Calderón ante los medios

El nuevo presidente –si quisiera– podría modificar inercias y connivencias

 

   Esta es una versión ligeramente más amplia de un texto aparecido en la edición de diciembre de la revista Zócalo

 
   Si quisiera, el nuevo presidente de México podría establecer una relación de mejor transparencia y mayor responsabilidad con los medios de comunicación. Felipe Calderón asume el gobierno del país en un panorama de casi irreductible crispación del que forma parte una actitud cada vez más crítica, por parte de segmentos importantes de la sociedad y el mundo político, hacia las grandes empresas mediáticas. Nunca como ahora, los medios son reconocidos en México como una dificultad en nuestra democracia. Es cierto, también, que nunca como ahora los grandes grupos comunicacionales, especialmente Televisa, han alcanzado tanta influencia social y tanto poder político. Precisamente por ello el nuevo gobierno, si logra mirar al país y hacia el futuro con una perspectiva de Estado y más allá de los diferendos y las ambiciones circunstanciales, podría reconocer que los medios se han convertido en un problema que es ineludible atender.

   Calderón llega al gobierno con una ventaja nada desdeñable. No les debe nada a Televisa ni a otras corporaciones mediáticas. Si se reconoce que en la cobertura de la campaña electoral esa y otras empresas, lejos de apoyar expresamente al candidato del PAN como en algunas ocasiones se ha llegado a suponer otorgaron espacios similares a los principales candidatos presidenciales –e incluso con ligera ventaja para Andrés Manuel López Obrador– se podrá advertir, entonces, que ni Televisa ni cualquiera de las firmas radiofónicas de alcance nacional tienen motivos para esperar del nuevo presidente un comportamiento propicio a sus intereses. Después de las elecciones, es cierto, la mayor parte de los medios respaldó el resultado del 2 de julio y puso en evidencia las exageraciones del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Pero es difícil sostener que su apretadísimo triunfo electoral el nuevo presidente se lo deba al respaldo mediático.

   Quizá en la contratación de publicidad el PAN y su entonces candidato presidencial se beneficiaron de algún comportamiento discrecional de los grandes medios. Es altamente posible que Televisa y otros grupos le hayan vendido a ese partido espacios de promoción política a precios menores a los que establecen en sus tarifas. Pero suponemos, a reserva de confirmarlo dentro de algunos meses cuando se haga pública información del gasto de los partidos durante la campaña de 2006, que esa actitud la tuvieron también con el PRD y el PRI. Por lo pronto, se ha conocido el enorme y posiblemente ilegal descuento que Televisión Azteca le ofreció a López Obrador al venderle el espacio para el programa que tenía todas las mañanas a un precio 40 veces menor a las tarifas que esa emisora le había entregado a la autoridad electoral.

   Así que, si quisiera, Calderón podría actuar sin ataduras ante los medios de comunicación. Otra cosa es que esté dispuesto a hacerlo. Nunca cuestionó la Ley Televisa y el de los medios no ha sido un tema sustancial ni en sus propuestas de campaña ni en los diagnósticos que ha presentado de la situación nacional después de las elecciones. Que se sepa, no ha reprochado la irregular composición de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones, la mayoría de cuyos integrantes favorecieron abiertamente los dictados de Televisa cuando se discutieron aquellas reformas en el primer trimestre del año.

   Todo pareciera indicar que el nuevo presidente no querrá enemistarse con los grandes medios y preferirá mantener la situación actual. Allí se podrá apreciar en qué medida el proyecto de Calderón implica una auténtica renovación política o simplemente la continuación, quizá con un oficio gubernamental que su predecesor nunca quiso ni supo tener, en la conducción y gestión de los asuntos públicos.

 

Poder de los monopolios

   La concentración de excesivos recursos en pocas manos es, por definición, atentatoria para la democracia. Más aún, se trata del desafío principal que hoy enfrentan las economías de mercado en todo el mundo. Dos semanas antes del inicio del nuevo gobierno en México la revista británica The Economist, en su edición fechada el 18 de noviembre, apuntaba que Calderón tendría la oportunidad de avanzar en el terreno de la democracia así como en el crecimiento económico siempre y cuando quisiera arriesgarse más que su antecesor enfrentando al poder de los monopolios, tanto públicos como privados. Entre ellos dicha publicación identifica al sindicato de maestros, a Pemex, a Telmex y a las empresas privadas de telecomunicaciones. Todos ellos, dice, son “vestigios del viejo orden que todavía detienen al país… bastiones de un poder incomprensible”.

