Versión revisada de la conferencia ofrecida en el seminario sobre las reformas a las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión organizado por la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM el 13 de febrero de 2006 en Ciudad Universitaria.
Uno de los desafíos mayores que enfrentan las sociedades contemporáneas es la creciente homogeneización de las ideas. La mundialización de las economías y la propagación de los contenidos culturales a escala planetaria han contribuido a extender lo que algunos autores han denominado como el pensamiento único. A comienzos de 1995 Ignacio Ramonet [1] identificó con dicho término a esa ideología de pretensiones universales que propone la supremacía de la economía sobre la política –y por supuesto del mercado sobre el Estado– y que ha sido alentada por los mayores organismos financieros internacionales. Reivindicaciones del mercado como orientador de la producción económica y las relaciones sociales han existido desde hace más de dos siglos. La singularidad del pensamiento único es que ha sido presentado como excluyente de cualquier otro parámetro para entender al mundo actual y sus cambios.
Ese pensamiento único pudo irradiarse y ganar legitimidad publicitaria a partir de la crisis de las ideologías que presenciamos desde 1989 cuando se derrumbaron los muros geopolíticos que mantenían segregada a Europa del Este y, especialmente, gracias a las adocenadas visiones de la realidad contemporánea que difunden los medios de comunicación de masas. En un texto que acaba de aparecer en España la filósofa y ex senadora europea Victoria Camps identifica al pensamiento único entre las tiranías que padece la televisión debido a la masificación de ese medio y a la preponderancia de contenidos de origen estadounidense. La concentración de los medios en pocas manos es una tendencia de la globalización contemporánea de tal manera, dice esa autora, que “son unos pocos intereses —o los intereses de unos pocos— los que, en último término, determinan el sentido y los contenidos de la comunicación en todo el mundo. Por lo que las sociedades, pese a hacer gala de la diversidad y la pluralidad, pese a poder ofrecer más cotas de libertad,
se vuelven cada vez más parecidas las unas a las otras” [2].
La preeminencia de los mismos gustos, preferencias, simpatías e incluso convicciones no sería cuestionable si no fuera porque, en las sociedades contemporáneas, no siempre existen condiciones para que la gente elija con libertad los contenidos, las informaciones y las opiniones que resuelva asumir. Las industrias mediáticas tienden a irradiar versiones únicas, excluyentes de otras, en los más variados asuntos. El ya mencionado Ramonet apuntaba en aquel texto de hace once años cómo los dirigentes políticos, los periodistas y otros personajes con visibilidad pública “retoman las principales consignas de éstas nuevas tablas de la ley y, a través de su reflejo en los grandes medios de comunicación de masas, las repiten hasta la saciedad. Sabiendo con certeza que, en nuestras sociedades mediáticas, repetición equivale a demostración” [3].
Telebasura en un salvaje
mercado audiovisual
La formidable capacidad que tienen para propagar versiones unilaterales o parciales de la realidad –o, dicho de otro modo, la intensa repercusión social que pueden alcanzar sus excesos o equivocaciones– son motivos suficientes para que los medios de comunicación de masas estén acotados por regímenes jurídicos capaces de propiciar la diversidad de contenidos a los que tiene derecho la sociedad y de sancionar, cuando los hay, los abusos que cometen las empresas de comunicación.
En ningún espacio de la actividad pública el mercado se basta para equilibrar, siempre, sus tensiones internas. En el campo de los medios, de acuerdo con la profesora Camps, “No es cierto, en ese ámbito concreto, que los intereses privados reviertan en beneficios públicos. No es cierto que no haya que introducir normas y criterios de calidad, de servicio al ciudadano o como quiera que los denominemos, para que los productos sean dignos y se perfeccionen. Abandonados a sus propias inercias, no sólo no mejoran, sino que degeneran. No otra cosa que la degeneración de determinadas programaciones es eso que hemos venido en llamar ‘telebasura’, y que es una tentación constante, y me atrevería a decir que creciente, de la televisión de masas” [4].
