El principio del fin

La Crónica, 13 de septiembre 2007

  Desafiados por las televisoras, los senadores manifestaron una cohesión jamás vista al menos en los años recientes. Con alusiones a la entereza de Belisario Domínguez invocada por el perredista Carlos Navarrete o recordatorios del panista Santiago Creel y el priista Manlio Fabio Beltrones al poder fáctico de los consorcios comunicacionales, la sesión de anoche en Xicoténcatl se convirtió en enfática respuesta del poder político a las bravatas de la mediocracia.

   Horas antes, los jeques del poder mediático, ahora acompañados por algunos jeques empresariales, habían reiterado y profundizado sus reproches contra los legisladores. Igual que el día anterior, les sobró retórica y les faltaron argumentos. El presidente de la Cámara de la Industria de la Radiodifusión advirtió que, de aprobarse, la reforma constitucional “acotaría la libertad de expresión”. El presidente de la Concamín denunció que “los legisladores están agarrando de rehén a este país”. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial consideró “inaceptable que se pretenda privar a la sociedad de la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista”. Y dos voceros de TV Azteca exigieron posponer la aprobación de esa reforma.

   Desmesurados, acaso porque no tienen más contraste que el espejo de autocomplacencias que ellos mismos han creado, los concesionarios de la televisión, respaldados por la quizá desinformada aquiescencia de numerosos concesionarios de radio, tensaron al máximo su desafío al poder político. Sergio Sarmiento sintetizó ese encrespado estado de ánimo: “no podemos permitir que la sociedad sea secuestrada por unos cuantos dirigentes de partidos políticos”.

   Sin embargo la presuntamente secuestrada parece tomar con serenidad el diferendo entre el poder político y la mediocracia. Las arengas soliviantadoras, que han sido especialmente agresivas en los canales concesionados a Ricardo Salinas Pliego, no tendrán más consecuencia que el berrinche expresado de esa tan patente cuan patética manera. La respuesta de los legisladores, unificados gracias a la altanería de los consorcios televisivos, fue la votación que, al filo de las 10 de la noche aprobó, en lo general, el dictamen para reformar varios artículos constitucionales. 110 votos a favor y 11 en contra corroboraron ese viraje del Senado respecto del poder mediático.

   Los empresarios de la radiodifusión, en este episodio, han sido tan quejumbrosos como mentirosos. Saben muy bien que en el dictamen votado ayer en el Senado no hay una sola disposición que restrinja la libertad de expresión. La frase que podría haber implicado alguna limitación en ese terreno fue modificada el día anterior. Al contrario, una de las reformas incorpora al artículo 6º. Constitucional el derecho de réplica, que es una reivindicación de la sociedad que hasta ahora solo había sido reconocido de manera parcial por las leyes en este país.

   La reforma aprobada anoche y que ahora deberá pasar la prueba de una Cámara de Diputados quizá más susceptible a presiones mediáticas y corporativas tiene dos ejes principales. Uno de ellos es la modificación radical en las relaciones entre partidos y medios de comunicación electrónicos, que hasta ahora han sido determinadas por el dinero. Con tal de recabar fondos para comprar espacios en televisión y radio, candidatos y dirigentes políticos establecían los más variados compromisos con adinerados de toda índole. Y con tal de obtener descuentos y sitios preferentes para la difusión de sus spots, los partidos se consideraban obligados a tener un comportamiento obsequioso y de cuando en cuando sometido al interés de los consorcios de la radiodifusión. Ayer mismo (“autocríticamente”, dijo) el senador Navarrete admitió acerca de esa relación entre partidos y televisoras que, hasta hace poco, “todos fuimos a tocar las puertas traseras de las empresas para entrar a la competencia electoral”.

   Esa peregrinación no se repetirá. La contratación de propaganda política queda prohibida. Quizá los empresarios de la radiodifusión confunden la libertad de expresión con las prerrogativas del dinero para adquirir espacios en los medios electrónicos. Pero esa no es una libertad de la sociedad. Durante las campañas del año pasado los partidos gastaron al menos 589 millones de pesos en la contratación de tiempos en radio y 1384 millones de pesos en la compra de espacios en televisión.

   El país ya no tendrá que hacer gastos como esos. Pero lo más importante es la modificación que esa reforma impondrá en la relación entre la política y los medios de comunicación. Las radiodifusoras y especialmente las televisoras tendrán que dejar de ver a los partidos como clientes y quizá comiencen a considerarlos como interlocutores.

