El enmarañado caso Monitor

La Crónica, 11 de julio 2007

 

   La mejor manera de no entender el caso Monitor es considerar que se trata de un litigio entre buenos y malos. Y eso es, precisamente, lo que hacen numerosos cuan bienintencionados comentaristas. De un lado, en esa apreciación maniquea, consideran que José Gutiérrez Vivó y su programa han sido víctimas, debido a sus simpatías políticas, de una ominosa persecución gubernamental. Y en el flanco de los malos, ubican al poder político junto con el Grupo Radio Centro.

   Sin embargo la realidad, latosa como suele ser, resulta más compleja. Si bien hay testimonios acerca de la malquerencia que el presidente Vicente Fox le llegó a tener a Monitor, hasta ahora no se han conocido evidencias de que hubiera promovido un boicot publicitario. De haber ocurrido así, el ahora por fortuna ex presidente podría haber incurrido en un delito al traficar con la influencia que tenía con el propósito de ejercer una presión política. Pero la fragilidad de las finanzas del Grupo Monitor es imposible adjudicársela al encono gubernamental, a menos que supongamos que el Estado tiene obligación de respaldar a las empresas de comunicación que las opiniones de moda consideran como políticamente correctas.

   Del gobierno de Felipe Calderón, la única queja que ha formulado Gutiérrez Vivó se refiere a la negativa para que el presidente le concediera una entrevista. Sin embargo en distintos espacios en la prensa y en algunos sectores de la sociedad se ha extendido la especie de que el actual gobierno censuró a Monitor.

   La ruina financiera del Grupo Monitor no es para alegrar a nadie –excepto a aquellos que, entre sus competidores comerciales, tienen una apreciación obtusa del mercado radiofónico–. Aunque progresivamente alicaída, la opción informativa que representaba satisfacía las expectativas de un segmento importante de la audiencia en el Valle de México. A pesar de los vaivenes y las inconsecuencias en sus filiaciones y apuestas políticas el trabajo profesional de Gutiérrez Vivó y sus colaboradores con frecuencia fue de tal manera innovador que, como rezaba su eslogan, Monitor marcaba el paso en la radio.

   La pluralidad que distinguió en algunas de sus mejores épocas a ese noticiero fue, antes que nada, resultado de una apuesta comercial. Ello no es en absoluto cuestionable porque el propósito de Grupo Monitor igual que de cualquier empresa era, antes que nada, hacer negocio. Por eso es posible recordar que, no pocas ocasiones, dicha pluralidad y los sesgos políticos del noticiero estuvieron supeditados a consideraciones empresariales más que a criterios de índole profesional.

   Pero si la pluralidad, modulada por las apreciaciones de Gutiérrez Vivó, era negocio para Monitor, no lo fue tanto, en cambio, su afán de autonomía corporativa. Allí es donde, posiblemente, se encuentra el mensaje más ominoso que deja la desaparición (temporal, esperamos) del noticiero de Gutiérrez Vivó. Su rompimiento con el Grupo Radio Centro desembocó en un litigio prolongado y enmarañado en donde quedó de manifiesto el talante sañudo de quienes conducen los negocios de la familia Aguirre pero, también, la vulnerabilidad de una empresa mediana cuando se aparta de la interesada cobertura que pueden ofrecer los grupos mediáticos de mayor calado.

   Mientras más se extendía, el diferendo con Radio Centro resultaba más dañino para la inestable situación de Monitor. En ese trayecto Gutiérrez Vivó seguramente cometió errores empresariales y políticos. Quedó crecientemente aislado en el terreno que le interesa más a un radiodifusor, que es el de la cobertura de las señales que transmite. Las dos estaciones que administra en el Valle de México (en las frecuencias 1320 y 1560 de Amplitud Modulada) tienen alcance muy limitado e indudablemente para muchos anunciantes el noticiero dejó de ser atractivo. Entonces Monitor dependió cada vez más de la publicidad oficial.

   Azolvadas sus relaciones con el gobierno de Fox, Gutiérrez Vivó entregó –literalmente– sus frecuencias al gobierno de la ciudad de México: los contenidos de al menos una de ellas, Radio Bienestar, fueron determinados por el gobierno de López Obrador en virtud de un convenio con Grupo Monitor. Triste y costosa paradoja: para afianzar su independencia respecto de Radio Centro y del gobierno de Fox, Monitor se hizo dependiente del gobierno de la ciudad de México.

   Ahora muchos de quienes atribuyen al gobierno federal la suspensión de las transmisiones de Monitor soslayan esas vicisitudes comerciales y políticas pero, sobre todo, sugieren que el gobierno mismo resuelva ese problema. Sin embargo los 21 millones de dólares que Radio Centro se niega a pagarle a Gutiérrez Vivó como recomendó el tribunal internacional cuyo veredicto se habían comprometido a aceptar esas dos partes depende, ahora, de una decisión del Poder Judicial. Y proponer que Monitor reciba una dotación de publicidad gubernamental muy por encima de la que es contratada en otras emisoras, implicaría un trato preferencial harto discutible. Lo que tendríamos que considerar, en ese terreno, es la pertinencia de abolir toda la publicidad que el Estado contrata en medios electrónicos e impresos.

