Medios y política. Alcances de la reforma constitucional

Publicado en Zócalo, octubre de 2007

No fueron únicamente los votos. Además de la unanimidad de los tres partidos principales para respaldar la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral fue muy notorio el discurso, de una inédita exasperación, que en ambas cámaras, y muy especialmente en el Senado, los legisladores manifestaron contra las amenazas de las televisoras.
De la impunidad habitual al chantaje burdo y luego, de la incredulidad exasperada a la desesperación y el desconcierto, los consorcios mediáticos empezaron a cosechar las consecuencias de un comportamiento abusivo y convenenciero. Nunca, como en la segunda semana de septiembre, habían tropezado con los límites de la relación cada vez más desigual que llevaban años de imponerle a una clase política habitualmente apantallada por el poder de los grandes medios. Nunca, durante esos años de creciente supeditación a la influencia política y mercantil de los consorcios comunicacionales, legisladores y dirigentes políticos habían mostrado una actitud como esa.
La subordinación de los políticos mexicanos respecto de los medios de comunicación no ha terminado. Pero el punto de inflexión que encontró cuando las cadenas televisoras y radiodifusoras quisieron impedir la aprobación de las reformas constitucionales tendrá que marcar nuevas formas en el trato entre unos y otras. Al montar el inusitado pero además prepotente espectáculo con el que pretendieron amedrentar a los senadores el martes 11 de septiembre, seguramente los concesionarios más influyentes no supusieron que encontrarían un rechazo categórico por parte de senadores panistas, perredistas y priistas. Al llevar a muchos de los conductores de noticieros más conocidos a la sala de sesiones en la Torre del Caballito, donde el Senado tiene la mayor parte de sus oficinas, los dueños de Azteca, Televisa y varias de las cadenas radiofónicas con más estaciones querían mostrar una advertencia perentoria a los legisladores: o modificaban la propuesta de reformas constitucionales que entre otros cambios cancelaba la contratación de propaganda política en los medios electrónicos, o el poder de los medios se les vendría encima.
Para sorpresa de los jeques mediáticos –y, hay que reconocerlo, para sorpresa también de muchos ciudadanos– los legisladores afrontaron el reto. La iniciativa fue aprobada al día siguiente por el pleno del Senado y lo mismo sucedió el viernes 14 en la Cámara de Diputados. La Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión había exigido la realización de un referéndum acerca de esa reforma constitucional. Con un discurso pendenciero y repleto de mentiras, los radiodifusores más agresivos siguieron diciendo que las modificaciones legales atentaban contra la libertad de expresión y consideraron que los senadores y diputados representaban a una partidocracia que estaba acaparando las decisiones fundamentales en el país.

El dinero, fuera de la
propaganda electrónica
Los partidos, en efecto, respaldaron las decisiones que tanta aversión suscitaron en algunos de los más importantes empresarios de la radiodifusión. Pero en el discurso mediático había una trampa retórica porque no eran los partidos sino los legisladores que forman parte de ellos los que aprobaron la reforma constitucional. No fue de la “partidocracia” sino en el Congreso de la Unión donde surgieron y fueron votadas esas reformas. Sin embargo la CIRT, con un discurso irritadamente amplificado por Televisión Azteca, clamó contra esa decisión como si hubiera sido tomada al margen de la sociedad y no por los legisladores que (gústenos o no) representan a los ciudadanos que votaron por ellos.
Después de su aprobación en ambas cámaras, la reforma tiene que ser respaldada por al menos la mitad de los congresos estatales para que la Constitución sea modificada. Por eso, apenas transcurrieron las fiestas patrias el nuevo flanco de confrontación entre las televisoras y los partidos se instaló en las cámaras de diputados locales. Ya que no presionaron a los legisladores federales, los radiodifusores más beligerantes tratarían de hacerlo con los diputados en cada entidad federativa y, sobre todo, a través de algunos de los gobernadores más proclives a buscar la promoción que les ofrecen la televisión y la radio.
En ese nuevo espacio de conflicto la CIRT repetiría los argumentos, sin sustento pero intensamente propalados, que presentó delante de los legisladores federales. Los empresarios de la radiodifusión insistieron en que la reforma constitucional vulneraba la libertad de expresión porque una versión preliminar del dictamen, finalmente aprobado en ambas cámaras, incorporaba este párrafo al artículo 41 de la Constitución:
Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Ninguna otra persona privada o pública, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero (el subrayado es nuestro).
Esa formulación era inquietante porque no solo prohibía la contratación de propaganda política sino, además, podía ser utilizada para impedir la presentación de opiniones críticas respecto de los hechos políticos durante los procesos electorales. Los senadores resolvieron ese riesgo suprimiendo las palabras que subrayamos en la anterior transcripción para que esa modificación diga que ninguna persona podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales…
Más tarde, algunos miembros de la CIRT y de otros grupos empresariales consideraron que la nueva redacción seguía siendo lesiva a la libertad de los particulares para dar a conocer sus opiniones políticas a través de la contratación de espacios de publicidad. Pero no se trata de una restricción a la libertad de expresión de la sociedad sino a la libertad del dinero para sobreponerse a las opiniones políticas de los ciudadanos.
Esa disposición no impide que los ciudadanos se manifiesten por el medio que sea. Lo que prohíbe es que haya propaganda pagada en la televisión y la radio. Y allí radica el cambio más importante en la reforma constitucional: el dinero desaparecerá de la relación entre política y medios. Al quedar prohibida la contratación de espacios de cualquier índole para difundir propaganda política, desaparecerá la subordinación que, a menudo, padecían candidatos y dirigentes de los partidos cuando tenían que contratar espacios en los medios electrónicos. Eso es lo que realmente les inquieta a los dueños de los consorcios de televisión y radio: los partidos dejarán de estar sometidos a los intereses de esas corporaciones privadas.
Por lo demás, la legislación mexicana ya prohíbe la contratación de propaganda política por parte de cualquier entidad o persona a excepción de los partidos. El artículo 48 del Código Federal Electoral establece:
Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo.
Así que los empresarios de la radiodifusión y de otras áreas que se inconforman porque los particulares no pueden contratar mensajes de propaganda electoral están algo atrasados de noticias. Esa disposición se encuentra en el Código Federal Electoral desde septiembre de 1993.
La reforma constitucional que ahora propusieron los senadores del PAN, el PRD y el PRI y que en la Cámara de Diputados fue apoyada además por el Partido del Trabajo y Alternativa Socialdemócrata, tiene numerosas implicaciones. Allí se encuentra un intento para fortalecer la influencia de los partidos sobre la autoridad electoral y, sobre todo, la decisión para sustituir de inmediato a tres de los actuales nueve consejeros del IFE. Esa es, a nuestro juicio, una medida regresiva que atenta contra la autonomía de la autoridad electoral y para la cual los partidos no ofrecieron justificación alguna. Junto a esas decisiones hay una destacada colección de reformas que afectan la vinculación entre política y medios de comunicación y a las cuales nos referimos en las siguientes páginas.

