Noticias, spots y elecciones

Un ejercicio antes del 2 de julio

Publicado en Zócalo de junio de 2006

Raúl Trejo Delarbre

Ceñidas, subyugadas, acotadas y, para muchos, determinadas por los medios de comunicación, las campañas rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de julio han sido escaparate de las miserias de una clase política que se consume en sus contradicciones y pleitos pero, también, negocio de los consorcios mediáticos y erogación desenfrenada –casi– con cargo a nuestros impuestos.

La contienda por los votos se ha convertido en disputa por puntos de rating. Tornados en espectadores más que en ciudadanos plenos, para cuando llegue el día de los comicios los votantes habrán sido saturados con centenares de horas de propaganda política y sabrán distinguir entre ademanes, acentos, reproches y berrinches de los candidatos pero sabrán mucho menos acerca de lo que harían si llegasen a la Presidencia de la República. El predominio del marketing sobre la política, así como el desplazamiento de las ideas por parte de las imágenes, se han convertido en rasgos tan palmarios de nuestra vida pública que señalarlos suele ser tomado como un gesto de candidez o como una redundancia innecesaria.

Tendríamos que ser ermitaños para no percatarnos de la profusión de anuncios políticos. Nadie escapa a ella. Todos estamos al tanto de las tentativas para concitar la simpatía de los electores pero sobre todo, de los vituperios mutuos que se prodigan candidatos y partidos en la que está resultando la temporada electoral más enconada en la historia de nuestro país.

La beligerancia de quienes disputan nuestros votos es parte de la competitividad que ha alcanzado el sistema político mexicano. La utilización preferente y casi exclusiva de los grandes medios da cuenta de la presencia social que tienen hoy la televisión y la radio. Las descalificaciones y los agravios que dominan en mensajes y declaraciones son expresión de los rezagos de una cultura política que no se ha desarrollado tanto como las reglas para la competencia electoral. El predominio de dimes y diretes manifiesta la pobreza de las plataformas programáticas pero, sobre todo, los escasos recursos argumentales de los principales candidatos o, si se quiere ver de otra manera, la ordinariez con que sus publicistas han decidido tratarse entre ellos y tratarnos a los ciudadanos.

 

Incertidumbre y hartazgo

Lo que nadie sabe, porque nunca habíamos estado ante unas elecciones tan reñidas como ahora, es de qué manera influirán las cataratas de mensajes, la sobre exposición mediática y las contrastantes expectativas que los medios nos dan a conocer con vistas al 2 de julio. Las encuestas serias, tan ignorantemente descalificadas en los meses recientes, permiten conocer qué opina la gente en un momento específico pero jamás sirven como oráculo. Es tan torpe negar su carácter de instrumento que –cuando están bien hechas– ayuda a entender a la sociedad, como esperar de ellas un vaticinio puntual sobre el comportamiento de los ciudadanos. El voto, especialmente en contextos de gran complejidad como el que tenemos ahora en México, está determinado por tantas condiciones que nadie puede pronosticarlo.

Los votantes de este julio tomarán su decisión para las urnas a partir de tantas circunstancias –experiencias, expectativas, entornos familiar, laboral y social– y acicateados por tantas emociones –ilusiones, recompensas, condenas y en esta ocasión al parecer de manera importante desconfianzas y miedos– que nadie puede aquilatarlas con precisión. No sabemos cómo influirán los torrentes de propaganda que la sociedad mexicana habrá recibido durante más de un año.

Los candidatos con más exposición mediática son, naturalmente, más reconocidos por los ciudadanos. Pero de la vista a la preferencia –del dicho, al voto– hay un largo trecho. En Italia, hasta hace poco, Silvio Berlusconi sustentó en una constante presencia televisiva las adhesiones populares que le permitían ganar los comicios. El ahora ex primer ministro prefería aparecer en pantalla sin tener que contestar preguntas. Estar en televisión era la vía preferente para permanecer en el poder político. Pero la intensa exposición mediática no siempre les gusta a los ciudadanos. Nunca sabremos cuántos de los votos a favor de otros candidatos en las elecciones de 1988 se debieron al hartazgo que suscitaba la intensa propaganda del PRI para promover a Carlos Salinas de Gortari pero seguramente no fueron pocos.

Relativa equidad noticiosa

Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo, mencionados en correcto orden alfabético, se han incrustado en la cultura social de los mexicanos. Entre enero y abril pasados, de acuerdo con datos del IFE, las campañas de esos tres personajes habían difundido alrededor de 646 mil segundos de espacios pagados en la televisión nacional y local. Se trata, en números redondos, de 180 horas, cada uno de cuyos 60 minutos nos costó más pesos y centavos de los que la mayoría de los mexicanos se imagina.

En la cobertura informativa las campañas de partidos y candidatos han saturado noticieros también, por lo general, con mensajes breves, imágenes fugaces pero reiteradas y declaraciones de machacona trivialidad. Entre el 19 de enero cuando comenzaron formalmente las campañas presidenciales y el 30 de abril, los noticieros nacionales de los canales de Televisa habían difundido 743 mil 300 segundos de información alusiva a los partidos y las elecciones. Se trata de 206 horas y media, de las cuales el 66% estuvieron destinadas a los tres candidatos principales.

En términos generales, a esos candidatos Televisa les dio una cobertura similar aunque con un 13% menos de espacio a Calderón en comparación con el que recibió López Obrador. En los noticieros de Televisa el candidato del PAN tuvo, en ese lapso, 151 mil 677 segundos; Roberto Madrazo ocupó espacios informativos por 165 mil 574 segundos y al candidato de la Coalición por el Bien de Todos y a los partidos que lo respaldan se les vio y/o escuchó durante 171 mil 280 segundos en los noticieros de esa empresa. Todos estos datos los hemos tomado, y en algunos casos sumado a partir de los monitoreos de noticieros encargados por el Instituto Federal Electoral.

Televisión Azteca, en todos sus noticieros nacionales y durante los mismos tres meses y medio, destinó a la cobertura de las elecciones federales un espacio sustancialmente menor al de la otra empresa: apenas 175 mil 222 segundos que son algo menos de 49 horas. De ellas, el 73% se refirió a los tres candidatos y partidos o coaliciones principales. La campaña de Calderón y el PAN tuvieron 42 mil 68 segundos; y la Alianza por México y su candidato Roberto Madrazo recibieron 47 mil 300 segundos, que constituyó la mayor porción en los noticieros de Azteca. En los noticieros de esa empresa –a pesar de que es cliente distinguido porque paga 30 minutos diarios por el programa matutino que tiene en el canal 13– López Obrador recibió menos espacio que sus contendientes: 38 mil 201 segundos, que representa un 24% menos que el espacio asignado a la información de las campañas de Madrazo y el PRI.

Si sumamos los espacios que en sus noticieros les dieron a esos candidatos los dos consorcios de la televisión mexicana tenemos que del total del tiempo destinado a los partidos y al proceso electoral Felipe Calderón y su campaña recibieron el 21.1%. A Madrazo y su campaña les correspondió el 23.2%. A López Obrador y los partidos de su coalición, el 22.8%.

En ese mismo universo, la campaña del partido Nueva Alianza y su candidato, Roberto Campa, ocuparon el 3.8%. Y la candidata de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Patricia Mercado ocupó espacios similares, también con un 3.8% en números redondos. El 15% de los espacios en esos noticieros, dentro del tiempo dedicado a asuntos electorales, fue para informaciones destinadas a dos o más candidatos y el 10.1% a temas generales del proceso electoral.

