Un año de la Ley Televisa

Publicado en La Crónica el jueves 29 de marzo de 2007

   No hubo razones que respaldaran aquella decisión de la mayoría senatorial. En patente aceptación de su indigencia argumental, los 81 senadores que el 30 de marzo de 2006 aprobaron la Ley Televisa dejaron la tribuna en manos de quienes se oponían a esas reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Durante varias horas los legisladores que habían encabezado la oposición a esas modificaciones reiteraron, sin encontrar una sola réplica, los muchos riesgos que implicaban para la soberanía del país sobre sus espacios radioeléctricos y para la diversidad comunicacional a la que tiene derecho la sociedad mexicana.
   La Ley Televisa, insistieron sus impugnadores, carecía de reglas equitativas para la asignación de nuevas concesiones de televisión y radio. Al establecer la oferta económica que presenten los interesados como criterio fundamental para el otorgamiento de frecuencias, se deja el desarrollo de esos medios al garete de los intereses mercantiles. La nueva composición de la Comisión Federal de Telecomunicaciones se advertía, desde entonces, como mero subterfugio para mantener las decisiones primordiales respecto de la radiodifusión en manos del gobierno federal. A los medios públicos y comunitarios, las nuevas disposiciones solamente los tomaban en cuenta para imponerles restricciones adicionales a las que ya padecían. Los cambios que aparentemente implicaba para la compra de espacios de propaganda por parte de los partidos eran esencialmente cosméticos y no atendían la necesidad de regular y limitar ese gasto. Tales reformas no implicaban un respaldo eficaz a la producción independiente ni a la diversidad de opciones en la televisión mexicana.
   Y lo más importante: al facultar a los concesionarios que ya tenían licencias de radio y televisión para que además de difundir señales de radiodifusión en esos espacios pudieran transmitir servicios de telefonía e Internet, entre otras opciones que ahora son posibles gracias a la digitalización de las telecomunicaciones, dichas reformas propiciaron un formidable negocio adicional para las principales empresas de ese ramo.
Las modificaciones al artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión permiten que esos concesionarios ofrezcan tales servicios adicionales sin establecer claramente la obligación para que, a cambio, le paguen por ello al Estado. En cambio las empresas que desde hace años brindan servicios de telefonía han tenido que pagar por ello cantidades muy altas, ya que las porciones disponibles para ello en el espectro radioeléctrico son limitadas y cada vez más cotizadas. El uso de un recurso natural por el que algunas empresas han pagado, podrá resultarles gratuito a los concesionarios de televisión y radio. La pérdida que tendría el Estado mexicano ascendería a varios miles de millones de dólares.
   Por eso, poco después de que fue abruptamente aprobada el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados, a esas reformas se les denominó Ley Televisa. Esa empresa, junto con Televisión Azteca, era indudablemente la beneficiaria principal de tales modificaciones legales. Pronto se comprobaría que, además de agraciada, Televisa era autora y promotora de dicha reforma.
   Solamente así podía explicarse el repentino proyecto que había presentado un hasta entonces oscuro diputado priista, Miguel Lucero Palma, sin conocimientos ni experiencia mostrados en el campo de las telecomunicaciones. Solamente así podía entenderse la insólita aquiescencia de los 327 diputados que el primer día de diciembre habían respaldado esa inopinada reforma. Algunos quisieron pensar que aquellos diputados se habían descuidado y que, confundidos en el maremágnum legislativo de fin de año, habían aprobado esas reformas sin entender su verdadero alcance.
   Ahora se sabe que, en todos los grupos parlamentarios, al menos los diputados más enterados conocían el significado de esas modificaciones legales. Todos ellos las aprobaron por instrucciones de sus respectivos candidatos presidenciales que, a su vez, de esa manera querían congraciarse con Televisa a unos cuantos días de que comenzaran las campañas formales hacia las elecciones del 2 de julio.