Los mensajes negativos,
agresividad y subjetividad
Otra de las modificaciones les prohíbe a los partidos hacer propaganda negativa. Como se recuerda, uno de los temas de mayor discusión acerca de las campañas de 2006 fue la abundancia de agravios y descalificaciones entre los principales partidos. La propaganda negra, como algunos le han llamado, deteriora la vida pública y es síntoma, a la vez que acicate, de una cultura política en donde prevalecen los impulsos y recursos más primitivos. En vez de argumentos y propuestas, la descalificación de los contrarios, sobre todo cuando se injuria o se propagan difamaciones, propicia una competencia electoral que acaba desacreditando a la competencia política y a todos sus actores.
Sin embargo es difícil pensar en una campaña electoral en donde no haya descalificaciones. La propaganda negativa forma parte de la lucha política misma. En un contexto de insuficiente cultura cívica, con actores políticos que no se respetan unos a otros ese recurso será utilizado con más intensidad y, sobre todo, con mayor rispidez.
Es difícil sancionar a la propaganda negativa porque, antes que nada, resulta inevitable que haya alguna dosis de subjetividad para definir en qué momento una campaña traspone la tenue línea entre la competencia limpia y los recursos que no lo son. Siempre habrá quienes consideren que calificar a un candidato como peligro para México es un recurso de propaganda negativa pero también habrá aquellos que, con otros argumentos, sostengan que esa apreciación puede formularse en ejercicio de la libertad de expresión. O, en otro caso que todos recordamos, decir que el cuñado de un candidato presidencial se ha beneficiado ilegítimamente con recursos públicos será una muestra de honestidad y valentía para algunos, en tanto que para otros constituirá una difamación si no hay pruebas que respalden tal acusación.
Si la reforma constitucional prospera, la autoridad electoral tendrá la responsabilidad de resolver cuándo las campañas son limpias, o no. En una de las adiciones al artículo 41 de la Carta Magna se propone establecer:
En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