En todo el mundo las leyes para los medios establecen obligaciones, derechos, sanciones, responsabilidades y límites de acuerdo con el interés de la sociedad. La existencia, por ejemplo, de restricciones que buscan dificultar el acaparamiento de muchos medios en pocas manos, es uno de los recursos para propiciar que haya diversidad de emisores en la televisión y la radio. En México esas reglas no existen. El modelo de radiodifusión que ha prevalecido en este país ha sido de carácter mercantil, con intencional ausencia del Estado como promotor de contenidos distintos a los de índole comercial y con una legislación confeccionada al gusto de los radiodifusores privados.
En América Latina, para no ir más lejos, la televisión abierta suele tener una variedad que en México no hemos querido lograr. En Argentina las cuatro principales cadenas nacionales alcanzan, entre todas, el 43% de la audiencia; el resto se reparte en otros canales de televisión. En Brasil hay cinco cadenas nacionales, la más importante de las cuales tiene el 49% del rating. En Chile cinco cadenas nacionales ocupan, entre todas, el 42% de la audiencia de la televisión. En Venezuela hay cinco cadenas nacionales, la principal de las cuales tiene solamente el 34% del rating promedio.
En México, los canales de Televisa alcanzan el 71% de la audiencia y los de Televisión Azteca el 28%. Es decir, mientras los argentinos, brasileños, chilenos y venezolanos cuentan con cuatro o cinco opciones de televisión nacional, nosotros tenemos solamente dos. Entre Televisa y Azteca acaparan el 93 por ciento de las frecuencias concesionadas para televisión comercial. La telebasura existe en el panorama audiovisual de todo el orbe. Pero en México, a falta de reglas capaces de favorecer la pluralidad de opciones, la televisión de esa índole prolifera de manera salvaje.
Abandonada al garete de los intereses más poderosos, la radiodifusión mexicana no ha logrado constituir un auténtico mercado con la diversidad de enfoques y programaciones que supondría la existencia de competidores capaces de disputarse la audiencia de un país tan grande y heterogéneo como el que tenemos. En vez de ello hemos padecido el predominio de pocas y cada vez más concentradoras empresas, especialmente en el campo de la televisión. En el dial televisivo la sociedad mexicana no encuentra las opciones que podría ofrecerle un verdadero contexto de mercado sino, únicamente, la indigencia de contenidos que resulta del acaparamiento de frecuencias, audiencias e inversión publicitaria por parte de dos empresas.
Desde hace largo tiempo distintos segmentos de la sociedad, preocupados ante ese acaparamiento no solamente del espectro radioeléctrico sino además de las fuentes de información y esparcimiento disponibles ante los mexicanos, han considerado indispensable que el país tenga un marco jurídico moderno, capaz de reconocer y promover el desarrollo tecnológico pero, también, la multiplicidad de opciones y contenidos en los medios de comunicación electrónicos. La propuesta más completa al respecto fue elaborada por senadores de varias fracciones parlamentarias a partir del proyecto que algunas docenas de organizaciones sociales y académicas presentaron al propio Senado en diciembre de 2002. El proceso de discusión y el entrampamiento que experimentó esa iniciativa ha sido ampliamente conocido. En los años recientes, igual que desde hace casi tres décadas, las empresas de radiodifusión más importantes se empeñaron en obstaculizar el trabajo de los legisladores. Durante todo ese tiempo, prefirieron el régimen jurídico que desde 1960 ha sujetado la adjudicación de concesiones a la discrecionalidad del gobierno y que establece arcaicos criterios de supervisión sobre el desempeño de la televisión y la radio. Con precisión el investigador Roberto Gutiérrez encontró, al respecto: “Sin contrapesos y regulaciones efectivas, los medios han impulsado, a través de una espiral imparable, cambios cualitativos en el modelo de su relación con la autoridad pública, que han terminado por hacer fuertemente dependiente a esta última de la voluntad mediática” [5].
Una iniciativa engañosa,
convenenciera e insuficiente
La indolencia de los monopolios de la radiodifusión respecto de dicho régimen legal terminó a fines de 2005. El primero de diciembre de ese año la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad y sin reflexionar un solo instante acerca de ellas, una preocupante colección de reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. El apresuramiento con que actuaron los diputados al recibir el dictamen, eximirlo de la lectura reglamentaria y votar por él, todo eso en únicamente siete minutos, fue indicativo de la picardía de los promotores de esa propuesta y de quienes los convalidaron [6]. La sorpresa que sucedió a la decisión de los diputados se tradujo pronto en una informal coalición en la que concurrieron medios electrónicos e impresos que buscaban apartarse de la hegemonía de las televisoras, medios culturales y educativos, radiodifusoras comunitarias, organismos profesionales y académicos así como productores, escritores, periodistas e investigadores que coincidieron en manifestar una profunda alarma frente a la iniciativa que pasó de inmediato a la Cámara de Senadores [7].