   La única vía para que el gobierno auspiciara el retorno radiofónico de Gutiérrez Vivó sería que le abriera espacio en algunas de las estaciones que tiene el Estado, como sucedió hace varios años cuando el periodista Francisco Huerta fue despedido de una emisora comercial y encontró la hospitalidad de Radio Educación. Sin embargo es difícil imaginar al creador de Monitor detrás de los micrófonos de alguna emisora gubernamental.

   En el plano de la radio comercial, que es la que a Gutiérrez Vivó le ha interesado y en la que se sabe desenvolver, la mejor posibilidad pareciera estar en una inyección de capital privado a partir de la alianza con algún grupo empresarial. Y allí volveríamos al aciago reconocimiento sobre la precariedad de las estaciones medianas y pequeñas ante las corporaciones mediáticas ya existentes o que comienzan a surgir.

   Además de su audiencia y de su equipo de trabajo, parte del patrimonio que tiene Grupo Monitor son las dos frecuencias de AM en las que transmitía en la ciudad de México y que le cedió Radio Centro a consecuencia del acuerdo comercial que entablaron hace varios años. Desde el 29 de junio, cuando el noticiero dejó de transmitirse, en esas estaciones se difunde música clásica y de cuando en cuando algunos otros contenidos. Esas frecuencias han sido objeto de una controvertible compraventa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendría que haber supervisado con escrupulosidad. Radio Centro se las entregó a Gutiérrez Vivó como parte de una operación más amplia –como si esas frecuencias hubieran sido propiedad de la empresa de la familia Aguirre, que solamente las tenía concesionadas– y ahora su destino es incierto. Sin embargo los transmisores y las antenas desde donde se difunden esas señales son propiedad de Radio Centro.

   La casi total suspensión de la programación que nutría a esas frecuencias abre un nuevo frente de problemas para Monitor pero también para las autoridades de radiodifusión. Este caso reitera la necesidad de que contemos con una legislación capaz de propiciar que las frecuencias sean asignadas con criterios de diversidad y calidad.

   El cierre de Monitor es, mientras tanto, una pésima noticia para sus radioescuchas pero antes que nada para sus trabajadores. Al rezago que tenían en el pago de sus salarios, se añaden las dos semanas que mañana se cumplirán de la cancelación de transmisiones. No hay que olvidar que Gutiérrez Vivó decidió dejar de transmitir ante la inminencia de una huelga que había sido anunciada para el 30 de junio. Los motivos para tomar esa decisión pueden ser explicables. Pero de cualquier manera estamos ante un paro patronal, declarado para impedir la huelga que había sido emplazada por un sindicato. No deja de resultar curioso que la mayor parte de los cuestionamientos ante este episodio sean enderezados contra circunstancias y actores externos al litigio y no contra la empresa que resolvió, unilateral y repentinamente, cerrar una fuente de trabajo.

          

La industria de lo televisable

Publicado en Nexos, junio de 2007

 

   El canciller Otto von Bismarck tuvo motivos para considerar que la política es el arte de lo posible. Pero si hubiera vivido un siglo más tarde, el unificador de Alemania quizá habría estimado que la política es la industria de lo televisable. El reconocimiento al carácter indispensable, omnipresente e incluso inevitable que los medios de comunicación de masas alcanzan en la propalación de los hechos y la formación de los consensos políticos es tan fundado como extendido. Pero además de las capacidades propagadoras y a veces persuasoras que sin duda tienen, a los medios de comunicación y muy especialmente a la televisión con frecuencia se les sobredimensiona, atribuyéndoles el carácter de escenarios prácticamente únicos y en ocasiones de actores virtualmente inapelables de los asuntos públicos.

   En tanto la política y sus protagonistas padecen un desprestigio creciente, los medios de comunicación por lo general disfrutan de márgenes de credibilidad estables, o al menos no son tan cuestionados como los gobernantes y dirigentes partidarios. Hay al menos tres motivos para esa legitimidad mediática que se mantiene tan a contrapelo del descrédito del resto de las instituciones de la vida pública contemporánea.

   Los medios tienen acceso constante a la existencia cotidiana de los ciudadanos. Conectados a la televisión o la radio lo mismo en ratos de ocio que en buena parte de nuestras jornadas laborales, vivimos con los medios. A los políticos los vemos y escuchamos a ratos y en todos los casos, por cierto, merced al tamiz de los medios de comunicación.

   En segundo término los medios, especialmente en circunstancias de extrema concentración mediática como la que padecemos en México, constituyen la única institución de la vida pública que se autolegitima continuamente. A los gobernantes y legisladores, los ciudadanos los sancionan refrendando o retirándoles el voto, o con la opinión que registran las encuestas. A las iglesias, las escuelas e incluso a los equipos de futbol, sus fieles, alumnos o aficionados les confieren distintos niveles de confianza, según se reconozcan o no como miembros o simpatizantes de esas colectividades. Podría decirse que el mecanismo más viable para que los espectadores amonesten o aprueben a la televisión consiste en, simple y sencillamente, cambiar de canal. Pero las opciones en la televisión mexicana son tan escasas, y por lo general de tan palmaria indigencia en materia de contenidos, que sus espectadores carecen de auténtica libertad de elección.