Spots, en tiempos estatales
administrados por el IFE
La prohibición a la contratación de propaganda política va acompañada por una detallada explicación, también en la nueva redacción propuesta para el 41 Constitucional, para que los partidos y el IFE dispongan de una parte importante del tiempo de transmisiones en las radiodifusoras y televisoras que la actual legislación le confiere al Estado.
Como se sabe desde hace casi medio siglo, gracias a la Ley de Radio y Televisión de 1960, el gobierno tiene derecho a ocupar media hora diaria en cada estación. Adicionalmente, en virtud del llamado tiempo fiscal creado en 1969 y reducido en un 90% por el presidente Fox hace cinco años, el Estado puede ocupar 18 minutos diarios en cada estación de televisión y 35 en cada radiodifusora. Esos tiempos ascienden, en total, a 48 minutos diarios en cada televisora y 65 en cada estación de radio.
La reforma que votaron senadores y diputados establece que desde las temporadas de precampañas y hasta el día de cada elección federal, el IFE tendrá derecho a 48 minutos diarios de esos segmentos. Es decir, ocupará todo el tiempo del que dispone actualmente el Estado en las televisoras y el 74% del espacio que hay, para esos fines, en cada radiodifusora. Esos 48 minutos no se ejercerán de manera continua: tendrán que ser distribuidos en porciones de entre 2 y 3 minutos cada hora.
No todo ese tiempo será para los partidos. El 15% podrá ser reservado por el IFE para difundir mensajes de promoción electoral de tal manera que entre todos los partidos tendrán derecho a, por lo menos, 41 minutos diarios en cada estación tele o radiodifusora.
De esos 41, habrá 29 minutos (el 70%) que se distribuirán entre los partidos de acuerdo con los resultados de la elección de diputados federales más reciente. Los otros 12 minutos serán prorrateados de manera igual entre todos los partidos. Otra innovación establece que las campañas presidenciales durarán 90 días (actualmente alcanzan casi seis meses) y, cuando únicamente sean para legisladores federales, 60 días. Las precampañas durarán, cuando mucho, 60 y 40 días, respectivamente.
En otras palabras, durante los 3 meses de una campaña presidencial los partidos, en su conjunto, dispondrán de 61 horas y media en cada radiodifusora o televisora. Es tiempo más que suficiente para que den a conocer sus mensajes. Los spots no desaparecerán de la competencia política mexicana. Pero, por un lado, ya no nos costarán a los ciudadanos. Y por otro, los partidos no tendrán que negociar con los medios las tarifas para esos anuncios ni la asignación de horarios para transmitirlos. También desaparece la mediación entre las empresas de radio y televisión y la autoridad electoral que hasta ahora cumple, a veces tomando posición a favor de los consorcios privados, la Secretaría de Gobernación. Ahora toda la gestión para ocupar con propaganda electoral los espacios estatales quedará a cargo del Instituto Federal Electoral.

Fin a la promoción personal;
cambio en publicidad política
Una más de las reformas que podrían modificar sustancialmente la relación entre política y medios establece, en el multicitado artículo 41, que durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Esa disposición afecta no solamente a la televisión y a la radio sino además a los medios impresos.
Cada vez parece más claro que una gran cantidad de revistas y diarios –entre los que hay mucha paja, trivia y bodrios pero también publicaciones serias y que difunden contenidos de calidad– tienen que plantearse nuevas opciones de financiamiento porque la publicidad estatal –proveniente tanto del gobierno federal como de gobiernos locales e instituciones públicas de toda índole– será cada vez menor.
Esa tendencia es reforzada por otra de las adiciones constitucionales aprobadas por el Congreso, en este caso al artículo 134:
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Como puede apreciarse, tal medida se refiere a cualquier medio de comunicación (incluso nuevas formas de difusión como Internet o mensajes por celulares). Y no está restringida a los periodos de campañas electorales. Eso implica que la gran mayoría de los anuncios que difunden ahora los gobiernos y muchas instituciones públicas tendrían que desaparecer y, en algunos casos, ser sustituidos por mensajes informativos pero no de promoción personal.
Lo que no indica esa adición constitucional es a qué autoridad le corresponderá evaluar la propaganda estatal, ni con qué recursos de apremio para que dicha disposición se cumpla cabalmente. Todo ello tendría que precisarse en la legislación reglamentaria de la reforma constitucional. Allí hay margen para que los legisladores le den mayores atribuciones poder al IFE o, quizá, a alguna otra institución estatal que podría encargarse de la supervisión de los mensajes gubernamentales. En todo caso parece evidente que, de aprobarse la reforma constitucional, nos encontraremos no solamente en un panorama muy diferente en la relación entre partidos y medios de comunicación. Además, habrá nuevas pautas para la relación entre el gobierno y los medios, incluyendo a la prensa escrita.

Derecho de réplica,
en el 6º. Constitucional
Una mejora adicional y de enorme importancia es la reforma que se propone para incorporar el derecho de réplica. De aprobarse, el artículo 6º. Constitucional quedaría así:
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
La novedad sería la frase que hemos subrayado en el párrafo anterior y, desde luego, cobraría sentido en la medida en que las leyes secundarias establecieran mecanismos para el ejercicio del derecho de réplica.
Hoy en día el derecho de los ciudadanos para responder o aclarar contenidos, menciones o informaciones que los afectan y que han sido difundidos en medios de comunicación, es reconocido por la Ley de Imprenta de 1917 aunque por lo general los diarios y revistas no cumplen al pie de la letra con la obligación de publicar rectificaciones establecida en ese ordenamiento. La actual legislación electoral les permite a partidos y candidatos tener derecho de réplica en medios electrónicos durante temporadas de campañas, pero esa prerrogativa por lo general no es invocada cuando los actores políticos quieren inconformarse por lo que se ha dicho de ellos en algún medio. Y en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión expedido por el presidente Fox en octubre de 2002 se establece un tortuoso y desventajoso procedimiento, sujeto a la decisión discrecional de cada televisora o radiodifusora, para ejercer el derecho de réplica en esos medios.
Si se le reglamenta con pulcritud ese derecho podría constituir un contrapeso fundamental a las versiones parciales, las alusiones irresponsables y las agresiones interesadas que pululan en medios de comunicación de toda índole. Allí se encuentra una de las varias asignaturas para la elaboración de la nueva Ley de Radio y Televisión.