Impulsada de manera tan vergonzante que se evitó su discusión en la Cámara de Diputados, la exposición de motivos de esa iniciativa estaba repleta de incorrecciones jurídicas e incluso contenía plagios a trabajos académicos [8]. En dicho proyecto, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones se le asigna la tarea de adjudicar concesiones de radio y televisión. Ese, en apariencia, es un paso delante respecto de la discrecionalidad gubernamental en la adjudicación de concesiones pero la mencionada Comisión permanece supeditada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En los criterios para ese otorgamiento de concesiones el único que se propone como obligatorio es la “contraprestación económica” que los interesados ofrecerían por el privilegio de administrar una frecuencia de televisión o radio; el proyecto de programación, la experiencia y la calidad anticipadas por el solicitante no serían necesariamente evaluadas. Por eso se ha dicho que esa propuesta somete las concesiones de radiodifusión al poder del dinero.
La mencionada iniciativa abunda en engaños. Aparentemente promueve la producción nacional independiente pero, al no definir ese concepto, deja abierta la posibilidad para que las empresas monopólicas les compren a sus propias filiales programas producidos con los mismos criterios que ya conocemos en la radiodifusión mexicana. Aparentemente modifica las reglas para la contratación de propaganda política pero sigue dejando esa tarea en manos de los partidos políticos y, a la autoridad electoral, como simple garante de las decisiones de cada partido. Aparentemente deja atrás la vieja y ominosa discrecionalidad en la relación entre gobierno y concesionarios pero solamente la disfraza e impone nuevos privilegios para quienes hoy en día acaparan la mayor parte de las frecuencias televisivas.
La innovación tecnológica, en vez de propiciar mayores opciones de contenidos, acceso e interactividad para la sociedad mexicana, se convierte en fuente de mayores negocios para esas empresas. Desde julio de 2004, por decisión del gobierno federal, los concesionarios que así lo solicitaron disponen de una frecuencia adicional a la que ya tenían para, en ella, emprender transmisiones de televisión digital de alta definición. Ese canal se asigna de manera temporal pero la iniciativa no establece los procedimientos para que dichos concesionarios, una vez cumplida la transición a ese modelo de televisión, regresen al Estado la frecuencia adicional. A falta de tales reglas, los concesionarios podrían quedarse con el doble de las frecuencias de las que hasta hace poco disponían.
Las nuevas tecnologías que hacen factible que haya más contenidos en menores espacios, lo mismo en soportes materiales que en el espacio radioeléctrico, ahora permiten que en las frecuencias que habían estado destinadas a la radiodifusión se puedan difundir, además, señales que conduzcan otros servicios –telefonía, transmisión de datos, Internet–. Esas nuevas opciones, los propietarios de las grandes televisoras y especialmente de Televisa las quieren aprovechar exclusivamente en su beneficio.
Las televisoras ahorrarían
miles de millones de dólares
El espectro radioeléctrico es uno de los recursos naturales más codiciados en las sociedades contemporáneas. A través de él se propagan las señales de telefonía inalámbrica, radiodifusión e Internet sin cables entre otros servicios. El costo de cada megahertz se cotiza cada vez más alto. En México, las empresas telefónicas han apostado grandes inversiones por utilizar pequeñas porciones de ese espacio. El senador Javier Corral Jurado ha recordado que en 1998, la subasta de espectro para los llamados Sistemas de Comunicaciones Personales –es decir, la licitación para que las empresas de telefonía móvil usufructuaran una porción del espectro radioeléctrico– concluyó en 5 millones de dólares el megahertz en el Distrito Federal [9]. Varios especialistas en el mercado de telecomunicaciones a los que consulté coinciden en que esa cifra es realista para evaluar el costo de las frecuencias radioeléctricas.
