo hicieron algunos dirigentes empresariales, locutores y concesionarios. No son esas, desde luego, las únicas reformas que hacen falta. Ya veremos, en los primeros meses de 2008, si la enjundia legislativa de los senadores y los diputados alcanza para que tengamos una nueva y moderna legislación para los medios y las telecomunicaciones.

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Los nuevos diques a la propaganda oficial

Zócalo, diciembre de 2007

La utilización de recursos públicos para difundir la imagen de los funcionarios ha sido una de las más notorias y costosas perversiones en la tortuosa relación que se ha mantenido entre política y medios en nuestro país. Más aún: la compra de espacios en medios de toda índole para promover discursos, inauguraciones, congratulaciones y sobre todo la efigie de gobernadores, presidentes, secretarios, rectores y directores de las más variadas instituciones públicas, ha constituido uno de los ejes de un sistema político apuntalado más en la iconografía que en las ideologías. Nuestros políticos han procurado difundir sus imágenes por encima de sus ideas. Hemos tenido un sistema político en buena medida totémico.

En ningún otro país que se precie de ser democrático existe la propaganda estatal que conocemos en México. Resulta imposible imaginar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero contratando spots en Antena 3 con cargo al presupuesto del gobierno español, o al francés Nicolás Sarkozy gastando dinero público para anunciarse en Le Monde. En México, sin embargo, la propaganda en medios de toda índole ha sido una práctica tan extendida que incluso nos cuesta trabajo suponer que la vida pública podría ser de otra manera.

Y lo será, si se cumple cabalmente la nueva disposición constitucional que prohíbe la contratación de espacios publicitarios para difundir la imagen de los funcionarios o para fines que no sean de información, orientación o educación. Desde el pasado 14 de noviembre, cuando entró en vigor la reforma en materia electoral que modificó y creó varias disposiciones constitucionales, los principios que rigen la propaganda del gobierno cambiaron de tal manera que, si se aplican de manera rigurosa, habrá una modificación sustancial en cantidad y calidad.

Aunque ya lo hicimos en la edición de Zócalo de octubre pasado, cuando reseñamos toda la reforma constitucional, vale la pena reproducir nuevamente el texto incorporado al artículo 134 de la Constitución:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Esa disposición, como queda claro en el párrafo anterior: a) vale para todos los medios de comunicación y no solamente para la televisión y la radio como han supuesto algunos informadores y comentaristas; b) tiene vigencia en todo momento y no únicamente en temporadas electorales; c) debe ser acatada por cualquier organismo del Estado mexicano que ejerza recursos públicos –gobierno federal, gobiernos estatales, municipios, el Congreso de la Unión y las cámaras de diputados locales, organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, universidades públicas y empresas del Estado, etcétera–.

 

Ambigüedades e imprecisiones

Ninguna de esas entidades está autorizada para comprar espacios, en ningún medio de comunicación, a no ser para los fines que se precisan en la mencionada reforma. A primera vista parece claro a qué se refiere el Artículo 134 Constitucional cuando indica que las únicas promociones mediáticas permitidas son las de índole institucional y con propósitos de información, educación y orientación. Una campaña de vacunación o para recabar fondos de ayuda a los damnificados de un desastre natural, o la lista de sitios en donde podemos solicitar una licencia de manejo, por ejemplo, cumplen claramente con esos requisitos. Pero con la coartada de los fines informativos podría disfrazarse de mensaje institucional un anuncio de propaganda a favor de un secretario de Estado o un gobernador, por ejemplo. Imaginemos que la Secretaría de Educación Pública quiere dar a conocer la gran cantidad de alumnos que se benefician con la Enciclomedia, o que el gobierno de Coahuila contrata un anuncio en donde se ufana de las maquiladoras que hay en esa entidad. En rigor esa sería información. Pero el propósito de publicarla puede ser reconocido como parte de la propaganda para prestigiar a un funcionario público aunque en ese anuncio no se imprima o mencione su nombre.