   Nuestros políticos, en tercer lugar, suelen contemplar a los medios con un arrobo casi parroquial e idealizan, porque literalmente los apantalla, las capacidades de la televisión. Otros más, forjados en una cultura política en donde el bombo y la simulación son recursos frecuentes porque no aspiran a persuadir sino a impresionar, exaltan a la televisión porque en ningún espacio, como en ella, pueden apantallar  a otros políticos y al resto de los ciudadanos. Todos ellos, vanidosos como suelen ser, quieren congraciarse con los medios porque consideran que dejar de estar en ellos equivale a dejar de ser en términos políticos. La importancia de la televisión es insoslayable. Pero los políticos, al mitificarla, la magnifican.

 

Rezago reformador

   Los políticos, por lo general, no entienden y tampoco respetan a los medios. Pero les tienen, especialmente a la televisión, una mezcla de codicia y recelo. Como temen las represalias mediáticas nuestros políticos –con excepciones notables y aun insuficientes– prefieren padecer la artificiosa omnipresencia e incluso los abusos de la televisión antes que acotarla con decisiones capaces de aprovechar la formidable capacidad comunicacional que tienen ese y otros medios.

   Sin medios de comunicación simple y sencillamente no hay democracia, entendida como un proceso de interacciones en donde se combinan reglas y mecanismos para la representación, la expresión y la participación de los ciudadanos en la definición de los asuntos públicos. De la misma forma que el funcionamiento de las elecciones, el desempeño del poder legislativo y la eficacia o no de la división de poderes son parte de los factores que determinan la calidad de la democracia, la situación de los medios de comunicación también contribuye a profundizarla o deteriorarla. Y así como no todos los legisladores, o no todos los partidos o los gobernantes actúan de manera idéntica, también en los medios de comunicación hay comportamientos muy variados. Cada vez resulta más impreciso hablar de los medios cuando entre ellos existe una señalada diversidad de trayectorias, intereses y actitudes. Pero si se busca definir reglas capaces de auspiciar la contribución de los medios de comunicación en la democracia es preciso atender a los rasgos generales del sistema mediático, independientemente de que haya medios responsables y nobles mientras que otros actúan con imprudencia y voracidad.

   A la democracia solamente se la construye, preserva y enmienda en un camino de avances, revisiones y nuevas determinaciones. Sin embargo, respecto de los medios, la reforma de la democracia mexicana implica en varios sentidos partir prácticamente de cero. Las reglas que tenemos para las elecciones son ejemplares y han funcionado razonablemente bien –a pesar de la ideologización y la confusión que, por motivos políticos, fueron promovidas acerca de la elección presidencial reciente–. En cambio  las normas vigentes para el desempeño de los medios no impulsan la equidad, ni la claridad y mucho menos la deliberación ni el mejoramiento en la cultura de los ciudadanos.

 

Bonificaciones y gacetillas

   Los medios de comunicación más poderosos han impuesto, por cauces formales e informales, sus propias reglas. Las normas que establece la legislación electoral para favorecer una competencia equilibrada entre los partidos son distorsionadas por el interés mercantil y en ocasiones por decisiones políticas que se toman en esos medios de comunicación o incluso en el gobierno.

   El Código Federal Electoral establece en su Título Tercero las reglas para que los partidos accedan de manera permanente a espacios en radio y televisión y para que, en épocas de campaña, además puedan comprar tiempo en esos medios. El primero de esos derechos por lo general es respetado –aunque en las campañas presidenciales de 2000 los radiodifusores privados se negaban a transmitir mensajes de promoción del voto que auspiciaba el Instituto Federal Electoral–. A comienzos de 2007, el gobierno federal se rehusó a transmitir un programa del PRD alegando que la información que allí se presentaba era “falsa”. Esa acción de censura previa fue rectificada. Pero sigue siendo preocupante que el gobierno se haya considerado con derecho a decidir los contenidos políticos que, a su juicio, podemos ver y escuchar los ciudadanos. De allí que una reforma necesaria a la ley en esa materia es el establecimiento de plenas garantías para que se cumpla sin reservas el derecho del Instituto Federal Electoral y de los partidos que concurren en él a la difusión de programas y anuncios en los medios electrónicos.

   Cada temporada electoral, concesionarios y permisionarios de radio y televisión están obligados a entregarle al IFE las tarifas para que los partidos puedan contratar espacios de publicidad política. Sin embargo esos precios son alterados de dos maneras. Las empresas de televisión y radio, de manera discrecional, hacen descuentos a los partidos de acuerdo con el volumen de la publicidad que contratan pero también de acuerdo con el respaldo político que quieran otorgarles. Por otra parte, otorgan “bonificaciones” en especie que ensanchan artificiosamente el tiempo comprado por los partidos y que se ha convertido en una manera de engaño a radioescuchas y televidentes. Cuando un partido compra publicidad distintas radiodifusoras y televisoras le ofrecen, de manera adicional, espacios para que sus candidatos sean entrevistados o incluso comentarios expresamente favorables a ellos. Sin embargo tales entrevistas o menciones no son reconocidas como parte de la publicidad pagada. Descuentos y bonificaciones son formas de respaldo ilegal a los partidos y podrían ser consideradas como delitos electorales si no han sido reportadas como donaciones en los informes financieros que los propios partidos deben entregar a la autoridad electoral.  