   Más tarde entre priistas, panistas y perredistas habría, de diferentes maneras, impulsores de la Ley Televisa que deploraron haberse comportado de esa manera porque al cabo de pocos meses comprobaron que esa empresa de comunicaciones no favorecía a sus candidatos como inicialmente habían esperado.
La unanimidad y la precipitación del 1 de diciembre fueron tan escandalosas que al menos propiciaron una intensa atención pública sobre la Ley Televisa. Productores, cineastas, actores, técnicos, académicos y periodistas, entre otros, comprendieron los peligros que implicaban aquellas reformas y mantuvieron ante ellas una informal pero muy destacada coalición ciudadana. Forzado a escuchar posiciones acerca de la minuta que ya había sido aprobada por los diputados, el Senado abrió audiencias en donde las razones contra la Ley Televisa sobrepasaron, en cantidad y calidad, a los parcos pero prepotentes defensores de esas modificaciones.
   A favor de la Ley Televisa se manifestaron, exclusivamente, los intereses empresariales a través de diversas voces. Empleados de despachos de asesoría jurídica contratados primero para escribir dicho proyecto de ley y luego para propagandizarlo, se hicieron cargo de esa defensa. Pero no eran argumentos sino coacciones e intimidaciones lo que estaba en juego. A no pocos de los firmantes de documentos contra la Ley Televisa, personeros de esa empresa les recriminaron que hubieran asumido tales posiciones y trataron de intimidarlos. El cabildeo más intenso era delante y dentro de los partidos políticos, a cuyos senadores también les hicieron ofertas y exigencias, según fuese el caso. A los radiodifusores que por diversos motivos se habían inconformado con la Ley Televisa también los llamaron a cuentas. Y en la industria de las telecomunicaciones, cuyos directivos habían rechazado tales reformas entre otros motivos porque no conducían a un auténtico aprovechamiento de la convergencia digital, las coacciones incluyeron amenazas de Televisa para dejar de comprarles insumos o servicios.
   En esa operación fueron cosechados los 81 votos senatoriales por la Ley Televisa. No había convicciones sino conveniencias detrás de ellos. Lo más notable fue cómo, ante tal despliegue de recursos para forzar la decisión legislativa en beneficio de la corporación mediática más influyente y arrogante, hubo 40 senadores que votaron en contra —cuatro más, se abstuvieron—.

  
   Varias semanas después, el 4 de mayo, 47 senadores presentaron en la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad respaldado con una extensa documentación. Aunque el conservadurismo y el apego a los poderes fácticos que han demostrado algunos de sus integrantes no ofrecen demasiado margen para esperar una resolución favorable a esa impugnación, de la decisión de la Corte depende, en parte, el futuro de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. La otra vía para enmendar el allanamiento de esos sectores a un puñado de intereses privados, se encuentra en las nuevas reformas que puedan emprender los actuales legisladores. No hay que olvidar que la Ley Televisa implicó la modificación de unos cuantos artículos en un par de leyes federales y que el régimen legal de la radiodifusión mexicana sigue siendo tan obsoleto como hace décadas.
   Mientras tanto, las reformas de hace un año han propiciado la conformación de una nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones en la cual se encuentran peones y aliados de las grandes televisoras —está presidida por Héctor Osuna, quien fue uno de los senadores que encabezaron la defensa de la Ley Televisa—. El acatamiento de ese organismo al interés de los monopolios de la radiodifusión se ha manifestado en algunas de sus primeras decisiones y sobre todo en la indefinición con que mantiene asuntos relevantes como las solicitudes de nuevas frecuencias para televisión.
   Otra consecuencia de la Ley Televisa fue la propagación, en segmentos significativos de la sociedad mexicana, de las posiciones discrepantes respecto de esa empresa y del régimen de radiodifusión que tenemos en México. Una de las expresiones de ese nuevo contexto crítico ha sido la revitalización de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información cuyo nuevo presidente, Javier Corral Jurado, tomó posesión la semana pasada, el martes 20 de marzo, en una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la UNAM.
   Conocido como uno de los impugnadores más perseverantes al régimen de privilegios mediáticos que cristalizó en la Ley Televisa, Corral recordó en esa ocasión que muchos de los miembros de la Asociación somos los que impugnaron aquella reforma pero nos define mucho más que esa coyuntura: “Nosotros somos los que estamos a favor de la democratización de los medios de comunicación electrónica en México, los que consideramos que como el agua, que como la seguridad, que como el medio ambiente, como la salud y la educación, la información es un bien público y no una mercancía, que esa industria poderosa e influyente de la radio y la televisión debe ser también un servicio público y no sólo un negocio, que se hace millonaria con los recursos públicos destinados a la política electoral y a los partidos, y se ha vuelto obstáculo para el verdadero debate, de la auténtica discusión de los problemas del país, que no las intrigas palaciegas de los políticos entre sí, sino la pobreza insultante, la desigualdad como principal cáncer que destruye la vida nacional”.