Por otro lado, aunque también es clara la indicación acerca de los recursos icónicos y textuales que están prohibidos –nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de algún funcionario– pueden suscitarse casos en los que se requiera una interpretación de esa regla general. Antes de las lecciones locales de septiembre pasado en Veracruz, por ejemplo, la campaña promovida por el gobernador Fidel Herrera para favorecer al PRI coloreó de rojo todo lo que pudiera ser visto por los ciudadanos directamente o a través de los medios: la escenografía de los mítines, los empaques en los que se distribuía la ayuda social del gobierno federal, las corbatas y el resto de la vestimenta de los conductores de televisión, pancartas y volantes en las calles, etc. etc. Cualquier uso de ese color podía tener implicaciones proselitistas aunque fuese de la manera más aparentemente anodina posible.

La nueva disposición constitucional se enfrentará a situaciones como esa. Por ello es preciso que haya una autoridad con capacidad suficiente tanto para interpretar como para aplicar la ley. Allí radica el hueco inicial, aunque no imprevisto, que tiene la reforma al 134. El mismo párrafo añadido a ese artículo advierte: Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Esas leyes son en primer lugar el Código Federal Electoral y, posiblemente también, las leyes específicas para regular a los medios de comunicación. El Cofipe tiene que ser reformado en breve para ofrecer precisiones a los diversos cambios que implica la reforma constitucional. Allí tendrían que estar previstos mecanismos y sanciones para que la autoridad electoral castigue a los funcionarios públicos y a los medios de comunicación que infringieran las nuevas reglas en materia de propaganda política e institucional. Pero como, a diferencia del resto de las disposiciones involucradas en la reforma constitucional, la adición al artículo 134 se refiere a propaganda que pudiera ser difundida en cualquier momento y no sólo en temporada de campañas electorales, su observancia podría estar a cargo no únicamente del Instituto Federal Electoral sino, eventualmente, de la autoridad que fiscalice a los medios de radiodifusión. Esa autoridad tendrá que ser establecida en la nueva legislación para los medios si es que el Congreso, como se ha propuesto, decide reformarla el año próximo.

Mientras tanto, apenas entró en vigor la reforma constitucional el gobierno federal y distintos gobiernos locales suspendieron la difusión de spots que habían contratado en radio y televisión. Aun faltan precisiones para la propaganda oficial desaparezca de los medios.

 

Propaganda oficial en medios impresos

Los efectos de esas disposiciones en la prensa escrita han sido menos publicitados que sus consecuencias iniciales para la televisión y la radio. Sin embargo es posible que la suspensión de la propaganda institucional en diarios y revistas tenga, proporcionalmente, consecuencias financieras más relevantes que para las empresas de radiodifusión.

No es un secreto que en México los recursos que recibe una gran cantidad de medios impresos depende, de manera muy importante, de la publicidad que contratan instituciones estatales. Y un importante segmento de esas inserciones pagadas suele buscar el enaltecimiento de funcionarios públicos más que el servicio a la sociedad. En los años recientes algunos de los diarios y revistas de mayor circulación invirtieron mayor atención en la búsqueda de publicidad comercial y en los recursos derivados de la venta de ejemplares que en las inserciones pagadas por instituciones oficiales. Sin embargo todavía es frecuente que la mayor parte de la prensa diaria y al menos las revistas de información política o de carácter cultural –es decir, buena parte de la prensa que en contraste con la de vocación sensacionalista podríamos considerar como seria– dependan de la publicidad oficial o de instituciones públicas.

Un sencillo ejercicio de exploración en algunos diarios y revistas permite constatar el significativo peso que alcanza en ellos la publicidad institucional, u oficial. El jueves 15 de noviembre de 2007, al día siguiente de que entró en vigor la reforma constitucional que establece las taxativas en materia de propaganda estatal, contamos los espacios de publicidad en siete diarios de la ciudad de México. De esa manera encontramos que, por lo menos en las ediciones de ese día, la propaganda que difunde la imagen de funcionarios públicos o que no reúne las características ahora autorizadas para inserciones pagadas de esa índole alcanza entre el 10% y el 30% de toda la publicidad de algunos periódicos. En el caso de algunas revistas, según explicamos más adelante, la propaganda que ahora puede ser considerada ilegal puede significar el 50% o incluso más de todas sus inserciones pagadas.