El magisterio de Granados Chapa

Publicado en Zócalo, septiembre de 2007

El aniversario de un espacio periodístico suele pasar inadvertido, incluso para sus lectores. Por eso, entre otras circunstancias, fue prácticamente insólita la coincidencia de periodistas de muy distintas adscripciones profesionales, así como de lectores emplazados en las más variadas perspectivas políticas, para festejar las tres primeras décadas de Plaza Pública, la columna de Miguel Ángel Granados Chapa.

   El 13 de julio de 1977 las páginas de Cine Mundial, dirigido por Luis Javier Solana, acogieron la primera entrega de la que hoy en día es, sin duda, la más importante de las columnas políticas en México. En aquellos años la columna Red Privada, de Manuel Buendía, estaba ganando espacio para un ejercicio más analítico en ese tipo de espacios periodísticos. Durante varias décadas, en una costumbre que persistiría casi hasta finalizar el siglo, las columnas en los diarios eran fundamentalmente espacios de notas breves, muchas de ellas tomadas de los boletines de las oficinas de prensa y algunas otras con informaciones real o presuntamente reservadas.

   El valor fundamental de aquellas columnas era la indiscreción anónima, por lo general intencionada, de alguna fuente vinculada con el poder político. Tales columnas hacían las veces de ojos de las cerraduras de la política palaciega a las cuales, de cuando en cuando, los lectores tenían el supuesto privilegio de asomarse gracias a la confidencia que difundían los autores de esos espacios periodísticos. A menudo esas columnas también eran instrumentos de interlocución entre distintos segmentos de la clase política que se enviaban recados –a veces con la forma de supuestos anticipos, en otras incluso mediante habladurías o incluso calumnias–. Esas columnas y sus autores llegaban a ser, de tal forma, correveidiles de personajes del poder político.

   Manuel Buendía fue de los primeros en romper con ese estilo, tan congruentemente sintonizado con el periodismo que se ejercía en aquellos años. Junto a las revelaciones que obtenía gracias a su epidérmica habilidad reporteril, Buendía incorporaba juicios y críticas que hacían de Red Privada un espacio de discusión más allá de la información que ofrecía. Cuando el director de Cine Mundial y el creador de Plaza Pública convinieron en publicar la nueva columna tenían como modelo el periodismo que publicaba Buendía a cuya trayectoria, por lo demás, no era ajeno Granados Chapa.

 

“Soy un liberal de izquierda”

   Miguel Ángel Granados Chapa se inició como periodista profesional en Crucero, semanario fundado por Manuel Buendía en 1964. El entonces novel reportero, que tenía 22 años, había estudiado simultáneamente las licenciaturas en Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional. Luego se encargó de la redacción en la agencia Informac creada por su antiguo profesor Fernando Solana y en 1966 comenzó a trabajar en Excélsior, de donde saldría una década más tarde con el grupo encabezado por Julio Scherer.

   En el entonces llamado Periódico de la Vida Nacional, Granados Chapa transitó de la secretaría de redacción a tareas cada vez más relacionadas con la política editorial. Sus artículos, que llegaron a aparecer varias veces por semana, eran paradigmas de precisión tanto en el análisis como en la escritura. En esa práctica se va depurando el estilo pero sobre todo la vocación política de Granados Chapa quien dos décadas más tarde se ubicaba a sí mismo “en el centro izquierda, soy un liberal de izquierda, liberal en el sentido decimonónico, es decir, alguien que busca el respeto a la persona, la tolerancia y a la expresión de las ideas en una sociedad” (Rosa María Valles, La legitimación social de la opinión periodística, tesis de maestría, UNAM, 1997).

   En buena medida, la renovación que Excélsior experimentó hacia la mitad de los años setenta en el terreno del análisis se debió a la mano de Granados Chapa, quien llegó a ejercer la tarea de subdirector editorial. Aquellos eran, no hay que olvidarlo, tiempos de incesante tensión política: aunque se manifestaba por la apertura, el gobierno de Echeverría persistía en influir sobre los escasos medios en donde se expresaban posiciones críticas y para superar tales apremios el periodismo de opinión a menudo tenía que acudir a la metáfora elegante, al cuestionamiento oblicuo o a la ironía. Excélsior no era un diario de oposición, pero el hecho de que allí aparecieran enfoques distintos de los oficiales lo distinguió del marasmo que dominaba en la prensa mexicana de aquellas épocas.

   Cuando salió de Excélsior, Granados Chapa se incorporó con notorio compromiso en la creación del semanario Proceso en donde ocupó dos cargos fundamentales aunque finalmente contradictorios: durante los primeros seis meses de la revista fue director-gerente hasta que, hacia mayo de 1977, se alejó de ella. Fue entonces cuando inició la aventura de publicar una columna diaria, con la que se encuentra embarcado hasta la fecha.