Doble vara de las televisoras

Publicado en Nexos 350, marzo de 2007   “–¿Y qué piensas hacer?  

   –Pues ya, esperar la muerte.  

   –¿Y estás tomando medicamentos?  

   –No.  

   –¿Por qué?  

   –Porque no me lo dan, necesito yo comprarlo, si no.  

   –¿No tienes dinero?  

   –No”.

   Tendido en su lecho de enfermo, un joven identificado como Fabián respondía, alicaído, a las preguntas del reportero Saúl Sánchez Lemus en un reportaje acerca del acaparamiento en la distribución de medicinas. Entre noviembre y diciembre del año pasado la serie “Morir sin remedio”, profusamente difundida en varios noticieros de Televisa, culpó del alto costo de los medicamentos –y por lo tanto del posible deceso de los enfermos– a los intermediarios en ese ramo.

   Televisión Azteca transmitió notas similares. En ambas televisoras se criticaba al Grupo Casa Saba, uno de los más importantes en la distribución de medicinas. Aunque se referían a un auténtico problema social, esas piezas informativas eran notoriamente parciales. El periodista Eduardo García, en la publicación en línea www.SentidoComun.com.mx –de donde tomamos la transcripción del reportaje en Televisa– comentó esa artificial afectación: “teniendo como base historias reales, conmovedoras, con imágenes de pacientes pobres, muriendo, con enfermedades crónicas o degenerativas, que le parten el alma a cualquiera, las televisoras han realizado una supuesta investigación periodística… los reportajes mezclaron sin mucha lógica los problemas de salud y económicos de algunos de sus casos reales con los problemas de la distribución de medicamentos en México –dos temas que a veces pueden vincularse, pero que en otras no tienen correlación– ”.

   La coincidencia de Televisa y Azteca para ocuparse de ese tema no se debía a una auténtica preocupación por la salud de los mexicanos, ni a que repentinamente sus directivos hubieran tomado conciencia acerca del perjuicio que los monopolios privados significan para la sociedad. Lo que les interesaba era combatir, preventivamente, la existencia de una nueva cadena de televisión en México.

   Unas semanas antes, el 21 de septiembre, la empresa Palmas 26, en la que se encuentran asociados el Grupo Xtra y la televisora estadounidense Telemundo, anunció que le había pedido al gobierno mexicano que abra una licitación de frecuencias para televisión. El Grupo Xtra es propiedad de Casa Saba: la misma a la que, súbitamente, Azteca y Televisa descalificaron por la venta de medicinas.

   Telemundo es propiedad del consorcio General Electric, al que igualmente le tocó parte de la andanada contra la competencia en la televisión mexicana. El 8 de diciembre Azteca destinó un reportaje a distintas acusaciones que se le han formulado, en Estados Unidos, a esa trasnacional.

   El arrebato patrimonialista de Televisión Azteca afectó también a Reforma. El 4 de diciembre ese diario comentó que la coincidencia de las televisoras en el tema de las medicinas se debía al afán para golpear a Casa Saba por su interés en el negocio de la televisión. A la semana siguiente, y durante varios días, el noticiero Hechos de TV Azteca se ocupó de un viejo conflicto dentro de la familia Junco, propietaria de Reforma. Ese asunto ocupó además extensos espacios en la revista Vértigo, propiedad de los dueños de Azteca.

