Necedad y censura

Publicado en Zócalo, marzo de 2007 

No fue un error ni hubo confusión. Tampoco fue solamente un asunto de torpeza política. La decisión que en diciembre pasado tomó el gobierno federal para impedir la transmisión de uno de los programas de televisión del Partido de la Revolución Democrática fue un caso de flagrante censura política.  

   La rectificación tomada varias semanas después, cuando numerosas voces se habían levantado contra el veto a dicho programa, fue una medida sin duda saludable. Pero ni la censura, ni el estruendo que ocasionó, hubieran ocurrido de no existir un preocupante síndrome de intolerancia en los circuitos más altos del gobierno federal.  

   Allí se encuentra el rasgo más preocupante de la decisión que tomó y mantuvo durante varias semanas, respaldado por sus jefes inmediatos y superiores, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.  

   El impedimento que dispuso para que fuese transmitido el programa “Toma de protesta del presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador” no se debió únicamente a una parcial interpretación de las leyes que ese funcionario tiene la responsabilidad de atender. Por encima de sus altamente discutibles coartadas jurídicas, el titular de RTC y el gobierno que compartió esa medida se consideraron con capacidades para determinar qué contenidos políticos puede ver y escuchar, y cuáles no, la sociedad mexicana.  

   Esas buenas pero en realidad profundamente intolerantes conciencias –para recordar aquel paradigmático retrato que Carlos Fuentes escribió hace casi medio siglo acerca de la doble moral que suele haber en los personajes autoritarios– se arrogan un carácter de guías espirituales que la sociedad mexicana no les ha pedido ni querría jamás consentirles. 

 

Desperdiciada prerrogativa 

   Los partidos políticos tienen derecho a contar con acceso permanente a espacios en la radio y la televisión. “Cada partido disfrutará de 15 minutos mensuales en cada uno de estos medios de comunicación”, establece el artículo 44 del Código Federal Electoral. Los programas que se difunden en tales espacios tienen una mala fama tan amplia como merecida. En ellos no suele haber argumentos sino propaganda. No parecen estar destinados a persuadir a los ciudadanos sino simplemente a servir de autocomplacientes espejos a las fuerzas políticas cuyos dirigentes gustan de verse reflejados mediáticamente en los términos y condiciones que ellos mismos establecen. 

   Los partidos, incluso, por lo general toman con tan poco interés la factura y propagación de esos programas que no suelen insistir para que tengan horarios de transmisión preferentes. Con frecuencia, los programas de los partidos cumplen funciones de relleno en algunos de los horarios de menor audiencia en las estaciones de televisión y radio. 

   Peor aún, esa dejadez de los partidos respecto de sus programas es tal que no han querido percatarse de la enorme cantidad de espacios que podría proporcionarles una lectura estricta de la disposición establecida en el artículo 44 –inciso 1– del Código Electoral. Los 15 minutos mensuales en cada uno de los medios de radiodifusión tendrían que significar precisamente eso: un cuarto de hora en cada estación de radio y en cada canal de televisión del país. Sin embargo los partidos se conformar con 15 minutos en algunas radiodifusoras y en unas cuantas televisoras. Por ejemplo, en febrero de 2007 el PRD tenía asignados, en distintos días, 15 minutos en los canales 5, 7, 11 y 22 de la ciudad de México. Pero no contaría con un solo espacio en los canales 2 y 13 que tienen mayor cobertura y audiencia, ni en los canales 4, 9 y 40 que también transmiten en la capital del país. 

   Limitados y discutibles esos programas son, sin embargo y antes que nada, un derecho de los partidos. Cada organismo político puede producir sus programas como quiera (aunque el IFE  los auxilia en esas tareas cuando se lo solicitan) y la Dirección de Prerrogativas del propio Instituto Federal tiene la tarea de establecer fechas y horarios para su transmisión.  

