Intereses y convicciones

La Crónica, diciembre 14 de 2004

Anoche, a la hora de enviar esta columna para su publicación, las comisiones del Senado que evalúan la iniciativa de Ley de Radio y Televisión proseguían la reunión que iniciaron a las 6 y cuarto de la tarde. Después del largo y espaciado proceso de discusión y elaboración que se reseñaba ayer en este espacio era difícil que se expresaran inquietudes que no se hubieran conocido antes.

   Los senadores comprometidos con la modernización legal de los medios ratificaron las convicciones que, independientemente de sus adscripciones partidarias, los han llevado a coincidir en esa propuesta. Otros más, que no han querido reconocer la importancia del tema o que tienen demostradas coincidencias con los intereses de las empresas de radiodifusión más influyentes, buscaron paralizar la discusión del proyecto.

   Más allá del destino inmediato de esa iniciativa –que en cualquier caso tendrá que seguir el proceso legislativo en el periodo de sesiones que comenzará dentro de mes y medio– el avance que ha tenido la causa de la reforma de los medios ha sido notorio y considerable. Hace unos meses parecía que no existirían condiciones para que el tema de la situación legal de los medios electrónicos encontrara espacio en la agenda del Congreso. Hoy ha sido reconocido como una de las asignaturas fundamentales en la transición del país.

   Varias circunstancias coincidieron para actualizar el interés acerca de esos medios. El protagonismo que algunos de ellos han adquirido y que desborda al papel de intermediarios que sería de esperarse de las empresas de comunicación, así como la creciente influencia que la televisión y la radio alcanzan en la vida pública, resultaron más evidentes en el transcurso de este año.

   Videoescándalos, telecracia y concentración mediática son tendencias que existen hace rato en el escenario mexicano. Pero el abuso de un poder que desborda sus atributos tecnológicos y la omnipresencia que han alcanzado en todos los ámbitos del quehacer social permitieron que los medios hayan sido reconocidos ya no solamente como un recurso para propagar los contenidos más diversos sino, junto con ello, como un problema para la democracia mexicana.

   El problema que significan los medios no se debe a la libertad, por fortuna extensa e intensa, que han afianzado en los años recientes. Gracias a ella la sociedad se encuentra mejor enterada de algunos de los asuntos públicos relevantes y los medios a veces sirven como contrapeso a los abusos del poder político. La dificultad ha radicado en que la capacidad para difundir e influir a través de los medios de masas es acaparada por unas cuantas empresas –en la televisión solamente dos– en perjuicio de la sociedad e incluso de otras zonas del poder.

   Esas condiciones, entre otras, destrabaron algunas de las dificultades que habían encontrado los intentos para impulsar la reforma de los medios electrónicos. Y sobre todo, persuadieron a importantes segmentos de la sociedad y el poder acerca de la necesidad de perderle el miedo a los grandes consorcios mediáticos que se han opuesto a la modernización legal para la televisión y la radio.

   La mayoría de las objeciones a esa iniciativa partieron de la ignorancia o de la mala fe y le han atribuyeron peligros que no tiene. Varias de ellas sostuvieron, por ejemplo, que el proyecto de los senadores implicaría censura sobre los contenidos de la radio y la televisión. Sin embargo esos impugnadores no han señalado uno solo de los 193 artículos del proyecto de Ley que signifique riesgos para la libertad de expresión.

   Ayer en la reunión de las tres comisiones senatoriales se expresaban convicciones e ignorancias similares a las que se han exhibido en varios medios de comunicación. El senador Emilio Gamboa Patrón demostró que los intereses de los concesionarios sí están representados, aunque sea de manera oficiosa, en ese espacio legislativo. El senador Javier Corral Jurado, con claridad y energía, descalificó cada una de las objeciones que se presentaban para aprobar el proyecto de dictamen. La más extensa de sus alocuciones fue de una solidez ejemplar.

   En la fase siguiente, en la sociedad y en su momento en la Cámara de Diputados, esos argumentos adquirirán mayor peso. Anoche en la discusión de los senadores, transmitida por el Canal del Congreso, se pudo apreciar quiénes, por interés personal o porque nadie les avisó que el país y el mundo ya cambiaron, han decidido quedarse anclados en un pasado de prácticas discrecionales y patrimonialistas. Y se pudo observar en vivo y directo qué senadores defienden, con dignidad, valentía y convicciones, una radiodifusión comprometida con el servicio público y no con el lucro mercantil y político.

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En Excélsior, a golpes

La Crónica, septiembre 10 de 2003

Es explicable, pero también enormemente triste, el encono que se manifiestan los trabajadores de Excélsior. El enfrentamiento que protagonizaron el domingo fue más allá de los altercados naturales entre facciones de distinto signo en cualquier centro de trabajo en donde haya conflictos.

   En esta ocasión los grupos que se disputaban la posesión de las instalaciones se golpearon con saña y aborrecimiento inusitados. Sin tomar en cuenta la edad o la inermidad de algunos de ellos, sus antiguos compañeros de trabajo los agarraron a patadas como si en cada puntapié desahogaran los años que llevan en la incertidumbre y la penuria laborales.

   Los trabajadores de Excélsior fueron, primero, damnificados de la ambición y los excesos de sus antiguos directivos. Hay que recordar que no eran víctimas inocentes. La desmedida conducta de quienes encabezaron a esa cooperativa durante casi un cuarto de siglo era perfectamente conocida por los trabajadores del diario. Si la toleraban era porque, aunque fuese a cuentagotas, los réditos de la acumulación exagerada que había gracias al ejercicio de un periodismo discutible beneficiaban a muchos de los cooperativistas.