   Gracias al monitoreo de medios electrónicos que desde hace varias elecciones realiza el IFE, podemos saber con detalle cuántos segundos de publicidad contrataron los partidos y cuántos les asignó cada noticiero de radio y televisión. Lo que no sabemos es cuántos ni cuáles de esos espacios fueron adjudicados, por parte de las radiodifusoras y televisoras, no debido a decisiones de carácter periodístico sino a convenios mercantiles. En televisión y radio se ha extendido la venta de espacios en programas de entrevistas en donde comparecen quienes han pagado para aparecer como invitados, cuando en realidad se trata de marchantes de tales espacios. A los radioescuchas y telespectadores nunca se les informa que esas presentaciones se deben al interés mercantil y no a criterios propiamente editoriales. Con esas prácticas, se reproduce en los medios electrónicos una de las más tristes tradiciones de la prensa escrita en México que han sido las gacetillas –es decir, la publicación de espacios pagados pero que no son reconocidos como tales–.

   Todas esas costumbres atropellan el profesionalismo de los medios pero además, constituyen factores de oscuridad e inequidad respecto de la competencia electoral. El único recurso práctico para remediar esos subterfugios, al menos en el plano de las campañas políticas, radicará en que solamente la autoridad electoral esté facultada para, en representación de los partidos, contratar espacios en radio y televisión. Así desaparecerían los acuerdos a trasmano con las empresas de medios.

  

Cancelar compra de espacios

   En la temporada electoral más reciente nuestros partidos gastaron, para contratar espacios en radio y televisión, más del 65% de los recursos que recibieron del Estado para financiar esas campañas.  Si tales erogaciones no sirven para la promoción de ideas y propuestas sino para la generalización del encono y las campañas “negativas” como sucedió en 2006, es tiempo de que modifiquemos el esquema fundamental de propaganda que ha hecho, del proselitismo político, una triste arena de enfrentamientos y resentimientos.

   Ya es hora de que en México establezcamos la imposibilidad para que los partidos políticos compren espacio en los medios electrónicos. Esa es la única vía tanto para aligerar el injustificado gasto electoral que pesa sobre los recursos públicos, como para que nuestros partidos se pongan a hacer política en vez de limitarse a hacer propaganda en televisión y radio.

   La prohibición a la compra de espacios en los medios electrónicos ha funcionado bien en varios países europeos. En América Latina, Brasil y Chile emplean con provecho ese esquema, complementado con el acceso de los partidos a espacios gratuitos en televisión y radio. En Brasil, durante las temporadas de campaña existe una franja diaria en la cual se presentan los mensajes de los partidos. En Chile los partidos también tienen espacios públicos en televisión y les está prohibido comprar tiempo en ese medio pero pueden hacerlo en estaciones de radio y televisoras de cable (Steven Griner y Daniel Zovatto  Funding of Political Parties and Election Campaigns in the Americas. OEA e IDEA. San José, Costa Rica, 2005).

   En México, además de cuantiosos espacios que compran con dinero público, los partidos disponen de amplios segmentos gratuitos en los medios electrónicos. Esos espacios, si fueran organizados por la autoridad electoral y estuvieran ubicados en tiempos preferentes, podrían bastar para que los partidos dieran a conocer sus propuestas. Al dejar de disponer de dinero público para gastar en medios electrónicos seguramente harían un uso más creativo y, en todo caso, menos costoso de tales segmentos.

   Una reforma de esa índole no enfrentaría el problema principal que tenemos en los medios electrónicos y que es la excesiva concentración de muchos recursos comunicacionales en pocas manos. Tampoco resolvería los muchos y cada vez más evidentes defectos de nuestros partidos. Pero quizá le daría al quehacer político un contexto de mayor exigencia o, dicho de otra manera, con menos recursos para la autocomplacencia de los partidos. Acaso no logremos hacer de la política el ejercicio de realismo que proclamaba Bismarck. Pero quién sabe si, al menos, estemos en condiciones de seguir a John Kenneth Galbraith cuando decía que “la política no es el arte de lo posible. Consiste en elegir entre lo desastroso y lo desagradable”.

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La disputa por el espectro radioeléctrico

Publicado en Zócalo, julio de 2007

   El desmoronamiento de la Ley Televisa tiene consecuencias más allá de la televisión. La contrarreforma de 2006 no solamente establecía desmedidos privilegios para las empresas de televisión y radio que ya disponían de concesiones y que podrían utilizarlas para difundir otros servicios de telecomunicaciones sin necesariamente pagar por ellos. Además, como insistimos en la edición anterior de Zócalo, la Ley Televisa ponía en manos de las corporaciones mediáticas el desarrollo ulterior de las telecomunicaciones en México como parte de un modelo que excluye el contraste, la competencia y la ciudadanización de los espacios de comunicación.

   Ese modelo excluyente ha quedado en suspenso, al menos durante el breve tiempo que transcurre entre las decisiones que la Suprema Corte de Justicia tomó en los primeros días de junio y la reacción que esos fallos alcancen tanto en el Ejecutivo Federal como, muy especialmente, en el Congreso de la Unión. Dos semanas después de la extinción que la Corte decretó contra la Ley Televisa, estaba pendiente la decisión que el presidente Felipe Calderón tomaría acerca de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En tanto, al interior de todos los partidos políticos se extendían, no sin contradicciones, los propósitos para emprender una auténtica reforma del régimen para los medios de comunicación en México.