   En ese cometido, la autoridad electoral tiene que coordinarse con la Dirección de RTC de la Secretaría de Gobernación que es la entidad responsable de administrar los llamados tiempos estatales en radio y televisión. Pero igual que las autoridades del IFE, las de Gobernación desempeñan funciones exclusivamente de administración y mediación para que se transmitan los programas de los partidos. Ninguna autoridad tiene derecho para supervisar y menos aún vetar contenidos de esos programas.   

Censor desde el año pasado 

   A Eduardo Garzón Valdés le ha parecido, sin embargo, que su función como titular de RTC no es facilitar la difusión de los programas de los partidos sino, antes que nada, inspeccionarlos para determinar si se acomodan o no a la interpretación que él decida hacer de la ley. Antes de impedir que se difundieran los 15 minutos producidos por PRD acerca del mitin que López Obrador encabezó en el Zócalo el 20 de noviembre del año pasado, dicho funcionario ya había censurado otros programas, de ese y otro partido. 

   A mediados de septiembre de 2006, Garzón dispuso que no fuesen transmitidos los programas “Convención Nacional Democrática” y “Medidas de resistencia civil” del PRD, así como “No nos vamos a dejar” y “Postura del PT ante el sexto informe de gobierno” del Partido del Trabajo. La abundancia de asuntos que pululaban en la agenda pública del país seguramente influyó para que la censura a esos cuatro programas no desatara una protesta política como la que ocurriría tres meses más tarde. De cualquier manera el Instituto Federal Electoral y los partidos afectados exigieron que aquellos programas fuesen transmitidos y, a fines de octubre, Garzón tuvo que aceptar. Los dirigentes del PRD no se consideraron satisfechos porque, para entonces, los contenidos que querían difundir en septiembre habían envejecido y perdieron el efecto político que buscaban inicialmente. 

   Los reclamos de los partidos y la autoridad electoral no le bastaron a Garzón en las últimas semanas del gobierno de Vicente Fox. Quizá alentado por su ratificación como titular de RTC, ese funcionario repitió la fórmula censora a fines de 2006. La protesta de los partidos y el IFE se multiplicó en las primeras semanas del nuevo año. 

 

Involuntaria propaganda 

   El programa que Garzón quiso censurarle ahora al PRD no tenía nada de extraordinario. Allí se mostraban escenas del discurso que López Obrador dirigió al protagonizar la mascarada de una supuesta toma de protesta como “presidente legítimo”.  

   Las escenas de ese ex candidato presidencial simulando que asumía un cargo que no alcanzó a ganar en las urnas eran más bien grotescas y forman parte de la imbricación entre tragedia, desastre, impostación y comedia que ha definido en buena medida a la política mexicana durante los últimos tiempos. El contenido de ese programa, pero sobre todo el comportamiento político del cual se hacía eco, eran harto discutibles pero no ofrecían nada que los ciudadanos no hubieran conocido meses antes. Sin embargo, gracias a los involuntarios oficios del licenciado Garzón ese se convirtió en el más comentado programa que jamás hayan difundido los partidos políticos en nuestro país. 

   Garzón consideró que ese programa no debía ser transmitido porque contenía “información falsa”. Posiblemente así era pero no es tarea del gobierno determinar cuáles hechos son auténticos y cuáles no entre los que se les presentan a los ciudadanos. Con la misma y retorcida lógica que ese funcionario esgrimió en su actitud censora, el gobierno podría enviar supervisores a las redacciones de los periódicos y los noticieros para determinar si los contenidos que van a ser publicados o transmitidos son fidedignos o tienen que ser prohibidos. 

   Esas implicaciones ominosas contribuyeron para que, además de las quejas IFE, la decisión de Garzón fuese incisivamente cuestionada en numerosos medios de comunicación. En contraste con la extendida indiferencia que tuvo la censura de cuatro programas en septiembre, en esta nueva oportunidad el veto a los mensajes del PRD recibió amplia cobertura mediática. 