   Así, en el transcurso de tres semanas, la pretensión de una empresa  para participar en el mercado de la televisión mexicana suscitó una carambola informativa determinada por excedidos afanes monopolistas en el campo de la comunicación. La firma Palmas 26 solamente anunció su solicitud para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones pongan a licitación frecuencias de televisión, de acuerdo con las nuevas disposiciones que regulan la radiodifusión. Esas normas fueron resultado de Ley Televisa que, hace un año, fue ostensiblemente impulsada por las dos empresas que acaparan la televisión en México. Aunque se trata de una legislación elaborada a su conveniencia, ahora Televisa y Azteca han querido impedir que esas reglas se cumplan cabalmente, al menos en lo que toca a la apertura de licitaciones para nuevos actores en la industria de la televisión. 

Apremio de la Cofeco

   El uso faccioso de frecuencias que tienen concesionadas ratificó la conducta cicatera que Televisa y Azteca despliegan cada vez que se abre la posibilidad de nuevas presencias en el panorama televisivo que hasta ahora han dominado. Un año y medio antes Telemundo había querido asociarse con el Canal 40, que se encontraba en huelga. En esa ocasión Televisión Azteca, con la complicidad del gobierno federal, impidió que el consorcio General Electric –que como hemos recordado es propietario de Telemundo– le hiciera al Canal 40 un préstamo que le habría permitido resolver aquel conflicto laboral. A la postre, Azteca se apropió del Canal 40 y así desapareció la opción editorialmente distinta que significaba esa emisora.

   Otra empresa que busca una cadena nacional es el Grupo Imagen –propietario de varias radiodifusoras y del diario Excélsior– que el año pasado adquirió la concesión del Canal 28 en el Valle de México.

   La televisión que hace Telemundo para el público hispano en Estados Unidos no es sustancialmente distinta a la que han producido Televisa y Azteca en México. Hay motivos para suponer que la televisión del Grupo Imagen tampoco estará definida por los criterios de calidad más deseables. Pero la incorporación de ésas o de cualquier otra empresa en la televisión mexicana, si bien no sería garantía de mejor calidad sí implicaría mayor diversidad y una nueva competencia. Eso es lo que Azteca y Televisa no quieren permitir. 

   El acaparamiento de frecuencias, audiencias e inversión publicitaria que han mantenido durante ya demasiados años y el poder político que todo ello significa, les han llevado a los propietarios de Televisa y Azteca a creer que son y deben seguir siendo los únicos dueños de la televisión en este país.

   No es esa la opinión que campea en otros espacios de la vida pública. El 28 de noviembre, precisamente cuando arreciaba el sainete de Televisa y Azteca sobre la distribución de medicinas, la Comisión Federal de Competencia, Cofeco, expidió una serie de criterios de política pública para diversificar la oferta televisiva que se difunde en México.

   Eduardo Pérez Motta, presidente de ese organismo, envió a las comisiones del Congreso que tienen relación con las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como a las autoridades del gobierno federal en esa materia, un análisis acerca de la concentración en el mercado de la televisión tras el cual concluye que es necesario “adjudicar a la brevedad el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta mediante mecanismos de licitación pública que promuevan la competencia y eviten concentraciones contrarias al interés público”.

   El estudio de la Cofeco subraya los “altos niveles de concentración” que se han mantenido en el mercado de la televisión mexicana. En 2005 los canales de Televisa alcanzaban el 68.5% de la audiencia de la televisión abierta y los de Azteca el 28.3%. El resto de las opciones de televisión en México –emisoras culturales o estatales, fundamentalmente– apenas tiene el 3.2% de esa audiencia.