   A esas decisiones obedecerá la orientación del panorama comunicacional en este país. O, para decirlo de otra manera, de las posiciones que prevalezcan en el Congreso y en la clase política mexicana dependerá el modelo de Sociedad de la Información que tendrá México en las próximas décadas. En la abrogación de la Ley Televisa, los ministros de la Suprema Corte expresaron consideraciones muy críticas acerca de la concentración de los medios en este país y a favor del acceso de la sociedad a las posibilidades de la comunicación de masas. En sus deliberaciones subrayaron, sin denominarlos de esa manera, la confrontación que existe entre el modelo excluyente y el modelo ciudadano para el desarrollo de las telecomunicaciones en México.

 

Más televisión o más definición

   La Ley Televisa permitía la utilización de las frecuencias, originalmente concesionadas  para radiodifusión, con propósitos más versátiles pero en beneficio de las empresas que ya disponían de esos segmentos del espectro radioeléctrico. Aquella contrarreforma no propiciaba la convergencia tecnológica –es decir, la posibilidad de difundir contenidos audiovisuales, de telefonía e Internet gracias a la digitalización en la emisión y recepción de tales mensajes–; lo que auspiciaba era un empleo restringido y privatizado de tales espacios. Lo que hace falta ahora es intensificar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, pero de tal manera que se diversifiquen las opciones de y para la sociedad.

   La nueva legislación y las políticas del Estado respecto de las telecomunicaciones, tendrían que propiciar la utilización de las bandas de radiocomunicación para difundir más canales de televisión y no solamente los mismos que tenemos ahora como propiciaba la Ley Televisa y como estableció el Acuerdo para la televisión digital terrestre que expidió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 2 de julio de 2004. En ese documento, además de refrendar todas las concesiones de televisión privada hasta 2021, el gobierno del presidente Vicente Fox resolvió que el futuro de la televisión mexicana tendría que descansar en la televisión digital de alta definición.

   Esa televisión, como es bien sabido, permite la transmisión de imágenes de sobresaliente calidad. Pero al establecerla como única opción para el futuro, el gobierno anterior nos condenó a, fundamentalmente, mirar más de la misma televisión que hemos padecido durante décadas. Con el estándar tecnológico ATSC (Advanced Television Systems Committee) que la SCT eligió para México y que es el que se utiliza en Estados Unidos, cada una de las frecuencias por las que ahora se transmite televisión puede ser utilizada para difundir un canal de alta calidad digital. Pero en ese espacio podrían transmitirse no uno sino tres o cuatro canales de televisión digital, con imágenes de buena calidad aunque no con definición tan alta como en la otra opción.

   Si México se mantiene sujeto a la lectura que las autoridades de Comunicaciones y Transportes y las televisoras hicieron del estándar ATSC, en el mediano plazo tendremos los mismos canales difundiendo la misma programación aunque en alta definición. Si el Estado resuelve modificar esos parámetros, siguiendo las reflexiones que varios de los ministros expresaron en la Corte, el tránsito a la televisión digital podría significar más canales y no solamente mejor imagen para los que ya existen.

 

Internet del futuro, inalámbrica

   Las decisiones de la Corte confirman la importancia que tiene el espectro radioeléctrico, es decir, la porción del espacio aéreo por donde se propagan las señales de radiodifusión.

   Durante la reciente discusión, algunos defensores de la Ley Televisa sostuvieron que la comunicación que se difunde en frecuencias de carácter abierto como la televisión no codificada se estaba volviendo obsoleta y que el futuro de los medios se encuentra en Internet. Por eso, sostenían, el litigio alrededor de las bandas de radiodifusión convencionales forma parte de una visión que está siendo superada por el desarrollo tecnológico.

   Aquellas posiciones eran poco informadas, o muy interesadas. Nunca como ahora el espacio radioeléctrico se ha convertido en motivo de intensas disputas no solamente porque la televisión abierta sigue teniendo un enorme valor comercial, cultural y político en todo el mundo. Además, el futuro de las nuevas formas de comunicación que se desenvuelven en y en torno a Internet se sustenta en la irradiación de señales de manera inalámbrica, precisamente en frecuencias del espectro radioeléctrico como las que la Ley Televisa asignaba casi exclusivamente a las grandes corporaciones mediáticas.

 

En EU, liberación de espectro

   Ahora mismo, en Estados Unidos se desarrolla una intensa e interesante discusión acerca del uso que se le asignará a una porción del espectro radioeléctrico que quedará liberada a comienzos de 2008, cuando las primeras televisoras que se comprometieron a transitar del sistema analógico al digital hayan completado ese proceso.

   En ese país, como señalamos antes, se puso en práctica el sistema que luego sería copiado por las autoridades mexicanas para que cada televisora dispusiera de un canal adicional al que ya tenía para difundir simultáneamente señales analógicas y digitales. La diferencia es que en México el gobierno nunca precisó los mecanismos para que las televisoras que ahora cuentan con dos frecuencias, por cada canal que ya tenían, le regresen al Estado la que dejarán de utilizar para ese servicio cuando se complete el tránsito al sistema digital. En aquella nación, cambio, hay plazos y procedimientos que conducirán a la devolución, a más tardar en el primer mes del año próximo, de una porción equivalente a 60 megahertz, que equivalen al espacio que ocupan diez canales de televisión en cada localidad.