 

Un ejercicio de comparación

Nadie puede anticipar de qué manera influirán en los ciudadanos los espacios pagados y la cobertura mediática de las campañas en este 2006. Pero, con los datos disponibles varias semanas antes del 2 de julio, es posible establecer algunas comparaciones que quizá resulten útiles.

En las tres gráficas que acompañan a este texto se comparan datos, por una parte, de una de las empresas encuestadoras más prestigiadas y, por otra, del Instituto Federal Electoral. El propósito de este ejercicio es cotejar el desarrollo en las intenciones de voto y en la opinión favorable a los principales candidatos con la suma de espacios pagados y de espacios informativos en los dos noticieros más relevantes de la televisión mexicana.

En cada una de las gráficas se presentan los porcentajes de intención de voto y de opinión positiva de acuerdo con los sondeos de las empresas GEA e ISA. Junto con esos datos, se muestra la cantidad de segundos contratada por los partidos en televisoras de todo el país y, de manera específica, la cantidad de spots pagados en televisoras nacionales y en horarios considerados como Triple A. Un dato final es el tiempo, también en miles de segundos, que los noticieros de mayor audiencia de la televisión mexicana –los que conducen Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre en Televisa y TV Azteca– les dedicaron a cada uno de esos tres candidatos. Los datos de encuestas disponibles no permitieron extender este ejercicio para los dos candidatos de partidos que apenas contienden por su registro –Nueva Alianza y Alternativa–. Al final de este texto explicamos las referencias de estas gráficas.

 

Calderón, repunte y dinero

En la gráfica relativa al Partido Acción Nacional y Felipe Calderón se pueden observar los vaivenes iniciales en la intención de voto por ese candidato (del 30% en enero, a la caída de varios puntos en los dos meses siguientes para recuperarse con 35% en abril). La cobertura en los dos noticieros monitoreados corre casi idéntica a la intención de voto durante dos meses y medio hasta que, a diferencia de aquella, declina en abril.

 

 

 

 

 

 

La contratación de spots por parte de esa campaña asciende de 24 mil segundos en enero (hay que recordar que el monitoreo del IFE solamente cubrió las dos últimas semanas de ese mes) a más de 60 mil en febrero, pero disminuye a 46 mil en marzo para repuntar a más de 70 mil en abril. Los anuncios en horarios AAA y en cadenas nacionales se duplican entre marzo y abril, con incrementos notoriamente mayores a los que experimenta la intención de voto por Calderón.

Podría considerarse que tan intensa tarea publicitaria le reditúa más simpatías que sufragios comprometidos a ese candidato. Mientras las opiniones positivas crecen 13% –de 46% a 59%– entre febrero y abril, la intención de voto aumenta 8%. Casi el 60% de los ciudadanos tenía una buena imagen de Calderón pero solamente el 35% estaba convencido de votar por él.

 

Por otra parte, el esfuerzo propagandístico de esa campaña era muy superior a la intención de voto y aunque sin duda están relacionadas, no puede establecerse una vinculación mecánica entre esas variables. En marzo, cuando los anuncios pagados disminuyeron alrededor de 25%, fue cuando comenzó a incrementarse la presencia electoral de Calderón. Y, casi coincidentemente, pareciera que mientras más puntos porcentuales tenía en las expectativas de voto menores eran los espacios que le daban los principales noticieros de la televisión. Eso, al menos, hasta que terminó abril.

 

 

 

PRI: más spots, menos AAA

Los datos que registramos para la campaña de Roberto Madrazo y el PRI ofrecen una tendencia constante con una excepción significativa. Todos los indicadores de la presencia pública de ese candidato fueron a la baja entre enero y abril. La intención de voto cayó del 25% al 22%. La opinión positiva disminuyó también 3 puntos. La cobertura en los dos noticiaros estudiados bajó de 24 mil a 22 mil segundos entre febrero y abril.

En cambio la propaganda pagada de Madrazo y los partidos que lo respaldan (el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista) aumentaba con notoria y seguramente costosa intensidad. Mientras entre febrero y abril los minutos de publicidad de la campaña de Calderón se incrementaron solamente 16% y, como veremos, los de López Obrador disminuyeron a más de la mitad, los spots de la Alianza por México y Madrazo prácticamente se cuadruplicaron. De 27 500 segundos en febrero, pasaron a casi 45 mil en marzo y a casi 103 mil en abril. La campaña de Madrazo buscó espacios de menor precio pero más abundantes y por eso los anuncios AAA son pocos, apenas 924 en abril en contraste con 1177 de López Obrador y 2076 de Calderón.

La campaña de Madrazo confirma, por lo menos en el periodo que hemos mencionado, que más propaganda no implica necesariamente más votos. La presencia mediática es fundamental para cualquier candidato que quiera llegar a la Presidencia. Pero nunca es suficiente.

 

AMLO, tropiezo y enmiendas

Tampoco hay correlación visible entre el gasto en publicidad y las adhesiones electorales para Andrés Manuel López Obrador. En enero, cuando se registró la menor cantidad de anuncios pagados, el candidato del PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo tenía una intención de voto del 30%. Y mientras más aumentaron los segundos de espacios financiados con los recursos fiscales puestos a disposición de esa coalición más caían, aunque fuera ligeramente, las expectativas de voto.

Extrañamente, en abril la publicidad pagada por la Coalición por el Bien de Todos disminuye a la tercera parte de la que había sido contratada el mes anterior –de más de 47 mil a 15 mil 300 segundos–. En algunas informaciones de prensa se ha publicado que el PRD se quedó sin dinero. Sin embargo, como es sabido, gran parte de los anuncios políticos en los medios electrónicos los partidos los pagan varios meses después haber sido transmitidos. Por otro lado, de acuerdo con la información que en cumplimiento de una disposición legal le entregó al IFE, hasta el 15 de marzo el PRD, en contratación de espacios en medios, había gastado 65 millones y medio de pesos.

Es mucho dinero pero resulta poco en comparación con los 115 millones que hasta esa fecha había gastado el PAN y los 126 y medio erogados por el PRI, según la misma información difundida por la autoridad electoral. Entre subsidios para sus actividades ordinarias y la contribución que entrega este año debido a la temporada electoral, en 2006 el IFE habrá de transferirles 1112 millones de pesos al PAN, 1493 millones de pesos al PRI y al PVEM que apoyan a Madrazo y 1258 a los partidos que respaldan a López Obrador.

A diferencia del total de espacios contratados por el PRD y aliados, los spots en horario AAA y en canales nacionales crecieron de 371 en febrero a 1177 en abril. Quizá los jefes de campaña de López Obrador decidieron, a la mitad del camino, comprar menos tiempo en televisoras de audiencias acotadas y adquirir más en los canales de más rating. Entre marzo y abril, por otra parte, el tiempo adquirido en televisión parece ser proporcional a la atención que los dos noticieros de más audiencia le dan a ese candidato. En tanto los minutos pagados en televisión se reducen, como veíamos, a una tercera parte, la atención de los espacios informativos disminuye en un 40% al pasar de 31 mil a menos de 19 mil segundos en los mencionados noticieros.

