Ley Televisa. Qué cambió. Qué sigue

La Crónica, jueves 14 de junio de 2007

Los antes promotores y hoy dolientes de la Ley Televisa no se cansan de distorsionar los hechos. A veces la reacción inmediata a un golpe fuerte es el intento por negar la realidad. Pero las versiones que ahora propagan algunos personeros de las televisoras no son resultado del estacazo que les propinó la Suprema Corte sino parte de una campaña que pretende minimizar los fallos de la semana pasada y, al mismo tiempo, dificultar las consecuencias de la virtual abrogación de las reformas que han sido denominadas como Ley Televisa.

Los cambios dispuestos por la Corte en respuesta a la demanda de inconstitucionalidad de los hoy merecidamente célebres 47 ex senadores que desafiaron la Ley Televisa se pueden agrupar en cinco temas.

1. Se cancela la utilización discrecional del espectro radioeléctrico adicional. Este, que era el meollo de las reformas del año pasado significaba, como saben bien los lectores, la posibilidad de que los concesionarios de televisión y radio utilizaran prácticamente a su antojo, sin necesariamente pagar por ello y tan solo con presentar un aviso administrativo, el espacio adicional que gracias a la conversión al sistema digital habría en las frecuencias que les han sido asignadas. Los artículos 28 y 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, suprimidos ahora por la Corte, permitían tal exceso y por ello habían sido considerados como la columna vertebral de la llamada Ley Televisa.

2. Concesiones. En este renglón hubo cuatro cambios importantes.

a) La asignación de concesiones “a través de subasta pública”, como decía el artículo 17-G de la Ley de Radio y TV, fue cancelada. Ese procedimiento implicaba que las nuevas licencias de radiodifusión comercial serían entregadas a quien ofreciera más dinero.

b) La vigencia de las concesiones tendría que ser de 20 años, según las reformas incorporadas el año pasado al artículo 16. Ese plazo era excesivo en comparación con otros países e incluso con la tradición mexicana pues aquí las concesiones más recientes han sido otorgadas, por lo general, para 12 años. La Corte eliminó ese término fijo y estableció que serán hasta por 20 años.

c) El refrendo de las concesiones era prácticamente automático gracias a las reformas de 2006. Ahora todas las concesiones tendrán que ser revisadas antes de su vencimiento, como parte del ajuste dispuesto por los ministros en el artículo 16.

d) Para la adjudicación o renovación de una concesión será indispensable el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia. Antes, el artículo 17-E de la misma ley de Radio y TV establecía únicamente la obligación de solicitar esa opinión.

3. Permisos. La Corte consideró que la desigualdad en los trámites que debían emprender los solicitantes de concesiones (es decir, licencias para radiodifusión mercantil) y permisos (que son las licencias para radiodifusión no comercial) era inconstitucional. Por eso, eliminó de sendas fracciones del artículo 20 de la Ley de Radio y Televisión tres disposiciones que acentuaban la discrecionalidad del gobierno en el transcurso de esas gestiones. La disposición que obligaba a los solicitantes de permisos a entregar “cuando menos” la información enumerada en otras fracciones, la que permitía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinar “de considerarlo necesario” la realización de entrevistas con los solicitantes de permisos y la posibilidad que esa dependencia tenía para resolver “a su juicio” el otorgamiento de tales licencias, fueron suprimidas de la ley.

4. Cofetel. La Corte resolvió que era inconstitucional la prohibición que establecía un artículo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones para que los funcionarios que ya formaban parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fueran considerados como candidatos a seguir siéndolo en la nueva designación que se haría a partir de las reformas de 2006. Pero además, dictaminó que la atribución que esas reformas le concedían al Senado para vetar los nombramientos que el Presidente de la República hiciera para conformar la Cofetel también era contraria a la Constitución.

5. Radiodifusoras indígenas. Aquí no hubo cambio, pero 5 de los 9 ministros consideraron que la ley debería establecer mecanismos claros para que se cumpla el derecho constitucional de las comunidades indígenas a tener acceso a concesiones o permisos de radio y televisión. Esa propuesta, resultado del dictamen presentado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano y no de la demanda de inconstitucionalidad de los 47 ahora ex senadores, no alcanzó los votos necesarios para propiciar una modificación legal aunque tuvo consenso de la mayoría de los ministros que discutieron estos asuntos.

Las consecuencias inmediatas de esas decisiones en la Corte tendrían que ocurrir al menos en cuatro escenarios.

El primero de ellos es la renovación total o parcial de la Cofetel. Las decisiones de los ministros le permiten al Presidente de la República sustituir a los cinco, o solamente a algunos de los actuales integrantes de ese organismo. En una lectura rigurosa de los acuerdos refrendados hace una semana, la actual Cofetel tendría que desaparecer. Todos sus integrantes fueron designados como resultado de un procedimiento que ahora la Corte considera que fue inconstitucional.

Un segundo resultado será –aunque no hay plazos claros ni voluntades definidas para ello– la reforma no de unos cuantos artículos sino de las leyes, completas, de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. En dicha tarea, el esfuerzo reformador de los legisladores más comprometidos en este asunto se enfrentará a la intencional tortuosidad de diputados y senadores influidos por las televisoras y que prefieren que no haya cambio legal alguno.