 

Descalificados funcionarios 

   Garzón y el gobierno del que forma parte resistieron con intolerante terquedad durante varias semanas. Una y otra vez, el titular de RTC mantuvo su tesis sobre la presunta ilegalidad del programa del PRD. Peor aún, el 6 de febrero el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Miguel Alessio Robles, consideró que Garzón, como director de RTC, “incurriría en grave responsabilidad” si autorizaba la transmisión del programa del PRD “porque viola directamente disposiciones constitucionales”. 

   Unas horas más tarde, la media noche del miércoles 7, Gobernación anunció que siempre sí permitiría que el programa fuese transmitido.  

   Torpe en términos políticos –incluso porque propició que el programa vetado alcanzara una notoriedad que jamás habría tenido de otra manera–, injustificable desde la perspectiva legal, atrabiliaria en un panorama nacional de por sí demasiado encrespado, la decisión de Garzón mostró el fundamentalismo que el actual gobierno puede estar en tentación de desplegar para amagar la expresión pública.   

   Si fuesen congruentes con sus propios dichos, Garzón y Alessio Robles tendrían que haber renunciado apenas se conoció la decisión que contradecía las posturas que con tanta soberbia defendieron. Si se tomara en serio a sí mismo el subsecretario –que está a cargo de los temas jurídicos y de ¡derechos humanos! en Gobernación– tendría que haber abierto una indagación formal contra Garzón que, al autorizar finalmente la transmisión del programa, incurrió en la conducta que Alessio había considerado punible.  

   Pero aunque no se respeten a sí mismos ni al orden jurídico que debiera ceñir sus decisiones, es preciso no soslayar el desempeño de esos funcionarios. La reivindicación que hicieron de la censura (decían que no era tal porque el contenido del programa ya era conocido, lo cual se convertía en argumento adicional para que la decisión de vetarlo fuera innecesaria) no fue responsabilidad solamente de Garzón y Alessio Robles.  

   La rectificación dispuesta en los primeros días de febrero tuvo que haber sido resultado de una decisión en la cúpula del gobierno federal. Sin embargo el hecho de que durante varias semanas el tema fuese motivo de cuestionamientos y denuncias sin que el gobierno modificase la decisión de vetar el programa, indica que en las alturas más sobresalientes de la administración pública se consideraba pertinente mantener esa censura. 

   El presidente Felipe Calderón supo rectificar. Pero antes indudablemente compartió, y respaldó, la torpe decisión de Garzón y de Gobernación que quisieron erigirse en inopinados custodios de la conciencia política de los mexicanos. –0–    

Tendencias mediáticas en América Latina

Publicado en Zócalo, febrero de 2007 

 

    Los medios de comunicación han sido el motor cultural y social de la globalización contemporánea. Más que la apertura de mercados y la trasnacionalización de capitales, pero junto con ellos, la propagación de mensajes más allá de cualquier frontera geográfica o política y la homogeneidad de muchos de esos contenidos han significado un cambio drástico en la apreciación que la gente tiene acerca de sí misma y del mundo en el que vive. Ese nuevo entorno implica transformaciones en muchas direcciones. La apreciación catastrofista, que le asigna a la globalización un carácter esencialmente perverso, sirve de poco para entender esos cambios pero, además, conduce a una parálisis analítica y política porque al subrayar solamente sus consecuencias indeseables llega a magnificar e incluso a mitificar los efectos de la internacionalización económica y cultural. La apreciación complaciente, que busca solamente los rasgos virtuosos de un proceso que encierra profundas desigualdades sociales e incluso las acrecienta, tampoco es el enfoque más adecuado en el plano del análisis intelectual ni en el terreno de la elaboración de políticas. 

 

Híbrido espacio cultural 

   La globalización cultural es un proceso. No surge de manera súbita. Tampoco conduce a la suplantación drástica de las culturas nacionales y locales. Se trata, más bien, de una sucesión de inter-influencias mutuas, de una serie de hibridaciones como ha sugerido, entre otros, Néstor García Canclini. En ese proceso las culturas nacionales y locales ceden algo de espacio a los contenidos de carácter global –que son fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, de índole estadounidense–. Pero al mismo tiempo un segmento de los valores, rasgos y tradiciones de las culturas locales y nacionales comienza a formar parte de la que, en aras de la descripción breve, podemos denominar como cultura global.  