   Esos 60 mhz serán subastados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones pero no simplemente al mejor postor, sino de acuerdo con políticas para orientar la utilización de dicho espacio. Se trata de frecuencias que están ubicadas en la banda de 700 megahertz, en donde se encuentran los canales de UHF que van del 38 al 69. Ese segmento tiene valor adicional porque, de acuerdo con el Centro para la Democracia y la Tecnología (CDT) “a diferencia del espectro en algunas otras frecuencias, en este se pueden transmitir señales que pasan fácilmente a través de la paredes y que no requieren de una clara ‘línea de observación’ entre el transmisor y el receptor. Por eso, el especto será muy atractivo para una gran variedad de postores para varios propósitos comerciales”.

   Organismos como el CDT, consideran que en esas frecuencias podrían transmitirse servicios de Internet de banda ancha para que los consumidores dispongan de más opciones en el mercado de ese tipo de conexiones. La transmisión inalámbrica “podría ofrecer una manera de gran eficacia en términos de costos para contribuir a espolear una mayor competencia en la banda ancha, porque no requiere el gasto que hace falta para tender nuevos cables hasta los hogares. Pero la banda ancha inalámbrica necesita espectro y gran parte del espectro potencialmente idóneo ya está concesionado a las transmisiones de televisión y radio, a las redes de telefonía celular y a otros usos. El especto de 700 Mhz, que ha estado conduciendo transmisiones de televisión analógica pero que los radiodifusores van a dejar libre, representa un inusual conjunto de radio frecuencias contiguas, disponibles y de alta calidad”.

   El meollo de la Ley Televisa era la facultad que otorgaba a las corporaciones mediáticas para utilizar, prácticamente a su antojo, el espectro radioeléctrico que irían liberando gracias a la digitalización de las señales. En otros países la disputa por ese recurso natural se encuentra en el centro de las políticas de comunicaciones.

   La discusión estadounidense acerca del espectro que está por ser liberado seguramente se intensificará durante el resto de este año. A México le sería de la mayor utilidad atender a experiencias como esa en donde se demuestra que el futuro de las telecomunicaciones, lejos de prescindir de las frecuencias de difusión aérea, descansa hoy más que nunca en una utilización racional, y con criterios sociales, del espectro radioeléctrico.

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Menos Televisa en Estados Unidos

Publicado en Zócalo, mayo de 2007

El mercado hispano en Estados Unidos ha sido obsesión y perdición para Televisa. Una y otra vez, durante más de dos décadas, el consorcio mexicano ha intentado ampliar su presencia en la televisión de aquel país pero ha tropezado con obstáculos legales y comerciales. La venta de las acciones que tenía de la empresa Univisión, anunciada a fines de marzo pasado, pareciera postergar por un plazo indefinido esa ambición que mantuvo el viejo Emilio Azcárraga Milmo y que compartió su hijo, el actual presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

   A Televisa no le fue mal en la venta de esas acciones. Cobró mil 94 millones de dólares por un paquete que alcanza aproximadamente el 11% de la propiedad de Univisión. Esa empresa, que es la más importante en el mercado de los medios hispanos en Estados Unidos, fue adquirida por el grupo de inversionistas Broadcasting Media Partners organizado por el empresario judío-egipcio Haim Saban. Ese es el personaje que demolió las antiguas aspiraciones de Televisa para ampliar su participación en Univisión.

   Restringida por la legislación estadounidense que no le permite a un extranjero tener más de la cuarta parte de las acciones en una empresa de radiodifusión, Televisa se encontraba crecientemente arrinconada en las decisiones sustanciales dentro de Univisión. La disputa por el pago de los programas que la empresa mexicana le arrienda a la cadena estadounidense llevó a Azcárraga Jean a retirar a sus representantes del consejo de administración de Univisión y a enfrascarse en una disputa, que duró casi tres años, con el hasta hace poco principal funcionario de Univisión, Jerrold Perenchio.

 

Quinta cadena televisiva en EU

   Las diferencias con Perenchio –un antiguo representante de artistas y promotor de peleas de box que ahora se retira de la televisión en español después de haber vendido su parte por 1300 millones de dólares– entorpecieron los proyectos de Televisa para comprar Univisión. La empresa que llega a la mayor cantidad de hogares hispanos en Estados Unidos era propiedad de accionistas encabezados por Perenchio, del empresario venezolano Gustavo Cisneros y de la propia Televisa, entre otros. En la puja para adquirir Univisión participaron varios consorcios de los medios internacionales pero en marzo de 2006 el monto mayor fue ofrecido por el grupo que organizó Haim Saban, un empresario que se ha dedicado a comprar y vender medios de comunicación y que hace dos décadas comenzó a enriquecerse adaptando y traduciendo series de caricaturas japonesas –como Power Rangers y Las Tortugas Ninja– para el mercado estadounidense.

   En 1992, Jerry Perenchio y sus socios, entre ellos Azcárraga Milmo, pagaron 550 millones de dólares por Univisión. A partir de entonces el valor de dicha empresa se incrementó tanto debido a la expansión de los hispanos en Estados Unidos como a la diversificación del consorcio. Actualmente hay más de 41 millones de hispanos, que constituyen más del 14% de la población estadounidense.