   Hoy en día los ven como adversarios. Pero no quieren acordarse de la escandalosa docilidad con que esos partidos y el gobierno anterior hicieron suyas, a veces sin siquiera aderezarlas con un mínimo rigor jurídico, las leyes y reglamentos que salían de las corporaciones mediáticas. Los “unos cuantos dirigentes de partidos” de los que hoy se quejan las televisoras, les parecían prohombres de la edificación democrática cuando se comportaban como personeros suyos.

   Separar al dinero de la política mediática no es atentar contra la libertad de expresión. Pero si la prohibición para comprar propaganda en medios electrónicos fuese desatendida, ameritaría sanciones que podrían llegar a “la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”. Es natural que los hasta ahora intocados concesionarios de la radiodifusión se inquieten ante una advertencia como esa. Pero no tendrían de qué inquietarse si no tienen previsto transgredir la ley.

   El otro polo de esta reforma es el esfuerzo de los partidos para tener mayores controles sobre la autoridad electoral. La creación de una contraloría designada por la Cámara de Diputados y de un “órgano técnico” para fiscalizar a los partidos nombrado por el Consejo del IFE pero separado de él son dos medidas que limitan la independencia de la autoridad electoral. Y sobre todo la destitución de tres de los actuales consejeros, entre ellos el Presidente del IFE, sigue siendo una decisión caprichosa e inopinada.

   En los artículos transitorios del dictamen se dice cuándo deberán ser designados, de manera escalonada, los consejeros que tendrá el organismo electoral durante los siguientes seis años. Pero no se establece con qué procedimiento serán seleccionados los tres que dejarán el cargo en cuanto la reforma constitucional sea aprobada y los otros 3 cuya gestión, en vez de concluir en 2010 como estaba previsto, llegará únicamente hasta el año próximo.

   Ese es el haz y el envés de la reforma electoral. La cancelación de la propaganda pagada en medios electrónicos constituye una de las medidas más importantes que se han tomado, durante varios años, en la ya larga cadena de modificaciones legales para facilitar la competencia política. La destitución de varios consejeros electorales (al menos ya no todos ellos como se pretendía la semana pasada) constituye un exceso imprudente y revanchista por parte de los partidos contra la autoridad electoral.

   Pero no hay abuso contra la libertad de expresión ni contra los medios de comunicación. Los espantajos creados por la CIRT y las televisoras terminarán por desmoronarse. Quizá entonces pueda comenzar a reconstruirse una relación hasta ahora convenenciera y perversa entre el mundo político y los medios de comunicación más influyentes. Anoche mismo el senador Pedro Joaquín Coldwell les ofrecía una salida decorosa cuando estimaba que, ya sin el dinero público que reciben por motivos políticos, “los medios ganarán calidad y estatura moral para criticar al poder”.

   El acceso a los medios continuará siendo importante para los partidos. Candidatos y dirigentes seguirán buscando espacios en noticieros y programas de distinta índole pero ya no tendrán que comprar publicidad para contentar a esas corporaciones. La propaganda política seguirá resultando fundamental en las campañas electorales pero ahora no será pagada con dinero público porque se transmitirá en espacios del Estado en los medios electrónicos.

   Durante las campañas (que en el caso de las elecciones presidenciales serán de 90 días) los partidos tendrán acceso, entre todos, a 41 minutos diarios en cada estación de radio y televisión. El IFE dispondrá, para difundir mensajes de promoción electoral, de otros 7 minutos diarios.

   Y ya que no gastarán en la contratación de medios electrónicos, es pertinente que los partidos reciban menos dinero. La nueva fórmula para definir cuántos pesos le entregará el Estado a cada partido implica ahorros como los que también anoche, al refutar las mentiras de un asesor jurídico de Televisa, explicaba en la tribuna de Xicoténcatl en senador Ricardo García Cervantes. Si la reforma no se aprueba, en las campañas de 2009 los partidos recibirán 2670 millones de pesos (que significarían, con campañas de 71 días, casi 38 millones de pesos diarios). Con las nuevas reglas, dentro de dos años los partidos recibirán 800 millones de pesos que, gracias a la reducción en los plazos para campañas, equivaldrán a 13.3 millones de pesos diarios.