  

   Ese año la inversión publicitaria para televisión abierta fue de casi 26 mil millones de pesos. De dicha cantidad, el 71.2% fue recibido por Televisa y el 28.2% por Televisión Azteca.

  

   De 457 frecuencias que se encuentran concesionadas para televisión abierta en todo el país –los canales estatales y culturales tienen régimen legal distinto– Televisa maneja 243 y Azteca 179 estaciones. Dicho de otra manera, las dos empresas concentran más del 92% de las frecuencias asignadas para televisión comercial.

  

   Los datos de la Cofeco están apoyados en documentos públicos, la mayor parte de carácter oficial. Si atendemos a otras fuentes los porcentajes de concentración de audiencias, publicidad y concesiones pueden ser incluso mayores.

    Con evidencias como esas, la Comisión apunta que “resulta necesario crear oportunidades para el desarrollo de canales de televisión abierta alternativos que introduzcan mayor competencia en las actividades comerciales de los operadores establecidos, al tiempo que contribuyan a la pluralidad y diversidad de voces y contenidos en beneficio de la sociedad. Al respecto, es necesario informar a los mercados del espectro disponible para televisión abierta y otorgar las bandas de frecuencia mediante procesos competitivos que permitan el desarrollo de nuevos operadores”. 

TV abierta y restringida

   La televisión restringida amplía las opciones de los telespectadores pero a menudo es afectada por prácticas también acaparadoras. Por eso la Cofeco recomienda que las señales de la televisión abierta sean difundidas de manera obligatoria en los sistemas de televisión de paga –entre los que se encuentran la televisión por cable y la de difusión satelital–.

   Hasta ahora las empresas de televisión abierta han tenido una política discriminatoria y selectiva para impedir que, en algunos casos, sus señales sean incorporadas a la programación de la televisión restringida. Esa fue una de las causas del fracaso en México –a fines de 2004– del sistema satelital DirectTV que nunca logró que Televisa lo autorizara a difundir sus canales. De esa quiebra se benefició el sistema Sky que en México es propiedad… de Televisa.

   Los sistemas de televisión de paga, a su vez, han llegado a entorpecer el desarrollo las televisoras independientes o pequeñas al negarse a incluir sus señales dentro del menú que ofrecen a sus clientes. Así les ocurrió al Canal 40 e incluso a emisoras estatales como el Canal del Congreso.

    En otros países esos dilemas no existen porque las señales de televisión abierta y los canales de interés público forman parte de la televisión satelital o de la que se transmite por cable. Ahora en México la Cofeco propone “garantizar el acceso de los medios de transmisión a las señales de televisión abierta”. Se trata de un doble requerimiento: que los concesionarios de TV abierta proporcionen sus señales a los sistemas de TV restringida y que estos últimos transmitan, como parte de sus canales básicos, las señales abiertas que estén disponibles en la misma área de cobertura. 

Telmex, riesgo y opción

   Por otra parte, ahora que la digitalización de las redes de telecomunicaciones permite que las empresas de telefonía ofrezcan servicios de televisión por cable –y viceversa, que las redes de TV por cable conduzcan además servicios de telefonía– ha sido inminente la incursión de Telmex en el mercado de la televisión.

   En principio, la Comisión Federal de Competencia ha tenido fundadas reticencias y ha recomendado “impedir que un mismo agente económico participe de manera simultánea en la propiedad u operación de las redes establecidas de telefonía fija local alámbrica y de televisión y audio restringidos por cable”. Sin embargo en el documento de noviembre ese organismo anticipa que si se demuestra que dicha “propiedad cruzada” es útil para la competencia, podría solicitársele una opinión favorable. En efecto, si la televisión que difunda tiene contenidos originales y no es simple repetición de la que nos endilgan las actuales televisoras, ese servicio del monopolio telefónico podría convertirse –paradojas de la convergencia tecnológica– en contrapeso del monopolio televisivo.