Por lo pronto, y en tercer lugar, el Congreso podría aprobar una reforma al Código Federal Electoral para prohibir la contratación de propaganda electoral en medios electrónicos. De esa manera se terminaría con el dispendioso gasto que, con cargo a recursos fiscales, suelen ejercer los partidos. También acabaría la enorme fuente de irregularidades que hay en la discrecionalidad que tienen las empresas de televisión y radio para hacer descuentos o bonificaciones que atentan contra la equidad en la competencia electoral. En vez de la propaganda pagada, los partidos podrían difundir sus mensajes en los espacios de los que todavía dispone el Estado tanto en radio como en televisión.

En cuarto término, el gobierno tendrá que determinar si el Acuerdo para la transición a la televisión digital que fue expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en julio de 2004 seguirá vigente o no. Ese Acuerdo facultó a que las televisoras para que, por cada concesión que ya tenían, recibieran otra a fin de que en una siguieran difundiendo televisión en formato analógico y en otra contenidos en televisión digital de alta definición. Con ese Acuerdo, además de duplicar las frecuencias en beneficio de las televisoras el gobierno de Fox dispuso que la televisión digital en México serviría únicamente para difundir imágenes en formato de alta definición. Sin embargo las posibilidades de la digitalización televisiva son mucho más amplias y además de alta definición México podría tener más frecuencias, aunque no todas con la misma calidad de imagen. Aquella decisión tomada en 2004 por la SCT fue duramente criticada durante la discusión de la Suprema Corte la semana pasada. Ahora el gobierno del presidente Calderón puede rediseñar el futuro de la televisión mexicana asumiendo un formato digital más flexible que no sólo procure que haya imágenes de mejor definición técnica sino que, antes que nada, permita que tengamos más canales en la televisión abierta.

Las modificaciones que la Corte dispuso para la legislación de los medios electrónicos son drásticas y fundamentales. Sin embargo Héctor Osuna, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, considera que se trata únicamente de cambios “cosméticos”. Él mejor que nadie, puesto que la promovió con desfachatado ahínco el año pasado cuando era senador, sabe que la Ley Televisa quedó desbaratada con las decisiones de la Corte.

Uno de esos cambios implica que su propia designación como miembro de la Cofetel fue ilegal. Por eso Osuna, en vez de preocuparse por el maquillaje, tendría que presentar su renuncia para facilitar la renovación de ese organismo.

Contrapeso al poder mediático

La Crónica, jueves 7 de junio de 2007

En varias ocasiones durante sus argumentadas –y a la postre afortunadas– deliberaciones de los días recientes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia aludieron al pensamiento de Luigi Ferrajoli. Ese profesor de filosofía del Derecho fue citado por el ministro David Góngora cuando recordó una sentencia de la Corte Constitucional Italiana acerca de la concentración de los medios de comunicación en aquel país. El mencionado autor italiano consideró entonces que resulta inaceptable que la ley del mercado sea la única que domine para determinar el régimen de los medios de comunicación. El de los medios es un asunto estrechamente vinculado con la libertad y la democracia, apuntó el ministro citando a Ferrajoli.

   Aquella referencia al pensador italiano está tomada del artículo de Ferrajoli “La ley sobre la información. Libertad y propiedad” que apareció en enero de 2004 en La revista que publicaba el diario Il Manifesto. Se trata de un texto que cuestiona la excesiva concentración de concesiones de televisión en manos del entonces primer ministro Silvio Berlusconi pero que, más allá de esa peliaguda coyuntura, reflexiona acerca de la paradójica capacidad que los medios electrónicos tienen para reducir la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas. El acaparamiento de muchos medios por parte de pocos empresarios suele trocarse en autoritarismo de la radio y especialmente de la televisión.

   La línea argumental inspirada en Ferrajoli, fue reiterada por el ministro Góngora y varios de sus colegas en algunas de las sesiones que la Corte tuvo durante las dos semanas recientes. En ese ejercicio de discusión abierta, con argumentos claros y enterados, de frente a la sociedad y aprovechando los medios televisivos de la propia Corte y del Congreso, los ministros han ofrecido una alentadora muestra de pedagogía cívica.

   El método mismo de discusión, con ponencias que se nutrieron en el estudio de los ministros y sus grupos de trabajo así como en la convocatoria a especialistas en asuntos técnicos, resultó ejemplar. Y el contenido de las deliberaciones indicó una clara voluntad no sólo para mostrar de qué están hechos sino, además, para asumir una perspectiva amplia que no quedase acotada por consideraciones de detalle ni por los muchos intereses que han estado en juego en las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión.

   Ante las presiones de las televisoras, los ministros mantuvieron un comportamiento autónomo y sustentado tanto en su propia autoridad como en una reconocible dignidad. Quienes durante largo tiempo hemos deplorado la inexistencia de contrapesos ante el poder habitualmente desbordado de las televisoras, hemos presenciado con enorme satisfacción la manera razonada y razonable con que la Corte se erigió como factor de equilibrio en este litigio. Sus determinaciones invalidan los privilegios que las inopinadas reformas del año pasado otorgaban a las televisoras. Pero además, establecen parámetros desde ahora insoslayables para una renovación del marco jurídico de los medios electrónicos en México.