   Luego de la crisis en octubre de 2000, cuando Regino Díaz Redondo fue expulsado del periódico, los trabajadores no pudieron articular un proyecto realista para mantener a Excélsior.

   Durante un tiempo sostuvieron la ilusión de que la empresa podría resarcirse de sus numerosas deudas sin tener que aliarse con un inversionista externo. Pero conforme pasaron meses y años, en medio de vicisitudes crecientes y con gran entereza de muchos de ellos, esos trabajadores tuvieron que admitir que solo una inyección de capital podría desadormecer a esa enorme y prestigiada casa que alguna vez fue Excélsior.

   Lamentablemente, en vez de consolidarse alrededor de una idea editorial y empresarial los cooperativistas entraron en conflicto. La disputa por la conducción de la empresa, larvada desde la expulsión de Díaz Redondo, desembocó en la existencia de dos mesas directivas que, alternadamente, reclaman la titularidad de la cooperativa.

   Era natural que, en tales condiciones, ningún inversionista serio quisiera arriesgar su dinero en ese diario. Solamente aventureros, como un ex funcionario policiaco que les ofreció decenas de millones de dólares y acabó entregándoles cheques sin fondo, podían interesarse en tal empresa. Otros inversionistas manifestaron disposición para comprar el edificio, cuya privilegiada ubicación en Reforma y Bucareli lo convierte en prospecto de una interesante inversión inmobiliaria, pero sin tener interés en el periódico.

   Ni siquiera esas señales de profunda crisis, ya no solo en el perfil público del diario sino incluso en su valor como empresa, persuadieron a los cooperativistas para resolver sus disputas.

   La mesa directiva elegida a la caída de Díaz Redondo y que estaba encabezada por Rafael de la Huerta como presidente del consejo y Patricia Guevara como directora del diario, fue destituida sin que, al parecer, se hayan cumplido con los requisitos legales para ello.

   En su lugar fueron designados Jaime Contreras Salcedo y Armando Sepúlveda, bajo cuya conducción el diario se ha publicado durante casi dos años. El otro grupo buscó reivindicar la representación que había ganado también en asamblea y varias resoluciones judiciales, a fines de 2002, le dieron la razón.

   Sea cual sea el grupo que representa a los trabajadores de Excélsior, el conflicto entre ellos ha durado demasiado para que pueda mantenerse tal indefinición.

   Las autoridades federales encargadas de regular el funcionamiento de las empresas cooperativas han mantenido una cuestionable pasividad. En vez de aplicar la ley y propiciar la realización de una asamblea en donde, a partir de un padrón confiable, los trabajadores pudieran precisar quiénes quieren que los represente, el gobierno quiso lograr una conciliación política. A la vista del enfrentamiento del domingo ese avenimiento ha sido un fracaso.

   Maltratados por tres años de carencias, lastimados por los sueldos incompletos y la ausencia de expectativas profesionales, resulta explicable que los cooperativistas de Excélsior estén hartos. En peor condición deben estar los trabajadores que, sin formar parte de la cooperativa, prestan sus servicios en esa empresa.

   El espectáculo que ofrecieron hace tres días, cuando De la Huerta entró por la fuerza en las instalaciones del diario y con mayor lujo de violencia lo sacaron, indica la imposibilidad de cualquier proyecto empresarial o editorial mientras no se pongan de acuerdo. Es muy triste que el que fuera el diario más importante de México se encuentre en esas condiciones. Nadie tiene toda la culpa de esa situación. Nadie tiene, por sí solo, todo el remedio para ella.

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Embustes de TV Azteca

La Crónica, 12 de febrero de 2003

La manipulación informativa que hace Televisión Azteca supera las fronteras del escándalo. En los días recientes buena parte de sus noticiarios ha estado dedicada a defender los intereses de esa empresa y con tal afán soslayan, distorsionan y ocultan acontecimientos.

   Así ocurrió el lunes por la noche cuando el noticiero del Canal 13 se refirió a las decisiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acerca del conflicto entre la televisora del Ajusco y el Canal 40. Azteca presentó esas resoluciones como un triunfo suyo cuando, en realidad, se trata de una contundente derrota.

   La SCT sancionó a Televisión Azteca con 5 mil días de salario mínimo vigente (que equivalen a 218 mil 250 pesos) por haber operado, sin derecho a ello, la frecuencia del Canal 40.

   Además esa Secretaría confirmó que en julio de 2000 aprobó varios de los contratos que habían suscrito Azteca y la empresa concesionaria del Canal 40.

   Los directivos de Televisión Azteca instruyeron a los conductores de sus noticieros para que se ufanaran del reconocimiento de los contratos con el Canal 40. Pero no dieron a conocer los hechos completos. El director de Asuntos Jurídicos de la SCT dijo que el 13 de julio de 2000 esa dependencia admitió tales convenios. Pero a continuación aclaró: “Sin embargo, esto es materia de litigios que han entablado las partes. Deben respetarse la forma y los tiempos de los procesos judiciales”.

   TV Azteca omitió decir que la SCT sostiene que el litigio mercantil entre las televisoras tiene que resolverse en los tribunales. Es decir, no hay éxito alguno para la empresa de Ricardo Salinas Pliego en las decisiones que anteanoche dio a conocer esa secretaría.

   En cambio en la decisión de la SCT sí hay un reconocimiento de la legalidad en la que se ha encontrado el Canal 40, que en todo momento ha sostenido que su diferendo tiene que ventilarse en las instancias judiciales y no a golpes de mano como el que emprendió Televisión Azteca el 27 de diciembre.

   Después de 45 días de que ocurrieron, el gobierno admite la ilegalidad de aquellos acontecimientos. Más vale tarde aunque todos nos hubiéramos ahorrado mucho esfuerzo (y la imagen del presidente Fox y su administración habría dejado de sufrir un deterioro considerable) si los abogados y el titular de la SCT no hubieran sido tan indolentes para reconocer esa transgresión al Estado de Derecho.