   Las numerosas tareas que ha cumplido desde entonces, sin dejar de escribir la columna, dan cuenta de la vitalidad personal pero además del horizonte amplio que anima a Granados Chapa. Tuvo un desempeño fructífero en medios oficiales cuando en 1977 coordinó  los noticieros de Canal Once y entre 1977 y 1980 dirigió Radio Educación. Fue subdirector en los diarios más innovadores en aquellos años: unomásuno entre 1982 y 1983 y La Jornada de 1984 a 1988, diario este último de cuya dirección también estuvo a cargo entre 1988 y 1990.

   Las inquietudes editoriales de Granados Chapa lo han llevado a fundar publicaciones como la revista Mira, que daba preferencia a la imagen fotográfica y que dirigió de 1990 a 1994, cuando dejó esa labor para ser consejero en el IFE. En 1997 creó Hoja por hoja, el suplemento mensual de libros que se distribuye encartado en varios diarios con un tiraje superior al de la mayoría de las revistas no frívolas que se publican en el país. En 1994 fue designado consejero en el Instituto Federal Electoral, cargo que desempeñó por dos años y medio y que solamente aceptó cuando los representantes de los partidos políticos le dieron garantías de que no había incompatibilidad legal entre esa responsabilidad y seguir escribiendo su columna periodística.

 

Explicar los hechos políticos

   La de Granados Chapa ha sido, desde que comenzó, una columna atenta a las novedades de la vida pública pero escudriñando sus contextos. Se nutre de la prensa, pero también en la investigación bibliográfica y desde luego en las indagaciones y el conocimiento personales de su autor. A diferencia de la que singularizaba al viejo periodismo, la columna que escribe Granados Chapa no busca aplaudir ni propagandizar sino explicar y discutir.

   Ese ejercicio, admitió alguna vez Granados Chapa al explicar el sentido que busca para su columna, significa un riesgo permanente: “El columnista está más, por decirlo así, entre las patas de los caballos, está menos a salvo que el articulista de entrar en las complicaciones de la política real. El articulista tiene una mayor distancia respecto de los hechos concretísimos de las personas, de los actores que la que pueda tener el columnista. Esto ofrece toda clase de riesgos, de todo género. Las inducciones, en las que uno puede caer sin advertirlo respecto de ciertas posiciones, es decir, que le hagan a uno expresar opiniones interesadas por los informes que le transmiten a uno las personas con las que habla y por lo tanto, termina uno sirviendo a intereses a los que no quería servir, si no se tiene capacidad de advertirlo. La creación de enemistades muy concretas; el riesgo de halago, también muy concreto, de los funcionarios. Es un camino riesgoso pero que también por eso significa un desafío. Y significó, por otro lado, la oportunidad de contribuir, en la medida que esto ocurra, a la explicación de los hechos políticos nacionales, con un propósito político que es un propósito de democratización. La columna política creo que puede servir muy específicamente a propósitos políticos y periodísticos. En este caso, la búsqueda de las claves que permitan saber que el fenómeno político no es algo reservado a los iniciados, que no es algo ajeno al público en general, sino que el público puede comprender y en lo que debe participar” (entrevista con Otto Granados Roldán publicada inicialmente en 1981 y reproducida en el libro de Miguel Ángel Granados Chapa Comunicación y política. Océano, 1986).

   Granados Chapa ha vivido y eludido los riesgos que señala y contribuye a la desacralización de un quehacer político que, por lo demás, a menudo resulta distante de los requerimientos de la sociedad.

   Plaza Pública se publicó en Cine Mundial entre julio de 1977 y septiembre de 1979. “En ese momento –relató el propio Granados Chapa cuando esa columna cumplió 20 años– Luis Javier Solana, que manejaba el periódico, fue nombrado por López Portillo director de Comunicación Social de la Presidencia. Al autor de esta columna le pareció inconveniente escribir para el diario de quien en ese momento se convertía en vocero del gobierno federal (aunque Solana mantuvo netamente la distinción entre ambas funciones) y aceptó la invitación de Manuel Becerra Acosta para, su antiguo compañero de tareas en Excélsior, para incorporar la columna a las páginas de Unomásuno, nacido en noviembre de 1977” (“Veinte años”. Reforma, 13 de julio de 1997).

 

Fuerza de la columna sindicada

   La renuncia de Granados Chapa y otros directivos de unomásuno lo dejó, en noviembre de 1983, sin espacio en la prensa de la ciudad de México. Para entonces, Plaza Pública aparecía cotidianamente en varias docenas de periódicos en todo el país, distribuida por la Agencia Mexicana de Información. La sindicación de los textos periodísticos se convirtió, durante aquellos años y hasta comienzos del nuevo siglo, en recurso tanto para propagar con notable amplitud el trabajo de algunos de los periodistas más destacados como para conferirles una autonomía adicional.