   Si no quiere solamente administrar un país en donde las grandes corporaciones trafican, incrementándolos, con los privilegios que han solidificado durante décadas, el nuevo gobierno tendría que hacer lo posible para acotarlas creando espacios de regulación eficaces, favoreciendo el escrutinio público ante el desempeño de esos grupos y

sobre todo, auspiciando el surgimiento de nuevos actores. Televisa es, sin duda, la más poderosa de las empresas de telecomunicaciones a las que alude The Economist. El poder que acapara ese consorcio entorpece el desarrollo cabal de la sociedad y de la democracia pero, también, la gobernabilidad y las atribuciones del Estado.

   Si se decidiera, Calderón podría contribuir a establecer nuevos contrapesos ante ese poder comunicacional tomando medidas en temas como los siguientes.

 

   1. Nuevas concesiones de radio y televisión. Desde su campaña, el ahora presidente Calderón anticipó que entre sus primeras decisiones estaría la apertura de nuevas frecuencias. Una de las 100 medidas de su gobierno establece: “Se identificarán las ciudades susceptibles de ser atendidas con nuevos servicios de radio y televisión, tanto comercial como cultural, educativa, comunitaria y oficial, a efecto de iniciar los procedimientos de licitación pública o permisionarios, según se trate, durante el primer semestre del 2007”. Es pertinente que en ese compromiso se reconozca la diversidad de opciones que hay y que debiera incrementarse en la televisión y la radio. Pero la necesidad de nuevas emisoras no existe únicamente en las localidades del país en donde no hay pocas frecuencias activas. Incluso en las ciudades y regiones más grandes, la preponderancia de unos cuantos grupos radiofónicos limita la pluralidad de opciones a la que tienen derecho televidentes y radioescuchas.

   Las nuevas frecuencias tendrán que ser asignadas por licitación. Las actuales disposiciones en esa materia, resultado de la Ley Televisa, le permiten al gobierno decidir las reglas y los beneficiarios de tales subastas tomando en cuenta únicamente la postura económica que presenten los interesados. Si así ocurriese, el gobierno de Calderón estaría convalidando la preponderancia del dinero sobre cualquier otra consideración para acceder al derecho a comunicar en nuestro país.

   El gobierno, sin embargo, puede añadir otros criterios para definir el resultado de las licitaciones de frecuencias. Se podrían considerar el perfil profesional, la experiencia en materia de comunicación, el carácter innovador y sobre todo la diversidad en las propuestas que presenten los interesados en tales concesiones. Aun con la retorcida legislación actual, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene facultades para orientar la realización de esas licitaciones e incluso para suspenderlas si considera que no se han presentado propuestas satisfactorias.

 

   2. Frecuencias para quienes realmente quieren operarlas. Varios grupos de radiodifusores que tienen frecuencias en la banda de Amplitud Modulada han insistido para que, además, se les asignen canales en Frecuencia Modulada. Las radios “combos”, como sus posibles beneficiarios le han llamado al otorgamiento de una frecuencia en FM por cada una de las que tienen en AM, se han convertido en exigencia pertinaz que, sin embargo, no tiene sustento legal alguno. El hecho de tener una frecuencia no le confiere a nadie el privilegio, solamente por esa circunstancia, de contar con otra más.

   Los radiodifusores interesados en ese beneficio sostienen que la banda de AM ya no es negocio. Tanto por calidad en la recepción como por la existencia, dicen, de audiencias más numerosas, el negocio ahora se encuentra en la FM. Aunque en otros sitios del mundo la Amplitud Modulada no ha sido desdeñada como espacio de comunicación y negocio, podríamos suponer que a los radiodifusores mexicanos les va mejor en la FM. De ser así, ¿por qué se empeñan, entonces, en conservar las frecuencias que tienen en Amplitud Modulada? Ante esas peticiones, el nuevo gobierno federal podría asignarles frecuencias de FM a los radiodifusores que ya no consideran redituable a la AM. Pero no habría motivo para que se quedasen con las estaciones en AM. Esas frecuencias podrían ser reasignadas a otros empresarios, o a grupos e instituciones culturales y comunitarios que quisieran aventurarse a difundir en la menospreciada banda de Amplitud Modulada.