   La infracción cometida por Televisión Azteca ha sido sancionada con la multa más alta que establece, para esas faltas, el Título Sexto de la Ley Federal de Radio y Televisión.

   Además de los 5 mil salarios mínimos Azteca sufre una pérdida menos aparatosa pero simbólica y legalmente importante. El equipo de microondas que instaló en la antena del Canal 40 para recibir la señal que luego difundía por esa frecuencia durante los días que la tuvo secuestrada, ha sido expropiado “en beneficio de la nación” como establece el artículo 104-bis de la misma Ley.

   Esas decisiones significan que, en la vía administrativa que la SCT debía seguir, queda cerrado el expediente del conflicto entre Televisión Azteca y el Canal 40.

   Sin embargo está vigente la averiguación penal por el despojo y los hechos de violencia que los directivos de Televisión Azteca ordenaron que fuesen perpetrados aquella madrugada del 27 de diciembre. La PGR ha consignado a varios empleados que fueron enviados a cometer ese ilegal asalto. La averiguación tendrá que continuar.

   Y sigue abierto, tan enredado como hace varios meses, el pleito en los tribunales mercantiles. Azteca sostiene que como Televisión del Valle de México le debe 25 millones de dólares, ahora tiene derecho a quedarse con el Canal 40. La empresa de Javier Moreno Valle reconoce esa deuda y está dispuesta a pagarla con intereses. Pero a Salinas Pliego lo que le interesa es apropiarse del 40.

   Para ello, en vez de reconocer al de los tribunales mercantiles como el espacio idóneo Azteca utiliza cotidiana, intensiva y alevosamente sus frecuencias con el afán de presionar, e incluso infamar, a quienes considera sus adversarios en esa transacción.

   El empleo de los canales 7 y 13 para defender los intereses de una empresa privada contradice las funciones de interés público que la Ley Federal de Radio y Televisión establece para las frecuencias concesionadas. La empresa de Salinas Pliego desfigura y engaña los acontecimientos relacionados con el conflicto que tiene con el Canal 40. Quizá la SCT no se ha librado de este asunto porque ahora tendría la responsabilidad de sancionar, junto con la Secretaría de Gobernación, el manejo faccioso que TV Azteca hace de las frecuencias que tiene en concesión.

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El secreto del periodista

La Crónica, noviembre 28 de 2002

No deja de ser paradójico que en una ocupación cuya tarea principal es dar a conocer acontecimientos, una de las prerrogativas fundamentales sea el secreto profesional. La defensa de sus fuentes y así de su credibilidad, les impone a los periodistas la necesidad de mantener en reserva la identidad de sus informantes, pero sólo en casos muy específicos.

   Para informar, a veces resulta necesario encubrir. Pero sólo de manera excepcional. Una prensa que toma por costumbre la presentación de noticias sin fuente acreditable, no acaba por develar nada sino rumores, insidias, o por servir a intereses que no son estrictamente periodísticos.

   Informar y esconder: esa aparente contradicción, se explica a partir de la función pública de la prensa. Como parte que es de la sociedad, se desempeña como intermediaria entre los ciudadanos y los diferentes poderes, lo mismo económicos, que políticos o de cualquier otra índole. En virtud de su capacidad para develar asuntos que de otra manera permanecerían ajenos al conocimiento público, la prensa cumple con una importante función tanto en la construcción de consensos que en la exposición de abusos, errores y defectos, especialmente de las instituciones estatales.

   Gracias a la prensa, se han conocido atropellos y latrocinios del más diverso orden. El caso Watergate es paradigmático porque condujo a la caída del presidente del país más poderoso del mundo. Pero tan o a veces más difícil que el trabajo de los famosos Woodward y Bernstein, es el de numerosos reporteros, sin la cobertura que dan la fama y las empresas de la talla de The Washington Post y que todos los días batallan en la búsqueda de sesgos originales para que las noticias vayan más allá de la superficie. Se trata entonces de ofrecer, más que hechos llanos, el contexto que permita entender y no sólo conocer los acontecimientos.

   Para esos reporteros, que en ocasiones se encuentran con informaciones que únicamente pueden proporcionar si garantizan la confidencialidad de sus fuentes, es que existe el secreto profesional en el periodismo. Se trata de un recurso para ser empleado en circunstancias límite. Es, junto con otras garantías de la prensa, uno de los mecanismos para que la sociedad, al verse reflejada en los medios, tenga presentes sus propias realidades. Cuando derechos y responsabilidades de la prensa están definidos, lo mismo en marcos jurídicos que en códigos deontológicos, la sociedad cuenta con una prensa capaz de ejercer con madurez su libertad. Estas garantías son, entonces, instrumentos de la democracia.

   No se trata de un fuero para que el periodista deambule por la vida recopilando versiones de las que no aportará sustento. El secreto profesional lo compromete con sus lectores (o radioescuchas, o televidentes), con la empresa para la que trabaja y con su entorno social y antes que nada, es un recurso para ofrecer informaciones que de otra manera no alcanzarían la luz pública. Siempre atinado, el escritor español Javier Pradera lo ha explicado mejor que nosotros, de la siguiente manera: “no es un privilegio gremialista concedido por el legislador a una corporación poderosa, la cual pudiera esgrimirlo a su capricho para eludir las leyes que los demás deben cumplir. Su sentido más profundo es fortalecer la institución de la libertad de prensa, una pieza clave de los sistemas políticos pluralistas. En última instancia, el bien jurídico protegido por el secreto profesional es la libertad de prensa y no la supuesta relación de confianza entre el informante y el periodista” (en Lluís de Carreras Serra, Régimen jurídico de la información. Ariel Derecho, Barcelona, 1996).