Cada canal de la televisión abierta, con los parámetros técnicos que se utilizan en México, se difunde en una banda de seis megahertz. Eso significa que en el Valle de México, en donde tiene los canales 2, 4, 5 y 9, Televisa ha dispuesto durante muchos años de 24 megahertz y recientemente de otros tantos, debido a la asignación de canales “espejo” para la transición hacia la televisión digital [10]. Esos 48 megahertz que Televisa usufructúa en la capital del país se complementan con los que corresponden a las repetidoras y filiales que tiene en toda la República. De acuerdo con sus propios datos, Televisa dispone de 258 estaciones (incluyendo 33 afiliadas) en todo el país. Si recordamos que a cada una de ellas corresponde un canal espejo y que cada canal utiliza un espacio de 6 megahertz, tenemos que, en toda la República, ese consorcio explota casi 3 mil cien [11] megahertz.
Por la utilización de esas porciones del espectro radioeléctrico Televisa no pagó un centavo –excepto cuando, a fines del gobierno de Carlos Salinas, esa empresa cubrió una cuota por varias docenas de repetidoras–. Para evaluar cuánto cuestan esos 3 mil cien megahertz a los que hoy puede tener acceso, recordemos que a las compañías telefónicas el derecho a utilizar un megahertz en el Valle de México les costó, hace nueve años, cinco millones de dólares.
Desde luego, una porción del espectro radioeléctrico no cuesta lo mismo en la ciudad de México que en poblaciones más distantes de la sofisticación y el mercado tecnológicos. Pero aún así, se puede asegurar que Televisa se ha ahorrado centenares de miles de dólares con la política que no ha requerido del pago de derechos por la asignación de frecuencias en este país.
La novedad y el negocio adicional, ahora, radican en la posibilidad de que las empresas televisoras difundan servicios de transmisión de datos y telefonía inalámbrica en los mismos 6 megahertz que han utilizado para propagar señales de televisión. La propuesta de reforma legal que aprobaron los diputados establece que, por esa utilización adicional del espacio radioeléctrico, las empresas de televisión no estarían obligadas a pagar un monto adicional a diferencia de lo que han tenido que hacer, por un aprovechamiento similar, las empresas de telefonía.
El artículo 28 de la propuesta de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión indica que cuando un concesionario solicite autorización para ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones en la frecuencia que ya le ha sido otorgada para radiodifusión, la autoridad administrativa “podrá requerir el pago de una contraprestación”. En la elasticidad de ese verbo radica el meollo del interés de Televisa para que esa propuesta de reformas se apruebe sin cambio alguno. Al dejar ese cobro sujeto a la discrecionalidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se mantiene la posibilidad de que empresas como la que hemos mencionado presionen al gobierno –y como todos sabemos suelen y saben hacerlo con notoria eficacia– para que no les requieran esa contraprestación. No es gratuito, como puede apreciarse, que a la propuesta de reformas que la Cámara de Diputados aprobó el 1 de diciembre se le haya denominado, para precisar con toda claridad a quiénes conviene y de dónde surgió, como la Ley Televisa.
El aprovechamiento de la concesión para esos servicios adicionales debería ser motivo de licitación abierta. La posibilidad de que a las televisoras se les exente del pago por esa prestación podría ascender a varios miles de millones de dólares. De ese tamaño serían los recursos que el país dejaría de recibir si en las reformas a la Ley de Radio y Televisión se mantiene la mencionada ambigüedad.
Ominosas omisiones: ni una
palabra sobre medios públicos
Nos hemos referido a unos cuantos de los numerosos inconvenientes que la propuesta de reformas implica para el interés de la sociedad y del país. Mención aparte requerirían los muchos temas que la iniciativa no incluye. De los medios del Estado, que se mantienen en el régimen de estaciones permisionadas, esa propuesta sólo se ocupa para marginarlos de la posibilidad de acceder a opciones de aprovechamiento tecnológico como las antes mencionadas. A pesar de las muchas insuficiencias que los operadores de tales medios –televisoras y radiodifusoras educativas y culturales, canales legislativos y de gobiernos estatales, etcétera– han sugerido remediar con un marco jurídico para reivindicarlos y no para exterminarlos como sucede con la que está por dictaminar el Senado, esos problemas simplemente se excluyen de la perspectiva que define a esa reforma. A los medios comunitarios, que también participan del régimen permisionario, simplemente se les ignora.