   La reforma constitucional tiene otras consecuencias sobre las que será preciso detenerse más adelante. Entre ellas se encuentran la reglamentación de precampañas, nuevas atribuciones del IFE para organizar elecciones locales y prohibición para que los sindicatos puedan formar partidos políticos.

   Cara y cruz de una reforma contradictoria: por un lado es preciso advertir la iniquidad que cometen los partidos con el árbitro electoral. Y al mismo tiempo, se puede reconocer un saludable desplante de emancipación de esos partidos respecto de la inmoderada mediocracia. Quizá sea, decía anoche el senador Pablo Gómez, “el principio del fin del miedo de la clase política a los concesionarios de la televisión”. Quizá.

Desenfocados

La Crónica, miércoles 12 de septiembre de 2007

 

 

  Desangelados y despistados, parapetados en una soberbia que ya no intimida con facilidad, ayer los dueños del espectáculo mediático y sus voceros ofrecieron el peor show de su vida. La vieja prepotencia, que tan notorios beneficios les rendía cuando casi no había legislador o gobernante que no se doblara ante el amago para dejarlos fuera de los noticieros, ha perdido al menos parte de aquella eficacia. Los senadores que ayer recibieron a los directivos de la radiodifusión no se quedaron callados ante reproches y bravatas de los patrones del poder mediático. Y los quejosos quedaron enredados en su propio, confuso y equívoco discurso.

   La sesión en las oficinas del Senado estaba planteada más como recurso testimonial que como espacio de interlocución. Acostumbrados a hacer política en el regateo tras bambalinas y nunca en la deliberación abierta, los jeques mediáticos apostaron en esa sesión sus últimas cartas contra las reformas constitucionales relativas a la competencia electoral. Estimaron que con un desplante de apantallamiento mediático impresionarían a los senadores. Quizá por eso atendieron, como diría el clásico, a la forma y no al fondo.

   La forma en su comparecencia la aportaron los radiodifusores con una insólita cobertura mediática. Tan reacios como son a las cadenas nacionales, ellos hicieron la suya propia con la transmisión simultánea en todas las televisoras y prácticamente todas las radiodifusoras afiliadas a algún consorcio comunicacional. Pero el fondo del discurso que buscaron difundir con tanto estruendo resultó patéticamente endeble.

   Algunos miembros de la CIRT se refirieron a temas de la reforma electoral distintos del que los había convocado: reelección de los legisladores, candidaturas independientes. Otros, recalcaron los riesgos que la iniciativa de reformas constitucionales podía implicar para la libertad de expresión. La premura con que ha sido redactada deslizó en la iniciativa un párrafo que habría podido ser interpretado para vulnerar los derechos de opinión y crítica. Nadie “podrá contratar o difundir mensajes en radio y televisión dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”, se decía en una de las adiciones propuestas al artículo 41 Constitucional.

   Con esa disposición se pretende evitar mensajes como los que patrocinó el Consejo Coordinador Empresarial poco antes de la elección presidencial del año pasado. Los senadores reformaron esa propuesta para que diga que nadie “podrá contratar la difusión de mensajes…” Asunto resuelto. Estará prohibida la propaganda electoral que no sea producida por los partidos y esa disposición no será pretexto para censura alguna.

   Cuando el senador Ricardo Monreal les dio a conocer esa modificación los dirigentes de la CIRT se quedaron sin el argumento central de su comparecencia. Pero estaban encarrerados y siguieron como si no hubieran escuchado. No defendían prerrogativas de la sociedad sino sus propios intereses.

   El desasosiego de los representantes de TV Azteca y Televisa no se debía al afán de reivindicar la libertad de expresión de los ciudadanos sino al dinero que dejarán de recibir gracias a la decisión de los legisladores para evitar cualquier contratación de propaganda política en los medios electrónicos. Esa es la causa que movilizó ayer a los dueños del poder mediático. Se trataba de una batalla de antemano perdida porque la víspera, en un comunicado que difundieron en sus noticieros, los radiodifusores habían admitido el fin de la propaganda pagada en medios electrónicos.

   Así que, extraviado el foco de sus reclamos, los radiodifusores comenzaron hablando de todo y nada. Y cuando entendieron que las cadenas nacionales que estaban difundiendo esa sesión desde la Torre del Caballito lejos de amilanar a los senadores les daban más ánimo, involucionaron a un discurso insolente y ramplón. El hecho de que, hacia ese segmento de la comparecencia, eligieran como voceros a personajes de tan cuestionada fama pública como Ferriz De Con y Paty Chapoy, da cuenta del extravío de los concesionarios. Y cuando, instalado en la histeria, el abogado de Televisa Javier Tejado aseguró fuera de cualquier proporción jurídica o histórica que los senadores “están estatizando” a los medios electrónicos, era evidente quiénes habían perdido esa partida.