   Univisión se ha convertido, por su importancia, en la quinta cadena de televisión en aquel país, después de CBS, Fox, ABC y NBC. Además tiene los canales Tele Futura y Galavisión con alcance nacional. Maneja 147 licencias de radio y televisión. Es propietaria de una empresa disquera y de Univisión Online, que se encuentra entre los portales en español de mayor audiencia en Internet.  

   Sus nuevos propietarios, pagaron 12 mil 300 millones de dólares por Univisión. Además, se hicieron cargo de la deuda por 1400 m.d.d. que tiene ese consorcio. La compra es arriesgada, pero no es una simple aventura, si se considera que Univisión tiene utilidades anuales por 2 mil 200 millones de dólares.

   Perenchio, que hace 15 años pagó 33 millones de dólares por su porción de esa empresa y ahora se lleva 1300, hizo un buen negocio. La cantidad que Televisa gastó para adquirir su paquete de acciones de Univisión también se multiplicó. Sin embargo no era vender lo que ya tenía, sino comprar el resto del consorcio, lo que buscaba la empresa encabezada por Azcárraga Jean.

 

Proveedor de contenidos

   Televisa, no obstante, seguirá presente en el mercado de la televisión hispana en Estados Unidos. Hasta ahora ha sido el principal proveedor de contenidos para Univisión y nada indica que, por lo pronto, esa situación tuviera que cambiar.

   Los programas de Televisa solamente pueden ser transmitidos, en Estados Unidos, por Univisión. Así se establece en un convenio con vigencia hasta 2017 y que ambas empresas ratificaron el año pasado para apaciguar las versiones sobre una posible retirada de ese mercado por parte del consorcio mexicano.

   La producción propia de Univisión está constituida por series como Sábados Gigantes, Cristina y el noticiero que lleva el nombre de esa cadena. Pero en lo fundamental, sobre todo en los horarios de mayor audiencia, se nutre de telenovelas y otras series de Televisa.

   Si hasta ahora le han ofrecido buenos rendimientos con escaso esfuerzo, pues la relevan de la necesidad de arriesgar, producir y promover contenidos nuevos, podría pensarse que Univisión seguirá explotando la cómoda fórmula que significa retransmitir los programas de Televisa. Esa situación podría cambiar si, como sugieren algunos  indicadores, las tendencias de los telespectadores hispanos se modifican en los próximos años.

   La teleaudiencia de Univisión, como de todos los medios en español en Estados Unidos, está conformada por migrantes de edad madura o avanzada que llegaron a ese país hace quizá dos décadas y que en parte debido a la dificultad que encuentran para entender el inglés, o simplemente porque no han querido integrarse del todo a la cultura anglosajona, prefieren consumir medios en su lengua nativa. Otra porción de ese auditorio está constituida por los migrantes de recién incorporación, de manera legal o no, al mercado de trabajo en ese país.

   Sin embargo los latinos más jóvenes se interesan cada vez menos por los contenidos en español. Se trata de los hijos o los nietos de las anteriores generaciones de migrantes y aunque reconocen y quizá practican algunas tradiciones familiares, la mayoría de ellos trabaja, convive, se relaciona, se expresa y piensa en inglés. Para esos estadounidenses el consumo de medios en español se vuelve cada vez más irrelevante.

 

Preferencia por el inglés

   Esos estadounidenses de origen latino pero con intereses sociales, laborales e incluso culturales y políticos afianzados en comunidades en donde el inglés es preponderante, son los hispanos de mayor capacidad de consumo. Así que cuando los analistas de medios hispanos en aquel país destacan el gran crecimiento del mercado de contenidos en español, soslayan el hecho de que cada vez más los estadounidenses de ese origen prefieren comunicarse en inglés.

   De 42 millones de hispanos contabilizados en 2005, 25 millones nacieron en Estados Unidos y algo menos de 17 millones migraron desde otros países. De acuerdo con estimaciones del Pew Hispanic Center, entre los mayores de 18 años, el 47% considera que su inglés es malo. Pero solamente el 20% de los menores de esa edad dice que habla mal el inglés.

   Entre los mayores de 18 años, el 18% solamente habla inglés. Y entre los menores de esa edad, los no hispano hablantes ascienden al 31%.

   En otras palabras, cada vez habrá más estadounidenses que, a pesar de su origen hispano, no hayan tenido oportunidad o necesidad de aprender nuestra lengua. Las transmisiones de Univisión y del resto de los medios estadounidenses en español no serán para ellos.

  

Transición mediática y cultural

   Otro estudio del mismo Pew Hispanic Center encontró, en 2004, que solamente el 24% de los estadounidenses de origen hispano prefería a los medios que difunden únicamente en español. El 44% dijo que le gustan los medios tanto en una como en otra lengua y el 31% afirmó que prefiere a los medios que difunden exclusivamente en inglés. Mientras más alta son la escolaridad y el ingreso, más acentuada es la inclinación por el inglés en el consumo mediático de esos estadounidenses.

   Así que los medios en español pueden convertirse en proveedores de contenidos para los más pobres, con menor educación y seguramente con situación migratoria más inestable, entre las personas de origen hispano que radican en Estados Unidos. Esa es una de las crecientes debilidades no solamente de empresas como Univisión que difunden para esas comunidades sino, incluso, de productoras en nuestra lengua como la misma Televisa.