   Un columnista cuyos textos aparecen en varios diarios en el país deja de tener la dependencia estrecha que, de otra manera, puede experimentar respecto del periódico para el que trabaja en la ciudad de México. En 1983, cuando salió de unomásuno, Granados Chapa pudo seguir escribiendo su columna para los numerosos diarios que ya la reproducían en los estados. Hoy en día las posibilidades de la sindicación han declinado ante el predominio de agencias de contenidos informativos que tienen como ancla a algún diario de la ciudad de México y cuyos servicios son contratados en paquete por los cada vez más escasos periódicos de los estados que no forman parte de alguna cadena periodística nacional.

   Aunque no era en un diario, durante varios meses Plaza Pública se publicó en el semanario Punto que, dirigido por Benjamín Wong, alojó con singular generosidad a los periodistas exiliados de unomásuno. La aparición en septiembre de 1984 de La Jornada, dirigida por Carlos Payán, le dio un nuevo hogar a la columna. Allí estuvo hasta que, casi ocho años después, los desacuerdos que tenía con la conducción del periódico llevaron a Granados Chapa a salir de La Jornada. Disfrutó durante 15 meses, a partir de agosto de 1992, la hospitalidad de El Financiero. Y desde noviembre de 1993 se publica en Reforma y el resto de los diarios del grupo periodístico que encabeza Alejandro Junco de la Vega.

 

Política, aulas, radio, libros

   La estabilidad profesional y editorial que encontró en Grupo Reforma –en donde Plaza Pública ha transcurrido casi 14 de sus 30 años– le han permitido a Granados Chapa afianzar la respetabilidad y la influencia que construyó en el no siempre sosegado paso de un periódico a otro. Aunque es evidente que sus puntos de vista no siempre coinciden con las posiciones de Reforma, la columna ha mantenido un sitio emblemático tanto en las páginas del diario como en el ánimo de sus lectores.

   Igual que las de ese periódico, o las de cualquier otro, las opiniones de Miguel Ángel Granados Chapa son discutibles –a veces, sobremanera–. Se puede discrepar con ellas pero siempre es innegable la claridad de los juicios que las sustentan y que forman parte tanto del talante personal como de la fama pública de su autor. En 1998, cuando fue postulado por el PRD como candidato al gobierno de Hidalgo, Granados Chapa afianzó una simpatía política que sin embargo está lejos de las incondicionalidades que suele exigir la vida partidaria. En aquella ocasión quiso ser abanderado de una coalición integrada por el PAN y el PRD pero cuando advirtió numerosas irregularidades en la selección dentro de Acción Nacional se retiró de ese proceso y, a la postre, quedó únicamente como candidato del llamado partido del sol azteca. Quizá desde entonces, aunque no de manera constante, el habitualmente afilado juicio crítico de Granados Chapa ha sido más benévolo con el PRD y algunos de sus personajes que con la mayor parte de las instituciones, figuras y decisiones públicas a las que suele referirse.

   Hombre dedicado fundamentalmente a la palabra escrita, Granados Chapa además ha mantenido durante ya doce años el programa que, con el mismo nombre de su columna, se difunde todas las mañanas, de lunes a viernes, en Radio UNAM. No son pocos los radioescuchas que, enfadados o fatigados por la sosería que (quizá con un par de excepciones) singulariza a la radio informativa de las mañanas, prefieren sintonizar el 860 de AM o el 96.1 de FM para oír el nada trivial e inteligente programa de Granados Chapa. Allí, el autor de Plaza Pública continúa el magisterio que ejerció en las aulas universitarias primero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y luego en la entonces ENEP de Acatlán.

   Autor de una docena de libros, Granados Chapa mantiene tareas académicas y editoriales menos conocidas que su Plaza Pública. Recientemente fundó una firma destinada a la publicación de libros. Y desde hace varios años escribe, también de lunes a viernes, el “Diario de un espectador” que aparece en Metro, el periódico de sesgo popular que Grupo Reforma imprime para la ciudad de México. En esa columna puede encontrarse al lector, melómano, cinéfilo y paseante que es Granados Chapa. Redactada con menos formalidad e, imagino, a veces con más gozo que la Plaza Pública, el Diario de un espectador merecería una difusión más amplia para que llegase –por ejemplo, en el sitio de Reforma en Internet– a otros lectores.

 

Escribir una columna a diario

   Los 30 años de su columna emblemática han refrendado el reconocimiento que Granados Chapa suscita en espacios muy diversos de la vida pública y el periodismo en México. Han sido, además, una ocasión para que sus lectores festejemos la perseverancia de ese autor.