 

Competitividad vigente

 

Más publicidad y más aparición en noticieros no van de la mano con una mayor votación. Pero tampoco se contradicen con ella. La competitividad de las elecciones de este julio no puede medirse únicamente en minutos televisivos ni en simpatías por los candidatos, pero todos ellos son indicadores que ayudarán a entender cómo y por qué se habrán resuelto los comicios presidenciales de 2006. El ejercicio que aquí presentamos apenas muestra un fragmento del complejo panorama que ofrece el encuentro entre política y televisión. Pero quizá resulte útil para ampliar el análisis sobre nuestros procesos electorales y, acaso, para atajar anticipadamente algunos mitos sobre la relación entre votaciones y medios de comunicación.

 

 

 

 

 

 

Referencias de las gráficas

Intención de voto: Porcentajes tomados de la encuesta nacional GEA-ISA (Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas S.C.) en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2006. Los resultados expresan las respuestas a la pregunta “Si en este momento se celebraran las elecciones para Presidente de la República ¿por cuál candidato votaría usted si tuviera que elegir de entre…”. Porcentaje de respuestas directas, sin recalcular y sin asignar a los ciudadanos que no habían definido su voto.

Anuncios TV: Expresa, en miles de segundos, los resultados del seguimiento de anuncios promocionales de los partidos realizado por el Instituto Federal Electoral. Datos correspondientes a los periodos 19 al 31 de enero, 1 al 28 de febrero, 1 al 31 de marzo y 1 al 30 de abril de 2006. Se trata de la suma total de los spots pagados por los partidos o transmitidos con cargo al presupuesto del IFE en estaciones de televisión de todo el país y sin distinción de horarios. No se incluyen programas de los candidatos aunque se trate de espacios pagados. Los tiempos correspondientes a los anuncios del PRI los sumamos con los de la Alianza por México y del Partido Verde Ecologista. Los tiempos correspondientes a los anuncios del PRD los sumamos con los de la Coalición por el Bien de Todos y el Partido Convergencia.

Spots AAA: Indica la cantidad de anuncios pagados por los partidos y transmitidos en canales nacionales de televisión en horarios considerados como estelares. Los datos están expresados en centenas. Por ejemplo, cuando se indica que la campaña de López Obrador difundió 0.12 spots en enero y 11.77 en abril quiere decir que fueron de 12 y 1177, respectivamente. Los datos han sido tomados de los informes mensuales del IFE.

Opinión positiva: Expresa, en porcentajes, las respuestas positivas a la pregunta, acerca de los candidatos presidenciales, “¿Ha oído o no hablar de…? Es positiva o negativa la opinión que tiene de…?” en las encuestas mensuales de GEA e ISA.

Dos noticieros en TV: Indica, en miles de segundos, el espacio otorgado a los partidos y sus campañas en los dos principales noticieros de la televisión mexicana. Para este dato hemos sumado los datos ofrecidos por el monitoreo de medios realizado por el Instituto Federal Electoral en la medición, específicamente, de los noticieros nocturnos Noticiero con Joaquín López Dóriga del Canal 2 de Televisa y Hechos, conducido por Javier Alatorre en Canal 13 de Televisión Azteca.

 

 

 

 

Nuevas e insuficientes leyes de prensa

Publicado en Nexos de julio de 2006
Ahora en México los periodistas no pueden ser obligados a declarar judicialmente acerca de las fuentes que hayan utilizado para difundir una noticia. Por otra parte está en curso una reforma para que los delitos de calumnia y difamación no sean sancionados con cárcel sino con multas. Y no obstante, subsisten las penas de prisión por la publicación, en medios impresos, de contenidos que sean considerados atentatorios contra la moral y a la paz públicas. En la capital del país las personas ahora tienen derecho a decidir sobre la publicación de imágenes suyas excepto cuando hayan sido registradas en lugares públicos. Ese es el panorama que resulta de varias modificaciones simultáneas, poco difundidas y mal entendidas, que distintos órganos legislativos aprobaron en recientemente.

 

Despenalización

La Cámara de Diputados decidió el 18 de abril la supresión, del Código Penal Federal, de los artículos relativos a delitos de injurias, difamación y calumnia. Se trata, de acuerdo con el dictamen votado en San Lázaro, de “que sean los jueces civiles quienes resuelvan mediante sus resoluciones si los periodistas y comunicadores o alguna otra persona lesionan derechos de terceros, cometen algún delito, o perturban el orden público al difundir información u opiniones, imponiendo una sanción económica y no de prisión como lo contemplan estos artículos”.

En los artículos 350 a 363 del Código Penal Federal se establecían condenas de cárcel de hasta dos años a quienes hubieran sido sentenciados por difamación y de seis meses a dos años por el delito de calumnia.

 

Multas al daño moral

De manera simultánea, los diputados reformaron el artículo 1916 del Código Civil Federal, relativo al daño moral. A ese delito ya se le definía como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás”.

Ahora se establece, además, que comete daño moral aquel “que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien…” así como quien “ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona”.

La reparación del daño moral será establecida por el juez civil y además de una multa deberá incluir la rectificación o respuesta a la información que suscitó la demanda “en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio”.

Aparentemente con esas reformas, además de evitarse que los periodistas vayan a la cárcel por difundir informaciones y comentarios que puedan ser considerados como ofensivos, se les ofrece a los ciudadanos un recurso legal para inconformarse cuando han sido afectados personalmente por algún medio de comunicación. Sin embargo los legisladores añadieron dos salvaguardas para los periodistas. “La reproducción fiel de información –dice uno de los nuevos párrafos del artículo 1916– no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo”.

Y en el artículo 1916 bis se añadió la siguiente excepción: “En ningún caso se considerarán ofensas al honor las opiniones desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional”. En ese artículo se mantiene la salvedad, también a favor de los informadores, que existía desde 1982: “No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República…”

La despenalización de los delitos de opinión ha sido exigencia de periodistas y empresarios de la prensa y forma parte de una tendencia internacional para que las acusaciones por difamación o calumnia no sean motivo de intimidación o incluso encarcelamiento contra periodistas. Al dejar que un juez determine no solo si hubo falta sino el monto de la reparación, ciudadanos y medios disponen de un recurso legal para ventilar diferendos en ese terreno.

Las recientes reformas, sin embargo, conservan un preocupante margen de discrecionalidad e incluso implican una contradicción significativa. Para que haya daño moral se requiere que alguien comunique un contenido que afecte sustantivamente a una persona. El daño sería mayor mientras más personas se enteren de esa versión, tanto así que se prevé la rectificación pública cuando se trate de un asunto difundido en un medio de comunicación. Pero la excepción que ya existía en el 1916 bis del Código Civil protege de la acusación de daño moral a quienes han expresado opiniones como parte de sus tareas profesionales, entre ellos los periodistas. Y si la información que suscita la inconformidad de alguien aludido en ella simplemente reproduce lo que alguien ha dicho o publicado en otro sitio, el medio de comunicación queda exento de cualquier responsabilidad tan solo con citar la fuente.

Esa garantía es plausible porque protege la libertad de prensa. Así será más difícil que haya acusaciones legales como represalia contra periodistas que han publicado informaciones y denuncias de interés público. Pero gracias a los párrafos recientemente reformados, los medios que propaguen infundios e infamaciones podrían quedar eximidos de cualquier sanción. Si encuentro en la calle un panfleto en donde se dicen vulgaridades acerca de la vida privada de algún personaje conocido y lo publico en un diario o lo leo en un programa de radio indicando la fuente, podré ampararme diciendo que no hago mas que reproducir una información.