   El escenario quedó perfectamente adecuado para que Pablo Gómez les encajara a los radiodifusores una contundente lección de derecho constitucional pero, sobre todo, de claridad política. Cuando los invitó a que se preguntaran por qué fuerzas tan distintas como PAN, PRI y PRD se ponen de acuerdo para impulsar una reforma que acota el hasta ahora desmedido poder de los medios respecto de la política, ese senador perredista les hizo a los patrones mediáticos un inestimable obsequio. Pero no será sencillo que, tras un ejercicio de poder atrabiliario tan sostenido como impune, los dueños y directivos mediáticos hagan ese ejercicio de conciencia al que Gómez los convocó.

   Los temas plausibles de la reforma electoral no opacan los abusos que al amparo de ellos quieren cometer los partidos, comenzando por la destitución de los consejeros del IFE que a estas alturas no ha sido justificada por un solo legislador. La remoción de los consejeros será resultado de una injusta venganza política. La cancelación de la propaganda pagada será consecuencia de una desigual y ahora, por lo visto, insostenible relación de subordinación de las fuerzas políticas respecto de la radiodifusión comercial.

   Dueños y voceros de ese poder mediático ayer lucieron  desquiciados, sin maquillaje, desenfocados. No tardarán en recuperar la figura sin abandonar el viejo estilo: severas advertencias en privado, dosificadas menudencias de rating en público. No pasarán muchas horas para que sepamos si esos gastados recursos todavía atemorizan a la clase política.

  

Canales para la UNAM y el DF: Condenados a teleaudiencias restringidas

Zócalo, agosto de 2007

   Las adjudicaciones de sendos permisos de televisión al gobierno de la ciudad de México y a la UNAM parecieran buenas noticias. Pero no lo son. Al aceptar canales que difundirán señales digitales de alta definición, ambas instituciones se allanan a la política discriminatoria y concentradora que, con plena complacencia de los consorcios televisivos, estableció el gobierno anterior y ha mantenido la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones.

   Esa política promueve un modelo de televisión digital dedicado exclusivamente a las transmisiones de alta definición, en vez de utilizar la digitalización para que haya más señales y opciones de diferente calidad de imagen y con amplia diversidad de contenidos (al respecto puede verse nuestra colaboración en Zócalo número 89, correspondiente al mes de julio).

   Además, y allí radica el error principal que han cometido las autoridades del Distrito Federal y de la UNAM, los canales que les ofreció la Cofetel solamente podrán ser vistos en televisores de alto costo que tienen decodificadores digitales y que han sido fabricados, precisamente, para reproducir señales de alta definición. Hace algunos meses la propia Cofetel, de acuerdo con informaciones periodísticas, estimaba que en todo el país se habían vendido aproximadamente 10 mil televisores con esas características. Si suponemos que al menos la mitad de ellos se encuentran en la ciudad de México, el auditorio potencial de la señal abierta de los nuevos canales universitario y del DF se limitaría a unos cuantos miles de personas.

   Desde luego, los contenidos de esos dos canales podrán ser propagados en sistemas de televisión de paga como ya sucede con el Canal de la UNAM que desde hace más de un año está incluido en redes de televisión por cable y satelital. Pero para eso no necesitan un canal de difusión abierta.

 

Discutible vanguardia tecnológica

   La utilidad del canal abierto radica en que puede ser sintonizado por quienes no cuentan con suscripción a la televisión de paga. Aproximadamente el 75% de los hogares en todo el país carece de esa televisión, de tal manera que tres cuartas partes de los mexicanos siguen dependiendo, para su entretenimiento doméstico y para informarse, de las señales abiertas y de carácter analógico. Por eso tanto el gobierno de la ciudad de México como, según se ha informado ahora, también la Universidad Nacional, solicitaron canales de televisión abierta a las autoridades de Telecomunicaciones. El único sentido que hoy en día tiene la televisión abierta es la capacidad de llegar a las audiencias mayoritarias. Al aceptar canales digitales y no analógicos, ambas instituciones le dan la espalda a ese teleauditorio.