 

   3. Reglamentar traspasos y “ventas” de concesiones. La Ley Federal de Radio y Televisión permite el traspaso de concesiones siempre y cuando sea autorizado por el gobierno federal. En los hechos, la autoridad se ha limitado a consentir esas transacciones sin vigilar escrupulosamente el cumplimiento, en todos los casos, de las disposiciones que existen para ellas. A menudo los empresarios que compran y venden estaciones simplemente informan de ello al gobierno. Apenas en julio pasado el Grupo Imagen le compró al empresario Raúl Aréchiga la concesión del Canal 28 de la ciudad de México, a partir del cual ese consorcio mediático quiere establecer una cadena nacional de televisión. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se limitó a tomar nota de una operación harto discutible. Si la ley se hubiera aplicado con esmero, desde tiempo atrás Aréchiga habría perdido esa concesión que nunca utilizó y cuya inutilidad ha implicado el despilfarro de un bien nacional como son las frecuencias radioeléctricas.

  

   4. Acotar a la COFETEL.   En el terreno de la regulación, el gobierno mexicano dispone de un amplio margen frente a la Comisión de Telecomunicaciones. Uno de los defectos de la Ley Televisa era, precisamente, la autonomía de pacotilla que se le otorgaba a esa Comisión la cual, en cada una de sus atribuciones relevantes,  continúa supeditada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A través de esa dependencia, si quisiera, el nuevo gobierno podría moderar las decisiones previsiblemente afines a los intereses de Televisa que tome la mayoría de los miembros de la Comisión. Lo deseable sería, desde luego, que tuviéramos una Cofetel verdaderamente independiente. La que existe hoy no lo es porque sigue orgánica y jurídicamente supeditada al gobierno pero, sobre todo, porque varios de sus integrantes son reconocidos personeros de Televisa.

 

   5. Recuperar tiempo fiscal y emplear racionalmente el tiempo estatal. Con el decreto del 10 de octubre de 2002, el presidente Vicente Fox privó al Estado mexicano del 90% del tiempo del cual disponía en la televisión y del 80% del tiempo al que tenía derecho en la radio. Con otro decreto –si quisiera– el nuevo gobierno podría recuperar todo ese tiempo o parte de él. Como es altamente posible que no quiera, de cualquier manera hay mucho por hacer tanto para reglamentar como para organizar el uso de ese tiempo. Esos espacios son del Estado y no solamente del gobierno, como con oportunidad la Cámara de Diputados le recordó al presidente Fox. Pero si está claro quiénes pueden usar el tiempo fiscal, lo que sigue siendo ambiguo es para qué se debe aprovechar ese espacio que, en los términos actuales, significa 18 minutos diarios en cada televisora y 35 en cada estación de radio.

   El tiempo fiscal se añade, como es sabido, a los 30 minutos que, de acuerdo con la Ley vigente, cada estación de radio y televisión debe otorgar para programas oficiales o culturales. La administración de ese tiempo siempre se ha realizado con la mayor arbitrariedad y el gobierno de Fox no fue la excepción. El tiempo fiscal y estatal podría organizarse de manera racional y eficaz para difundir contenidos distintos a los de índole únicamente comercial. Sería preciso, antes que nada, dejar de utilizarlo en la difusión de obras y logros de instituciones estatales como sugerimos en el punto siguiente.

   Esos espacios podrían tener dos propósitos esenciales. El primero, sería difundir los mensajes de los partidos en temporadas de campaña electoral siempre y cuando sustituyeran a la compra de propaganda en televisión y radio. Una segunda y más frecuente utilización sería su aprovechamiento por parte de grupos de productores y organismos de la sociedad que no suelen tener acceso a los medios comerciales. Los espacios estatales podrían ser licitados entre grupos de esa índole en concursos discernidos por jurados de indudable imparcialidad. Ya existe el antecedente de los certámenes que organizó el IMER para asignar espacios en la Radio Ciudadana cuya programación, hoy en día, está definida por una reconocible variedad de voces, posiciones y preocupaciones.

 

   6. Terminar con la propagada gubernamental. México es uno de los poquísimos países en el mundo en donde el gobierno anuncia en los medios de comunicación sus proyectos y logros. La utilización y en muchos casos la compra de tiempo y páginas para ello sigue formando parte de un comportamiento autoritario y un tanto patrimonialista pero, también, jactancioso y provinciano.

   Al anunciar sus realizaciones el gobierno presenta solamente una parte de la realidad social y política porque nunca destina espacios a reconocer, o a discutir, lo mucho que ha dejado de hacer. Y en realidad lo único que consigue con tales espacios es manifestar que ha cumplido con su obligación porque las obras y acciones que anuncia las ha efectuado en ejercicio de sus responsabilidades.