Por otra parte la iniciativa no establece límites a la concentración de las empresas de radio y/o televisión. La ausencia de ese, que ha sido uno de los ejes principalísimos en distintos intentos de reforma legal, significaría que existiera vía libre para que cada vez haya más medios en menos manos. En el plano internacional existen diversas modalidades para atajar la concentración de los medios electrónicos. En México, en distintas ocasiones se ha sugerido la posibilidad de negar el otorgamiento de nuevas concesiones a las empresas que ya tengan más del 35% de las frecuencias en una localidad específica.
Tampoco se una sola palabra acerca de los deberes que los radiodifusores, en tanto usufructuarios de un servicio público, tienen con la sociedad. No se incluye el derecho de réplica que suele ser, en el mundo civilizado, una prerrogativa elemental de los ciudadanos para aclarar o impugnar menciones formuladas en los medios electrónicos y que afecten su honorabilidad o fama pública.
Una nueva legislación en este campo, además, tendría que actualizar las sanciones a quienes infrinjan disposiciones del marco jurídico para los medios electrónicos. Las multas hasta ahora vigentes en ese terreno son inoperantes en la mayor parte de los casos. De nada de eso se ocupa la Ley Televisa.
Tecnología para provecho
de unas cuantas empresas
La revolución tecnológica que es posible gracias a la digitalización de los contenidos y a su imbricación con las telecomunicaciones, abre prometedoras opciones de información, socialización e interacción para el desarrollo de nuestros países. Más contenidos en menos espacio significa una ampliación radicalmente significativa de las posibilidades de información, educación y entretenimiento. Pero eso únicamente ocurrirá si a la tecnología se la reconoce como un instrumento que ofrecerá resultados de acuerdo con la intencionalidad, la planeación y las políticas públicas con que se le utilice.
El modelo de aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación que radica en la propuesta de reformas legales que ahora se discute en México no promueve la diversidad de contenidos, la participación de la sociedad ni reivindica los derechos del Estado en las telecomunicaciones. Se trata, al contrario, de un esquema que condensa privilegios en un campo de por sí tan centralizador como es el de la comunicación de masas.
Lamentablemente no estamos examinando las opciones creativas y capaces de ensanchar las posibilidades comunicacionales y educativas que, entre otros campos, ofrecen estas nuevas tecnologías. Lo que hemos tenido que discutir ante la Ley Televisa son los riesgos que entraña una propuesta de reformas legales que no nos conduce a la sociedad de la información sino a más concentración del mismo esquema que ha definido a la televisión mexicana.
Visión confinada a un modelo
de comunicación mercantil
En estos acercamientos a la propuesta de reformas que aprobaron los diputados y que conocemos como Ley Televisa queda claro que allí no se reivindica el interés de la sociedad, sino de la empresa que más concesiones de televisión tiene y que por ello mejor se beneficiaría de tales disposiciones. Por eso los operadores, asesores y propagandistas de Televisa han insistido en que dicha propuesta se apruebe sin una sola modificación.
Al tratar de sustituir al Poder Legislativo financiando, cabildeando y empeñándose en imponer una reforma jurídica que tiene como propósito respaldar e incrementar sus negocios, Televisa se comporta con ostensible arrogancia. Esa empresa y sus directivos, junto con algunos otros de los concesionarios de la radiodifusión mexicana, consideran que el espacio electromagnético es de ellos y con esta iniciativa simplemente quieren refrendar una utilización que de cualquier manera ya han emprendido y que forma parte de sus planes de negocios. Como se figuran que todos los medios de comunicación electrónica son suyos, han promovido una reforma de ley que les exenta de cualquier compromiso con la sociedad. Y como parte de esa concepción, según la cual en este país no hay espacio para otra radiodifusión que no sea la que ellos propagan y con la que hacen negocio, han ignorado opciones como las que representan las radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, así como las radios comunitarias.