   Rasgos y obligaciones peculiares en el desempeño de tal profesión hacen pertinente la existencia, al mismo tiempo, de normas jurídicas y principios éticos explícitos –unas no sustituyen a los otros, ni viceversa–.  Sin embargo en México la desconfianza respecto de las leyes y –hay que reconocerlo– cierta defensa corporativa de privilegios que no reconoce las obligaciones consustanciales al ejercicio de cualquier libertad, han llevado a buena parte del gremio periodístico a oponerse a la actualización de las leyes para la prensa e incluso, a considerar lesivos los códigos de autorregulación. En la mayor parte del mundo contemporáneo, ya ha sido superada esa arcaica discusión sobre la conveniencia o no de las leyes para la prensa: ellas existen e incluso, en numerosos casos incorporan la defensa de derechos como el secreto profesional.

   (El texto anterior es parte del prólogo que el autor de esta columna escribió para el libro de Ernesto Villanueva El secreto profesional del periodista publicado en 1998 por Fragua Editorial en Madrid. La reciente discusión sobre los derechos y atribuciones de los reporteros, a raíz de los citatorios judiciales que han recibido algunos de ellos, hace pertinente reproducirlo ahora).

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Gobierno arrodillado

La Crónica, 11 de octubre de 2002

Ayer, con el regalo que les hizo a los radiodifusores, el presidente Fox confirmó que su gobierno está de rodillas frente a las exigencias de los principales dueños de la televisión y la radio. 

   La eliminación del llamado tiempo fiscal que las televisoras y radiodifusoras debían ceder para el uso del Estado cumple con las exigencias de los empresarios de esa rama y no representa, en absoluto, el interés de la sociedad mexicana.

   El 12.5% del tiempo de transmisiones que los radiodifusores debían entregar para la propagación de mensajes públicos atendía a circunstancias muy distintas a las que ahora tenemos en México y por eso era pertinente que fuese revisado. Tal fue, precisamente, la tarea de la llamada Mesa de Diálogo que la secretaría de Gobernación instaló en marzo de 2001 y en la que participaron docenas de legisladores, dirigentes partidarios, radiodifusores, representantes de instituciones académicas y de organizaciones sociales.

   Ese grupo trabajó durante un año bajo la convicción de que la reforma legal de los medios electrónicos tenía que realizarse de manera integral, sin medidas parciales que se antepusieran a la renovación de todo el marco jurídico. En atención a ese criterio la secretaría de Comunicaciones y Transportes postergó la renovación de varias concesiones que estaban por vencer para aguardar a que hubiera nuevos criterios para la aprobación de esas licencias.

   Aquel proceso de diálogo y la decisión misma de examinar de manera exhaustiva las normas para los medios electrónicos constituían un compromiso y, según parecía entonces, una actitud plausible del gobierno federal. Frente a la discrecionalidad en las decisiones respecto de la radio y la televisión y el oneroso rezago jurídico que se habían mantenido en esa área, el actual gobierno mostraba una actitud de renovación.

   Aquel proceso de deliberaciones y el compromiso para que la actualización del marco jurídico de los medios electrónicos atendiese al interés de la sociedad, han sido sustituidos por la postración ante las empresas de comunicación más poderosas.

   Al cancelar el llamado tiempo fiscal el presidente de la República regala, como si fuera suyo, un recurso que no era patrimonio solo del gobierno sino del Estado mexicanos. Al expedir un reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión sin consultar mas que a los empresarios de ese sector el gobierno se burla del resto del Estado y la sociedad.

   Los tiempos fiscales podían tener un origen discutible pero eran utilizados para difundir campañas de salud y educación, avisos útiles para la población, espacios de contenido cultural y los mensajes de los partidos políticos, entre otros contenidos. El 12.5% del tiempo de transmisiones, que en la mayoría de las estaciones equivale a 3 horas diarias, nunca se utilizó del todo e incluso en su aprovechamiento prevalecieron criterios oscuros que los radiodifusores solían dictar en beneficio de sus intereses. Pero eran un bien del Estado mexicano y sus instituciones.

   Ahora ese espacio es sustituido por un tiempo de hasta 48 minutos diarios en la televisión y 65 en la radio. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. La Cámara de la Radiodifusión y el gobierno están presentando esta medida como se tratase de un trueque por el establecimiento del derecho de réplica en los medios electrónicos.

   Sin embargo ese derecho, tal y como se le describe en el artículo 38 del nuevo Reglamento, está supeditado a la decisión discrecional de cada estación de radio y televisión y solo podrá ejercerse cuando se trate de contenidos cuya fuente no se mencione. Así que bastará con atribuírselas a cualquier charla de café o a cualquier pasquín para que en la radio y la televisión se puedan decir mentiras, difamaciones y calumnias.

   El reglamento, así como la cancelación del 12.5%, fueron anunciados ayer por el presidente de los radiodifusores, Bernardo Gómez. Forma y fondo de la mano, esa ruptura del protocolo es indicativa de la subordinación del gobierno a los empresarios de la televisión. Más que fungir como inopinado vocero del presidente Gómez actuó como autor del guión que el licenciado Fox y el licenciado Creel aceptaron con inusitada docilidad.

   Ningún gobierno del PRI les había otorgado a los radiodifusores un regalo como el que ayer les hizo el presidente Fox.

   Resuelta de madrugada, a escondidas de la sociedad, la nueva alianza del gobierno y los radiodifusores constituye uno de los retrocesos más escandalosos (pero además innecesario) de la administración actual. Se trata, sin embargo, de una historia que no se ha resuelto del todo.