   Suponer que al pregonar que los hospitales públicos atienden a los enfermos o que las carreteras tienen menos baches los ciudadanos aprobarán de manera automática al gobierno, implica creer que la publicidad moldea voluntades al margen del contexto en el que vive la gente. Y si así fuera, esos anuncios se justificarían todavía menos porque entonces formarían parte de una operación de manipulación por parte del poder político.

   Gran parte de esos espacios se difunden en ejercicio del tiempo fiscal y estatal. Otra, con un gasto cada vez más cuantioso, requiere de la contratación de publicidad comercial en la televisión y la radio –de la misma manera que en periódicos y revistas–. La compra y utilización de espacios para que el gobierno se haga publicidad no tiene justificación alguna. Pero no se trata de una práctica exclusiva de la administración federal. Gobiernos estatales y a veces también municipales, las cámaras del Congreso Federal, organismos como la Comisión de Derechos Humanos y las universidades públicas más importantes, destinan a la contratación de espacios publicitarios una porción a veces cuantiosa de sus presupuestos.

   La contratación de espacios de auto promoción se ha convertido, además, en una fuente de presiones, complacencias y connivencias entre esos gobiernos e instituciones estatales y los medios de comunicación.

   Modificar esa práctica tendría que ser resultado de una decisión tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales y las instituciones que hoy en día gastan miles de millones de pesos para ufanarse de los edificios que inauguran, los mexicanos pobres a los que piadosamente socorren o de los premios que han recibido, todo ello con cargo a recursos fiscales.

 

   7. Resolver situaciones irregulares. Desde hace varios meses la frecuencia del Canal 40 en la ciudad de México es manejada por Televisión Azteca sin que a esa empresa le haya sido asignada tal concesión. La confiscación que el consorcio de Ricardo Salinas Pliego hizo de esa frecuencia fue un despojo al concesionario original pero, también, al patrimonio de la Nación porque está utilizando esa señal sin autorización legal. La complicidad del gobierno del presidente Vicente Fox con Televisión Azteca, confirmada en el tortuoso desempeño de la SCT en el litigio alrededor del Canal 40, hizo posible esa apropiación. Si quisiera diferenciarse de tales prácticas, el nuevo gobierno federal simplemente podría emprender una revisión rigurosa de ese y de los casos similares que puedan existir y aplicar la ley.

 

   8. Medios auténticamente públicos. Sofocados por ingentes carencias presupuestales y sometidos a la posibilidad de que una decisión burocrática modifique sus derroteros o sustituya a sus autoridades, los medios de radiodifusión del Estado se mantendrán en una situación precaria mientras no tengan garantías institucionales para vivir con recursos suficientes y con la autonomía que requiere su trabajo profesional. Aunque esas limitaciones se deben en parte a la discriminación que les impone la Ley Federal de Radio y Televisión que les prohíbe apuntalar sus finanzas con la venta de espacios publicitarios, los medios del Estado podrían tener nuevo aliento si el gobierno del presidente Calderón viera en ellos un recurso para promover la diversidad mediática.

 

   9. Medios comunitarios. El desarrollo de las radiodifusoras comunitarias tendrá que ser resultado, fundamentalmente, del respaldo y la adhesión que encuentren en los núcleos sociales en los cuales y para los cuales han surgido. Pero el gobierno podría reconocer de varias maneras esa expresión saludable de una sociedad que quiere expresarse y que apuesta por la comunicación. Exenciones fiscales, créditos y facilidades para la compra de equipos, becas y apoyos para sus productores y sobre todo la eliminación de obstáculos administrativos como los que con tanta pertinacia se les impusieron a esas radiodifusoras en los años recientes, serían formas de respaldar su desarrollo. Tales medios, por su parte, además de ofrecer contenidos más profesionales podrían incursionar en otros espacios como la creación de canales de audio y video en Internet y (¿por qué no?) el establecimiento de televisoras comunitarias como hay en otros sitios de América Latina.

 

   10. Publicidad y contenidos en radio y TV: aplicar la ley. La legislación ahora vigente –tanto la Ley de 1960 como el reglamento que Fox expidió en 2002– son harto discutibles pero, con todo y sus abundantes defectos, tienen disposiciones cuya aplicación sería ventajosa para la sociedad. Actualmente no hay auténtica fiscalización sobre el tiempo permitido para la difusión de mensajes comerciales. La clasificación de programas suele ser desconocida por los televidentes. Muchos programas de concurso no respetan la dignidad de las personas. Los recursos de “baja comicidad” –prohibidos por la Ley– son el verdadero precepto que rige en numerosos espacios de Televisa y TV Azteca.