   En el espacio cultural iberoamericano concurren, así, contenidos de toda índole. Allí hay sitio para las culturas locales al mismo tiempo que para expresiones de la cultura trasnacional que irradian los medios de comunicación. En todos nuestros países, así como en otras regiones del mundo, la gente se entretiene mirando series estadounidenses como Lost, 24 y Sex and the city pero también aplaude la música y la figura de Shakira, las composiciones de Chico Buarque, las caracterizaciones de Penélope Cruz y Antonio Banderas, las canciones de Luis Miguel o las jugadas del Barsa y el Real Madrid. Los contenidos hispanoamericanos forman parte del caudal que circula en los medios de comunicación de dimensiones globales. Eso no significa que toda nuestra idiosincrasia ni todas nuestras costumbres estén siendo determinantes en esa cultura global. En esa avalancha de contenidos se amalgaman expresiones, características y tradiciones de numerosas culturas regionales y nacionales. Al mismo tiempo, por lo menos hasta ahora, las culturas locales y regionales se mantienen gracias a que forman parte de la gente que las nutre y reproduce. 

   Las nuevas tecnologías facilitan e intensifican esos procesos de amalgama cultural pero, además, comienzan a crear nuevas formas de consumo, generación y apropiación de contenidos. Por una parte, llevan hasta las audiencias más diversas los contenidos de la heterogénea pero omnipresente cultura global. En segundo término permiten algunas formas de intercambio e interactividad que la gente aprovecha para ampliar sus redes de relaciones personales y, en ocasiones, para propagar sus propias creaciones culturales. En tercer lugar, esas nuevas tecnologías hacen posible la reproducción de muchos de esos contenidos por mecanismos de apropiación y circuitos de distribución paralelos y en ocasiones contradictorios con el mercado institucional –la reproducción y distribución de archivos de vídeo y música más allá del copyright tiene delicadas implicaciones legales pero, al mismo tiempo, se ha convertido en una peculiar pero efectiva forma de democratización del consumo cultural–. 

 

El idioma y la Red 

   Influido y constantemente modificado por la cultura global, el espacio hispanoamericano tiene rasgos que lo singularizan. El primero de ellos es, desde luego, el idioma. El sustrato común que significa el español permite que se mantengan constantes flujos de bienes culturales, mantiene un contexto compartido y, sobre todo, les da a nuestros países una identidad común. 

   Sin embargo ese sustrato que significa la lengua no es apuntalado con el interés y los recursos que harían falta para sustentar ese asidero de nuestra identidad compartida. Los proyectos bibliográficos, comunicacionales, periodísticos, artísticos y/o cinematográficos que podrían desarrollarse para promover contenidos y la lengua común en estaos países, siguen resultando escasos. 

   Ante la insuficiencia de políticas nacionales y regionales de suficiente calado, la identidad común en nuestras naciones es promovida fundamentalmente por los grandes medios de comunicación de masas. En la mayoría de ellos, como es de suponerse, la producción de contenidos no suele estar orientada por la calidad sino por la búsqueda de rendimientos financieros.  

   En nuestros países la mayor parte de la sociedad depende, para su consumo mediático, de los canales de televisión abierta; el acceso a plataformas de televisión satelital, o por cable, sigue siendo un privilegio al que tienen acceso segmentos aun minoritarios de la población o, en otros casos, solamente los habitantes de las grandes zonas urbanas. 