    La Cofeco, en otra de sus recomendaciones, exhorta a “desarrollar un marco regulatorio consistente y neutral para el sector de contenidos audiovisuales”. También sugiere “promover el desarrollo de productores independientes y su acceso a los canales de televisión abierta”. Una de las reformas que se incorporaron el año pasado a la Ley de Radio y Televisión establece que los concesionarios podrán incrementar hasta en 5% el tiempo que tienen autorizado para difundir publicidad si incorporan a su programación al menos 20% de “producción nacional independiente”. Ahora la Comisión de Competencia insta a reglamentar esa disposición a fin de que tal producción sea difundida en los mismos horarios en los que el concesionario transmite sus propios contenidos. También invita a que se precisen los criterios para considerar a un productor como “nacional e independiente”.

  

Comportándose como gángsters proclives a vapulear a cualquiera que les dispute el territorio que controlan Azteca y Televisa se erigieron, inopinadamente, en paladines contra los monopolios en las medicinas –como si los telespectadores olvidasen el duopolio que ejercen en el mercado audiovisual–. Las dos varas con que miden las televisoras no engañaron a nadie. Pero ese episodio reiteró la urgencia para que tengamos otras opciones en el campo de la televisión.

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Los medios ante el conflicto en Oaxaxa

Oaxaca, el conflicto sigue vivo
Continúa la resistencia de los rebeldes

Noé Torres Briseño, Univision Online

23 de Febrero de 2007 

CIUDAD DE MÉXICO – A tres meses de que supuestamente culminara uno de los más graves conflictos sociales del país, Oaxaca aún no resuelve sus problemas y tanto rebeldes como autoridades locales y federales siguen enfrentados en una lucha que generó pérdidas económicas por más de $370 millones y dejó 15 muertos.

Ulises, el villano favorito

Días después del repliegue de los simpatizantes de la APPO del centro histórico de Oaxaca, en noviembre pasado, sondeos de opinión dejaron ver que entre los distintos actores implicados en el conflicto, los oaxaqueños percibían una mayor responsabilidad de que no se encontrara una solución, en la figura del gobernador local Ulises Ruiz.

Con buen trecho de distancia, los oaxaqueños también atribuían la nula solución al conflicto a las malas actuaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO, la organización rebelde que protagonizó el levantamiento en la entidad) y del ex presidente mexicano Vicente Fox.

“Enorme discriminación”

Pero para Jesús López Rodríguez, vocero de la APPO, los resultados emitidos por las casas encuestadoras no tienen validez alguna, en tanto son un mero reflejo “de la enorme discriminación a los movimientos sociales de México” por parte de quienes habitan en las esferas del poder.

En entrevista con Univision Online explicó que como parte de una estrategia de desprestigio, líderes políticos y empresariales han realizado una serie de recomendaciones al gobierno de Ulises Ruiz para destruir su movimiento revolucionario.

Entre ellas, aseguró, “aconsejaron a las autoridades del estado derribar a las principales cabezas de la APPO” con la intención de apagar todo el movimiento, además dijo que exhortaron a Ulises Ruiz a emprender una campaña de imagen pública para erigirse como una víctima de la violencia provenida de los rebeldes.

Apoyo incondicional

Desde el principio del movimiento, manifestó el portavoz de la APPO, hemos sido víctimas de una campaña mediática nacional que intenta denigrarnos y hacernos ver como unos rufianes, pero no es así, tanto que durante todo este tiempo hemos recibido el apoyo incondicional de distintos sectores de la población.

“Esto lo evidenciamos en la pasada ‘megamarcha’ del 3 de febrero en el centro histórico de Oaxaca”, donde de acuerdo con reporteros de los diferentes medios de comunicación que estuvieron presentes, los rebeldes convocaron a unos 20 mil simpatizantes.

La apreciación de la gente

No obstante, el doctor Raúl Trejo Delarbre, uno de los especialistas en medios de comunicación más reconocidos de México, proporcionó una serie de afirmaciones contrarias a las aseveraciones hechas por Jesús López Rodríguez, miembro de la APPO.