Olvidada ley de imprenta

La Cámara de Diputados turnó tales reformas al Senado pero este órgano legislativo no tuvo tiempo para desahogarlas en el periodo de sesiones que concluía junto con el mes de abril. Para tener vigencia deben ser aprobadas por ambas cámaras. Mientras tanto, todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados las reivindicaron como un gran avance.

La aprobación de esas reformas coincidió con la causa penal contra la periodista Lydia Cacho –en cuyo libro Los demonios del Edén se denuncia la complicidad de varios empresarios en negocios de pornografía con niños– y la demanda civil de la esposa del presidente Vicente Fox contra la revista Proceso por haber publicado documentos de las gestiones que realizó para obtener la nulidad de su matrimonio religioso.

Tales acontecimientos fueron el telón de fondo para que en el debate que precedió a esa aprobación la diputada Ruth Trinidad Hernández, del Partido Acción Nacional, dijera que “la protección al honor y reputación debe estar garantizada solamente a través de sanciones civiles y jamás, jamás, por la vía penal. Los lugares en donde todavía existen casos de denuncias por difamación y calumnia, por divulgación de información sobre temas de interés público, son espejo de la vieja doctrina que considera que los ciudadanos no deben criticar a los gobernantes”. María de Jesús Aguirre Maldonado, del Revolucionario Institucional, coincidió: “deben ser jueces de lo civil quienes resuelvan si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones; eliminado la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión”. Y Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, no dejó lugar a dudas: “nos congratulamos con la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias, cuya sola posibilidad intimidaba al informador”.

Todo eso es cierto. Pero diputadas y diputados que con tanta vehemencia festejaron esa decisión olvidaron que, además del Código Penal, los delitos de prensa son sancionados con castigos corporales en la Ley de Imprenta.

En ese ordenamiento se sanciona con cárcel de 8 días a 6 meses los ataques a la vida privada, de 6 meses a 2 años las injurias “que causen afrenta ante la opinión pública” y con prisión de uno a seis meses los ataques a la moral. Los ataques a la paz pública (entre los que se encuentran aquellos “con los que se injurie a la nación mexicana o a las entidades políticas que la forman”) pueden ser castigados con cárcel de hasta dos años.

Así que la despenalización de los delitos de prensa ha sido solamente parcial. Las faltas de esa índole tendrán que castigarse con multas si ocurren en radio o televisión pero ameritarán cárcel cuando, por haber sido cometidas en un periódico o una revista, son denunciadas con apoyo en la Ley de Imprenta.

Vetusta e impregnada de una moralina decimonónica, la Ley de Imprenta cumplirá 90 años en abril próximo. Tan encandilados con la despenalización de algunos delitos a los diputados no se les ocurrió reformarla o, de plano, derogarla.

Secreto profesional

La misma Cámara de Diputados aprobó una iniciativa enviada por el Senado para que abogados, consultores, notarios, ministros de cualquier culto, periodistas, médicos y psicólogos sean eximidos de la obligación para “declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder”. En una reforma a los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal se estableció, para los periodistas, el derecho a no declarar en causas judiciales “respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado”.

El secreto profesional es una garantía crecientemente reconocida en distintos países aunque todavía hay sitios en donde los periodistas pueden ser enjuiciados por no revelar las fuentes de sus informaciones –como le sucedió recientemente a una polémica reportera de The New York Times–. El flanco virtuoso que implica proteger el secreto profesional de los periodistas tiene su contraparte en la posibilidad de que, amparados en ese privilegio, haya quienes publiquen mentiras o imputaciones falsas sin respaldarse en fuentes acreditadas.

Diez días más tarde, el 28 de abril, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la “Ley del Secreto Profesional del Periodista en el DF” en donde se establece que “todo periodista o colaborador periodístico que sea citado en instancias penales, civiles o administrativas tendrá el derecho a reservarse sus fuentes”.

 

Derecho de imagen propia

La misma Asamblea del DF derogó las disposiciones del Código Penal de esta entidad que establecían sanciones de cárcel para los delitos de violación de la intimidad, difamación y calumnia. En su lugar, fue aprobada la “Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al honor y la propia imagen” que garantiza derechos como los de intimidad, honor y el derecho de las personas a “para disponer de su apariencia autorizando, o no, la captación o difusión de la misma”. Allí se considera ilícita la difusión o comercialización sin su consentimiento de la imagen de una persona “a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público…”

Los derechos de privacía son importantes y delicados aunque, a menudo, también son resbaladizos. Su reconocimiento en la nueva ley es pertinente pero hay asuntos difusos como el derecho de personalidad al que se define así: “los bienes constituidos por determinadas proyecciones, físicas o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho, y que son individualizadas por el ordenamiento jurídico”. Además de dejarnos con cara de what? la ley recientemente aprobada para el DF resulta discriminatoria con los empleados del gobierno cuando considera que “los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones sometidas al escrutinio público”. Esa restricción resulta excesiva. El trabajo de una persona no debería ser motivo para que se le redujeran sus garantías individuales.

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Senadores vs. Ley Televisa

Comentario para Radio UNAM el 8 de mayo de 2006

Los recursos jurídicos contra la Ley Televisa no se han terminado. El jueves pasado, 4 de mayo, cuarenta y siete senadores presentaron en la Suprema Corte de Justicia una formal solicitud para que las reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones sean declaradas inconstitucionales.

La acción de inconstitucionalidad es un recurso previsto en el artículo 105 de nuestra Constitución Política que pone bajo la consideración de la Suprema Corte la posibilidad de calificar a una ley como contradictoria con esa Carta Magna y puede ser solicitada por al menos el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Quienes suscriben la petición para que la llamada Ley Televisa sea declarada inconstitucional constituyen una cantidad mayor, el 37% de los senadores de la República.

La demanda presentada por esos senadores, contenida en 147 apretadas páginas, identifica 21 violaciones a 27 artículos constitucionales tanto en el contenido como en la forma con que fueron aprobadas aquellas modificaciones legales.

La Suprema Corte encontrará numerosos motivos para respaldar la petición de los senadores. Los más relevantes son las disposiciones de la Ley Televisa que confieren a esa y al resto de las empresas que ahora disfrutan de concesiones de televisión el privilegio de utilizar tales frecuencias para, además, difundir otros servicios de telecomunicaciones. Esas prerrogativas, establecidas en beneficio de algunas empresas privadas, contravienen la soberanía del Estado sobre el espacio radioeléctrico.

La decisión de la Corte posiblemente tomará varios meses. Mientras tanto los ciudadanos y los sectores de la sociedad mexicana que han encontrado en la Ley Televisa motivos para considerarse agraviados, tienen mucho por hacer para extender y profundizar esas preocupaciones. Las universidades podrían encontrar en la Ley Televisa un caso paradigmático para estudiar el predominio que, en ocasiones, el poder mediático llega a tener por encima del poder político. Gracias a la iniciativa de profesores y estudiantes, la Ley Televisa ha sido discutida, y cuestionada, en numerosas escuelas y facultades de nuestra Universidad Nacional. Pero siguen echándose de menos, todavía, iniciativas institucionales para que en nuestra Universidad se examine de manera intensa y extensa, con toda la seriedad que este asunto requiere, el papel de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea.