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Gobernar para los medios

La Crónica, 28 de junio de 2002

Dice la cantinela infantil que en el juego de Juan Pirulero cada quien atiende a su juego. Parece fácil pero, más allá de los corrillos y retozos, en la vida pública una de las tareas más arduas es que cada quien haga lo que le corresponde.

   En el México de estos tiempos las atribuciones y responsabilidades de los actores públicos se han confundido de tal manera que, al menos aparentemente, nadie sabe para qué trabaja.

   El gobierno tiene dificultades para cumplir con sus tareas sustantivas; no hay que olvidar que gobernar es mandar, regir, dirigir. Y entre lo que más de echa de menos en estos días es un rumbo claro para el país.

   Los legisladores dedican poco de su tiempo a hacer leyes y casi todo lo invierten en la especulación y las pugnas, especialmente dentro de sus partidos. Los rezagos que esa actitud implica se advierten no solo en las numerosas áreas en las que no contamos con legislación vigente y moderna sino también, cada vez más, en la deteriorada fama pública de senadores y diputados.

   Las circunstancias nacionales han llevado al poder judicial a intervenir en los más variados asuntos, desde el horario de verano hasta la definición de las atribuciones presidenciales. Ante el estancamiento en el quehacer político estamos arribando a un régimen en donde el sistema representativo y las facultades de legisladores y gobernantes, quedan supeditadas a la discrecionalidad de los jueces.

 

En busca de consenso mediático

   Nadie atiende a su juego. Peor aún, no hay juego en equipo ni dentro del gobierno o el Congreso, ni entre esos poderes.

   Sin embargo todos los actores políticos parecieran estar prioritariamente interesados en atender al contrapoder, poder fáctico o poder salvaje –como le denomina en politólogo italiano Luigi Ferrajoli– que constituyen los medios de comunicación.

   Tanto para justificar omisiones y errores como para hacerse presentes en la sociedad, legisladores, dirigentes, magistrados y gobernantes buscan presencia constante –y desde luego favorable– en los medios de comunicación.

   Aparecer a cuadro en alguno de los principales noticieros nocturnos y ganar un par de minutos en los programas de noticias en la radio, se han convertido en prioridades a veces superiores a la elaboración de una iniciativa de ley, el examen de un proceso judicial o las decisiones pertinentes para que la administración pública funcione.

   Buscar espacios en los medios y de esa manera delante de la sociedad es, desde luego, una actitud pertinente. De esa manera los actos y dichos de los hombres (digamos también que las mujeres, para no resultar políticamente incorrectos) del poder, quedan expuestos delante de los ciudadanos. El consenso que gobernantes o legisladores ganaron en las urnas se ratifica o debilita, y en contadas ocasiones crece, gracias a la presencia que tienen en los medios de comunicación. Los medios, especialmente la televisión y la radio son, para bien y para mal, las nuevas ágoras

   Sin embargo cuando las tareas legislativas o de gobierno, entre otras, quedan supeditadas a una frenética y a veces en varios sentidos costosa búsqueda de plazas mediáticas, las responsabilidades públicas comienzan a difuminarse.

   Cuando un secretario de Estado, o un diputado, se preocupan por aparecer en los medios –o por lo que se diga de él en espacios mediáticos– más que por desempeñar el trabajo para el cual fueron designados o electos, el cumplimiento de sus obligaciones comienza a desfigurarse.

   Más que comunicar acciones y proyectos en muchos casos se busca, entonces, persuadir acerca de ellos y quienes los ejecutan. El consenso en la sociedad se confunde con la aquiescencia mediática.

Gobernar, en esas condiciones, tiende a convertirse en una tarea de relaciones públicas o de mercadotecnia y no en el despliegue de habilidades políticas, técnicas y profesionales que exigiría la observancia de las obligaciones legales de los gobernantes.

   Por supuesto gobernar es, en alguna medida, comunicar. Pero la comunicación tiene sentido, en ese plano, cuando el gobierno tiene acciones o decisiones respecto de las cuales sea preciso que informe a los ciudadanos.

   En cambio, cuando la comunicación se vuelve un fin en sí misma la tarea de gobernar queda supeditada a factores y presiones extra institucionales y extra legales. Y sobre todo se convierte en un ejercicio hueco aunque vistoso, en donde se persigue más la aureola de la notoriedad que la corresponsabilidad o la madurez de la sociedad.

 

Oficinas personales de prensa

   Esta semana el presidente Vicente Fox se reunió con casi todos los miembros de su gabinete. Las informaciones periodísticas indican que en esos encuentros el titular del Ejecutivo dio la misma instrucción: acudan a los medios para dar a conocer qué hace cada área del gobierno, informen constantemente, comuniquen.

   Tal recomendación tendría que ser innecesaria ya que la administración pública federal cuenta con numerosas, y a veces costosas, oficinas de comunicación social. Más que infraestructura y capacidad técnica para informar acerca de las acciones del gobierno, lo que han faltado son políticas claras para el desempeño de tales áreas.

   Por tradición e inercia, pero también a consecuencia del autoritarismo del sistema y la cultura política mexicanos, habitualmente esas oficinas de prensa se preocupan por promover y cuidar la imagen del titular de la dependencia para la cual trabajan y no por informar acerca de las acciones y los proyectos de cada secretaría u organismo gubernamental.

   Muchos jefes de prensa (o de comunicación social, como se dice ahora) consideran que están al servicio de un funcionario y no de una dependencia de la administración pública. Esa creencia es alimentada por la costumbre pero también, por los formatos preponderantes en los medios de comunicación de masas que tienden a propagar la imagen personal de los funcionarios relevantes más que los rasgos de la institución que encabezan.