   El dictamen cuyo proyecto elaboró el ministro Salvador Aguirre Anguiano advertía que una concentración de medios de radiodifusión como la que existe en México atenta contra la pluralidad a la que tiene derecho la sociedad. A esas consideraciones se añadieron, en días recientes, contribuciones como las del ministro Góngora que en varias sesiones recalcó el derecho que los ciudadanos tienen a que se encuentren garantizadas las libertades de expresión e información. Tales prerrogativas no se pueden ejercer cabalmente cuando las opciones mediáticas no corresponden a la diversidad que existe en la sociedad, o cuando el interés de pequeños grupos privados se sobrepone ostensiblemente al interés de las audiencias de la televisión y la radio.

   Al eliminar el aprovechamiento prácticamente vitalicio de las concesiones y establecer que en la asignación de nuevas frecuencias la autoridad administrativa tendrá que tomar en cuenta la trayectoria y las propuestas de programación de los aspirantes a difundir en radio y televisión, la Corte redimió el interés público en la utilización del espectro radioeléctrico. En todo el mundo las concesiones tienen vigencias de entre 5 y 11 años y resultaba desmedido que en México fueran, obligatoriamente, de 20 y con refrendo prácticamente automático.

   Al desechar el artículo 28 de la Ley de Radio y Televisión que les regalaba a los concesionarios el privilegio de utilizar las frecuencias con servicios adicionales a los de radiodifusión de la manera que quisieran, sin requerir mas que una notificación administrativa y sobre todo sin pagarle por ello al Estado, los ministros reivindican el dominio de la Nación sobre el espectro radioeléctrico. Y de paso ponen a cada quien en su lugar en el escenario de la radiodifusión mexicana.

   Los principales concesionarios y muy especialmente los propietarios de las dos televisoras comerciales han estado acostumbrados a considerar que la radiodifusión en México es propiedad suya. Más aún, por lo general se han comportado como si el espectro radioeléctrico fuese una más de sus posesiones. Las decisiones de la Corte desmienten esa pretensión patrimonialista.

   La televisión y la radio son actividades de interés público. Las frecuencias de radiodifusión y el espacio en el que se difunden son propiedad de la nación. La radiodifusión privada ocupa un sitio importantísimo en el panorama de los medios electrónicos pero no es el único actor ni sus intereses son los únicos que pesan allí. Esos principios parecen elementales pero los empresarios mediáticos más influyentes, particularmente en la televisión, no han querido entenderlos.

   Quizá la decisión de la Corte contribuya a que esos capitanes de empresa y quienes les sirven pongan los pies en la tierra. Nadie ha propuesto que Televisa o Azteca desaparezcan. Pero no tienen por qué ser las únicas opciones en el campo de la televisión comercial mexicana. Nadie ha propuesto que dejen de desarrollarse. Pero tendrán que hacerlo reconociendo que están sometidas a reglas y, antes que nada, al dominio de la nación sobre el espacio abierto que usufructúan.

   Las decisiones de la Corte significan, también, un revés a la irresponsabilidad que en diciembre de 2005 y marzo de 2006 manifestaron las cámaras de diputados y senadores al aprobar las reformas ahora reconocidas como inconstitucionales. En el trabajo de revisión legislativa que emprenderá de inmediato el Congreso tendrá que considerar no solamente las decisiones de los magistrados sino, también, el cuestionamiento allí implícito al descuido con que aprobó la Ley Televisa.

   Varios de los integrantes de la anterior Legislatura lograron distanciarse de las convenencieras mayorías que dominaban en ambas Cámaras. Particularmente, los 47 senadores que interpusieron el ahora fructífero recurso de inconstitucionalidad supieron conducir sus desacuerdos con inteligencia política y jurídica. Las decisiones de la Corte no habrían sido posibles sin la perseverancia de ex senadores entre quienes destacan Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Dulce María Sauri, Raymundo Cárdenas, Felipe de Jesús Vicencio y César Raúl Ojeda. Todos ellos, más allá de banderías partidarias, supieron entender en la disputa por la ley Televisa un tema fundamental en el tránsito democrático de nuestro país y lo asumieron como causa sin arredrarse ante las muchas presiones que recibían.

   Todos ellos, igual los ministros de la Corte, seguramente comparten preocupaciones como las que con autoridad y claridad ha expresado el ya mencionado Luigi Ferrajoli. En otro fragmento del texto recordado por el ministro Góngora, ese autor italiano alerta contra los efectos de la televisión sobre el interés de los ciudadanos: “Ese poder –el poder empresarial– viene a sobreponerse y a traslaparse con un derecho de libertad, la libertad de prensa, de opinión y de información, y entonces a acapararlo y estrujarlo. Los derechos de libertad, más que limitar al poder están, de alguna manera, limitados… la relación cada vez más estrecha entre la información y los poderes políticos de hecho, y no solo en Italia, están sofocando tanto al pluralismo como a la libertad de información”.

   Precisamente ha sido Ferrajoli quien, en un ensayo publicado en 2000, clasificó a los “poderes salvajes” que amenazan la estabilidad de las sociedades y los Estados contemporáneos. Algunos de ellos son de carácter delincuencial y otros son poderes de carácter extralegal, entre los cuales podemos reconocer a los medios de comunicación tal y como han funcionado en Italia o México.

