¿Cuánto costó el decretazo de 2002?

Un colega investigador me ha preguntado a cuánto ascendió el dinero que los radiodifusores se ahorraron gracias al decreto del 10 de octubre de 2002 con el cual el presidente Fox abolió alrededor del 90% del tiempo fiscal que le permitía al Estado disponer del 12.5% de los espacios de transmisión en televisión y radio. Gracias a esa pregunta encontré en mi archivo un texto que no había incluido en este blog y que apareció inicialmente en el número de noviembre de 2002 de la revista etcétera.

la granja

La abdicación


El gobierno formalizó el desaprovechamiento

de los tiempos estatales en radio y TV

Al presidente Fox nunca le gustó el tiempo fiscal en los medios electrónicos. No lo entendía cuando llegó a la presidencia de la República. No sabía como usarlo. Muy pronto hizo suyos los argumentos de los empresarios de la radio y la televisión.

El decreto y el reglamento que expidió el 10 de octubre no fueron resultado de una nueva política del gobierno para ejercer los espacios a su disposición en los medios electrónicos sino la expresión de un drástico viraje en la relación entre el poder político y el poder mediático en México. José Carreño Carlón ha descrito esa situación con conocimiento e ironía: si antes los magnates de la televisión privada, como se llegó a ufanar el Tigre Emilio Azcárraga Milmo eran soldados del PRI, ahora el presidente actúa como soldado de los radiodifusores más poderosos.

El presidente Vicente Fox apenas llevaba un mes en Los Pinos cuando, en enero de 2001, manifestó su coincidencia con los argumentos de los radiodifusores en una entrevista con el diario Reforma:

“Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que le saquemos a los medios de comunicación el 12.5 por ciento de su tiempo total. Es una bestialidad eso”.

Los entrevistadores, Lázaro Ríos y Martha A. Treviño, replicaron:

¿Y van a modificar la ley en eso?

“No, la ley está muy clara o, si no está clara, la gente razonable entendemos muy bien la ley, que se trata del 12.5 por ciento del tiempo comercial, del tiempo que un canal de televisión destina a lo comercial.

La ley dice ‘de tiempo de transmisión’.

“Bueno, pues, de tiempo de transmisión de comerciales, digo… Bueno, de todos modos no voy a pedir ese tiempo. ¿Yo para qué quiero ese tiempo? Yo soy una persona lógica, práctica y que si la ley está ahí por un acuerdo que hicieron entre medios y eso, yo encantado de disponer de ese tiempo, de usarlo, y lo vamos a disponer y lo vamos a usar.

Pero si tiene ese tiempo, ¿qué necesidad hay de invertir un solo peso en ese renglón?

“Voy a hacer las dos cosas: voy a usar ese tiempo y voy a invertirlo.

¿Agotar el 12.5?

Porque si no hay (inversión), en el 12.5 me dan tiempo por ahí en la madrugada…”

Más adelante el presidente insistió: “Yo ni tengo la obligación de consumir el 12.5 total, es una propuesta de disponibilidad de tiempo que está ahí, pero yo puedo usar tiempos comerciales, en tiempos triple A de otra manera” (Reforma, 7 de enero de 2001).

El presidente, desde entonces, estaba decidido a lograr espacios preferentes en la televisión y si para ello tenía que gastar dinero público no le importaría hacerlo, a pesar del tiempo fiscal al que tenía derecho el Estado. Si los concesionarios se oponían a que parte de ese tiempo fiscal se ejerciera en horarios triple A, el titular del Ejecutivo preferiría pagar antes que negociar. Si esos empresarios decían que el 12.5% se contabilizaba a partir del tiempo de comercialización y no del tiempo total de transmisión, no sería Fox quien quisiera desmentirlos.

Esa interpretación favorable a los concesionarios había prevalecido en el gobierno aunque no tenía sustento legal. El Acuerdo presidencial del 27 de junio de 1969, que ofrecía la posibilidad de pagar con tiempo de transmisión el impuesto especial establecido medio año antes decía que los concesionarios podían solicitar “se les admita el pago de su importe con el doce y medio por ciento del tiempo diario de transmisión de cada estación”. Sin embargo la indolencia del gobierno y quizá también el desacuerdo con ese impuesto que era ciertamente muy discutible propiciaron que, en la práctica, se impusiera la interpretación de los empresarios de la televisión y la radio. Así que el 12.5% se veía calculando a partir del tiempo de comercialización y no del tiempo total de transmisión.