Explicó que las encuestas sobre Oaxaca, al igual que el resto de los sondeos que se hacen en el país, ofrecen datos fidedignos y debemos tomarlos en cuenta como lo que son, “apreciaciones de lo que opina un segmento de la sociedad en un momento específico”.

No hay certeza de que estén amañados por sus realizadores, ni mucho menos son oráculos, ni instrumentos para predecir el futuro, si se realizan con rigor metodológico son una suerte de fotografía que retrata lo que percibe la población en un momento y lugar específicos.

PFP, Gobernación y la APPO

En ese sentido, los mencionados sondeos revelaron que entre las diversas instituciones y personas que se vieron implicadas en el conflicto, los que generaron una mayor aprobación por la manera como se condujeron fueron la Policia Federal Preventiva y los empresarios de Oaxaca, cuya economía disminuyó en un 90 por ciento.

Le siguen los medios de comunicación, el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal y los congresistas del país. En contraste quienes se pensaba actuaron de manera menos correcta son los dirigentes de la APPO, así como el PRI y el PRD (las principales fuerzas políticas en el estado).

Una cobertura equilibrada

Tomando en cuenta esos resultados, el doctor Trejo Delarbre reconoció el trabajo periodístico de los medios nacionales e internacionales durante los meses que lleva el movimiento político social.

“Aparentemente fue equilibrado, considerando que dejaron escuchar las distintas voces tanto de los hombres del poder político y los empresarios, así como de la población oaxaqueña y los dirigentes y bases de la APPO“, explicó.

Sin embargo, dijo, al final las comparecencias de los rebeldes en los medios fueron más bien desafortunadas, conformadas por declaraciones fundamentalistas y soberbias que declinaron en cierto rechazo de la población en el país.

Tranquilidad y sosiego

Reconoció además la prontitud con la que el movimiento dejó de ser noticia en los medios de comunicación, dando paso a emisiones publicitarias de las riquezas turísticas de la región, el motor de la economía local, que en los pasados meses regristró pérdidas por unos 60 millones de dólares.

“Las oficinas de los diarios operan bajo las premisas de la espectacularidad y lo novedoso, la revuelta social de Oaxaca se fue desgastando conforme pasaron los días, lo cual derivó en hartazgo por parte de los medios y de las audiencias que produjo la búsqueda de nuevos temas de noticia”, indicó.

A medida que los miembros del movimiento desocuparon el Centro Histórico de la capital de Oaxaca, reapareció entre la gente una sensación de tranquilidad entre las audiencias que, aunado a la decreciente cobertura de los medios de comunicación, resultó en un sentimiento de que todo volvía a la normalidad.

Excesos policiacos

No obstante, Jesús González, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los organismos que han seguido el problema social desde sus inicios, criticó el reconocimiento popular respecto a la labor de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca.

“Ciertamente hay una percepción de que la PFP cumplió con su deber al haber ingresado a la entidad para contener el movimiento, sin embargo diferentes organizaciones de derechos humanos denunciaron las distintas violaciones a las garantías individuales de muchos de los detenidos”, indicó.

“Documentaron los excesos de la fuerza pública, la desaparición de decenas de personas, la existencia de grupos parapoliciacos que operaron bajo el auspicio del gobierno local, entre otras muchas irregularidades”, explicó el ahora defensor de derechos humanos independiente.

Socialmente, argumentó, el apoyo de la gente a la PFP se debió más a la necesidad de paz y estabilidad en la región que a una presunta desaprobación a las causas de la APPO.

La salida de Ruiz

Finalmente, los sondeos dejan ver que el movimiento culminaría definitivamente hasta que Ulises Ruiz abandone el poder político de Oaxaca.

Ante la hipotética situación de que hubiera una consulta pública para someter a consideración popular la permanencia de Ulises Ruiz en el gobierno, los estudios revelan que la mayoría de la población se inclinaría porque no terminará su mandato, mientras que sólo unos cuantos oaxaqueños lo refrendarían en el gobierno del estado”.