   Sería preciso revisar las multas establecidas para sancionar a los concesionarios que infringen tales disposiciones. Y aun sin esos cambios el gobierno podría inducir, con la ley en la mano, un comportamiento de las televisoras menos descomedido hacia la sociedad.

 

   11. Informar sobre los medios. En buena medida la discrecionalidad, la inmoderación e incluso la impunidad de muchos medios en México se ha debido al secreto en el que se desarrollan y se relacionan con otros poderes. El gobierno federal está obligado a mantener un Registro Federal de Telecomunicaciones en el que, además de los datos de cada concesión, podrían darse a conocer informes sobre las audiencias reales y el carácter de los programas que difunden los medios electrónicos. El gobierno federal también podría respaldar proyectos sociales y académicos para el estudio y la observación de los medios de comunicación.

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Palafreneros de las corporaciones mediáticas

El Estado y los medios en el sexenio de Vicente Fox

Publicado en Zócalo, noviembre de 2006

La tentación de asegurar que la política comunicacional del gobierno de Vicente Fox se resume en una frase, resulta abrumadora. Él mismo se encargó de acuñar esa expresión, paradigma de ignorancia y de indolencia ante uno de los dilemas mediáticos más significativos en el sexenio reciente. Aquel “Yo? ¿Por qué?” con que respondió en la sala de prensa de Los Pinos el 6 de enero de 2003 cuando el reportero Roberto López, de Canal 40, le pidió que interviniera para resolver la ilegal incautación de la antena transmisora de esa estación por parte de Televisión Azteca, exhibía la dejadez que Vicente Fox y su gobierno mantuvieron en su relación con los medios.

Desidia y desdén, pero también irresponsabilidad, son algunos de los rasgos de esa impolítica en el terreno de la comunicación por parte de la administración foxista. Y no deja de ser una paradoja, porque quizá ningún presidente en la historia de México hipotecó tanto el consenso de su gobierno y su propia presencia pública a la capacidad propagadora y persuasiva de los medios de comunicación como hizo, deliberada pero también improvisadamente, Vicente Fox.

Quizá él mismo creyó, como se dijo con cierta impremeditación en 2000, que las elecciones de ese año las había ganado gracias a la notoriedad que le dieron los medios de comunicación. La radio y especialmente la televisión dieron cabida a la diversidad de opciones en aquella campaña electoral pero no hubo relación directa entre la exposición mediática que lograron los candidatos presidenciales en 2000 y la votación que obtuvieron. La gente que votó por Fox no lo hizo fundamentalmente por haberlo visto en la televisión y ni siquiera por las propuestas específicas –que eran ciertamente escasas y pobres– que se comprometió a impulsar. El voto favorable al entonces candidato de Acción Nacional incluyó a los ciudadanos que desde tiempo atrás confiaban en el PAN, y estuvo incrementado por muchos mexicanos que simplemente buscaban un cambio en las enmohecidas estructuras de un presidencialismo aherrojado, por siete décadas, a la hegemonía de un solo partido.

Fox no ganó gracias a los medios pero los vio como instrumento insoslayable para gobernar. La pobre apreciación que tenía acerca de la sociedad mexicana le llevó a creer que el país podía dividirse entre una pequeñísima minoría de ciudadanos atentos a los asuntos públicos y una mayoría indolente, manipulable y fundamentalmente conformista. Siguiendo una maniquea explicación que el presidente le escuchó al empresario Ricardo Salinas Pliego, al primer segmento lo denominaba círculo rojo y allí se encontraría la gente que lee periódicos y quienes escriben en ellos, la clase política y algunos sectores de las clases medias ilustradas. Al otro lo llamaba círculo verde y en él se encontraba la mayoría de los mexicanos que atienden solo o fundamentalmente a la televisión.

Con esa esquemática apreciación del país que gobernaba, Fox resolvió hacer de los medios electrónicos la tribuna para anunciar, explicar y proclamar a los ciudadanos las decisiones de su administración. Todo gobierno contemporáneo tiene que entender a los medios como instrumentos fundamentales en la construcción y el sostenimiento de sus relaciones con la sociedad. Para ello los gobiernos diseñan políticas de comunicación que les permitan llegar a la gente a través de tales medios. Sin embargo, en lugar de hilvanar una política auténticamente digna de ese nombre, el gobierno del presidente Fox se echó en brazos de las empresas mediáticas más influyentes. Se trata del gobierno que, en México, más se ha interesado en los medios de comunicación. Y, al mismo tiempo, el que ha tenido una política comunicacional más hueca y débil.