   Escribir una columna diaria –cuando se hace en serio– es una de las tareas más arduas, pero también más gratificantes, que puede tener la oportunidad de cumplir un periodista. Hay que lidiar con el fárrago de chabacanerías y exageraciones que pueblan las páginas de los diarios para desbrozar lo importante de lo accesorio. Hay que investigar en fuentes de lo más diversas y saber ponderar la confiabilidad de las informaciones que se encuentran. Hay que tener buen archivo, aunque Granados Chapa en lo que se apoya es fundamentalmente en una memoria portentosa. Hay que encontrar algún equilibrio entre la solemnidad y la frivolidad, entre la reiteración y la explicación. Hay que eludir el tedio que impone la reincidencia de actores, temas y comportamientos en la vida pública y encontrar el sesgo, el contraste, la comparación o la primicia que le den frescura a temas no siempre nuevos. Hay que leer y pensar, sobre todo antes de escribir. Hay que sorprender al lector y eso únicamente es posible cuando el columnista tiene los ojos, los oídos y la imaginación despiertos a la realidad. Granados Chapa lo hace todos los días. Aunque no siempre estemos de acuerdo con él –y precisamente, porque expresa razones y posiciones respecto de las que es posible tener diferencias– leerlo cotidianamente es una costumbre que se ha vuelto parte de nuestra vida cívica.

Poder diferido

La Crónica, 11 de octubre 2007

  Quién sabe si el presidente Calderón sabía, mientras hablaba ayer ante los radiodifusores, que su discurso no estaba siendo transmitido en directo por la mayoría de las estaciones de televisión y radio. Tan prestas como fueron hace exactamente un mes para encadenarse mientras protagonizaban ante los senadores el patético espectáculo que tantas recriminaciones les ha propiciado, ayer los dueños de las radios y televisoras privadas dispusieron que la comida anual de la Cámara Nacional que las reúne, y en la que es tradición la presencia del titular del Ejecutivo Federal, fuese difundida con hora y media de retraso.

   Únicamente una de las frecuencias de Radio Fórmula y XEW y quizá alguna otra emisora transmitieron, en la ciudad de México, el discurso presidencial mientras ocurría. Muchas otras estaciones y un canal de cada una de las televisoras privadas lo hicieron de manera diferida. En ningún caso, hasta donde pudimos apreciar, esas estaciones advirtieron a sus audiencias que no se trataba de una transmisión en vivo.

   Tan desusado tratamiento al discurso presidencial puede tener varias explicaciones. Quizá los radiodifusores decidieron no alterar la hora de la comida de la mayoría de los televidentes y radioescuchas y por eso dejaron el mensaje del presidente Felipe Calderón para después de los postres. Pero es inevitable suponer que tal decisión estuvo relacionada con las secuelas de la fallida campaña que esos empresarios levantaron contra las reformas constitucionales que los dejaron sin el gasto que hacían los partidos en la contratación de propaganda electoral.

   Posiblemente los radiodifusores quisieron supervisar el discurso presidencial antes de transmitirlo. Quizá temían que el presidente de la República apoyara el proceso de reformas constitucionales que acaba de terminar con el voto favorable de 30 legislaturas estatales y que fue impulsado por los tres partidos más importantes del país. De haber sabido que sería tan complaciente con ellos, es altamente probable que lo hubieran difundido en directo y por muchas más frecuencias.

   El mensaje del presidente Calderón era esperado porque su gobierno no ha manifestado con claridad una posición pública ante esa reforma, aunque es evidente que el voto del PAN tuvo que haber contado con su anuencia.

   Hubiera sido una oportunidad relevante para que, más allá de expresar una definición acerca de las modificaciones constitucionales, el presidente alzara la mira y ofreciera algunas definiciones para las fases próximas en ese proceso legislativo que son las reformas al Código Electoral –en donde habrá un capítulo especial para normar las nuevas relaciones entre procesos políticos y medios de comunicación– y, después a la legislación para los medios y las telecomunicaciones.

   El presidente, sin embargo, decidió desaprovechar esa ocasión. En vez de un discurso que le permitiera contribuir a esa discusión nacional –y con el que pudiera afianzar la vocación de liderazgo que dice tener pero con la que solamente cumple de manera retórica y a veces ni siquiera en ese plano– Calderón ofreció una alocución ritual, solícita casi, y muy parecida a las que dirigían sus antecesores en otras celebraciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

   Sin contexto crítico ni analítico, las exhortaciones que formuló a la responsabilidad y a un ejercicio comprometido de la libertad resultaron equívocas. Decir que es preciso ejercer la libertad de expresión con respeto a los demás sin recordar, aunque fuese de manera general, las reiteradas transgresiones a esa norma –por ejemplo, por parte de Televisión Azteca– hizo de tal señalamiento una formulación protocolaria.

   Repetir que concesionarios y permisionarios de la radiodifusión se encargan de un servicio de interés público que influye en la cultura cívica sin advertir que la gran mayoría de los contenidos en la televisión no se hace cargo de esa función, fue como decir nada ante un auditorio colmado de empresarios que no han querido distinguirse por la autoevaluación y mucho menos por la autocrítica.