   Internet no ha llegado a ser un auténtico contrapeso a la hegemonía comunicacional de los medios tradicionales. En la mayor parte de América Latina las tasas de acceso a la Red todavía son inferiores al 20% de la población. Los contenidos en español se han incrementado pero no tanto como los que se propagan en otras lenguas en la Red de redes. La creación de tales contenidos para Internet ha quedado fundamentalmente supeditada al interés mercantil o al afán comunicativo de pequeños y a veces aislados grupos de usuarios. En pocos países latinoamericanos (Brasil y Chile, destacadamente) ha existido una política estatal para impulsar el desarrollo tanto de la cobertura como de contenidos nacionales en Internet. Y si las políticas nacionales en ese terreno han escaseado, mucho mayor es la ausencia de políticas regionales para Internet. 

 

Fuerza de los medios 

   En ausencia de contrapesos y junto con el declive en la presencia social de otros actores públicos (como las instituciones del Estado, o los partidos políticos) la influencia social de los medios tradicionales ha crecido tanto que, en ocasiones, rivaliza con los poderes establecidos. No resultó sorprendente, por ello, que el Informe sobre la Democracia en América Latina que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó en 2004 identifique a los medios de comunicación entre los poderes fácticos más influyentes en esta región. 

   La fuerza política de los medios llega a determinar decisiones u omisiones de los poderes establecidos (como sucedió en México a comienzos de 2006 con la aprobación de una reforma de legal tan favorable al interés de las corporaciones mediáticas que llegó a ser conocida como Ley Televisa). Paradójicamente, en experiencias como esa, los medios privados llegan a padecer un costo político significativo cuando en la sociedad se extiende la convicción de que tales empresas están abusando del poder que tienen.  

   Los medios públicos no alcanzan a constituir una alternativa sobre todo cuando experimentan carencias financieras tan acusadas como las que padecen numerosas emisoras estatales en América Latina. Los medios comunitarios han experimentado un desarrollo desigual: suman centenares o quizá millares en Brasil y Argentina pero solamente –a lo sumo– un par de docenas en México. En todos los casos, su sola existencia contradice la concepción que suelen tener los empresarios de la radiodifusión privada que habitualmente se consideran propietarios de todo el espacio radioeléctrico y no únicamente concesionarios de algunas frecuencias. 

 

Acaparadores empresarios 

   ¿Fortalezas y debilidades? Si se les puede llamar así, para la industria de la comunicación, que es esencialmente privada, entre las primeras se encuentran el acaparamiento que hacen de las frecuencias de transmisión –hay muchos canales en pocas manos– y, por lo tanto, el monopolio que ejercen sobre las audiencias. Uno de los patrimonios más importantes de tales empresas es la experiencia técnica y comunicacional que han mantenido y consolidado durante, en ocasiones, más de medio siglo. Entre sus desventajas se encuentran la frecuente reticencia a cualquier innovación –lo mismo en materia de contenidos que de índole política, cultural o tecnológica–, el discurso estrecho y a menudo maniqueo que promueven acerca de los asuntos públicos, el afán para aprovechar políticamente la ventaja que suelen tener frente a otros actores públicos y el escaso interés que manifiestan para tomar en cuenta a sus audiencias como algo más que resignados conglomerados de pasivos consumidores de mensajes. Muchos de los empresarios mediáticos latinoamericanos más relevantes mantienen una visión del mundo tan estrecha que no suelen interesarse en producir o difundir contenidos capaces de reivindicar la identidad común de la región o de apuntalar el desarrollo de nuestro idioma. 

 

      (A fines de 2006 la Fundación Telefónica, de Madrid, les pidió a varias docenas de investigadores de la comunicación en Iberoamérica que respondieran a un cuestionario sobre las fortalezas y las debilidades del espacio mediático en nuestros países. La síntesis de ese sondeo aparecerá en el Informe Anual Tendencias que dirige el profesor Bernardo Díaz Nosty. El texto anterior recoge las respuestas que presenté a ese cuestionario).