Pero para Jesús González, estudioso del problema oaxaqueño, la salida de Ruiz sería el detonante para logar reformar estructures de fondo, más no el objetivo final del movimiento, pues el problema no comenzó con su llegada al gobierno, sino fue su mandato el que agudizó las tensiones en la entidad.

“Su relevo en el poder, propiciaría un ambiente de entendimiento entre las diferentes partes y favorecería transformaciones políticas y sociales, que derivarían en el mejoramiento al acceso a la salud, la educación y la disminución de la pobreza.”

Nueves meses de caos

En mayo de 2006, unos 70 mil profesores agrupados en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron una serie de bloqueos y marchas en demanda de un aumento salarial para su gremio, pero fueron desalojados violentamente por la policía local presuntamente instigada por el gobernador Ulises Ruiz.

Al movimiento social se unieron otras agrupaciones opositoras al gobernador degenerando en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que exigía la caída de Ruiz. Los rebeldes tomaron el centro histórico y las instalaciones de la universidad pública de la ciudad. El asunto llegó hasta el Congreso mexicano y el gobierno federal.

Fue así que el entonces presidente Vicente Fox ordenó la entrada de la Policía Federal Preventiva provocando una violenta crisis que dejó más de 15 muertos y 140 detenidos, entre ellos los principales dirigentes del movimiento.

Kapuscinski

La humildad, la más grande enseñanza de Ryszard Kapuscinski.

México, 26 Feb (Notimex).- Uno de los mayores legados del periodista polaco Ryszard Kapuscinski (1932-2007) es el de la humildad, aseveró el investigador Raúl Trejo, quien criticó la soberbia con que se conducen algunos reporteros de hoy, quienes, dijo, no buscan la confianza de sus entrevistados sino amedrentarlos.

Y es que para Trejo Delarbre, algunos reporteros actuales han dejado de preocuparse por ir en busca de la información y centran su trabajo en la confirmación de certezas generalmente prefabricadas por ellos mismos.

En el marco del homenaje que se le rindió la víspera al periodista polaco, quien falleció el 23 de enero pasado, Trejo puso énfasis en que si algo deben aprender los periodistas del maestro del reportaje no es la técnica sino la mística de sus trabajos.

La postura de recato con la que el periodista espera ver qué es lo que el entrevistado nos quiere decir, enriquecida por la observación del entorno y de la gente que permite descubrir mucho más de lo que registran las palabras.

El mundo, solía decir Kapuscinski, lo que enseña es humildad, y él la tenía y la plasmaba en frases como aquella que rezaba que el buen periodista no era quien lo sabía todo, sino quien había aprendido a indagar, a buscar la información.

Por eso, afirmó Trejo, más que pedir a los jóvenes periodistas que escriban como Kapuscinski tendrían que ser llamado a leer y a releer al maestro, en busca de que conozcan, comprendan y aprendan de este periodismo hecho con pasión, pero además con mucha humanidad.

Ryszard Kapuscinski fue recordado la víspera en el marco de 28 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), con una mesa redonda en la que también participaron José Carreño Carlón y Rafael Pérez Gay.

Kapuscinski fue un periodista, escritor y ensayista que nació en Bielorrusia cuando era parte de Polonia; estudió historia y arte en la Universidad de Varsovia y desde muy joven se dedicó al periodismo.

Colaboró para importantes medios como el Time, The New York Times, La Jornada y Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A partir de 1962 conjuga su actividad periodística con la actividad literaria y la docente en diversas universidades.

Su legado a las nuevas generaciones quedó plasmado no sólo en sus grandes reportajes sino en libros como “Los cínicos no sirven para este oficio” y en innumerables pláticas que tuvo con estudiantes de periodismo.

Maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez, Kapuscinski era doctor Honoris Causa por una universidad de Barcelona.

Corresponsal en el extranjero hasta 1981, el polaco errante, se convirtió en ciudadano del mundo, el 23 de febrero de 2007, cuando perdió la batalla más grande de su vida, contra una enfermedad incurable.