Mercenarios de la imagen

Participación en la presentación del libro de Francisco Xavier Montero Lozano, Los mercenarios de la imagen. Mercadotecnia política vs. democracia. Siglo XXI, México, 2006, 160 pp.

16 de mayo de 2006

Habitualmente considerado irresistible, el poder de los medios tiene limitaciones y contradicciones. Una de las principales radica en la trivialización que el paso por los medios suele significar para los asuntos públicos y, de manera singular, el desplazamiento de las ideas y los proyectos por los slogans y las imágenes. En ese diagnóstico esencial radica la tesis más relevante de Francisco Xavier Montero Lozano en el libro que ahora presentamos. Los mercenarios de la imagen son aquellos que viven de maquillar mediáticamente a los personajes públicos, especialmente en temporadas electorales, en busca de la adhesión apantallada y aturdida de los ciudadanos. Empresas consultoras y asesores en marketing, operadores y propietarios de medios de comunicación e incluso los encargados de esos asuntos en los gobiernos y partidos, apuestan con tanta intensidad e interés a la imagen que entonces las ideas políticas quedan difuminadas o, de plano, desaparecen de los mensajes políticos.

El fervor por la mercadotecnia no involucra únicamente a especialistas y beneficiarios directos de ese negocio. Candidatos y dirigentes políticos, legisladores de todas las adscripciones partidarias y funcionarios de todos los niveles pero también autoridades electorales, directivos de instituciones universitarias, periodistas y académicos, suelen supeditar sus decisiones y agendas a las exigencias, cada vez más imperiosas, de los medios electrónicos y especialmente de las televisoras nacionales.

Los mercenarios de la imagen insiste en el carácter antidemocrático que implica esa sustitución de las propuestas por la propaganda y polemiza con aquellos que consideran que las motivaciones políticas de los ciudadanos ya no pueden ser explicadas por la sociología sino, ahora, por los datos que ofrece la demoscopia. Esos, en realidad, son algunos de los diversos instrumentos de los que dispone la indagación sociológica y su utilización no tiene por qué prescindir de los marcos metodológicos que ofrecen las ciencias sociales.

Para Francisco Xavier Montero, los esfuerzos para emprender una comunicación política distinta de la que ahora enfrentamos tendrían que buscar “la adopción de un esquema de propaganda” (p. 38) que difunda el pensamiento político de los candidatos. Plausible, ese propósito se enfrenta con el pragmatismo que, explicable aunque discutiblemente, emprenden todas o casi todas las campañas políticas contemporáneas. Convencidos de la omnipresencia y por lo tanto la omnipotencia que les atribuyen a los grandes medios, quienes definen y protagonizan las campañas apuestan fundamentalmente a la televisión a pesar de lo muy simplificadores que son sus formatos y los muy costosos que resultan esos espacios. Pero además, la intencional difuminación de sus posiciones políticas ha dejado a los partidos sin idearios que podamos considerar como auténticos proyectos de país. Las campañas políticas están ayunas de propuestas y no sólo debido a los imperativos de la mercadotecnia. Lo que programa no da, propaganda no presta.

El empleo de las técnicas de mercado con el propósito de conseguir resultados y réditos políticos es un hecho en la vida pública contemporánea. Esa realidad puede no gustarnos y podemos cuestionar severamente sus implicaciones. Pero resulta algo excesivo decir, como hace nuestro colega Montero, que “la mercadotecnia política es una farsa” (p. 45). Seguramente muchas de las definiciones que los ciudadanos toman ante las urnas y en el sostenimiento, la negación o la negociación del consenso que les brindan a sus gobernantes son inducidas por una gran variedad de circunstancias. El propio Montero, con perspicacia, discute en varios momentos de este libro, el lugar común según el cual Vicente Fox ganó las elecciones presidenciales de 2000 gracias a la mercadotecnia y a los medios. En decisiones como aquella hay complejos contextos sociales e históricos que pueden o no ser acicateados por los medios de comunicación.

La televisión y otros medios son muy importantes para hacer una campaña y nadie puede afirmar que basten, por sí solos, para ocasionar un resultado electoral. Pero no por eso la mercadotecnia es una farsa. Está repleta de trampas y equívocos, puesto que en su esencia se encuentra el propósito –repleto siempre de conflictos éticos– para mostrar los rasgos más persuasivos, afeitándolos cuanto sea posible, de una causa, un partido o un candidato. Precisamente porque hay que tomarla en serio, el libro de Montero ofrece una útil discusión acerca de los riesgos que corren una sociedad y un sistema político avasallados ante el sortilegio de las técnicas de mercado y la propaganda mediática.

Gracias a su propia experiencia en estas lides y al respaldo bibliográfico que identifica, Montero sostiene que la mercadotecnia conduce al abandono de la política. La sustitución de las ideas por las imágenes constituye la principal evidencia de dicha modificación sustancial en el quehacer político de nuestros días. Esa preponderancia de la imagen ha sido insistentemente señalada por autores como Giovanni Sartori y tiene innegables asideros en la realidad de países como el nuestro. Pero conviene discutir en qué medida la preocupación denunciatoria de ese y muchos otros observadores de la sociedad contemporánea, repentinamente encandilados por los medios, nos ha impedido aquilatar en todas sus implicaciones las peculiaridades de la política sustraída por la televisión.

Sartori es mejor ingeniero que comunicólogo. Me refiero a sus enterados trabajos de ingeniería electoral y sistemas políticos comparados. Cuando se ocupa de la televisión como nuevo eje de la vida pública, lo hace cargando de tal manera las tintas en la capacidad obnubiladora de ese medio que uno puede preguntarse si ese autor no magnifica, hasta mitificarlos, los atributos de la comunicación audiovisual. Decir que en la televisión ordinaria, de la misma manera que en las campañas políticas no hay ideas, resulta más sencillo que hacer un esfuerzo para identificar –por pobres y escondidas que estén– las ideas que subyacen en una y otras.

Montero escribe que “la mercadotecnia, con todo y el deterioro del vocablo, termina por ser instrumento práctico que sustituye todo contenido ideológico” (p. 100) y sin duda tiene razón cuando se comparan la confrontación de posiciones que antes podía identificarse en los partidos y sus campañas y la ausencia de precisiones programáticas que tan extendida parece hoy en día. Sin embargo, aun en las campañas políticas más mediatizadas, es factible advertir rastros de posiciones ideológicas. La mercadotecnia no es en sí misma una ideología, ni reemplaza a las que sostienen explícita o tácitamente los partidos. Entre otras, se puede reconocer una ideología que encuentra en el poder de los medios un nuevo paradigma para las relaciones con la sociedad y que, inclusive, admite que la clase política tradicional ha de aliarse, e incluso someterse, al poder de la comunicación de masas.

Esa ideología supone, aunque pocas veces abiertamente, una fetichización de los medios de comunicación y de los recursos –técnicos, políticos, profesionales– para modelar sus contenidos. Se trata de una suerte de mediofilia, vocablo cuya utilización no implica que seamos antagonistas de los medios pero sí críticos ante los usos y abusos que se hacen de ellos –incluso los abusos de quienes magnifican los efectos reales de tales medios–. Esa mediofilia puede ser una forma de ideología a la que es pertinente comprender a partir de los empleos específicos de recursos como la mercadotecnia política.