Libertad de expresión: los nuevos obstáculos

Publicado en Nexos 351, marzo de 2007

Hace algún tiempo dejamos atrás la época en la que era frecuente discutir si en México había, o no, libertad de prensa. Las prácticas de censura, coacción e incluso persecución con que el viejo régimen amagaba a periodistas y medios para moldear o atajar informaciones y opiniones de acuerdo con la conveniencia del poder político, nunca han desaparecido del todo pero evidentemente son distintas y tienen menor relevancia. Hoy en México, aunque sigan existiendo, las presiones del poder político se enfrentan a una libertad de maniobra que los medios no tenían antes de los años 90 del siglo XX.     Hay quienes discuten a quién corresponde el mérito de haber consagrado la libertad que hoy disfrutan los medios de comunicación mexicanos. El gobierno anterior, tan afecto como era a realizar caravanas con sombreros ajenos, con frecuencia se refería a las libertades que los mexicanos ahora sí disfrutábamos sugiriendo, de esa manera, que tales condiciones no las teníamos cuando Vicente Fox no estaba a cargo del Poder Ejecutivo.  

   En realidad, la libertad en los medios de comunicación no surgió en ese gobierno ni de la noche a la mañana. Resulta imposible establecer con toda precisión cuándo nuestros medios y periodistas pudieron desempeñarse sin las ataduras que el autoritarismo presidencial y –también– la complacencia de numerosas empresas de comunicación imponían sobre su trabajo cotidiano. Pero si tuviéramos que establecer una fecha habría que reconocer que hubo un cambio durante los últimos años de la gestión de Carlos Salinas. Esa libertad no fue resultado de la concesión de presidente alguno: cristalizó junto con la maduración de los segmentos más inquietos de la sociedad y al mismo tiempo que el sistema político avanzaba hacia una pluralidad que se traduciría en partidos crecientemente competitivos.    Cuando en 1994 irrumpió el conflicto zapatista los medios se desempeñaron, con pocas excepciones, en un contexto en el cual tuvieron libertad tanto para informar de aquel conflicto como, con frecuencia, para equivocarse y distorsionar acontecimientos. Gracias a esa libertad los medios se han afianzado no solo como espacios insustituibles para que los sectores de la sociedad y el mundo político interactúen entre sí. Además se han convertido, ellos mismos, en protagonistas de los acontecimientos públicos.  

   Escenarios y actores, los medios con frecuencia son jueces y parte de la vida pública. El espacio mediático acapara casi todo el espacio público y llega a tamizar, si no es que a condicionar, la apreciación que los ciudadanos tienen de los asuntos que allí se ventilan. La subordinación que los medios tenían respecto del poder político experimentó en estos años un viraje notoriamente drástico.     Si antes la prensa era reconocida –incluso, a menudo, por quienes la hacían– como instrumento del poder, con el cual mantenía vínculos plagados de complicidades y beneficios mutuos, ahora en no pocas ocasiones los medios más relevantes se sirven del poder. O, para decirlo de manera más clara, han llegado a sustituir al poder político por lo menos en las decisiones más relacionadas con los intereses de las corporaciones mediáticas. 

   No nos referimos, desde luego, a todos los medios. Es preciso distinguir entre escasas empresas de comunicación comprometidas con un trabajo profesional y muchas otras que subordinan ese parámetro a los intereses mercantiles y/o corporativos de los consorcios de los que forman parte. En ese inacabado pero notorio tránsito que han experimentado los medios mexicanos prescindieron de antiguas ataduras, accedieron a una inédita y amplia libertad y, de inmediato, comenzaron a experimentar nuevas presiones, limitaciones y sujeciones.     La libertad en la cual se desempeñan los medios de comunicación mexicanos es evidente. Pero padece condiciones que la ciñen, limitan e incluso desfiguran. Mencionaremos una decena de ellas. 

   Uno. Represión directa. México no es territorio de riesgo total para el periodismo, como a veces se dice con cierta afectación gremial, pero eso no disminuye la enorme gravedad que tienen los casos de periodistas amenazados, maltratados e incluso desaparecidos y asesinados debido al ejercicio de su profesión. La insuficiente y sobre todo inconstante denuncia ante esos atentados ha contribuido a que se mantenga la impunidad de poderes caciquiles –a veces asociados al narcotráfico o a otras pandillas delincuenciales– que amagan a periodistas en algunas regiones del país.   