   Si el poder mediático ha podido desarrollarse con tanta prepotencia e impunidad como las que hemos conocido en este país ha sido tanto por la ineficacia del marco jurídico como por la ausencia de contrapesos suficientes. Ambas carencias, han comenzado a ser resueltas gracias a las decisiones de la Suprema Corte.

 

Ley Televisa. Ahora qué

Este martes 5 de junio, a las 13.52 horas, los ministros de la Suprema Corte votaron, por unanimidad, la inconstitucionalidad de los artículos 28 y 28-A de la Ley de Radio y Televisión. El artículo 28 era el más importante, porque en él se conferían más privilegios a las televisoras, de la Ley Televisa.

El siguiente texto aparece en la edición de junio de la revista Zócalo.

 

   La discusión en la Corte confirmó que el de los medios de comunicación es un tema ineludible, indispensable y del mayor interés público. Allí radica la mayor importancia –más allá de las decisiones de los ministros– del proceso que presenciamos en los meses recientes.

   Por primera vez en México a la televisión y la radio se les reconoce, abierta y notoriamente, como problemas y ya no solamente como recursos de la sociedad. Nunca antes se les había cuestionado de forma tan intensa y extensa y con tantos argumentos.

   Qué inventario de excesos. La concentración de muchas frecuencias en pocas manos, tan excesiva que se ha convertido en atentatoria del derecho que los mexicanos tenemos a la diversidad en las opciones comunicacionales de las cuales podemos disponer. Una voracidad tan inagotable que llevó a las televisoras no solamente a proponer reformas legales que les otorgaron tan ostensibles privilegios sino que, además, las condujo a un comportamiento faccioso, abusivo y difamatorio como sucedió en la campaña que ahora levantaron contra algunos de los ex senadores que promovieron la acción de inconstitucionalidad. Un organismo regulador alineado a los deseos de las mismas televisoras como ha sido la Comisión Federal de Telecomunicaciones designada a partir de la ley Televisa.

   Todo eso quedó en cuestión, primero en el debate que se desarrolló entre diciembre de 2005 y marzo de 2006, antes de que la Cámara de Senadores aprobara la que muchos denominamos –por su origen, por el cabildeo que se ejerció a favor de ella y por los intereses a los que favorecía– como ley Televisa. Un año más tarde, cuando por fin la Suprema Corte de Justicia discutió abiertamente este asunto, se reiteraron y en ocasiones profundizaron los argumentos contra aquellas reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión.

   La decisión de los ahora ex senadores que presentaron la demanda de inconstitucionalidad fue acertada. Acudir a la Corte no solo constituyó un recurso último en el plano jurídico. Además constituyó un acierto político porque favoreció el examen de esas reformas y de la situación de los medios electrónicos en un contexto distinto al periodo electoral en donde, por conveniencia y obediencia, la mayor parte de la clase política mexicana se allanó al poder de los medios.

   Luego, ya sin el amago que para ellos significaba la posibilidad de que los grandes medios desaprobaran sus campañas y candidaturas, no pocos miembros de esa clase política modificaron la complacencia que habían tenido con las televisoras. Es pronto para saber si esa actitud obedece a convicciones auténticas y duraderas o si habrá de mutar nuevamente rumbo al sometimiento que dirigentes de todos los partidos (comenzando por los de carácter nacional: PRI, PAN y PRD) han tenido respecto de los medios más influyentes. Pero en todo caso, las extendidas reconvenciones que han recibido las televisoras privadas en ocasión del debate en la Corte permite reconocer que nos encontramos en una nueva etapa en la presencia pública de esos medios.

 

Hacia una auténtica reforma

   Antes de la ley Televisa y aún durante el proceso de su aprobación legislativa, los dos consorcios de la televisión disfrutaron de una impunidad política que les permitía amagar a los partidos, extorsionar a sus legisladores, amenazar a empresarios y periodistas que no se sometían a sus determinaciones y lucrar así, mercantil y políticamente, sin dificultades significativas.

   Después de esta discusión, el de las televisoras es un tema arraigado en la agenda de la sociedad mexicana. No es que, antes, entre los ciudadanos la situación de los medios no suscitase preocupación. Lo que ha ocurrido, es que ahora se pudo comprobar que a los consorcios mediáticos se les puede discutir y cuestionar como a cualquier otro actor de la vida pública y que ese debate amerita llegar a instancias como la Corte.

   Ahora es el turno, otra vez, del Congreso. Durante las deliberaciones en el Poder Judicial, senadores y diputados de todos los partidos nacionales reconocieron que, más allá del fallo de los ministros, a la legislación para los medios le hace falta una revisión seria, completa y animada por el interés de la sociedad.

   La que se aprobó en marzo de 2006 fue solamente una colección de enmiendas, bribonamente intencionadas y que favorecían a las empresas que ya disponían de concesiones de televisión y radio. Pero no fue una auténtica reforma –más bien hay que reconocerla como contrarreforma– a la legislación para esos medios.

   La Ley Federal de Radio y Televisión sigue estando integrada, en su gran mayoría, por los mismos artículos que establecieron en 1960 la discrecionalidad extrema del Ejecutivo en la asignación de concesiones, la marginación legal y orgánica de los medios de radiodifusión no comerciales, la debilidad del Estado para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de publicidad entre otros temas y la inermidad extrema de la sociedad –que no dispone de derechos de interlocución ni réplica– respecto de los medios electrónicos.