   Tanto los funcionarios del gobierno de la ciudad de México como las autoridades universitarias directamente encargados de sus respectivos proyectos de televisión, han construido un discurso de presunta modernidad tecnológica para justificar la aceptación de los canales digitales. En ambos casos se ha dicho que con la transmisión de esa índole estarán a la vanguardia del desarrollo comunicacional.

   El hecho de que dos televisoras no comerciales incursionen en la transmisión digital tiene relevancia como parte de la construcción del futuro de la televisión mexicana. Esa decisión permite confirmar que el aprovechamiento de la convergencia tecnológica en el campo de la radiodifusión no es patrimonio de los consorcios comerciales. Pero tanto la UNAM como el gobierno de la Ciudad de México pudieron haber tenido presencia en la televisión digital difundiendo sus respectivas señales en dos canales cada una –analógico y digital–. Así lo harán (algunas ya han comenzado esas transmisiones simultáneas) las televisoras comerciales que han recibido una concesión adicional por cada una de la que ya tenían.

   Pero mientras a cada canal mercantil las autoridades le entregan una nueva frecuencia por cada una de las que ya disfruta, a las nuevas televisoras de vocación pública como las que pretenden instalar la UNAM y el gobierno del DF solamente se les asigna una frecuencia. El discurso de supuesta vanguardia tecnológica, ambas instituciones lo han construido después de la decisión de las autoridades de la Cofetel. Pero no eran canales digitales, que serán sintonizados por muy pocos, los que habían pretendido.

 

Convertidores para ver un canal

   El gobierno de la ciudad de México ha anunciado que, a fin de promover la audiencia de su canal, distribuirá de manera gratuita convertidores que permitirían que esa señal pueda verse en televisores analógicos. Algunas autoridades de esa administración inicialmente dijeron que esa sería una manera para extender la audiencia de la televisión digital y, al menos en privado, manifestaron que comprarían 8 millones de esos dispositivos para distribuirlos no solo en la ciudad de México sino también en los municipios conurbados. En la entrevista con Zócalo que aparece en esta edición Virgilio Caballero, responsable de ese proyecto televisivo –y que es sin duda el más calificado y experimentado promotor de la televisión pública en México– aclara que esos convertidores únicamente permitirían el tránsito, del formato digital al de carácter analógico, del canal del gobierno del DF.

   Aun así, el gasto que tendrá que hacer esa administración no será despreciable. En la ciudad de México existen 2 millones 237 mil hogares (el 98% del total) con al menos un aparato de televisión. Y cada vez hay, en promedio, más viviendas porque la gente tiende a concentrarse en familias más pequeñas. En la mayor parte de los hogares ya no hay cuatro o cinco personas. En promedio, de acuerdo con el INEGI, en la ciudad de México hay 3.8 personas por vivienda.

   Si el gobierno de la ciudad de México quisiera distribuir un convertidor por familia tendría que adquirir casi dos millones y medio. Y si cada uno de esos dispositivos cuesta 12 dólares como se ha informado, el gasto sería de 30 millones de dólares en números redondos. Esa cantidad es diez veces superior al presupuesto que se dijo tendría el canal del gobierno del Distrito Federal y que ascendería a 35 millones de pesos.

   Los más de 300 millones de pesos que la administración encabezada por Marcelo Ebrard gastaría para que su canal digital pudiera ser visto por los habitantes de la ciudad de México alcanzarían apenas para comprar un convertidor por familia. No se ha dicho qué sucedería en las viviendas en donde hay dos o más televisores.

   Toda esa erogación será necesaria porque el canal de televisión que en principio ha admitido el gobierno del DF es de índole digital. Si se tratase de un canal analógico, para cuya recepción está habilitada la gran mayoría de los televisores en el país, ese gasto no haría falta. Desde luego, en algún momento en el transcurso de las siguientes dos décadas todas las transmisiones de televisión tendrán que realizarse en formato digital. Cuando eso ocurra, los televisores analógicos serán obsoletos. Si los planes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se cumplen, ese cambio sucedería dentro de 14 años, a fines de 2021. Mientras tanto las televisoras comerciales seguirán transmitiendo en formato analógico y paulatinamente, en la medida en que haya más mercado para ellas, habrá más señales digitales.