 

Larga relación de conveniencias mutuas

Durante el viejo régimen priista, al menos hasta el inicio de la última década del siglo XX, los medios de comunicación padecieron una sujeción a veces económica y en otras ocasiones jurídica y/o política, al predominio de un Estado esencialmente autoritario. Esa situación comenzó a cambiar hacia 1990 y durante el último gobierno del PRI, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, los medios impresos experimentaron márgenes de libertad que no habían tenido por lo menos desde los años 30 de aquel siglo. En la televisión y la radio también había expresiones de mayor diversidad que en otros tiempos aunque, allí, el dique para una libertad más amplia era impuesto por los intereses corporativos y las conveniencias políticas de sus propietarios.

Esa libertad se mantuvo y en algunos casos se ensanchó durante el gobierno de Vicente Fox, no como grácil concesión del presidente sino porque los propietarios y operadores de los medios encontraron que la pluralidad, especialmente en asuntos de índole política, era mejor negocio que la uniformidad de otras épocas.

Los medios habían ganado, respecto del poder político, márgenes de autonomía. Durante el régimen priista las decisiones principales en materia de comunicación política eran tomadas de común acuerdo con los gobernantes en turno. Tácito y eficaz, el arreglo entre gobierno y medios privados implicaba que el primero mantuviera el monopolio del quehacer político en los espacios comunicacionales –al menos en los de carácter audiovisual– y los otros pudieran expandirse y hacer negocios con escasas o nulas restricciones.

Con la administración de Vicente Fox, en cambio, los propietarios y operadores mediáticos encontraron que no les hacía falta subordinarse a los intereses políticos del gobierno y no solamente por el talante de apertura –que desde luego hubo– en ese gobierno. Además la administración foxista se rehusó a tener una estrategia de comunicación que estableciera las pautas de su relación con los medios privados, las políticas que impulsaría en la relación de esos medios con la sociedad y la orientación que les conferiría a los medios estatales.

En ausencia de esa política de comunicación el gobierno de Fox actuó simplemente a partir de ocurrencias, ciñó sus decisiones mediáticas a veleidades personales, permitió una expansión desbordada y la actuación en ocasiones ilegal de las principales empresas de radiodifusión y, cuando ellas se lo exigieron, incluso hizo suyas las medidas reglamentarias y las reformas de ley que convenían al interés de tales corporaciones privadas.

Ese sí que constituyó un cambio en la relación entre el Estado y los medios. Durante la extensa fase autoritaria bajo la hegemonía del partido único, Estado y medios tenían un trato definido por beneficios mutuos. Uno y otros, conservaban una relación de socios. Pero en el sexenio de Vicente Fox el gobierno se subordinó a los imperios televisivos. El presidente y su administración se comportaron como palafreneros del interés de las corporaciones mediáticas.

 

Complacencia con intereses mediáticos

La obsesiva preocupación del presidente Fox y su gobierno para estar presentes en los escenarios mediáticos a los que atiende el círculo verde los llevó a dispensar excesos e incluso a dejar de aplicar la ley, con tal de beneficiar a las corporaciones comunicacionales, en varios momentos durante el sexenio 2000-2006.

Los episodios más escandalosos fueron ampliamente documentados. El decretazo del 10 de octubre de 2002 cuando el presidente Fox hizo suyos, promulgándolos, dos documentos elaborados por Televisa: se trataba del nuevo reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión que establecía más amplias facilidades para la expansión comercial de las empresas de ese ramo, así como del Decreto que redujo al 10% el tiempo fiscal del cual disponía el Estado en todas las estaciones de radio y televisión. La desidia gubernamental después de que, el 27 de diciembre de 2002, un comando armado enviado por Televisión Azteca asaltó la antena del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite propiciando una crisis que desembocaría, más de tres años después, en la aniquilación de esa opción que había en la televisión mexicana. El desentendimiento también del gobierno cuando, en diciembre de 2005, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que, por beneficiar notoriamente a las empresas de radiodifusión que ya existían, fueron denominadas como Ley Televisa. Esos y otros acontecimientos anunciaron, reiteraron y confirmaron no solamente la ausencia de una política propia en el campo de la comunicación sino, peor aún, la incondicional complacencia que el gobierno del presidente Fox había resuelto mantener respecto de los intereses de los consorcios mediáticos.