Dos. Legislación arcaica y arbitraria. La legislación para los medios es notoriamente atrasada. La Ley de Imprenta, aparte de la imposición de una moral conservadora y el intervencionismo gubernamental que implicaría su aplicación, puede convertirse en instrumento de persecución contra los periodistas. Al establecer sanciones corporales a quienes en opinión del juez han cometido ataques “a la vida privada”, “contra la moral” o “al orden o a la paz pública” dicha Ley, que este abril cumple 90 años, lejos de garantizarla puede significar un amago para la libertad de prensa. La despenalización de los delitos de opinión (que comentamos en Nexos de julio de 2006) inicialmente aprobada por la Cámara de Diputados, quedó luego atorada en el Senado. 

    Tres. Concentración mediática. Toda libertad está supeditada al contexto de quien la ejerce. “Mi libertad la ejerzo yo de acuerdo a mi circunstancia” podríamos decir exprimiendo la siempre citable frase de Ortega. Pero en el caso de la comunicación la libertad para difundir informaciones y expresar ideas, así como la posibilidad de que esos mensajes lleguen a quienes nos interesa alcanzar, suelen estar sometidas a prioridades corporativas que no necesariamente se encuentran orientadas por criterios de veracidad ni por el interés de la sociedad.     La fórmula más eficaz para evitar que las exigencias de una empresa se conviertan en fuente de censura o distorsión de los acontecimientos se encuentra en la diversidad: mientras más medios haya será mayor la competencia entre ellos y así, más eficaz el contraste y el contrapeso que puedan ejercer unos respecto de otros. Sin embargo la tendencia contemporánea es a concentrar y no a diversificar la propiedad de los medios de comunicación. El surgimiento de corporaciones cada vez más acaparadoras, que concentran cada vez más medios bajo los mismos intereses empresariales, se ha convertido en la primordial amenaza para la libertad de expresión en el mundo actual.  

   Las dos televisoras privadas han acumulado tanta influencia que, a menudo, se han considerado con impunidad suficiente para defender sus privilegios corporativos aún a costa de transgredir las leyes. El secuestro que Televisión Azteca hizo de la señal y luego de la concesión del Canal 40, los amagos de Televisa para controlar la transmisión de eventos como el futbol y las presiones para lograr reformas favorables al interés de esas empresas como sucedió en 2006, son ejemplos de tales conductas.   

   Cuatro. Concentración publicitaria. La libertad de un medio de comunicación está directamente relacionada con la diversidad de sus fuentes de ingresos. Mientras más concentradas sean tales fuentes, sobre todo en la contratación de espacios de publicidad, más limitados serán los márgenes de maniobra de ese medio. Durante demasiado tiempo, gran parte de la prensa mexicana estuvo atada  a los intereses gubernamentales porque de allí provenían prácticamente todas sus ganancias. Ahora, antes de que esa situación desaparezca, los medios experimentan otra fuente de posibles restricciones debido a la concentración de la inversión publicitaria en unas cuantas firmas.  

   Una sola corporación, el Grupo Carso, determina contratos de publicidad en los medios impresos y electrónicos de nuestro país con tanta o más influencia que la que llegó a tener el gobierno federal en los momentos de mayor dominio sobre la prensa mexicana. De la sujeción al poder político, los medios han experimentado un preocupante tránsito a la dependencia respecto de un segmento del poder económico.   

   Cinco. Acaparamiento del mercado. Junto a las condiciones antes descritas, los consorcios comunicacionales no sólo encuentran vía libre para controlar cada vez más medios. Además, acudiendo incluso a maniobras de acaparamiento y desinformación que serían inaceptables en otros mercados, se empeñan en impedir el acceso de nuevos competidores. Así sucede con el afán de Televisa para monopolizar el mercado de la televisión de paga en el país o en la campaña de las televisoras privadas para oponerse a la creación de una nueva cadena nacional. 