La comunicación distinta del modelo mercantil que encabeza Televisa no cabe dentro de esa reforma legal porque no existe en los parámetros de ese consorcio. Es demasiada soberbia. Se trata de un infatuamiento, rayano con la intolerancia, que forma parte de la idea de país que Televisa y otras empresas quisieran afianzar y que, hay que reconocerlo, tiene cotidianos y aciagos asideros en la realidad de nuestros días. Cuando no hay una sola fuerza política ni un solo dirigente nacional con visión de Estado suficientes para encarar el poder de las televisoras, cuando los tres candidatos presidenciales de los partidos nacionales se rinden ante la hegemonía de Televisa [12], cuando en el mundo intelectual e incluso en las universidades se extiende un bochornoso frenesí para formar parte de los elencos de esa empresa, entonces es comprensible por qué Televisa ha considerado que puede imponer una legislación hecha al modo de sus negocios.
De cuando en cuando hay quienes consideran que, en contraste con la cerrazón editorial que manifestaba en otros tiempos, Televisa ha cambiado. Se puede reconocer que hoy en día ese consorcio difunde espacios de información y discusión que toman en cuenta a la diversidad política que existe en el país. En noticieros y mesas redondas aparecen voces, ideas y personajes cuya presencia en las pantallas era impensable en el México de hace algo más de una década.
Esos espacios son minoritarios en una programación dominada por la chabacanería y la ordinariez. Y no hay que olvidar que esa diversidad se explica, en gran medida, en la necesidad de Televisa para mantener y ampliar sus audiencias. La pluralidad informativa y editorial proporciona rating y eso lo saben productores y directivos de esa empresa.
Pero inclusive el profesionalismo informativo y las posiciones editoriales, en Televisa están subordinadas a las obsesiones y a la avidez de esa empresa para imponer sus posiciones en circunstancias como la que enfrentamos ahora y a la que está dedicado este encuentro. Gracias al debate abierto por la Ley Televisa, hemos podido constatar que la distorsión intencional de los acontecimientos, la suplantación de declaraciones y la deformación de las noticias no han desaparecido de las prácticas de dicha empresa.
Televisa mintió para aparentar
que la reforma tenía consenso
Existen varios ejemplos recientes acerca de la adulteración intencional de hechos por parte de esa televisora. Apenas este febrero se confirmó que la transmisión, la mañana del 9 de diciembre anterior, de la liberación de varios rehenes que habían estado en manos de una pandilla de secuestradores cerca de la carretera a Cuernavaca, en realidad fue un montaje auspiciado por Televisa y, lamentablemente, por la Agencia Federal de Investigaciones: el rescate había ocurrido varias horas antes y luego fue actuado con participación de todos los involucrados –rehenes, plagiarios y policías– para que las fuerzas policiacas y las televisoras comerciales se lucieran con una transmisión “en vivo”.
Y el jueves 9 de febrero la información que difundió Televisa acerca de la sesión que se había realizado la noche anterior en el Senado de la República para discutir la iniciativa de reformas a las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión, estuvo alevosamente manipulada. En esa reunión participamos doce invitados, muchos de los cuales, como reseñaron varios diarios y radiodifusoras, manifestamos opiniones críticas a la propuesta de reformas. Si algo quedó claro al cabo de las siete horas que duró aquella discusión, es que la minuta que los diputados les enviaron a los senadores estaba repleta de insuficiencias e imperfecciones. Sin embargo, ese jueves el noticiero matutino del Canal 2 de Televisa dijo que los participantes en aquella reunión “coincidieron en que la minuta es un avance en materia de telecomunicaciones”. Para apuntalar esa afirmación, se insertaron breves frases de la representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y del director de TV UNAM, cuyos juicios habían sido claramente adversos a la propuesta de los diputados y que, mostrados fuera de contexto, parecían estar a favor de ella. La amañada nota se difundió en varios noticieros de Televisa. Ante esa reiteración de una versión falsa no podemos sino recordar las ya citadas consideraciones de Ignacio Ramonet sobre la tendencia, en las sociedades mediáticas, a considerar que repetición equivale a demostración.