   En el plano de las telecomunicaciones, desde 1995 existe una legislación con pocos recursos para acotar el dominio de una o unas cuantas empresas en dicho sector, que no propicia la competencia ni favorece la existencia de una autoridad reguladora con auténtica autonomía y capacidades como las que existen en muchos otros países.

   En la relación directa entre medios y política, parece suficientemente extendida la certeza acerca de las modificaciones que es preciso emprender para que las campañas electorales no sigan supeditadas al poder de la televisión. Los partidos, para hacer sus campañas, podrían disponer de espacios gratuitos, tomados del tiempo al que todavía tiene derecho el Estado en las estaciones de radio y televisión. Así podría quedar prohibida la contratación de propaganda política que en las elecciones federales de 2006 significó un gasto, sufragado fundamentalmente con dinero público, de por lo menos 2 mil millones de pesos.

   Por otra parte las nuevas realidades de la sociedad, así como el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, requieren de una normatividad que propicie la convergencia de medios, la interactividad de los usuarios, la versatilidad de los servicios que se les ofrecen y, especialmente, la flexibilidad tanto para el desarrollo de esas tecnologías como en la apropiación que la gente hace de ellas.

 

El modelo excluyente

   La ley Televisa propuso, de manera implícita, un modelo de comunicación sustentado en una concepción rígida, convenenciera y excluyente del desarrollo tecnológico. La utilización de la tecnología de compresión digital para difundir únicamente televisión de alta definición ha sido el mejor ejemplo de ese modelo.

   Con la digitalización de las frecuencias, como es sabido, en el espacio en donde se difunde un canal de televisión de formato analógico, ahora es posible transmitir dos o tres canales de televisión digital y algunos otros servicios, o un canal de TV digital de alta definición y otros servicios agregados.

   El modelo de televisión digital que en 2004 adoptó el gobierno federal, y que Televisa quiso reforzar con las reformas presentadas al año siguiente, propone el empleo de esos canales para difundir, de manera fundamental, televisión digital de alta definición. La principal consecuencia de esa decisión es el empobrecimiento de las opciones que podríamos tener en el dial televisivo. En vez de varias docenas de canales, nos quedaremos con los 10 o 12 que ahora existen en cada ciudad o región del país. Al elegir entre más calidad de imagen y más diversidad de opciones, Televisa y el aquiescente gobierno del presidente Fox seleccionaron la primera posibilidad. Con otras reglas para la administración del espectro radioeléctrico, podría haber algunas televisoras de alta definición y otras más que ofrecieran imagen digital aunque no de tan intensa calidad.

   Ese modelo excluyente implica que las nuevas frecuencias de televisión y radio estén al alcance de quienes ofrecen más dinero por ellas y no necesariamente de los empresarios y comunicadores con mejores proyectos o más experiencia. También postula excluir a las emisoras no comerciales, como se demostró en los obstáculos que las reformas de 2006 impusieron a las radiodifusoras y televisoras permisionadas y en la ausencia de mención alguna a las estaciones de carácter comunitario.

   En el terreno de las telecomunicaciones, ese modelo resulta excluyente porque promueve conexiones de banda ancha solamente en las regiones en donde hay quienes pueden pagar altas sumas por ellas (la Internet con enlaces tipo ADSL tiene en México los precios más altos de América Latina y cuesta 6 u 8 veces más que en la mayor parte de los países más desarrollados en Europa y Asia).

 

Un modelo ciudadano

   Al modelo excluyente que postularon las televisoras y que beneficia también a Telmex en el campo de la telefonía y sus aplicaciones, es preciso acotarlo con leyes y reglamentos capaces de propiciar la competencia, el contraste y la pluralidad tanto en los contenidos de los medios como en los usos tecnológicos que los ciudadanos puedan y quieran hacer de los nuevos recursos comunicacionales. Pero además hay una gran variedad de iniciativas que la sociedad puede cumplir independientemente de la responsabilidad que los legisladores asuman en estos temas.

   Esas nuevas tecnologías se pueden utilizar para extender y vigorizar la deliberación de los asuntos públicos. El surgimiento de millares de blogs en donde se hace la crítica más libre en temas de toda índole, constituye la expresión más reciente de esas opciones. La reflexión y la fiscalización ciudadana respecto de los medios, por ejemplo, puede encontrar en Internet el espacio propicio para ejercerse con amplitud y e independencia. En México ya existen observatorios de los medios que, seguramente, alcanzarán mayor importancia en la medida en que tengan continuidad y arraiguen en el interés y la confianza de los sectores más activos de la sociedad.

   Los medios no comerciales tienen un contexto inapreciable para cristalizar algunas de sus preocupaciones más importantes. En el transcurso del reciente debate nadie objetó la necesidad de que existan medios públicos financieramente sólidos e, incluso, orgánicamente estables. Los directivos, pero muy especialmente los trabajadores de tales medios tienen la oportunidad de aprovechar esa situación para alcanzar un marco legal propicio –que termine, por ejemplo, con la discriminación que las estaciones permisionadas padecen respecto de las de carácter comercial–. Para ello tendrían que sacudirse las desavenencias e inercias que prevalecen en la mayoría de ellos. Y tendrían que apostar por un modelo de medios auténticamente públicos, no para continuar siendo simplemente medios del gobierno.