De acuerdo con la contabilidad que hicimos el diario La Crónica de Hoy publicó en esa fecha 4.15 planas de inserciones pagadas. De ellas 0.65 fueron de publicidad comercial y 3.5 de inserciones contratadas por instituciones estatales. En estas últimas incluimos tanto anuncios de gobiernos federal y estatales como de instituciones autónomas, legislativas y universidades públicas. De las 3.5 planas con ese carácter consideramos que el espacio equivalente a 0.6 era ocupado por propaganda que sería ilegal de aplicarse al pie de la letra la nueva disposición constitucional.

El Financiero publicó ese día 12 planas de publicidad pagada. 8.25 de ellas eran de origen comercial y 3.75 de instituciones estatales. De estas últimas, el equivalente a una plana era de inserciones que publicitaban la imagen personal de distintos funcionarios.

También revisamos Impacto, un diario de escasísima circulación y, por ello, representativo de la prensa que a pesar de su débil presencia pública obtiene propaganda oficial. Allí encontramos inserciones por el equivalente a 2.6 planas. De ellas 8 décimos de plana (0. eran de origen comercial y casi dos planas (1. de procedencia estatal. De estas, tres cuartos de plana podrían ajustarse a la descripción de la propaganda ahora vetada.

Al día siguiente de la vigencia de la reforma constitucional, La Jornada tenía 14.2 planas de publicidad. Cabe subrayar que en este, como en todos los diarios y revistas analizados, no contabilizamos las inserciones que suponemos resultado de intercambios con otros medios de difusión (por ejemplo las carteleras de televisoras) o los anuncios que promueven servicios de las casas editoras de cada una de esas publicaciones (campañas de suscripciones, por ejemplo). Después de soslayar esas inserciones identificamos 7.4 planas de publicidad comercial y 6.8 de contenidos oficiales. De esos últimos, al menos el equivalente a 2 planas estaba integrado por espacios de promoción personal o institucional.

El diario Milenio reunía, según nuestra exploración, 24.3 páginas pagadas. De ellas, 12.8 fueron de publicidad comercial. El restante 11.5 era, clara o presumiblemente, pagado por instituciones oficiales. En este, igual que en otros periódicos, contabilizamos como inserciones pagadas las notas y fotografías que aun cuando no eran expresamente identificadas como pagadas nos pareció que habían sido resultado de un acuerdo publicitario y no de una decisión de la redacción del diario. Las gacetillas siguen siendo fuente de ingresos en casi todos los periódicos. De las 11.5 planas ocupadas por distintos materiales de instituciones públicas, encontramos 4 con propaganda personal o institucional que podría ser objetada de acuerdo con los lineamientos constitucionales.

En Reforma y El Universal únicamente revisamos la primera sección, que es la destinada a información general. Esos diarios, como es sabido, incorporan en sus ediciones una gran cantidad de anuncios de carácter comercial que se distribuyen en distintas secciones y suplementos. En Reforma, siempre en la primera sección, encontramos un total de 9.9 planas de publicidad. De ellas 7 y media eran de carácter comercial y 2.4 de origen institucional. De estas últimas, el espacio equivalente a 9/10 de plana (0.9) era de propaganda personal de funcionarios públicos.

En El Universal, ese 15 de noviembre contabilizamos 25.6 planas de contenidos pagados. La mayor parte, 21.12, estaba integrada por anuncios de empresas comerciales, instituciones privadas y ciudadanos diversos. Solamente 4.5 planas eran ocupadas por propaganda estatal. De ellas, media plana podía hacer encajado en la descripción de la publicidad que ya no está permitida.

En la tabla adjunta presentamos los porcentajes que, respecto del conjunto de la publicidad identificada en las mencionadas ediciones, ocupan las inserciones de carácter oficial y, específicamente, la propaganda que podría ser cuestionada a partir de las nuevas reglas para el gasto público en esa materia. Como puede apreciarse, los diarios más grandes (Reforma, El Universal) y el especializado en finanzas dependen menos que los otros de la publicidad que contratan gobiernos e instituciones públicas. De toda la publicidad que contabilizamos (tanto comercial como oficial) las inserciones controvertibles ocupan los porcentajes incluidos en la última columna del cuadro.