  

   Seis. Desigual relación con la sociedad. A sus públicos, los medios suelen entenderlos como consumidores pero no como ciudadanos. Sin embargo, paradójicamente, a menudo no les reconocen derechos como unos, ni como otros. La relación que por lo general mantienen con lectores, televidentes y radioescuchas, es entre el proveedor ante el cual no suele haber recursos de queja y el usuario de servicios respecto de cuya calidad no es frecuente que pueda inconformarse. Peor aun: cuando una persona es aludida, o de plano calumniada en un medio de comunicación, los instrumentos que tiene para exigir una reparación son débiles y supeditados a tortuosos vericuetos jurídicos.     Es muy importante que a los medios el Estado les garantice plena libertad. Pero también resulta fundamental, para cualquier convivencia democrática, que los ciudadanos puedan defenderse de los medios cuando su fama pública o privacía han sido afectadas.  

  

   Siete. Derecho a la comunicación. El derecho a responder ante los medios forma parte de la normatividad esencial en cualquier sociedad moderna. Pero no es suficiente. Junto con él, los ciudadanos tendrían que ejercer el derecho a la comunicación no solo cuando son personalmente afectados por lo que dicen los medios sino cuando tienen algo que decir. Esa tendría que ser una tarea que cumplieran especialmente los medios públicos –a los que es preciso no confundir con los medios del Estado o del gobierno– y, en parte, los medios comunitarios que han sido tan injustamente perseguidos por los acaparadores radiodifusores privados.    

  

   Ocho. Ausencia de parámetros éticos. La ética, como se ha dicho en numerosas ocasiones, no sustituye a las leyes. Pero constituye un recurso insuperable para que los medios se comprometan a manejar sus contenidos a partir de normas explícitas. La ética no propicia la libertad pero contribuye de manera importante a darle sentido. En otros países la calidad en los medios y los criterios para medirla han sido motivo de fructíferas discusiones. Pero en México esos temas no forman parte de la agenda pública. 

   

  Nueve. Murmuración en vez de información. Con creciente frecuencia, los medios están repletos de suposiciones que son presentadas como noticias. Alusiones, afirmaciones oblicuas, habladurías, se confunden con auténticos acontecimientos. Con la coartada de anticipar decisiones o develar confidencias, los medios publican informaciones sin confirmar cuyo aparente mérito radica en que se trata de revelaciones a las que no se tendría acceso de otra forma. A semejanza de las antiguas columnas que distintos personajes del poder político aprovechaban para intercambiar mensajes entre sí en la prensa del viejo régimen, el periodismo mexicano del siglo XXI sigue dando cabida a rumores que serían inaceptables en la prensa de la mayor parte del mundo contemporáneo. Las columnas de trascendidos son parte de ese viejo periodismo.    Emparentada con la anterior es la costumbre, sobre todo en el periodismo de opinión, de aludir a hechos, declaraciones o conductas presuntamente conocidas y de los que no se proporciona la fuente. Expresar “se dice que….” sin mencionar el origen de tales dichos se ha convertido en una muletilla con la cual a menudo se hacen afirmaciones sin sustento suficiente, o sin sustento alguno.  

   Esas prácticas pueden ser entendidas como ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Pero sobre todo, son resultado de la ausencia de una sociedad capaz de exigir suficiente escrupulosidad a sus medios.    

   Diez. Estrechas concepciones de la realidad. La preponderancia en el espacio mediático de unas cuantas empresas –especialmente la que controla más frecuencias de televisión– ha devenido en la propagación de una suerte de pensamiento único que sofoca a la sociedad mexicana. Junto a la estética vulgar y a la indigencia de ideas que campea en sus contenidos los medios mexicanos, especialmente la televisión y la radio, suelen difundir una visión muy pobre –escasamente inquisitiva, irremisiblemente esquemática– de la realidad del país y del mundo. En ese páramo comunicacional hay escasos espacios para la diferencia y el contraste. Televisa es el principal dique para el ejercicio de la libertad de expresión en México. 

–0–