   Los grupos sociales interesados en comunicar de manera más extensa sus propias inquietudes también pueden encontrar sugerentes opciones en las nuevas tecnologías. Hasta ahora, en algunos sitios del país han surgido radiodifusoras comunitarias que por lo general han padecido limitaciones financieras y un sistemático acoso político (y a veces policiaco) a instancias de los radiodifusores comerciales. Es muy importante que se mantenga el empeño de esos grupos para conquistar espacios en el dial radiofónico, a pesar de las restricciones que encuentren al tramitar los permisos necesarios para transmitir. Pero simultáneamente, podrían encontrar una vía adicional para tener presencia pública si sus programas los difundieran, además, por Internet. Aunque sigue siendo un recurso de minorías en nuestro país, la cobertura de Red de redes continuará creciendo. Esos y otros grupos ciudadanos podrían ensayar, además, la posibilidad de añadir video a sus transmisiones de audio.

   Utilizar Internet no significa hacer una comunicación marginal –como les sucedía hace varias décadas a los editores de periódicos o a los cineastas que distribuían sus productos por vías distintas a las de índole comercial– sino participar de una alternativa a los medios convencionales. Desde luego la atención a esos medios no tiene que disminuir. Al contrario. Una de las consecuencias de la deliberación reciente, en el transcurso de la cual se han desmitificado y evidenciado el comportamiento habitual de los medios más influyentes, ha sido la constatación de que a esas empresas se les puede y debe escudriñar, discutir y reclamar.

 

Sociedad más exigente

   Con toda seguridad se incrementarán las exigencias que los ciudadanos, cuando encuentran que están en falta, les formulan a esos medios de comunicación. Las cadenas de correos electrónicos que denuncian excesos o distorsiones de la televisión y la radio, los blogs en donde incluso se reproducen (con apoyo de recursos como los que ofrece YouTube) los contenidos abusivos o equivocados de tales medios, o las convocatorias por mensajes de celular o Messenger para alertar cuando en un medio se dicen o anuncian contenidos interesantes, serán recursos que en este país la gente utilizará cada vez con más asiduidad.

   También los reclamos formales a los medios se revitalizarán. Las leyes actuales hacen extremadamente tortuoso cualquier requerimiento para que una estación de radio o un canal de televisión rectifique un dato erróneo y más aún para que les den voz a los ciudadanos que consideren que su fama pública o sus intereses han sido afectados por una información equivocada o mal intencionada. Pero el empleo de esos recursos y la exigencia para que sean más expeditos formará parte de una nueva actitud social hacia los medios.

   La televisión y la radio mexicanas encontrarán ahora a una sociedad con pretensiones para ser interlocutora, e incluso actora, y no solamente destinataria de sus mensajes. Los medios que entiendan este cambio ganarán audiencias y sobre todo la confianza de esos renovados segmentos de la sociedad.

   Es difícil que esa transformación involucre a las televisoras que hasta ahora acaparan las frecuencias comerciales. La intolerancia que manifestaron en sus esfuerzos para presionar a los ministros y desconcertar a la sociedad, el empleo que hicieron de calumnias y mentiras así como su rechazo incluso ostentoso al derecho de réplica confirman que –a diferencia de lo que algunos han querido creer– Televisa y Televisión Azteca no tienen remedio.

El populismo electrónico de Chávez

Texto publicado en Nexos, mayo de 2007

  Lenguaraz y vanidoso, Hugo Chávez ocupa varias horas a la semana para dirigirse a los venezolanos. Martes y jueves, a las 6 de la tarde, lo hace por radio. Los domingos,          a las 11 de la mañana, utiliza la televisión.

   Surgido en mayo de 1999 –pocos meses después de la primera elección de Chávez– “Aló presidente” es, como el gobierno mismo en Venezuela, el espacio de un sólo hombre. Únicamente Chávez orienta, alecciona, reprende y pontifica en las extensas emisiones de esa interminable serie cuya omnipresencia en la sociedad venezolana ha crecido junto con el dominio unipersonal que ejerce dicho gobernante.

   Los venezolanos ya no se sorprenden, y quizá en ese acostumbramiento se encuentra una de sus peores consecuencias, con esas dilatadas peroratas. Antes de las elecciones de 2006 “Aló presidente” duraba, en promedio, 5 horas y media. Cuando se reeligió Chávez resolvió hablar menos… pero durante más días. En febrero pasado el gobierno anunció que las alocuciones radiofónicas del presidente serían de lunes a viernes pero solamente de 8 a 9.30 de la noche y los jueves además se difundirían por televisión. Luego resolvió que tres veces a la semana eran suficientes.

   “Aló presidente” es la expresión más cruda de una avidez comunicacional que incluye la creación de numerosos medios electrónicos e, incluso, la confiscación de empresas mediáticas con las que Chávez tiene diferencias políticas.