 

Imagen que es fama pública

   En la administración pública, como en otras tareas, imagen es sentido: al ser propagado en filmaciones y fotografías, el aspecto de los funcionarios públicos se convierte en referencia icónica de la dependencia que encabezan.

   En muchas ocasiones ese efecto es injusto con la complejidad y el perfil auténtico de numerosas secretarías y organismos gubernamentales. La SEP es mucho más que la imagen personal e institucional de don Reyes Tamez; en la Secretaría de Comunicaciones hay intereses y tradiciones que trascienden los que encarna Pedro Cerisola; y desde luego la política exterior mexicana no surge de las decisiones ni de la discutida presencia pública de Jorge G. Castañeda.

   Quizá por eso preocuparon tanto las declaraciones del secretario de Hacienda la semana pasada: al responsable de la economía nacional es difícil dispensarle que se arriesgue en la cuerda floja de la especulación, aunque sea solo en el terreno de las declaraciones.

   La identificación de la institución con la imagen individual de quien la encabeza, resulta más intensa en el caso de la presidencia de la República. Ese es, desde su definición constitucional, un poder unipersonal. Los ciudadanos eligen a un individuo cuya imagen (que no es solo la apariencia individual sino la suma de trayectoria, compromiso, contexto y figura entre otros atributos) les ha convencido para responsabilizarlo de la conducción del gobierno y así, en buena medida, del país.

   El actual presidente mexicano tiene una catadura bien definida. Gracias a ella se singularizó respecto de los políticos tradicionales y hace dos años convenció a muchos electores de que tendría un comportamiento distinto. Como suele ocurrir en las competencias electorales contemporáneas fuertemente influidas por los medios, la imagen personal fue muy relevante en el triunfo de Vicente Fox.

   Aquella era la imagen de un candidato retador e incluso, bravucón. El hombre de las botas que hablaba de víboras tepocatas con desfachatez suficiente para vilipendiar abiertamente a sus rivales políticos, alcanzó una intensa definición mediática que gustó a una considerable cantidad de mexicanos.

   Luego sin embargo, esa imagen no fue ajustada para que resultase congruente con la nueva responsabilidad del licenciado Fox. Aunque haya dejado los pantalones vaqueros para los fines de semana y tenga asesores que le escriben sus discursos el presidente de la República, por lo menos en los primeros meses de su gobierno, siguió teniendo facha de retador y vocinglero.

   Esa apariencia ha sido contradictoria con los retos que el mandatario ha tenido que asumir. El tono imperativo de Fox como candidato, o como presidente que recién llegaba a ese cargo, ha sido modulado por la realidad.

   El presidente ya ha conocido la diferencia entre reclamar desde la oposición y gobernar –por añadidura, acotado por un panorama de competencia y exigencia políticas–.

   Sin embargo ni él, ni sus asesores de imagen, han logrado construir una imagen congruente con su nueva circunstancia política. La apariencia del candidato jactancioso que se decía capaz de resolver grandes problemas en unos cuantos minutos, o que prometía cambios drásticos tan solo gracias a la sustitución de los antiguos gobernantes por un nuevo equipo, ha entrado en contradicción con la mesura e incluso la modestia a las que está obligado como presidente.

 

Comunicar, prioridad presidencial

   Oposición política reacia a responsabilizarse con acuerdos de alcance nacional, economía presionada por debacles externas y aprietos domésticos, sociedad crecientemente desconfiada: esas son algunas de las coordenadas en las que debe desempeñarse el gobierno actual.

   Para enfrentar esas circunstancias, el presidente Fox ha querido acudir intensa y reiteradamente a los medios de comunicación. Son bien conocidas la inquietud prácticamente obsesiva del presidente por su popularidad personal y la confianza entusiasta que tiene en las encuestas.

   En todo el mundo a los gobernantes les preocupa su presencia pública. Ese es un comportamiento de lo más natural. El destino político de esos personajes y la evaluación social que habrá de realizarse acerca de sus obras dependen, al menos en parte, del beneplácito que susciten entre sus gobernados.

   Quienes ejercen el poder en México no son excepción a esa proclividad al aplauso entre sus conciudadanos. Sin embargo la que en otros sitios es preocupación adicional a las prioridades políticas principales (la marcha de la economía, las alianzas políticas, etc.) en nuestro país en ocasiones se convierte en el asunto de mayor interés para quienes nos gobiernan.

   La costumbre de acudir a las encuestas antes de tomar decisiones viene, por lo menos, del sexenio de Carlos Salinas y se mantuvo durante la gestión de Ernesto Zedillo. Pero la inquietud cercana a la ansiedad que provoca la disminución de unos cuantos puntos en su popularidad resulta especialmente manifiesta en el presidente Fox. Si los presidentes anteriores gobernaron con encuestas, el actual pareciera estar decidido a gobernar para ellas.

   Su preocupación por la imagen –la suya personal y la de su gobierno– le ha llevado al presidente Fox a prescribir que sus colaboradores, como prioridad, atiendan a los medios. Sin embargo es muy difícil que el gobierno tenga una estrategia de comunicación eficaz si no hay temas de relevancia, densidad e interés social suficientes.

 

Sin proyecto, contenidos pobres

   Para comunicar no basta la intención. Ni siquiera es suficiente con disponer de medios de amplia propagación. La comunicación es, antes que nada, contenido. Y en los mensajes del gobierno a menudo ese es un valor escaso.

   Hoy en día la comunicación gubernamental es pobre en contenidos, en primer lugar porque carece de un proyecto de país –y de gobierno mismo– en el cual pueda respaldarse. A los mensajes oficiales les falta aliento y perspectiva porque, cuando publicitan alguna medida, lo hacen sin la visión que siempre dan las metas y objetivos claros, por discutibles que puedan resultar para los ciudadanos.