Fascinación mediática,
escasez analítica
Televisa perpetra esas arbitrariedades porque sus operadores y directivos no aceptan la existencia de posiciones distintas a las de esa empresa y, cuando lo hacen, es para desfigurarlas. Para Televisa, México es fundamentalmente un enorme campo de negocios con actores públicos dispuestos a subordinarse a sus prioridades. Esa actitud no sorprende porque abundan los gobernantes, legisladores, y dirigentes sociales y, también, periodistas, intelectuales y profesores ansiosos de formar parte de la constelación del canal de las estrellas. Por eso el ejercicio de examinar, poner en contexto y criticar la Ley Televisa forma parte de una obligación ciudadana que no por insuficientemente cumplida deja de ser perentoria. Esa es la tarea a la que han llamado la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Se trata de una convocatoria muy significativa porque, respecto de los medios y la comunicación de masas, la tradición analítica de nuestras universidades públicas ha venido a menos en los años recientes. Si algo hace falta para entender estos asuntos y su circunstancia, es el contexto y el examen rigurosos que puedan aportar los universitarios y quienes se dedican profesionalmente a la investigación de los medios.
Apropiación del mercado,
ante una sociedad ausente
La que Televisa sostiene, es una visión redobladamente autoritaria del pensamiento único que hace una década fue identificado en Europa como antagonista de la reflexión, la crítica y la creatividad. Si allá, y en expresión de notorios portavoces del poder financiero, el pensamiento único ha sido la exaltación del mercado por encima del interés social, en la versión Televisa estamos ante una apropiación del mercado –tratando de abolir regulaciones y injerencias estatales pero también pretendiendo evitar cualquier competencia significativa–. En nuestra versión mediática-doméstica de ese pensamiento único el espectro radioeléctrico, los medios, sus leyes e incluso los legisladores pueden ser manipulados al capricho de una empresa.
En Televisa creen que los medios y que incluso el país son suyos. Si nos descuidamos, van a tener razón.
* * *
Al momento de entregar este texto, avanzada ya la última semana de febrero, la posibilidad de que la Ley Televisa fuera aprobada sin cambios parecía dominar las expectativas de algunos analistas políticos y, especialmente, los interesados anticipos de distintos columnistas financieros. La exigencia de organismos, medios de comunicación y ciudadanos preocupados por los rasgos aciagos de esa propuesta habían logrado detener la aprobación compulsiva que se pretendió hacer en diciembre y luego en enero –cuando se habló de llamar a un periodo extraordinario solamente con ese propósito– en la Cámara de Senadores. La apertura de un breve pero intenso proceso de consultas, en donde la mayoría de los participantes y los argumentos estuvieron en contra de la iniciativa, dejó claros los riesgos para la pluralidad del país y para los intereses patrimoniales del Estado que implicaría la aprobación, sin modificaciones sustanciales, de la Ley Televisa. Gracias a ese debate, en todos los grupos parlamentarios que forman parte del Senado de la República se consideraban opciones para enmendar dicha iniciativa, aunque cada una de ellas se enfrentaba a las presiones del consorcio comunicacional. Entre lo mucho que ha estado en juego, se encuentran la autonomía y, vale decirlo, el decoro de los legisladores.
Cabilderos, operadores y personeros de Televisa quisieron construir un panorama de vistosas adhesiones a tal proyecto pero al mismo tiempo que surgían, detrás de cada una de ellas se iban conociendo las extorsiones de ese consorcio para forzar a tales manifestaciones. En el flanco de quienes con argumentos jurídicos, políticos, económicos y culturales se opusieron a la Ley Televisa y más allá del resultado de este episodio, tendrá que quedar la satisfacción de haber actuado con claridad y con razones fundadas en defensa de la diversidad y la democracia en los medios. Nunca como ahora, las televisoras y radiodifusoras públicas mexicanas habían tenido tanta cohesión. Nunca como ahora, las radios comunitarias habían expresado sus verdades en foros públicos como los que alcanzaron en esta coyuntura. Nunca como ahora, el de la concentración de los medios y la avidez de Televisa había sido colocado con tanta puntualidad en el centro del debate nacional. Habría que procurar que esos avances tengan seguimiento y puedan consolidarse. Al pensamiento único, es preciso oponerle una concepción plural, vital y creativa de las tecnologías y de los asuntos públicos.
21 de febrero de 2006.
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Escrito por Raúl Trejo Delarbre 