Conciso y directo, el libro de Francisco Xavier Montero contribuye a reflexiones y discusiones como ésas. Su publicación es de la mayor oportunidad en estos días de confrontación política intensamente mediatizada.

Termino estas apreciaciones con tres comentarios específicos a otros tantos enfoques del libro.

En las últimas páginas de su trabajo Montero considera que en 2000 el PRI perdió las elecciones debido, entre otros factores, a que sus dirigentes estaban acostumbrados a utilizar más la prensa escrita que los medios audiovisuales (136-138). Es cierto que, como dice el propio autor, los gobiernos posrevolucionarios carecieron de “una cultura comunicacional orientada a las masas”. Pero suponer que estaban más interesados en los medios impresos es concederles demasiado. Por una parte la relación que los gobiernos del PRI promovieron con los medios impresos fue, salvo excepciones, antitética de la discusión, la libertad de prensa y la información para los mexicanos. Y por otra en 2000, igual que en campañas anteriores, el PRI gestionó y consiguió una cobertura televisiva y radiofónica superior a la de otros partidos.

El segundo contrapunto que quiero establecer es acerca de las encuestas. Montero considera que no son “otra cosa que fuentes de trabajo para los despachos” encargados de hacerlas y que producen “información en la que nadie cree” (p 28). Pero si las identificamos nada más –pero nada menos– que como instrumentos que permiten conocer las opiniones de la sociedad o de segmentos de ella en circunstancias y momentos específicos, podremos revalorar la utilidad fundamental que las encuestas tienen tanto para el ejercicio del gobierno como en las ciencias sociales.

Y por último, queda el tema de qué sería pertinente hacer con el empleo de técnicas de mercado utilizadas para inducir resultados electorales o conductas ciudadanas. Aunque en algún momento llega a decir “pensamos que la mercadotecnia política debe tirarse a la basura” (p 135), Montero sugiere algunas opciones prácticas y, por otra parte, recuerda distintas propuestas para que el Poder Legislativo “pudiera ‘reglamentar’ los límites de la publicidad” sin que ello implicara restricciones a la libertad de expresión. Esa sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la incompleta e imperfecta transición política mexicana. La fórmula a nuestro juicio más completa sería impedir cualquier contratación de espacios para propaganda política en la televisión y la radio a cambio de que en esos medios, en tiempos estatales administrados por la autoridad electoral, se abrieran franjas horarias para que los partidos expusieran a la sociedad sus mensajes y propuestas. Los partidos no prescindirían de la mercadotecnia pero ella no saturaría las frecuencias y los medios dejarían de enriquecerse con cuantiosos recursos fiscales como los que ahora reciben a través de los partidos. Así se hace en varios países, entre ellos algunos de América Latina.

Propuestas como esa han sido discutidas en y por todos los partidos políticos nacionales pero el miedo a los grandes medios sigue determinando la agenda –o la ausencia de una auténtica agenda nacional– de sus iniciativas de Ley. La sumisión con que los tres partidos nacionales aprobaron la Ley Televisa, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, confirma el diagnóstico de Francisco Xavier Montero cuando escribe (p. 109) que el de la televisión se ha convertido en “un poder que intimida y que inhibe a la clase política”. A cambio de favores y connivencias –que por otra parte muy probablemente no cumplirá– Televisa contrató el voto de legisladores de todos los partidos. Ese retroceso es tan grave que no sería desatinado incluir a buena parte de esa clase política entre los mercenarios de la imagen.

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La mediocracia como nueva forma de gobernabilidad en la sociedad mexicana

Comentario del Dr. Javier Esteinou Madrid en la presentación del libro Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos celebrada el 9 de junio de 2005 en la UAM Xochimilco.

¿ Qué importancia tiene el estudiar los problemas de la comunicación en México ?, es una de las preguntas centrales que nos plantea Raúl Trejo Delarbre, en su interesante y oportuno libro denominado “Poderes Salvajes. Mediocracia Sin Contrapesos” y quién sobre esto nos responde que su relevancia surge desde el momento en que “el entendimiento de los medios implica, hoy, comprender las dimensiones del hombre. Los medios permean todas las actividades humanas de manera tan insistente, intensa y extensa, que el entendimiento de cómo funcionan, con que contenidos, intereses y resultados, es fundamental lo mismo para explicarnos las variaciones de la economía, que las tensiones de la política. Entender a los medios es necesario tanto para prever los alcances de la educación, como para apreciar el estado de la moral en nuestras sociedades. A diferencia de la metáfora de Mcluhan tenemos un sistema mediático que lejos de ser extensiones de los hombres, tiende a convertir a la gente en extensiones suyas. De allí la enorme importancia que tiene el estudio de la comunicación” (1).

 

Así, “estudiar a los medios implica examinar la principal fuente de influencias sobre las relaciones sociales, el factor más dinámico en la conformación de la cultura política, el instrumento más sobresaliente en la instrucción o confusión de nuestra población. Al mundo de hoy no se le puede entender sin los medios. Con ellos están imbricadas todas las nociones de futuro, desarrollo y progreso de nuestros países. Además, los medios constituyen el espacio privilegiado para la exposición de las ideas” (2).

 

Dentro de la importancia de estudio que tiene la comunicación como fuente de conocimiento de realidades super estructurales, tradicionalmente se han estudiado muchos ángulos de los medios, especialmente de la radio y la televisión, como han sido su papel como emisores, las alianzas que establecen, los mensajes que transmiten, su impacto sobre los auditorios, su evolución tecnológica, las consecuencias culturales que generan, su vinculación con el poder, etc. Sin embargo, sobre ésta última realidad se puede decir que habitualmente se ha analizado la función de los medios como fuentes de presión económica y política desde diversas perspectivas teóricas e históricas, pero que no se ha logrado conceptualizar cabalmente éste fenómeno dentro de la teoría del poder con nuevas categorías que expliquen el reciente lugar que ocupan en la estructura de creación y reproducción del poder nacional en el siglo XXI.

 
Es dentro de éste contexto que Raúl Trejo, realizando una síntesis de diversos pensadores contemporáneos, nos ofrece desde la perspectiva de la ciencia política y de la comunicación una nueva visión conceptual muy valiosa que nos permite entender la actual acción de los medios electrónicos, especialmente de la televisión, dentro de la nueva dimensión del poder que han alcanzado en la sociedad contemporánea denominada la Mediocracia. Sobre ésta realidad nos señala que la mediocracia es la hegemonía política, cultural e ideológica creciente que alcanzan los medios de comunicación y sus conglomerados mediáticos contemporáneos, sobre el Estado, el poder político, las instituciones públicas, y el resto de los organismos sociales o entidades tradicionales (3). En éste sentido, la mediocracia debe ser entendida como “una nueva forma de gobierno, dominada por los medios de masas que en los pasados treinta años emergieron en las naciones abundantes de información y que ahora se diseminan globalmente y se propagan a través de fronteras nacionales en la convergencia del entretenimiento, las cadenas de televisión, los gigantes de la computación y las telecomunicaciones, resultando en menos de una docena de grandes conglomerados corporativos globales que ahora han capturado mercados de interés de ciudadanos alrededor del planeta” (4).