   Además se trata de una comunicación depauperada porque, por lo general, carece de novedades. Si el presidente Fox acostumbra repetir todos los días lo mismo en sus discursos, es natural que los mensajes a partir de ellos sean también monótonos y carezcan del atributo de la sorpresa.

   Es difícil suponer que esos mensajes vayan a cambiar mientras las acciones del gobierno sigan, en lo fundamental, supeditadas a la inercia de la administración pública.

   El gobierno desde luego trabaja, toma decisiones, emprende medidas, realiza e inaugura obras, mantiene funcionando los servicios básicos. Pero casi todo ello ocurre gracias a rutinas de trabajo que ya existían, antes de que Fox y sus colaboradores ocuparan la presidencia y las secretarías de Estado.

 

Nuevos soberanos

   Un mensaje reiterado, cuando su repetición es innecesaria, se convierte en superfluo y, a fuerza de ser machaconamente publicitado, llega a ser fastidioso para sus audiencias.

   Un mensaje sin contenidos puede llamar la atención inicialmente, si es presentado de manera atractiva. Pero a la postre será identificado como un mensaje vano. Y un mensaje hueco es un mensaje adverso tanto en la publicidad comercial como, especialmente, en la de carácter político.

   Por eso, aunque su interés para acudir a los medios sea muy intenso, el presidente Fox no podrá tener una comunicación satisfactoria si antes no ejerce un gobierno que sea, por lo menos, regularmente eficaz. La mercadotecnia ayuda –a veces ayuda mucho– pero no hace milagros.

   Los medios, por muy intensiva que sea su utilización, no  remedian las carencias del contenido. Lo que sí pueden hacer, y esa es una consecuencia frecuente y contraproducente, es reemplazar las pobrezas del discurso público con murmuraciones y especulaciones. Entonces los medios se convierten no en intermediarios entre el poder y la sociedad sino en los constructores primordiales de la agenda, los contenidos, la trama y a menudo el desenlace de los asuntos públicos.

   Es como en la copla de Juan Pirulero: cuando alguien no atiende a su asunto siempre hay quien lo sustituye, aunque sea a costa de distorsionar los objetivos y las reglas del juego. Con una élite política más preocupada por “comunicar” que por gobernar y que en ese afán les asigna una relevancia todavía mayor a la que tienen por sí mismos, los medios se han convertido en los nuevos soberanos de la vida pública. Ellos –es decir, quienes los manejan y poseen– sí saben hacer su juego.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

Página web: http://raultrejo.tripod.com/

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Pedro Ferriz de Con (2)

La Crónica, noviembre 13 de 2002

El señor Pedro Ferriz de Con sostiene que las afirmaciones publicadas en esta columna el martes 5 de noviembre “atacan de manera directa (su) vida privada y profesional”. En carta en la que replica a ese texto menciona en varias ocasiones su “vida privada” aunque, como los lectores recordarán, aquella columna no se refería a asuntos personales del señor Ferriz sino a hechos plenamente públicos.

En esa columna me ocupé del diferendo que Ferriz tuvo hace un par de semanas con la periodista Carmen Aristegui. Ese incidente fue reseñado en varios medios de comunicación. Crónica dio cuenta de él en su primera plana con el titular: “Ferriz impide el ingreso de Carmen Aristegui a la cabina de Imagen”.

Nada nuevo dije de Ferriz de Con pero contribuí a documentar sus propensiones infamatorias al recordar el incidente que tuvo en 1995 con don Julio Scherer García, a quien primero calumnió y luego tuvo que ofrecer disculpas. Como resultado de aquel episodio, la fama pública de Ferriz de Con quedó maltratada de tal manera que cinco años después el senador Javier Corral Jurado se negó a concederle entrevistas. El testimonio del senador Corral quedó registrado en una carta de la cual reproduje algunos segmentos en la columna que ahora Ferriz impugna.

Por eso no es verdad, como afirma ese locutor, que cuando digo que su trayectoria profesional está salpicada de infracciones éticas no ofrezco evidencias de ello. El diferendo con don Julio Scherer es prueba de ese comportamiento cuya contravención de los códigos de ética reconocidos en la profesión periodística puede acreditarse plenamente. De ese episodio se han ocupado numerosos analistas de la prensa y la vida política mexicanas. Yo mismo le dediqué un segmento de mi libro Volver a los medios. De la crítica, a la ética (Cal y Arena, 1997) de las páginas 82 a 91. Se trata de un incidente paradigmático de una conducta intencionalmente calumniosa, que resulta contradictoria con los valores más elementales de la profesión periodística.

Entiendo que al señor Ferriz le resulte incómoda la exposición de algunos momentos de su discutible trayectoria. Pero se trata de hechos que conciernen a su vida pública aunque ahora él, tramposamente, aduzca que en mi texto hay agresiones a su vida privada. Los lectores saben que, por convicción y decisión, en esta columna jamás se hace escarnio de la vida privada de la gente. Más aun, una de mis obsesiones temáticas ha sido el señalamiento de las transgresiones éticas del periodismo que suele medrar con asuntos de esa índole.

En la columna del 5 de noviembre afirmé –y sostengo– que “no son un secreto las relaciones políticas y las actividades comerciales que Ferriz suele desplegar en busca de beneficios personales”. Él dice que se trata de un “comentario (que) resulta tendencioso y falso”.

Como el mismo Ferriz reconoce esa es una opinión y no una información. Pero ya que exige que sea respaldada con hechos mencionaré uno solo. Hace un par de meses en varios medios de comunicación se dijo que Ferriz de Con quería aprovechar las buenas relaciones que aparentemente tiene con algunos miembros del gobierno, para que lo favorecieran con la concesión de una señal de televisión abierta que podría ser la del canal 11 o la del canal 22. Ferriz, al menos en los medios que las publicaron, no aclaró tales versiones.