   En términos mercantiles, que son los que prevalecen para establecer el auge o el quebranto de tales empresas, las audiencias en español podrían estar destinadas a tener una importancia marginal en el futuro de los medios estadounidenses. No faltarán quienes se inconformen e incluso se indignen con diagnósticos como ese. Al uso del español tanto en las familias como en los medios de origen latino, se les considera baluartes culturales en donde se practican y reivindican valores que influyen en la cohesión de las comunidades de ese origen dentro de Estados Unidos. Por otra parte, el uso del español y la preponderancia de trabajadores de origen latino es muy evidente en las principales ciudades de ese país, comenzando por la cosmopolita y cada vez más hispanizada Nueva York.

   ¿Cómo entender, entonces, la paradoja que significa un consumo de medios cada vez más anglosajón al mismo tiempo que hay una creciente presencia de los latinos y su idioma en Estados Unidos? Posiblemente hay que reconocer que nos encontramos en el curso de una transición cultural, generacional y también mediática. Para millones de latinos en ese país el idioma español es instrumento de comunicación e incluso señal de identidad. Pero conforme se integran a la vida estadounidense –no necesariamente a la cultura anglosajona, pero sí a la existencia cotidiana que implica trabajar, negociar y subsistir en inglés– esos latinos, sin dejar de hablar su lengua de origen o la de sus familias, quieren informarse y entretenerse en inglés.

 

Anticuado modelo televisivo

   Los nuevos dueños de Univisión seleccionaron a Joe Uva, un especialista en mercadotecnia, para reemplazar a Perenchio como nuevo gerente general del consorcio. El hecho de que no conozca las peculiaridades de los medios en español es algo más que un detalle. Uva ha sido presidente de Ventas del consorcio Turner y luego encabezó a una empresa relacionada con publicidad y nuevas tecnologías. Seguramente querrá desarrollar el portal de Univisión en Internet aunque, en el uso de la Red, los latinos manifiestan las mismas tendencias que en el consumo de televisión: cada vez más, y sobre todo los más jóvenes, prefieren navegar en inglés.

   No sería sorpresivo que dentro de pocos años los canales de Univisión difundieran programas en inglés. Eso significará un giro respecto del nicho de mercado que hasta ahora esa cadena ha usufructuado, a la vez que la búsqueda de audiencias entre quienes miran televisión en inglés.

   De ser así, quizá el fracaso al no poder comprar Univisión no haya sido tan perjudicial para Televisa. Si el futuro de la televisión en español es incierto, a la empresa mexicana podría convenirle más incursionar en otros mercados.

   Al seguir apostando a la difusión de sus telenovelas, programas de concurso y humorísticos entre los estadounidenses de origen hispano, Televisa se mantiene como opción –aunque carezca de canales de difusión directa– para los mexicanos que radican en Estados Unidos y que no hablan inglés. A la sociedad y al Estado mexicanos tendría que interesarle sobremanera la difusión de contenidos para esa comunidad de compatriotas nuestros. Pero hasta ahora, nos hemos conformado con que las necesidades de información y esparcimiento de estas audiencias las atienda la televisión privada de nuestro país.

   Por otra parte, al propagar contenidos de esa índole Televisa insiste en lucrar con un modelo de televisión anticuado. Aunque mantienen índices de audiencia nada despreciables, los programas de la empresa mexicana encuentran cada vez más rechazo entre los estadounidenses de origen hispano. En los foros de discusión del portal de Univisión se pueden hallar insistentes críticas a los programas producidos por Televisa

   La programación de Televisa, además, le ha comenzado a salir cara a la cadena estadounidense. Uno de los problemas que retrasó la formalización de la compra de Univisión fue la demanda que desde 2004 habían presentado grupos ciudadanos como la Coalición Nacional para los Medios Hispanos y la Oficina de Comunicación de la Iglesia Unida de Cristo, inconformes porque en una veintena de filiales de ese consorcio no se cumplía la obligación que las televisoras en ese país tienen para transmitir al menos tres horas semanales de programación destinada a cubrir los requerimientos educacionales e informativos de los niños.

   Los demandantes alegaron que la transmisión de telenovelas como “Cómplices al rescate”, “Vivan los niños” y “La niña de la mochila azul” –todas ellas, producidas por Televisa– había suplantado a la programación infantil de calidad. Una de las condiciones que la Comisión Federal de Comunicaciones impuso para aprobar la venta de Univisión fue el pago de una multa por 24 millones de dólares.

   Si reconoce la diversidad y los cambios de sus audiencias, Univisión tendrá que producir más programas propios y comprarle menos a Televisa. Ese giro, si implica menos espacio para programas en español, podría perjudicar a muchos mexicanos que viven en Estados Unidos. Pero esa modificación en el panorama comunicacional de y para las audiencias hispanas también podría significar una mayor y quizá mejor diversidad de contenidos en nuestra lengua. Menos Televisa y, por ejemplo, más programas de la televisión pública mexicana, sería una manera perspicaz de responder a los desafíos que implican los cambios en Univisión y en el mercado en el cual esa es la empresa emblemática.

  

 

Referencias

-Jim Puzzanghera y Meg James, “Univision new owners start with tough program”. Los Angeles Times, 28 de marzo de 2007.

-Meg James, “Univision’s new ownership takes over”. Los Angeles Times, 30 de marzo de 2007.

-Pew Hispanic Center. http://pewhispanic.org