 

Inciertas frecuencias disponibles

   Las actuales autoridades de telecomunicaciones han determinado que las frecuencias digitales solamente serán utilizadas para televisión de alta definición. Así que es de suponerse que el canal del DF –igual que el que tendrá la UNAM– difundirá televisión de esa calidad. Seguramente esas imágenes se verán muy bonitas en los pocos miles de televisores construidos para reproducir en alta definición. Pero se verán igual que el resto de los canales en los televisores analógicos, que son la mayoría.

   Al admitir canales digitales, el gobierno del DF y la administración de la UNAM no se colocan a la vanguardia de la evolución tecnológica. Más bien, son utilizados como avanzada de una transición digital en la cual las empresas de televisión mercantil no han querido arriesgarse demasiado. La Cofetel promueve la televisión digital para ampliar, a costa de las televisoras no comerciales, un mercado que luego aprovecharán, con más recursos –y con dos frecuencias por cada canal– los consorcios privados.

   La Cofetel ha sostenido que, en el dial televisivo para la ciudad de México, ya no hay más espacio para canales abiertos y que además transmitan de manera analógica. Sin embargo cuando presentó su solicitud el gobierno de la ciudad de México dijo que contaba con estudios técnicos que demostraban la posibilidad de que haya más canales, como aquellos en los que difunden las televisoras comerciales. Incluso solicitó, específicamente, la frecuencia del Canal 46 que hace varios años fue asignada a la empresa Cablevisión pero que no ha sido utilizada.

   Al aceptar el canal digital, en otra frecuencia, el gobierno del DF no informó por qué cejó en su reclamo acerca del Canal 46. Desde luego, la obligación de dar cuenta acerca del estado de cada frecuencia concesionada o permisionada es de la Cofetel y las autoridades de la SCT. Pero en esas dependencias prevalece tal opacidad que cualquier información sobre el espectro radioeléctrico se obtiene sólo  después de numerosas gestiones. O, simplemente, resulta que no hay datos suficientes. El investigador Gabriel Sosa Plata, de la UAM Cuajimalpa, demostró recientemente el patético desorden que hay acerca de la situación jurídica del Canal 46 (El Universal, 1 de mayo de 2007). Con datos como esos, el gobierno de la ciudad de México podría insistir en una frecuencia de más alcance que la que le han ofrecido. Lo mismo podrían hacer las autoridades de la UNAM.

   Así que no hay auténticos motivos para que las autoridades del DF estén satisfechas con la adjudicación del Canal 21 para transmitir en formato digital. El 15 de junio los diarios informaron que, al dar a conocer la resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, exclamó, triunfalista: “¿no que no?”. Inicialmente la Cofetel había rechazado la solicitud del gobierno de la capital del país para que le asignaran un canal de televisión. Pero esa solicitud era para un canal de carácter analógico. Ahora Ebrard tendrá que resignarse a que su canal de televisión lo vean únicamente los habitantes del DF que disponen de canales de paga –y que son entre quienes se encuentran los propietarios de pantallas de alta definición–. O, para que lo vea el resto de la población de esta ciudad, tendrá que gastar por lo menos 300 millones de pesos. En realidad, en ese tema, Ebrard no tiene motivo para estar contento.

  

Resignación de la Universidad

   Tampoco lo tienen, en rigor, las autoridades de la UNAM. Pero como en esa institución desde hace algunos años se le da más importancia al bombo que al fondo de las decisiones, la adjudicación del canal 20 fue celebrada con un intenso despliegue de propaganda. Las autoridades universitarias festejaron la asignación de esa frecuencia pero sin explicar para qué y, sobre todo, con quiénes habrán de ser producidos los contenidos del nuevo canal. Esa frecuencia difundirá, por lo pronto, los programas del Canal de la UNAM que ya se transmite en sistemas de televisión de paga.

   Entrevistado, a nombre de esta revista, por la periodista Elvira García, el director de TV UNAM, Ernesto Velázquez, explicó tajantemente los motivos de esa institución para aceptar el canal digital: “si la pregunta es por qué la UNAM no tiene un canal analógico, la respuesta la conocemos todos: porque el gobierno mexicano se lo negó históricamente”.

   Esa afirmación no es del todo exacta porque, como el mismo Velázquez recuerda, hace varias décadas la Universidad había recibido una frecuencia que no utilizó. Pero el hecho de que más tarde el gobierno hubiera regateado la adjudicación de un nuevo canal televisivo, no era causa suficiente para que la UNAM se resignara de manera tan sumisa a dicha decisión.