Esa costumbre significó una abdicación del Estado de casi dos horas y media diarias del espacio al que tenía derecho en cada televisora y radiodifusora. El gobierno federal nunca ha explicado con claridad cómo definía el llamado tiempo fiscal. Pero a partir de los informes sobre el ejercicio de ese recurso de difusión pueden dilucidarse esos parámetros. En los anexos del II Informe de Gobierno se dice que en el transcurso de un año, entre septiembre de 2001 y agosto de 2002, el tiempo fiscal en televisión ascendió a 97 mil 844 horas. Según ese documento en el país había, en dicho lapso, 518 canales concesionados de televisión.

Para cada uno de esos canales el gobierno estimó un tiempo diario de transmisión de 23 horas, es decir, mil 380 minutos. Allí había una irregularidad adicional ya que en prácticamente todo el país las televisoras transmiten todo el día.

De esos minutos se calculaba el tiempo de comercialización que según el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión era del 18% sobre el tiempo de transmisión, pero con una salvedad. A partir de las 8 de la noche las televisoras solo tenían derecho a comercializar el 9% de sus tiempos. Sin embargo el cálculo que hacía el gobierno para delimitar el tiempo fiscal suponía que la comercialización era, durante todo el día, equivalente al 18% de los espacios de transmisión. Ningún radiodifusor protestó por ese pequeño abuso porque en realidad esa estimación reconocía la costumbre, cada vez más extendida en las televisoras, para desatender la limitación legal que reducía la comercialización durante los horarios nocturnos de mayor audiencia. De hecho en el nuevo Reglamento, que el presidente Fox expidió el 10 de octubre, ya no aparece esa restricción.

Así que calculando un tiempo diario de transmisión de 23 horas y una comercialización del 18% durante todo el día, el gobierno concluyó que cada televisora concesionada debía transmitir 31 minutos diarios de mensajes oficiales. Todo ello además de la media hora diaria que según otra disposición, contenida en la Ley Federal de Radio y Televisión, las estaciones concesionadas tienen que destinar a mensajes del Estado. En este artículo nos referimos solo al tiempo fiscal y no a esos 30 minutos adicionales.

En la radio con un procedimiento similar aunque con un tiempo de comercialización del 40% del espacio diario que es el que establecía el Reglamento, el tiempo fiscal ascendía a un poco más de 55 minutos diarios.

A pesar de la reticencia del presidente Fox para utilizar el tiempo fiscal, su gobierno aprovechó cada segundo de esos espacios. Desde luego se trataba de un tiempo fiscal rasurado al 17% y al 30% de los segmentos a los que el Estado tenía derecho en la televisión y la radio. Pero era un recurso de difusión para asuntos públicos que, ahora, el gobierno tenía obligación de ejercer. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos para 2002, determinó que las dependencias y entidades públicas solo podrán contratar espacios comerciales en la radio y la televisión “una vez que hayan agotado los tiempos de transmisión asignados, tanto en los medios de difusión del sector público, como en aquéllos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal”.

Además la Secretaría de Hacienda está obligada a comunicar a los diputados cómo ejerce dicho tiempo y qué valor monetario tendría. En su informe más reciente Hacienda notificó que durante el primer semestre de 2002, el tiempo fiscal fue utilizado en su totalidad. Ese documento contradice a quienes han dicho que el tiempo fiscal solo se ejercía de manera parcial. Allí se confirma, además, que durante el gobierno actual ese tiempo fue aprovechado casi exclusivamente por la administración central. Descontando los anuncios del Instituto Federal Electoral y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que el Ejecutivo Federal utilizó el 91.51% del tiempo fiscal. El cuadro que incluimos con este texto, tomado del informe de la Secretaría de Hacienda, detalla el uso del tiempo fiscal en el primer semestre de 2002.