   La transición de la radio analógica a la digital, que suscita inquietudes y confusión entre los radiodifusores que han sido causantes de que el gobierno no defina el estándar tecnológico que será utilizado en México para ese cambio, el presidente la abordó en busca del aplauso de los concesionarios pero sin ofrecer una solución. No es claro el alcance de la promesa presidencial cuando dijo que habrá mecanismos para que “todos los radiodifusores, desde la televisión hasta las más modestas estaciones de amplitud modulada” emprendan el tránsito tecnológico. Lo que México tiene que hacer es decidir cuál o cuáles de los formatos digitales que ahora existen será utilizado para sustituir a las bandas de AM y FM. Y si alguien requeriría de apoyo para renovar sus equipos a fin de sintonizarse con la nueva radio digital serían los radioescuchas, mucho más que los empresarios.

   La otra promesa de Calderón se refirió a las concesiones vencidas o que están por vencerse. Es natural que entre los radiodifusores cuyos títulos de concesión han caducado o están por llegar a su término exista “incertidumbre y zozobra” como dijo el presidente. Pero incurrió en una eventual contradicción, que puede tener consecuencias graves, cuando consideró: “Nuestro deber como gobierno de la República es conciliar los legítimos intereses de todos los que participan en la industria con las disposiciones contenidas en las leyes sobre la materia y las resoluciones judiciales en la misma”.

   Actualmente, de 1488 concesiones y permisos que existen para radio en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada en todo el país, hay aproximadamente 54 que vencieron el año pasado y otras 69 que habrán vencido en 2007. Antes el gobierno federal renovaba sin chistar esos títulos de concesión. Con la Ley Televisa, los radiodifusores pretendieron que las concesiones fueran por 20 años y que su refrendo fuese automático. Sin embargo la decisión de la Suprema Corte de Justicia que modificó esa reforma legal y que indica que las renovaciones deben estar sujetas a licitación dejó en la penumbra legal a las concesiones que no fueron refrendadas por el gobierno anterior ni por la actual administración.

   Asegurar que conciliará el interés de los radiodifusores colocados en ese trance y las decisiones judiciales fue un exceso del presidente Calderón porque las reglas a las que habrán de sujetarse las renovaciones de los títulos de concesión no las define él sino el Poder Legislativo. Así que no sólo eludió respaldar las reformas constitucionales recientes sino, además, presentó una postura que podría ser contraria a la de la Suprema Corte y se inmiscuyó en el proceso legislativo que se encuentra en curso para renovar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones.

   Repitió, eso sí, que las pautas de su gobierno en ese terreno están definidas por tres “C”: cobertura, convergencia y competencia. Pero quizá ese encomiable propósito carece de otro atributo que tiene la misma inicial: congruencia. No la hay cuando, hace unos días, su secretario de Comunicaciones anunció que el año próximo no habrá nuevas concesiones de televisión. ¿Cómo, entonces, aumentará la cobertura y, sobre todo, cómo habrá competencia en ese medio de comunicación si el gobierno desalienta la posibilidad de que haya nuevas frecuencias?

   Con razón al término de la emisión diferida, más de 90 minutos después del momento en que Calderón había dicho esas palabras aunque a radioescuchas y televidentes se les hizo creer que se trataba de un evento en tiempo real, el conductor de la transmisión en radio, Iñaki Manero, de Grupo ACIR, pudo concluir que había sido “un discurso conciliador, un discurso amigable”.

   No tenía por qué ser agresivo. Pero el presidente pudo haber pensado no solamente en el reconocimiento de la audiencia que tenía delante suyo sino en los intereses de la sociedad radioescucha y televidente.

   Intentando, en cambio, congraciarse con los radiodifusores, Calderón dijo que su gobierno ha cerrado “más de una docena de estaciones de radio y televisión que operaban en forma ilegal” y que hará lo mismo con varias docenas más. Enhorabuena si se trata de emisoras que han querido hacer negocio a costa de una frecuencia que no les había sido adjudicada. Pero en años anteriores las acciones del gobierno contra estaciones sin licencia intentaron afectar a pequeñas radiodifusores comunitarias que no habían tramitado su permiso debido a las enormes complicaciones administrativas que encontraban para ello. Una docena de estas radios comunitarias, no obstante, obtuvo permisos legales durante el gobierno anterior.

   El presidente Calderón afirmó, antes de recibir una emocionada ovación: “no hemos permitido, ni permitiremos que por la fuerza se tomen instalaciones de radio o televisión por parte de personas o de grupos, nunca más una toma violenta de una estación o de un negocio lícito en el país”.

   Tiene toda la razón. Sin embargo no quedó claro si se refería a las radiodifusoras que el año pasado fueron ocupadas en Oaxaca o al violento asalto que hace menos de 5 años, en diciembre de 2002, ordenó el empresario Ricardo Salinas Pliego contra las instalaciones de transmisión del Canal 40.

   Si el presidente Calderón toma en serio sus propias palabras, su gobierno tendría que revisar el litigio, aun no concluido, entre Televisión Azteca y el concesionario legítimo del Canal 40.

   Todavía está por verse si, en sus relaciones con los consorcios de televisión y radio, el gobierno promoverá el cumplimiento y la actualización de la ley o se conformará con un poder y una presencia política diferidos.