No son mis afirmaciones las que resultan infamantes (es decir, que causan deshonra) para el señor Ferriz de Con. Él es, con sus hechos y dichos, quien se causa el descrédito que no quiere advertir.

Ferriz asegura, como si los lectores y radioescuchas no tuviésemos memoria: “en toda mi trayectoria profesional me he ceñido a una estricta ética profesional”. Francamente no lo considero interlocutor autorizado para sostener una discusión sobre principios éticos. Pero si el señor Ferriz insiste, lo invito a sostener un debate sobre deontología y prácticas periodísticas en el recinto académico que acordemos. Lo invito a que con toda franqueza hablemos allí de su trayectoria y la mía, de sus negocios y los míos, de su idea y la mía acerca del periodismo y los asuntos públicos.

No parece, sin embargo, que sea la deliberación sobre esos temas lo que le interesa al señor Ferriz. En su carta dice que se reserva el derecho a formular una denuncia ante la Procuraduría General de la República.

Siempre he sostenido que quienes tenemos el privilegio de manifestar opiniones en un medio de comunicación debemos responder por ellas, si es el caso, en el marco de las leyes. Si Ferriz quiere debatir de cara a la sociedad, allí estaré. Si elige la vía judicial también allí me encontrará.

Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx

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Talk shows, negocio y vergüenzas

La Crónica, 29 de enero de 2001

Medio año más tarde, las empresas televisoras vuelven a ser cuestionadas la transmisión de talk shows de contenido para adultos en horario para todo público.

   En agosto pasado la Secretaría de Gobernación se negó a ejercer las facultades que la ley le confiere para persuadir a los empresarios de la televisión de que esos programas tenían que ser modificados, o transmitidos a otra hora. Incluso algunos funcionarios aseguraron que nada podían hacer y no solo con injustificable desvergüenza, sino como si nadie más conociera las leyes, aseguraron que no existían mecanismos jurídicos para forzar a un concesionario a transmitir sus programas en otro horario. Luego reconocieron que la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento establecían multas aunque, insistieron, eran tan pequeñas que los empresarios se reirían de ellas. Sin embargo el peso político –y moral, y público– de una multa por atentar contra los niños y los jóvenes hubiera sido muy significativo.

   El gobierno anterior se negó a incomodar a las empresas de televisión ni siquiera con el pétalo de un regaño. Esa es una de las muchas pruebas que la nueva administración tiene que enfrentar. Ahora lo podrá hacer con el antecedente de que otro Poder, el Legislativo, le ha exigido que ponga en práctica sus facultades jurídicas para que los talk shows dejen de ser transmitidos, al menos en el horario vespertino en donde ahora son vistos por decenas de miles de niños.

   El punto de acuerdo que la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República tomó por unanimidad el martes pasado tiene una importancia histórica, política y educativa. Desde hace cuatro décadas la ley autoriza al poder público para, en defensa del interés general, sancionar a los radiodifusores que transmitan escenas o situaciones que puedan afectar a los niños y los jóvenes. Sin embargo esa capacidad legal el gobierno jamás la quiso poner en práctica –mucho menos se aventuraron, las administraciones anteriores, a condicionar seriamente la renovación de alguna de las concesiones que los radiodifusores consideran propiedad suya y permanente aunque en términos formales son de la nación–.

   Los senadores consideraron que en esos programas: “conflictos y desajustes como el adulterio, necrofilia, prostitución, violencia intrafamiliar, incesto, drogadicción y otros son tratados como espectáculo grotesco, carente de análisis serio,  orientador o profesional acerca de las posibles causas y repercusiones del problema abordado. Por el contrario, estos temas son abordados a partir de anécdotas provocadoras, con explicaciones parciales interesadas, con despliegue de mensajes esotéricos y mágicos, milagreros y paranormales, presentados de manera acrítica y en el mismo plano de realidad que los científicos. Usando la demagogia que suelen presentar las opiniones, como equivalentes y válidas, independientemente de los conocimientos sobre los que se sustentan o de sus fundamentos éticos”.

   El Acuerdo de la mencionada comisión senatorial recuerda las exigencias y exhortaciones que han levantado ante el gobierno federal o ante Televisa y TV Azteca los congresos de Jalisco, Baja California, Chihuahua y la Asamblea Legislativa del DF, diversos diputados federales, la Secretaría de Salud, especialistas convocados por la UNESCO, el ILCE y la UNICEF y las comisiones nacional de la Mujer y los Derechos Humanos, entre otros sectores y ciudadanos, para que los talk shows dejen de ser transmitidos o al menos trasladados a un horario congruente con el tipo de contenidos que ofrecen.

   La Comisión senatorial le exige a la Secretaría de Gobernación que aplique la ley de Radio y Televisión para reubicar esas series en horarios nocturnos. También demanda el establecimiento de “las políticas necesarias encaminadas a dar cumplimiento a la legislación, supervisar y mejorar el servicio en materia de transmisión de contenidos de la radio y televisión, considerando su naturaleza jurídica de medios sujetos a concesión federa, que explotan un bien público nacional”.

   Tanta coincidencia en esas demandas no podrá dejar indiferentes a las empresas de televisión. A esas alturas transmitir los talk shows tiene costos mayores a las ganancias que pueden obtenerse de la venta de publicidad en esos programas. En la lucha por prestigiarse delante del público, Azteca y Televisa habrán de ponderar si mantienen esas series a costa de que sus audiencias constaten que no les tienen respeto ni a los telespectadores ni a las leyes. Claro, en todos estos meses y mientras se ha producido la presión que hoy existe contra los talk shows, esas empresas han seguido haciendo negocio con tales programas.