 

tiempo-fiscal.jpg

 

TELEVISIÓN

TIEMPFISCAL

El uso del tiempo fiscal en la radio, en el mismo periodo, fue similar. Al IFE le correspondió solamente el 7.99% de las 216 mil 375 horas disponibles en ese lapso y a otras instituciones no dependientes del gobierno federal porcentajes mucho menores. La administración central ejerció el 88.59% de todo ese tiempo.

La Secretaría de Hacienda estimó que ese tiempo en radio hubiese costado 169 millones 551 mil 789 pesos con 56 centavos. Es decir, algo más de 339 millones de pesos al año. Se trata de 12 millones 982 mil 526 minutos de transmisión que, de acuerdo con ese monto, han sido tasados a 13 pesos cada uno.

En televisión, las horas de transmisión disponibles (cuyo ejercicio se detalla en el cuadro adjunto) sumaron 2 millones 715 mil 715 minutos.

Para la autoridad hacendaria ese espacio tuvo un valor comercial de mil 155 millones 319 mil 475 pesos con 20 centavos. Es decir, algo más de 2 mil 310 millones de pesos al año. Eso significa que se estimó un valor de 425.42 pesos por cada minuto de difusión de los mensajes gubernamentales.

Hacienda no explica a partir de qué parámetros estima esos precios por el minuto de transmisión. Las tarifas de publicidad comercial son muy variadas según la cobertura y el horario en cada estación tele o radiodifusora. La apreciación de 13 y 425 pesos por minuto en radio y televisión resulta exageradamente baja. De cualquier manera a partir de esas estimaciones se puede establecer cuánto pierde el gobierno, según sus propios parámetros, con las nuevas reglas que estableció para los espacios oficiales en radio y televisión.

El gobierno federal afirma que hasta ahora sus mensajes, en ejercicio del 12.5% de tiempo fiscal, eran transmitidos en horarios de escasa audiencia. Sin embargo no había motivo legal para que así ocurriera. Ya era demasiado irregular que en vez de los 180 minutos a que tenía derecho en cada estación de radio y televisión solamente empleara, como hemos visto, 55 y 31 minutos. En comparación con esos espacios el Decreto presidencial del 10 de octubre limita los tiempos fiscales a 35 y 18 minutos diarios. Se trata de una disminución del 36.4% y del 42%, respectivamente.

Si hasta ahora el tiempo fiscal significaba para el gobierno espacios, en números redondos, por 339 millones de pesos en el caso de la radio y 2310 millones de pesos para la televisión, la pérdida habría sido de 123 y 970 millones de pesos, respectivamente. Ese es el quebranto mínimo que sufre el gobierno debido al decreto del presidente Fox: mil cien millones de pesos.

Se trata, como hemos insistido, de una estimación muy a la baja, tomando en cuenta que desde hace casi dos años el gobierno utilizaba una porción mínima del tiempo fiscal al que tenía derecho. Si consideramos a cuánto hubiera ascendido el tiempo fiscal si el gobierno lo hubiese ejercido plenamente, tasándolo al precio que utiliza la Secretaría de Hacienda en su informe, tenemos que en radio habría tenido un costo de más de mil 222 millones de pesos al año. Y en televisión, de más de 14 mil millones de pesos anuales.

Esos tiempos no se ejercían más que de forma mínima. Por eso el gobierno considera que no ha perdido casi nada con las reformas del 10 de octubre y en cambio, afianzó el aprecio de los principales dueños de la televisión y la radio. Lo que el decreto y el reglamento presidenciales establecieron fue la formalización de situaciones de hecho que ocurrían desde hace algún tiempo y una cesión de espacios todavía mayor en beneficio de los empresarios de la televisión y la radio. El gobierno en vez de 180 minutos a los que tenía derecho empleaba solamente 31 en la televisión y ahora dispondrá de 18. Más que Estado mínimo como a veces se ha pretendido, tenemos un gobierno voluntariamente disminuido ante grupos empresariales que imponen la formalización y el empeoramiento de situaciones de hecho de las que ya se beneficiaban.


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Acerca de Raúl Trejo Delarbre

Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Colaborador en las revistas Zócalo y emeequis.
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