 

Dispendios, condescendencias, omisiones

Otros episodios, menos notorios, refrendaron esa decisión.

- El cuantioso gasto del gobierno federal para comprar publicidad en estaciones de televisión y radio, a pesar de los espacios de los que disponía tanto en virtud del tiempo fiscal como gracias a la disposición legal que le otorga al Estado media hora diaria en cada estación, constituye un dispendio injustificado y cuyo monto preciso ha seguido siendo incierto.

- La constante displicencia que la Secretaría de Gobernación mantuvo durante todo el sexenio respecto de las cotidianas transgresiones que cometen centenares de empresas de radiodifusión pero muy especialmente las televisoras nacionales cuando, por ejemplo, la publicidad que transmiten rebasa los límites máximos que establece la ley, o cuando se difunden anuncios como si se tratase de contenidos que forman parte de la programación de esas estaciones.-

- En junio de 2004 el gobierno les regaló a los concesionarios de televisión una frecuencia más, por cada una de las que ya tenían, para que emprendieran pruebas de televisión de alta definición. Dos años más tarde la Ley Televisa revalidó ese inusitado obsequio al dejar en la imprecisión los procedimientos y plazos para que los concesionarios le regresen al Estado, algún día, esa frecuencia adicional.

- En junio de 2005 la Secretaría de Gobernación –pocos días antes de que Santiago Creel dejara de encabezarla– le obsequió a Televisa la concesión para instalar 65 casinos.

- También en 2005, la intervención de Comunicaciones y Transportes para impedir que el dueño de Canal 40 recibiera de la empresa General Electric un préstamo que le hubiera permitido resolver la huelga que mantenía cerrada a esa emisora, constituyó un respaldo efectivo a Televisión Azteca que terminó apropiándose de dicha estación.

- Las oficiosas gestiones gubernamentales para que el empresario Olegario Vázquez Raña se quedara con la concesión del Canal 28 en la ciudad de México, a partir del cual quiere establecer una cadena nacional, pudieran entenderse como resultado de un convenenciero tráfico de influencias y están muy distantes de los compromisos de transparencia que tanto abundan en los discursos oficiales.

La enumeración de canonjías que el gobierno les ha procurado a los consorcios mediáticos, así como los excesos que les ha permitido al punto de abstenerse cuando tenía que haber aplicado la ley, hacen imposible considerar que el gobierno de Fox haya tenido una política para los medios de comunicación. La única estrategia fue la ausencia de política y, ante esa omisión, las decisiones más importantes en materia de comunicación no estuvieron determinadas por los principios jurídicos que soportan al Estado mexicano y mucho menos por el interés de la sociedad.

 

Mezcolanza entre vida pública y privada

Un balance más amplio de la relación entre el gobierno de Fox y los medios tendría que incorporar las extravagancias que definieron el comportamiento público –en el cual incorporaron asuntos propios de su vida privada– del presidente y su familia. La irrefrenable atracción que Fox tuvo hacia los micrófonos y las cámaras, la desfachatez con que Marta Sahagún –primero vocera y a la postre esposa presidencial– utilizaba escenas de esa relación personal con fines de propaganda, la contratación de asesores que impusieron a la discusión y al tratamiento de la imagen presidencial recursos de la más estrambótica índole (desde charlas motivacionales hasta invocaciones esotéricas, pasando por un asesor presidencial que estaba convencido de que la llegada de Fox al poder político era resultado de influencias extraterrestres) todo ello fue parte de un pintoresco retablo de torpezas profesionales, inexperiencias políticas e incluso abusos patrimoniales que contribuyeron a definir la impolítica comunicacional de esa administración.

En su afán para congraciarse con los medios pero sobre todo en la confusión que mantuvieron entre presencia política y mediática, así como entre sus ámbitos privado y público, el presidente Fox apareció en cámaras imitando a cómicos de la televisión e incluso rivalizando con ellos y su señora esposa cocinó para los televidentes, aconsejó a las mujeres y aspiró a desempeñar el trabajo de su marido, entre muchas otras comparecencias electrónicas.

Al final del sexenio la relación de los Fox con los medios de comunicación había quedado maltratada por la difuminación de las fronteras entre los ámbitos del gobierno y del interés mediático. Pero

más allá de episodios anecdóticos, el involucramiento personal de la señora Sahagún de Fox para gestionar asuntos según la conveniencia de las corporaciones mediáticas señaló el compromiso o al menos la anuencia del presidente para que el interés de las televisoras prevaleciera sobre el interés público.