   Las autoridades encabezan, pero no sustituyen a la Universidad. En ningún momento, ni durante la actual administración ni en las anteriores, la Rectoría de la UNAM hizo público su propósito para conseguir una frecuencia de televisión. Una y otra vez, cuando se les proponía que lo hicieran, esas autoridades respondían con evasivas y de cuando en cuando admitían que no querían tramitar esa frecuencia por temor al uso político que pudiera dársele a un canal de la Universidad.

   No obstante esa reticencia, durante muchos años para importantes núcleos de universitarios la obtención de un canal de televisión tenía que estar entre las prioridades en materia de difusión cultural para la Universidad. El Congreso Universitario que se realizó en mayo de 1990 y cuya deliberación constituye el ejercicio de autorreflexión y prospectiva más importante que se haya emprendido en esa institución, acordó: “Los universitarios de la UNAM hacemos pública nuestra voluntad de contar con un canal de televisión, para desarrollar un proyecto televisivo cultural de servicio a la sociedad, plural, critico, experimental y participativo”.

   Esa, como tantas otras decisiones del Congreso, quedó archivada. Y ahora, no existe la certeza de que el nuevo canal cumplirá con aquellos propósitos de apertura, participación y pluralidad.

 

Desde 2000, fantasmal canal 60

   Si las autoridades de la Universidad Nacional se hubieran respaldado en su comunidad y en la sociedad mexicana para demandar una frecuencia de televisión abierta, competitiva y capaz de ser sintonizada por todos los televidentes al menos en el Valle de México, indudablemente habrían contado con una extensa y sólida simpatía. Pero, a diferencia del gobierno de la ciudad de México, emprendieron esas gestiones con tanta discreción que el gobierno federal les asignó el canal digital que inicialmente, y durante varios años, estará condenado a tener audiencias restringidas.

   De hecho, la UNAM ya contaba con un canal de televisión. Desde diciembre de 2000 –un año después de que comenzó la gestión del rector Juan Ramón de la Fuente– el gobierno federal le asignó a esa institución el canal 60, con las siglas XHUNAM TV. Se trataba de una frecuencia de baja potencia, que aparentemente serviría sólo con propósitos de experimentación. Sin embargo las autoridades de la Universidad nunca informaron a su comunidad acerca de la existencia de ese canal. Solamente en julio de 2003, cuando entró en vigencia la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se vio obligada a informar acerca de las concesiones y los permisos que había expedido, se supo que la UNAM disponía de esa frecuencia.

   Durante varios años, las autoridades universitarias se negaron a solicitar la ampliación de potencia y el registro del canal 60 como estación permisionada para difundir contenidos de interés general. Ahora, en junio pasado, dieron a conocer la permuta de esa frecuencia por la del canal 20 que transmitirá en formato digital. Qué bueno que la Universidad Nacional tenga canal de televisión abierta. Se lo merece y sin duda promoverá una televisión inteligente como la que ya difunde TV UNAM. Qué lástima que no comenzó transmitiendo en televisión analógica para que esos contenidos pudieran llegar a la mayoría de los habitantes de la ciudad de México.

 

***

   En la conversación con Elvira García que aparece en esta edición de Zócalo el muy respetado y apreciado director de TV UNAM, Ernesto Velázquez, responde disgustado cuando la reportera le pregunta, citando una frase aparentemente mía, por qué la Universidad no tendrá “un canal de verdad”. En realidad esa expresión no es mía sino de la redacción de esta revista, como queda claro en la nota que aparece en la página 7 de la edición anterior. Así que no discutiré la réplica de Ernesto ante una frase que no dije. Sin embargo la objeción del director de TV UNAM permite recalar en un tema que al menos en México no hemos podido resolver de manera clara para todos: ¿cuál es la televisión pública que queremos? Definiciones hay muchas. Pero el colega Velázquez estará de acuerdo en que todos los modelos relevantes y reivindicables de televisión pública pretenden, entre otras características, llegar a la mayor parte de la población para la cual existen. Se trata, según una expresión española que ha venido ganando presencia en América Latina, de lograr que la televisión pública sea generalista. Y eso, con el estándar tecnológico que utilizarán, no lo van a conseguir la televisión de la UNAM ni la televisión del gobierno de la ciudad de México por lo menos durante los próximos diez años.

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