   Hasta abril de 2007, el gobierno de Venezuela contaba con cinco canales televisivos. Venezolana de Televisión es gubernamental desde 1974 y ahora constituye el eje de la política de comunicación del gobierno de Chávez. “Vive TV”, con programación cultural y política, fue creada en 2003. También supeditada a la hegemonía del presidente se encuentra la televisora de la Asamblea Nacional, ANTV, creada en 2005 y que difundía en televisión de paga hasta que en marzo de 2007 comenzó a hacerlo en televisión abierta (la Asamblea Nacional es tan aquiescente con Chávez que en enero lo habilitó para que él decrete las leyes que quiera sin que tengan que pasar por tamiz o deliberación algunos). La cuarta televisora oficial es “Ávila TV”, establecida en 2006 por la administración central y el gobierno de Caracas. Y la quinta es Telesur, que ha sido planteada como una suerte de CNN latinoamericana –aunque es más bien una versión en video de la dogmática Radio Habana— y que comenzó a transmitir en octubre de 2005. La propiedad de Telesur es en un 51% del gobierno de Venezuela y, en porciones menores, de los gobiernos de Argentina, Cuba y Uruguay.

   A esos canales Chávez quiere añadir las frecuencias de Radio Caracas Televisión, RCTV, cuyos propietarios respaldaron en 2002 el golpe de Estado en contra suya. La clausura de RCTV está prevista para fines mayo de 2007 y ha suscitado protestas de periodistas y medios de comunicación de todo el mundo, que la consideran atentatoria de la libertad de expresión.

   RCTV transmite desde 1953 y es la segunda empresa privada de la radiodifusión en ese país. La supera Venevisión, propiedad del poderoso Grupo Cisneros que tiene intereses en medios de casi toda Sudamérica y en Estados Unidos. Aunque durante varios años Venevisión y RCTV tuvieron actitudes políticas similares, el gobierno de Chávez solamente sancionará a esta última. Todo parece indicar que con el Grupo Cisneros llegó a un armisticio: los canales de ese consorcio disminuyeron sustancialmente sus críticas al gobierno bolivariano, y éste los deja hacer negocios como antes.

 

Espiral autoritaria

   No hay político contemporáneo que se niegue al encanto zalamero de los medios de comunicación. Liderazgos carismáticos y medios de comunicación constituyen una mezcla abusiva y peligrosa para las democracias y propician una modalidad, sofisticada y redobladamente autoritaria, de populismo. Los formatos simplificadores de los medios resultan propicios para los liderazgos de ese corte.

   Hace algo más de una década el pensador francés Alain Minc subrayó las consecuencias de tal amalgama: “Los medios de comunicación abren el camino a los discursos políticos más sumarios, todos ellos articulados en torno a la imagen y a la comunicación. La opinión pública se entrega en manos del mejor populista que, de hecho, encarna en su persona la fusión con el universo mediático”.  (La borrachera democrática. El nuevo poder de la opinión pública. Temas de Hoy, Madrid, 1995).

   El líder carismático del siglo XXI se refocila con la multiplicación de su imagen en las pantallas televisivas, convertidas en espejos que espolean su  vanidad. Se trata de un síndrome más allá de ideologías. La discutible mixtura de negocios televisivos con el ejercicio del poder político que practicó Berlusconi en Italia, o la supeditación del gobierno a los interesados caprichos de los consorcios mediáticos como hizo Fox en México, son dos facetas del afán para gobernar con los medios y no solamente a través de ellos. En Venezuela esa utilización extensa e intensa de los recursos mediáticos tiene singularidades que han sido enumeradas por Marcelino Bisbal, profesor de Comunicación en la Universidad Central de ese país y que glosamos a continuación.

   – El Estado, en vez de ser el conjunto de instituciones que lo caracteriza en una democracia con juego político y contrapesos, se convierte en aparato para subordinar tales instituciones a un poder autoritario y personal.

   – El protagonismo de las fuerzas armadas se vuelve tan habitual que deja de sorprender en una sociedad abrumada –o encandilada— con otros temas.

   – El desmedido gasto público, que en Venezuela ha sido posible gracias a una sobre utilización del petróleo, no compensa “la inflación, el desempleo, el deterioro del sistema productivo privado”.

   – Al mismo tiempo que se refuerza el impulso a un partido político hegemónico, se intensifica la incultura democrática.

   – La figura del Presidente de la República es ensalzada y reproducida en ejercicio de un desmedido personalismo.

   – La centralización del poder supone que todos los problemas se resolverán en las alturas del mando político unipersonal. Quedaron atrás avances como la descentralización administrativa y la participación de la sociedad en la definición de políticas públicas.

   – La polarización de la vida pública y la intensificación de los conflictos entran en una espiral sin fin que es alimentada por el discurso autoritario, la “retórica de la exclusión, la confrontación y la violencia”.

   – El resentimiento social es alentado y publicitado como respaldo a la estrategia del poder político.

   – La historia republicana es desconocida por el intento para, “de manera insensata y poco responsable, reescribirla desde el personalismo, el caudillismo y el mesianismo”.

   – El proyecto de país desplegado por el líder mesiánico se inspira en experiencias históricamente fallidas. El “socialismo del siglo XXI… tiene como fundamento los parámetros del centralismo, de la ausencia de todo contrapeso, del personalismo de tinte militarista y además con la presencia de un Estado monocolor y tutelar de todas las actividades de la sociedad”. (Marcelino Bisbal, “Cultura y comunicación: entre el vaivén de la realidad y las tensiones necesarias”. Ponencia en el seminario Cooperación Cultura-Comunicación en Iberoamérica. Madrid, marzo de 2007).