 

Medios estatales, libertad sin respaldo

El haz cuestionable de la impolítica comunicacional del gobierno de Vicente Fox está repleto de episodios como esos. En el envés de ese panorama hay momentos de avance –ciertamente muy pocos– en el camino hacia una comunicación de y para la sociedad. Quizá la más importante decisión en ese terreno haya sido el reconocimiento legal de una docena de radiodifusoras comunitarias que debieron enfrentar la ignorancia oficial, el encono de los directivos de la radiodifusión comercial e incluso una vulgar campaña mediática en donde, con distorsiones y engaños, se las presentaba como nidos de subversión. Esas radiodifusoras y sus representantes supieron documentar sus argumentos, presentaron nutridos expedientes para satisfacer complejas exigencias técnicas y jurídicas y mantuvieron una inteligente presencia pública hasta conseguir el reconocimiento oficial. La decisión de presidente Fox para autorizar esos permisos, fue una ligera pero quizá intencional zancadilla a los dirigentes de la radiodifusión privada que habían hecho de la persecución a las comunitarias una desmedida causa política.

Esa decisión para reconocer a las radios comunitarias señaló una vertiente contradictoria con la política de complacencia e incluso subordinación al interés de la radiodifusión privada que fue el rasgo sobresaliente en la administración del presidente Fox. La anuencia para darle autonomía administrativa a la agencia de noticias Notimex y la efectiva libertad con que se desempeñaron los medios propiedad del Estado fueron parte de esa conducta que posiblemente, más que buscar contrapesos a los espacios de comunicación comercial, obedecía al desinterés del gobierno por los medios que se encontraban en sus manos.

Cada una de esas actitudes tiene sus respectivos bemoles. Las radiodifusoras comunitarias no hubieran estado apremiadas para buscar desesperadamente su registro legal de no haber sido por el acoso que, a comienzos del sexenio, el propio gobierno federal emprendió contra ellas y que incluyó amagos directos por parte de efectivos del Ejército Mexicano. La autonomía de Notimex fue larga e incluso tortuosamente discutida dentro del gobierno, en un proceso que desgastó a la agencia y sus defensores aunque desembocó en la aprobación de un nuevo estatuto legal.

El gobierno mismo respetó a los medios que se encuentran ubicados dentro de la administración pública y que, cabe subrayar, estuvieron encabezados por funcionarios que entendieron la importancia de construir una comunicación auténticamente pública. Directivos como Lidia Camacho en Radio Educación, Enrique Strauss en Canal 22, Julio di Bella en Canal 11 y muy especialmente Dolores Béistegui al frente del Instituto Mexicano de la Radio supieron comprometerse, cada uno con matices y contraluces, con proyectos comunicacionales distintos de la voracidad mercantil pero también alejados de la propaganda oficial. El gobierno del presidente Fox reconoció la libertad que se habían ganado esos medios y sus trabajadores pero no hizo esfuerzo alguno para proporcionarles mejores y mayores recursos.

 

Postrados ante el poder mediático

Transcurrido ese sexenio de impolítica comunicacional por parte del Estado, aquella frase con la que el presidente rehuía su responsabilidad para que la ley se aplicara en el caso del Canal 40 resulta diáfanamente característica de tales insuficiencias. Para Fox los medios no eran un problema sino un instrumento. Y ese instrumento no lo quiso entender como recurso de la sociedad sino únicamente como amplificador de sus propias acciones y declaraciones. Cabe decir, no en su descargo sino para precisar el contexto en que se desempeñó, que la complacencia con el predominio de las corporaciones mediáticas no fue un error solamente del Ejecutivo Federal.

En los años recientes, si bien con significativas excepciones el Poder Legislativo, y sin excepción alguna todos los partidos políticos, coincidieron en resguardar el interés de Televisa, Televisión Azteca y otras empresas comunicacionales como si de ello dependieran el escaño, la curul, el registro o las prerrogativas. Como resultado de decisiones y omisiones suyas, el gobierno federal quedó postrado ante la preeminencia mediática. Pero junto con él, legisladores, dirigentes, secretarios de Estado y muy especialmente gobernadores y jefes de gobierno de todas las adscripciones políticas refrendaron, amplificándolo de esa manera, el poder de las televisoras. Prácticamente toda la clase política mexicana ha compartido, aunque no fuese de manera tan palmaria, aquel ¿Yo? ¿Por qué? con el cual se puede definir la relación entre el Estado y los medios en el sexenio de Vicente Fox.

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