Peso de la publicidad oficial en diarios del DF
Periódico	% de publicidad estatal (1)	% de publicidad controvertible (2)
La Crónica	84.6 %	14.5 %
El Financiero	31.3	8.3
Impacto	69.0	29.0
La Jornada	48.0	14.0
Milenio	47.0	16.5
Reforma	24.2	9.0
El Universal	18.0	2.0
(1) Porcentaje de la publicidad estatal sobre el conjunto de la publicidad identificada en cada diario. (2) Porcentaje, respecto de toda la publicidad en esa edición, de la propaganda que podría contravenir el Art. 134 Constitucional. Cómputo de inserciones publicitarias en las ediciones del jueves 15 de noviembre de 2007. En Reforma y El Universal únicamente se contabilizó la publicidad aparecida en la primera sección.

 

También contabilizamos la publicidad aparecida en cuatro revistas: los semanarios Proceso y emeequis en sus ediciones del domingo 11 y el lunes 12 de noviembre respectivamente y las mensuales Letras Libres y Nexos correspondientes a noviembre de 2007. Proceso tenía 14.6 planas de publicidad, identificada con los mismos criterios que utilizamos con los diarios. De ellas 3 eran de índole comercial y 11.6 de instituciones estatales. De esos espacios, encontramos anuncios equivalentes a 7.9 planas de propaganda personal o no justificada de acuerdo con las nuevas reglas.

El semanario emeequis incluía 5.33 planas de publicidad. 5 era de instituciones estatales. De tales anuncios, 4 eran de propaganda posiblemente controvertible según las recientes disposiciones.

Las revistas mensuales incluyeron en sus ediciones de noviembre 25.7 y 21.65 planas, respectivamente. En Letras Libres había 8 páginas de espacios comerciales y 17.7 con inserciones a cargo de instituciones oficiales. De ellas, 7 y cuarto eran potencialmente controvertibles de acuerdo con los multicitados criterios.

Nexos comprendía en la mencionada edición 4 planas comerciales y 17.65 oficiales. De ellas, 8.6 eran de propaganda que podría considerarse ajena al servicio, la mera información y la difusión cultural.

El cuadro adjunto muestra, como en el caso de los diarios, los porcentajes de publicidad oficial respecto de todas las inserciones pagadas identificadas en las cuatro revistas, así como el peso que sobre ese universo publicitario tiene la propaganda personal o no justificable.

Peso de la publicidad oficial en revistas del DF
Revista	% de publicidad estatal (1)	% de publicidad controvertible (2)
Emeequis	94 %	75 %
Letras Libres	69	28
Nexos	81	40
Proceso	80	54
(1) Porcentaje de la publicidad estatal sobre el conjunto de la publicidad identificada en cada diario. (2) Porcentaje de la propaganda que podría contravenir el Art. 134 Constitucional sobre el conjunto de la publicidad estatal Cómputo de inserciones publicitarias en las ediciones del 11 y 12 de noviembre Proceso y emeequis, respectivamente y del mes de noviembre de 2007 en el caso de Letras Libres y Nexos que son mensuales.

Las nuevas taxativas a la propaganda oficial pueden contribuir a despejar el espacio público y quizá, por lo tanto, a que en los medios de comunicación haya más atención al fondo del discurso político y no únicamente a las imágenes de los funcionarios públicos o al dinero que antes podían gastar en contratos de publicidad. Pero una consecuencia indeseable de esa reforma legal podría ser la restricción de recursos financieros que hasta ahora han respaldado la publicación de diarios y revistas cuyos contenidos son pertinentes tanto para solidificar la cultura política como en la formación literaria y artística de los ciudadanos. Es indispensable que los diarios y revistas que aspiran a ofrecer un servicio auténticamente público se afanen para diversificar sus fuentes de financiamiento publicitario. Pero también puede ser necesario que el Congreso de la Unión, como parte de las nuevas reglas que está expidiendo para regular la competencia política y los medios de comunicación, diseñe una ley de ayudas a la prensa como las que existen desde hace tiempo en algunos países europeos. De esa forma podría garantizarse un financiamiento público capaz de resguardar a las publicaciones de calidad.

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