 

Oposición silenciada

   El gobierno, en Venezuela, se erige como tutor de una sociedad a la que decide supervisar y dosificarle la información y el entretenimiento que recibe a través de los medios. Además de la intervención de los medios de radiodifusión, Chávez se ha propuesto fiscalizar el acceso a Internet.

   Al pretender que la sociedad es menor de edad el gobierno se atribuye la tarea de resolver los contenidos –y, entonces, los enfoques ideológicos y políticos— que debe conocer. Junto con ello, emprende acciones de censura contra medios que no se ajustan a los parámetros oficiales de información.

   En febrero de 2007 un tribunal de menores le impuso al diario Tal Cual una multa de 19 mil dólares en castigo por la publicación, 15 meses antes, de un texto satírico en donde el humorista Laureano Márquez le pedía a la hija del presidente Chávez que influyera en su padre para que fuera más tolerante con la oposición. El presidente había declarado en su programa de radio que algunas de sus decisiones las consultaba con su hija de 9 años. Sin embargo el tribunal consideró que, al mencionar a la menor, el humorista había atentado contra “el honor, la reputación, la imagen, la vida privada y la intimidad de Rosinés Chávez Rodríguez”, la hija del presidente.

   Tal Cual, dirigido por Teodoro Petkoff que es una de las figuras más notables en la oposición política venezolana, anunció que no estaba en condiciones de pagar la multa. La colecta que se abrió  entonces propició la contribución de miles de ciudadanos y se convirtió en un acto de rechazo a la censura contra ese periódico.

   De la misma forma, la cancelación de las concesiones en las que ha transmitido RCTV ha suscitado protestas, incluso, entre especialistas y críticos de los medios que no suelen estar de acuerdo con la programación de esa emisora.

   Esa fue la posición de medio centenar de profesores y artistas que a fines de marzo dieron a conocer en Caracas un manifiesto en donde consideran que “la reciente decisión presidencial de jubilar autoritariamente a los actuales concesionarios del Canal 2 RCTV” constituye “un  abuso de posición dominante que pudiera ser el punto de no-retorno en la escalada al control de la libre expresión pública y el silenciamiento despótico de la disidencia”.

   Añaden: “Un gobierno genuinamente democrático estaría en la obligación moral y política de ceder el cuarenta por ciento del espacio en radios y televisoras públicas  al cuarenta por ciento opositor del país. En su lugar, este régimen autocrático y militarista declara oficialmente  perseguir un proyecto hegemónico en comunicaciones destinado a reemplazar  la vieja hegemonía comercial por otra ideológica, refuerza cada día su capacidad de emisión impresa y radioeléctrica, persigue una activa política de compras de medios, cooptaciones, escarmientos, chantaje publicitario y financiamiento de medios comunitarios afectos al gobierno, hostiga a la oposición mediática y el acceso del libre periodismo a fuentes públicas de información, persigue puntualmente a periodistas que le son adversos, re-estatiza las telecomunicaciones para garantizarse total discrecionalidad  en controles al ciudadano y flujo de datos, persigue mantener en vida sólo medios políticamente correctos, neutrales u obedientes al régimen”. 

   Esas consideraciones fueron suscritas, entre otros, por Antonio Pasquali –sin duda uno de los más respetados investigadores de la comunicación en América Latina–; Ángel Lombardi, rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta; Eleazar Narváez, vicerrector de la Universidad Central de Venezuela; Gustavo Hernández y Elizabeth Safar, director y ex directora del Instituto de Investigación de la Comunicación de la misma Universidad; así como los investigadores Germán Carrera Damas, Héctor Silva Michelena y Heinz Sonntag. Su desaliento y preocupación se condensan en expresiones como ésta:  “No habrá apoyo externo que nos ayude a detener  la regimentación de nuestro cuadro comunicacional. El mundo lleva 48 años aceptando silenciosamente que en Cuba sólo exista una televisión, una radio y un periódico castristas; con mayor razón fingirá ignorar la cubanización del sistema mediático de un país que le vende petróleo”.

   Entre los firmantes de ese documento se encuentran algunos de quienes, por décadas, han cuestionado al duopolio de la televisión venezolana conformado por Venevisión y RCTV. A pesar de esas fortísimas e históricas discrepancias, condenan la posible desaparición de una de esas opciones televisivas: “El chavismo persigue de toda evidencia un control global de la sociedad venezolana, tolerando una oposición sólo en la medida que le permita fingir ante el mundo que vivimos en democracia, pero minimizada y silenciada. Para eso pretende reducir a lo inaudible, simbólico e inútil  nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a disentir  por todos los medios, consagrados en magnas cartas universales, regionales y nacionales”.

   Los chavistas sostienen que los medios bajo su control son de carácter público y están al servicio de la sociedad. Pero no se trata de medios públicos en el sentido cabal del término, es decir, que estando sostenidos con recursos fiscales cuenten con garantías para ejercer un desempeño autónomo respecto del gobierno en turno. Y no son medios que atiendan al interés social sino a un proyecto faccioso y vocinglero como se confirma en cada emisión de “Aló presidente”.

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