 

De ésta forma, debido al ascendiente que tienen sobre la sociedad, a la formidable capacidad para propagar mensajes que han alcanzado, a la concentración de la propiedad de los principales canales, especialmente de la televisión, a la poderosa influencia política que han alcanzado, a las alianzas corporativas que han emprendido con los más diversos sectores, al empleo de tecnología informativa altamente compleja, a las grandes capacidades técnicas que han conquistado, a la estandarización y uniformidad de la comunicación y la cultura, al discurso unidimensional, y a la información homogéneamente manipulada, desigual, desequilibrada, y mercantilizada; todo ello ha hecho de los medios un poder paralelo, e incluso superior al que ejercen las instituciones políticas (5). Así, la mediocracia se ha convertido en el gobierno de los medios o controlado por los medios donde se establece una mediación irremediable e ineludible entre el poder político y la sociedad (6).

 

            Con la nueva macro concentración de éste super poder, los medios realizan, entre otras, las siguientes 30 funciones y efectos sociales (7):

 

1.- Son intermediarios entre la sociedad y el poder, entre los acontecimientos y los públicos, o entre los diversos segmentos que conforman la sociedad.

 

2.- Tienen un peso determinante en la conformación, orientación, modelación y acaparamiento del espacio público.

 

3.- Son el entramado inevitable para el ejercicio de la actividad pública.

 

4.- No crean la realidad, solamente la retratan y contribuyen a explicarla.

           

            5.- Contribuyen a formar gustos y estilos culturales.

 

6.- Tienen un papel indispensable en la formación de consensos en las sociedades contemporáneas.

 

            7.- Son un espacio insustituible para la discusión de las ideas y para la creación.

 

8.- Configuran la opinión pública. Los que no existe en los medios no existe. “Ser es ser bien visto por los medios” (8).

 

9.- Son contrapesos del poder institucional.

           

            10.- Legitiman o deslegitiman al sistema político y sus instituciones.

 

11.- Se constituyen en fiscales del poder y el resto de la sociedad.

 

12.- La desregulación se ha convertido en la principal bandera de las empresas de comunicación.

 

13.- Son un árbitro de acceso a la existencia política.

 

14.- Se constituyen en el referente de la dinámica política y estatal.

 

15.- Median la relación entre el sistema político y la ciudadanía.

 

16.- Se erigen en representantes de la opinión pública.

 

17.- Se mantienen como reguladores de los asuntos públicos.

 

18.- Edifican los hechos políticos.

 

19.- Fortalecen el televínculo y debilitan el vínculo partidario.

 

20.- Los ciudadanos suelen quedar reducidos a espectadores.

 

21.- Convierten la información en una mercancía sujeta a la racionalidad dominante del mercado.

 

22.- Convierten la privacidad en mercancía.

 

23.- Modifican o transgreden a su conveniencia los linderos entre la vida privada y la pública, entrometiéndose en la vida intima de las personas.

 

24.- Imponen la lógica del espectáculo a la cual debe ajustarse todo discurso.

 

25.- Banalizan la información por medio de recursos como la fragmentación, la simplificación, la teatralización, el show, los golpes de efectivización, etc.

 

26.- Generan confusión entre las informaciones y las opiniones.          

           

27.- Se aprovechan inmoderadamente de la explotación del sensacionalismo.

 

28.- No inventan los errores ni los abusos del poder político, pero en ocasiones se ocupan de enfatizarlo con provechosa ferocidad.

 

29.- Le dan preponderancia al escándalo y a la estridencia en el tratamiento de los asuntos públicos.

 

30.- Se empeñan en llamar la atención a costa de lo que sea, pues de esa capacidad de resonancia se deriva poder, influencias y ventas. Cualquier noticia la muestran como si se tratara de un asunto inédito o de significación histórica. Cada hecho ha de ser nuevo, cada declaración se pretende insólita, cada conflicto es presentado en ese estilo, como parteaguas pero sin contexto. Bajo ese prisma, los acontecimientos no son  expuestos como parte de procesos sociales e históricos, sino como si brotasen de manera repentina. En su afán de efectivismo, los medios suelen conferir a numerosos hechos cotidianos una preeminencia que por si mismos no tendrían” (9).

 

31.- Producen un incansable afán de trascendencia que muestra cada noticia como si se tratara de un asunto inédito o de significación histórica.

 

En síntesis, el homo politicus abandona el ágora para convertirse en el homo videns e insertarse en la Atenas mediática de nuestra sociedad moderna (10).

 

Sin embargo, el grado de poder conquistado no sólo los ubica como poderosas instituciones culturales que crean la mediocracia o la telecracia, sino que sobretodo los coloca como macro poderes, con débiles límites, controles legales formales y contrapesos sociales, y sólo excepcionalmente regidos por autocontroles de carácter ético, que les permiten desarrollarse con dinámicas propias, arrollando los intereses públicos, las garantías de los derechos de los trabajadores, los principios de transparencia y concurrencia, y los derechos sociales, condicionando fuertemente la esfera de los poderes públicos (11). Se han convertido en una mediocracia sin mediaciones (12).

 

Así, por la falta de límites y controles que los acoten se han transformado en poderes fácticos que, de hecho y no de derecho, alcanzan un peso político y social muy importante para influir sobre la dirección del país. Incluso cuando éstos poderes fácticos funcionan al margen de la ley o cuando las leyes no son suficientes para acotarlos, y cuando de ellos surgen abusos y exacciones de diversa índole en contra de los derechos ciudadanos, se convierten en poderes salvajes (13).

 

Con la conquista de éstas enormes cuotas de poder, de influencias y de presión sobre el Estado y la sociedad, los medios, como fuerzas salvajes, especialmente la televisión, han alcanzado, entre otros, los siguientes 15 posicionamientos políticos salvajes:

 

1.- Imponen la prevalencia de sus intereses por encima de las necesidades colectivas.

 

2.- Ejercen un poder inmoderado, prepotente e impune para someter al resto de los actores públicos a su voluntad.

 

3.- Posen grandes capacidades de resistencia y respuesta frente a las imposiciones del poder político.

 

4.- Se han situado por encima de los marcos jurídicos.

 

5.- Impiden o entorpecen el avance de las leyes en ésa materia que intentan modificar ésta realidad y definir sus compromisos con la sociedad.

 

6.- Los medios ya no son parte del espacio público, sino se han transformado en monopolizadores casi incontrolables de éste.

 

7.- Adquieren enorme capacidad para gestionar, propagar, imponer y manejar la agenda pública a su antojo, que no necesariamente corresponde a los intereses de la sociedad.

 

8.- Han obtenido un gran fuerza de influencia ideológica sobre los auditorios.

 

9.- En muchos momentos su poder ideológico se traduce en una gran capacidad de manipulación, deformación y seducción sobre la sociedad.

 

10.- No acostumbran considerar a sus destinatarios como ciudadanos, sino consumidores.

 

11.- Trivializan y empobrecen el debate político y la mayor parte de lo asuntos que se ventilan en el espacio público mediático.

 

12.- “Se constituyen en fiscales del poder y del resto de la sociedad. Son muy inquisitivos con todos, pero no suelen tolerar el menor escrutinio. Al estar al margen de mecanismos formales de rendición de cuentas, los medios de comunicación adquieren una impunidad de la que no disfruta ningún otro actor de la vida pública (14).

 

13.- Aunque suelen erigirse en interventores de todos los actores sociales y políticos, por lo general son refractarios a que se les examine con seriedad. Respecto de si mismos son complacientes, la autocrítica no es parte de sus hábitos.

 

14.- Modifican o transgreden a su conveniencia los linderos entre la vida privada y la pública, entrometiéndose en la vida intima de las personas.

 

15..- La diversidad de opciones queda limitada por la concentración de medios de comunicación.

 

Con todo ello, los medios electrónicos y en especial la televisión, como poderes salvajes, se han convertido en el principal problema y enemigo de la democracia (15). En éste sentido, la preeminencia que han alcanzado los poderes salvajes, como el de los medios, contrarían o limitan la soberanía derivada de las decisiones de la sociedad en las urnas, se constituyen en fuerzas paralelas a las que articulan el quehacer político institucional, para enfrentarse al enorme esfuerzo invertido en las transiciones democráticas como las que hemos presenciado en éstos años en México (16).

 

Pero, la cuestión central no radica en el funcionamiento autoritario de los medios, particularmente los electrónicos, ni en el hecho que tengan agendas privadas; sino fundamentalmente en la debilidad de la existencia de los contrapesos en el espacio público para equilibrarlos o limitarlos. Hoy en día, hasta los más fanáticos defensores del liberalismo a ultranza, reconocen que ningún mercado se regula a si mismo, sino que requiere de la intervención regulatoria del Estado (17). En consecuencia, su responsabilidad social debe ser igualmente paralela al poder histórico, político, cultural y espiritual que han conquistado sobre nuestra comunidad. Por ello, Raúl Trejo D. señala que es necesario que las fuerzas salvajes que han conquistado el poder fáctico de los medios quede acotado por normas y contrapesos sociales que modulen su relación y acción con la sociedad, entre los cuales, destacan los 10 siguientes:

 

1.- Se tienen que crear normas jurídicas muy precisas que acoten la responsabilidad social que deben cumplir los medios (18). En éste sentido, la disyuntiva es contar con un mercado comunicativo más o menos regulado o bien un mercado desregulado, es decir la jungla (19).

 

2.- Se pueden crear parámetros éticos complementarios al orden jurídico estricto, pero nunca éstos solos pueden normar el comportamiento colectivo responsable de los medios. Son sólo un apoyo paralelo en su autorregulación (20).

 

3.- Se requiere que sea regulada la concentración de las empresas comunicativas (21).

 

4.- Es necesario que protejan las prerrogativas individuales y sociales como el derecho de réplica y el respeto a la vida privada (22).

 

5.- Es indispensable “la defensa de los derechos de los ciudadanos mediante la existencia de reglas y de un Estado eficiente que las aplique para defender a la sociedad de los posibles abusos y prepotencias de los medios de comunicación. En la actualidad, no es mediante la censura o la supervisión previa de los contenidos en donde resulta necesaria la actuación estatal. En éstos tiempos el desarrollo de la democracia y las capacidades tecnológicas hacen indeseable, pero también imposible, la persistencia del estado despótico que decide que imágenes y mensajes podrán llegar a sus ciudadanos. La sociedad se ha ganado el derecho a ser considerada mayor de edad y no requiere de ningún cancerbero que fiscalice la literatura, el cine o las noticias que tiene derecho a conocer” (23).

 

6.- “Con reglas claras y consensos que favorezcan la variedad en condiciones de auténtica competencia, los medios pueden ser contrapesos los unos de los otros. Sin embargo, ese equilibrio no es suficiente, porque el interés mercantil que los anima, condiciona la programación y la orientación de los medios en manos privadas. Por eso otro recurso que tienen las sociedades contemporáneas para facilitar la diversidad mediática, así como la producción de contenidos no mercantiles, se encuentra en la existencia de los medios de comunicación de carácter público. Mientras más autonomía tengan respecto de los vaivenes en las instituciones gubernamentales -sin que por ello estén al margen del financiamiento estatal- estos medios podrán cumplir mejor con su tarea de hacer una comunicación distinta a la  que practican los medios privados” (24).

 

7.- Además de la existencia de los marcos legales, es necesario que exista supervisión del respeto a la ley por parte del Estado y la sociedad civil, pues no existe responsabilidad colectiva sin supervisión.

 

8.- Se requiere la observación y la acción organizada de consumidores de mensajes mediáticos, y de organizaciones y grupos civiles, preocupados por la transformación de los medios (25).

 

9.- Es necesario utilizar la red de Internet como un espacio público paralelo y libre para construir contrapesos y eventualmente contar con opciones a los contenidos de los medios convencionales (26).        

 

10.- Se requiere que los medios tengan contenidos útiles y creativos, independientemente de los criterios de calidad con que se les evalúe.

 

En síntesis, “la relación deseable que debe existir entre medios, leyes e instituciones políticas, es la de contar con un Estado democrático sustentado en la participación de los ciudadanos y reglas equitativas apoyadas en el reconocimiento de que las empresas de comunicación tienen derecho a hacer negocios, siempre y cuando su crecimiento no se oponga al derecho a la sociedad a contar con variadas opciones mediáticas” (27).

 

De aquí la gran importancia de leer y discutir el libro de Raúl Trejo Delarbre, “Poderes Salvajes. Mediocracia Sin Contrapesos”, que nos aporta elementos conceptuales fundamentales para conocer y vernos en el espejo de los medios electrónicos que hoy día tenemos en el país y señala algunos caminos políticos, jurídicos, culturales y éticos para superar ésta realidad autoritaria y construir nuevas bases de comunicación civilizatorias que permitan edificar una nueva sociedad mexicana más equilibrada en el nuevo milenio.

 

 

NOTAS.

 

               

 

(1) Trejo Delarbre, Raúl, Poderes Salvajes. Mediocracia Sin Contrapesos, Editorial Cal y Arena, México, D.F, México, D.F, 2004, pagina 29.

 

(2) Ibid, pagina 30.

 

(3) Ibid, paginas 16, 17 y 22.

 

(4) Ibid, pagina 21.

 

(5) Ibid, paginas 17, 18, 21, 37 y 195.

 

(6) Ibid, paginas 17 y 20.

 

(7) Ibid, pagina 16, 18 y 20.

 

(8) Ibid, pagina 173.

 

(9 14) Rojas, César, “Los Nuevos Populismos Mediáticos. La Relación Entre Ciudadanía, Medios Masivos y Política en Bolivia”, CIC Digital, No. 5 Madrid, citado por Raúl Trejo Delarbre en Poderes Salvajes. Mediocracia Sin Contrapesos, Editorial Cal y Arena, México, D.F, México, D.F, 2004, pagina 20.

 

(10) Ibid, pagina 192.

 

(11) Ibid, pagina 173.

 

(12) Ibid, pagina 200.

 

(13) Ibid, pagina 193.

 

(14) Ibid, pagina 200 y 2001.

 

(15) Ibid, paginas 13, 202 y 191.

 

(16) Ibid, pagina 191.

 

(17) Ibid, pagina 200.

 

(18) Ibid, pagina177.

 

(19) Ibid, paginas 196 y 197.

 

(20) Ibid, paginas 177.

 

(21) Ibid, pagina 37.

 

(22) Ibid, pagina 37.

 

(23) Ibid, pagina 37.

 

(24) Ibid, pagina 39.

 

(25) Ibid, pagina 201.

 

(26) Ibid, pagina 201.

 

(27) Ibid, pagina 39.